«Aterrador tiroteo en las Tres Mil viviendas de Sevilla: La que se ha liado, no es normal, eso ya son AK-47. Nuevo tiroteo en las Tres Mil Viviendas de Sevilla: la Policía interviene armas de guerra». Así se sucedían los titulares de la prensa nacional el pasado mes de octubre. Los tiroteos en un barrio como las Tres Mil Viviendas de Sevilla no son algo novedoso, pero esta vez alarmaba que las armas utilizadas eran similares a las utilizadas en guerras.
El relato securitario del poder político no tardó en llegar bajo un nuevo nombre épico de la operación policial: “Operación Vulcano: un antes y un después en las Tres Mil Viviendas»; “Los narcos de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, asediados por la Policía en la ‘Operación Vulcano”
Según el relato oficial, el tiroteo se produjo entre dos clanes conocidos en el barrio, el de los Caracoleños y el de los Naranjeros, después de que se registrara un “vuelco» –robo de droga entre bandas–. Los disparos se realizaron con armas automáticas como las que se usan en conflictos bélicos –probablemente AK-47–, llegadas a través de los mismos canales por los que lo hace la droga: desde el Sahel, en el Norte de África. Esta operación policial se saldó con varias detenciones, el desmantelamiento de varias plantaciones de marihuana pero sin rastro de las armas de guerra.
La imagen de las Tres Mil Viviendas en la prensa es lo más parecido a esas periferias parisinas retratadas en películas como Los Miserables, de Ladj Ly, donde el Estado no entra si no es de uniforme. Por esto, antes de que podamos hacer una reflexión política sobre estos hechos desde una mirada crítica que aborde las dinámicas de exclusión social del capitalismo, la racialización de la pobreza, la especulación inmobiliaria o las políticas de control social de las comunidades empobrecidas, creo que es necesario saber qué son las Tres Mil Viviendas de Sevilla.
Si no situamos los contextos históricos y sociales no entendemos de qué lluvias vienen estos barros. Y así es mucho más fácil que los discursos hegemónicos calen y se terminen obviando las verdaderas causas de las problemáticas sociales y que, una vez más, sea la especial idiosincrasia de la gente que vive en estos barrios lo que justifica estos males.
Desde los años 70 del pasado siglo se puso en marcha el peor plan de realojo de viviendas de la historia de Sevilla
El Polígono Sur lo forman 7.000 viviendas, aunque el mundo entero lo conoce como las Tres Mil Viviendas. En total tiene una superficie aproximada de 145 hectáreas y unos 50.000 habitantes. La mayor parte está ocupada por viviendas públicas de la Junta de Andalucía, en régimen de alquiler protegido. Agrupa varios barrios y está atrapado entre grandes infraestructuras viarias y ferroviarias que actúan como fronteras físicas, aislándolo geográfica y socialmente del resto de la ciudad. En la década de 1970 el Instituto Nacional de la Vivienda edificó las primeras promociones de vivienda en las que pretendía alojar a población procedente de la inmigración rural, a las afectadas por las riadas del año 1961 y del terremoto del 1969, así como a la población desalojada de las chabolas y viviendas en ruinas del casco histórico sevillano. Desde los años 70 del pasado siglo, pues se puso en marcha el peor plan de realojo de viviendas de la historia de Sevilla, pues no tuvo en cuenta ni el derecho al arraigo, ni las circunstancias socioeconómicas de la población realojada. Este fue un mal ejemplo de arreglo ante el problema de la marginación social y el chabolismo que expulsó literalmente de la ciudad a familias enteras y las hacinó verticalmente en un área sin dotaciones de ningún tipo. Estas dotaciones tuvieron que ir conquistándose posteriormente a través de la movilización ciudadana. Un claro ejemplo de conquista vecinal es el Centro Cívico Esqueleto, el corazón de las Tres Mil, llamado así porque durante años la obra estuvo parada y solo se veía su “esqueleto”.
El resultado hoy es que el Polígono Sur incluye algunos de los barrios con la renta anual por habitante más pobre del estado español: 5.666 euros, según datos del INE para 2022. Mientras que actualmente en el centro de Sevilla y los barrios históricos ha desaparecido totalmente la pobreza y el chabolismo.
Existen dinámicas centrífugas y centrípetas que funcionan expulsando del barrio a las personas que consiguen obtener un mejor nivel de renta y atrayendo a grupos cada vez más empobrecidos. Quienes pueden se marchan y son sustituidos por otras personas con menor capacidad de elección. Así, el barrio ha ido acogiendo a nuevas familias chabolistas o itinerantes en situación de extrema pobreza. En muchas ocasiones estos realojos de poblaciones empobrecidas han sido favorecidos por las propias administraciones públicas que, buscando la solución más rápida para hacer desaparecer la pobreza extrema de la mirada pública, han ido convirtiendo el barrio en una gran bolsa de exclusión social con importantes problemas de convivencia vecinal.
Pese a que la inmensa mayoría de las viviendas son de titularidad pública de la Junta de Andalucía, las obligaciones de mantenimiento de los edificios fueron desatendidas desde los comienzos del barrio alegando problemas de seguridad. La Barriada Martínez Montañés, conocida como las Vegas, es la que presenta un deterioro mayor con viviendas difícilmente habitables, sin ventanas, puertas o escaleras comunitarias.
Las obligaciones de mantenimiento de los edificios fueron desatendidas desde los comienzos del barrio alegando problemas de seguridad
En la década de 1990 se constituye la Plataforma vecinal Nosotros también somos Sevilla, que pedía intervención pública para rehabilitación de vivienda, actuaciones urbanísticas y dotaciones públicas. Fruto de esta lucha vecinal, en el año 2004 se constituyó el Comisionado para el Polígono Sur, una autoridad única con cesión de competencias municipales, autonómicas y estatales. Coordinada por este Comisionado se puso en marcha la redacción de un plan integral en el barrio, dentro de un proceso de participación ciudadana con mesas temáticas en las que tomaron parte técnicos, vecindad y representantes políticas durante varios años. Pese a la alta participación generada, su implementación fue finalmente muy deficiente y solo sirvió para rehabilitar algunas zonas reducidas del barrio.
Las personas gitanas siguen sufriendo las mismas fronteras desde que llegaron a estas tierras hace seiscientos años, unas barreras que aún limitan su acceso a ser sujetos en igualdad de condiciones
Posiblemente, gran parte de la voluntad política que hubo detrás del plan integral para el Polígono Sur persiguiera gentrificar parte del barrio, rehabilitar las zonas más cercanas al centro de la ciudad y sustituir la población a fin de posibilitar la expansión del capital inmobiliario. Pero la crisis de 2008 evidenció los límites de renta de las clases medias para extender estos procesos hacia la parte sur de la ciudad. Así, en la ordenación urbanística de Sevilla el barrio debía seguir cumpliendo su función como lugar de hacinamiento de las grandes bolsas de pobreza y de exclusión. Una pobreza en gran parte racializada, conformada por familias gitanas y migrantes que comparten el destino de constituir el ejército de mano de obra de reserva para el capital. Las Tres Mil Viviendas no pueden leerse sin la intersección de clase y raza que condiciona el acceso en igualdad de condiciones a los bienes y riquezas a las personas más alejadas del ideal de occidentalidad y blanquitud. Sabemos que las fronteras empiezan desde el momento que una persona del Sur Global decide emigrar y que no acaban en las vallas, sino que se extienden hasta barrios como las Tres Mil Viviendas. La frontera también es la vía del tren que separa el barrio del resto de la ciudad, una línea divisoria que para muchas personas migrantes, sobre todo si no cuentan con permiso de trabajo y residencia, limita sus opciones de acceso a la vivienda. Sin papeles, muchas veces solo quedan las Tres Mil. Sin renta, solo quedan las Tres Mil. Las personas gitanas siguen sufriendo las mismas fronteras desde que llegaron a estas tierras hace seiscientos años, unas barreras que aún limitan su acceso a ser sujetos en igualdad de condiciones.
Disputar la seguridad
El discurso hegemónico coloca las causas de este mal vivir en la idiosincrasia de las personas que habitan este barrio en vez de en las causas estructurales e históricas que han originado su exclusión social.
La competencia para sostener la vida en marcos de escasez genera problemas de convivencia, situaciones de inseguridad y estrategias de obtención de rentas aunque sean mínimas en la economía sumergida. La inseguridad vital de muchas personas que habitan barrios como este es presentada a la opinión pública como un problema de seguridad ciudadana. El discurso hegemónico coloca las causas de este mal vivir en la idiosincrasia de las personas que habitan este barrio en vez de en las causas estructurales e históricas que han originado su exclusión social. Uno de los mejores ejemplos de esta criminalización de la vecindad lo protagonizó el propio Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, cuando en los primeros días del confinamiento provocado por la pandemia del COVID pedía el auxilio el ejército para contener a una “minoría” que se saltaba las restricciones de movilidad.
El discurso de la prensa suele señalar que no toda la vecindad es conflictiva, sugiriendo así que, sacando algunas manzanas podridas del cesto, el barrio bien podría vivir en paz. Y aunque es cierto que muchas vecinas y vecinos son clase trabajadora y disponen de cierto nivel de consumo, la seguridad no puede alcanzarse sin garantizar una mayor distribución de renta y de derechos entre toda la población que habita del barrio.
La seguridad no puede alcanzarse sin garantizar una mayor distribución de renta y de derechos entre toda la población que habita del barrio
Una vez más nos obligan a disputar el concepto de seguridad. Cuando el brazo sostenedor del Estado cae y faltan recursos públicos como guarderías o comedores escolares, la única legitimidad que puede mostrar el Estado es el brazo punitivo. Estos macro despliegues policiales juegan esa función legitimadora del Estado ante la opinión pública y ante parte de la vecindad del Polígono Sur. Porque cuando falta sostén material y hay tiros, los tiros pueden más. Y la sensación de seguridad ante la urgencia es que no haya tiros, aunque falten guarderías y comedores escolares.
La situación de inseguridad en torno a la venta de droga es compleja y paradójica. Por un lado vemos en el barrio una alta tasa de encarcelamiento, incluidas las medidas preventivas de prisión provisional para delitos de menudeo de droga a baja escala. Por otro lado, una gran connivencia policial con redes de distribución de droga a una escala media. Los testimonios vecinales suelen referir que todo el mundo sabe dónde y quién vende pero que la policía no suele hacer mucho. Más alarmante aún es que se haya cortado el suministro eléctrico a varios bloques de vecinos de las Vegas –la parte más deprimida del barrio– como medida contra las plantaciones de marihuana. Este tipo de medidas vulneran derechos fundamentales de todas las personas que habitan estos edificios independientemente de la actividad del cultivo de marihuana. Una estrategia de presión que hemos visto reproducirse en otros lugares empobrecidos como la Cañada Real de Madrid. Igual de paradójico es que la cara B de la industria armamentística europea sea el reciclaje de armas de guerra para las periferias más pobres de Europa a través de los mismos canales que usa la droga.
Enfrentar la problemática de las Tres Mil es enfrentar la propia esencia del orden neoliberal que construye distintas categorías de humanidades y reparte de manera desigual la riqueza y los derechos
Enfrentar la problemática de las Tres Mil es enfrentar la propia esencia del orden neoliberal que construye distintas categorías de humanidades y reparte de manera desigual la riqueza y los derechos en base a estas. No tenemos recetas que a medio plazo puedan subvertir este orden de las cosas. Lo que sabemos es lo que no funciona para abordar la problemática del gueto. No están siendo útiles las políticas de intervención pública que apuntan a cambios comportamentales de las personas que sufren la problemática, ya se trate de medidas para trabajar con familias, talleres de autoestima para mujeres o actividades de integración cultural de la población migrante. A falta de cambios institucionales, estas actuaciones públicas llevadas a cabo de manera aislada están abocadas al fracaso.
Tampoco sirven las intervenciones de seguridad que plantean la problemática como una cuestión del buen y el mal vecino o de “manzanas podridas”. Si bien es urgente acabar con las situaciones que ponen en peligro la integridad física de las personas que habitan estos barrios, esto solo puede hacerse desde un abordaje más amplio del concepto de seguridad. Una seguridad entendida como seguridad vital, esto es, como el sostenimiento de todas las vidas garantizando renta, vivienda digna, derechos sociales y estatus de ciudadanía. Una paz social que deje de identificarse con la presencia policial para asociarse a la búsqueda de medidas contra la desigualdad de renta y derechos.
Si bien abordar la complejidad de las Tres Mil Viviendas es enfrentar la del sistema neoliberal, las respuestas para la conquista de derechos y las estrategias de supervivencia colectiva puestas en marcha por las personas que habitan esta periferia son pistas clave para la subversión.
