“Hemos ganado, ya nadie se atreve a decir públicamente que está a favor de la especulación”. La frase, en boca de la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez (PSOE) en declaraciones a El País, provocó indignación en las redes sociales. La ministra (y rentista) no parecía la más indicada para echarse flores sobre los “logros” del ejecutivo, ya que su mandato coincide con las mayores subidas en el precio de la vivienda en las últimas décadas.
Durante los gobiernos de coalición se ha asumido un peculiar reparto del trabajo,x donde este tipo de afirmaciones grandilocuentes le correspondían a las contrapartes del PSOE dentro del gobierno. Podemos y Sumar han estado cumpliendo con este reparto de roles, una posición relativamente útil para componer un gobierno con papeles diferenciados entre su ala más conservadora y su ala más crítica.
Todo empezó con la ley de vivienda
La primera escenificación que cumplió con estas condiciones fue la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. A pesar de ser una celebración en la que participaron todos los actores del gobierno, cada uno de los partidos de la izquierda asumió una función distinta. Se pretendía con ello aminorar las críticas de los movimientos sociales a la ley y, en cierta medida, se consiguió.
En su día, el vicepresidente Pablo Iglesias representó el rol de defensor de los pequeños caseros. La ley de vivienda aprobada por Iglesias introdujo para ellos rebajas fiscales históricas y les permitió subir los precios hasta el 10%. Mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz enmarcó la aprobación de la ley en términos de “un cambio histórico” en la protección del derecho a una vivienda digna.
La vivienda pasaba a ser un terreno de disputa dentro del propio gobierno progresista
Sin embargo, poco tiempo después la realidad dio un vuelco. La subida de precios, el aumento de los desahucios y el agravamiento del problema de la vivienda que se produjeron en los años sucesivos –2024 y 2025– generó numerosas e importantes movilizaciones de protesta. En este escenario, las alabanzas a la ley ya no cuadraban tanto, sobre todo enunciadas de forma grandilocuente, y podían empezar a restar votos. Todos los partidos parecieron detectar el cambio, lo que produjo un giro de guión. Era el momento de tratar de ponerse detrás de la pancarta y empezar a criticar a partir del discurso enunciado por los movimientos sociales. La vivienda pasaba a ser un terreno de disputa dentro del propio gobierno progresista, algo que no había sucedido durante los cinco años anteriores.
El turno del Ministerio Bonsai
Por su buena imagen pero escasa incidencia real, algunos han apodado al Ministerio de Derechos Sociales encabezado por Pablo Bustinduy como el “Ministerio Bonsai”. Sin embargo todo parece indicar que será este ministro el elegido para la difícil tarea de resucitar a la izquierda del PSOE. Una misión que, según todos los indicios, realizará alzando la bandera de la lucha por el derecho a la vivienda.
Como protagonista principal y más destacado del cambio de guión referido, Bustinduy ha sido el último en apostar a fondo por el puro marketing político a partir de una medida de menor alcance real pero con gran impacto mediático: la prórroga de alquileres. Parece que se trata de sacar provecho de políticas poco transformadoras que les permitan atacar de un modo quirúrgico al PSOE al tiempo que subordina de manera clara a los movimientos por la vivienda.
Se trata de sacar provecho de políticas poco transformadoras al tiempo que subordina de manera clara a los movimientos por la vivienda
La secuencia es como sigue: un representante del gobierno de coalición ajeno al PSOE asume una reclamación parcial de los movimientos de vivienda. Después de asumirla, se escenifica una confrontación con el socio mayoritario para que parezca una dura conquista y se pide ayuda a la sociedad civil para que se movilice en apoyo de la medida. Finalmente esta es asumida por el gobierno que, por lo tanto, tiene que negociar con Junts o con quien toque una nueva contrapartida que, en general, va en contra de los mismos sectores a los que se pretendía defender con la medida que se había propuesto en un principio. Este ha sido el caso por ejemplo del traspaso de competencias de inmigración a la derechizada clase política catalana, la avalancha de beneficios fiscales a los propietarios particulares o los traspasos de dinero público al sector inmobiliario, constructor y financiero. Estos mecanismos de compensación han conseguido decantar año tras año la balanza contra los intereses de las personas de rentas más bajas.
La vivienda necesita un candidato
Nos encontramos en medio del enésimo vacío de candidatos entre los partidos que aspiran a gobernar junto al PSOE. Con Yolanda Díaz carbonizada y la ministra de Sanidad, Mónica García, de regreso en Madrid se necesitan nuevos postulantes. Descartados por incomparecencia, la ministra Rego y el ministro Urtasun, es Bustinduy el nombre que suena con más fuerza dentro de la renovada matraca de la unidad y la ilusión.
A pesar de su aparente eterna indecisión, el ministro está en plena campaña para ganar perfil, por eso ha transformado su agenda por completo. Si la lucha contra la pobreza infantil fue el símbolo escogido para arrancar su mandato –la tasa de riesgo ha aumentado algo más de dos puntos desde 2018–, Bustinduy ha pasado ahora a ser el campeón de la prórroga de alquileres. Parece que incluso hay sectores de los movimientos sociales madrileños que ven con buenos ojos la operación. Hay quienes han llamado a que los movimientos de lucha, en concreto el de vivienda, piensen en una bonita coreografía que les anime a bailar junto al ministro. Otros están dispuestos a cooperar para que gane posiciones. Mientras, Bustinduy no duda en dejarse ver por bloques de vivienda en lucha, contrata estudios a miembros de estos mismos movimientos o incluso presenta libros sobre el problema de la vivienda acompañado de activistas. En un cambio radical de tornas, el ministro y su entorno, es decir, quienes apostaron por la política institucional desgranando todas las insuficiencias y límites de los movimientos, ahora corren a abrazarlos para recubrirse de legitimidad y de un barniz extra de radicalidad, en el que es, sin duda, uno de los principales temas de preocupación pública.
La puesta de largo del nuevo candidato está determinada por la larga sombra que proyecta Pedro Sánchez sobre el electorado de izquierdas
En última instancia, la puesta de largo del nuevo candidato está determinada por la larga sombra que proyecta Pedro Sánchez sobre el electorado de izquierdas. El líder socialista ha encandilado a estos votantes con sus posiciones sobre Palestina e Irán y esto se empieza a notar en las encuestas. Con Podemos por debajo del 4% y SUMAR luchando por no perder el 5% de intención de voto, según el CIS, parece que solo queda un recurso para no sucumbir al Sanchismo: aprovechar el tejido vivo de los movimientos y las luchas realmente existentes para el enésimo proceso de renovación de la izquierda. Quizás así puedan conjurar la psoeización de los partidos surgidos del 15M, algo así como ser hipnotizados y fagocitados por el PSOE.
La pregunta que hay que responder en esta tesitura está muy clara. En los conciertos, cuando el cantante se lanza a su público con los brazos en cruz, los espectadores tienen que decidir qué hacer. Hay quienes apostarán por sostener y pasear al ministro entre las primeras filas del público y quienes se apartarán, dejando un hueco en la platea, para que se estrelle contra el suelo para dar así por finalizado el espectáculo y que pueda empezar otro nuevo.
