El contexto es de creciente securitización, resultado directo de la profundización de las contradicciones inherentes al neoliberalismo. Donde la lucha por la redistribución o la desmercantilización de lo necesario para vivir parece en punto muerto, la solución autoritaria avanza en el control de los segmentos de población difíciles de integrar, de la mano de obra que se tiene que disciplinar. La salida a estas tensiones estructurales parece canalizarse por medio de medidas punitivas y represivas.

En su intento por alertar sobre la gravedad de la violencia sexual el feminismo mainstream ha adoptado las formas del pánico moral, funcional al refuerzo penal. En un escenario de auge de las extremas derechas, estos discursos son instrumentalizados para criminalizar a los migrantes.

El texto de Nora Rodríguez se centra en una de las figuras legales más promovidas por la izquierda: los delitos de odio. Aunque inicialmente se propusieron para proteger a colectivos vulnerables frente a agresiones racistas, xenófobas o por orientación sexual, hoy se han convertido, paradójicamente, en una herramienta usada profusamente para reprimir a activistas de izquierda, antifascistas, feministas y propalestinos.

En el actual contexto político el populismo punitivo y la radicalización xenófoba se han convertido en elementos centrales de las estrategias electorales, especialmente por parte de las extremas derechas que vinculan inmigración con delincuencia. El alarmismo securitario explota miedos sociales alimentados por la precarización, la desigualdad y la sensación de inseguridad.

Este artículo analiza cómo un enfoque punitivo de las violencias machistas no solo genera efectos contraproducentes para las propias víctimas, sino que además perpetúa las dinámicas de exclusión y segregación que, paradójicamente, busca combatir. También se detiene en un aspecto frecuentemente desatendido: la subjetivación que imponen los lenguajes del castigo y su impacto en las posibilidades de recuperación, agencia y politización de quienes han sufrido violencia.

Este artículo analiza una tendencia creciente en los movimientos sociales hacia el punitivismo, entendido como la demanda de más leyes, penas más duras y un fortalecimiento del sistema penal como solución a diversas formas de violencia. Aunque estas demandas puedan surgir de la legítima necesidad de proteger a grupos históricamente vulnerabilizados, paradójicamente fortalecen al Estado que perpetúa las condiciones estructurales que generan dichas violencias.