“Deciros que vuestras vidas importan. Que sois las protagonistas de este Plan, pero que, para el Estado, para las instituciones, vuestras vidas son importantes”. Así se dirigía Irene Montero, siendo ministra de Igualdad, a dos supervivientes de la trata con fines de prostitución forzada, durante la presentación del Plan Camino. Señalar que detrás de las cifras y discursos hay personas con historias desgarradoras parece una buena estrategia para “humanizar la política” y dar el tono emocional propicio para justificar las decisiones en pro de “las olvidadas”. Y sin embargo ¿qué sucede cuando, tras la performance, se cierra el telón? ¿Cuán importantes son, en realidad, las vidas de esas mujeres?
El Plan Camino se presentó como un programa destinado a “dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, de explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución” pero de las cinco líneas de acción que promueve, solo una está relacionada con ofrecer alternativas socioeconómicas para abandonar la prostitución. Las otras cuatro versan sobre la recogida de datos, la desincentivación de la demanda, la detección de las víctimas y la regularización de su situación administrativa. Es pertinente preguntarse acerca de los resultados tangibles del proyecto. Desde el 2022 hasta 2026, los 204 millones asignados para este programa se entregarán a cinco entidades, todas de corte abolicionista, entre las cuales figuran APRAMP y Médicos del Mundo.
Recordamos los escándalos relacionados con estas dos entidades: APRAMP ha recibido acusaciones maltrato a las usuarias y mobbing a las trabajadoras y Médicos del Mundo, de agresiones sexuales a varias trabajadoras sexuales, perpetradas por su delegado de Menorca. Parece que, según figura en estas informaciones, estas fueron encubiertas por la misma organización que recomendó a las mujeres no denunciar, porque “su condición de prostitutas les restaría credibilidad”. Espacios que se suponen seguros para las usuarias se demostraron no solo hostiles, sino cómplices de la violencia perpetrada. Ninguna organización abolicionista arraigada en Menorca denunció el escándalo; algo llamativo, considerando que esta ideología define la prostitución como violación, aunque no parecen tener el listón a la misma altura cuando las agresiones reales suceden en su seno o en su entorno. Sin embargo, nada de esto ha tenido consecuencias en su financiación: Médicos del Mundo recibió ocho millones de euros, cuantía que se repitió en una segunda subvención este mes de noviembre.
Los resultados del Plan Camino, sin embargo, no son tan ambiciosos como los propósitos del Ministerio de Igualdad: de las 640 mujeres atendidas por la entidad en el programa de inserción laboral, según sus propios datos solo han seguido el proceso 173, de las cuales han conseguido empleo 168. De estas, solo un 46 % trabaja con contrato y menos 40% de las que han conseguido empleo por esta vía tiene una relación laboral estable. Además, de los talleres de emprendimiento en los que han participado 16 entidades, al parecer se ha beneficiado una sola mujer, que ha conseguido abrir un negocio. En definitiva a pesar de toda la retórica de la “reinserción”, solo unas treinta mujeres han conseguido estabilidad laboral gracias a Médicos del Mundo y lo han hecho dentro de sectores como la limpieza o los cuidados, caracterizados por su precariedad laboral, tal y como denuncia el movimiento feminista. No obstante, esto no parece importarle a la entidad, ya que mide el éxito de su programa no según el éxito de contratación, sino por la capacidad adquirida de las usuarias a la hora “detectar violencia de género” o el aumento de sus “habilidades sociales”, enmarcando así la prostitución como una cuestión de violencia machista y no socioeconómica.
Tampoco sorprende en este marco que solo 325.000 euros de los ocho millones recibidos se hayan destinado al alojamiento y la manutención. Las alternativas habitacionales creadas parecen más simbólicas que reales: un total de nueve (de las 8.800 atendidas en el programa), en las que se puede permanecer de tres a seis meses –recordemos que una persona necesita años para regularizar su situación administrativa–.
La misma entidad recalca su trabajo conjunto con diferentes cuerpos de policía, los cuales siempre hacen cumplir la ley de extranjería, por encima de los derechos humanos
En cuanto a las víctimas de trata, hay que recordar que la entidad, gracias al Plan Camino, tiene la potestad de acreditar que una mujer se encuentra en esta situación. Tal acreditación agiliza el acceso a recursos, pero en ningún caso garantiza el arraigo y la protección: para esto, la ley de extranjería sigue requiriendo que la víctima denuncie a la persona o personas que facilitaron el cruce de fronteras durante el trayecto migratorio. De las 8.800 mujeres atendidas, la misma entidad afirma que hay 368 que están en situación de riesgo, cifra muy alejada del 80% que proclaman. Llama la atención que finalmente solo hayan acompañado 49 procesos de acreditación administrativa, de los cuales han resultado exitosos 33. Cabe preguntarse qué ha sucedido con las 16 mujeres que iniciaron este proceso sin lograrlo. ¿Qué tipo de criterio se utiliza a la hora de identificar a una víctima de trata? ¿O acaso se las convenció para que denunciaran y, al fracasar el proceso judicial, fueron deportadas a sus países, donde las esperaban las redes de trata a las que denunciaron? Señalamos que la misma entidad recalca su trabajo conjunto con diferentes cuerpos de policía, los cuales siempre hacen cumplir la ley de extranjería, por encima de los derechos humanos.
Esta entidad también ha trabajado con niñas y adolescentes, supuestamente, supervivientes de trata. Sin embargo, atienden a más del doble de menores –800– que de mujeres adultas en posible situación de trata. Sin embargo, entre las violencias que han atravesado estas menores, según el informe, no consta la prostitución infantil. De todo esto se deduce que se trata de un programa con el que tratan de prevenir la prostitución infantil mediante talleres.
En realidad, la inmensa mayoría del presupuesto ha sido invertido en mantener la infraestructura de la ONG: ampliar la flota móvil, implantar nuevos centros de atención, mejorar los espacios para que sean “amigables y saludables” –¿los anteriores eran hostiles e insalubres?– y en intervenciones de acompañamiento, información y derivación: acciones para las que Médicos del Mundo ya contaba con un presupuesto.
También se ha destinado una parte de este presupuesto a realizar un diagnóstico. Pero, ¿por qué la necesidad de tal diagnóstico si, teóricamente, la entidad fue seleccionada por su larga experiencia en el terreno? ¿Trabajaban, a diario, con datos desactualizados? ¿Y cómo es posible que las usuarias manifiesten desconfianza hacia la entidad? ¿Tres décadas de trabajo de campo constante no les han servido para entablar un trato con el que las usuarias se sientan cómodas? ¿Por qué, dada su experiencia, es necesario mejorar la coordinación interna y su información sobre los recursos? ¿No hay urgencias mayores en las que invertir los recursos?
La criminalización de las trabajadoras sexuales o de nuestros clientes está directamente correlacionada con el aumento de enfermedades de transmisión sexual
Que los fondos destinados a dar una salida económica a las mujeres que quieren dejar la prostitución sean el alimento que mantiene la estructura de la ONG supone una importante una contradicción. También lo es su posicionamiento abolicionista, siendo Médicos del Mundo una organización de acceso a la salud. La criminalización parcial o total del trabajo sexual contraviene las directrices de la OMS y ONUSIDA. Existe evidencia científica de que la criminalización de las trabajadoras sexuales o de nuestros clientes está directamente correlacionada con el aumento de enfermedades de transmisión sexual, según varios estudios como este, este o este, ya que en estos contextos el uso del preservativo disminuye. Asimismo, existe una menor prevalencia de VIH en los países donde el trabajo sexual está parcialmente legalizado.
Señalamos también que el posicionamiento de Médicos del Mundo España es el opuesto al de sus otras delegaciones, como la de Médicos del Mundo Francia o Bélgica, con una postura proderechos. Por tanto, es llamativo, que no sorprendente, que, desde el primer minuto, Médicos del Mundo se haya posicionado en contra de la autoorganización de las trabajadoras sexuales. En 2018, durante la fundación del sindicato OTRAS, la ONG escribió un artículo en su página web oponiéndose a su creación. El absurdo se incrementa si tenemos en cuenta casos como el de Nueva Zelanda –proderechos–, donde la legislación es muy estricta acerca del uso de profilaxis y permite, explícitamente, que la trabajadora retire su consentimiento en cualquier momento del servicio. Pero lo que antes se podía considerar una batalla ideológica, ante las indignantes cifras que maneja la industria del rescate, aparece otra explicación: su modelo de financiación en el fondo se opone a nuestra capacidad de organización política. Es decir: más putas precarias significan más putas salvables y más putas salvables equivalen a más cifras con las que justificar un número mayor de subvenciones públicas.
Si el trabajo sexual fuera reconocido como trabajo y pudiéramos presentar una nómina con la que acceder a una vivienda ¿necesitaríamos alternativas habitacionales? Si los fondos que engulle la industria del rescate estuvieran destinados a proporcionarnos alternativas reales de empleo o vivienda ¿tendríamos una necesidad constante de estas ONG? Si hubiera voluntad política de acabar con la trata ¿habrían estado maltratadas las víctimas en APRAMP o habrían tenido la comida racionada?
Las trabajadoras sexuales pedimos derechos, no rescate, y cualquier decisión que tenga que ver con nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestra vida deberá contar con nuestra participación
La lucha en contra de los derechos de las trabajadoras sexuales es una pugna motivada por el dinero y por una lenta pero inexorable amenaza hacia la existencia de las organizaciones rescatistas. Es clara la amenaza que, para ellas, representan nuestra relevancia política y capacidad de influencia. Nuestras propuestas y reivindicaciones ya están siendo escuchadas por un creciente número de actores políticos. Así, hemos conseguido parar leyes que nos abocaban más a la clandestinidad, como la ordenanza municipal de Barcelona, la inclusión de varios artículos que criminalizaban el trabajo sexual en la ley de “Sólo sí es sí”, o la presentada por el PSOE el pasado mayo en el Congreso de los Diputados. Las trabajadoras sexuales pedimos derechos, no rescate, y cualquier decisión que tenga que ver con nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestra vida deberá contar con nuestra participación activa o no se tomará
