Bolivia entra en su quinta semana de conflicto. Hay más de cien puntos de bloqueo activos en distintas regiones del país y desabastecimiento en varias ciudades. Al menos nueve personas han muerto en el marco de las movilizaciones —algunas por la represión del gobierno, otras como consecuencia de los bloqueos—, mientras veintitrés han resultado heridas y más de trescientas están detenidas. El país vive un momento de zozobra, tensión y agotamiento.
El debate público de estas semanas se ha entrampado en la pregunta de si el presidente Rodrigo Paz, con apenas siete meses en el cargo, se va o se queda. La consigna tiene razones de peso para haberse instalado, pero también está alargando dramáticamente el conflicto al encerrarlo en esa disyuntiva. Lo importante de este momento, sin embargo, va más allá de esa pregunta. Lo que estas movilizaciones están haciendo es imponer un límite desde abajo a lo que el Estado boliviano puede o no puede hacer. Las seis claves que siguen intentan explicar lo que está en disputa.
1. ¿Cómo llega Bolivia a este momento?
El país atravesó entre 2006 y 2019 un ciclo progresista conducido por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. El MAS llegó al gobierno empujado por las luchas que entre 2000 y 2005 sacudieron al país —Guerra del Agua en Cochabamba, Guerra del Gas en El Alto, levantamientos campesinos e indígenas que pusieron freno a la política neoliberal de la época— y durante sus primeros años aplicó una agenda que provenía de esas movilizaciones. Este es el caso de la Asamblea Constituyente, una ley que retomaba el proceso de reforma agraria y la nacionalización parcial de hidrocarburos, entre varias otras medidas.
Desde el 2010, sin embargo, el MAS se preocupó principalmente por su permanencia en el poder y relegó a un segundo plano esa agenda. Pactó con las élites económicas que decía combatir a cambio de estabilidad política y se preocupó por dar continuidad al modelo extractivo; para ello cooptó dirigencias sociales, creó organizaciones sociales paralelas y asumió prácticas cada vez más autoritarias.
El desconocimiento del referéndum de 2016 —cuando la sociedad votó contra la reelección indefinida de Morales— marcó un quiebre político a nivel estatal. En 2019, una crisis poselectoral desencadenó la caída de Morales y dio lugar a un gobierno corrupto y violento de derecha.
En 2020, Luis Arce ganó las elecciones con un MAS que se venía descomponiendo y que prontamente se resquebrajaría entre la facción evista y arcista —en una disputa de caudillos, no de proyectos—. El gobierno de Arce llegó a 2025 sin candidato propio y con la economía en crisis profunda: inflación, escasez crónica de dólares, desabastecimiento de combustibles. Es el resultado del agotamiento del modelo primario-exportador que financió la bonanza gasífera entre 2005 y 2014 y que durante ya tres años ha conducido a un deterioro de las condiciones de vida de la población boliviana.
El agotamiento del modelo primario-exportador ha conducido al deterioro de las condiciones de vida de la población boliviana
En octubre de 2025 las elecciones generales marcaron un doble rechazo: en la primera vuelta, el electorado castigó a las distintas derivas descompuestas del MAS; en la segunda, vetó a Tuto Quiroga, candidato de una derecha más radical, vinculada a los gobiernos militares y representante de los imaginarios más racistas y clasistas del país. Rodrigo Paz, candidato advenedizo del Partido Demócrata Cristiano, se benefició inesperadamente de ese contexto y ganó con cerca del 55% de los votos con una campaña que ofrecía un “capitalismo para todos”. Lo acompañó como vicepresidente Edman Lara —expolicía, tiktoker y admirador declarado de Bukele—. Ambos asumieron el 8 de noviembre de 2025.
2. ¿Cómo se desbordó el conflicto?
El conflicto comenzó el 8 de abril, cuando una marcha indígena y campesina partió desde Pando, en la Amazonía boliviana, rumbo a La Paz —casi mil kilómetros— contra la Ley 1720, una normativa que abría la puerta a la privatización de la pequeña propiedad agraria.
El conflicto comenzó con la oposición a una normativa que abría la puerta a la privatización de la pequeña propiedad agraria.
El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó al paro general y las demandas se ampliaron al rechazo del paquete económico y a la escasez de combustibles. El 13 de mayo el gobierno cedió y derogó la 1720, pero el conflicto ya se había desbordado. Aunque los marchistas de tierras bajas se desmovilizaron, los bloqueos no se levantaron y se intensificaron. En esos días algunos sectores posicionaron la demanda de renuncia del presidente.
El 18 de mayo se suscitaron violentos enfrentamientos en La Paz y se emitieron órdenes de aprehensión contra dirigentes de las organizaciones movilizadas. El 24, un operativo con cerca de tres mil efectivos en Calamarca dejó al menos un manifestante muerto por disparo. A comienzos de junio, el conflicto continúa sin salida negociada, con bloqueos que no dan tregua; deterioro humanitario creciente; desesperación por el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en las ciudades —principalmente en La Paz—; y un gobierno que sigue amenazando con dictar un estado de excepción militarizado.
3. La indignación tiene razones concretas
Durante la campaña, Paz prometió que el ajuste afectaría lo menos posible a los sectores populares —entre otras cosas, preservando subsidios selectivos como el del transporte público—, pero hizo lo contrario. Aplicó correcciones económicas de corte neoliberal cuyo peso terminó sobre los hombros más precarizados. Pero ni siquiera así atenuó los problemas inmediatos. El caso más ilustrativo es el de los combustibles; después de duplicar el precio de la gasolina y triplicar el del diésel, las filas en los surtidores se mantuvieron, solo que ahora con gasolina de peor calidad, lo que ha dañado miles de vehículos. Es decir, Paz gobernaba más atento a los mandatos que Washington y los organismos internacionales delinearon para salir de la crisis, que a las urgencias del país que lo había votado.
Paz gobernaba más atento a los mandatos de Washington que a las urgencias del país que lo había votado
Al mismo tiempo, su gobierno avanzó con un paquete de medidas para beneficiar abiertamente a la banca, al agronegocio y a la minería privada y cooperativista. Esta orientación se mostró ya con claridad en diciembre de 2025, cuando el Decreto Supremo 5503, junto con el alza de combustibles, intentó pasar más de cien artículos que abrían la puerta a la concesión de recursos estratégicos al capital extranjero, liberalizaban exportaciones agroindustriales y otorgaban beneficios fiscales extraordinarios al gran capital. Más adelante vino la Ley 1720 —reintroducida en el Legislativo por el senador de derecha y empresario cruceño Branko Marinkovic—, que buscó convertir las pequeñas propiedades agrarias, constitucionalmente inembargables, en medianas operables como activos financieros. Esta fue la medida que detonó el ciclo actual de movilizaciones. Mientras tanto, el haber básico permanece congelado y los salarios reales siguen cayendo.
A todo esto se suma el desprecio, algo que para nada es menor en el contexto boliviano. El voto popular que llevó a Paz al gobierno —el rechazo combinado al MAS descompuesto y a la derecha más recalcitrante— exigía, mínimamente, ser escuchado. El gobierno de Paz se desentendió de cualquier mandato y empezó a gobernar abiertamente con quienes lo habían enfrentado en las urnas. Lo hizo, además, como si los sectores que lo votaron no existieran, o como si su lugar fuera obedecer y agradecer. El ninguneo sistemático a los sectores populares se suma al ajuste y lo agrava simbólicamente, porque no es lo mismo pagar un costo que pagarlo mientras te dicen que no existes.
4. Los límites que se imponen desde abajo
Lo que está en disputa en las calles no son solo las reivindicaciones sectoriales ni la renuncia del presidente. La querella más importante es por los términos en que el gobierno boliviano —el actual o el que venga— va a poder enfrentar la crisis económica, la manera en que podrá o no afectar a la sociedad boliviana con las políticas que implemente, y el lugar desde el que la sociedad organizada quiere ubicarse frente al poder en este escenario.
Es un límite con tres dimensiones simultáneas: una económica, hasta dónde se pueden transferir los costos de la crisis a los sectores populares y otra política, hasta dónde se puede gobernar para el agronegocio, el cooperativismo aurífero y la banca, pasando por encima de las organizaciones. Pero también contiene una dimensión moral —que atraviesa a las anteriores— ya que las clases populares demandan, antes que nada, respeto.
Veinte años de un progresismo que instrumentalizó y debilitó a las organizaciones sociales produjo una herencia compleja
Es importante reconocer esa capacidad de impugnación por el escenario sobre el que se despliega. En estos últimos años se ha evidenciado un tejido popular muy desgastado. Veinte años de progresismo que instrumentalizó y debilitó a las organizaciones sociales produjo una herencia compleja: dirigencias clientelizadas, agendas absorbidas por el cálculo electoral, horizontes políticos puestos por el partido en lugar de por las propias organizaciones. Las elecciones generales de 2025 y las subnacionales de marzo de 2026 dejaron claro que una buena parte de las organizaciones ha quedado atrapada en el cálculo electoral y en las posibles alianzas que puedan establecer (con izquierda y derecha), sin imponer agendas propias a la política institucional —como sí solía suceder a principio de siglo—.
Lo que esta coyuntura está demostrando, en cambio, es una capacidad de impugnación que si bien reaparece transformada —menos articulada que en otros ciclos de lucha, más reactiva que propositiva y sin agenda común todavía—, es una capacidad efectiva, que está produciendo efectos materiales y trastocando la política nacional. Este proceso es también, en parte, el de las propias organizaciones mirándose a sí mismas y recuperando fuerza propia en la medida en que el MAS, o lo que queda de él, organiza cada vez menos la política popular.
Esta coyuntura demuestra una capacidad efectiva, que está produciendo efectos materiales y trastocando la política nacional
Los límites que en estas semanas se han estado imponiendo desde abajo son varios. Por ejemplo, el gobierno derogó la Ley 1720 —aunque mantiene en agenda una nueva ley de tierras que habrá que vigilar—, y al hacerlo se ha habilitado una discusión más amplia sobre el poder agroindustrial. Los comunicados oficiales invocan la wiphala y el Estado plurinacional —dejando sobre la mesa las reivindicaciones de fondo y forma sobre la política estatal—. Y, hasta el momento en que se escriben estas líneas, el gobierno, aunque amenaza, se ha contenido de declarar estado de excepción, como ya lo habrían hecho sin reparo los gobiernos neoliberales clásicos. Paz no cruza ese umbral no porque no quiera, sino porque las calles le recuerdan que no tiene la fuerza para gobernar solo desde la represión.
Lo que estas tres señales tienen en común es que ninguna nace de la voluntad del gobierno. Las tres son concesiones forzadas. Es decir, es un gobierno de derecha que está siendo obligado a moverse en un terreno que no eligió. Los términos están siendo puestos por las calles movilizadas.
5. Los intentos de instrumentalizar la revuelta
La composición de esta revuelta —que no tiene un mando único, que es diversa y polifónica, y que proviene de una trama organizativa debilitada— obliga a no quedarse en miradas románticas, reduccionistas o polarizantes. Si algo hemos aprendido de veinte años de progresismo es que señalar debilidades y nombrar amenazas no es hacerle el juego a la derecha, sino poner atención y energía en aquellas fuerzas que queremos cuidar y potenciar.
Evo Morales y algunos sectores afines intentan capitalizar el malestar que actualmente atraviesa Bolivia
En ese sentido, no se puede negar que Evo Morales y algunos sectores afines intentan capitalizar el malestar que actualmente atraviesa Bolivia. Buena parte de las organizaciones movilizadas y de las voces críticas han enfatizado que lo que las mueve no es —ni mucho menos— un deseo de apuntalar al líder cocalero. Sin embargo, esa aclaración no anula el intento. En 2024 y 2025, Morales impulsó movilizaciones que paralizaron al país por semanas para que se lo habilitara como candidato. Aquello dejó claro que está dispuesto a llevarse el país por delante para evitar el ocaso de su figura, y que dispone de la capacidad material para intentarlo.
Su interés no radica en torno a las reivindicaciones y demandas de los sectores populares, sino en que se le abra, por las buenas o por las malas, un camino de vuelta a la silla presidencial. Además, su preocupación parece acentuarse porque cada vez es más evidente que hay un reacomodo de los procesos organizativos populares sin poner a Evo ni a lo que fue el MAS en el centro, de ahí su interés de que se convoquen a elecciones lo antes posible.
Si Morales y el cooperativismo aurífero se esfuerzan en disputar el sentido de la revuelta es porque saben que su resultado no es indiferente
Hay otra instrumentalización que no puede dejar de ser nombrada, porque viene sucediendo en nombre de lo popular, con guardatojo —casco minero— y lenguaje revolucionario: la de los cooperativistas mineros. Ese sector —una burguesía consolidada en las últimas dos décadas, vinculada a redes de capital extranjero y a operaciones depredadoras de parques naturales y territorios indígenas, y con prácticas cada vez más violentas— ha aprovechado el clima de movilización para arrancarle al gobierno concesiones impositivas: el perdón de deudas con la seguridad social –como establece el Decreto 5618– y la apertura de la posibilidad de explotar minerales en áreas protegidas.
Que estas fuerzas intenten capturar simultáneamente este momento confirma lo que está realmente en juego. Si Morales y el cooperativismo aurífero se esfuerzan en disputar el sentido de la revuelta es porque saben que su resultado no es indiferente, y que los términos del orden que se están imponiendo desde las calles abren —o cierran— condiciones para sus propias estrategias de poder.
6. La pregunta por el horizonte
Vale la pena recalcar que el logro principal de este momento son los límites que ya han sido establecidos, caiga Paz o no caiga. Si no cae, el límite condicionará todo lo que aún pueda intentar el ejecutivo; pero también es previsible que un gobierno acorralado se atrinchere todavía más, ensaye dividir a las organizaciones, busque desgastar la movilización a fuerza de tiempo y endurezca la represión donde calcule que puede hacerlo sin pagar el coste político. Si cae, el gobierno que venga tendrá que gobernar desde ese suelo, con la advertencia clara de hasta dónde puede llegar y de quiénes están dispuestos a salir a impedirlo; pero entraremos nuevamente en una espiral electoral desgastante. En ambos escenarios lo importante es lo que los sectores populares puedan sostener y construir su propia fuerza alrededor del límite que ya está sobre la mesa.
En este sentido, queda claro que desde la sociedad boliviana no se ha perdido la capacidad de veto a la política de Estado. Pero también queda clara la ausencia de agendas que encaren los problemas de fondo. La pregunta urgente, entonces, no es solo cómo enfrentar la crisis económica sin seguir beneficiando a la banca, al agronegocio y a la minería —que ya es bastante—; es cómo hacerlo poniendo en el centro el cuidado de la vida humana y no humana, que es lo que el extractivismo capitalista subordina, desdeña y destruye sistemáticamente. Esa es la pregunta que todavía no está sobre la mesa.
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Una versión inicial de este artículo se publicó en ojalá.mx
