“La prisión es un lugar donde se alojan todos los problemas sociales y además no hay lista de espera para entrar”, dice Ana Gordaliza, socióloga, psicoanalista y educadora social en prisiones desde hace 37 años. Su trabajo implica organizar actividades culturales y, sobre todo, elaborar itinerarios de inserción que ayuden a las personas privadas de libertad a recuperar sus vidas o crear otras al salir de la cárcel del C.P. III de Valdemoro, su lugar de trabajo. También forma parte de SampAEN –Salud Mental en Prisión de la Asociación Española de Neuropsiquiatría– y de la asociación de psicoanalistas vinculados al ámbito social Cabos Sueltos.
A izquierda y derecha del espectro político, solemos pensar que la cárcel es donde van los malos. Y la imagen que tiene la gente de las personas que están en prisión se construye a partir de la idea del monstruo: el violador, el asesino, el tratante de mujeres o el pederasta. Pero ¿quiénes son realmente los que pueblan las prisiones?
“La inmensa mayoría de la gente que está allí es gente que está en una situación de precariedad, en riesgo de exclusión. Con esto no quiero decir que delincan solo los pobres, pero evidentemente hay muchos menos ricos condenados. Las características de los delitos que comente la gente que está mejor situada socialmente hace que entren menos en prisión: son más difíciles de investigar –delitos económicos, delitos de cuello blanco–, tienen mejores abogados, etc. El grueso de la población que ves allí es gente muy, muy pobre”, explica Gordaliza. La cárcel funciona así como un instrumento de contención de los efectos de las desigualdades por la vía represiva, por más que se venda como un elemento fundamental de protección de la sociedad. Por eso, el Código Penal se ha reforzado constantemente con nuevos delitos y endurecimientos penales. No hay mucha diferencia entre gobiernos de derechas o de izquierdas.
El grueso de la población que ves allí es gente muy, muy pobre
España es uno de los países más seguros de Europa y, sin embargo, tiene una de las poblaciones reclusas más numerosas del continente, por encima de la media europea en número de presos y en el tiempo medio que pasan privados de libertad, según el Consejo de Europa. “La mayoría es población toxicómana, personas extranjeras en situación de precariedad o personas en situación de calle. Aunque también te encuentras delitos como tráfico de drogas o hurto, por ejemplo, a muchos toxicómanos se les condena por robar en las tiendas o por robar un bolso. Son personas que la pobreza hace muy visibles para el sistema policial y muy invisibles para cualquier otro sistema de protección”.
Gordaliza cree que este recurso al encarcelamiento supone una respuesta a una demanda social, construida mediáticamente a través de la producción de miedo y de una utilización política de “un peligro que acecha”. “Y entonces la gente piensa que cuando sales a por el pan te ocupan la casa, o que en su barrio están robando a todas las horas del día. Y que, en consecuencia, solo queda retirar a esta gente de la circulación, así que, efectivamente, a esta gente pobre se la retira de la circulación y a veces por muchísimo tiempo, mucho más del indispensable”.
Entran por una puerta y salen por otra
Existe una ficción extendida sobre la cárcel: que la gente entra por una puerta y sale por otra. Pero la realidad no encaja en ese enunciado. Más bien encontramos muchos casos de “personas que son condenadas por primera vez, jóvenes que han robado cosas de menos de 400 euros, o que tienen cuatro hurtos y que han estado cuatro años en prisión”, dice Gordaliza. De hecho, recientemente, con amplio consenso parlamentario, se han endurecido las penas para hurtos que no alcanzan ese umbral si existe reincidencia.
En realidad, para muchas personas sin recursos, la cárcel no funciona como un paréntesis –explica–, sino que te chupa hacia dentro. “Si tienes un buen abogado, recursos económicos, una red familiar y ningún problema de consumo, el sistema puede funcionar más o menos como promete”, explica la educadora social. Por ejemplo, para los delitos económicos “vas a tener abogados que van a aplicar atenuantes, y si además tienes buen comportamiento y no tienes problemas de drogas, saldrás pronto y accederás a beneficios penitenciarios como salidas transitorias. Pero si eres un pobre desgraciado que está en situación de calle, eres extranjero o tienes problemas de consumo, la lógica no va a ser esta”. El tiempo que pasan ahí dentro será más difícil y más prolongado.
La sobrerrepresentación de población extranjera en las cárceles españolas no es un dato menor. Según Instituciones Penitenciarias, los internos extranjeros representan el 32,7 % de la población reclusa en el conjunto de las prisiones españolas, más del doble de su peso en la población general –13,4 % en enero de 2024–. La brecha no se explica por una mayor propensión al delito sino por una mayor exposición al control policial, una menor capacidad de acceder a defensa jurídica de calidad y una acumulación de vulnerabilidades –irregularidad administrativa, ausencia de redes de apoyo, precariedad habitacional– que el sistema penitenciario no está equipado para gestionar y que, en cambio, penaliza sistemáticamente.
Todo ello está relacionado con si consiguen acceder o no a beneficios penitenciarios: permisos de salida –que suelen ser de varios días–, progresiones de grado y reducciones de condena que la ley prevé como instrumentos para facilitar la reinserción gradual de los reclusos. “Un permiso no es un premio, es un instrumento que permite a la gente no perder el contacto con el exterior y no sufrir los efectos negativos de un encierro prolongado, por ejemplo la pérdida de los lazos sociales. Pero ahora mismo se concibe como un premio que se da si tienes buen comportamiento”. Es decir, si encajas en los mecanismos de control que organizan la vida en prisión.
¿Qué significan los distintos grados?
El segundo grado –régimen ordinario– es el más habitual, donde hay acceso a algunas actividades, posibilidad de permisos de salida y a una rutina con ciertos márgenes. Desde ahí, si la evolución es positiva según la valoración del Equipo de Tratamiento, se puede progresar al tercer grado o régimen abierto: una fase de transición en la que el preso sale durante el día a trabajar, estudiar o recibir atención externa (por ejemplo, de drogodependencias, terapia psicológica o formación laboral) y regresa a dormir al centro. Es un mecanismo pensado para que el retorno a la vida en libertad no sea un salto al vacío.
Los que se encuentran en primer grado no suelen superar los 400 o 500 en toda España
Pero para moverse por estos grados hay que “portarse bien”. Si se acumulan sanciones disciplinarias, si hay episodios de violencia o inadaptación grave, los reclusos acaban en primer grado. Este es un régimen cerrado, donde existe un aislamiento relativo y máxima restricción. “Lo que tienes en primer grado –dice Gordaliza– es gente con acumulación de sanciones, con problemas de salud mental, con autolesiones, muy disruptivos o que están robando a sus compañeros porque están con el síndrome de abstinencia, porque desesperadamente necesitan tomarse algo”, describe Gordaliza. Los que se encuentran en primer grado no suelen superar los 400 o 500 penados en toda España, sobre una población reclusa de más de 60.000, un porcentaje muy pequeño. Ahí se encuentran los más difíciles y los más abandonados.
Cada sanción dentro genera más dificultades para progresar de grado y cada regresión al primer grado alarga el tiempo efectivo de cumplimiento. Si hay incidentes, se pueden generar nuevas causas penales. Gordaliza pone un ejemplo: “Un chico que entró a cumplir seis o siete años y acumuló 25. Cuando yo le conocí, llevaba ya 12 o 13, de los cuales la mayor parte en primer grado”, recuerda la educadora social. No es que fuese peligroso, sino que era “una persona con discapacidad, alguien que no se adaptaba al sistema, que no sabía manejar determinadas situaciones y tenía un comportamiento disruptivo. Alguien que se queda enquistado en prisión”. Hoy sigue allí. ¿Podría haber tenido más oportunidades con otro tipo de atención fuera u otro tipo de penas?
Actualmente el lenguaje rehabilitador sigue intacto en los textos legales, pero el eje de los que deciden en prisión se ha desplazado del “qué necesita esta persona para volver a la calle” al “cuánto riesgo asume la institución si le deja salir”. No se ha abolido el tratamiento individualizado pero se ha vaciado por dentro y se ha sustituido por un cálculo que no está pensado para acompañar al preso hacia la reinserción. Frente a eso, dice Gordaliza, habría otras vías posibles. “La mayoría de estas personas podrían estar cumpliendo su pena en un régimen de semilibertad y algunos podrían estar trabajando, cotizando a la Seguridad Social sin suponer un peligro público. No es necesario que esto se aplique solo al final de la condena”. “De hecho, habría menos crimen si la gente pudiera tener otro tipo de castigos que no fuesen la prisión, por ejemplo basados en la responsabilización”. ¿Estamos mandando gente a la cárcel que lo que necesita son trabajadores sociales y recursos de salud mental adecuados?
La cárcel como depósito de problemas sociales
Pero a diferencia de otros recursos sociales, “la cárcel no tiene lista de espera” –dice la educadora social–. “Fuera, los recursos comunitarios de salud mental son escasos y están colapsados, hay largas listas de espera, como también las hay en servicios sociales, residencias y no digamos para acceder a algún recurso habitacional público. Mientras, la prisión recibe a todo el mundo”. Gordaliza pone un ejemplo. Alguien que conoció en la enfermería “totalmente desorientado”. Un hombre mayor, con una pensión de jubilación pero con “senilidad o algún trastorno asociado a la edad”. Estaba preso porque dormía en un coche y como tenía que cambiarlo de sitio lo movía sin carné. “¿Es preciso que un señor con demencia acabe encerrado? En prisión hay gente que comete delitos muy escabrosos y también hay gente a la que le pasan estas cosas”.
De hecho los problemas de salud mental –algunos graves– empiezan a ser más abundantes y “el entorno de la prisión los agrava casi sistemáticamente”. Aunque advierte de que no hay que equiparar “enfermedad mental con peligrosidad ni con delincuencia”. “La mayoría de delitos violentos no los cometen personas diagnosticadas con estos trastornos”.
Otro problema muy conectado con la cárcel son las drogas. La criminalización de conductas asociadas a las adicciones contribuye a la sobrerrepresentación de personas con dependencias en prisión. Una vez dentro, “la gente quiere robar días al juez –explica la psicoanalista–, no enterarse de que está en prisión. Recurrir a las drogas se convierte en algo funcional para cumplir una condena”. Pero en lugar de desde una óptica sanitaria, el sistema los trata como una amenaza al orden penitenciario, lo que cronifica la situación y dificulta la salida de estas personas. Por ejemplo, las analíticas de orina, pensadas en origen como herramienta terapéutica, funcionan en la práctica como instrumentos de vigilancia que bloquean el acceso al exterior: quien da positivo no puede progresar de grado ni acceder a permisos.
Muertes en prisión
En las cárceles de España fallecen aproximadamente unas tres personas a la semana, según cifras oficiales. Y no son muertes súbitas o inesperadas de personas aparentemente sanas o sin graves afecciones. La mayoría son suicidios y enfermedades que podrían haberse atendido. En concreto, la tasa de suicidios en prisión es significativamente superior a la de la población general. La educadora social no duda en señalar la causa: “La privación de libertad es nefasta para el ser humano”.
El riesgo de suicidio en prisión puede llegar a ser hasta diez veces superior al de la población general
El riesgo de suicidio en prisión puede llegar a ser hasta diez veces superior al de la población general –si se comparan los datos del Consejo de Europa para la población penitenciaria con los del INE para el conjunto de la población–. Y la tendencia es creciente. Y los suicidios se producen sobre todo en aislamiento, el régimen más estricto, en el que pueden llegar a pasar todas las horas del día en solitario. En aislamiento se suele imponer más a quienes llegaron peor y aquellos que tienen menos contactos con el exterior. Además, “no es lo mismo tener una familia que te apoya desde fuera que no ver a nadie. No es lo mismo saber que cuando salgas alguien te espera que pensar: ¿a dónde me voy a ir?”, dice Gordaliza. Y añade: “Esto es por lo que la prisión a veces no funciona bien con determinados problemas sociales como las adicciones, porque las personas van a hacer cualquier cosa por seguir consumiendo. Y cuando aplicas el aislamiento a gente que tiene recursos –que lee, que estudia, que tiene proyecto–, es duro. Pero cuando lo haces con este tipo de gente, es la desolación más absoluta”.
Entre ese grupo, por ejemplo, hay una presencia significativa de jóvenes migrantes que llegaron solos. “Todos conocemos las noticias de muertes de estas personas en los centros donde se les custodia. Son niños desprotegidos”. Cuando llegan a prisión, la dificultad de adaptación es mayor, los incidentes se acumulan, el consumo aparece como única salida a la desesperación. Y con los incidentes llega el aislamiento. “Tienen historias muy duras y los ves con unas autolesiones que son alarmantes –explica–. A veces te encuentras que esta gente muere dentro de la prisión siendo muy jóvenes. Y en ocasiones no tenemos ni siquiera a quién avisar”.
“Lo queramos ver o no, estas instituciones generan más problemas de los que resuelven”. Por eso, Gordaliza está implicada, junto con SampAEN, en la campaña que pide la abolición del régimen de aislamiento que provoca muertes.
Faltan médicos
A esto se suma las desatenciones en prisión a problemas de salud. Ya hay denuncias de muertes por este motivo, como el reciente caso de Derimán Alemán, que llegó muerto al Hospital Insular de Gran Canaria; nadie llamó a una ambulancia.
La sanidad penitenciaria en España tiene varios problemas graves. El primero es que depende directamente del Ministerio del Interior y no del Sistema Nacional de Salud, lo que contradice las recomendaciones de la ONU, la OMS y el Consejo de Europa. “La prisión tiene dos patas –explica Gordaliza–: la regimental –vigilancia, seguridad, gestión– y la tratamental –orientada a la preparación para la vida en libertad–”. El problema es que ambas dependen del Ministerio de Interior, es decir, comparten la misma lógica. Y esa lógica no es sanitaria ni comunitaria: es securitaria. “Lo que deberíamos tener en la prisión sería un ambulatorio y un centro de servicios sociales, como los de cualquier barrio. Con sanitarios y equipos técnicos –formados por educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos y juristas– que dependiesen de la comunidad autónoma”, añade.
Porque el resultado de la actual organización de la sanidad penitenciaria es la falta de médicos. “Los médicos ya no se presentan a las oposiciones. Es una formación larga, con un MIR largo, y ganan menos que en la sanidad ordinaria”. La consecuencia es que en 2024 solo había 167 médicos en las prisiones de la Administración General del Estado para atender a cerca de 49.000 internos, cuando la plantilla estructural debería rondar los 536 facultativos; es decir, solo se cubre una plaza de cada tres. En diez años se ha perdido la mitad del cuerpo médico penitenciario.
Al final de la conversación, cuando ya llevamos más de una hora hablando de grados y sanciones y suicidios y muertes sin nombre, le pregunto cómo sale la gente de prisión.
“La cárcel es un factor que deteriora, que aísla. La privación de libertad anula a la gente. Rompe lazos sociales. Te pone durante un tiempo en un paréntesis y pierdes el ritmo de los cambios que se producen fuera. Y cuando esto se convierte en algo crónico y solo funciona como un castigo, la gente sale peor de lo que ha entrado”, concluye.
