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“Es hora de teorizar un inconsciente “infamiliar”, una escena primaria diferente, en la que no todo resulte de los dramas de identidad y reproducción.”
Donna Haraway
En noviembre de 2023, durante su discurso de investidura, Pedro Sánchez anunció la “aprobación de una ley de agricultura familiar” con el objetivo de proteger un modelo concreto de producción de alimentos. No sabemos por qué a fecha de hoy aún no se conoce un borrador de esta norma. Lo que sí sabemos es que el modelo de agricultura que habría que proteger en nuestro país no debería basarse en el concepto “familia”.
Antes de explicar nuestros motivos, es importante señalar que, actualmente, no existe un consenso sobre qué es la agricultura familiar. Existe una norma estatal que la nombra pero no la concreta, legislaciones autonómicas con definiciones dispares1 e instituciones nacionales e internacionales con propuestas heterogéneas.
El modelo productivo de la familia nuclear tiende a ser cada vez más residual
Por otro lado, el modelo presente en el imaginario de la sociedad de “una instalación agraria en la que trabaja a tiempo completo una pareja y cuyos ingresos permiten mantener a una familia, ya no es predominante en el Estado español. Estamos en un momento de fuerte transformación en el campo en el que confluyen numerosos modelos productivos. Entre ellos, aquel en el que la familia nuclear es protagonista tiende a ser cada vez más residual (este planteamiento también lo defienden François Purseigle y Bertrand Hervieu en su libro “Una agricultura sin agricultores” respecto al sector primario francés).
La forma en que se concrete qué modelo de agricultura hay que proteger en la futura ley, especialmente si se hace pivotar en torno al concepto “familia”, podría provocar el fracaso de la misma y una oportunidad perdida para el gobierno de coalición.
Ninguna familia debería ser protegida por una legislación agraria por el mero hecho de serlo.
En primer lugar, porque existen determinados tipos de agricultura gestionada por familias que no necesitan ser protegidos. Hay ejemplos de familias oligarcas, aristocráticas o propietarias de grandes empresas que, además de beneficiarse de fondos públicos, como la Política Agraria Común (PAC), presentan grandes beneficios en sus cuentas de resultados. Estas familias, obviamente, no necesitan protección. Tampoco debería protegerse a aquellas familias propietarias de explotaciones en las que se genera un impacto predatorio sobre las personas o el medio ambiente. Es más, en nuestra opinión, ninguna familia debería ser protegida por una legislación agraria por el mero hecho de serlo.
La ayuda familiar no remunerada hace posible soportar unos precios pagados por la industria y distribución alimentarias por debajo del coste de producción
La familia se ha erigido en el sector agrario (como en el resto de sectores económicos) como la estructura de amortiguación por excelencia de las embestidas del sistema capitalista. La ayuda familiar no remunerada hace posible soportar unos precios pagados por la industria y distribución alimentarias por debajo del coste de producción. Son fundamentales en este sentido la autoexplotación en jornadas interminables de trabajo o la explotación a personas de la familia, en especial mujeres, que no ven retribuida su dedicación al negocio familiar. Todo este trabajo no remunerado y soportado por la familia es naturalizado por muchas personas del sector y cristaliza en la idea de la agricultura como forma de vida. Inocular esta idea ha servido perfectamente al sistema para no pagar por el trabajo dedicado.
Al mismo tiempo, la familia en el sector primario también se ha alzado como estructura de reproducción de los abusos, las desigualdades y los privilegios que impone la jerarquía capitalista: cuando la explotación propia o de la familia no son suficientes, se recurre a la explotación de otras personas más vulnerables (particularmente personas migrantes) o del medio ambiente.
Además, el acceso a la actividad agraria está íntimamente ligado a la herencia familiar de activos productivos (tierras, derecho a las subvenciones de la PAC, maquinaria, infraestructuras…), lo que impide a personas ajenas al sector, sin familia agricultora, la incorporación a esta actividad en condiciones de igualdad.
Por estos motivos, entre otros, consideramos que la familia no debería ser el eje sobre el que articular una posible ley. Creemos que existen otras muchas posibilidades a valorar si queremos un sector primario diversificado, ligado al territorio, con muchas personas produciendo y habitando los pueblos, que nos abastezca de alimentos saludables producidos sin explotar a nadie ni a nada.
Habría que limitar los apoyos públicos únicamente a instalaciones agrícolas y ganaderas situadas por debajo de un determinado tamaño
Una de estas opciones, la de mayor calado, sería limitar los apoyos públicos únicamente a instalaciones agrícolas y ganaderas situadas por debajo de un determinado tamaño; es decir, por debajo de un número máximo de hectáreas por cultivo o de un número de animales por tipo de ganadería. Dentro de cada instalación podrían convivir varios cultivos y/o producciones ganaderas, siempre que cada una de ellas respetara estos límites.
Las razones para defender esta propuesta de limitación de tamaño son varias. En primer lugar, las explotaciones más grandes compiten en el mercado con mayor éxito debido a sus economías de escala y, por tanto, no deberían aprovecharse de ayudas públicas para incrementar todavía más sus ganancias. Actualmente, estas macroexplotaciones reciben un elevado montante de fondos que dejan de destinarse al resto: un gran número de instalaciones pequeñas y medianas que lo necesitan para poder mantener su actividad. Por otro lado, estableciendo estos topes se entorpecería el acceso a las ayudas públicas de los fondos de inversión y grandes capitales, que suelen interesarse por sectores muy estructurados y dimensionados para maximizar sus beneficios económicos. Limitando el tamaño de las instalaciones, limitamos también su interés. Por último, esta estrategia favorecería la presencia de muchxs productorxs en el medio rural, contribuyendo a frenar la actual caída de personas que se dedican a la agricultura y ganadería, y fomentaría una mayor diversificación productiva por instalación.
Establecer máximos de propiedad sería un criterio al que recurrir en el diseño de políticas públicas para favorecer la redistribución de las herencias
Además, esos máximos podrían ser un criterio al que recurrir en el diseño de políticas públicas para favorecer la redistribución a través de la herencia. Por ejemplo, obligando a transferir a un banco público las hectáreas o el ganado que superaran los límites establecidos. La gente que no tuviera vinculación familiar con la agricultura podría acceder a tierra o animales gracias a este banco, favoreciéndose así su incorporación a la actividad. Medidas como esta tendrían efecto en el corto plazo dada la elevada edad media de agricultorxs y ganaderxs y desincentivarían el interés del sector por seguir creciendo.
Somos conscientes de que esta medida, por sí sola, no es suficiente. Para proteger a instalaciones por debajo de un determinado tamaño en un sistema agroalimentario que empuja al crecimiento hacen falta propuestas adicionales que transformen el conjunto de la cadena alimentaria desde la producción hasta el consumo. Por ejemplo, un sistema de Seguridad Social Alimentaria vinculado a esta forma de producir sería un instrumento útil en este acompañamiento.
En cualquier caso, una futura ley que defina y proteja el modelo de producción que necesitamos, una agricultura y ganadería socialmente necesarias, debería favorecer la diversidad en el sector productor y no limitarse a apuntalar la familia como única forma de organización social. Un medio rural con amigues que se juntan para un proyecto, personas solas o acompañadas que se incorporan sin antecedentes ni apoyos familiares, cooperativas de consumidorxs y productorxs… y, sí, también grupos vinculados por lazos familiares, pero no solo.
