En la madrugada del 16 de diciembre de 2015, un dispositivo de setecientos Mossos d’Esquadra irrumpía en centros sociales, ateneos y casas particulares de Catalunya y Madrid para detener a diez jóvenes anarquistas, acusados de cometer atentados con “bombas artesanas de fabricación casera”. Era la denominada “Operación Pandora”, impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez, y ejecutada pocas horas después de que se aprobara la aún vigente Ley Mordaza. Un mes más tarde, siete de las personas detenidas se encontraban aún en prisión preventiva, a la espera de juicio sin que se les hubieran comunicado oficialmente los delitos que se les imputaban. El que fue “juez del 11-M” se negaba a hacer público el informe policial. No obstante, en declaraciones ante los medios, Gómez Bermúdez sí justificó en parte las detenciones: los acusados “usaban correos con medidas de seguridad extremas, como Riseup.net”.
Riseup es un colectivo hacktivista fundado en Seattle en 1999 que ofrece cuentas de mail, listas de correo, VPN y otros servicios digitales, todo de forma gratuita y sin rastrear en absoluto a los usuarios. Considerar que una seguridad de ese tipo es indicativa de la peligrosidad social del usuario dice mucho de la concepción que la justicia estatal —personificada en Gómez Bermúdez— tiene de la sociedad.
Matar al mensajero
En esa misma concepción se basaron los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU. el pasado 26 de agosto para incluir al colectivo digital toscano Autistici/Inventati (A/I) en su lista de entidades y personas proscritas como «organización terrorista global”. En esa lista figuraban también la británica Palestine Action y la red propalestina Masar Badil. Mientras que el Gobierno de Trump acusaba a estos dos últimos grupos de diversas acciones «terroristas», al colectivo A/I se le imputaba el mero hecho de gestionar los servicios comunicativos utilizados por los susodichos «terroristas» para cometer atentados en distintos puntos de Europa. Las acusaciones citaban también a grupos estadounidenses como Rose City Antifa, Jane’s Revenge y «una célula anarquista» de Atlanta, los cuales habrían usado servicios de A/I para difundir datos personales de agentes del ICE.
La inclusión en la lista estadounidense implica la congelación de todos los bienes que se hallen bajo la jurisdicción del Estado norteamericano
La inclusión en la lista estadounidense de proscritos implica, en primer lugar, la congelación de todos los bienes que se hallen bajo la jurisdicción del Estado norteamericano. Como A/I no se encontraba en esa situación, el movimiento del Gobierno trumpiano habría quedado, en principio, en agua de borrajas. Pero ahí es donde entran en juego las sanciones secundarias, que pueden ser aplicadas a cualquier entidad estadounidense que dé apoyo al grupo «terrorista» en cuestión. Así, gracias al oligopolio existente en la gestión del moderno Internet por parte de empresas y organizaciones estadounidenses, el Gobierno de EE. UU. tiene un amplio margen para reprimir a personas o grupos en otras partes del mundo, aun sin ningún tipo de actuación por parte de los sistemas judiciales locales. A menos de 48 horas del anuncio de las sanciones resultaba ya imposible acceder a la web www.autistici.org. Era el resultado de la decisión tomada por el Public Interest Registry (PIR, organización sin ánimo de lucro dependiente de la Internet Society), que eliminaba, de facto, el dominio autistici.org de la red, lo que lo volvía ilocalizable para el sistema DNS, encargado de traducir el nombre de todas las webs y servicios en red al lenguaje numérico de los servidores. Quedaban así bloqueadas más de 20.000 cuentas de mail, alrededor de 5.500 listas de correo y otros servicios ofrecidos por A/I. Pocas horas después, Noblogs.org, la plataforma de blogs de A/I —que alojaba unos 10.000—, quedaba expuesta a un «problema de seguridad», lo que obligó al colectivo a mantenerla temporalmente offline para resolver el problema.
Todo un universo comunicativo —no comercial, horizontal, respetuoso de la privacidad— quedaba suspendido.
Todo un universo comunicativo —no comercial, horizontal, respetuoso de la privacidad— quedaba suspendido. Pero aún faltaba la guinda del pastel represivo. Banca Etica —matriz italiana de la española FIARE— respondió al colectivo que «iba a ejercer la opción de rescisión unilateral del contrato y que los fondos actualmente presentes en la cuenta, fruto de las donaciones de miles de personas, asociaciones y colectivos, [dejarían] de estar disponibles para la Asociación”, como explicaba la propia A/I en un comunicado. Banca Etica justificaba la operación diciendo que no amplicar estas sanciones “implicaría para los 130.000 clientes y socios la imposibilidad de utilizar tarjetas de crédito y de débito (que hoy dependen de un monopolio de facto de operadores estadounidenses), así como la imposibilidad de realizar pagos en áreas no euro, que necesitan de intermediarios financieros casi siempre estadounidenses». Estas explicaciones no han convencido en absoluto al colectivo, que presentó ante el Tribunal de Pisa un recurso urgente para obtener la reactivación inmediata de su cuenta corriente.
Completamente invisibilizado en la red y con sus fondos bloqueados, A/I cesaba sus actividades y disolvía el colectivo
Completamente invisibilizado en la red y con sus fondos bloqueados, A/I hacía saber el pasado 6 de septiembre la decisión de cesar sus actividades y disolver el colectivo. «En este clima», contaban, «seguir ofreciendo nuestros servicios es solo un peligro más para nuestras usuarias, así como para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad. En un mundo de acusaciones desvinculadas de los hechos, no podemos más que esperar que la represión crezca de forma desproporcionada. Esto nos coloca frente a la imposibilidad de mantener nuestro proyecto original: ofrecer herramientas seguras y no mercantilizadas».
Se cumplía así, en un solo mes, el objetivo del ataque: matar al mensajero, el colectivo A/I, sin que la justicia italiana —ni siquiera sus cuerpos policiales, y eso es mucho decir— hubiese realizado ninguna acusación pública en su contra.
Aun centrando su actividad en los servicios en red, A/I es un colectivo fundamentalmente político. Y es esa política la que decidieron atacar los Departamentos de Estado y del Tesoro trumpianos, perfilándose así una auténtica caza de brujas. Lo han reconocido ellos mismos. En sendos comunicados. El primero afirmaba que «[A/I] se ha convertido en nodo central de una campaña transnacional llevada a cabo por redes violentas y criminales de extrema izquierda para desestabilizar a EE. UU. y sus socios en toda Europa, el hemisferio occidental y más allá», a lo que el segundo añadía que el colectivo italiano ofrece soporte digital a «células de Antifa [sic] y otros violentos extremistas ultraizquierdistas». Por si no hubiese quedado suficientemente claro, el departamento dirigido por Marco Rubio justificaba las sanciones con el argumento de que «Autistici/Inventati se identifica a sí mismo como una organización ‘antifascista’ y ‘antimilitarista’, contraria al capitalismo […], que ofrece sus servicios únicamente a individuos, colectivos y grupos que considera alineados con su ideología».
El Gobierno de Trump ha atacado a A/I no por los servicios que ofrece sino por las motivaciones de fondo por las que lo hace
En otras palabras, el Gobierno de Trump ha atacado a A/I no por los servicios que ofrece en sí mismos —técnicamente análogos a los de cualquier otro proveedor digital—, sino por las motivaciones de fondo por las que lo hace. De otra forma, se habrían apresurado a incluir en la lista de «terroristas», por ejemplo, al gigante tecnológico Meta, por haber alojado la retransmisión en directo en Facebook de una masacre supremacista blanca, o a Google, puesto que desde una dirección de su servicio de correo electrónico se difundió el manifiesto que reivindicaba esa misma masacre.
Do It Yourself, la única resistencia posible
El ataque era, pues, contra la oposición anticapitalista y, más concretamente, contra la autonomía de los medios propios, una cuestión a la que, en gran parte, hemos dejado de dar la prioridad que merece. La necesidad de «estar en las redes sociales» nos ha hecho adaptarnos a este tipo de medios, para usarlos «de forma crítica», en el mejor de los casos, o para confiarles toda nuestra comunicación hacia el exterior, en el peor.
Si hay algo que puede ponerles las cosas más difíciles a nuestros adversarios, hoy, ayer y siempre, es nuestra capacidad de difundir el virus de la autogestión
Tal y como recordaba el colectivo Wu Ming en 2019, año en que decidió abandonar Twitter, “en la tradición de los movimientos revolucionarios, antagonistas y contraculturales, ha sido siempre crucial crear medios propios. Se ha tratado siempre de experiencias muy avanzadas respecto al mainstream del momento: rupturas creativas que introducían nuevos lenguajes y nuevas prácticas de comunicación, favoreciendo así nuevas modalidades de organización”. En cambio, decían, “con el uso predominante de Facebook [principal red social del momento] por parte de los movimientos se ha producido una grave discontinuidad. En nombre de lo ‘fácil’, no solo se ha renunciado a ‘descartar’ e innovar respecto al mainstream, sino que se está además a merced de los dictados políticos, los caprichos algorítmicos y las ‘condiciones de servicio’ de la plataforma. Una situación precaria y de exposición al chantaje. Resulta necesario liberar el mediactivismo de esa captura, retomando la construcción paciente de medios de información y ambientes comunicativos independientes”.
Y precisamente por ahí va el último llamamiento de Autistici/Inventati: “Id y multiplicaos, pues. Copiadnos. Copiad lo que hemos hecho. Copiad el código que hemos usado. Copiad la idea a la que hemos intentado dar forma. O bien tomad los fragmentos que más os gusten y haced vuestro propio remix. Si hay algo que puede ponerles las cosas más difíciles a nuestros adversarios, hoy, ayer y siempre, es nuestra capacidad de difundir el virus de la autogestión y la autodeterminación, de multiplicar como fractales las infraestructuras del disenso”.
