Macropelea, reyerta, radicales, detenidos. Con estos términos describía la prensa lo sucedido en la Calle Alfonso XIII de Vallecas el pasado 15 de octubre. Fuegos artificiales y discursos con los que se intentaba ocultar una realidad muy sencilla. Un grupo de matones nazis de una empresa de desokupación llamada APD Security Iberia intentó desalojar ilegalmente a un vecino y atacar un gimnasio del barrio.
Lo que no esperaban era la respuesta inmediata de las vecinas y vecinos del barrio. Desde primera hora, el rechazo a la presencia de esta empresa se dejaba sentir, llegando a las manos cuando un grupo de personas del gimnasio La Fábrika defendieron su local en el que había niños y niñas practicando deporte mientras los neonazis actuaban.
Pronto se sucedieron reuniones multitudinarias y comunicados que culminaron con la manifestación del viernes 24 de octubre. Aquí se demostró que existe un enorme consenso en Vallekas de que estas empresas son un serio aviso de algo más profundo, la crisis de vivienda que se vive en el Estado español.
Certificado el éxito de la movilización y la contundente respuesta ante los sucedido, quedaría por hacerse algunas preguntas. ¿Cómo seguir tras lo sucedido? ¿Qué papel juegan estas empresas de desokupación? ¿Cuál debe ser la respuesta ante ellas?
En los distintos comunicados que se han ido sucediendo tras estos días de tensión, las respuestas han sido de lo más variadas. Las entidades vecinales han pedido la ilegalización de este tipo de empresas y los grupos antifascistas preparan la autodefensa aunque, en términos generales, por todos lados se ha apuntado a la necesidad de garantizar una vivienda digna y de calidad. Como bien sabemos, esto tiene un punto de quimera, pues por desgracia las administraciones públicas no lo van a hacer.
Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué pasa cuando el único medio disponible para conseguir una vivienda es la okupación? Si la realidad es esta deberíamos recuperar algunos de los lemas más conocidos de los años centrales de las luchas vecinales vallekanas. Aquel de «Tenemos derecho a un piso. O nos lo dan o lo tomamos» o el más reciente proverbio popular «Antes que verme debajo de un puente, le doy una patada a una puerta».
La supervivencia de las clases trabajadoras en Vallekas no se puede entender sin la okupación
A poco que echemos la vista atrás, veremos que Vallekas y la supervivencia de las clases trabajadoras en el barrio no se pueden entender sin la okupación de terrenos o techos donde protegerse. Incluso muchos locales asociativos, vecinales y de encuentro fueron okupados o lo que siguen estando a día de hoy. Los terrenos vacíos de entonces y las casas vacías de los grandes propietarios hoy, la mayoría de bancos, son la primera expresión de la acumulación de riqueza de aquellos y la desposesión de muchas vecinas del barrio. Son el resultado de quienes no tienen otro remedio que abrirse un hueco en la ciudad y sobrevivir en ella.
Desokupas son los mediadores sociales que expulsan a la calle a familias pobres del albergue municipal de las Caracolas
Pedir la ilegalización de estas empresas no resuelve el problema. Como si la violencia inmobiliaria solo se concentrase en este punto álgido del modelo de desalojo por medios paramilitares. Desokupas son también la policía municipal y nacional cuando sacan a la fuerza a nuestras compañeras y a sus niños de las casas de Caixa, como sucedió pocos días después de los hechos que narramos. Desokupas son los mediadores sociales que expulsan a la calle a familias pobres del albergue municipal de las Caracolas, más de 30 en los últimos meses. Desokupas son los jueces y los políticos que permiten e impulsan los desahucios como mejor señal de protección de la propiedad inmobiliaria. Desokupas son las trabajadoras sociales que nos dicen «que pueden quitarnos a nuestros hijos» cuando nos van a desahuciar.
Frente a Desokupa la mejor respuesta es defender a todas esas familias honradas, valientes y peleonas que han entrado en una vivienda vacía para que sus hijos e hijas no se queden sin un techo donde vivir. Se trata de conseguir un techo cuando nadie más te lo va a dar; cuando todos los ingenieros de políticas públicas progresistas, quienes llenan papeles con sus fórmulas mágicas que arreglarán el problema de la vivienda, no hacen más que construir castillos en el aire.
Ilegalizar lo ilegal o el cretinismo parlamentario como otra de las Bellas Artes
La expresión “castillos en el aire” se ajusta también a la respuesta reflejo de parte de la izquierda parlamentaria y el progresismo social ante el problema de las empresas de matones: el meme de la “ilegalización de Desokupa”. Merece la pena detenerse en la lógica de esta propuesta, porque revela bastante sobre dinámicas políticas más amplias, y casi diríamos que transversales, desde la existencia de los gobiernos de coalición. Esto es: legislar por la vía penal para enfrentarse a conflictos sociales como el racismo, o ahora, la mercantilización de vivienda. Vamos a analizarlo con más detalle.
Es obvio que amenazar, acosar o directamente agredir son prácticas que ya están tipificadas penalmente. Una reforma del Código Penal para ilegalizar a las llamadas empresas de desokupación tendría que hilar, por tanto, más fino y crear un nuevo delito específico que, a tenor de la iniciativa parlamentaria de Podemos ya rechazada por el Congreso en febrero, estaría a medio camino entre la organización criminal y el delito de odio. El grado de retorcimiento jurídico es, por tanto, elevado: una ilegalización ex ante —preventiva—, bajo presupuestos ideológicos, de empresas cuyo objeto social declarado es mediar ante un conflicto de vivienda entre propiedad y residente, nunca la instauración del modelo escuadrista, racista y clasista que desarrollan en la práctica.
Creemos que las limitaciones prácticas y técnicas de la propuesta tienen que resultar evidentes hasta para sus propios promotores. Con esto presente pensamos que el motivo de su presentación y la insistencia en el meme deben obedecer a otras lógicas. Por ejemplo, responder a la alarma social con la impresión de que se está haciendo algo, con la esperanza de obtener el magro resultado de una votación parlamentaria perdida de antemano en la que el adversario político (en este caso, el PSOE, que se abstuvo en la votación de febrero) queda “retratado”, por usar la expresión concreta utilizada en esta particular forma de propaganda electoral.
A cambio de dos segundos en un telediario, los comunicólogos pasan por alto factores como el hecho de que el delito de odio se aplica contra organizaciones de izquierdas
A cambio de dos segundos en un telediario, los comunicólogos pasan por alto importantes factores como el hecho de que el delito de odio ha sido aplicado con más frecuencia y contundencia contra organizaciones de izquierdas y movimientos sociales que contra otros sectores sociales. La obvia inhibición o colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con este tipo de empresas, la pasividad de la Fiscalía1 ante la montaña de pruebas que, por goteo, aparecen en la prensa son otro factor determinante. Pero también la relación de estas empresas con el tráfico de drogas2, la tenencia ilegal de armas o la propia usurpación mafiosa de viviendas que ya permitirían poner fuera de juego, desde el propio Estado, a la mayoría de estas empresas y sus promotores.
Desde el propio Estado, decimos, pero en realidad contra el propio Estado.
Recapitulamos: cuerpos de seguridad, fiscalías, y las propias administraciones públicas –también las de signo progresista– se mueven entre la inhibición, el silencio incómodo y la colaboración pura y dura con las empresas de matones. Instrumentos tienen, desde la más humilde concejalía hasta los cuerpos de inspectores de trabajo y de hacienda, para como mínimo desgastar a estas empresas. Pero estas iniciativas tendrían que enfrentarse a cara de perro a la auténtica fuerza detrás de los escuadristas: una democracia que vota, piensa y actúa desde el punto de vista del propietario, entendido este como una suerte de pequeño propietario universal. Y ante eso, los memes sobre la ilegalización no dejan de ser globos sonda lanzados a media voz para ocultar una cada vez más penosa ausencia de ideas y proyecto más allá de la conquista lejana de mayorías sociales y electorales.
- También aquí, los equilibrios institucionales a los que obliga el juego de la política representativa con ambiciones de Estado acaban imponiéndose. Si las empresas de desokupación se hubieran desarrollado bajo gobiernos del PP y no bajo los gobiernos de coalición (como así ha sido), no dejaríamos de tener en la prensa progresista los nombres, perfiles biográficos e ideológicos de las cabezas de las fiscalías y de muchos de sus subordinados. Pero la supervivencia del sanchismo obliga a no tocar la Fiscalía. Habrá que esperar a que el turnismo parlamentario, o la eventualidad de muertes violentas durante el acoso inmobiliario de los matones, marquen la hora de las llamadas al orden a la Fiscalía General del Estado. ↩︎
- El goteo de informaciones a este respecto es constante y se acerca al de las propias informaciones sobre condenas e investigaciones contra mandos y agentes policiales por tráfico de drogas. No obstante, es ilustrativo el grado de empatía que llegan a mostrar ciertos titulares de prensa. Véase “Rafael, el dueño de tres empresas de desokupación condenado por tráfico de drogas en Toledo: ‘Soy otra persona’», El Español, 18 de octubre de 2025. ↩︎
