Mientras miles de familias nos privamos de comer para pagar el alquiler y la hipoteca viéndonos muchas obligadas a ocupar una casa, el gobierno y los partidos que lo sustentan fingen ser defensores del derecho a la vivienda. Sus políticas de parches y discursos de falsa empatía no consiguen ocultar que sus leyes y propuestas siguen engordando los bolsillos de bancos, fondos de inversión, inmobiliarias y rentistas, grandes y pequeños, que se aprovechan de nuestra necesidad. El 13 de octubre veremos a esos mismos partidos y sindicatos apoyando una manifestación por la vivienda, pero debemos preguntarnos: ¿dónde han estado estos años?
1. Las políticas progresistas no sirven
Hay mucho dinero en juego en el mercado de la vivienda y nadie quiere pinchar la burbuja. Lo que se vende como “políticas progresistas de vivienda”: ayudas al alquiler y a las hipotecas, congelación de precios ya desorbitados, exenciones fiscales y construcción de vivienda protegida bajo modelos público-privados son de facto políticas que sostienen los precios y subvencionan con dinero público al sector de la construcción, la banca y los rentistas.
Ayudar a sostener los precios en vez de hacer que caigan es un ataque directo a la vida de las clases trabajadoras y populares, que tenemos que dedicar la mitad de lo que ganamos al alquiler o un tercio de lo que ganamos durante 30 años (más los ahorros) a la hipoteca. El dinero fluye de nuestros salarios escasos hacia bancos y personas adineradas. Hacemos ricos a los ricos.
Las políticas del gobierno: un engaño premeditado
Las ayudas al alquiler, la hipotecas y exenciones fiscales benefician principalmente a estos bancos y grandes propietarios. El tan cacareado «alquiler asequible”, basado en acuerdos público-privados, solo subvenciona a las constructoras privadas, ofreciendo a cambio mínimas rebajas sobre alquileres que ya están por las nubes. Al mismo tiempo, no se legisla sobre la turistificación que expulsa a vecinos de sus propios barrios, convirtiéndolos en parques temáticos para turistas. ¿Es casualidad que solo aprueben medidas que mantienen los precios altos? Son solo parches diseñados para sostener un sistema que nos exprime hasta la última gota de nuestra sangre.
La SAREB y CaixaBankia: el dinero público al servicio de la especulación
La SAREB, creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, recibió 35.000 millones de euros para rescatar al sector financiero. A pesar de haber gestionado inicialmente más de 140.000 viviendas, su prioridad ha sido mantener los precios del mercado inmobiliario y favorecer la especulación. Bajo la fachada de su «política de responsabilidad social», la SAREB sigue ejecutando desahucios y gestionando alquileres precarios en condiciones deplorables, sin ofrecer soluciones reales.
CaixaBankia tampoco se salva: el rescate de Bankia costó más de 27.000 millones y el Estado es propietario de casi el 20% de la entidad. Sin embargo, las viviendas en sus manos continúan siendo vendidas a fondos buitres y sus habitantes desahuciados. Prefieren el beneficio a recuperarlas. Estas viviendas, adquiridas con dinero público, no pueden seguir siendo tratadas como mercancía; deben formar parte del parque público de viviendas para garantizar un derecho básico: el acceso a un hogar digno. Por no hablar de que Caixa es el tercer banco español en financiar armas a Israel, contribuyendo así al genocidio palestino
Y los fondos de inversión campando a sus anchas
Los fondos de inversión han aprovechado la crisis de vivienda para multiplicar sus beneficios. Estos grandes actores, como Blackstone, Cerberus o Lone Star, han comprado miles de viviendas en España, muchas veces a precios de saldo, tras la crisis de 2008 y el posterior rescate bancario. Tienen un un volumen de negocio que supera los 5.000 millones de euros anuales.
Su estrategia es clara: adquirir viviendas a precios bajos, retenerlas, aumentar los alquileres y venderlas cuando el valor se ha disparado
Su estrategia es clara: adquirir viviendas a precios bajos, retenerlas, aumentar los alquileres y venderlas cuando el valor se ha disparado, obteniendo grandes beneficios. A menudo, compran viviendas provenientes de bancos rescatados con dinero público, convirtiendo el sufrimiento de las clases trabajadoras en una oportunidad de negocio. Esta forma de actuar de los fondos ha sido replicada por decenas de empresas de inversión inmobiliaria, creadas a corto plazo para comprar y vender en las condiciones de mayor especulación (casas con ocupantes, por ejemplo, por las que esperan sacar alto beneficio). También detraen viviendas de alquiler para el alquiler turístico a través de AirBnb.
2. Propuestas que son una trampa
Alquiler asequible: la última estafa que gusta a liberales y progresistas
El concepto de “alquiler asequible” es una trampa lingüística diseñada para calmar a la población mientras los grandes especuladores siguen sacando rédito de la crisis de vivienda. Bajo la promesa de alquileres “asequibles” o “sostenibles”, se firman acuerdos con empresas privadas que construyen subvencionadas por fondos públicos pero que ofrecen las viviendas a precios que siguen siendo inaccesibles para gran parte de la ciudadanía. Además, pese al dinero público, en unos 15 años estas viviendas revierten al control privado por completo, “libres” para vender o especular con ellas. Este modelo no rompe con la lógica del mercado ni ataca la raíz del problema, que es la especulación y las limitaciones para acceder a una vivienda. Al contrario, perpetúa la idea de que tener acceso a un hogar es un privilegio, no un derecho.
Construcción de vivienda
La propuesta de construcción de nueva vivienda enfrenta desafíos en el actual contexto de crisis ecológica. El consumo de materiales, su encarecimiento y la necesidad de desarrollar ciudades más compactas y sostenibles sugieren que es prioritario rehabilitar y poner en uso las 3,8 millones de viviendas vacías que existen en España.
Toda construcción de vivienda pública debe ser completamente pública y gestionada directamente por las administraciones, sin recurrir a modelos de colaboración público-privada
Muchas de ellas están en manos de grandes propietarios que las mantienen como activos especulativos, esperando una subida en los precios. Otras tantas pertenecen a pequeños propietarios, en ocasiones como resultado de herencias y muchas están en malas condiciones. Es imprescindible, antes de prometer construir miles y miles de viviendas, una política activa de recuperación de estas viviendas para engrosar un parque público de vivienda, que actualmente es extremadamente reducido. De hecho, contamos con el parque de vivienda pública más pequeño de la OCDE, apenas el 1,1% del total, muy por debajo de los estándares europeos.
Además, toda construcción de vivienda pública debe ser completamente pública y gestionada directamente por las administraciones, sin recurrir a modelos de colaboración público-privada, que solo genera beneficios para los de siempre y fomenta la especulación. En ciudades como Madrid, la gestión cotidiana de muchas viviendas públicas ha sido externalizada a empresas privadas.
Es fundamental que las viviendas rehabilitadas con dinero público se tasen o añadan al parque público, protegidas de la especulación, y destinadas exclusivamente al alquiler permanente e inenajenables, para evitar que vuelvan al mercado privado y contribuyan a la crisis de la vivienda.
Rehabilitación y operaciones urbanísticas
La rehabilitación de viviendas y barrios y la creación de infraestructuras urbanísticas como parques, zonas verdes o enterramiento de vías han tenido como efecto secundario el incremento del precio de las viviendas en dichas áreas. Esto genera el fenómeno conocido como gentrificación: el desplazamiento de los residentes de renta más baja y la entrada de una población con mayores ingresos, como se ha visto en zonas de Madrid como Malasaña, Lavapiés o Tetuán. Las mejoras urbanísticas, en lugar de beneficiar a la comunidad existente, tienden a encarecer tanto los alquileres como las hipotecas.
Para evitar que la rehabilitación con fondos públicos favorezca exclusivamente a propietarios particulares y especuladores, debe incluirse una exigencia de precios máximos de alquiler y venta en las zonas rehabilitadas. De lo contrario, estamos financiando con dinero público el enriquecimiento de aquellos que tienen acceso a información privilegiada o que especulan con el mercado inmobiliario, perpetuando el ciclo de exclusión social.
3. Los caseros son los padres
Algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en nuestro país, según las declaraciones de IRPF de 2022.
Los pequeños rentistas: cómplices de la especulación
En España, un elevado número de pequeños rentistas se benefician de este sistema. Aunque no sean grandes potentados, lo cierto es que cumplen un importante papel en la defensa del sostenimiento de los precios a través de dinero público (ayudas al alquiler, exenciones fiscales, etc.), sosteniendo y defendiendo las medidas gubernamentales que les favorecen. Además, se alinean con campañas contra la okupación, criminalizando a quienes no tenemos más opción que buscar soluciones fuera de un mercado que nos excluye. Invertir y lucrarse con el alquiler no debe estar bien visto.
Además, AirBnB ha permitido que muchos propietarios o pequeños inversores hayan decidido poner su vivienda en alquiler turístico, retirando esas casas del circuito de primera vivienda y alimentando la especulación.
La campaña contra la okupación y desokupa
La campaña mediática contra la okupación es una estrategia para generar pánico social y proteger los intereses de los grandes propietarios y especuladores. Aunque solo el 0,06% del total del parque inmobiliario fue ocupada en 2022 (el 95% viviendas o locales vacíos), intentan convertirlo en un “problema” de primer orden. Esta campaña criminaliza a quienes somos expulsados del mercado de alquiler y no tenemos otra opción que ocupar viviendas vacías. Al enfocar el debate en la ocupación, desvían la atención del verdadero problema: la inaccesibilidad a una vivienda digna y la especulación inmobiliaria. Debemos rechazar la criminalización y reconocer a la ocupación como un acto de resistencia ante la especulación y la falta de vivienda digna.
En el barrio madrileño de El Cañaveral, hemos sido testigos de como vecinos, apoyados por empresas de matones, han forzado a 12 familias a abandonar sus viviendas
Es pública la connivencia entre las fuerzas de seguridad y empresas privadas como Desokupa, conocidas por sus tácticas violentas e intimidatorias. Recientemente, el dueño de Desokupa ha anunciado que impartirá cursos de formación a policías y Mossos d’Esquadra. Esta colaboración es una estrategia clara para reforzar un sistema de control social que defiende a los especuladores a costa del resto. No solo legitima la violencia contra las personas vulnerables, sino que impone el uso de la fuerza para proteger la propiedad privada por encima del derecho fundamental a la vivienda.
Hace poco, en el barrio madrileño de El Cañaveral, hemos sido testigos de como vecinos, apoyados por empresas de matones, han forzado a 12 familias a abandonar sus viviendas. Este acoso disfrazado de «justicia vecinal» es otro ejemplo del hostigamiento sistemático hacia quienes nos vemos obligados a buscar refugio en viviendas vacías. Estos vecinos, apoyados por Más Madrid, se han alineado con los intereses especulativos, echándonos a la calle y apoyando a matones. Y ahora pretenden pasearse hablando de «derecho a la vivienda».
3. Y para “los pobres”…
La consolidación de una “industria de gestión de alquileres para pobres”
Desde 2008 se ha construido una industria de gestión de alquileres para personas en situación de pobreza, a partir de la lucha de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que propuso a bancos y fondos los “alquileres sociales” como solución a los desahucios hipotecarios y a la ocupación de pisos vacíos. Para gestionar estos “activos” y sus alquileres, se crearon empresas intermediarias, muchas veces dirigidas por el personal de los mismos bancos y fondos.
Estas intermediarias cobran por mediar con los habitantes de estas viviendas y negociar su salida o, si la propiedad lo permite, su alquiler social. Para ello, debemos presentar constantemente documentación que acredite nuestra situación de vulnerabilidad, y se determina un alquiler ajustado exactamente a esta pobreza, de manera que la extracción de renta esté ajustada a nuestros ingresos casi en tiempo real. Si alguien sale de la “situación de vulnerabilidad extrema”, se vuelve a convertir en desahuciable, por muy inestable que sea su mejora.
O la exclusión total
Todos sufrimos las consecuencias de un sistema que nos expulsa de nuestros hogares y nos condena a vivir en condiciones indignas, pero las personas migrantes enfrentan además condicionamientos burocráticos y sociales que ahondan su exclusión sistemática del acceso a una vivienda digna. Tienen que enfrentar además cosas como: incendios en asentamientos de temporeros, donde familias completas arriesgan sus vidas en chabolas precarias; habitaciones de apenas quince metros cuadrados, donde se hacinan varias personas compartiendo un espacio que apenas garantiza su supervivencia; jóvenes que, en pleno invierno, se refugian en naves industriales sin techo, sin agua ni electricidad al borde de la miseria absoluta.
4. La ciudad de la especulación
La vivienda como inversión tiene efectos más allá de impedir el acceso a la vivienda en unas condiciones justas y dignas ya que define también a la ciudad (y su economía) en su conjunto.
El beneficio inmobiliario impide construir otro tipo de economía
La rentabilidad de la vivienda, en cuanto bien de primera necesidad, es insuperable. La gente se quita de todo por pagarlo, se endeuda de por vida por comprarla. Y eso hace que el ahorro y la inversión se vaya al mercado inmobiliario en vez de a otro tipo de actividad económica, la necesaria para el conjunto social en términos de empleo, sostenibilidad y utilidad. El beneficio inmobiliario impide construir otro tipo de economía.
Los centros de las ciudades, con los procesos de turistificación y AirBnb, dejan de ser lugares para vivir y se convierten en lugares para el consumo turístico. A medida que las casas son para los turistas, las tiendas se transforman y los locales se convierten también en viviendas. Todo lo que la ciudad genera (equipamientos públicos, socialidad, fiestas) es aprovechado por los propietarios de vivienda que monetarizan la producción social colectiva, y también la financiada por las administraciones públicas con el dinero de todos.
La segregación social urbana crece exponencialmente y también el rechazo a todo lo que pueda suponer un descenso en el precio de la vivienda: ciertas instalaciones de servicios sociales o medio ambiente, y también los propios vecinos ocupas que disminuyen el valor de una vivienda, como hemos vivido en carne propia en el caso del Yesero en Villa de Vallecas.
5. Exigimos soluciones reales, no migajas
La lucha por la vivienda no puede conformarse con parches ni migajas. Hay que bajar los precios, no queremos seguir pagando con nuestra vida los beneficios de bancos, fondos y rentistas, pequeños o grandes.
- Reducción drástica del precio del alquiler: No basta con limitarlo; es imprescindible reducirlo drásticamente. En otros países es de duración indefinida y con precios tasados según los salarios. Nadie debería vivir con el miedo de que la siguiente carta en su buzón sea un aviso de desahucio. Nadie debería hacer negocio con ese miedo. Hay que hacer crecer el repudio social a los alquileres como inversión y negocio.
- Reducción del precio de venta de las viviendas: Los bancos sostienen los precios de la vivienda a través de hipotecas larguísimas y con altos intereses. Estos intereses les han proporcionado miles de millones de beneficios en el último año. Es necesario reducir los precios de venta y limitar los intereses hipotecarios.
- Aumento del parque de vivienda pública: Todas las viviendas de la SAREB y de los bancos rescatados con dinero público deben formar parte del parque público. Las viviendas sin uso deben ser puestas en circulación y, si reciben ayuda pública, deben pasar al parque público de vivienda. La construcción de viviendas protegidas debe ser completamente pública, sin favorecer negocios a empresas privadas o rentistas. Las viviendas públicas no deben ser vendidas ni estar sujetas a especulación; deben estar en régimen de alquiler o en formato de cooperativas, garantizando el acceso universal a una vivienda digna.
- Prohibición del alquiler turístico salvo en habitación de la casa propia.
- Desjudicialización de los conflictos relacionados con la ocupación de viviendas vacías: La criminalización de quienes ocupamos es otra estrategia del poder financiero y del Estado para defender el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vivienda.
Sin medidas radicales, la vivienda no dejará de ser un negocio. No habrá un cambio real en el mercado de la vivienda. Rechazamos las soluciones de emergencia que nos etiquetan como «pobres merecedores de ayuda». No buscamos caridad ni nos sirven los parches temporales; exigimos justicia y cambios profundos en las estructuras que perpetúan la desigualdad. Nuestra lucha no es por migajas ni favores; es por una vida y una vivienda digna. No queremos pagar con nuestra vida, con nuestros salarios, con nuestras pesadillas los beneficios inmobiliarios de bancos, fondos, rentistas y gobiernos.
Por eso, queremos denunciar las verdaderas causas de nuestra precariedad: nos mantienen pobres pagándonos poco y cobrándonos mucho por la vivienda. Más allá del 13 de octubre, os animamos a organizaros con nosotras y seguir peleando en los barrios, donde construimos comunidad y luchamos juntos por un futuro donde el derecho a una vivienda digna y una vida digna sea una realidad para todas.
La lucha sigue y es más urgente que nunca tomar las riendas y exigir soluciones reales y duraderas.
