Largo y cálido verano. A principios de agosto finalizaba el plazo para que el Estado español retribuyese un mínimo de cuatro de las ocho semanas del permiso parental para la conciliación que se puede usar para cuidar a niños menores de ocho años y que actualmente no está remunerado. La oposición de la Patronal va a costar 7 millones de euros en sanciones europeas por el retraso –una cifra que sigue aumentando–, y la reducción de jornada laboral, que podría aliviar la situación de las casi 13 millones de personas que tienen empleos por encima de las 37,5 horas semanales se va a hacer esperar hasta el próximo año. Estaremos atentas y anticipamos la decepción sobre los resultados de esta reducción en los empleos más precarios y penosos. «Las organizaciones que participaron en los ensayos fueron autoseleccionadas (…) Empleaban sobre todo a trabajadores de oficina. Casi cuatro quintas partes eran directivos, profesionales, informáticos y administrativos. Las organizaciones de otros sectores, con perfiles profesionales diferentes, pueden tener dificultades para emular el aumento de la productividad mediante un trabajo más intensivo”, señalan las investigaciones. Y en esta sala de espera de la vida, además, la reforma de las pensiones fastidia la perspectiva futura mientras tampoco está resulta en un ahorro para la caja de lo público: se penalizan las prejubilaciones y se premia atrasar la salida del mercado laboral. Quienes cuentan con un empleo en condiciones más cómodas y mejor remuneradas, con menos volumen de horas anuales de trabajo efectivo, en empleos situados habitualmente en lo público, pueden alargar su vida laboral apacible embolsándose un aumento del 4% más cada año o canjearlo por un cheque de lo que corresponda; 12 mil euros, por ejemplo.
Por más que rastreemos mapas de precariedad laboral, pasa la vida y seguimos a cabezazo limpio contra opciones de integración sujetas, siempre, a la empleabilidad
Nada para las que entramos y salimos del mercado de trabajo, alternando periodos de prestaciones miserables, tras gincanas burocráticas vinculadas a la ciudadanía legal, con temporadas de empleos de mierda. Nada para las que trabajar implica dejarse el cuerpo, tragando glifosato en el campo, cargando pesos en cocinas, moviendo pacientes acostados, tirando de carros entre habitaciones. Para ellas (para nosotras) permanecer en el mercado laboral ya era un pacto con el diablo: cambiamos tiempo de vida tan a destajo que se nos hace difícil pensar en aguantar cuando las rodillas revienten del todo y ya no quede ni un cachito de túnel carpiano que apedazar. Por más que rastreemos mapas de precariedad laboral, pasa la vida y seguimos a cabezazo limpio contra opciones de integración sujetas, siempre, a la empleabilidad. Cambiando las piedras no dejaremos de tropezarnos.
No hay premio a la conciliación que valga ni “Yo no renuncio” ‘que cuele. A este lado de la precariedad, la pobreza y la exclusión, las mujeres representamos el 54% del empleo total en la hostelería. De las más de 570.000 empleadas, de hasta cien nacionalidades ocupadas formalmente en limpieza, un 72% somos mujeres y el 62,9% de personas que cotizan en el sector del comercio. En las residencias geriátricas, de nuevo las mujeres constituimos más del 80% de la de la fuerza laboral, y en servicio doméstico (con datos de afiliación), el sector las emplea casi en absoluto, en un 95%. De ese porcentaje oficial, un 45% de las trabajadoras domésticas son mujeres extranjeras en situación regular. Hay otros sectores difíciles alejados de los servicios o los cuidados que también están feminizados como el marisqueo –con un 95% de mujeres–.
Tomando como ejemplo este festival de trabajos penosos, en condiciones estresantes, sometidos al manejo de cargas, desgaste físico y dureza evidente, no nos queda cuerpo para celebrar el nuevo permiso menstrual. Introducida como parte de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2023, esta licencia no se disfruta en ninguno de los ámbitos profesionales que acabamos de observar. Para el calor, gafas de sol. Diez meses después de la entrada en vigor de la baja menstrual, el 1 de junio de 2023, se habían tramitado solo 1.418 solicitudes, distribuidas probablemente, en un número todavía más reducido de mujeres (los datos detallan las veces que se tramita el permiso, no del número mujeres total que lo han solicitado). Hasta la fecha, estas licencias menstruales están localizadas fundamentalmente en el sector público, especialmente entre trabajadoras de la Administración, sanidad y enseñanza, sectores que conservan mayor seguridad laboral. Lo nunca visto otra vez de nuevo: medidas ajenas que pasan de largo ante la realidad de las mujeres bajo condiciones laborales más insoportables y expuestas a represalias laborales.
Más allá de los límites del empleo, en la pastelería de la representación política, nosotras seguimos lamiendo el escaparate desde fuera
Más allá de los límites pseudoemancipatorios del empleo, en la pastelería de la representación política, nosotras seguimos lamiendo el escaparate desde fuera. El Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2022-2025 de España se estructura en torno a ejes ajenos o, desde luego no prioritarios para la urgencia que enfrentamos a diario millones de mujeres en el Estado.
Una primera perspectiva ajena se sitúa en los impulsos para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel político, institucional o corporativo, mediante la reserva de cuotas paritarias que garantizan el acceso de unas pocas a espacios reservados para unos pocos; “democratizando” las dinámicas de funcionamiento de las élites, entre las élites. En primer lugar, el perfil de renta media y alta de las mujeres que acceden a plazas reservadas por cuotas de paridad suele estar determinado por sus ventajas socioeconómicas y activos académicos previos. Esto es, trampolín para acceder y redes de contactos dentro de círculos empresariales, políticos o académicos que les permiten conocer y aprovechar las cuotas. Las cuotas de paridad buscan la promoción de mujeres que ya ocupan niveles aventajados de partida, es una corrección hacia la igualdad de oportunidades en y para una clase a la que no pertenecemos y en la que no existe posibilidad de integración alguna.
Se podría hacer la crítica a una masculinidad que se incorpora a los cuidados siempre y cuando estos estén salarizados
Un segundo eje aterriza la promoción de la corresponsabilidad sobre el reparto equitativo de cuidados mediante políticas que faciliten la conciliación de la vida laboral (con el trabajo, lo otro sería vicio) con la familiar (familiar, de familia). Empleo y familia, patrón y pater como punto de partida ineludible, insuperable. En esta dirección apunta el Plan Corresponsables dotado, entre 2021 y 2023, con 580 millones de euros en total. Millonada destinada a diversas iniciativas como servicios de cuidado infantil en forma de ludotecas, escuelas de verano y atención de “madrugadorxs” en las mismas escuelas, entre otras medidas. El plan anuncia “la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, el fomento del empleo y la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal”. Sin más cifras ni datos que consultar, interpretamos lo evidente: por un lado, asumiendo que el el despliegue de formación para profesionales del cuidado persigue el objetivo de empleabilizar después a esas personas en los servicios de atención infantil recogidos por el plan; y, por otro, que la promoción de políticas de corresponsabilidad en los cuidados prioriza una mayor participación de los hombres en este ámbito. Aquí se podría hacer la crítica a una masculinidad que se incorpora a los cuidados siempre y cuando estos estén salarizados. Se remunera lo reproductivo siempre que se externalice y, con especial atención, en el caso de emplear a hombres.
No hay forma efectiva de prevención, detección, acompañamiento y restauración de las situaciones de violencia sexual y de género que no pase por garantizar derechos económicos, sociales y culturales
Otro de los ejes que cabe revisar son las políticas contra la violencia sexual y de género. Para un abordaje profundo de la situación se nos hace imprescindible reconocer las motivaciones de unas, y las contrapartidas para todas, que se desprenden el populismo punitivo. No hay forma efectiva de prevención, detección, acompañamiento y restauración de las situaciones de violencia sexual y de género que no pase por garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Sin recursos para la vida, sin salvoconductos de ciudadanía, no nos queda margen para mantenernos a salvo. En este sentido, salta a la vista que esquivar la demanda histórica sobre la salarización del trabajo doméstico no es ni progresista, ni razonable. Sabemos que se requiere un perfil socioeconómico medio o alto para poder mover ficha en los recorridos judiciales del punitivismo. Las mujeres de clase media y alta acceden y escogen entre los recursos legales, en un contexto de huida posible solo garantizada desde cierta emancipación y estabilidad económicas que proporcionan los empleo formales bien posicionados. Estos, además, proporcionan un punto de partida favorable que facilita renovar proyectos vitales fuera del ámbito y el alcance del agresor. También hay que tener en cuenta que la revictimización es inherente al sistema jurídico, con el impacto que ese mecanismo tiene en el imaginario social: donde promueve las características de “la buena víctima”. Por otra parte, el proceso judicial también genera dolor, desgaste y destierros en las supervivientes de violencia sexual y de género.
Hay violencias encarnadas que sacuden los proyectos de vida de miles de mujeres con responsabilidades de cuidados a cuestas. La violencia económica pisa los talones a millones de mujeres con menores a cargo. Además de las violencias que se despliegan a través de la carencia material y desde los propios Tribunales, enfrentamos también la violencia de los Servicios Sociales y sus instrumentos de valoración para las quitas de custodia y otros arrancamientos. Cuestiones como la monomarentalidad, la pobreza, la discapacidad o la no-ciudadanía son computados como síntomas de modelos de vida inadecuados. Al tiempo, estos mecanismos omiten premeditadamente plantear el más mínimo análisis crítico sobre las estructuras pesadas que segregan, excluyen y tutelan o represalían a los cuerpos maternos descartados por los sistemas de homologación que establecen qué vidas cuentan con licencia para reproducirse y cuales no. Desde una perspectiva institucional descaradamente aporófoba, misógina, heteronormativa, racista y capacitista, los instrumentos de valoración son las herramientas de disciplinación para el aparato del Trabajo Social. Así, del Patronato franquista a los Servicios Sociales actuales1, los asaltos al vínculo materno, arrancamientos y tutelas son modos de subrogación y nuevas formas de robo de criaturas. Concretamente, el 78% de los asaltos al vínculo materno mediante arrancamientos nada tienen que ver con situaciones de violencia hacia las criaturas2.
Así está, pues, el lodazal: la relación capital-trabajo (empleo) se ha roto. El Estado interviene para rescatar la estructura económica y se agota cualquier posibilidad de redistribución real. Se salvan cada vez menos, a costa de la exclusión de cada vez más “otrxs”. Esa situación es asumida, por igual, por el neoliberalismo y el progresismo que después lloran por la abstención de quienes no votan porque no pueden o porque no tienen nada que necesite ser defendido en un parlamento. La clase media «indignada» y las excluidas desahuciadas de pan, con hambre de techo y soñando pasaportes de la UE. Ya no existe posibilidad de generar nuevos ciclos de crecimiento económico. El exceso de capacidad convierte al tejido productivo típico en una ruina obsoleta que no deja de ser rescatada una y otra vez. Toca parar y mirar, cara a cara, al capitalismo político.
Como la lucha de clases, encajada en lo productivo, nos deja enfermas o nos deja fuera, llevamos la subjetividad de clase a lo reproductivo
Las identidades maternas históricamente devaluadas y despojadas no estamos dispuestas a seguir la flauta de la empleabilidad. La cuestión social es la necesidad hecha reivindicación y como la lucha de clases, encajada en lo productivo, nos deja enfermas o nos deja fuera, llevamos la subjetividad de clase a lo reproductivo. Hoy más que nunca queremos “Dinero Gratis” y mientras la discusión se eterniza, pasa la vida entre debates sobre RBU y propuestas de Empleo Garantizado. Se nos hace imprescindible concretar la salarización de los cuidados, más allá de su externalización. Un esbozo de ficción posible es el Estatuto Materno, “ejercicio de materialización de una posibilidad política irreverente” condensado en 44 páginas y 134 artículos en los que se subvierte el orden del pater dinamitando los simbólicos sexual, jurídico y económico del rincón donde se quiere a la maternidad. “Una subversión de la Sindicata de Madres que nos devuelve la agencia a quienes nos hundimos en el barrizal de los trabajos maternos y desatiende las llamadas al orden de ese feminismo que nos mutea desde sus techos de cristal. (…). Volver la mirada al feminismo autónomo. Encajar y posicionar un debate pendiente sobre la actualización de la demanda del salario para el trabajo doméstico, llevándolo al ámbito situado del maternaje, y colocar al fin la discusión en el marco del antiproductivismo antifamiliarista”.
El contexto marca las coordenadas. Lo reproductivo no podrá ocupar posiciones centrales en la formulación de futuribles de plenitud si no recuperamos la salarización de los cuidados, como demanda histórica ampliada3. Avanzar en propuestas que no dejen, como en cada salida de crisis, a ese 20% de población en un lodazal de sala de espera guardando turno para una integración que ni nos contempla ni nos representa. “Lo marginal no puede ser representado. La política de los márgenes es irreductible a la política representativa. Es política autónoma que construye sus mediaciones y afianza su propia institucionalidad”. Pues afiancemos, afiancemos con avaricia.
Este verano hemos seguido trabajando en todos aquellos lugares en los que las feministas de cuello blanco tampoco tendrían nada que conciliar. Limpiar, pelar, freír las vacaciones de otras te hace amar septiembre, porque la violencia compartida es más divertida y sacando papel y dientes, ni miniparos, ni IMV deberían estar por debajo del “importe del Aporte Comunitario al Maternaje” (ACOMAT, artículo 120 del Estatuto Materno), que “coincidirá con el salario medio masculino más alto del Estado español al tiempo de iniciarse el derecho a percibirlo”. Cuando cae la temporada, escúpele al SEPE, y a por la bancarrota final.
- Imprescindible al respecto Consuelo García del Cid, tanto en su obra El desmadre de los Servicios Sociales, como en la intervención ante el Senado del Estado español en 2017 o su participación en el conversatorio Herida social y lógicas de crueldad, con Paz Francés, Luisa Fuentes y Alba Schiaffino, publicado en la revista Concreta, 22 “Maternidad, un sufrimiento exquisito”. ↩︎
- El libro “Maternidades en resistencia: trayectorias de supervivencia en los márgenes” incorpora un completo análisis basado en los propios instrumentos de valoración en uso por los Servicios Sociales de varias Comunidades Autónomas. ↩︎
- En el Conversatorio Salario para maternar: una revisión feminista y de clase sobre instrumentos urgentes para la emancipación de los trabajos de cuidados en el ámbito del maternaje (accesible en https://www.youtube.com/watch?v=amXqq5ludgY), se recoge el testigo del curso Vidas no domesticadas.Feminismos, reproducción social y cuidados, de Traficantes (https://traficantes.net/nociones-comunes/vidas-no-domesticadas ) actualizando e incorporando el análisis de, entre otras, Luisa Fuentes (coautora de Por un Estatuto Social de los Cuidados. Escritura colectiva de una ficción jurídica con efectos reales, disponible en https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/estatuto-social-cuidados), la jurista y activista Marta Busquets, integrantes de PETRA (Plataforma para la reclamación de Permisos Transferibles ) y Emakume Migratu Feministak Cuidadoras Sociosanitarias. ↩︎
