En un mundo en que los jóvenes se educan, socializan e incluso politizan a través de Internet, Pedro Sánchez ha hecho un nuevo anuncio siguiendo la estela de los gobiernos británico y sueco: prohibir las redes sociales a los menores de dieciséis años. Si bien entiendo la preocupación que puedan generar en los entornos familiares y educativos las consecuencias nocivas del abuso de redes sociales y la hiperpresencia digital, la vía del prohibicionismo nos puede llevar a escenarios aún peores. Porque, seamos honestos, los menores no van a dejar de acceder a redes sociales, ahora lo harán por salvoconductos que convertirán su uso en algo secreto, clandestino, un uso potencialmente peor.
Para poder situar el debate, es importante señalar un error en la conceptualización de las redes sociales: el gobierno las enuncia como un bien de consumo, un negocio privado potencialmente nocivo para la salud, como si fueran tabaco o una bebida alcohólica. Sin embargo, y sin omitir que es cierto que las redes sociales pertenecen al conglomerado empresarial de algunos de los hombres más ricos del mundo, el uso que les damos jóvenes –y no tan jóvenes– no es el de un bien de consumo, el de un negocio privado, sino que las pensamos como un espacio de intercambio que se asemeja mucho más a un espacio comunitario: un ágora, una plaza, el espacio público. Un lugar donde intercambiar opiniones, donde relacionarnos, donde ser y ser vistos construyendo una identidad, un espacio compartido donde la comunidad, sus conflictos y sus consensos, se exponen, intercambian y construyen.
Esta medida impone de facto un control total sobre el uso de Internet al conjunto de la población
El conflicto real con las redes sociales no reside, por tanto, en un uso potencialmente adictivo o tóxico, como el del tabaco, sino en la fricción que genera el hecho de que aquello que sus usuarios pensamos como espacio público sea en realidad el negocio de unos pocos, y la continua limitación de sus funciones sociales para ir convirtiéndolas paulatinamente en un centro comercial. Es decir: el problema es nuestra incapacidad para generar un espacio constructivo, amable y pedagógico para la socialización de niños, adolescentes y adultos, incapacidad impuesta por el algoritmo. Esta medida del gobierno, lejos de atajar el problema de raíz, empeora la situación: un estudio de la Universidad de Stanford coordinado por David Lang y Anna Musquera demuestra que la implementación de la verificación de edad en algunos estados de EE.UU. de forma pionera, lejos de proteger a niños y adolescentes, simplemente ha provocado un desplazamiento de los usuarios hacia redes más opacas. Y no hablamos sólo de usuarios menores de edad, sino también de adultos porque, aunque esta medida se presente como un mecanismo de control sobre los menores, lo cierto es que impone de facto un control total sobre el uso de Internet al conjunto de la población, forzada ahora a escanear su DNI o su cara antes de acceder a webs y aplicaciones.
Entonces, ¿por qué tanta insistencia en aplicarla? Porque esta nueva medida no va sobre protección de la infancia, esta medida va sobre una mina de oro: nuestros datos.
¿A quién beneficia realmente la verificación de edad?
Los mecanismos de verificación de edad son caros. Requieren de una tecnología, un espacio de almacenamiento y de procesamiento, y unas herramientas de IA para la comprobación automática de los datos o bien para interpretar los rasgos faciales de los usuarios que los sitios web no pueden permitirse pagar. En consecuencia, lo que ha ocurrido en EE.UU., Reino Unido o Suecia es que las empresas subcontratan a un tercero, una compañía especializada en ofrecer estos servicios, para implementar la barrera en sus webs. Compañías que pertenecen, para sorpresa de nadie, a los mismos empresarios que poseen las redes sociales: yo me lo guiso, yo me lo como.
Supone una mina de oro para las compañías que llevan ya unos años enriqueciéndose con la compraventa de datos privados
En la práctica, la implementación de la verificación de edad refuerza la posición de las grandes tecnológicas —como Meta y Google—, que no actúan necesariamente como proveedoras directas del servicio, pero sí como actores centrales en el diseño de los estándares, las infraestructuras y los ecosistemas donde estos sistemas se despliegan. La verificación de edad, lejos de confrontar con las grandes corporaciones que han diseñado expresamente un Internet hostil para las criaturas, colabora con ellas. De hecho, Mark Zuckerberg ha sido uno de los mayores activistas para la implementación del sistema acompañado de gobiernos conservadores de diferentes Estados de los EE.UU. Y este sistema, en que un tercero escanea, identifica y, muy probablemente, almacena todos los datos que hay en nuestros DNI –datos que van mucho más allá de la edad– es cualquier cosa menos un Internet más seguro. Supone, eso sí, una mina de oro para las compañías que llevan ya unos años enriqueciéndose con la compraventa de datos privados, y un gran paso atrás en la supuesta soberanía digital europea que los gobiernos dicen defender.
No estamos ante un sistema de identificación de menores, sino ante un sistema de identificación de adultos justificado por una supuesta protección de los menores
Hace casi dos años, cuando el sistema empezó a implementarse en diez estados americanos, la investigadora Sarah Scheffer ya alertaba sobre los riesgos a los que los gobiernos nos estaban empujando con esta normativa en el brillante artículo Age verification systems will be a personal identifiable information nightmare. En resumidas cuentas, Scheffer no advertía solamente sobre el almacenamiento de todos esos datos personales que podrían acabar en manos de gobiernos y empresas privadas con oscuras intenciones, como ya está sucediendo con ICE, que compra datos de ciudadanos estadounidenses y los utiliza en sus detenciones y asesinatos. Explicaba además, cómo estas herramientas permiten rastrear qué webs visita cada uno de esos ciudadanos identificados por el control de edad. Esta herramienta vincula el historial de búsqueda a un DNI, información más que sensible que, en un futuro quizá no muy lejano, podrá ser usada contra nosotras. Porque, hablemos con honestidad: no estamos ante un sistema de identificación de menores, sino ante un sistema de identificación de adultos justificado por una supuesta protección de los menores, algo muy diferente.
Como ironizaba sobre esta nueva norma el psicólogo y divulgador Álvaro Saval en su perfil de Instagram, “la mayoría de víctimas de estafa digital son personas mayores y nadie plantea quitarles el acceso a un teléfono”. ¿Por qué se centra, entonces, la motivación de esta legislación en las criaturas? Porque es más sencillo que pasemos por el aro si está en juego la inocencia de un niño, aunque el niño en cuestión –y su inocencia– sean mera retórica.
¿Es que nadie va a pensar en los niños? Un regreso a los pánicos morales
Tanto en los EE.UU. como en Reino Unido, Suecia y, ahora, España, la motivación oficial para implementar el control de edad parte de un pánico moral que hace más aceptable su aplicación obligatoria: Internet es peligroso para las criaturas. No vamos a negar aquí que Internet ofrece, efectivamente, acceso a una enorme cantidad de contenido violento, cruel e inhumano, pero ello no debería ser excusa para negar que, aquello que se considera inapropiado para la infancia, es un concepto subjetivo y opinable, no universal, que merece un debate serio y calmado. Recordemos que vivimos en un país que ha considerado históricamente inapropiado emitir un beso entre dos hombres en horario infantil, pero no a dos hombres matándose. Y este tipo de prejuicios a la hora de construir lo apropiado y lo inapropiado va a pesar a la hora de imponer la verificación de edad en España, porque así lo ha hecho en los países que lo han aplicado previamente.
Internet es un espacio de socialización del que expulsar a una parte, ya sea por edad, por origen o por cualquier otro motivo, debería ser considerado discriminatorio
Me permitiréis que proceda a un relato personal para explicar este dilema moral que se nos plantea: soy un mariquita que creció en un pueblo de ciento veinte habitantes, en la llamada Siberia española. El pueblo más cercano tenía aún menos población, y la capital de comarca no llega al millar. En ese contexto, aquel primer router cuyas entrañas podías escuchar al levantar el auricular del teléfono me envió un mensaje muy potente: no era anormal, no era raro, no era un extraterrestre. Había más mariquitas como yo en el mundo. Más tarde, como adolescente, no solo supe que había otros mariquitas, sino que podía interactuar con ellos. MySpace, Fotolog y, unos años después, Tuenti me educaron en unas amistades entre iguales de las que la vida física no podía proveerme y me hicieron feliz. Ni qué decir tiene todo el acceso a la cultura que aquel Internet sin control, pirata en el mejor de los sentidos, permitía a un adolescente que no tenía museos, cines ni conciertos a mano. Y sí, existía el bullying, los insultos y la violencia en aquel Internet, pero porque las redes son una extensión de las aulas, y sería deshonesto fingir que son las causantes de un mal que ya se daba, previamente a su existencia, en colegios e institutos. Y claro, también vi porno gay, pero puedo garantizar que fue mucho menos dañino para mi educación sexual que escuchar al sexólogo de mi instituto decir que la homosexualidad era una enfermedad. Para los niños y jóvenes con una identidad disidente de la norma, lejos de un lugar violento, Internet puede ser también un refugio, el lugar en el que socializar, descubrirse y crecer como persona. Y para el conjunto de la sociedad Internet es un espacio de socialización del que expulsar a una parte, ya sea por edad, por origen o por cualquier otro motivo, debería ser considerado discriminatorio.
Lo cierto es que crecí sin darle más importancia al papel que Internet ha jugado en mi vida, hasta que, hace cosa de un año, visité Londres por trabajo y descubrí que no podía acceder a Grindr, una conocida aplicación de ligoteo entre hombres, porque allí se había aprobado una ley –la Online Safety Act– que obliga a las plataformas a impedir el acceso de menores a contenidos considerados “dañinos”, especialmente los que contengan contenido sexual explícito. Esto ha conducido a que aplicaciones como Grindr exijan identificación obligatoria. La verificación de edad exigía presentar un documento de identidad que, en mi caso, decidí no presentar, algo que me hizo plantearme una pregunta importante: ¿y si fuera una persona en situación irregular, sin documentación ninguna? ¿Tiene Reino Unido derecho a prohibirme ligar o conocer a otras personas queer? Y si fuera una persona dudando de su sexualidad ¿esta barrera me asustaría y me impediría descubrirme?
Grindr puede ser el primer lugar de contacto con la cultura queer para personas que aún están descubriendo quiénes son
Más allá de que el sexo deseado entre dos o más adultos no me parece condenable –aunque a Reino Unido le resulta, al menos, sospechoso–, Grindr y otras aplicaciones de ligoteo sirven a las personas como un espacio donde conocer a otras personas LGBTI+ con las que crear redes de apoyo, amistades o una nueva familia. Pueden ser también el primer lugar de contacto con la cultura queer para personas que aún están descubriendo quiénes son. ¿Quién es el gobierno británico, sueco o español para ponerle límites a esto? O, incluso en el caso de que fuera usada, efectivamente, para encontrar una pareja sexual: ¿debe el Estado impedir el sexo entre menores de edad LGBTI+? ¿Acaso no follan muchos adolescentes heterosexuales en los institutos? La medida podría recordar a aquellos tiempos pretéritos en que la mayoría de edad para las relaciones homosexuales se situaba unos cuantos años por encima de la mayoría de edad para las heterosexuales, una diferencia cimentada exclusivamente en el prejuicio y el pánico moral.
Movido por esta incomodidad, decidí profundizar en el asunto y descubrí que, no es solo que se impida el acceso a Grindr y otras aplicaciones de ligoteo, es que bajo la premisa de proteger a las criaturas se ha implementado la verificación de edad en el país para acceder a páginas sobre educación sexual, divulgación sobre identidades LGBTI+ o cómo acceder a tratamientos para jóvenes trans. Y no es casual, ya que en dicho país la verificación de edad fue implementada con el sonoro apoyo de entidades, asociaciones y celebridades que han hecho campaña abiertamente contra los derechos de las personas trans y bajo el pánico moral a que Internet esté contagiando la condición queer a niñas y niños. Según señala en Bluesky el investigador en derechos LGBTI+ de la UE, Curro Peña, aquí mismo, en España, el gobierno ha citado como uno de los expertos que promueven esta verificación de edad a Carlos Chiclana, sexólogo que oferta en su catálogo terapias para atajar “trastornos de identidad sexual”.
¿Caparán el acceso a las redes sociales si la sociedad las utiliza para ocupar de nuevo las plazas o rodear el Congreso?
Me gustaría poder decir que esta herramienta se va a limitar a impedir el acceso a un Internet libre a las personas LGBTI+, pero lo cierto es que este puede ser tan solo el primer paso para normalizar la censura de Internet: ¿acaso no es deseable que todo adolescente pueda leer webs sobre educación sexual? ¿Qué vendrá después? ¿Limitar webs sobre cómo abortar en la sanidad pública? ¿Sobre cómo obtener la residencia legal, sobre cómo sindicarse laboralmente, cómo denunciar a tu casero? ¿Censurar medios incómodos o críticos? Una vez abiertas las compuertas, por ellas puede derramarse cualquier cosa. Y ya no implica solo la percepción subjetiva de qué es o no es apropiado para las criaturas, sino qué es y qué no es una red social. ¿Lo son WhatsApp y Telegram? ¿Podrán censurarlos si convocamos una manifestación a través de ellos? ¿Caparán el acceso a las redes sociales si la sociedad las utiliza para ocupar de nuevo las plazas o rodear el Congreso?
Nuevamente, la ambigüedad de esta norma no parece conducir a la protección de ningún ciudadano, sino al beneficio de aquellos que están en una situación de poder para definir qué es y qué no es apropiado, qué es y qué no es censurable, qué merece ser promovido y qué merece ser ocultado en la red.
¿Hay alternativa?
Si la sociedad actual muestra unos patrones de conducta que hacen necesario un espacio público digital, la pregunta pertinente sería si no deberían las instituciones actuar garantizándolo. Prohibir el uso de redes sociales es, por un lado, la medida aparentemente más lógica y sencilla, pero también la menos transformadora y la que menos recursos, reflexión y esfuerzos requiere. Por otro lado, supone también rendirse a que las redes sociales, e Internet al completo, sean un negocio privado manipulado perversamente por intereses empresariales, y renunciar a todo su potencial como espacio educativo, de convivencia, de debate, de politización y de construcción de consensos. Quizá ha llegado el momento de reclamar la autonomía digital, de recuperar las redes sociales de las manos avaras que las gestionan y de hacer, como ya hicimos con la sanidad y la educación, como deberíamos hacer con la vivienda, un Internet público.
Quizá ha llegado el momento de hacer un Internet público
Volviendo a la metáfora del tabaco y el espacio público, el problema no es que las redes sociales sean tóxicas, el problema es que las redes sociales son como ese espacio público lleno de terrazas de bar, eventos publicitarios y aparcamientos privados en el que ahora el gobierno quiere prohibir a los niños jugar a la pelota. Son clasistas, conducen todos los usos posibles del espacio hacia el consumo y ponen peajes a la diversión, la información, la educación o la socialización. Persiguen los usos ociosos y gratuitos que, potencialmente, podrían ser muy beneficiosos, incluso necesarios, para niños, jóvenes y adultos. Con el objetivo de ganar dinero, en lugar de convivir, nos obligan a competir.
Lo que debería hacer una política pública sobre Internet es limitar el lucro privado, el monopolio y el poder absoluto
Quizá, en lugar de trasladar la responsabilidad sobre los usuarios, en lugar de ponerle puertas al campo, lo que debería hacer una política pública sobre Internet es limitar el lucro privado, el monopolio y el poder absoluto que cuatro o cinco empresarios han establecido sobre la red. Si con el paso de los siglos hemos comprendido que en el espacio público ha de priorizarse el interés común, quizás ha llegado el momento de confrontar a los amos de Internet e imponerles, también, el interés común. Si con el paso de los siglos hemos aprendido que el interés común es una cuestión maleable, que muta a través del conflicto materializado en el espacio público, quizá Internet también debería dejar lugar a la incomodidad y al conflicto. Sería este un Internet donde no censuremos las fricciones o la disidencia, sino que eduquemos en la capacidad crítica y el discernimiento para que niños, jóvenes e, insisto, adultos, puedan exponerse a la diferencia, puedan decidir personalmente qué es y qué no es violento, puedan formarse, crecer, divertirse y relacionarse sin estar sometidos a una vigilancia que conlleva obediencia, conformismo y silencio.
Si algo sabe un mariquita criado en un pequeño pueblo, es que el silencio, la homogeneidad, la obediencia sin conflicto ni fricción ni protesta, donde mejor se dan es en el cementerio.
