Tras los años de la pandemia, el ciclo de luchas en las universidades ha renacido. Y ya no hablamos solo de un movimiento estudiantil, sino que el actual movimiento por la Pública incluye a toda la comunidad universitaria: profesorado, personal de gestión y otros grupos afines a los problemas del ámbito educativo. Tras un 2025 muy intenso, culminamos con la huelga del pasado noviembre (26 y 27), la concentración en la Consejería de Educación y la manifestación que desbordó la Puerta del Sol. ¿Cuáles han sido las características del movimiento, y cómo podemos avanzar?
De las Acampadas por Palestina a las Huelgas de 2025
Las luchas en la universidad madrileña atravesaron un paréntesis de al menos una década entre 2014 y 2024. Tras el momento álgido con las mareas verdes de 2012 y 2013, llegaron las horas bajas, sobre todo durante los años de la pandemia, en unos campus que históricamente han sido motor de iniciativas.
¿Cómo se logró quebrar la desmovilización? El punto de inflexión fue sin duda la irrupción global de las Acampadas por Palestina, que en Madrid se desarrollaron en mayo y junio de 2024. Se reabrió así un nuevo ciclo gracias sobre todo a la iniciativa de un nuevo movimiento estudiantil, que supo canalizar una nueva ola de luchas que ya se intuía latente desde 2023.
En el plano laboral, desde 2017 se había ido produciendo una lenta reposición de las miles de jubilaciones que no se habían cubierto durante los años previos. De esta manera, una nueva generación se estaba incorporando a trabajar en la institución. A pesar de la relativa renovación de las plantillas, la universidad madrileña no conseguía salir de su larga crisis. El dato más elocuente es que, en 2024, Madrid era la única de las diecisiete comunidades que no había recuperado sus niveles de inversión previos a la crisis de 2008. La política de parches ya no se pudo estirar más, y el déficit de la Complutense se hacía oficial ese mismo año, lo que derivó en una injustificable ronda de recortes presupuestarios.
En este contexto arrancaron las nuevas Plataformas por la Pública, concretamente tras la asamblea de Somosaguas del 4 de diciembre de 2024, a la que acudieron representantes de la UCM y la UAM, a quienes posteriormente se unieron la UAH, la UC3M, la UPM y la URJC. Con esta emergente coordinación, las recién nacidas plataformas decidimos unirnos al proceso de la educación pública no universitaria que llevaba ya dos años movilizándose en Menos Lectivas, con la demanda básica de revertir los ajustes derivados de la crisis de 2008.
A pesar de la relativa renovación de las plantillas, la universidad madrileña no conseguía salir de su larga crisis
Así, el 23 de febrero de 2025, doce años después de las mareas verdes, toda la educación pública madrileña nos volvíamos a manifestar conjuntamente, para exigir algo tan básico como la recuperación de las condiciones previas a la crisis. El éxito de aquella convocatoria nos indicaba que estábamos ya mordiendo el fondo del problema, y tras el 23F, apostamos por avanzar con un siguiente paso: la huelga del 28 de abril.
Justo antes del 28A, la educación pública no universitaria y el proceso de Menos Lectivas entraban en un cambio de ciclo por la firma de un Acuerdo sectorial1 que puede leerse políticamente como la reacción por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) destinada apagar el fuego antes de que prendiera peligrosamente la movilización transversal de todos los niveles educativos. A pesar de ello, la huelga del 28A logró un gran seguimiento en el ámbito universitario, aunque quedó algo diluida porque por desgracia coincidió con el Gran Apagón que tuvo lugar el mismo día. Este cierto amargor se pudo resolver con el esfuerzo extra de la manifestación que se convocó el 22 de mayo.
Tras el verano las movilizaciones de la educación universitaria continuaron con el trabajo de extensión, que en paralelo, se entrecruzó con las luchas por Palestina. Finalmente, tras una laboriosa coordinación de las seis plataformas de las Universidades Públicas, decidimos aumentar la apuesta convocando una huelga de dos días para noviembre.
Los motivos de la movilización: la asfixia y la LESUC
¿Qué razones de fondo han motivado el levantamiento de las universidades públicas este año? Se pueden resumir en dos: la asfixia presupuestaria y la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC).
1% del PIB, 100% para las Públicas
En primer lugar, lo más injustificable de la «nueva austeridad» es que se nos está aplicando en una época de crecimiento macroeconómico y en la región más rica del país. A pesar de años de bonanza, todos los indicadores económicos de las universidades mostraban un largo proceso de «estrangulamiento» —ha sido otra de las metáforas empleadas— que no solo se puede explicar por la obvia intencionalidad política por parte de la CM.
A pesar de años de bonanza, todos los indicadores económicos de las universidades mostraban un largo proceso de «estrangulamiento»
El principal motivo para llevar a cabo un adelgazamiento programado de las seis universidades públicas madrileñas es el posibilitar un paralelo engordamiento de las universidades privadas: un total de 14 empresas que, entre otros recursos, ya han capturado a un tercio del estudiantado madrileño y a un 30% del profesorado —que se ha formado en general gracias a la inversión pública—. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido construir y expandir silenciosamente un enorme «mercado de la universidad», siguiendo el modelo del «mercado de la sanidad» o el «mercado de la vivienda».
Los dos tercios del sistema universitario que actualmente quedan bajo el paraguas público forman en estos momentos a unos 200.000 estudiantes y emplean directamente a 35.000 trabajadoras en unos 200 centros universitarios. Este sistema público se inserta en unas redes público-privadas muy amplias, que van desde todas las empresas subcontratadas a todo el tejido dependiente de las actividades de investigación, hasta todo lo relacionado con la movilidad estudiantil y académica. Para todo este volumen de actividad, se destina ahora mismo en torno al 4% del presupuesto de la CM, que supone aproximadamente un 0,4% del PIB de la región, y en cifras brutas supone un pastel de unos 1.200 millones de euros.
Los dos tercios del sistema universitario que actualmente quedan bajo el paraguas público forman en estos momentos a unos 200.000 estudiantes y emplean directamente a 35.000 trabajadoras
En este plano, el objetivo del movimiento por la Pública es que el gasto público en educación universitaria —no incluye I+D— alcance la media de la OCDE: el 1% del PIB. En Madrid, este porcentaje significaría, al menos, doblar el presupuesto actual. Podría parecer una cifra alta si nos resignamos a sobrevivir a corto plazo, pero realmente no es mucho si aspiramos a solucionar el problema de fondo: contrarrestar y reabsorber la parte de nuestro sector que ya se ha comido el capital privado. No es mucho tampoco si creemos que las funciones de producción de conocimiento y de formación de fuerza de trabajo cualificada deben ser servicios públicos. Y desde luego, sigue siendo ínfimo si lo comparamos con las demenciales propuestas de destinar el 2%, o el 5% del PIB español, a la industria militar.
Abajo la LESUC
Junto con la asfixia, hace años que se venía avisando de una nueva ley de universidades madrileña. El secretismo con el que se redactó no fue casual —y a día de hoy seguimos sin conocer en detalle a sus autores—, porque la LESUC no es una ley más. Se trata de un complejísimo proyecto de 176 páginas y 231 artículos en su último borrador. Pretende redefinir y construir una nueva arquitectura institucional en todos los ámbitos de la educación superior. Para su análisis, hemos sintetizado este proyecto en cuatro ejes: pérdida de autonomía, mercantilización, infrafinanciación y precarización.2
La nueva ley impone una mordaza universitaria con sanciones absurdas de hasta 300.000 euros, por hechos como colocar pancartas
Entre sus principales pilares y motivo de su posible inconstitucionalidad, la LESUC profundiza el control político-empresarial de la universidad pública a través de los Consejos Sociales, subordina todo a la gigantesca burocracia neoliberal de la «calidad», o impone una mordaza universitaria con sanciones absurdas de hasta 300.000 euros, por hechos tan graves como «colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización» o «la celebración de referéndums ilegales» (sic.).
En resumen, la LESUC es el gran asalto preparado del PP de Madrid a la autonomía universitaria madrileña, y su capacidad institucional para producir investigación, enseñanza y contrapesos sociales independientes del poder político y económico.
La cadena de mando y el gobierno de la universidad
Para ejecutar el proceso de estrangulamiento económico e imposición de la LESUC, se ha puesto en evidencia que el carisma de Ayuso no es suficiente en este caso. Cuando hablamos de justificar un shock institucional de tal magnitud en el corazón de un servicio público tan fundamental, no basta con soltar barrabasadas como «la universidad está colonizada por la izquierda».
Por eso, ante la falta total de participación en la LESUC y la ausencia de consensos mínimos, el Gobierno de la CM lleva mucho tiempo buscando cómo conseguir que sus órdenes se transmitan de arriba abajo con los menores obstáculos posibles, a través de esos «mandos» que son principalmente los seis rectorados. Para descomponer con más detalle los distintos eslabones de la cadena en tensión en todo este proceso, podemos ver el siguiente esquema:
Tenemos múltiples ejemplos que dan cuenta de la importancia política que tiene en esta coyuntura la correcta subordinación de los rectores: desde la esperpéntica designación de Ayuso como alumna «ilustre», a las polémicas elecciones de los rectorados en la Autónoma o la Complutense —con las Nuevas Generaciones del PP con mochilas llenas de papeletas de Joaquín Goyache—; hasta el viaje a Miami del pasado verano. Estos son solo algunos de los ejemplos más groseros.
Todo este circo público, junto con lo que haya de inconfesable en sus reuniones a puerta cerrada, muestra que la colaboración activa de los seis rectorados es una condición clave, aunque no suficiente, para poder aplicar la asfixia y aprobar la LESUC. Y el Gobierno de la CM cree que si convence, o compra, a esos seis mandos, habrán ganado la batalla.
En caso de que la LESUC entre a trámite, una acción que habría que valorar podría ser la convocatoria de un referéndum sobre la propia ley
Pero el problema para el Gobierno de la CM es que sabemos muy bien que seis representantes no pueden ir por su cuenta contra los intereses de una comunidad universitaria informada y movilizada, que podría en última instancia desobedecer, y tumbar, a sus mandos superiores. Por ejemplo, en caso de que la LESUC entre a trámite, una acción que habría que valorar podría ser la convocatoria de un referéndum sobre la propia ley, así como sobre la legitimidad de un eventual apoyo de los rectores, para evidenciar así su carácter antidemocrático.
No es nuestra intención demonizar a priori a un rector por el mero hecho de serlo, sin embargo no podemos tener confianza en quienes no se la han ganado, menos cuando ya están aplicando sin rechistar los recortes—, teniendo en cuenta además el poder del Gobierno de la CM y el del propio capital de las catorce universidades privadas, que no dejan de ofrecer jugosas puertas giratorias a exrectores y exgerentes. Este ha sido el caso de Juan Romo, exrector de la UC3M que ahora «trabaja» para el fondo de inversión de la Alfonso X el Sabio, o Rafael Puyol, exrector de la UCM que gestiona ahora la UNIR y el IE.
Composición y autonomía del movimiento
Para que el gobierno madrileño y sus rectores no nos puedan vender fácilmente, la estrategia del movimiento ha sido construir nuestra propia fuerza de manera autónoma, a través de plataformas unitarias, descentralizadas y asamblearias. Ante los múltiples grupos estudiantiles y laborales y las desigualdades generacionales, salariales o de categorías, las plataformas están siendo la mejor manera de construir una fuerza unida frente al Gobierno de la CM.
Hacia fuera tenemos que seguir defendiendo el interés de las mayorías sociales por la educación y la investigación públicas
Si bien las plataformas respetan a la pluralidad de organizaciones particulares, nuestra lucha ha escalado y escalará en la medida en que sepamos cooperar generosamente por nuestros intereses comunes. En este sentido, a la interna debemos seguir potenciando el debate honesto y el trabajo organizativo inclusivo, y hacia fuera tenemos que seguir defendiendo el interés de las mayorías sociales por la educación y la investigación públicas, por encima de posibles derivas corporativistas.
En la composición laboral del movimiento, ha habido una alianza virtuosa de los sectores sensibles al carácter de servicio público de la universidad, potenciados por una nueva generación que hemos conseguido romper con algunas inercias de pasividad política y sindical. Mucha gente no aceptamos ya el «tú dedícate a la rueda del hámster» y el «no te metas en política», un sistema de competencia individualista que ha generado grandes dosis de malestar. Frente al gobierno neoliberal y jerárquico de la universidad,3 las propuestas del movimiento están canalizando también el deseo de investigar, enseñar, trabajar y relacionarnos en lógicas democráticas y cooperativas.
Además, la fuerte entrada del capital privado en la educación pública es otro elemento clave que permite explicar el auge de nuestra movilización como clase trabajadora. Como han señalado importantes analistas, el profesorado es un actor global emergente en el auge del conflicto laboral y la huelga, dada nuestra posición estratégica en la división social del trabajo y las dificultades de la «industria» de la educación para deslocalizarse.
Respecto a la composición estudiantil del movimiento, obviamente el impulso actual no se puede entender sin la nueva hornada de estudiantes y asociaciones. Esta generación no tiene desde luego un futuro fácil, y precisamente por ello no está dispuesta a que unos privatizadores les destrocen el porvenir. En este tiempo, nuestro estudiantado está demostrando una cultura política y organizativa en muchos casos muy envidiable, si comparamos con la que mucha gente tuvimos en generaciones anteriores. Y salvo contadas excepciones, están sabiendo también desactivar las lógicas competitivas internas y contribuir generosamente al ecosistema de las plataformas.
Esta generación no tiene desde luego un futuro fácil, y precisamente por ello no está dispuesta a que unos privatizadores les destrocen el porvenir
Respecto a las grandes ausencias del movimiento por la pública, podemos resumirlas en tres subgrupos: 1) una minoría de individuos hostiles contra el movimiento por la Pública, que se creen intocables en sus respectivos nichos, y que paradójicamente están participando de su propia autodestrucción; 2) una mayoría que apoya las propuestas del movimiento pero aún no han participado activamente en él —ya sea por su precariedad, ya sea por quedar atrapados en la mencionada rueda del hámster o por una distancia relativamente acomodada—; 3) los grupos más precarios de trabajadoras, especialmente las subcontratadas —sí, en femenino, que entre otras cosas nos dan de comer y limpian nuestras aulas— que aún no hemos conseguido incluir, aunque sin duda les afecta directamente la asfixia.
Manifestación Educación, 23F. Autor: Manu del Valle.
Avances y logros del movimiento por la Pública
En 2003, fue Esperanza Aguirre quien, como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que «el mejor servicio público es el que menos gasta»; o Javier Lasquetty, que aseguró que «hay que ofrecer a las clases medias soluciones de educación y sanidad en el mercado». Seguramente podemos afirmar que la actual generación neocón y neoliberal del PP de Madrid no está confrontando tan abiertamente con lo público en lo discursivo, si bien en los hechos siguen sin duda trabajando para su progresivo desmantelamiento.
A pesar del avance de la privatización, no deja de ser curiosa la relativa timidez en su defensa, tanto en el discurso político como en muchos de los medios de la propia derecha. Que la universidad debe ser un servicio público, y no necesariamente «rentable» en términos de mercado, es claramente un sentido común más afianzado a día de hoy, lo cual es un claro avance que se debe al fuerte trabajo comunicativo del movimiento. Cuando en la misma semana de la huelga del 26 y 27 de noviembre, el Consejero de Educación, Emilio Viciana, saca el comodín de los independentistas como causa de la infrafinanciación, o recurre a los terroristas palestinos de la Facultad de Políticas, está lanzando señales de la creciente debilidad de su discurso educativo.
Así, la mayoría social entiende cada vez más claramente que el negocio de las universidades privadas no se ha extendido gracias a unos audaces emprendedores, sino al trasvase y parasitación de lo público. En este sentido, el movimiento ha contribuido a abrir el debate sobre la regulación del negocio privado en la educación, que no es tanto un problema de «calidad» —como lo planteó el gobierno progresista— como de mercantilización y desigualdad.
La mayoría entiende que el negocio de las universidades privadas no se ha extendido gracias a unos audaces emprendedores, sino al trasvase y parasitación de lo público
Respecto al plano de la asfixia económica, la movilización ha conseguido que el presupuesto para el 2026 haya quedado solamente estancado, en vez de lo que hubiera sido esperable en ausencia de movilización: una ejecución de recortes aún mayor. No podemos celebrar ninguna victoria, pero al mismo tiempo parece claro que no han podido cerrarnos aún más el grifo. La cuestión del modelo y cuantía de financiación debe seguir siendo una batalla abierta, en la cual no nos debe bastar solo con que «suban» los datos brutos del presupuesto, sino que debemos atender también al destino concreto de las partidas, sus condiciones o ejecución.
En el plano de la LESUC, otro logro parcial es que el trámite legislativo sigue retrasándose a pesar de la mayoría parlamentaria del PP, y así hemos perdido ya la cuenta de los borradores filtrados. En este sentido, todo lo que sea ganar tiempo es un logro positivo. Podemos valorar, también, que el primer punto de los 10 ataques que señalamos —el del tope del 70% de financiación pública— ha sido retirado de los últimos borradores, lo que es también un logro parcial. Y gracias a la extensión y presión del movimiento, en este momento sigue sin haber prácticamente nadie fuera del Gobierno de la CM que apoye públicamente los principales elementos de la LESUC.
Por ello, dado que el fuego de la asfixia y la LESUC no ha dejado de avivar el descontento, diversas voces están cuestionando fuertemente a su principal responsable, Emilio Viciana: un Consejero inepto, oscuro, retrógrado y a todas luces carente de carisma, pero que tiene los mandos del futuro de la educación madrileña. Frente a este personaje, podemos rememorar la historia de Lasquetty, quien dimitió tras la acción conjunta de la movilización social y el frente judicial, que consiguieron así la paralización parcial de la privatización de la sanidad en 2014. Por ello, si empujamos para que caiga Viciana, podría caer con él la propia LESUC o al menos sus elementos más sangrantes, que es sin duda la gran batalla que tenemos para 2026.
Por último, habría que hablar de la experiencia de formación política, sindical y de conflicto tanto de la actual generación de estudiantes como de trabajadoras de la universidad. 2025 ha sido un año intensísimo de asambleas, encierros, piquetes, debates, noticias, relaciones… y con nada menos que cuatro días de huelga, una magnitud que cuantitativa y cualitativamente es inédita en la historia reciente de la universidad madrileña.
«Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno», dijo Emiliano Zapata. Y «si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian», ha dicho el movimiento x la Pública. ¿Seremos capaces de cumplir nuestra consigna? Es lo que intentaremos ver en la segunda parte de este artículo.
- Menos Lectivas sufrió la división interna por la firma unilateral de un Acuerdo con la Consejería por parte de los sindicatos de concertación. Para ver la perspectiva de CGT de estos procesos, puede verse el número 67 de Aula Libre, 67. y La Universidad como Trinchera: experiencias de Lucha desde CGT de Mariu Ruiz y Víctor Alonso. ↩︎
- Véase nuestro Análisis del borrador de anteproyecto de la Ley de enseñanzas superiores de la CAM, de CGT-UCM, 08/04/25; o el interesante informe de la UC3M sobre su posible inconstitucionalidad. ↩︎
- Los temas del malestar, la burocratización o el acoso laboral y sexual en la universidad son prácticamente un campo de investigación en sí mismo desde hace muchos años, por citar solo uno, véase el libro La Universidad en conflicto, de 2010. ↩︎
