Uno de los rasgos que comparten las derechas radicales europeas es su insistencia en atribuir la violencia sexual (o el machismo en general) a los migrantes, sobre todo a los de origen magrebí o musulmán. En el caso de España, además, han dibujado expresamente una diana contra los menores extranjeros, que vienen a “violar a mujeres y a niñas”, como insiste Santiago Abascal.
Estos discursos no quedan solo en declaraciones políticas. Han ido acompañados de una andanada por parte de medios de comunicación e influencers ultras que amplifican sistemáticamente casos de agresiones cuando pueden atribuirlas a hombres racializados –más allá de que sea cierto o no–. Presentan estas violencias como fenómenos omnipresentes y crean una percepción de peligro inminente para las niñas o adolescentes. De manera que generan alarmas sociales que refuerzan la sensación de inseguridad que los ultras aprovechan para pedir más policía y más penas. En nuestros barrios y pueblos vemos cómo elementos de las extremas derechas –y gente alarmada por estos pánicos morales– empiezan a movilizarse para llevar a la calle estos marcos racistas en forma de concentraciones, manifestaciones o incluso de persecuciones y ataques contra centros de menores o contra los lugares donde viven migrantes.
La situación es sumamente preocupante, porque la escalada parece ir a más después de un verano caliente, e impone nuevos retos al feminismo. Tras años de construir con tenacidad una conciencia colectiva frente a la violencia machista, no podemos permitir que se convierta en instrumento de control migratorio ni que sirva para justificar nuevas formas de criminalización y refuerzo del nacionalismo racista.
Dar la batalla discursiva
A veces tenemos miedo de hablar abiertamente de estas cuestiones para no reforzar su narrativa. Sin embargo, no podemos esquivar el tema porque la conversación ya está instalada. Ya se habla de eso en los medios, en las redes y en los bares. Si no decimos nada, solo existen sus discursos, que además adquieren una cualidad casi fantasmática –parece que el tema incomoda al feminismo o que no tenemos nada que decir–. Este vacío les sirve en bandeja el argumento: el feminismo calla cuando los agresores no son españoles. De manera que, como ya está haciendo el antirracismo, debemos confrontar directamente estas ideas en nuestros manifiestos, pero también en charlas o formaciones y en cualquier espacio público. Así como en el interior de nuestras organizaciones, para poder reaccionar cuando suceda cerca, si no queremos acabar compartiendo las concentraciones contra la violencia machista con aquellos que portan carteles de “Remigración”. Cuanto más trabajo de barrio hagamos conectando con otros espacios organizados, cuantas más alianzas construyamos con colectivos antirracistas y vecinales, más fácil será confrontar sus ataques cuando sucedan.
Hay que confrontar la instrumentalización del feminismo contra los hombres magrebíes o musulmanes
Esto incluye repensar qué significa un enfoque antirracista en la lucha feminista. No basta con señalar la mayor victimización o desprotección de las mujeres migrantes; hay que confrontar también la instrumentalización del feminismo contra los hombres magrebíes o musulmanes. Porque cuando se les identifica con el fundamentalismo, el machismo irredento y la violencia, el reverso es afirmar una imagen de las mujeres de esos orígenes como víctimas sin posibilidad de agencia, necesitadas de “salvadores” (el debate sobre el velo va por aquí).
Defender a los migrantes es defendernos a todas
Más allá de posicionamientos éticos, hay razones estratégicas para rechazar esta instrumentalización, ya que socava las bases mismas del análisis feminista que necesitamos para encarar esta cuestión. Al desplazar las causas de la violencia machista del terreno estructural al cultural, borra las relaciones de poder, los trabajos precarios que impiden denunciar, la falta de vivienda o la pobreza que atrapa en relaciones violentas, los modelos de masculinidad o su relación con las adicciones o la salud mental.
La alternativa que ofrecen: atribuir el problema a “otras culturas” resuelve mágicamente el machismo de la “nuestra”, que formaría parte de una “civilización superior”. Se ofrecen entonces soluciones simples –expulsar al extranjero– que clausuran cualquier búsqueda de respuestas estructurales. Si aquí no hay machismo, ¿para qué necesitamos políticas de igualdad? Este es el marco de Vox.
También va contra un feminismo de transformación, porque esta criminalización generalizada justifica el refuerzo penal y el aumento del control policial sobre toda la población y sobre el espacio público. Legitima agendas de ley y orden, es decir, que se destinen más presupuestos a las fuerzas de seguridad, dinero que podría ir a servicios sociales, ayudas públicas, vivienda, atención a violencias o mejoras en las condiciones de vida en general. Todas estas son respuestas materiales que permiten a las mujeres escapar, aunque sea parcialmente, de las relaciones de dominación. Es decir, la criminalización retrae recursos de lo que serían formas mucho más efectivas de reducir la violencia social –y por tanto, la violencia machista– que cualquier solución policial.
Por último, tampoco deberíamos olvidar que esta criminalización selectiva de las poblaciones racializadas opera como mecanismo de segmentación del mercado laboral que produce categorías diferenciadas de trabajadores: con y sin derechos –o con derechos limitados– todos compitiendo bajo condiciones cada vez más degradadas. Como advierte Saïd Bouamama, “en un sistema basado en la maximización del beneficio, lo que se impone a la mano de obra inmigrante tiende a convertirse en norma para todos los trabajadores”. Esta dinámica se observa con claridad en sectores como el trabajo doméstico, los cuidados o la agricultura, donde la amenaza permanente de deportación disciplina no solo a las trabajadoras migrantes sino al conjunto de la mano de obra: si ellas pueden ser expulsadas por denunciar abusos laborales, ¿qué condiciones podrán exigir las demás?
La criminalización racista cumple también una función ideológica: evitar la conciencia de una comunidad de intereses entre trabajadores y trabajadoras de distintos orígenes, donde el género también se utiliza para reforzar esta separación y dificultar las luchas conjuntas. Por tanto, desmontar el marco racista no es solo una cuestión de justicia sino también de supervivencia colectiva. Si aceptamos la criminalización selectiva de unos, todas las trabajadoras de los sectores sometidos a mayor explotación quedarán más expuestas a la precarización generalizada, mientras las mujeres de clase media intercambian libertad por una falsa sensación de seguridad.
Respuestas feministas
Cuando los ultras organizan ataques en nuestros barrios y pueblos instrumentalizando marcos feministas, tenemos que actuar. La respuesta feminista ante la instrumentalización xenófoba de la violencia machista puede superar la falsa disyuntiva en la que la ultraderecha nos quiere atrapar: entre condenar la violencia machista o defender a las poblaciones migrantes.
Un ejemplo viene de Colonia (Alemania), donde en la nochevieja de 2015, se produjeron varias agresiones sexuales que fueron atribuidas de manera difusa a migrantes árabes o magrebíes en pleno debate migratorio. La extrema derecha aprovechó la situación para lanzar un ataque furibundo contra la política de acogida de refugiados. Un grupo de mujeres intervino en el debate lanzando el manifiesto #ausnahmslos (#SinExcusas) que firmaron más de 10.000 personas. “Contra la violencia sexual y el racismo. Siempre. En cualquier lugar”. Este adoptó una estrategia que rechazaba la vinculación al marco racista, al tiempo que se exigían recursos para las víctimas –para todas, no solo para las mujeres blancas–. Esta intervención permitió crear un espacio discursivo alternativo al de la extrema derecha.
En España podemos encontrar ejemplos de respuestas feministas que rechazan la instrumentalización racista
En España también podemos encontrar ejemplos de respuestas feministas que rechazan esta instrumentalización racista, como este manifiesto del 8M de 2019 titulado: “Este 8M las mujeres migradas denunciamos la violencia de género y la violencia racista institucional” y firmado por varios colectivos antirracistas y de mujeres. Ese mismo año, las activistas de AAMAS de Manresa –que acompañan casos de violencia machista desde una perspectiva antipunitiva– denunciaron que una violación colectiva se utilizaba para criminalizar al conjunto de jóvenes migrantes sin hogar. Después de ofrecer su apoyo y solidaridad a la víctima, señalaron en un comunicado que fue leído en la concentración de apoyo: “No permitiremos (…) que se use el feminismo, o los derechos de las mujeres para dar cobertura a discursos racistas o que estigmaticen ciertos grupos sociales que ya sufren de forma habitual, estructural y profunda todo el peso de este sistema racista. (…) No queremos que nuestra protección se utilice para generar más violencias contra otros”.
Además, criticaron el tratamiento mediático amarillista que genera una sensación de miedo e inseguridad en las mujeres y que va contra nuestra propia liberación. “Nos resistiremos a todo intento, mediático e institucional, de crear un ambiente de terror sexual que intente inocular en las mujeres, jóvenes y niñas un miedo a que nos relegue y expulse del espacio público y que a la vez justifique un endurecimiento penal y una mayor –e innecesaria– presencia policial en las calles, que, lejos de protegernos, genera toda una serie de abusos y violencias hacia nuestras vecinas y vecinos que forman parte de poblaciones vulnerabilizadas”, decían. Al tiempo que reclamaban entender las causas de la violencia como estructurales y fruto de un sistema que entremezcla desigualdades de género, económicas, y raciales y una serie de medidas políticas concretas.
El verano pasado, este marco estuvo fuertemente activo y sirvió para legitimar distintos ataques racistas en varios lugares. En Alcalá de Henares (Madrid) se produjo una agresión sexual que Vox atribuyó sin pruebas a jóvenes migrantes de un centro cercano cuyo cierre exigía. Varios grupos feministas, antirracistas y partidos se unieron para convocar una concentración contra la agresión y en defensa de los menores y en su comunicado señalaron que “quien nunca ha mostrado la más mínima preocupación por las víctimas de violencia machista no tiene ninguna legitimidad para ahora utilizar este caso con un objetivo político: sembrar una campaña de odio para criminalizar a miles de nuestros vecinos del centro de acogida”.
En otro caso significativo, ese mismo verano en Gran Canaria se convocó una concentración ultra contra un centro de acogida de inmigrantes después de que uno de ellos fuese acusado de prenderle fuego a una joven (La realidad fue que intentaba salvarla, pero tuvo que pasar dos meses en prisión preventiva hasta que la joven pudo declarar a su favor). La protesta de extrema derecha implicaba un paso más porque pretendía hacerse pasar por una convocatoria feminista. Los convocantes de la movilización xenófoba modificaron su imagen, y perfiles que habitualmente difunden contenidos antiinmigrantes adoptaron el color morado y lemas feministas. La Red Feminista de Gran Canaria denunció esta apropiación en un comunicado contrario a la convocatoria en el que se señalaba que “no se puede proteger a las mujeres fomentando el odio hacia otras personas vulnerables”.
Lo que todos estos casos evidencian es que sí es posible articular respuestas que destruyan el marco ultraderechista. En cualquier caso, y más allá de las necesarias respuestas puntuales, nuestro reto es trabajar a largo plazo desde un feminismo que solo puede ser antirracista si no quiere ser vehículo de exclusión. Porque las consecuencias políticas de la conversión de los migrantes en clases peligrosas van contra nuestra propia liberación, que solo es posible en una sociedad radicalmente igualitaria para todos y todas. Porque la violencia machista no constituye un fenómeno aislado sino una expresión más de las lógicas de dominación que organizan nuestras sociedades, y se ven reforzadas por la lógica del beneficio a toda costa y el sufrimiento social que deja allá donde se instala. Desmantelar estas estructuras exige rechazar estos relatos que ofrecen protección a determinadas mujeres –blancas, de clase media– a cambio de aceptar la exclusión de determinadas categorías de personas, mientras convierten la igualdad de género en coartada para políticas de expulsión, cierre de fronteras y explotación laboral.
