Para conocer a qué nos enfrentamos con la reciente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), hay que superar el enredo de los “valores civilizatorios europeos” y sus pretendidas alturas morales y desentrañar la materialidad de las políticas que se están implementando.
Es cierto que ni la priorización del control de las fronteras exteriores de la UE ni su externalización son nuevas. Lo que hace el PEMA es llevarlas más lejos en el sentido de una mayor securitización —tratamiento de la migración en términos de enemigo externo— y de una menor protección de las vidas de los y las migrantes. Una de las incorporaciones más preocupantes en este sentido es la creación de una suerte de limbo territorial en la frontera. De esta forma, quienes hayan llegado a territorio europeo a través de lo que la UE califica como "vías irregulares" no se considerarán en territorio europeo pese a hallarse físicamente en él –opera una ficción jurídica según la cual no se autoriza formalmente la entrada en el territorio del Estado miembro mientras dura el procedimiento fronterizo–. En este nuevo no lugar se llevará a cabo el “triaje”, esto es, la discriminación entre personas aptas y no aptas como demandantes de protección internacional.
Menos garantías, menos protección
Este nuevo "procedimiento de frontera" acelera los plazos del proceso de solicitud de asilo con la consecuencia de que reduce las garantías legales de las personas solicitantes, que pueden quedar privadas de libertad durante los siete días de duración del procedimiento, incluyendo a familias con menores y a menores no acompañados.1 No está claro que este tiempo de detención exija una autorización judicial, ni tampoco se garantiza el derecho a asistencia letrada o humanitaria. Ni siquiera se especifica si, en caso de denegación de la solicitud, habrá posibilidad de impugnación respecto de la misma. En caso de interponerse recurso, tampoco se prevén suspensiones automáticas que impidan que una persona sea deportada antes de que se reconozca su derecho de asilo.
Aunque para la UE es una prioridad el “retorno” de las personas migrantes, es decir, su deportación, de momento solo consigue deportar a un 20% de los inmigrantes que reciben una orden de expulsión. Para acelerar y mejorar el proceso de expulsión el PEMA ha creado dos figuras: la del "país seguro de origen" y la de "tercer país seguro". La primera se concreta en un listado común de siete países etiquetados como seguros donde un país puede declararse "seguro" aunque parte de su territorio no lo sea o, de manera específica, no lo sea para alguna minoría concreta—. En esta lista, figuran países como Marruecos, Túnez, Bangladesh y Colombia, y también estados candidatos a adherirse a la UE (como Turquía). A esta lista común, cada país miembro añade su propia lista discrecional de países seguros.
Este concepto de "país seguro de origen" se utiliza para deportar a los solicitantes de asilo a los países de los que huyeron
En la práctica, este concepto de "país seguro de origen" se utiliza para deportar a los solicitantes de asilo a los países de los que huyeron, así como a Estados por los que hayan transitado, tengan o no algún tipo de vínculo con ellos (cultural, familiar, laboral, etc.) –a través de la figura complementaria de "tercer país seguro”–. Quedan así legalizadas políticas estatales de externalización de fronteras y de creación de "centros de retorno", esto es, de centros de detención que llevan tiempo siendo promovidos por diferentes gobiernos europeos como el italiano y el danés en Albania y Ruanda respectivamente.*
Criminalización de los migrantes
Así pues, el PEMA radicaliza la criminalización de la migración en tres sentidos. Primero porque las personas privadas de libertad en centros de detención en un país tercero tienen menos garantías legales que si estuvieran en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) dentro de un país de la UE. La diferencia esencial es que los CIE intracomunitarios están sujetos a un control judicial y unos estándares de derechos fundamentales homogéneos dentro del espacio UE, mientras que los centros en terceros países dependen de la voluntad y capacidad institucional del país anfitrión. En otras palabras, aunque en los centros externalizados los motivos y plazos de la detención o el trato y las condiciones materiales en las que esta se desarrolla dependen de la legislación del Estado que ordena el traslado, ¿cómo se fiscaliza esto en la práctica? Es preciso recordar aquí que ni las personas encerradas en centros de detención ni las internas en un CIE han perdido su libertad por haber perpetrado delito alguno, sino únicamente por haber cometido una infracción administrativa. Parece necesario apuntar por último que las personas encerradas en los CIE padecen una situación de privación de libertad menos garantista que las presas: porque el régimen interno de los CIE depende de un reglamento –y no de una ley orgánica–, porque estos no cuentan con la supervisión permanente de una institución específica como es el juez de vigilancia penitenciaria, porque es la policía quien custodia su seguridad. Porque, en definitiva, cuanto menos control judicial y menos garantías, más fácil resulta ejecutar las expulsiones, aunque sea a costa de los derechos de las personas.
En segundo lugar, porque las medidas punitivas se extienden también a la solidaridad: el Consejo de la UE aprobó en diciembre de 2024 —con el único voto en contra de España— un reglamento que amplía la definición del delito de apoyo a la inmigración irregular y aumenta las penas de prisión a los llamados "facilitadores". En el punto de mira de esta regulación están, evidentemente, todas las personas, colectivos u ONG que defienden la libertad de movimiento actuando de forma solidaria con vecinos y vecinas que se encuentren en situación administrativa irregular o "sin papeles".
Eurodac facilitará el perfilamiento y discriminación racial permitiendo el acceso a sus datos con fines policiales
Por último, porque las personas migrantes y demandantes de protección internacional pasan a convertirse en delincuentes potenciales engrosando la base de datos biométricos y alfanuméricos del sistema Eurodac, también afectada por el PEMA a través del reglamento 2024/1358. Eurodac incluirá los datos biométricos de menores a partir de los seis años; impedirá que personas a las que se haya denegado el asilo en un país de la UE traten de solicitarlo en otro y facilitará el perfilamiento y discriminación racial permitiendo el acceso a sus datos con fines policiales.
Nos hallamos, por tanto, en un escenario de guerra a la migración. Una migración que se construye, de entrada, como enemigo externo –aunque una parte de ella vaya a permanecer también como enemigo interno–. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para la socialdemocracia europea y para la izquierda en general la causa de "todo lo malo" podría resumirse en el avance de la extrema derecha. Es cierto que vivimos en un contexto de fuerte derechización tanto a nivel institucional como social. También es verdad que, en términos de políticas de migración y asilo, esta extensión de ideas fuertemente reaccionarias, nativistas y racistas se despliega a una escala global. Las consecuencias son conocidas: el papel del ICE, el fortalecimiento del punitivismo o pogromos en ciudades europeas. Los miedos sobre lo que pueda suceder son, por tanto, más que legítimos.
Sin embargo, ¿en qué medida cabe reducir la consolidación de la Europa fortaleza que encarna el PEMA al influjo del trumpismo o la militarización de las fronteras al marco actual de derechización global? Desde una apuesta de transformación que pretenda abrir un conflicto contra estas políticas, parece más productivo entender la radicalización del racismo como una consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por gobiernos de uno y otro signo en los estados europeos y, desde luego, en la UE como proyecto supranacional.
Mitos de la inmigración
Puede resultar más útil por tanto preguntarnos por qué una Europa envejecida con baja natalidad querría cerrar sus fronteras. Y aquí la respuesta tentativa es que las fronteras no se están cerrando, sino haciéndose cada vez más infranqueables y letales "solo" para una parte proporcionalmente muy menor de las personas que migran. Según los datos aportados por el sociólogo y geógrafo Hein de Haas en Mitos de la inmigración, "entre 1997 —año en el que se iniciaron los conteos sistemáticos— y 2020, el número anual medio de llegadas por mar registradas desde el norte de África hasta Italia, España y Malta […] fue de 64.600 llegadas anuales a esos tres países. Aunque son cifras significativas, se trata solo de aproximadamente el 3 o 3,5 % de los dos millones (de media) de migrantes no pertenecientes a la Unión Europea que entran en la UE todos los años". Para los países que integran la Unión Europea, en general, se calcula que las entradas irregulares suponen alrededor de un 5 % respecto del total de entradas desde países no miembros.
¿Qué sentido tiene el denso entramado represivo que el PEMA apuntala?
En la actualidad, los países europeos dependen fuertemente de la mano de obra extranjera, como bien ha aprendido Gran Bretaña que sigue sufriendo las consecuencias del Brexit. Las migraciones no se han detenido, que fue una de las promesas del Brexit, sino que han cambiado de origen. La gente migra por motivos laborales y en busca de buenas condiciones materiales de vida. Es preciso pelear para que estas no dependan de un empleo explotado. En cualquier caso, mientras entramos en conflicto con el capital, conviene no romantizar la migración. Es inusual que alguien decida separarse de su lugar de origen —de sus referentes culturales, de sus vínculos afectivos, de la lengua en la que piensa— para buscarse la vida en las condiciones más hostiles —no hablamos, por supuesto, de los migrantes ricos, ni de los turistas—, si no es porque estás buscando construir un futuro mejor. "La demanda laboral es el principal motor de la migración", añade de Haas, por eso esta se ajusta a los periodos de crecimiento y de recesión de las economías; por eso los países no cierran sus fronteras cuando necesitan mano de obra.
Pero entonces, si la mayoría aplastante de los inmigrantes cruza legalmente las fronteras del país de destino y los porcentajes de población extranjera solo aumentan cuando crece la demanda laboral, ¿qué sentido tiene el denso entramado represivo (Frontex, centros de internamiento, centros de deportación, externalización de las fronteras) que el PEMA apuntala? Queremos señalar aquí tres finalidades de esta pedagogía de la crueldad aplicada a la libertad de movimiento.
En primer lugar, es preciso construir alteridades más o menos monstruosas para poder justificar la dureza de las políticas de extranjería que se aplican a los "migrantes legales", esto es, al 95 % de las personas que entran en avión y con visado a los países de la UE, una vez se agoten sus permisos de turistas o estudiantiles. Para poder mantener un segmento del trabajo abaratado, esto es, para justificar que una buena parte de la población trabaje sin derechos laborales y sin acceso a bienes y servicios considerados básicos para el resto de sus vecinos, lo más sencillo es ponerlos bajo sospecha. Sospechosos, para empezar, de haber venido a aprovecharse de "lo nuestro". Por este motivo, la población extranjera o simplemente racializada siempre va a estar, por ejemplo, bajo la lupa del abuso de los servicios sociales. La desconfianza pasa a criminalización cuando, además, algunos orígenes, géneros, edades o religiones concretos se describen y definen —a través de discursos políticos y mediáticos— como amenazas directas a la integridad física de la ciudadanía legítimada o de los supuestos valores superiores de "la civilización europea". Este es el caso de los discursos y políticas islamófobas —políticas contra la radicalización, retenciones y detenciones de perfil racial—, que definen a los hombres racializados y, en especial, a "los moros" como esencialmente machistas y potenciales violadores de las mujeres blancas. También son objeto de especial vigilancia y señalamiento los hombres racializados que no son ricos, sobre todo si son jóvenes: por su visibilidad, porque usan un espacio público cada vez más privatizado, y porque sus formas —música, vestimenta, horarios— molestan a una población autóctona cada vez más atomizada, envejecida y temerosa.
Demonizar a un otro fácilmente reconocible —y aquí la construcción racial siempre ha sido esencial para el capitalismo— abre una esperanza para quienes ya sufren las peores consecuencias de la crisis, o, más en general, para quienes temen un proceso de proletarización futuro. El discurso económico de la escasez —el "no hay para todos", ni pensiones, ni comida, ni casas, ni hospitales— propaga un miedo existencial que alimenta el racismo social. Este es el caso de los pogromos que se han producido recientemente en diferentes puntos de la geografía europea: ataques a centros de menores extranjeros o de refugiados y/o destrucción de bienes, empresas, comercios, casas, coches o centros de culto de personas extranjeras o de origen extranjero, desde Belfast a Torre Pacheco.
Estas políticas persiguen acostumbrarnos a la existencia de redadas de perfilamiento racial en nuestras calles y plazas
En un contexto de crisis como en el que nos encontramos, sin una organización de los temores y rabias que esta produce, sin una gestión política de las frustraciones capaz de señalar la fuente real de los problemas, lo que se impone es una gramática de fascistización social, esto es, de creación de un enemigo interno y de naturalización de políticas de vigilancia, control y castigo contra este enemigo. Estas políticas persiguen acostumbrarnos a la existencia de redadas de perfilamiento racial en nuestras calles y plazas, a la presencia permanente de la policía en los barrios, colegios, hospitales o centros de salud de las áreas de menos renta. También pretende naturalizar una gestión securitaria de los espacios públicos, las estaciones de autobuses, los accesos al metro o los parques al tiempo que familiarizarnos con esa imagen de la policía poniéndose sus guantes negros para acercarse a cualquier grupo de adolescentes que no parezcan de Hakuna y no cuenten con la edad o los recursos suficientes para consumir en una terraza.
Lo que tiene lugar aquí es, también, un entrenamiento del poder punitivo estatal que, en el caso de España cuenta, además, con la Ley mordaza. Los nuevos poderes represivos que posibilitó se imponen hoy, sobre todo, a ciertas partes de la población, en especial, al proletariado extranjero así como a las personas organizadas que luchan contra la desigualdad social y la devastación capitalista, pero ha sido erigido para aplicarse a todas las fracciones sociales sobrantes, esto es, a los no integrados y a los no integrables.
El aire que respiramos está contaminado de derechización, de nativismo. A la vez, el suelo europeo es cada vez más la tierra que compartimos con una población que ha dejado de ser blanca gracias a quienes llegaron a reclamar lo que también es suyo. En palabras de Frantz Fanon, "Europa es literalmente la creación del Tercer Mundo. Las riquezas que la ahogan son las que han sido robadas a los pueblos subdesarrollados". Nuestro anhelo de emancipación actual podría declinarse en esta pregunta: ¿serán capaces de mestizaje los hijos de la colonización y la proletarización en proyectos y prácticas que pongan patas arriba la ecología capitalista que hoy destruye la vida?
- Durante el procedimiento de cribado, que puede prolongarse hasta siete días, las personas deben permanecer a disposición de las autoridades en los lugares designados y no son autorizadas a entrar formalmente en el territorio del Estado miembro. En función de la legislación aplicable y del procedimiento en el que sean encuadradas, esta situación puede implicar una privación de libertad o una restricción muy intensa de la libertad de movimiento. ↩︎
