El 12 de abril de 2024 el PSOE presentó una PNL (Proposición no de ley) en el Congreso de los Diputados con el objetivo de suprimir la denominada tasa de reposición. Durante casi una década, esta norma mantuvo restringida la posibilidad de contratar nuevos empleados públicos, permitiendo solo mantener a duras penas el número de efectivos existente en 2011.
El PSOE –padrino fundamental de los recortes tras 2012 incluida la tasa de reposición– cumplía así, al menos en la parte publicitaria, con la promesa del Ministro Jose Luis Escrivá de eliminar esta traba a la contratación pública. El principal titular sería: se inaugura una nueva fase de expansión del cuerpo de empleados públicos, enciérrense a estudiar que comienza el gran reparto.
Conscientes de la escasa relevancia que la eliminación de la tasa de reposición tiene para quienes no vivieron la crisis de 2008 y sus consecuencias políticas, recalcaremos el papel que jugó en el devenir de la crisis española; sobre todo en la fase que va entre 2012 y 2018, sus años más duros.
Sancionada con el Real Decreto 20/2012 de Estabilidad presupuestaria, acababa con buena parte de las aspiraciones de funcionarizarse de una parte de la juventud, sobre todo la universitaria. Ni profesores de secundaria, ni personal del sistema público de salud, ni abogados, ni profesores universitarios, ni administrativos. El grifo de contratación pública y sus oposiciones se cerró gracias a aquella norma y en apenas diez años, –los que van desde los previos a las crisis en 2006 al 2016– la plantilla del conjunto de las administraciones públicas se estancó con un aumento mínimo de apenas 63.000 funcionarios. Basta comparar estos datos con los que vinieron después. Solo en los siguientes seis años, los que van desde 2017 a 2023, la plantilla pública se amplió en más de 400.000 efectivos. Esto es, una media de 66.000 empleados públicos nuevos al año frente a los 63.000 de toda la década anterior. Para 2021 España ya era el país de la Unión Europea que más funcionarios creaba.
En los próximos diez años se incorporarán más de 1,2 millones de nuevos empleados públicos
Es cierto que desde 2018 esta norma se fue flexibilizando, pero la nueva línea marcada por Escrivá pretende ir más allá. Su objetivo es multiplicar la contratación pública. Esto quiere decir que, de no torcerse el plan, en los próximos años se incorporarían al empleo público como mínimo el equivalente al número de empleados públicos que se van a jubilar en los próximos diez años. Con los datos del INE en la mano, sumarían más de un millón de nuevos funcionarios, solo si contamos con los puestos que se necesitarán para cubrir las jubilaciones. Más de 100.000 puestos anuales de media a los que se añadirán las nuevas necesidades de contratación que podrían oscilar entre un 10% y un 20% adicional de plantilla. En total se abre la opción de incorporar más de 1,2 millones de nuevos empleados públicos.
Oportunidades de reproducción de clase (media)
A partir de estos datos podríamos poner en cuestión aquellos análisis que ya dan por muertos los mecanismos de reproducción para las clases medias en nuestro país, visiones precipitadas que atienden poco a la situación en la que nos encontramos. Primero, porque se asume que la juventud –contemplada como un todo uniforme– va a sufrir un proceso de depauperización parecido al del 20% más pobre del país y las mismas dificultades en materia de vivienda o laboral. Segundo, porque se da por sentado que el Estado no va a tener capacidad de integrar masivamente a los jóvenes como sí lo hizo la democracia española y su nuevo funcionariado en los años 1980, 1990 y primeros 2000.
Los datos dicen otra cosa. Con una población juvenil infinitamente más pequeña que la de aquellas décadas –en concreto 2,3 millones menos de jóvenes en 2021 que en 2001–, la previsión de integrar a un mínimo de 1,2 millones de nuevos funcionarios en el periodo 2016-2034 nos obliga complejizar el análisis. De entrada, se trata de una cifra muy superior a la del número de nuevos empleados públicos contratados en España en el periodo que fue desde 1978 a 1997, que fueron 965.900. Pero la clave está en preguntarnos qué puede suponer esto en términos sociales.
A día de hoy un 10,8% de quienes están entre los 35 y los 39 tienen un empleo público
Más allá del plano teórico podemos especular con distintas hipótesis prácticas. Una está relacionada con el evidente aumento de funcionarios entre los estratos poblacionales de mediana edad e incluso de jóvenes. Para ver cómo la incorporación a empleos públicos aumenta según suben los tramos de edad, podemos repasar algunos datos actuales. A día de hoy un 10,8% de quienes están entre los 35 y los 39 tienen un empleo público, otro 12,8% los que se sitúan entre los 40 y los 44 años y más del 13,4% para aquellos entre los 45 y los 49 años. Pues bien, en caso de concretarse la nueva proyección de Escrivá esos porcentajes subirían en varios puntos para cada uno de los grupos de edad.
Para demostrarlo, solo un dato, en el grupo de edad que va de los 25 a los 34 años en torno a un 9,8 % ya son empleados públicos. Sin duda este grupo de edad es el que está llamado a ocupar preferentemente los nuevos puestos de trabajo que ofertarán las administraciones. De manera que las cifras de funcionarios aumentarán en todos los tramos de edad.
Cualquier discurso que trate de describir la crisis social española como un hundimiento generalizado y transversal está condenado a fracasar
Por esto afirmamos que cualquier discurso que trate de describir la crisis social española como un hundimiento generalizado y transversal está condenado a fracasar. Si algo demuestran estos datos es que la democracia española está preparada y dispuesta a dar el relevo y que, de una u otra manera, vuelve a buscar recambios entre la población joven. Por hacer una previsión, esto quiere decir que entre un 15% y un 20% de la población asalariada a partir de los 35 años estará vinculada a empleos públicos.
A falta de una crisis en los presupuestos públicos de mayor escala, el plan de reproducción está trazado. Decenas de miles de jóvenes y no tan jóvenes están haciéndose con las plazas que dejan libres las jubilaciones de los boomers. Las opos, tengo que estudiar, los agobios de los exámenes y los interinajes son el pan nuestro de cada día para una parte importante de la sociedad que busca estabilizarse laboralmente por esta vía. Año tras año, entre 30.000 y 45.000 nuevos empleados públicos ocupan sus puestos.
Los datos nos obligan a seguir indagando con cierta finura y de manera pormenorizada en los mecanismos que hacen que nuestra sociedad siga integrando, siga estabilizándose. ¿Qué consecuencias tiene en términos políticos que estos mecanismos de integración laboral sigan funcionando?¿Qué parte de la sociedad se verá tocada por este modelo expansivo?
Oposiciones masivas llevarán a que cientos de miles de personas encuentren su particular refugio frente a la precariedad en las distintas administraciones públicas
A día de hoy existen tres millones de empleados públicos según el Ministerio de Administración Pública –3,4 millones en cifras del INE–, un millón de jubilaciones; además de nuevas ofertas de empleo público de 42.000 plazas en 2021. Todo ello indica que los deseos de integración van a seguir siendo satisfechos con cierto grado de eficacia. Oposiciones masivas llevarán a que cientos de miles de personas encuentren su particular refugio frente a la precariedad en las distintas administraciones públicas.
Más de un millón de personas dentro de la función pública se encuentran en distintas fases del proceso de estabilización de su empleo –ahora son temporales y discontinuos sobre todo–. Varios cientos de miles, la inmensa mayoría entre los 30 y los 45 años, centran sus vidas en concretar su carrera dentro del empleo público. La promesa de estabilidad funciona y cumple con sus objetivos.
Quizás sea en el ámbito universitario donde se puede ver con mayor claridad el papel de reproducción de clase que cumple el empleo público. Grosso modo podríamos decir que se trata de la principal salida y la más masiva para quienes estudian carreras de letras y una parte importante de quienes se dedican a las especialidades biosanitarias y de ciencias exactas. En realidad solo las ingenierías se dirigen netamente hacia el sector privado. Estos datos determinantes deberían hacer pensar a todos aquellos movimientos de lucha que principalmente se componen de jóvenes universitarios y universitarias. ¿Es palpable en nuestros entornos esta realidad? ¿Qué implicaciones políticas podemos extraer de ella?
Cuando hablamos de integración no pensamos en un plano ideológico, algo así como estar de acuerdo o no con el sistema, ser más o menos de izquierdas, y tampoco la entendemos como un juicio ético. En un juego de relaciones, ser integrado tiene que ver con participar de los mecanismos de reproducción ofertados por la democracia, anclarse a su institucionalidad y aceptar los caminos que se tienen que seguir –ya sea de un manera crédula, descreída o cínica–, aceptar también sus sistema material y efectivo de reproducción.
Quienes puedan asumir esta posición podrán construir sus vidas en la dirección que deseen pero ancladas a las condiciones netamente conservadoras que impone el empleo público
Detrás de esta aceptación puramente material se esconde el secreto de nuestra democracia, el gran triunfo del Estado, uno de sus muchos métodos de redistribución. Así, quienes puedan asumir esta posición y participar de sus ventajosas condiciones, podrán construir sus vidas en la dirección que deseen pero ancladas a las condiciones netamente conservadoras que, se quiera o no, impone el empleo público. Sobre esta constatación construimos, esa es la realidad que debemos pensar y afrontar para entender una parte de los espacios de militancia donde nos movemos.
