Las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, convocadas por primera vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, se celebraron con los líderes del procés en la prisión o en el exilio. Aquí se inicia el periodo postprocesista de seis años que finalizó en agosto de 2024 con la investidura del socialista Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat.
Este periodo puede dividirse a su vez en dos partes. La primera corresponde a la presidencia “legitimista” de Quim Torra, número 11 de Junts por la provincia de Barcelona, que finalizó -con la pandemia de por medio- con su inhabilitación por desobediencia. La primera de un president de la Generalitat en activo, por negarse a descolgar una pancarta del balcón del Palau de la Generalitat. Torra, en su discurso de investidura, se proclamó presidente vicario de la Generalitat para administrar las migajas de la autonomía, mientras se restituía al presidente legítimo y se hacía efectivo el mandato del 1 de octubre. En ese sentido, encargó en octubre de 2018 a Lluís Llach liderar el Consell Assessor pel Debat Constituent, para elaborar la Constitución de la República Catalana disuelto en septiembre de 2019.
La segunda parte se inició tras las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 y la investidura de Pere Aragonès de ERC. Unos comicios que se celebraron aún bajo las restricciones del coronavirus y una baja participación (51,3%), 27 puntos inferiores a las anteriores autonómicas, en contraste con las grandes movilizaciones electorales que había producido el procés anteriormente. Los tres partidos independentistas revalidaron la mayoría absoluta. Por primera vez, dentro del bloque independentista, ERC —con 33 escaños (21%)— se impuso por la mínima a Junts —con 32 diputados (20%)—. La CUP recuperó posiciones pasando de cuatro a nueve escaños y continuaba siendo imprescindible para la mayoría absoluta independentista en el Parlament.
La principal novedad de estos comicios radicó en la recomposición del espacio constitucionalista. El PSC fue la primera fuerza política del país con 654 mil votos (23%), pero empatada en escaños con ERC con 603 mil votos (21,3%), pues la ley electoral favorece las circunscripciones de la Catalunya interior. Los socialistas, liderados por Salvador Illa, avalado por su gestión de la pandemia al frente del ministerio de Sanidad, pasaron de 17 a 33 diputados. Los socialistas fueron unos de los principales beneficiados del hundimiento de Cs que cayó de 36 a seis escaños; pero no los únicos, parte de esos 30 diputados perdidos por Cs fueron a la ultraderecha españolista de Vox que entró por primera vez en el Parlament con 218 mil votos y 11 diputados (7,6%). El president Aragonès encabezó un gobierno de coalición hasta el 7 de octubre de 2022, cuando Junts, tras consultar a la militancia, decidió salir del gobierno. Desde entonces, con el permiso del PSC, Esquerra gobernó en solitario hasta las elecciones adelantadas del 12 de mayo de 2024 que desembocaron en la pérdida de la mayoría absoluta independentista y la investidura de Illa.
La mesa de diálogo
La investidura de Pedro Sánchez, el 1 de junio de 2018, resultado de la primera moción de censura que prosperaba en España, abrió un nuevo ciclo político. La corrupción sistémica y la torpeza en la gestión de la crisis catalana precipitaron la caída de Mariano Rajoy. Las generales del 28 de abril del 2019 y las repetidas de noviembre del mismo año condujeron a la formación del primer gobierno de coalición estatal con Pablo Iglesias en la vicepresidencia del ejecutivo “más progresista de España desde la reinstauración de la democracia” -se dijo- que dependía del apoyo parlamentario de Esquerra.
La corrupción sistémica y la torpeza en la gestión de la crisis catalana precipitaron la caída de Mariano Rajoy
En ambos comicios generales, ERC con un millón de votos, se impuso claramente al medio millón de votos de Junts, lo cual parecía certificar el traspaso de la hegemonía en el movimiento nacionalista y avalar su estrategia pragmática. Además, la CUP, casi con un cuarto de millón de votos, entraba por primera vez en el Congreso con dos diputados. El éxito de Esquerra quedó solo ensombrecido por los magníficos resultados de la candidatura liderada por Puigdemont al Parlamento Europeo, en julio de 2019, que obtuvo un millón de votos y tres eurodiputados.
Ante el nuevo escenario político estatal, Puigdemont desde Waterloo y Torra desde Barcelona insistían en la legitimidad del 1 de octubre y en implementar el mandato de constituir la República catalana. Puigdemont había formado, en marzo de 2018, el Consell de la República, un organismo que se postulaba como el “gobierno en el exilio” y punto de reunión de todos los independentistas bajo su presidencia carismática. Un juego, secundado por Torra, al que lógicamente ERC y CUP se negaron a entrar. Las fallidas eurórdenes del juez Pablo Llarena, que condujeron a la detención de Puigdemont en Alemania el 25 de marzo y su puesta en libertad el 5 de abril de 2018, afianzaron su papel desde Waterloo como líder del movimiento independentista.
La apuesta estratégica del president Aragonès fue implementar la mesa de diálogo entre los gobiernos de coalición español (PSOE-Unidas Podemos) y catalán (ERC-Junts). Esquerra partía de la doble reivindicación de Autodeterminación y Amnistía; PSOE de la “Agenda del Reencuentro” para cauterizar las fracturas de la sociedad catalana provocadas por el procés. La negativa de los consellers de Junts a participar en la mesa de diálogo, que tacharon de “mesa de rendición”, mostraron la fragilidad del gobierno de coalición catalán. Al mismo tiempo, en Madrid, ERC se comportaba como socio de legislatura del gobierno de coalición progresista y Junts en la oposición pura y dura. Estas discrepancias estratégicas provocaron la ruptura del gobierno de coalición independentista cuando la ponencia política de Junts, con el apoyo de la ANC, aprobó la “liquidación” de la mesa de diálogo y la salida del ejecutivo autonómico.
La mesa de diálogo dio sus frutos con la concesión el 22 de junio 2021 de los indultos parciales a los nueve líderes del procés en prisión
No obstante, la mesa de diálogo dio sus frutos con la promesa del traspaso de las cercanías de Renfe, pero sobre todo, con la concesión el 22 de junio 2021 de los indultos parciales a los nueve líderes del procés en prisión que no afectó a las penas de inhabilitación. Al mismo tiempo, se anunció la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación con el objetivo de beneficiar a otros dirigentes y militantes independentistas con causas judiciales pendientes que entró en vigor en enero de 2023. Unas medidas de gracia que se enfrentaron a las feroces descalificaciones del PP y Vox que acusaron a Sánchez de vendepatrias y plegarse al chantaje de los “golpistas y separatistas” catalanes para permanecer en La Moncloa. Un aperitivo de la futura campaña contra la amnistía.
Efectos del fracaso de la vía unilateral
Las consecuencias para el movimiento nacionalista del fracaso de la Declaración Unilateral de Independencia no fueron inmediatas, más bien semejantes a una bomba de relojería con efectos retardados
Las consecuencias para el movimiento nacionalista del fracaso de la Declaración Unilateral de Independencia no fueron inmediatas, más bien semejantes a una bomba de relojería con efectos retardados. Hasta la pandemia, ANC y OC impulsaron amplias movilizaciones por la libertad de los presos políticos y exiliados con el emblema del lazo amarillo cuyos últimos coletazos se produjeron tras las duras sentencias del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, en octubre de 2019, con Tsunami Democràtic, la ocupación del aeropuerto del Prat y los disturbios en Barcelona.
El fracaso de la vía unilateral abrió un vacío estratégico y provocó la ruptura de la unidad de acción que, mal que bien, los partidos independentistas y las entidades soberanistas habían mantenido hasta el 1 de octubre. Esto se tradujo en el binomio división/desmovilización.
La derrota condujo a una profunda división entre legitimistas y pragmáticos, donde se produjo una inversión de papeles entre ERC y Junts. En los años de ascenso del procés, Esquerra había operado, con la CUP, como el vector más comprometido en llegar hasta el final, frente a los titubeos de Junts; ahora, Puigdemont se apropiaba de ese papel intransigente frente al pragmatismo de ERC.
Ni Junts, ni Esquerra han realizado un balance autocrítico del procés que, en el caso de ERC, era ineludible para sostener su práctica política
Oriol Junqueras en prisión y los dirigentes de ERC en libertad apostaban por explorar las ofertas de la izquierda española que dependían del apoyo parlamentario de ERC. Sin embargo, excepto las críticas de Joan Tardà o Gabriel Rufián al “independentismo mágico” de Junts, Esquerra no supo desmarcarse del relato épico y legitimista del 1 de octubre de Puigdemont. Tampoco llegó a plantear convincentemente que, tras el fracaso de la vía unilateral, era preciso articular una nueva estrategia que pasaba por ampliar la base social del movimiento hasta reunir las fuerzas suficientes para ensayar un segundo intento. A decir verdad, ni Junts, ni Esquerra han realizado un balance autocrítico del procés que, en el caso de ERC, era ineludible para sostener su práctica política.
Estas divergencias entre legitimistas y pragmáticos se reprodujeron en el interior de Junts, entre el sector postconvergente organizado en el PDeCat, apadrinado por Artur Mas y favorable como Esquerra al retorno al realismo político, contra los partidarios legitimistas de Puigdemont como Míriam Nogueras o Laura Borràs provenientes de las movilizaciones del procés. Las divergencias estallaron en verano de 2020 por el control de las siglas de Junts y derivaron en la ruptura del grupo parlamentario en Madrid y en la expulsión del Govern de Torra de los consellers del PDeCat. La pugna se dirimió en las urnas. Ni en las catalanas del 2021, ni en las generales del 2023, el PDeCat obtuvo representación parlamentaria, lo cual condujo a su disolución en octubre de 2023. De este modo, el sector legitimista de Puigdemont se impuso con claridad a los pragmáticos postconvergentes.
Esta profunda división estratégica se trasladó a las entidades soberanistas. Mientras la ANC se alineaba con las tesis legitimistas de Junts, Òmnium se decantaba por la vía pragmática de ERC que con los indultos había sacado a los presos de la cárcel. La pérdida de la sagrada unidad nacionalista y el espectáculo de la pugna partidista tuvieron efectos depresivos en las bases del movimiento que, además, se sintieron engañadas por declaraciones como las de la consellera Clara Ponsatí, cuando confesó que “se había jugado de farol” sin haber preparado las careadas estructuras de Estado. O por las revelaciones en el Tribunal Supremo del mayor Trapero de los Mossos d’Esquadra sobre el plan para detener al gobierno catalán por sedición o sobre las falsas promesas de reconocimiento internacional de la República catalana.
Las Diadas termómetro del estado de ánimo del independentismo mostraron el efecto desmovilizador de la fractura de la unidad y del vacío estratégico
Las Diadas termómetro del estado de ánimo del independentismo mostraron el efecto desmovilizador de la fractura de la unidad y del vacío estratégico. La Diada del 2019, la última antes de la pandemia, reunió a 600.000 personas, según la Guardia Urbana, la cifra más baja desde el inicio del procés. Las Diadas del 2020 y 2021, con concentraciones descentralizadas, estuvieron marcadas por las restricciones del coronavirus. La Diada de 2022, que reunió a 150.000 personas, escenificó la fractura del movimiento cuando la cúpula de ERC no acudió a la manifestación por el justificado temor de ser insultados y tachados botiflers. Al año siguiente, descendió a 115.000 y en la última del 2024 participaron 60.000 manifestantes, lejos del 1,8 millón del 2014.
La caída del voto a los partidos independentista se evidenció en el último ciclo electoral, en las municipales y autonómicas en las comunidades no históricas del 28 de mayo de 2023 y en las generales del 23 de julio de 2023, adelantas por Sánchez como respuesta inmediata a la pérdida de poder autonómico y municipal del PSOE a manos de los gobiernos de coalición del PP, el partido más votado del Estado, y Vox.
En ambos comicios, municipales y generales, se detectó un notable incremento de la abstención en aquellos distritos que habían votado masivamente a las opciones secesionistas. Un factor fundamental para explicar la caída del voto a las formaciones independentistas.
La batalla por Barcelona
Las vicisitudes de las luchas por la alcaldía de Barcelona merecen un tratamiento especial. Para el movimiento independentista resultaba de vital importancia conseguir el gobierno de la capital de Catalunya que, desde la reinstauración de la democracia, había estado gobernada ininterrumpidamente por el PSC en solitario o en coalición con los herederos del PSUC de ICV-EUiA. Este objetivo estratégico se logró en las municipales de mayo del 2011 con la investidura del convergente Xavier Trias, exconseller de Presidencia y hombre de la máxima confianza de Jordi Pujol. En minoría, contó con los votos de ERC y de dos ediles de la CUP, donde se impuso el eje nacional.
Sin embargo, en las municipales del 2015, Trias fue derrotado contra todo pronóstico por la coalición de formaciones a la izquierda del PSC liderada por Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con gran visibilidad mediática. La primera alcaldesa de Barcelona fue investida con los votos de PSC, ERC y CUP donde el eje social se impuso al nacional. En minoría, formó gobierno con el PSC.
Los barrios del área metropolitana votaban por una opción a la izquierda del PSC cuando las elecciones se planteaban en el eje social
El papel de Colau fue muy importante en la victoria de los Comunes en las dos elecciones generales del 2015, cuando fueron la fuerza más votada en Catalunya con 12 diputados, rozando el millón de votos y por delante de ERC, PSC y Junts. Por el contrario, en las “plebiscitarias” al Parlament de septiembre 2015, celebradas entre ambas generales, la candidatura Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), formada por ICV-EUiA y Podemos, en la que Colau no quiso participar, solo obtuvo 367 mil votos, por detrás de Junts pel Sí, Cs y PSC. Del análisis sociológico de ese voto se desprende que los barrios del área metropolitana votaban por una opción a la izquierda del PSC cuando las elecciones se planteaban en el eje social, como en las dos generales del 2015. Sin embargo, cuando se votaba en el eje nacional, parte de esos mismos electores se pasaban a Cs o PSC para manifestar su oposición a la independencia.
La alcaldesa Colau jugó un papel ambiguo en los años del procés. Nunca se declaró independentista, pero sí una firme defensora del derecho a la autodeterminación, participando en las consultas del 9-N y 1-O. También se manifestó reiteradamente en contra de la represión a los líderes independentista. Tanto es así que, en noviembre de 2017, expulsó a los socialistas del equipo de gobierno por apoyar la aplicación del 155.
En las municipales del 2019, Colau empató a diez ediles con ERC, por detrás de Ernest Maragall, hermano el alcalde olímpico y uno de los más notorios socialistas pasados a las filas del independentismo. No obstante, fue investida alcaldesa con los votos del PSC, que volvió al gobierno de coalición, y de tres de los seis concejales de Cs liderados por Manuel Valls, exprimer ministro francés de origen catalán. Algo que nunca le perdonarían los partidos independentistas.
En las últimas municipales fue desalojada de la alcaldía por la mínima diferencia de 324 votos y un concejal, a favor de su primer teniente de alcalde socialista Jaume Collboni que supusieron un duro golpe para los Comunes que perdían su principal activo institucional y electoral. Asimismo, estas municipales mostraron como Junts recuperaba la hegemonía sobre ERC. Mientras, la candidatura de Junts, liderada por Trias, fue la fuerza más votada, pasando de seis a once concejales, ERC, con Maragall, caía de los diez a los cinco ediles. La CUP no conseguía representación. Actualmente, Collboni, investido con los votos de los Comunes y PP, gobierna en solitario mientras, se dice, se cocina a fuego lento un tripartito con Esquerra y Comunes que podría servir de antesala a una fórmula semejante en el Govern de la Generalitat.
El precio de una amnistía
Estas tendencias de fondo se confirmaron en las generales de julio de 2023. ERC perdió seis de sus trece escaños y Junts ganó tres, empatando a siete diputados. Ahora, para la investidura de Sánchez, no solo eran necesarios los votos de ERC, también los de Junts.
Cuanto menor es la fuerza electoral de los partidos independentistas en Catalunya, mayor es su capacidad de influencia en la política española
Aquí radica la principal contradicción del escenario político español y catalán: cuanto menor es la fuerza electoral de los partidos independentistas en Catalunya, mayor es su capacidad de influencia en la política española, dominada por la lógica de dos bloques protagonizada por PP y Vox. Fuera del gobierno de la Generalitat y con una pérdida notable de poder municipal, los siete escaños de Junts son su principal activo político.
Desde Waterloo, Puigdemont puso un alto precio a la investidura de Sánchez. Tras las reuniones entre el número tres del PSOE, Santos Cerdán y Puigdemont en Bélgica, Junts acuñó la fórmula del “pago por adelantado”. Así, exigió y obtuvo, para sumar sus siete diputados en la elección de la presidencia y la mesa del Congreso, la reforma del reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales y el compromiso del ejecutivo español de llevar a la Unión Europea la oficialidad del catalán.
Ahora bien, la sustancia del pacto consistió en la amnistía para todos los condenados y encausados por el procés que desencadenó una durísima campaña del PP y Vox con concentraciones ante la sede del PSOE y la movilización de sectores afines de la judicatura contra la ley actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional. Un episodio más del anómalo funcionamiento de los órganos del Poder Judicial en España (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional…) a menudo bloqueados, con el mandato caducado y objeto de una enconada lucha partidista entre PP y PSOE que cuestiona tanto su independencia como la separación de poderes.
Tiempos muertos
Desde la salida de Junts del gobierno de coalición, ERC dependió de la benevolencia del PSC y Comunes para gobernar. La negativa de estos últimos a aprobar los Presupuestos de la Generalitat del 2024, por su oposición al proyecto del macrocasino Hard Rock en Tarragona, precipitó las elecciones anticipadas del 12 de mayo de 2024. La campaña se centró en dos relatos: el de Illa de pasar página del procés y el de Puigdemont, que se trasladó a la Catalunya francesa, de mantenerlo vivo frente al “sucursalismo” de Illa y las claudicaciones de ERC.
Con una baja participación, (55,3%), por primera vez desde la década del procés, las formaciones independentistas no sumaban mayoría absoluta en el Parlament. El PSC se impuso nítidamente con 882 mil votos (28%) y 42 diputados, nueve más, pero lejos de la mayoría absoluta de 68 escaños. La pugna entre Junts y Esquerra se dirimió claramente en favor de los primeros. Junts fue la segunda fuerza política del país, con 681 mil votos (21,6%) y 35 diputados, tres más. Esquerra pagó los platos rotos, con 431 mil votos (13,6%), perdiendo la friolera de 13 diputados que precipitó una grave crisis interna que quemó a Aragonès, el recambio de la vieja guardia procesista. La CUP también acusó el golpe perdiendo cinco de sus nueve diputados.
Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la entrada en el Parlament de Aliança Catalana (AC), liderada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, donde había surgido la célula islamista de los atentados de Barcelona y Cambrils. La formación de extrema derecha independentista obtuvo 119 mil votos (3,7%), un diputado por Girona y otro por Lleida, por un puñado de votos no consiguió representación por Barcelona. Vox mantuvo el tipo y repitió con su cuarto de millón de votos y once diputados, a pesar de la recomposición del PP catalán que, con 347 mil votos (11%), pasó de los tres a los 15 diputados.
Se alcanzó el acuerdo de la “financiación singular”, una variación sobre el Pacto Fiscal reclamado por Artur Mas, cuyo rechazo fue una de las espoletas del procés
Illa necesitaba el voto de los 20 diputados de Esquerra para ser investido o ir a la repetición electoral. Este era el peor de los escenarios para ERC inmersa en una grave crisis interna, pero tampoco podía dar sus votos gratis al PSC que alimentaría el argumentario de Junts. Así, se llegó al acuerdo de la “financiación singular”, una variación sobre el Pacto Fiscal reclamado por Artur Mas, cuyo rechazo fue una de las espoletas del procés, volviendo a la casilla de salida. Ahora, Sánchez se mostraba dispuesto a conceder una de las reivindicaciones históricas y más sentidas del nacionalismo catalán: unas nuevas competencias arrancadas por los partidos independentistas, pero que, de materializarse, paradójicamente habría de gestionar el PSC.
Junts elevó el listón reclamando la transferencia integral en materia de inmigración para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de los que depende la continuidad de la legislatura. También, con la insólita propuesta de la moción de confianza a Sánchez. Más allá de la gesticulación mediática, no parece razonable que Junts deje caer a Sánchez, al menos hasta que previsiblemente la mayoría progresista del Tribunal Constitucional dé luz verde a la amnistía y Puigdemont pueda volver con todos los honores a Catalunya. Así que asistimos a una suerte de tiempo muerto hasta ese momento que podría producirse este verano.
Illa podría convertirse en uno de los principales activos de la socialdemocracia española si el PSOE fuese desalojado de la Moncloa
El resultado de los recientes congresos de Junts y ERC, celebrados tras la investidura de Illa, señalan otra paradoja de la política catalana. Precisamente, cuando se abre un nuevo ciclo en la vida pública del país, como releva la vuelta de empresas y entidades financieras que marcharon en el 2017, Puigdemont y Junqueras, los máximos dirigentes y caras visibles del procés, han sido reafirmados en sus cargos. Quizás si la amnistía ya se hubiera aplicado a ambos —Junqueras indultado sigue inhabilitado— se hubiese producido una renovación en sus liderazgos para afrontar el nuevo periodo con caras nuevas.
Duplicidades y centralidades
Tras el cierre del ciclo procesista y postprocesista se ha generado una duplicación de los espacios ideológicos (derecha/izquierda) en función del eje identitario (catalanismo/españolismo) semejante al sistema de partidos en Bélgica. Así pues, existen dos extremas derechas: Vox y AC; dos derechas nacionalistas: Junts y PP; dos formaciones socialdemócratas: PSC y ERC y dos izquierdistas: CUP y Comunes. Una correlación de fuerzas dual que podría ser la característica del nuevo ciclo político.
Por el contrario, la deriva nacionalpopulista de Junts, aumentada por la competencia de AC en su flanco derecho, deja un vacío en el espacio central de la política catalana que Pujol supo liderar con gran habilidad desde el centro-derecha nacionalista. Ahora Illa trabaja infatigablemente como una hormiguita para ocupar esa centralidad desde el centro-izquierda catalanista; ambos desde el realismo político y el pragmatismo. De modo que Illa podría aposentarse en la presidencia de la Generalitat durante un periodo relativamente largo y convertirse en uno de los principales activos de la socialdemocracia española si el PSOE fuese desalojado de la Moncloa.
