La coalición de Gobierno “más feminista y progresista de la historia” tuvo como objetivo político y eje de pugna electoral la “abolición de la prostitución”. La Ley de Libertad sexual –conocida como del solo sí es sí– intentó anular un derecho del que carecemos: el acceso a la vivienda, amenazando con acusar de proxenetismo a toda persona que nos alquilara un espacio para vivir y/o trabajar, incluso con nuestro consentimiento. En aquella ley sobre el consentimiento el nuestro no solo era el único que no contaba, sino que otras mujeres legislaban para arrebatárnoslo. Ese articulado abolicionista fue eliminado gracias al enorme trabajo de incidencia política de todas las agrupaciones de trabajadoras sexuales junto al importante apoyo de alianzas feministas proderechos. Sin embargo, lo que no pudimos evitar, porque se incluyó prácticamente el día que se aprobó la lay fue una enmienda que considera ilícita toda publicidad que “promocione la prostitución” –el Artículo 11.1–.
Las mujeres encerradas en el CIE de Aluche son principalmente trabajadoras sexuales
Durante décadas el poder político ha criminalizado a nuestras compañeras que captan a su clientela en la calle a través de ordenanzas municipales y de la Ley mordaza. También ha condenado a la clandestinidad a las que trabajan en clubes y casas de citas, que además tienen que soportar tratos vejatorios por parte de la policía y la brigada de extranjería que muchas veces durante las redadas, las tratan como “ganado”, según sus propios testimonios. Estos dispositivos, que supuestamente deberían proteger a las posibles víctimas, en realidad son el látigo que agita la Ley de Extranjería para el control migratorio. Una muestra de ello es el reciente informe de la Organización Mundo en Movimiento que prueba que el perfil de las mujeres encerradas en el CIE de Aluche es principalmente el de trabajadoras sexuales (la mayoría latinoamericanas y con familiares a su cargo) y también que son las primeras en la lista de deportaciones. Ahora, con la prohibición de los anuncios de prostitución, el siguiente objetivo hemos sido nosotras: las trabajadoras sexuales independientes que se autogestionan sus propios anuncios.
El mismo día que esta Ley fue publicada en el BOE, en octubre de 2022, comenzó la debacle. Cerró el portal Pasión.com, una de las webs de anuncios más económicas y utilizadas por las trabajadoras sexuales a nivel estatal. Algo tan sencillo de entender como que si los clientes no nos encuentran entonces no llaman y, si no llaman, no tenemos ingresos, por lo tanto, no comemos, pasó completamente inadvertido. Ante el adelanto de elecciones al 23 de julio de 2023, la Ley Abolicionista que el PSOE había registrado quedó en un cajón y sentimos que al fin tendríamos un tiempo de tregua. Pero de nuevo y apenas unos días después, el Ministerio de Consumo a cargo de Alberto Garzón, aún en funciones, envío advertencias de sanción a las webs con “multas que podrían superar los 100.000 euros y el cierre de los portales si estos persistían en publicitar prostitución o contenidos directamente relacionados con ella”. En consecuencia, los portales de anuncios empezaron a sufrir bloqueos y nuestros móviles quedaron de nuevo en silencio.
La prohibición repercute en la economía de las trabajadoras independientes y beneficia a los que se lucran con su trabajo
No hay que ser muy lista para comprender que la principal consecuencia de la prohibición de nuestros anuncios es la de empobrecernos hasta la desesperación económica. Estas medidas repercuten especialmente en la economía de las independientes, de aquellas que nos autogestionamos y, a su vez, beneficia a todo un sector de personas que se lucran solo si se convierten en actores necesarios para organizar nuestro trabajo. La criminalización del trabajo sexual callejero ya ha empujado a muchas compañeras que ejercían en espacios públicos a recurrir a terceros, ya sean clubes de alterne o casas de citas; algo que ha ocurrido tanto en España con la Ley mordaza como en Suecia con el modelo nórdico, donde la propia policía sueca reconoce que las casas de masaje clandestinas se han multiplicado. La medida impulsada por Consumo es un atentado contra la autonomía de las mujeres, ya que impide que podamos gestionar nuestros propios anuncios, lo que nos acaba forzando a buscar a terceros que nos procuren clientes ya sean agencias, clubes o pisos regentados. Casi veinte años de políticas abolicionistas no han hecho más que beneficiar a proxenetas y explotadores al tiempo que mantienen en plena vigencia la Ley de Extranjería y se niegan a la realizar la regularización extraordinaria de personas migrantes que el movimiento migrante ha exigido con la recogida de 700.000 firmas.
Otros a quienes se ha beneficiado con esta medida fueron los publicistas, porque quienes acabamos pagando los riesgos que ellos corren somos nosotras, las trabajadoras. Así, las tarifas para anunciarnos en las pocas webs que quedaban comenzaron a aumentar y los gastos en publicidad de muchas se han duplicado o incluso triplicado. Además, aprovechándose de la desesperación de las mujeres aparecieron páginas fraudulentas que les cobraban por anuncios que luego no publicitaban. Para sortear la Ley, las páginas se reconfiguraron exigiéndonos que nos anunciemos como “acompañantes”. La ambigüedad impide que dejemos claras nuestras condiciones en la prestación de servicios, lo que a su vez nos dificulta la filtración de clientes que no nos interesan porque a veces piden prácticas que no realizamos. En muchos casos, tampoco tenemos la libertad de que nuestros textos sean publicados tal cual nos queremos anunciar, sino que son revisados y retocados en términos que muchas veces nos despersonalizan o que no nos representan. Lo paradójico es que todas las arbitrariedades que los publicistas cometen con nosotras tendríamos que poder denunciarlas ante el Ministerio, pero nos vemos obligadas a callar para no hacer peligrar los medios en los que nos publicitamos, por lo que aunque parezca que pretenden sancionarles, en realidad la prohibición les acaba protegiendo.
Falta de apoyo y alternativas
A esta medida prohibicionista no le acompañó ninguna propuesta económica para paliar la falta de medios de subsistencia a la que nos aboca. Estamos viendo cómo los millones del plan Camino, que se solicitaron en nuestro nombre –en teoría para ayudar a las trabajadoras sexuales o a las víctimas de trata– se están utilizando para pagar a influencers que hagan campaña a favor del abolicionismo mientras faltan alternativas realistas para aquellas que quieren abandonar la prostitución. Por ejemplo, una de nosotras acudió a Médicos del Mundo en Galicia para conocer cuál es la propuesta y comprobó que consisten en derivarnos a los servicios sociales de los ayuntamientos, para intentar solicitar alguna de las rentas autonómicas disponibles, y a Cáritas, para que nos ayude con la alimentación. La organización también ofrece la compra de alimentos cada 15 días condicionados a que realices algún curso a través de la entidad; es decir, migajas de los derechos que nos corresponden y que no nos ayudan a abandonar la prostitución, pero que a estas organizaciones les permiten rellenar proyectos con nuestros datos para seguir accediendo a subvenciones.
Esta ley ha generado efectos perjudiciales en la estabilidad financiera y la seguridad de las trabajadoras sexuales
En realidad, esta medida española no es sino la traducción de otra estadounidense, la SESTA/FOSTA . Esta Ley, aprobada en 2018 durante el Gobierno de Trump, penaliza los anuncios de prostitución en la red con la excusa de “luchar contra la trata”. Un estudio del 2020 analizó sus resultados y encontró que el 72,5% de las trabajadoras sexuales habían sufrido un deterioro en sus ingresos. Esta ley ha generado efectos perjudiciales en la estabilidad financiera y la seguridad de las trabajadoras sexuales, así como ha mermado tanto el acceso a la salud, como las posibilidades de vincularse con la comunidad de pares. No hay evidencia de que haya frenado la trata de personas, sino, más bien, de que ha provocado una mayor inseguridad financiera en las poblaciones marginadas lo que a su vez, las hace más vulnerables a la explotación laboral y a la trata en la industria del sexo.
Para este artículo consultamos a Javier Pagador, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, quien afirma que“el Ministerio está actuando ilegalmente. En Derecho Penal y en Derecho sancionador administrativo (el caso que nos ocupa) para que se pueda imponer la sanción (en nuestro caso, la multa) es necesario que una norma prevea expresamente la infracción. En este caso, no existe esa norma. El artículo 47 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no la contempla. La realización de publicidad o promoción del trabajo sexual no encaja en ninguna de las infracciones que establece este artículo. Por tanto, no es posible imponer multas sobre la base de este precepto, hasta podría defenderse que el funcionario público que lo haga está dictando una resolución administrativa (sancionadora, en este caso) injusta a sabiendas y, por tanto, cometiendo un delito de prevaricación. Quiero destacar que la publicidad o promoción del trabajo sexual no puede considerarse práctica comercial desleal para los consumidores, por tanto, multar por realizar publicidad o promoción del trabajo sexual alegando las infracciones del art. 47 de la Ley de Consumidores es pura y claramente ilegal”. Esta misma opinión ha sido mantenida hace poco por Miriam Cugat Mauri, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, en un artículo publicado en la revista Almacén de Derecho.
En definitiva y presuntamente, la Administración pública estaría cometiendo un delito contra los derechos cívicos, recogido en el artículo 542 del Código Penal. Como siempre que se trata de nosotras, en realidad no persiguen conductas punibles, sino estatus y reputaciones marcadas. Por eso las mismas imágenes que usábamos en nuestros anuncios pueden alimentar galerías de arte o feeds de Instagram, pero si desnudamos las bambalinas de ese teatro social para hacer negocio de aquello que pretenden que demos “por amor” o “aprobación masculina” entonces hacen recaer una sanción sobre nosotras, porque la auténtica base legal es el estigma.
Muchas ejercemos el trabajo sexual por necesidad económica o por haber sido excluidas del sistema laboral formal
La abolición de la prostitución resultará imposible mientras exista necesidad económica. Millones de personas en el mundo optamos por el trabajo sexual para subsistir en este sistema y es importante remarcar que muchas personas no solo ejercemos el trabajo sexual por lo principal, que es la necesidad económica, sino también por diversas razones que nos excluyen del sistema laboral formal: por tener discapacidades, enfermedades crónicas –ya que acceder a pensiones no solo es difícil, sino que muchas veces son insuficientes por el alto costo de vida–, ser migrantes sin regularización o por cuestiones de discriminación sistémica –como les sucede a las personas trans–. Esto es un problema que hace que la flexibilidad y accesibilidad que brinda el trabajo sexual sea una opción para tener ingresos económicos que nos permitan sobrevivir en un sistema capitalista que obliga a que todos tengamos que explotar nuestro cuerpo de una u otra manera.
Algo mejor sería que las trabajadoras sexuales fuésemos reconocidas en nuestros derechos laborales, sociales y humanos y que el feminismo institucional se dedicara a ayudar realmente a aquellas personas que son víctimas del delito de trata, no solo en la prostitución, sino en otros trabajos donde los números son inclusos más altos, como en la agricultura, tal como denuncian hasta el cansancio las temporeras de Huelva. Si pudiéramos acceder a un reconocimiento de derechos, podríamos contar con una herramienta que nos permitiese luchar contra la explotación laboral, mejorar nuestras condiciones laborales y de vida y combatir el estigma que nos afecta de manera grave en todos los ámbitos de nuestra vida (ya sea en relaciones personales, autoestima o discriminaciones sistemáticas que sufrimos en centros de salud, etc.). A la vez, demandamos que quienes quieran dejar la prostitución puedan encontrar otra opción laboral que les sea igual de rentable. Las trabajadoras sexuales organizadas sabemos que ambas cosas pueden y deben ir de la mano, entendiendo que existen múltiples realidades y todas deben ser tenidas en cuenta.
Las trabajadoras sexuales merecemos ser escuchadas
Creemos que una sociedad democrática debe dejar de lado sus concepciones morales particulares y escuchar la pluralidad de voces, legislando teniendo en cuenta a aquellas a quienes afectan estas leyes y conociendo las consecuencias negativas que estas tienen en nuestras vidas. Tras haber conseguido reunirnos con la actual responsable, la Secretaria General de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, esperamos que tanto ella como las responsables de Igualdad no solo nos oigan, sino que nos escuchen. Exigimos ser tenidas en cuenta, nosotras que somos quienes ponemos el cuerpo que tanto les preocupa. Las trabajadoras sexuales somos el sujeto político que se tiene que escuchar –nuestras experiencias y cómo nos afectan estas medidas–, no las entidades que viven de nuestra ausencia de derechos y que pretenden “rescatarnos” enviándonos a la clandestinidad, ni los empresarios de la industria del sexo organizados en plataformas que instrumentalizan a nuestras compañeras y se apropian de nuestros discursos para poder así continuar parasitando nuestro trabajo. Por supuesto, tampoco son el sujeto político las personas que desde las instituciones –y bajo una concepción moral disfrazada de buenas intenciones– pretenden abolir nuestro trabajo haciendo que nuestras condiciones laborales y de vida sean cada vez más precarias.
Las trabajadoras sexuales merecemos ser escuchadas.
