Criminalizar la prostitución favorece a los explotadores

por | Abr 15, 2024 | Coyuntura, Feminismos

La penalización de la prostitución no acabará con esta actividad, sino que obligará a las mujeres a ejercerla en condiciones de mayor clandestinidad, expuestas a más inseguridad, abusos y explotación.

Esta es la intervención de Kenia García como portavoz de la campaña “Regularizacion Ya” en Les Corts Valencianes –el 20 de febrero– a propósito de las propuestas del PSOE de esta comunidad para implementar políticas abolicionistas –prohibicionistas y criminalizadoras– de la prostitución.

En la lucha contra el delito de la trata en todas sus formas y en la protección de las víctimas (adultas y menores) estamos todas de acuerdo. Pero no voy a hablar de niñas ni de trata, sino de mujeres adultas que ejercemos la prostitución. Tampoco voy a hablar de libertad en el capitalismo, donde trabajar no representa una opción, sino una obligación atada a la supervivencia. Ante todo quiero dejar claro que las mujeres, aún en contextos de pobreza, tomamos decisiones sobre nuestras estrategias de supervivencia –a veces son difíciles–, pero lo hacemos en función de nuestras necesidades materiales y las de nuestras familias. Forma parte de nuestra dignidad que ante todo se respeten nuestras decisiones, sean o no de vuestro agrado.

La prostitución es el síntoma y la consecuencia de la situación de las mujeres en el mercado laboral de un país

La prostitución es el síntoma y la consecuencia de la situación de las mujeres en el mercado laboral de un país. En España vemos cada día como las mujeres de la clase trabajadora –desde los empleos feminizados y precarizados que desempeñan– denuncian las condiciones de explotación que sufren y la falta de derechos. (Sin ir más lejos, aquí mismo, en las Cortes valencianas, las limpiadoras de vuestros despachos estuvieron cinco meses sin cobrar y tuvieron que recurrir a Cáritas para comer porque la empresa concesionaria del servicio dejó de pagarles.)

Llevo diez años ejerciendo la prostitución viendo como para las mujeres este trabajo no es la última opción, sino la alternativa a empleos hiperexplotados. Poner el foco en la demanda –en los clientes– es ocultar y desresponsabilizar las estructuras sociales que causan la pobreza y la desigualdad y que se generan apoyadas por el propio Estado y el sistema económico.

Las mujeres sin papeles, en muchos casos sin posibilidades de acceder a un contrato de trabajo, recurren a la prostitución

En España es una ficción hablar de igualdad y derechos humanos cuando la Ley de extranjería mantiene sometidas a medio millón de personas en situación administrativa irregular. El 58% son mujeres, según la Fundación Por Causa, quienes trabajan en la economía sumergida expuestas a todo tipo de abusos y explotación gracias al poder que otorga la Ley de Extranjería a delincuentes y explotadores. Las mujeres sin papeles, en muchos casos sin posibilidades de acceder a un contrato de trabajo, recurren a la prostitución: ¿seguimos responsabilizando a la demanda?

La OMS, Amnistía Internacional, ONUSIDA, OIT, Human Rights Watch, Front Line Defenders, la Alianza Global contra la Trata y La Strada Internacional son algunos de los muchos organismos internacionales de derechos humanos que desaconsejan políticas punitivistas sobre la prostitución. El 25 de setiembre del 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra mujeres y niñas publicó su posicionamiento oficial en contra de la criminalización de la prostitución y recomendando su despenalización total con el objetivo de eliminar la discriminación contra las personas que ejercen el trabajo sexual y garantizar sus derechos humanos. Recientemente, el 15 de febrero, el Alto Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa también se posicionó en la misma línea, en una publicación exhaustiva que enumeraba las consecuencias de la penalización de la prostitución (ya sea directa o indirectamente), y recomendaba hacer partícipes a las trabajadoras sexuales en la elaboración de las políticas que les atañen. Nosotras somos las directamente afectadas y deberíamos ser escuchadas.

Sancionar a los consumidores no reduce el consumo, lo único que se consigue es que las mujeres antepongan la seguridad de su cliente trasladándose a sitios apartados

En el 2017, Encarna Bodelón, al frente del Grupo de Investigación Antígona de la UAB, publicó los resultados de su estudio sobre las ordenanzas municipales y la Ley de Seguridad Ciudadana en el Estado español. Esta investigación demostró que sancionar a los consumidores no reduce el consumo, lo único que se consigue es que las mujeres antepongan la seguridad de su cliente trasladándose a sitios apartados para evitar que multen a su fuente de ingresos. Esto empodera a los clientes que, ante la desesperación económica de las mujeres, consiguen un margen mayor para regatear no solo las tarifas, sino incluso el uso del preservativo, lo que pone en riesgo a las mujeres.

Las compañeras que han tenido que sufrir estas normativas de control del espacio público se ven obligadas a aceptar a clientes que posiblemente en otra situación rechazarían. Otras muchas se ven empujadas de la calle a los locales obligadas a tener que trabajar para terceros, o de tener que aceptar sus condiciones. También detectaron numerosos casos de maltrato físico por parte de la policía y coacciones; situación que también denunciaron las prostitutas organizadas del polígono de Villaverde cuando en el 2015, apenas aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, varios agentes de la brigada once de la UCRIF cometieron abusos (persecución, insultos machistas y racistas y amenazas), algo que no es poco habitual. Además, multar a sus clientes redujo su capacidad de negociación y su seguridad, y perciben a los policías más como una amenaza que como agentes público cuya tarea debería ser el de protegerlas. Estas son las consecuencias que traerá su Ley de carreteras, ya documentadas por la universidad española que, por ideología, desoyen.

Penalizar el alquiler de espacios para la prostitución pone una barrera para que nos alquilen un espacio y nos expone a chantajes y extorsión

La tercería locativa –la penalización del alquiler de espacios donde se ejerza la prostitución– es una figura del Código Penal franquista que fue derogada en democracia en 1995. Su criminalización no hace más que comprometer todavía más nuestro derecho a la vivienda, exponiéndonos a todo tipo de abusos. Como no tenemos nómina sufrimos muchas dificultades para conseguir alquilar un espacio y, por eso, son muchas las mujeres que viven y ejercen en el mismo sitio, a menudo en los clubes que se aprovechan de nuestra falta de derechos. Medidas como las que propone la Ley de espectáculos es una barrera para que nos alquilen un espacio y nos expone a chantajes y extorsión ya que para nosotras es necesario para trabajar, y también para vivir.

Este tipo de legislación también dificulta que las trabajadoras sexuales, ante cualquier agresión, denunciemos por el temor de poner en riesgo sus espacios.

A todo esto, le tenemos que sumar la violencia que supone invalidar el consentimiento de las mujeres que ejercemos la prostitución, que según estas leyes, es irrelevante. Un gobierno que habla de igualdad y dignidad está generando jerarquías entre aquellas a las que se les reconoce la posibilidad de consentir, y a las que considera sujetos, y las Otras, a las que nos reduce a objetos que han de ser controlados.

La causa de la prostitución no es la demanda, sino de las necesidades materiales que tienen las mujeres y sus familias

No hace falta ser muy listas para saber que si una panadera abre un negocio y el Estado penaliza, persigue y sanciona a sus clientes, ella se quedará sin ingresos: sin poder pagar el alquiler, ni comer ni sostener a su familia. Esto es lo que pasa con las trabajadoras sexuales cuando todo nuestro entorno es criminalizado, así que no nos digan que el abolicionismo no es lo mismo que el prohibicionismo cuando las consecuencias son idénticas. ¿Con estas medidas van a abolir la prostitución? NO. Solo van a lograr que las mujeres se desplacen a otros espacios o territorios, no van a dejar de ejercer la prostitución, sino que lo harán en condiciones de mayor clandestinidad, expuestas a más inseguridad, abusos y explotación. Más estigmatizadas y empobrecidas, porque la causa de la prostitución no es la demanda, sino de las necesidades materiales que tienen las mujeres y sus familias.

El mundo en el que nadie pueda comprar servicios sexuales es el mundo en el que nadie necesite venderlos. Para que esto ocurra debe existir pleno empleo –en buenas condiciones– y se debe respetar el derecho a migrar. Incluso así, quizás la prostitución no desaparecería porque, aunque la necesidad económica sea la principal, existen una diversidad de motivaciones y experiencias vitales por las que las mujeres deciden ejercerla. En un Estado democrático, las leyes se tendrían que elaborar escuchando las diversas voces de las personas a las que les afectan directamente.

Una muestra más de los efectos de la criminalización del entorno de las trabajadoras del sexo es la que ha producido el artículo 11.1 de la Ley de Libertad Sexual que ha ilegalizado la publicidad que promocione la prostitución. Como resultado, han desaparecido las páginas más utilizadas por las trabajadoras y en su lugar han surgido otras fraudulentas. Las pocas que quedaron han aumentado sus tarifas, espoleadas por la ilegalidad en la que tienen que actuar. Hoy invertimos el doble y hasta el triple en publicidad, además sufrimos por parte de estas páginas todo tipo de arbitrariedades que no podemos denunciar ante ninguna institución; es decir, paradójicamente esta ley ha empoderado a los publicistas, un ejemplo de lo que causan estas leyes criminalizadoras.

La publicidad en páginas online es la principal herramienta para las mujeres que se autogestionan. Por lo tanto, la consecuencia más nefasta de esta medida es las proliferación de pisos y agencias regentadas por terceros. Al final, son los proxenetas quienes se acaban beneficiando de este tipo de medidas criminalizadoras.

Políticas abolicionistas son políticas racistas

No quiero acabar sin denunciar el componente racista que conllevan las políticas abolicionistas, que ni protegen a las víctimas de trata ni a las mujeres que ejercen la prostitución, sino que son utilizadas para reforzar el control migratorio.

En el Estado español existen actualmente siete cárceles a las que denominan CIE y un macro CIE en Algeciras que entrará en funcionamiento pronto. Se utilizan para encerrar a quinientas personas migrantes, en su mayoría, por el mero hecho de no tener papeles. En el 2020 la organización CIEs NO denunció que en el de Zapadores eran encerradas víctimas de trata junto con sus proxenetas. Más recientemente, la organización Mundo en Movimiento, en un informe sobre el CIE de Aluche, denunciaba que más de la mitad de las mujeres encerradas eran prostitutas latinoamericanas con cargas familiares, las cuales también encabezaban las listas para ser deportadas. Estas mujeres acaban encerradas en estos sitios tras las redadas que se realizan en los clubes de alterne y la persecución policial con ordenanzas en mano. Porque, aunque supuestamente “solo la demanda es sancionada”, para llegar a estos consumidores la policía a quien hipervigila, persigue y hostiga es a las mujeres y, si estas no tienen los papeles en regla, se les tramita una orden de expulsión.

La regularización extraordinaria de las personas migrantes es la reparación de una deuda colonial del Reino de España que continúa con el expolio de los territorios del Sur Global y la explotación implacable de mano de obra migrante en situación administrativa irregular en el territorio español. Nuestro movimiento no se ha dado por vencido y actualmente nuestra ILP, avalada por más de 700 mil firmas de la ciudadanía y 84 mociones de apoyo de Ayuntamientos de todo el Estado, se encuentra pendiente de aprobación. ¿Volverán a votar en contra? ¿Volverán a perder la oportunidad de ser coherentes quienes pretenden abanderar los derechos humanos? También tendrían que trabajar urgentemente para que las mujeres en el mercado laboral feminizado puedan tener sus derechos garantizados; para que dejen de vivir en chabolas en condiciones infrahumanas en los campos de Huelva; para que dejen de temer una deportación por denunciar una agresión en una comisaría.

Lo que en el papel queda muy bonito tiene consecuencias reales e inmediatas en nuestras vidas

Lo que en el papel queda muy bonito tiene consecuencias reales e inmediatas en nuestras vidas. Votar a favor de estas leyes es votar a favor de la criminalización indirecta de las mujeres que ejercen la prostitución. Es votar a favor de nuestro empobrecimiento, de nuestra inseguridad, estigmatización y deterioro de nuestras condiciones de vida. Es votar favor de la clandestinidad y en contra de nuestros derechos humanos y fundamentales.

Regularización Ya por Justicia Social

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¿Adiós precariedad?

Definir la precariedad pasa por analizar la situación de las personas desempleadas, aquellas que de manera involuntaria están trabajando a a tiempo parcial, las que tienen contratos fijos-discontínuos y por último, aquellas con contratos temporales –que siguen teniendo un peso importante a pesar de la reforma laboral–.

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