El sábado 20 de abril se celebraron manifestaciones simultáneas contra el desarrollismo turístico-inmobiliario en todas las islas del archipiélago canario, con concentraciones en algunas ciudades europeas destino de la emigración canaria. Lo que comenzó como una iniciativa de una decena de colectivos de Tenerife –entre los que destacan la plataforma Salvar la Tejita, y organizaciones veteranas como ATAN o Ben Magec– ha terminado por convertirse en una de las mayores movilizaciones sociales que se recuerda en Canarias, con decenas de miles de participantes, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria. El comunicado original de la propuesta tinerfeña destacaba la contradicción entre las cifras de turistas y las de pobreza; las crecientes dificultades para acceder a una vivienda; un exceso de infraestructuras que no resuelve los problemas de movilidad en la isla y que amenaza los espacios naturales; la emergencia hídrica declarada en marzo en Tenerife y la contaminación de las aguas marinas; la destrucción de la calidad de vida, así como «de la propia identidad», según denunciaban. La rápida e intensa difusión de la convocatoria, a la que fueron uniéndose progresivamente otras islas, evoca un tipo de desborde que no se producía desde hace una década. ¿Por qué ahora? Y ¿cómo anticipar o dar forma al día después?
La movilización en Tenerife no surgió de la nada. En este siglo, protestas ecologistas contra los grandes proyectos de infraestructura con fuerte impacto ambiental se organizaron en la isla entre 2002 –año de la histórica protesta contra el planeado y luego abortado tendido eléctrico de Vilaflor– y 2009, cuando se produjo la última gran manifestación contra el Puerto de Granadilla (luego habría otras, pero no de la misma entidad). Entre ambas fechas, a mediados de la década Tenerife se había convertido en la isla más poblada de Canarias, sobrepasando a Gran Canaria. De estas movilizaciones surgiría la organización política ecosocialista Alternativa Sí Se Puede por Tenerife (2007).
La movilización ecologista en Gran Canaria tuvo previamente una fuerza particular con movimientos vecinales y organizaciones diversas
La movilización ecologista en Gran Canaria tuvo previamente una fuerza particular con los movimientos vecinales y organizaciones como los comités Salvar Veneguera (1984), que lograron después de muchos vaivenes la protección del barranco de Veneguera en 2003. En este siglo se produjeron nuevas protestas como las desarrolladas contra el Puerto de Arinaga, aunque de menor escala comparadas con las de Tenerife citadas arriba. Otras islas han vivido sucesivas movilizaciones, como en Fuerteventura contra el proyecto de vaciado escultórico-turístico de la montaña de Tindaya; en Lanzarote en defensa de la isla (2002) y contra las prospecciones petrolíferas (en 2014, replicadas en otras islas) o en El Hierro con el sostenido rechazo contra los proyectos de lanzadera y radar (por razones tanto ambientales como antimilitaristas). La movilización ha sido comparativamente menor en islas como La Palma o La Gomera, menos impactadas por grandes proyectos, aunque no sean ajenas a otras derivas inmobiliarias.
Según Brito, “la contienda ecologista en Canarias ha tenido un carácter claramente estructural” en los últimos cuarenta años
Como ha destacado José Manuel Brito en sus análisis de los movimientos sociales en Canarias, “la contienda ecologista en Canarias ha tenido un carácter claramente estructural” en los últimos cuarenta años. En primer lugar, según Brito, por el modelo de desarrollo turístico basado en “una ocupación extensiva del territorio, (…), creando una geografía al servicio del negocio turístico e inmobiliario”. En segundo lugar, por el “papel desempeñado por las distintas instituciones políticas y los gobiernos” en la promoción activa de dicho modelo, “lo que hace que los problemas ambientales sean planteados en términos de deterioro de la calidad de la democracia”, y explica por qué “en Canarias la contienda ecologista es mucho más que una mera disputa por la propiedad de un recurso”. Añado que en los últimos años muchos canarios asocian cada vez más esta dimensión ecológica a las condiciones de la reproducción social, y a la calidad de vida en general. Lo ecológico es social y político.
Lo ecológico es social y político
La intensificación de la protesta en la primera década del siglo XXI coincidió con un boom constructor al calor, por un lado, de una generosa cofinanciación europea de infraestructuras, y, por otro, del ciclo de expansión inmobiliaria impulsado por la liberalización de la regulación del suelo, el crédito con bajos tipos de interés facilitado por las políticas del Banco Central Europeo, y la corrupción política vía cajas de ahorro (la fallida operación Las Teresitas data de 2006). Una década de crecimiento que no impidió que Canarias fuera “una de las comunidades autónomas españolas con mayor grado de desigualdad en la distribución de la renta y con una tasa de pobreza relativa entre el 25% y el 30% superior a la media española”, como recuerda el economista David Padrón Marrero. Esta fase concluyó de forma abrupta, como sabemos, con la crisis financiera de 2008 y sus ramificaciones posteriores en forma de crisis de deuda soberana en la eurozona. Este proceso no fue exclusivo de Canarias, pero en Canarias los factores inherentes a su estructura productiva agravaron la crisis, llegando a una tasa de desempleo del 33 % en 2013: explotación de trabajo de baja cualificación, baja productividad y gran sensibilidad a cambios en las condiciones financieras y la coyuntura internacional.
Desde 2013, en España la recuperación económica ha pasado ante todo por los intentos de lanzar un nuevo ciclo inmobiliario, aunque esta vez con contornos diferentes a los del ciclo anterior, como el impulso del negocio del mercado residencial de alquiler ante las dificultades de acceso a la propiedad inmobiliaria por parte de cientos de miles de familias por las nuevas restricciones del mercado hipotecario. Es lo que ha analizado Pablo Carmona en “La democracia de propietarios” (2022) para el conjunto del Estado, con atención especial a los casos de Madrid y Cataluña. Por lo que respecta a Canarias, el descenso del número de hipotecas ha sido muy acusado, y las cifras de hipotecas constituidas sobre viviendas desde que se tocó fondo en 2013 están muy lejos de las que preceden la crisis financiera.
Ello no quiere decir que no haya habido adquisiciones, de vivienda nueva y usadas, con picos en 2014 para la compra de vivienda usada tras la oleada de ejecuciones hipotecarias y en 2021 tras la fase más dura de la pandemia de la COVID-19.
¿Quiénes compran?
Las estadísticas muestran que cada vez más foráneos. En 2022 un 28,6% de las transacciones inmobiliarias las llevaron a cabo nacionales de otros países (el doble de la media española), de los cuales la mitad eran alemanes, italianos y británicos, por este orden. En su mayoría se trata de segundas residencias. En 2023 un total de 388.688 de nacionales de otros países aterrizaron en Canarias para alojarse en sus propias casas, apenas un 2,7 % del total de turistas pero con un efecto no desdeñable en el mercado inmobiliario local. En 2023, casi la mitad del incremento poblacional se debe a la inmigración desde otros países, sobre todo europeos. Estos datos no incluyen los españoles peninsulares que también se han convertido en propietarios no residentes. Las datos de las mudanzas desde la península a Canarias no permiten diferenciar quiénes son peninsulares que compran o alquilan, o quiénes son canarios que retornan. Estas compras extraterritoriales acentúan los procesos de gentrificación bien estudiados en otros contextos isleños.
Por otro lado, el número de grandes tenedores de vivienda en Canarias, con un mínimo de once inmuebles, se ha duplicado (+128%) en los últimos 15 años. Muchos inversores incrementan su patrimonio comprando pisos que después alquilan, sobre todo en régimen turístico con lo que obtienen elevadas rentabilidades. Habría que investigar más para poder desagregar y verificar los porcentajes respectivos de personas jurídicas o físicas, extranjeras o nacionales, peninsulares o familias pudientes canarias. Cabe presumir que la tendencia es equivalente –aunque más intensa– a la de otras zonas de España, con la recolocación de activos inmobiliarios de la SAREB (véase por ejemplo sus operaciones en el sur de Tenerife) y un mayor protagonismo de los fondos de inversión, filiales inmobiliarias de los bancos y “servicers”. Con todo, el mayor aumento en Canarias ha sido el de los denominados “medios tenedores”, de seis a diez viviendas, con un incremento del 198 %, lo que puede apuntar a la acumulación patrimonial de una categoría diferente a la de los conocidos extranjeros: el de las familias canarias con recursos suficientes como para haber invertido en bienes inmuebles durante la crisis.
Así, el número de hogares en Canarias con vivienda en propiedad se desplomó del 72,2 % en 2007 al 60,78% en 2022, mientras que el número de hogares en régimen de alquiler pasó en el mismo período del 20 al 30 % (ISTAC). En La Palma, el cambio es de los más pronunciados: si en 2007 un 15,4 % de los hogares vivía en régimen de alquiler, en 2022 es un 36,6 %. En esa isla se añade la pérdida de población por la emigración de los más jóvenes, a otras islas o a la península. Lo cual implica dos cosas. Por un lado, una erosión de la “sociedad de propietarios” propia del proyecto neoliberal, en virtud de la cual la propiedad de activos financieros por parte de la mayoría de la población –en el caso español, fundamentalmente de activos inmobiliarios– debe apuntalar la paz social de la “clase media” y compensar la degradación salarial y de los servicios públicos. En cambio, en los últimos años asistimos a una concentración de dicha propiedad. Y, por otro, una importante transferencia de rentas desde las familias más empobrecidas a los grupos sociales con propiedades o más beneficiados por las “rebajas” durante la recesión o por herencias exentas del impuesto de sucesiones. En Canarias hacen falta investigaciones que analicen esta creciente brecha social, como las del Instituto de Investigación Urbana IDRA para el caso de Barcelona.
En el archipiélago la búsqueda de rentas por alquiler ha conducido a apuestas especulativas como el alquiler de las viviendas de uso turístico o viviendas vacacionales para turistas o para “nómadas digitales”, una forma de movilidad temporal de europeos o americanos con un mayor poder adquisitivo, vinculada al teletrabajo y promovida por las autoridades canarias. Según un informe de la Universidad de La Laguna, en diciembre de 2023 Canarias contaba ya con 195.994 plazas o camas de vivienda vacacional (un 36% de la oferta alojativa, que en Tenerife se eleva al 40% y en La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa supera el 50%), frente a 251.308 plazas hoteleras (46%); y 98.042 de apartamento tradicional (18%). Esta oferta, estimulada por las redes sociales digitales, ha producido el efecto de dispersar el turismo por territorios que se consideraban resguardados del mismo, incluyendo pequeños municipios rurales. Si para la generaciones de mayor edad, el turismo era algo que se concentraba en puntos muy concretos, mientras uno podía hacer su vida en el resto de la isla o en la propia ciudad, hoy el turismo –y los servicios que lo acompañan– son omnipresentes, también en las saturadas carreteras.
Que el 71% de los 28.560 propietarios de plazas de vivienda vacacional sean propietarios privados, personas físicas, y que la mitad de los mismos posea solo una vivienda vacacional (se supone que al margen de la vivienda habitual) nos remite al rentismo de unas disminuidas clases medias que depositan sus esperanzas de rentabilidad en esta fórmula. Cuando no aumentan simplemente los precios de los alquileres para obtener beneficios equivalentes: los alquileres en Canarias están subiendo a un ritmo del 3% mensual, siendo la comunidad autónoma donde más ha crecido el alquiler en el último año.
Los inquilinos canarios dedican de media la mitad de sus ingresos al pago del alquiler
Sin embargo, los inquilinos canarios, cuyos sueldos están entre los más bajos de España, dedican de media la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. La presión es mayor en torno a los núcleos turísticos. Así, en el sur de Tenerife los elevados alquileres pueden comerse buena parte de los salarios de quienes trabajan allí, lo que conlleva procesos de expulsión a otras zonas.
En los últimos dos años su capacidad de compra se ha visto erosionado además por una elevada inflación, mayor que en otras regiones de España, que afecta en particular al coste de los alimentos, la mayoría importados, a pesar del Régimen Específico de Abastecimiento (REA). Los anuncios triunfalistas de creación de empleo en tiempos de bonanza turística ocultan el hecho de que en Canarias lo que abundan son los trabajadores pobres, formales o “en negro”. Y por el tipo de modelo productivo, una mayor cualificación no garantiza un empleo o mejores condiciones, de ahí que muchos jóvenes con credenciales universitarias opten por emigrar o se vean estimulados a ello por su entorno familiar. En Canarias, quienes pueden permitirse enviar a sus hijos a Madrid para realizar sus estudios superiores buscan asegurar el valor de sus credenciales educativas y sus opciones de encontrar empleos cualificados en el mercado laboral peninsular.
Uno de cada tres canarios se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social
En definitiva, la desigualdad ha aumentado desde principios de siglo, y especialmente desde la crisis financiera y el impacto posterior de la pandemia de la COVID-19. Como han observado el sociólogo Saturnino Martínez García y otros autores, la composición de clase en Canarias ha evolucionado en los últimos veinte años. El descenso del proletariado tradicional (obreros cualificados y sin cualificar, trabajadores del sector primario) se ha visto acompañado del aumento del número de personas ocupadas en servicios poco cualificados y, en menor medida, el de profesiones liberales que precisan títulos universitarios. Por ingresos, han crecido los grupos de los deciles superiores e inferiores. En la horquilla de ingresos medios, los de ingresos medios bajos constituyen el grupo mayoritario, no pocos al borde del desclasamiento social. Uno de cada tres canarios se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. A pesar de que las transferencias sociales adoptadas por el anterior gobierno canario hayan mitigado algo esta tendencia, lo cierto es que el índice Gini pasó de 0,32 en 2018 a 0,33 en 2022. Una cifra que esconde relevantes diferencias territoriales. Los municipios con mayor desigualdad, los que tienen índices Gini entre 0,33 y 0,39 (Puerto de la Cruz) son los más sometidos a diversas formas de turistificación: desde los tradicionales núcleos turísticos a las zonas metropolitanas donde penetra el alquiler vacacional, pasando por las segundas residencias que compran alemanes, holandeses o belgas en La Palma.
Es en este fracturado contexto social en el que las nuevas autoridades surgidas de las elecciones del 28 de mayo de 2023 (gobierno autonómico, cabildos, ayuntamientos) decidieron, una tras otra, apretar el acelerador y reimpulsar proyectos que habían sido aparcados, suspendidos, o retrasados durante la anterior legislatura. El consenso entre las fuerzas políticas dominantes (PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular) resucitaba, a distintos niveles, poniendo de manifiesto una convergencia de intereses. Como si hubieran visto en la salida del juego representativo de partidos de izquierda más contestatarios del modelo vigente como Podemos, Sí se Puede o Drago una oportunidad para dar una nueva vuelta de tuerca a la especialización productiva en los sectores turístico e inmobiliario, en búsqueda de altas rentabilidades financieras. Solo en Tenerife, desde el verano de 2023 se sucedieron anuncios como el archivo de las órdenes de paralización del proyecto de la urbanización de lujo Cuna del Alma (sobre este proyecto escribí aquí), la construcción de prácticamente una nueva ciudad en la zona de El Mojón, junto a Los Cristianos, o la continuación de los procedimientos para implantar un extenso circuito del motor en la isla. La reactivación del turismo de cruceros, algo impensable en 2020 y que afecta a las capitales portuarias canarias, va en la misma línea. Y en Fuerteventura reflotan proyectos extractivos, esta vez sustituyendo el petróleo por las denominadas “tierras raras”.
Todo ello choca a mucha gente que durante dos años, con la pandemia, pudo constatar cómo se vive en las islas con un número substancialmente menor de turistas, con sentimientos contrastados entre el impacto económico, social y ambiental. Los 4,6 millones en 2020 y 6,7 millones en 2021 no tardaron en convertirse en 14,6 millones en 2022, 16,2 millones en 2023, lo que implica una población flotante equivalente al 16% de la población residente, y con previsiones de llegar a la abrumadora cifra de 17 millones de turistas este año, un crecimiento desmesurado apuntalado por la renta de posición del archipiélago frente al convulso vecindario europeo. No olvidemos que los debates sobre la capacidad de carga en el archipiélago que dieron lugar a la fallida moratoria turística de 2001 se plantearon con cifras de 9-10 millones de turistas anuales. Cuestiones como la explotación intensiva de recursos como el territorio o el agua, sobre todo en las zonas costeras, la contaminación del mar por medio de emisarios submarinos –de aguas residuales– sin control, los atascos en autopistas y carreteras, se han agravado. La visibilización, por medio de las redes sociales, de las conductas más irrespetuosas de los turistas con actitudes más coloniales, en tanto que poseen un sentimiento de privilegio (entitlement) y derecho al abuso, ante la pasividad de las autoridades, contribuye a alimentar la indignación popular.
Las manifestaciones marcan un antes y un después en este tipo de movilizaciones en Canarias
Estas manifestaciones marcan un antes y un después en este tipo de movilizaciones en Canarias. Son las primeras grandes protestas en y desde el archipiélago, llevadas a cabo por una diversidad de personas, que no se dirigen contra un proyecto concreto, sino contra el modelo económico vigente en su conjunto, desde una perspectiva ecosocial puesta de manifiesta en la noción del límite. Las miles de personas que protestaron el sábado mandaron parar y se reivindicaron como sujetos políticos, mostrando el archipiélago que existe al margen de las cartas postales. El consenso de mínimos entre los asistentes es una moratoria efectiva de nuevos desarrollos hoteleros, una ecotasa, la regulación de la vivienda y del mercado de alquiler. Apuntan al fin de la depredación del territorio, a una redistribución más justa del producto social, y al derecho a la isla, contestando su mercantilización.
La potencia de estas demandas ha puesto a la defensiva a los principales promotores y beneficiarios del statu quo, como la patronal hotelera Ashotel, la patronal de viviendas vacacionales, y los representantes del gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos, con mensajes que han evolucionado desde la recurrente acusación de “turismofobia” a la comprensión condescendiente u oportunista como en el caso del presidente Fernando Clavijo. La participación cínica en las manifestaciones del 20A de representantes del PSOE, cuyos alcaldes se encuentran entre los principales responsables del urbanismo desaforado y de la legislación que lo ampara, muestran el riesgo de captura política en direcciones no transformadoras. Los amagos de capitalización por parte de partidos de la izquierda canaria alternativa serán contraproducentes si pretenden dirigir dicho proceso o embarcarse en la habitual competencia estéril por presentarse como los abanderados exclusivos y excluyentes de la causa.
Organizar la protesta
Lo importante ahora, por tanto, es cómo trabajar un proceso de reflexión y articulación colectiva desde el evento “veinte de abril” que permita mantener una presión social autónoma que resista los intentos de apropiación para fines distintos o cooptación. Lo cual nos remite a la ingrata cuestión de la organización. El papel de las asociaciones ecologistas en Canarias, con sus capacidades comunicativas y de acción legal, seguirá siendo importante. La multiplicación de plataformas (“Salvar…”) centradas en la movilización activista es, como se ha visto, necesaria pero insuficiente. Junto a estas organizaciones, sería deseable que pudieran desarrollarse otras modalidades organizativas de base, al estilo de los sindicatos de inquilinos, así como una imprescindible investigación militante. Entre todas ellas pueden conformar espacios de discusión y de coordinación, o articularse en torno a algunas existentes como diversas fundaciones, lo que requiere una actitud cooperativa que permita cierta unidad de acción, que no ideológica o identitaria y federar dichos espacios isleños. Algunas líneas de reflexión pueden ser las siguientes.
Resulta imprescindible hacer política al margen de los partidos políticos, como ocurre en aquellos lugares donde los movimientos sociales son fuertes.
En primer lugar, asumamos que resulta imprescindible hacer política al margen de los partidos políticos, de la representación, como ocurre en aquellos lugares donde los movimientos sociales son fuertes. Lo cual no quiere decir contra los partidos, pues en algún momento será necesario interactuar y muchas personas suelen estar dentro y fuera de los mismos. Significa preservar espacios de autonomía o saber diferenciar los roles respectivos. Y resistir los llamamientos a la unidad orgánica, sobre todo en período preelectoral. La experiencia del ciclo político reciente (2014–2023), con una exacerbada competición cainita, por momentos patética, invita a las formaciones de la izquierda a situarse en un segundo plano, más discreto, y a revisar sus mecanismos internos.
En segundo lugar, hay que entender que el panorama social descrito más arriba nos muestra importantes divisiones sociales en el seno de la heterogénea formación social canaria, también entre islas, que no podemos ignorar u ocultar con los artificios discursivos propios de las hipótesis populistas. Sencillamente, quienes extraen rentas por disponer de uno o varios inmuebles en alquiler no tienen los mismos intereses que quienes, no disponiendo de patrimonio propio, transfieren dichas rentas, por más canarios que se sientan ambos. Quienes dirigen o trabajan en empresas vinculadas al sector de la construcción, difícilmente ven con buenos ojos cualquier propuesta de restricción o regulación de la economía del ladrillo y del cemento. El foco exclusivo en los compradores o inquilinos extranjeros puede facilitar una reafirmación identitaria, pero perdiendo de vista una realidad más compleja. Aquí se plantean dos opciones: o bien una opción consensual que busque una armonía de intereses (por ejemplo, bajo una formulación de la canariedad), propia de la vía electoral. O bien la opción de la construcción de un poder propio, que asuma objetivos e intereses diferenciados, propia de la vía social. ¿Es posible o deseable conciliar ambos?
No se trata de erradicar el turismo, pero sí de reconducirlo a cifras que contribuyan a una menor presión ecológica y social
En tercer lugar, aclaremos qué entendemos por cambio de modelo. La limitación del crecimiento turístico es el punto de partida. No se trata de erradicar el turismo, pero sí de reconducirlo a cifras que contribuyan a una menor presión ecológica y social, y de regularlo de manera que limite el poder de turoperadores, cadenas hoteleras y corporaciones financieras, aunque también está en su interés evitar la saturación. El número de visitantes anuales debería poder reducirse de manera progresiva hasta llegar a la mitad de lo que recibimos ahora, mientras con apoyos públicos se promueve el desarrollo de otros sectores, sin pretensión de sustitución. Para ello se pueden articular diversas políticas que desincentiven lo incentivado: medidas fiscales, reducción de la oferta de camas, de licencias de obra y de apertura de negocios como parques temáticos y centros comerciales, limitación de la subsidiada hiperconectividad aérea (¿es necesario que Lanzarote tenga conexión directa con un pueblo remoto de Finlandia?). Pero hay más.
Es hora de poner en práctica las lógicas de lo común que subyacen a las reivindicaciones del 20A
Si la profundización de la lógica depredadora y rentista sobre el territorio es producto de una colaboración público-privada, donde lo público garantiza el suelo, la socialización de pérdidas y el coste de la destrucción ambiental (externalidades negativas), y lo privado –extranjero y local– se apropia de los beneficios, es hora de poner en práctica las lógicas de lo común que subyacen a las reivindicaciones del 20A y a la visión que expresan de las islas. El rentismo inmobiliario urbano capta en beneficio propio las plusvalías que generan las economías externas de aglomeración y del conocimiento, y cuando se vincula al turismo, extrae rentas de bienes comunes como el clima, el medio natural, o el mar (las ecotasas solo suponen una limitada redistribución de las mismas). Falta una gestión propiamente común de los bienes comunes –y de lo público–. Cuando nuestras autoridades repiten, frente a las críticas, que al fin y al cabo el 40% del territorio de las islas lo constituyen espacios naturales protegidos, lo que vienen a decirnos es que el resto debe ser susceptible de una explotación intensiva, al mejor postor, de extracción de rentas financieras, empezando por la costa y continuando por medianías. En la cuestión de los comunes urbanos destaca la necesidad de proteger el acceso a la vivienda: implica regular precios, y en cuanto a la oferta poner en común las viviendas que se encuentras vacías por razones especulativas (como se intentará en Bruselas), el desarrollo de fórmulas como cooperativas de vecinos o la figura anglosajona de los fideicomisos de terrenos comunitarios o colectivos (community land trusts), etc.
El objetivo debería ser restringir la adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes
La reversión de los incentivos públicos al desarrollo turístico-inmobiliario en Canarias podría conseguir parcialmente lo que muchos quieren conseguir mediante una “ley de residencia”. Para empezar, el objetivo debería ser restringir la circulación de capitales antes que la de las personas, porque el problema es lo primero, no lo segundo. Concretamente, la adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes. En principio, con la legislación europea vigente esto no es posible. España no negoció excepciones con el tratado de adhesión, como sí hicieron varios Estados miembros. Pero ahora que se plantea la posibilidad de renegociar los tratados, con vistas a la posible adhesión de Ucrania a la UE, podría abrirse esta posibilidad. Habrá que presionar desde ya al gobierno autonómico y al gobierno central para que negocien en ese sentido, en alianza con otros países con problemáticas similares.
Estas son observaciones para el debate colectivo. Quienes desprecian la movilización por no venir con soluciones llave en mano prefieren eludirlo. El 20 de abril debe ser un punto de partida.
Este artículo ha sido escrito el 21 de abril y publicado originalmente en el blog del autor.
