Durante los últimos años, en Europa hemos asistido a una concatenación de eventos que señalan que las cosas no funcionan como debieran. El colapso de las cadenas de suministro globales, las escaladas bélicas, la inflación y los fenómenos meteorológicos más virulentos han puesto en jaque el business as usual. En el trasfondo, las múltiples manifestaciones de la crisis se acumulan en un marco donde confluyen los efectos de la crisis ecosocial y la escasez de empresas competitivas en un mercado capitalista global y financiarizado. Las firmas europeas cada vez muestran una capacidad más limitada para generar beneficios.
Los efectos de la crisis se reflejan en estados cada vez menos capaces de impulsar nuevos ciclos de crecimiento que garanticen empleo estable y servicios públicos sólidos. En 2023, el Deustobarómetro registró por primera vez una valoración negativa de Osakidetza, el sistema de salud público vasco. Las largas listas de espera, símbolo del deterioro de un modelo antes ejemplar, evidenciaban las dificultades de gestión en un contexto de recursos limitados. Conviene hacer un inciso. Buena parte de las prótesis sanitarias dependen del titanio, cuyo principal exportador es la empresa estatal rusa VSMPO-AVISMA, afectada por las sanciones europeas. La escasez global de este material, en un mercado dominado por grandes corporaciones como Johnson & Johnson, generó un sistema de subastas donde las piezas terminan en los países o regiones con mayor poder adquisitivo. Así, la gobernanza del capital impone una jerarquía territorial que amplía las desigualdades, tanto entre estados como dentro de los distintos territorios que componen los Estados-nación en un marco de retroceso del modelo de Estado de bienestar.
Y desde luego, en la gestión de las envejecidas poblaciones del centro capitalista, este tipo de eventos, vinculados a la crisis terminal del capitalismo, generan profundos malestares. Estos malestares llevan a la creación de discursos que encuentran un resorte para explicar la realidad: fabrican chivos expiatorios en torno a la figura del migrante y, en concreto, contra la población musulmana, configurada como la gran otredad bárbara.
El proletariado migrante en el milagro económico español
En el momento actual de crisis terminal del capitalismo, lo que encontramos es un caldo de cultivo ideal para el ascenso de discursos reaccionarios que abogan por un retorno a los equilibrios previos del capitalismo de posguerra, proponiendo medidas como el cierre de fronteras y la expulsión de gran cantidad de inmigrantes, quienes, según esta retórica, «ya han superado el umbral de tolerancia» que nuestro cuerpo social es capaz de soportar.1 Este tipo de retórica, que va desde los grupos de extrema derecha que causaron graves disturbios en el Reino Unido e Irlanda en el verano de 2024, se alimenta de teorías como la del “Gran reemplazo», según la cual la población blanca está siendo desplazada por la crisis demográfica y que esta población va a ser sustituida por extranjeros.2
Lo que encontramos es un caldo de cultivo ideal para el ascenso de discursos reaccionarios que abogan por un retorno a los equilibrios previos del capitalismo de posguerra
En la misma línea, y sin pertenecer al ámbito del activismo neonazi, se sitúan las posturas impulsadas por la extrema derecha desde posiciones de gobierno –como en el caso de los ejecutivos de Viktor Orbán– basadas en una reinterpretación nativista del Estado de bienestar, con un marcado componente familiarista, pero restringido exclusivamente a la población nacional, con todo un aparato jurídico y de producción de derechos que genera una diferencia entre ciudadanías de primera y de segunda categoría.
Por otro lado, y más próximo al establishment y a las posiciones de las élites europeas de orientación democristiana, se encuentra la postura del nuevo lehendakari Imanol Pradales —no muy distinta de las que predominan en el ámbito del nacionalismo catalán—, que plantea para el País Vasco una diferenciación en el tipo de inmigración requerida, siempre definida en función de las necesidades del capital.
En cualquier caso, en una Europa con tasas de natalidad ínfimas y prácticamente sin empresas competitivas en los mercados industriales que no estén fuertemente intervenidos por el Estado –como demuestra el caso de las industrias militares, en las que se está apostando por una salida de corte keynesiano–,3 la situación es clara. Tras varias décadas de deslocalizaciones derivadas de la «solución espacial» a la crisis capitalista de los años setenta, que expandió la condición proletaria a escala global, resulta imposible pensar una alternativa económica para Europa en los sectores vinculados a servicios y trabajo de cuidados que no pase por el empleo masivo de mano de obra barata inmigrante, condición necesaria para el sostenimiento de las clases medias que marcan el ritmo de las sociedades ricas.
No obstante, sí queremos intervenir y desarrollar ecosistemas de articulación y lucha con el proletariado migrante, conviene prestar atención a las formas en las que está teniendo lugar esta realidad en nuestros territorios, sobre todo ya que posee líneas de hojaldramiento social propias y no es una realidad homogénea.
Para situarlo en la actualidad, veamos algunos datos. De acuerdo con la Seguridad Social, existen 3.070.831 trabajadores extranjeros cotizantes. Se trata de un aumento significativo producido a partir del periodo postpandémico, con la reactivación de los flujos migratorios, y supone que en la actualidad haya 1,4 millones más de trabajadores extranjeros en el territorio que en 2015, lo cual supone un incremento del 84,6%, y del 118% en el caso de personas procedentes de países no comunitarios. Este incremento ha estado facilitado por medidas como la reforma laboral de 2022 o la flexibilización de los criterios para la atracción de mano de obra con las reformas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien ha ampliado el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura dando acceso desde el año 2023 a ocupaciones vinculadas a los empleos de construcción. Estas medidas complementan las formas existentes desde la década de los 2000 en las explotaciones intensivas vinculadas a la agricultura –cuya figura legal es la contratación en origen–, donde los trabajadores son contratados en sus países de residencia para la temporada de recogida con la obligación del retorno una vez termina la labor, tal y como ocurre con las temporeras de la fresa en Huelva.4
En términos simples, la llegada de nueva mano de obra ha incrementado la población en edad de trabajar, un factor clave para explicar el reciente ciclo de crecimiento de la economía española. Este proceso ha impulsado el PIB real y permitido la incorporación de unos 2,2 millones de personas al empleo. Sin embargo, este crecimiento no se ha sustentado en la creación de sectores de alto valor añadido, ni en aumentos significativos de la inversión o la productividad, sino que ha seguido la dinámica de los sectores tradicionales de hostelería, comercio, transporte e inmobiliario, precisamente aquellos que concentran la mayor parte de la mano de obra migrante y las condiciones laborales más precarias. El BCE estima que para el caso de España, de los 7,5 puntos que ha crecido la economía entre 2019 y 2024, la productividad apenas ha llegado a aportar dos décimas.
La población migrante está sobrerepresentada en los empleos a tiempo parcial y peor remunerados.
Un ejemplo de ello es que la jornada laboral de la población migrante se prolonga una media de 30 minutos más que la de los nacionales, y esta población está sobrerepresentada en los empleos a tiempo parcial y peor remunerados. O que el 33% de los marroquíes afiliados a la Seguridad Social están empleados en agricultura, ganadería y pesca, uno de los sectores con peores retribuciones de la economía (1.562 euros brutos, frente a la media de 2.273).
Entre la integración parcial y el pánico securitario
En cualquier caso, esta nueva realidad, en medio de la atonía económica europea, está generando nuevas fracturas sociales, así como formas de estabilización y reformulación del pacto social neoliberal. Un ejemplo claro es el trato diferenciado hacia la población migrante: la mayoría de las personas procedentes de América Latina no necesita visado y puede acceder a la nacionalidad española tras dos años de residencia regular, mientras que para otros colectivos –como el marroquí– el proceso exige diez años de residencia antes de poder iniciar unos trámites largos y complejos.
Estos contrastes deben entenderse en el marco de los intentos por articular un campo social en torno a la hispanidad –como espacio cultural compartido–, que al mismo tiempo traza una línea de exclusión racial y cultural respecto a la población musulmana, concebida como un “otro” inasimilable por motivos que van desde las diferencias religiosas hasta prejuicios asociados a la seguridad o la convivencia. En Bilbao, aunque esto se repite en otros puntos del País Vasco, se ha documentado que a menores migrantes se les niega el acceso a programas de Formación Profesional vinculados a sectores de alto valor añadido, orientándolos en cambio hacia itinerarios educativos asociados a empleos peor remunerados.
Cada nueva ola migratoria es presentada como un cuerpo social ajeno al proyecto de la comunidad imaginada, en contraste con la ola anterior
Lo que subyace en toda esta batalla cultural en torno a la figura del «buen» y el «mal» migrante no es más que la repetición, en clave nacional, de un proceso inseparable de la migración a lo largo del desarrollo del capitalismo histórico. Cada nueva ola migratoria es presentada como un cuerpo social ajeno al proyecto de la comunidad imaginada, en contraste con la ola anterior, que pasa a ser el ejemplo de una población «bien integrada». Este mecanismo de jerarquización racial fue analizado por Noel Ignatiev en su estudio sobre la asimilación del proletariado irlandés en Estados Unidos. Ignatiev demostró que los inmigrantes irlandeses –estigmatizados durante décadas como borrachos, violentos y racialmente inferiores– lograron ser aceptados como parte de la «raza blanca» precisamente al participar en la opresión de la población negra. Su incorporación masiva a los cuerpos policiales les permitió ejercer violencia estatal contra los afroamericanos, adquiriendo así una posición de privilegio racial que les había sido negada apenas una generación antes. La blanquitud, sostiene Ignatiev, no es una categoría biológica sino política: se conquista mediante la adhesión a un proyecto de dominación racial.5
Desde luego, este fenómeno no resulta ajeno a nuestra realidad si tenemos en cuenta la imagen asociada a las migraciones provenientes de Europa del Este durante la primera década del siglo XXI (especialmente con la población rumana) o el pánico social generado en torno a la construcción mediática de las bandas latinas. Se trata de un recurso al que se ha vuelto una y otra vez para justificar el aumento de los presupuestos de los cuerpos policiales, como ocurrió en 2018 en Bilbao con el supuesto peligro que se atribuía a grupos de jóvenes —oscuros y pobres— de Otxarkoaga, Santutxu y Txurdinaga. Esta dinámica se ha recuperado recientemente por parte de la prensa generalista con la instrumentalización mediática de la pelea que finalizó con un fallecido en la calle Solokoetxe, suceso que desde el principio se atribuyó sin el menor cuestionamiento a una guerra territorial entre bandas juveniles.
Un ejemplo de esto pudo observarse durante la pasada Aste Nagusia de Bilbao, cuando el actual eurodiputado del partido Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, difundió ficheros policiales con actuaciones en las que se revelaban nombres y rostros de aquellos que encajan en la categoría de “sospechosos habituales” de la propaganda reaccionaria.
Las reglas son claras y delimitan el lugar que corresponde a cada quien: la lógica de la frontera
Al fin y al cabo, de las campañas mediáticas contra la okupación, los supuestos fraudes en la Renta Garantizada o la criminalización de la delincuencia, hay solo un paso hacia la creación de un espacio que legitima la violencia contra el otro. Ejemplos recientes son los ataques en Hernani este verano o el asalto a un centro de menores en Gasteiz esta misma semana. A ello se suma la creciente militarización del espacio urbano, visible en los desalojos recientes de población migrante en Martutene (Donosti) y Zorrozaurre (Bilbao) o la amenaza que pende sobre quienes pernoctan en Jaso Ikastola (Iruña), donde se esperan futuros desarrollos urbanísticos de estas respectivas ciudades. Todo ello forma parte del control rutinario del orden urbano, donde las reglas son claras y delimitan el lugar que corresponde a cada quien: la lógica de la frontera.
¿Qué significa hoy ser un traidor de raza?
El verano de 2020 marcó un momento de revuelta de masas en Estados Unidos. Lo que comenzó como una serie de disturbios en Minneapolis tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía se extendió rápidamente al conjunto del país. La insurrección, inicialmente encabezada por jóvenes negros, pronto fue apoyada y sostenida por personas de todas las razas y géneros. Durante una larga secuencia de descomposición y recomposición –de acuerdo con la inteligencia colectiva que se desarrolló en cada ciudad–, tuvieron lugar experiencias como la zona autónoma de Capitol Hill en Seattle (CHAZ) o los enfrentamientos con la policía federal en Portland. Estas luchas no surgieron en el vacío: se insertaron en un ciclo de movilizaciones que había emergido desde el inicio de la pandemia del COVID-19, incluyendo olas de huelgas salvajes en «industrias esenciales», revueltas dentro del aparato carcelario —prisiones estatales, cárceles locales y centros de detención migratoria—, y protestas en torno a la vivienda. La resistencia Anti-ICE –la agencia de migraciones estadounidense– que se desarrolló ese año no puede entenderse sin esta acumulación de experiencias combativas.
En Francia, la secuencia que abrieron los chalecos amarillos —el sector más precarizado de la clase obrera blanca francesa— fue inicialmente desestimada por los sindicalistas, que los tacharon de brutos e incluso de protofascistas. Sin embargo, la revuelta desarrolló una articulación de luchas que, de rotonda en rotonda, logró sostenerse en el tiempo. Menos de un año después, las luchas contra la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Macron produjeron una nueva ola de movilizaciones y enfrentamientos. Esta secuencia insurgente culminaría con la gran revuelta de las periferias tras el asesinato del joven Nahel, protagonizada por los hijos del neocolonialismo francés.
En Italia, la reciente huelga general en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio no puede entenderse sin el largo legado de luchas sindicales de base
En Italia, la reciente huelga general en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio no puede entenderse sin el largo legado de luchas sindicales de base que los sindicatos USB y COBAS han desplegado en centros logísticos y en la industria de la moda desde hace casi dos décadas. Del mismo modo, la densidad de acciones que han tenido lugar en ciudades como Turín –vinculadas al centro social Askatasuna– y Milán tras el asesinato del joven Remy no serían comprensibles sin el giro de ciertas corrientes de la «autonomía organizada» hacia lo que aquí hemos llamado sindicalismo social, en claro contraste con el desalojo apacible que experimentó el Leoncavallo, antaño símbolo de la composición del ámbito autónomo con el movimiento antiglobalización.
Como hemos visto, ningún periodo de estabilización y crecimiento en el Estado puede comprenderse sin atender al papel que ha desempeñado el proletariado migrante dentro de este ciclo económico relativamente exitoso. Sin embargo, el lugar que la izquierda reserva para estos Otros, salvo contadas excepciones, sigue siendo el de una población que debe ser gestionada –a través de la integración «social», acompañándolos en el laberinto administrativo– o representada mediante la integración «política», ya sea en redes de clientelismo o en la reclamación de una representación propia en los espacios donde, según esta lógica, se produce La Política con mayúsculas: el parlamento. En este aspecto, una parte de la izquierda se muestra nerviosa ante ese cuerpo extraño con el que debe lidiar y que le resulta completamente ajeno. Se debate entre formas paternalistas que apuestan por acompañar y ayudar sin cuestionar las profundas distancias sociales y simbólicas que separan a estos activistas de sus «afectados» o «casos»: distancias en la autopercepción, en la construcción del sentido de la identidad, en la experiencia material de clase.
Pero ningún gobierno parlamentario, sea cual sea su color, va a alterar el régimen de la frontera. Y ello se debe a que la frontera actúa como un dispositivo de ordenamiento de la fuerza de trabajo dentro de la economía global, un mecanismo estructural que no admite una gestión «progresista» sin cuestionar el propio sistema que la sostiene. De ahí el silencio cómplice frente a la masacre del Tarajal o las muertes en la intrafrontera europea entre Irún y Biarritz, episodios que revelan los límites del discurso humanitario y del progresismo institucional.
La lucha a favor de Palestina ha podido significar quizás el primer encuentro con la política antagonista de una generación que se ha desarrollado en las condiciones posteriores a la crisis de 2008 y al recrudecimiento de la Europa-Fortaleza. En este contexto, ¿qué papel nos toca jugar para sostener dicha articulación más allá del momento del disturbio? ¿Qué significa hoy ocupar el papel de un John Brown 6 moderno? ¿Cómo pueden nuestras infraestructuras políticas permanentes procesar tensiones y conflictos?
- Bouamama, S. (2025), De las clases peligrosas al enemigo interior. Traficantes de Sueños, Madrid, pp. 126-132. ↩︎
- Un análisis interesante de estos eventos puede encontrarse en el texto de Richard Seymour, Soñar la caída, en el que se argumenta que estos pogromos, que culminaron con la quema de hoteles destinados a refugiados durante el verano de 2024, no se resolverán con medidas de índole económica. En cambio, es necesario comprenderlos como un fenómeno vinculado a las políticas de identidad de una clase blanca que percibe su situación vital directamente relacionada con el largo proceso de declive del imperio británico y la sociedad occidental en general. Seymour, R. (2024). Soñar la caída, Diario Red, 17 de agosto de 2024. ↩︎
- Ramiro, P. (2025) ReArm Europe, el triunfo del capitalismo militar, El Salto Diario, 9 de marzo de 2025 ↩︎
- Filigrana, P. (2020) “Las jornaleras marroquies de la fresa”, en La internacional feminista, Traficantes de sueños, Madrid. ↩︎
- Ignatiev, N. (1995) How the Irish became white, Routledge classics. ↩︎
- John Brown (1800-1859) fue un abolicionista radical estadounidense no racializado. Es recordado como un pionero en la posición de los «traidores de raza», defendiendo desde su posición la necesidad de posturas abolicionistas radicales e insurrecionales en las décadas previas al estallido de la guerra civil estadounidense. ↩︎
