La supuesta “invisibilidad” de las personas sin hogar, habitual en el discurso social, contrasta con su visibilización como coartada para las propuestas de extrema derecha. La creciente visibilidad de la pobreza en las calles ha sido utilizada históricamente —y hoy de nuevo— para justificar políticas de control, criminalización y rentabilidad electoral frente a un problema estructural que no deja de agravarse. Pese al aumento de recursos asistenciales, el sinhogarismo y la infravivienda crecen en Europa como consecuencia de un mercado de la vivienda excluyente y de un modelo migratorio generador de precariedad, mientras las políticas sociales no ofrecen réditos políticos ni resultados estadísticos visibles. En este contexto, algunos gobiernos locales explotan el fracaso estructural para convertir la miseria urbana en amenaza, vinculándola a inseguridad y migración. Nada nuevo bajo el sol.
El caso de Badalona, con la estrategia del alcalde Xavier García Albiol, ejemplifica esta deriva: el desalojo del asentamiento del antiguo instituto B9 y el cierre del único albergue municipal no buscan resolver el problema, sino capitalizarlo políticamente mediante un discurso que deshumaniza, criminaliza y moviliza el miedo como herramienta de poder. Y, desgraciadamente, así consolida a su público.
¿Invisibles o sin derechos?
Las referencias a la invisibilidad de las personas sin hogar son frecuentes en la prensa y en las campañas de las organizaciones sociales. Se parte de la premisa de que son invisibles para la sociedad, de que caminamos sin apenas mirarlas, y se denuncia la pérdida de empatía, puesto que dejar de verlas es una decisión social y una muestra de indiferencia o rechazo. Estas narrativas utilizan la invisibilidad como metáfora, la contraponen a la dignidad y suelen terminar con un llamado a no desviar la mirada y escuchar a quienes malviven en la calle. Sin embargo, ha sido precisamente la visibilidad de estas personas lo que ha motivado reacciones institucionales en forma de políticas asistenciales o de orden público. En las ciudades europeas, la gestión del vagabundeo y el control de transeúntes fueron funciones fundamentales de los cuerpos policiales modernos desde sus orígenes. En España, hasta finales del siglo XX, las administraciones locales consideraban la exclusión residencial extrema una cuestión de seguridad y convivencia, dejando la provisión de alojamiento temporal y la gestión de albergues en manos de organizaciones religiosas.
En las ciudades europeas, la gestión del vagabundeo y el control de transeúntes fueron funciones fundamentales de los cuerpos policiales modernos desde sus orígenes
A pesar de la cantidad de recursos movilizados durante los últimos 20 años para facilitar alojamiento temporal a las personas sin techo y a las familias que pierden su vivienda habitual, el número de personas en situación de calle, en asentamientos informales de chabolas y caravanas, y en otras formas de infravivienda, no ha dejado de crecer en Europa. Albergues, centros residenciales y pensiones pagadas por los servicios sociales no compensan los estragos de un mercado de vivienda que excluye cada vez a más gente, de un submercado irregular de habitaciones con precios desorbitados y de un modelo migratorio europeo que coloca a millones de personas en riesgo de exclusión o directamente en situaciones de miseria. Por más necesarias que sean, las políticas focalizadas en atender, asistir y ofrecer oportunidades a quienes sufren las peores consecuencias de estos problemas estructurales no generan rentabilidad electoral. No se visualiza el efecto de la inversión realizada, ya que más servicios no se traducen en una reducción de la exclusión ni del sinhogarismo. Los gobiernos locales que las impulsan o las sostienen difícilmente obtienen resultados en forma de estadísticas oficiales que puedan lucir en los titulares de prensa. Es lo que tiene eso de contener una hemorragia con una tirita.
La indiferencia está mutando en un renovado interés por volver a situar la miseria urbana en la agenda política y mediática
Y en este contexto, la indiferencia está mutando en un renovado interés por volver a situar la miseria urbana en la agenda política y mediática. La ineficacia de las políticas asistenciales para reducirla está siendo aprovechada para cosechar votos a golpe de situar a “los sin techo” al mismo nivel que la suciedad y la delincuencia, y de convertir la infravivienda en un peligro para los vecindarios. Las propuestas que criminalizan a quienes sufren de forma más descarnada la crisis de accesibilidad a la vivienda y el modelo racista de control migratorio son más simples que las largas explicaciones sobre las causas estructurales del desborde de los servicios sociales. La campaña global para relacionar migraciones con inseguridad y culpabilizar a los migrantes de todo problema social genera el contexto idóneo para que cultivar odio lleve a cosechar votos.
Badalona: diciembre de 2025
En Badalona, Xavier García Albiol ha adoptado una estrategia de visibilización del sinhogarismo para consolidar el apoyo de los barrios populares de su ciudad. Las políticas impulsadas por el edil popular no han sido indiferentes a la evolución del problema, sino todo lo contrario: han utilizado el crecimiento de la pobreza y el sinhogarismo sembrando el rechazo y el miedo con el objetivo de consolidar los votos de los barrios más empobrecidos.
Un amplio dispositivo policial dejó a 250 personas a la intemperie, frente a la bajada de temperaturas y la proximidad de fuertes lluvias
Tras cinco años en la oposición, García Albiol alcanzó el gobierno municipal de la tercera ciudad más poblada de Catalunya en los comicios del 23 de mayo del 2023, e inició en seguida un procedimiento judicial para desalojar las instalaciones del antiguo instituto de secundaria B9, ocupado en ese momento por unos dos centenares de personas, la mayoría de ellas migrantes procedentes de países africanos que residían en el complejo para no vivir en la calle. Un año después de su elección, también cerraba el albergue de Can Bofí Vell, un centro con 45 plazas que constituía el único equipamiento público que ofrecía alojamiento temporal a personas en situación de calle. El procedimiento para desalojar el B9 llevó a una sentencia judicial y a subsiguiente ejecución del desahucio el pasado 17 de diciembre. En el B9 habían llegado a vivir más de 400 personas, aunque muchas de ellas fueron abandonando el recinto ante la inminencia del desalojo. Finalmente, un amplio dispositivo policial dejó a 250 personas a la intemperie, frente a la bajada de temperaturas y la proximidad de fuertes lluvias.
Los asentamientos irregulares son una realidad incómoda que crece como el resto de formas de exclusión residencial
Más allá de las abultadas cifras, la situación del recinto de Badalona no es muy distinta de otras muchas vividas en ciudades de la misma Área Metropolitana de Barcelona. Los asentamientos irregulares en solares y cañadas, inmuebles industriales o equipamientos públicos abandonados son una realidad incómoda que crece como el resto de formas de exclusión residencial. En la mayoría de estos enclaves de infraviviendas encontramos a personas migrantes que prefieren agruparse y asegurarse un refugio colectivamente que sobrevivir aisladas en las calles. Aunque permanecer en ellos conlleva un nivel de exposición similar al que sufren las personas que pernoctan a la intemperie. Las motivaciones del procedimiento iniciado por el consistorio dirigido por Albiol son las mismas que se han utilizado una y otra vez para desalojar asentamientos de chabolas en Barcelona y otras ciudades: se identifican situaciones insalubres y peligrosas en el lugar que generan riesgos para sus ocupantes y para el vecindario que, formalmente, justifican la expulsión. Pero la decisión suele depender de otras variables como las quejas vecinales o el miedo al crecimiento de esto enclaves. Se desaloja sabiendo que solamente se está desplazando a la gente de un lugar a otro y con la convicción de que cuanto más consolidada esté la ocupación más difícil será disolverla.
Se desaloja sabiendo que solamente se está desplazando a la gente de un lugar a otro
La jueza que autorizó el desalojo del B9, lo condicionó a que los servicios sociales de la ciudad ofrecieran alojamiento alternativo a sus ocupantes. Lo habitual en estas circunstancias hubiera sido que el Ayuntamiento ofreciera algunas noches en una pensión a las personas desalojadas o, al menos, a una parte de ellas. Ya sea para iniciar una intervención social, para cumplir con las sentencias, o para evitar la escena de centenares de individuos (a veces familias con menores de edad) durmiendo en la acera, los municipios suelen movilizar recursos (siempre insuficientes) para facilitar habitaciones y espacios seguros y calientes durante unos pocos días.
En estas condiciones, poner a cuatrocientas personas en la calle de un día para otro sería un enorme problema comunicativo para otros gobiernos municipales. Pero en Badalona, donde el PP gobierna con una mayoría aplastante y en la que VOX no logró ni un solo edil en las elecciones de 2023, cerrar albergues y cargar contra okupas no solo no resta apoyos sino que los suma. Lejos de incomodarse por la visibilidad que la ejecución del desalojo ha dado de repente a la miseria y la exclusión residencial, Garcia Albiol ha utilizado el evento para su estrategia de comunicación política erigiéndose en el defensor de los vecindarios más empobrecidos de Badalona frente a la amenaza interior encarnada por cuatro centenares de migrantes africanos a los que ha señalado repetidamente como “gentuza” peligrosa para la convivencia y la seguridad en su ciudad. En el momento del desalojo declaró que no iba «a gastar ni un euro en dar vivienda a los okupas». Cuando algunos de los desalojados ocuparon el albergue municipal en desuso desde 2023, se dirigió a un grupo de vecinos que en plena calle llamaban a quemar el edificio. Les pidió tiempo para solucionar el problema él mismo y les recordó que todo quedaba grabado, que debían ser prudentes ante posibles consecuencias legales si esa misma noche «pasaba algo».
Desmitificar al enemigo interno
Hace unos años, estas declaraciones hubieran tenido un alto coste político incluso en boca de la derecha. Hoy, la campaña global para culpabilizar a la población migrante de los problemas causados por las desigualdades sociales y la acumulación de capital hace posible que la incitación al odio desde las instituciones públicas resulte una estrategia efectiva para captar el voto popular. Los términos en los que Albiol se refiere a los desalojados buscan anestesiar la empatía que surge de ver a centenares de personas con sus objetos personales en la calle en medio de una alerta meteorológica por frío y lluvia. Los dibuja como enemigos de la convivencia en su ciudad, delincuentes o potenciales delincuentes que ponen en riesgo la seguridad del vecindario.
El desalojo expone el conflicto, lo sitúa en medio de la calle y visibiliza las dificultades que impone no disponer de vivienda
Un dispositivo policial de 20 furgonetas y de más de 100 agentes de la Guàrdia Urbana de Badalona, de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional vigilando de cerca a dos centenares de personas racializadas, la gran mayoría hombres, ofrece imágenes que refuerzan el discurso criminalizador. La permanencia de una parte significativa de ellos en los alrededores del inmueble desalojado, con bolsas, carros y tiendas de campaña, también ha dejado estampas que contribuyen a la percepción de desorden y suciedad que alimenta el miedo y el rechazo. El desalojo expone el conflicto, lo sitúa en medio de la calle y visibiliza las dificultades que impone no disponer de vivienda. El ruido, la ocupación del espacio y los residuos, parecen dar la razón al alcalde porque, circunstancialmente, las molestias de las que se quejaba una parte del vecindario empeoran y justifican discursos todavía más beligerantes.
Ahí radica la importancia de algunas de las reacciones a la crisis del B9 en Badalona. Al otro lado de la política de crueldad desplegada por García Albiol está la capacidad organizativa de los ocupantes del instituto, su gestión de la salida, las estrategias que desarrollaron para minimizar el conflicto con los vecinos en las largas noches al raso de diciembre. También existieron las solidaridades que se pusieron en marcha para facilitar recursos materiales, alojamiento y apoyo político y legal a sus ocupantes, además de la movilización de las entidades sociales y otras administraciones.
La turba de “chusma peligrosa” a la que se pretende reducir la población migrante que ocupaba este u otros espacios abandonados no existe. En el transcurso del desalojo, las noches de lluvia vividas en la plaza cercana al inmueble y el posterior traslado de varias decenas de personas debajo del puente de la autovía C31, se han evidenciado las redes de apoyo mutuo, las solidaridades y la capacidad de organización de los desalojados. El B9 no solo proporcionaba cobijo, también era un espacio de búsqueda colectiva de estrategias para no quedar aislados y en la calle. Entre las actuaciones para encontrar un refugio alternativo destaca la brillante idea de ocupar el albergue cerrado por el propio Albiol hace dos años, aunque finalmente duró pocos días. La oposición al desalojo y las resistencias a abandonar Badalona han sido una respuesta política de una parte de ellos contra el fomento institucional del odio.
El B9 no solo proporcionaba cobijo, también era un espacio de búsqueda colectiva de estrategias para no quedar aislados y en la calle
Aunque la voz del Ayuntamiento y de los vecinos que lanzaban amenazas e insultos haya tenido un relevante impacto mediático, la solidaridad de ciudadanos del mismo municipio y del resto del Área Metropolitana ha generado nuevos vínculos entre movimientos vecinales y personas migrantes. No solamente se han facilitado recursos materiales como sacos de dormir, comida o tiendas de campaña, también se ha alojado a las personas más frágiles y a las que caían enfermas en casas particulares y se ha prestado asesoramiento jurídico y laboral, apoyándose en la labor de algunas organizaciones que ya realizaban estas actividades antes del desalojo.
¿Políticas alternativas?
Las organizaciones de acción social han dispuesto recursos propios para suplir la deliberada dejadez del Ayuntamiento, ofreciendo alternativas de alojamiento temporal y denunciando la falta de recursos dedicados a políticas sociales y de lucha contra la exclusión. Del mismo modo, la Generalitat de Catalunya también ha movilizado recursos para atender a las personas más frágiles, y también para acompañar la regularización de las personas que cumplen con los requisitos para iniciar procesos de arraigo. Pero el principal problema para contrarrestar la promoción del odio desde los cargos públicos es la falta de propuestas alternativas.
Reivindicar el derecho de quienes viven situaciones de exclusión a recibir atención social digna solo tiene sentido si se cuestiona el modelo de gestión migratoria y la mercantilización de la vivienda
Mientras la derecha saca rédito político de visibilizar la miseria urbana y cargar con descaro contra migrantes y personas sin techo, administraciones gobernadas por otros colores políticos lleva a cabo actuaciones que buscan reducir los daños en un relativo silencio. Incluso con cierta incomodidad. Y no solo es así en medio de la vorágine informativa de este macro desalojo. Las políticas sociales no dan votos porque resultan insuficientes para unos, “buenistas” para otros, e ineficaces para todos. Frente al éxito de la derecha global para descalificar, erosionar y destruir los servicios públicos, la izquierda institucional trata de defender los servicios de carácter universalista (sanidad, educación, pensiones) pero no está mostrando ninguna capacidad para defender los que ofrecen cuidados y apoyo a los sectores más empobrecidos de la población.
Garantizar techo, cuidados y derechos aquí y ahora es imprescindible para disputar el marco que convierte la pobreza en amenaza y para desmontar el relato del enemigo interno. Sin embargo, solo tendrá efectos duraderos si se acompaña de políticas que desmercanticen la vivienda, cuestionen el actual modelo migratorio y refuercen unos servicios sociales capaces de proteger sin estigmatizar. De lo contrario, la pobreza seguirá siendo el terreno fértil donde la extrema derecha siembra miedo y recoge votos, mientras la democracia se vacía de contenido social.
