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El ayuntamiento de Iruñea amenaza con derribar el edificio de la antigua Ikastola Jaso donde viven varias decenas de migrantes. Esta decisión ha ido acompañada de un proceso de acoso mediático y policial previo —incluso con detenciones— y es la declinación iruindarra de las olas de racismo estructural que azotan Europa.
Fiel a la abigarrada cohesión social de la capital navarra en la que las grietas aparecen siempre un poco más tarde que en el resto del Estado -y de la Comunidad Foral-, el derribo de la ikastola refleja con claridad meridiana la idiosincrasia de una ciudad rica en términos relativos. Aquí la clase media, pese a haber sido golpeada por la crisis de 2008 y por el empobrecimiento derivado de la inflación, aún conserva suficientes recursos patrimoniales para capear el temporal.
No veremos pogromos antimusulmanes como en Torre Pacheco ni negocios de inmigrantes incendiados por grupos de jóvenes como sucedió en los disturbios de Ballymena (Irlanda del Norte) el pasado junio. Tal vez, sin embargo, no estemos tan lejos de ver a una turba de justicieros autóctonos “a la caza del moro” como sucedió en Hernani en las recientes fiestas de San Juan o de presenciar manifestaciones contra los chavales de un centro de menores, como ha sucedido en junio en Martzilla.
En este caso, el acoso viene avalado por el propio Ayuntamiento que apoya la operación impulsada por la propiedad del edificio, que alega deterioro estructural y la presencia de personas en situación de exclusión social como justificación para la demolición. Esas personas, alrededor de sesenta jóvenes migrantes han encontrado en el edificio un refugio ante la inacción institucional y la falta de recursos públicos de acogida. Acompañadas por organizaciones de apoyo, las personas migrantes han ejecutado mejoras sustanciales en el edificio okupado. Tras la tareas de saneamiento y desescombro, el acondicionamiento del inmueble incluye desde la delimitación de habitaciones hasta la puesta en marcha de una huerta común para mitigar la falta de acceso a alimentos gratuitos para las personas migrantes en situación de pobreza extrema.
En una sola maniobra vemos una espectacular combinación de desalojos, TAV, estigmatización de pobres, xenofobia y especulación
La demolición de la ikastola, presupuestada en 150.000 euros, será financiada por el Consorcio de Alta Velocidad en el marco de los desarrollos urbanísticos vinculados al PSIS del TAV. La operación permite así liberar suelo para futuras actuaciones urbanas y mantener derechos urbanísticos valorados en 1,22 millones de euros. He aquí el fondo de las reclamaciones de la entidad propietaria: Jaso Ikastola. En una sola maniobra vemos una espectacular combinación de desalojos, TAV, estigmatización de pobres, xenofobia y especulación. El papel de las instituciones, sin novedad en el frente, es engrasar el flujo del dinero y facilitar estas injusticias.
Lo que sigue es una crónica detallada de las decisiones del Ayuntamiento de Iruñea -liderado por una coalición en la que participan EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra/Nafarroa Zurekin, con el apoyo del PSN- respecto a la gestión del sinhogarismo a lo largo de estos dos últimos años. Al mismo tiempo, se intentará explicar por qué, en un momento de crisis global, estas decisiones políticas no afectan exclusivamente al ámbito de los servicios sociales o al sector asistencial. Por el contrario, están conectadas con cambios profundos y estructurales en la gobernanza de la ciudad y atravesadas por un desplazamiento conservador del marco ideológico de las fuerzas políticas que se reconocen como “izquierda”.
El ayuntamiento de Iruñea dice que ha aumentado los recursos destinados al sinhogarismo, pero las cuentas no salen
“Por el derecho a la vivienda ¡Acabemos con el negocio!” Cientos de personas salieron a la calle el 14 de diciembre de 2024, convocadas por Haritu y el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria y con el apoyo de asociaciones antirracistas, contra la pobreza y la exclusión. En la ciudad con mayor calidad de vida en el Estado español, unas 270 personas, incluidas menores, dormían en la calle o en infraviviendas sin ninguna garantía de estabilidad. Las promesas de reforzar los servicios sociales y crear una mesa de trabajo interdisciplinar para soluciones integrales no tenían (y siguen sin tener) resultados visibles.
Resulta imposible seguir el rastro del festejado aumento del presupuesto destinado a mitigar los efectos del sinogarismo, que pasó en 2024 a 3,2 millones de euros, un 80,1% más que en el año 2023. El grueso de personas sin hogar continúa privado del acceso a recursos de pernocta a pesar de que el Protocolo de Ola de Frío 2024/2025 prometía atender a todas las personas en situación de calle. La desatención hacia este colectivo vulnerable no solo pone en evidencia la insuficiencia de los recursos habitacionales frente a una crisis estructural sino que ejemplifica los nefastos resultados de la externalización a empresas, como Grupo 5, de la gestión pública de la atención humanitaria.
En la Nafarroa de los Planes de Acogida y las Cartas Sociales las instituciones municipales mueven ficha solo cuando aprieta el frío, con temperaturas por debajo de los tres grados. Y ni siquiera. Incluso en esas circunstancias, han dejado fuera de abrigo a más de un centenar de personas, rompiendo de este modo su compromiso explícito. Recordemos que el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Iruñea, (Contigo/Zurekin), afirmó el pasado 23 de septiembre estar preparando una estrategia ante las olas de frío que azotan la ciudad. Avanzaba, entre otras medidas, un plan que combinaría “albergue, pensiones y vivienda y que sería superior en plazas al del anterior invierno”. En la misma línea, el concejal de Urbanismo (EH Bildu) aseguró la sustitución de ”el albergue de Damas Apostólicas, en González Tablas, por un espacio con más capacidad”.
Esa mayor capacidad, tras el recuento real, ha quedado tal que así: el Centro Integral de Atención a Personas Sin Hogar (CAPSH), perteneciente al Ayuntamiento de Iruñea y gestionado por Grupo 5, cuenta con 50 plazas, de las que 25 se destinan a personas itinerantes y otras 25 a empadronadas en la ciudad. 42 plazas más se destinan a pensiones y 30 al programa Etxe Bat. La única promesa cumplida es que Damas Apostólicas sigue cerrado pese a las múltiples advertencias de colectivos como Apoyo Mutuo, Elkarte, Haritu, Lantxotegi, Oxfam, Paris 365, PIM-MIG y Sos Racismo sobre las consecuencias que la clausura del equipamiento tiene sobre la población usuaria.
El ayuntamiento endurece los requisitos para acceder a los albergues y se escuda en su propia versión del “efecto llamada”
En cuanto a los requisitos para el acceso a las ya de por sí escasas plazas del CAPSH -el único recurso que queda operativo en la ciudad-, se han introducido nuevas restricciones que limitan todavía más la entrada de las personas demandantes de refugio. Los criterios de admisión pasan ahora por priorizar a personas residentes en Pamplona durante más de un año. El ayuntamiento progresista de la ciudad desempolvó este invierno una ordenanza obsoleta de 2016 que le permitió endurecer los criterios de admisión al albergue limitando a tres noches por año la pernocta a cada usuario y complicando su acceso al grueso de personas solicitantes. Las noches más frías, en teoría, podían acceder al CAPSH a las 20h las personas consideradas vulnerables que estuvieran en situación de calle: familias con menores, mujeres solas, personas con enfermedades graves, mayores de 65 años sin red de apoyo y personas empadronadas o con arraigo de un año en la ciudad.
El despliegue de condiciones premeditadamente selectivas imposibilita, de facto, el acceso al albergue temporal para quien más lo necesita que es, precisamente, el perfil mayoritario migrante: hombre joven, del norte de África (Marruecos y Argelia), y de África subsahariana y sin posibilidad de empleo o arriendo.
Es imposible seguir el rastro del supuesto aumento del presupuesto destinado al sinhogarismo anunciado por el alcalde
Estos Jóvenes migrantes han llegado a Euskal Herria para instalarse y alcanzar una mejora de sus proyectos de vida a través del empleo, con el objetivo añadido de mitigar las situaciones de sus contextos de origen. La narrativa xenófoba del «efecto llamada» es asumida por todo el arco parlamentario, incluido Contigo/Zurekin. Para la organización de progreso, Iruñea se ha convertido en un destino preferente para la población migrante que llega al Estado español a causa del ”efecto expulsión” de otras comunidades autónomas. Estas afirmaciones, sostenidas en anécdotas aisladas y sensacionalistas como un billete de avión financiado por la embajada de Nigeria para volar a la capital de Nafarroa, ponen de manifiesto que las políticas públicas locales están fallando a la hora de acoger a quienes han llegado buscando poner su proyecto de vida a salvo.
El gobierno municipal desempolvó una ordenanza de 2016 que dejaba fuera del albergue al perfil mayoritario de solicitantes: jóvenes migrantes sin empadronar
Al cerrar albergues y burocratizar los requisitos de entrada a los que permanecen abiertos, el abordaje del problema de la falta de vivienda y recursos sociales se muestra abiertamente racista y aporófobo. La estrategia de un gobierno municipal progresista no puede consistir en la invisibilización sistemática de centenares de personas, con las repercusiones que eso supone para acceder a todo tipo de recursos. Desde Dar Etxea denuncian que “los 287,6 millones de euros del proyecto de presupuesto del año que viene suponen un 7,7% más que los 266,9 millones del presupuesto aprobado en el mes de marzo para este 2024. Un total de 39,09 de cada 100 euros de las cuentas de 2025 se destinarán a gasto social. Con un tercio del presupuesto de iluminación navideña tenían dinero para abrir el albergue de Damas Apostólicas.”
Frente al desmantelamiento de recursos de apoyo, ya de por sí testimoniales, en lugar de un avance hacia soluciones de mayor cobertura, toca hablar de recortes o preguntar al gobierno municipal en qué momento del despliegue burocrático se pierden tres millones de euros. Los activistas de Dar Etxea explican que “este año no se ha abierto el albergue de Damas Apostólicas. Solo ha funcionado bajo el protocolo Ola de frío, y únicamente durante cuatro noches, el albergue turístico Jesús y María. Pese a las temperaturas gélidas que caracterizan las noches de invierno de la ciudad, el modelo de gestión municipal deja a la intemperie a los migrantes mientras acoge al turismo peregrino”.
Contra toda lógica humanitaria, el Ayuntamiento de Iruñea prevé destinar unos 700.000 euros al proyecto de rehabilitación de Casa Soto —un refugio de migrantes sin hogar que malviven entre basura y ruinas—. Sin embargo, esta reforma no está pensada para ellos: será una residencia universitaria.
Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona han impulsado medidas administrativas que retrasan la concesión de ayudas o de padrón
La política restrictiva de Iruñea se ha extendido a otros municipios: en Antsoain, el ayuntamiento ha denegado de oficio 12 de las 14 solicitudes de empadronamiento, con el objetivo de impedir que sus servicios sociales tramiten la Renta Garantizada para las personas sin hogar, como venían haciendo en cumplimiento de la normativa vigente en materia de exclusión social. Recordemos que esta Renta Garantizada por exclusión social grave es una asignación económica de emergencia que el Gobierno de Navarra concede a personas en situaciones extremas de vulnerabilidad. Es la única herramienta de supervivencia para muchas personas migrantes en situación de calle, sin hogar, sin permiso de residencia ni de trabajo y sin ingresos ni redes de apoyo.
Por su parte, el ayuntamiento de la capital navarra ha cambiado su política oficial con respecto al silencio administrativo desde junio de este año. Si hasta ahora podían tardar legalmente hasta tres meses en validar estos empadronamientos de oficio, ahora pueden demorarse hasta seis meses en contestar. Se dilata así el tiempo que estas personas solicitantes permanecen “fuera del sistema” y sin posibilidad de comenzar su proceso de regularización.
Mientras se recortan recursos que garantizan derechos básicos, el número de efectivos de la Policía Foral no ha dejado de aumentar
Paradójicamente, mientras se recortan recursos que garantizan derechos básicos, el número de efectivos de la Policía Foral no ha dejado de aumentar. Desde 2019, bajo el gobierno de María Chivite, la plantilla ha alcanzado cifras récord con más de 1.100 agentes en activo, y el plan estratégico prevé llegar a 1.400 en los próximos años. El presupuesto destinado al cuerpo policial ha crecido en casi un 60% más que en el comienzo de la anterior legislatura, lo que demuestra que existe una clara prioridad institucional por el refuerzo de dispositivos de control y represión frente a la inversión en políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.
La tendencia a endurecer las condiciones de acceso a los recursos se extiende a toda Euskal Herria
El mapeo del hambre y el frío no termina aquí: en el conjunto de Euskal Herria estamos asistiendo a un desmantelamiento en materia de derechos sociales. El pasado otoño, las activistas de Emakume Migratu Feministak denunciaban acoso y amenazas constantes por parte de la policía en el CSO Txirbilenea en un Sestao gobernado en coalición por PSE y PNV. En este sentido, el PNV, siempre un paso por delante en el despliegue de medidas aporofóbicas, iniciaba a finales de 2024 la campaña “Cumplir es tu garantía”. Esta web permitía a cualquier ciudadano denunciar, anónimamente y sin prueba alguna, a personas perceptoras de prestaciones sociales a las que se les suspendía de forma cautelar el cobro de la ayuda.
La criminalización de estos actos de solidaridad evidencia cómo nuestras fronteras se endurecen replicando una estrategia global que apuesta por el control, la represión y la exclusión
Sin buzones anónimos, en cambio, para las inspecciones de trabajo y con las porras en la mano, la formación jeltzale prohibió en Donostia, también en 2024, las cenas solidarias organizadas por el colectivo K.A.S. (Kaleko Afari Solidarioak) para las personas sin hogar. Paralelamente, en el barrio popular de Trintxerpe, en Pasaia, el movimiento vecinal rechazaba la aparición de grupos organizados que, bajo el pretexto del aumento de la inseguridad, organizaron patrullas violentas y racistas. Al otro lado de la frontera, en Hendaia, las siete activistas que fueron retenidas en la comisaría de la localidad vasca acusadas de ayudar a 36 migrantes a cruzar la frontera desde Irun durante una de las etapas de la Korrika serán juzgadas el próximo octubre. La criminalización de estos actos de solidaridad evidencia cómo nuestras fronteras se endurecen replicando una estrategia global que apuesta por el control, la represión y la exclusión.
Este panorama exige un examen sin concesiones. Urge un cuestionamiento profundo de esa izquierda que asume y reproduce una doble y peligrosa complicidad ideológica: por un lado con discursos femonacionalistas —que se alejan de un feminismo de clase demonizando al hombre árabe y musulmán como una amenaza sexual intrínseca— y por otro, con un giro utilitarista y pragmático en la gestión de la inmigración, que acepta a las personas migrantes solo para cubrir necesidades productivas funcionales a las lógicas de acumulación.
Frente al giro de una parte de la izquierda hacia posiciones utilitaristas, existen alianzas con la población considerada excedentaria
Este invierno, mientras las instituciones seguían sin ofrecer respuestas efectivas a la emergencia habitacional en Iruñea, un puñado de colectivos y personas decidió organizarse para garantizar un lugar donde dormir y algo que comer al máximo de personas posible. Techo y comida, demandas legítimas y estratégicas, que han impulsado nuevas redes de acogida autogestionada en la ciudad, hiladas por la urgencia y el cuidado como punto de partida material para la articulación política.
Varios colectivos como el MOC, Katakrak, Dar Etxea y pueblos autogestionados han tratado de dar respuesta a las necesidades de personas migrantes en situación de calle
Colectivos como MOC, Katakrak, CGT, Dar Etxea y pueblos okupados/autogestionados de Nafarroa han puesto a disposición del común espacios y horas de trabajo para organizar pernoctas de personas migrantes en situación de calle durante los meses más duros del invierno. Sin apoyos institucionales, con turnos solidarios, colchones prestados, acompañamientos en trámites, desayunos sencillos, acogidas improvisadas en domicilios, cenas compartidas y un compromiso cotidiano que desborda los límites entre el proyecto vital propio y el activismo, entre lo individual y lo comunitario.
En paralelo, tres comedores autogestionados marchan ya en la ciudad. El comedor de La Milagrosa-Arrosadia, el comedor Elhadji y el comedor itinerante del PIM-MIG se han convertido en puntos de referencia fundamentales para garantizar tres comidas semanales a quienes quedan sin plaza en los dos únicos comedores públicos de toda la comunidad foral. Estos únicamente suman una capacidad de 75 plazas, y solo se puede acceder a ellos mediante derivación de Servicios Sociales. Con recursos limitados, desde la organización barrial, los comedores autogestionados atienden sin requisito previo entre 50 y 70 personas por servicio, activando redes de solidaridad que se fortalecen semana a semana.
Lejos de los pretextos inmovilistas que esconden las críticas a las lógicas asistencialistas, superar el esquema «usuario-beneficiario» permite consolidar experiencias de vinculación, mediante las que anticiparnos a los conflictos que vienen, apostando por un devenir auzolan antirracista que transforme la solidaridad en lucha.
Iruñea no es Torre Pacheco
Iruñea no es Ballymena; ni Marcilla, ni Torre Pacheco… Esta parece ser la única respuesta de las instituciones forales y municipales y de la izquierda en general. Una y otra vez se nos repite que en Iruña se invierte más en servicios sociales que en otras ciudades de nuestro entorno, como señala correctamente el alcalde. La pregunta que legítimamente podemos hacernos es: ¿hasta cuándo?
La izquierda está asumiendo poco a poco el marco de la ultraderecha
La respuesta corta es que “la izquierda” -desde el PSN hasta EH Bildu, pasando por Podemos/Contigo-Zurekin- está asumiendo poco a poco el marco de la ultraderecha. Eso explicaría por qué el alcalde de Iruñea y su concejal de Servicios Sociales eligieron utilizar distintas variantes del concepto “efecto llamada” para justificar la reducción de los recursos destinados al sinhogarismo y el endurecimiento de las trabas burocráticas para acceder a ellos. También nos serviría para entender cómo es posible que Arnaldo Otegi, líder de una formación como EH Bildu, que históricamente ha entendido los procesos migratorios dentro del contexto de los intereses geopolíticos capitalistas, ahora afirme que la comunidad tiene derecho a defenderse frente a “comportamientos antisociales”, en referencia a las patrullas ciudadanas.
Para decirlo llanamente: estamos asistiendo al fin del “oasis vasco” y su contraparte navarra.
La respuesta larga posiblemente haya que encontrarla en lo que algunos autores llaman el lento declive de las sociedades del norte global y su particular traducción en Euskal Herria. Como explica Pablo Oliveros, la integración de la C.A.V. y, en menor medida, de la economía navarra con las cadenas globales de valor en un momento donde Europa está mostrando un retraso tecno-económico cada vez más evidente respecto a sus competidores chinos y estadounidenses”, empieza a tensionar la capacidad del Estado para amortiguar los efectos de esta nueva crisis. Para decirlo llanamente: estamos asistiendo al fin del “oasis vasco” y su contraparte navarra. Este declive está ligado al agotamiento económico de la región europea en la que este territorio está plenamente integrado en términos productivos. Si en la crisis de 2008 los actores institucionales de Navarra y la C.A.V. pudieron sacar pecho al contener la caída de las clases medias -en comparación con las “poco emprendedoras” regiones situadas al sur del Ebro- es muy probable que esta vez las instituciones del Estado -incluyendo a los ayuntamientos- no tengan los ingresos fiscales suficientes para desplegar las medidas que suavizaron los efectos más duros de la crisis financiera y que, sin ninguna duda, fueron clave para suturar temporalmente las líneas de fractura social.
El plan de las instituciones parece limitarse salvaguardar el oasis para lo que queda de la aristocracia obrera vinculada a la industria y las clases medias dependientes del empleo estatal
El plan de las instituciones y de una parte de los movimientos sociales, por bienintencionado que sea, parece limitarse salvaguardar el oasis para lo que queda de la aristocracia obrera vinculada a la industria y las clases medias dependientes del empleo estatal y del patrimonio inmobiliario acumulado por generaciones anteriores. Esto deja fuera del reparto a quienes son considerados como pura población excedente, y que cada vez más se identifican con lo “moro”, esa categoría totalmente externa e incompatible con los valores europeos: “igualdad, emprendizaje, convivencia”. En tierra de nadie, colgando de un hilo, queda el cada vez más amplio proletariado de servicios, formado fundamentalmente por migrantes y jóvenes precarizados.
Es por este motivo -y no por ningún tipo de pasión asistencialista o redentora- que consideramos que lo que se juega con el posible derribo de la Ikastola Jaso y con las políticas del ayuntamiento de Iruñea es crucial. Da igual si efectivamente se acaba derribando o si la policía municipal y la policía foral desalojan el edificio, dejando a sus ocupantes sin alternativa habitacional, por precaria que esta sea. Cualquiera de las dos decisiones que finalmente se tomen están enmarcadas en el mismo relato, que considera a estos chavales como “inintegrables”, antisociales, incívicos. Ambas posibilidades señalan en la misma dirección. Si entendemos la coyuntura como una encrucijada, un punto de inflexión entre dos posibles formas de enfrentar políticamente la crisis que viene, tenemos estas opciones: o bien tratamos de generar alianzas -siempre difíciles y llenas de contradicciones- con la población considerada excedentaria y el proletariado de servicios, o bien nos sumamos a los esfuerzos institucionales por preservar el estado de bienestar para una mayoría menguante -autóctonos, formados, con empleo garantizado y casa en propiedad- frente a las hordas de salvajes que nos acechan.
