El Plan Camino se presentó como un programa destinado a “dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, de explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución” pero de las cinco líneas de acción que promueve, solo una está relacionada con ofrecer alternativas socioeconómicas para abandonar la prostitución. Las otras cuatro versan sobre la recogida de datos, la desincentivación de la demanda, la detección de las víctimas y la regularización de su situación administrativa. Es pertinente preguntarse acerca de los resultados tangibles del proyecto. Desde el 2022 hasta 2026, los 204 millones asignados para este programa se entregarán a cinco entidades, todas de corte abolicionista, entre las cuales figuran APRAMP y Médicos del Mundo.

Recordamos los escándalos relacionados con estas dos entidades: APRAMP ha recibido acusaciones maltrato a las usuarias y mobbing a las trabajadoras y Médicos del Mundo, de agresiones sexuales a varias trabajadoras sexuales, perpetradas por su delegado de Menorca. Parece que, según figura en estas informaciones, estas fueron encubiertas por la misma organización que recomendó a las mujeres no denunciar, porque “su condición de prostitutas les restaría credibilidad”. Espacios que se suponen seguros para las usuarias se demostraron no solo hostiles, sino cómplices de la violencia perpetrada. Ninguna organización abolicionista arraigada en Menorca denunció el escándalo; algo llamativo, considerando que esta ideología define la prostitución como violación, aunque no parecen tener el listón a la misma altura cuando las agresiones reales suceden en su seno o en su entorno. Sin embargo, nada de esto ha tenido consecuencias en su financiación: Médicos del Mundo recibió ocho millones de euros, cuantía que se repitió en una segunda subvención este mes de noviembre.

Los resultados del Plan Camino, sin embargo, no son tan ambiciosos como los propósitos del Ministerio de Igualdad: de las 640 mujeres atendidas por la entidad en el programa de inserción laboral, según sus propios datos solo han seguido el proceso 173, de las cuales han conseguido empleo 168. De estas, solo un 46 % trabaja con contrato y menos 40% de las que han conseguido empleo por esta vía tiene una relación laboral estable. Además, de los talleres de emprendimiento en los que han participado 16 entidades, al parecer se ha beneficiado una sola mujer, que ha conseguido abrir un negocio. En definitiva a pesar de toda la retórica de la “reinserción”, solo unas treinta mujeres han conseguido estabilidad laboral gracias a Médicos del Mundo y lo han hecho dentro de sectores como la limpieza o los cuidados, caracterizados por su precariedad laboral, tal y como denuncia el movimiento feminista. No obstante, esto no parece importarle a la entidad, ya que mide el éxito de su programa no según el éxito de contratación, sino por la capacidad adquirida de las usuarias a la hora “detectar violencia de género” o el aumento de sus “habilidades sociales”, enmarcando así la prostitución como una cuestión de violencia machista y no socioeconómica.

Tampoco sorprende en este marco que solo 325.000 euros de los ocho millones recibidos se hayan destinado al alojamiento y la manutención. Las alternativas habitacionales creadas parecen más simbólicas que reales: un total de nueve (de las 8.800 atendidas en el programa), en las que se puede permanecer de tres a seis meses –recordemos que una persona necesita años para regularizar su situación administrativa–.

La misma entidad recalca su trabajo conjunto con diferentes cuerpos de policía, los cuales siempre hacen cumplir la ley de extranjería, por encima de los derechos humanos

En cuanto a las víctimas de trata, hay que recordar que la entidad, gracias al Plan Camino, tiene la potestad de acreditar que una mujer se encuentra en esta situación. Tal acreditación agiliza el acceso a recursos, pero en ningún caso garantiza el arraigo y la protección: para esto, la ley de extranjería sigue requiriendo que la víctima denuncie a la persona o personas que facilitaron el cruce de fronteras durante el trayecto migratorio. De las 8.800 mujeres atendidas, la misma entidad afirma que hay 368 que están en situación de riesgo, cifra muy alejada del 80% que proclaman. Llama la atención que finalmente solo hayan acompañado 49 procesos de acreditación administrativa, de los cuales han resultado exitosos 33. Cabe preguntarse qué ha sucedido con las 16 mujeres que iniciaron este proceso sin lograrlo. ¿Qué tipo de criterio se utiliza a la hora de identificar a una víctima de trata? ¿O acaso se las convenció para que denunciaran y, al fracasar el proceso judicial, fueron deportadas a sus países, donde las esperaban las redes de trata a las que denunciaron? Señalamos que la misma entidad recalca su trabajo conjunto con diferentes cuerpos de policía, los cuales siempre hacen cumplir la ley de extranjería, por encima de los derechos humanos.

Esta entidad también ha trabajado con niñas y adolescentes, supuestamente, supervivientes de trata. Sin embargo, atienden a más del doble de menores –800– que de mujeres adultas en posible situación de trata. Sin embargo, entre las violencias que han atravesado estas menores, según el informe, no consta la prostitución infantil. De todo esto se deduce que se trata de un programa con el que tratan de prevenir la prostitución infantil mediante talleres.

En realidad, la inmensa mayoría del presupuesto ha sido invertido en mantener la infraestructura de la ONG: ampliar la flota móvil, implantar nuevos centros de atención, mejorar los espacios para que sean “amigables y saludables” –¿los anteriores eran hostiles e insalubres?– y en intervenciones de acompañamiento, información y derivación: acciones para las que Médicos del Mundo ya contaba con un presupuesto.

También se ha destinado una parte de este presupuesto a realizar un diagnóstico. Pero, ¿por qué la necesidad de tal diagnóstico si, teóricamente, la entidad fue seleccionada por su larga experiencia en el terreno? ¿Trabajaban, a diario, con datos desactualizados? ¿Y cómo es posible que las usuarias manifiesten desconfianza hacia la entidad? ¿Tres décadas de trabajo de campo constante no les han servido para entablar un trato con el que las usuarias se sientan cómodas? ¿Por qué, dada su experiencia, es necesario mejorar la coordinación interna y su información sobre los recursos? ¿No hay urgencias mayores en las que invertir los recursos?

La criminalización de las trabajadoras sexuales o de nuestros clientes está directamente correlacionada con el aumento de enfermedades de transmisión sexual

Que los fondos destinados a dar una salida económica a las mujeres que quieren dejar la prostitución sean el alimento que mantiene la estructura de la ONG supone una importante una contradicción. También lo es su posicionamiento abolicionista, siendo Médicos del Mundo una organización de acceso a la salud. La criminalización parcial o total del trabajo sexual contraviene las directrices de la OMS y ONUSIDA. Existe evidencia científica de que la criminalización de las trabajadoras sexuales o de nuestros clientes está directamente correlacionada con el aumento de enfermedades de transmisión sexual, según varios estudios como este, este o este, ya que en estos contextos el uso del preservativo disminuye. Asimismo, existe una menor prevalencia de VIH en los países donde el trabajo sexual está parcialmente legalizado.

Señalamos también que el posicionamiento de Médicos del Mundo España es el opuesto al de sus otras delegaciones, como la de Médicos del Mundo Francia o Bélgica, con una postura proderechos. Por tanto, es llamativo, que no sorprendente, que, desde el primer minuto, Médicos del Mundo se haya posicionado en contra de la autoorganización de las trabajadoras sexuales. En 2018, durante la fundación del sindicato OTRAS, la ONG escribió un artículo en su página web oponiéndose a su creación. El absurdo se incrementa si tenemos en cuenta casos como el de Nueva Zelanda –proderechos–, donde la legislación es muy estricta acerca del uso de profilaxis y permite, explícitamente, que la trabajadora retire su consentimiento en cualquier momento del servicio. Pero lo que antes se podía considerar una batalla ideológica, ante las indignantes cifras que maneja la industria del rescate, aparece otra explicación: su modelo de financiación en el fondo se opone a nuestra capacidad de organización política. Es decir: más putas precarias significan más putas salvables y más putas salvables equivalen a más cifras con las que justificar un número mayor de subvenciones públicas.

Si el trabajo sexual fuera reconocido como trabajo y pudiéramos presentar una nómina con la que acceder a una vivienda ¿necesitaríamos alternativas habitacionales? Si los fondos que engulle la industria del rescate estuvieran destinados a proporcionarnos alternativas reales de empleo o vivienda ¿tendríamos una necesidad constante de estas ONG? Si hubiera voluntad política de acabar con la trata ¿habrían estado maltratadas las víctimas en APRAMP o habrían tenido la comida racionada?

Las trabajadoras sexuales pedimos derechos, no rescate, y cualquier decisión que tenga que ver con nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestra vida deberá contar con nuestra participación

La lucha en contra de los derechos de las trabajadoras sexuales es una pugna motivada por el dinero y por una lenta pero inexorable amenaza hacia la existencia de las organizaciones rescatistas. Es clara la amenaza que, para ellas, representan nuestra relevancia política y capacidad de influencia. Nuestras propuestas y reivindicaciones ya están siendo escuchadas por un creciente número de actores políticos. Así, hemos conseguido parar leyes que nos abocaban más a la clandestinidad, como la ordenanza municipal de Barcelona, la inclusión de varios artículos que criminalizaban el trabajo sexual en la ley de “Sólo sí es sí”, o la presentada por el PSOE el pasado mayo en el Congreso de los Diputados. Las trabajadoras sexuales pedimos derechos, no rescate, y cualquier decisión que tenga que ver con nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestra vida deberá contar con nuestra participación activa o no se tomará

La entrada Médicos del Mundo: la industria del autorescate se publicó primero en Zona de estrategia.

¿En qué medida creéis que la última ola de movilización feminista ha servido para dar impulso a una mayor autoorganización del trabajo sexual y para que la lucha de las trabajadoras sexuales sea entendida como una lucha feminista?

Sánchez. La inclusión de las trabajadoras sexuales siempre ha sido un campo de batalla. Hay quienes nos consideran aliadas del patriarcado porque cobrando por sexo damos a los hombres un acceso que muchas les han prohibido. Pero se equivocan. Las trabajadoras sexuales somos feministas precisamente porque estamos cobrando por algo que ellos dan por hecho que todas las mujeres de una manera u otra les debemos.

Quienes formamos este gremio, también luchamos por nuestras identidades, porque muchas trabajadoras sexuales son negras, trans, etc..

Nosotras hemos ido reclamando nuestro sitio y ganando terreno en el movimiento de los feminismos. Trabajadora sexual no es una identidad, sino un curro que haces. Un curro como ser cajera del Mercadona: no vas a ser cajera del Mercadona toda la vida. Pero en este trabajo también se cruzan diferentes identidades y así es cómo se entremezcla todo. Para mí la identidad es algo que forma parte intrínseca de ti. No puedes dejar de ser de piel oscura —o solamente si eres Michael Jackson—; no puedes dejar de ser gay por más que te torturen con terapias de reconversión. Pero lo nuestro es una acción sindical o una cuestión más gremial, si lo queremos poner en términos medievales. Nosotras somos un gremio. Y quienes formamos este gremio, también luchamos por nuestras identidades, porque muchas trabajadoras sexuales son negras, trans, etc.. En este sentido, y desde el margen, estamos generando buenas alianzas que resisten al paso del tiempo.

Irene. OTRAS se funda en 2018 y le costó mucho ser incluido dentro de los movimientos feministas. De hecho, en este primer año dos organizaciones feministas denunciaron al sindicato en la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de sus estatutos y la disolución de la organización. Un artículo de sus estatutos dice que OTRAS representa a las trabajadoras sexuales independientes pero también a las que trabajan para terceros. Las organizaciones denunciantes entendían que esto último era proxenetismo. Nosotras pensamos, por el contrario, que las que trabajan para terceros son precisamente quienes más necesitan un sindicato. La demanda se elevó hasta el Tribunal Supremo, que se pronunció en 2021 diciendo que las trabajadoras del sexo tenemos derecho a sindicarnos y validó los estatutos.

Esta sentencia dio paso a un ensañamiento tanto contra trabajadoras sexuales organizadas como contra algunas compañeras feministas. que no son trabajadoras del sexo. Está habiendo una suerte de reacción de un feminismo muy fundamentalista, principalmente institucional, esencialista de género y transfóbico. Todo ello sumado al abolicionismo del trabajo sexual. Pero siempre hay márgenes donde podemos habitar, principalmente dentro de los feminismos populares, de los movimientos LGBT, en aquellos espacios menos institucionalizados. Y este es un trabajo que hemos tenido que hacer para formar parte de algunos movimientos porque el trabajo sexual ni siquiera suele ser mencionado —o muy vagamente— en los manifiestos del 8M.

Falcón. Aquí habría que señalar, en primer lugar, que no todas las corrientes feministas han salido fortalecidas de esta ola: lo que más se ha fortalecido ha sido el feminismo institucional que ha conseguido acaparar más cuotas de poder. Nosotras lo que hemos experimentado es una mayor violencia. La prostitución siempre ha sido un tema utilizado con muchos tintes populistas como arma electoral y como arma arrojadiza. Y durante estos últimos años parece haberse convertido en el tema fetiche del feminismo institucional, sobre todo por parte del PSOE. Aunque ahora incluso el Partido Popular se quiere subir al carro del «nosotras también somos feministas, pero de las que defendemos de verdad a las mujeres».

Por otro lado, el impulso de los feminismos y una mayor conciencia feminista han repercutido en la potenciación de todos los discursos. Las trabajadoras sexuales también hemos ganado visibilidad. Se han fortalecido además los vínculos con el feminismo más crítico, con el feminismo antirracista, antipunitivista y proderechos, que al final son las alianzas con las que trabajamos.

Más allá del feminismo institucional, también hay feminismos de base que se han peleado por la ley trans y contra la ley de extranjería pero siguen obstinados en no querer abordar la cuestión desde una perspectiva laboral. La prostitución está, sin embargo, completamente atravesada por la transfobia —es la única fuente de ingresos que encuentran muchas personas trans— y por supuesto por la frontera —si no dispones de papeles, ¿cuántas otras formas de buscarte la vida se te abren?—. Entonces, ¿cuál es el cortocircuito que mantiene separadas estas cuestiones?

Quien aboga por la liberación trans y, a la vez, por la abolición del trabajo sexual es que no ha conectado la línea de puntos

Sánchez. En mi opinión, estos feminismos no han conectado la línea de puntos. Las problemáticas de la comunidad trans desde luego no se han resuelto. Y si mañana abolieras el trabajo sexual pues seguiríamos puteando pero en peores condiciones, porque lo necesitamos, es un asunto económico. Ahora tenemos una ley de autodeterminación pero no es la panacea: a la gente le sigue costando un montón obtener su documentación. Y sigue habiendo transfobia. La oposición con la que la socialdemocracia ha obstaculizado el camino hacia la autodeterminación de género también ha contribuido a alimentar la transfobia en la derecha y en la extrema derecha: todos ellos han mantenido los mismos discursos. En realidad las cuestiones económicas no se han arreglado. Estamos en una crisis de sostén de la vida: no alcanza con los trabajos, no hay acceso ni a una vivienda. En la ley no se plantearon cuotas laborales para las personas trans, por ejemplo. Y aquí hay una responsabilidad social ya que, en general, no se quieren compartir espacios de trabajo formales con personas trans. Así que a falta de haber peleado por la abolición del trabajo, en estos momentos lo que nos queda es pelear por una reducción de sus daños. Porque todo trabajo causa perjuicios físicos y emocionales.

Falcón. Cuando se defienden los derechos de las personas trans es ilógico y contradictorio perseguir la criminalización de las trabajadoras sexuales. Nosotras siempre recalcamos que para el colectivo LGTBIQ+, el trabajo sexual ha sido una estrategia de supervivencia y esto es parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué pasa con los discursos que intentan desligar una cosa de la otra? La contradicción en la que entran procede, a mi juicio, de no querer asociar el colectivo LGTBIQ+ con los discursos estigmatizantes que denigran el trabajo sexual. Es un ejercicio tramposo porque la realidad de las personas LGTBIQ+ y el trabajo sexual están conectados materialmente. No es un vínculo negativo, sino una realidad. Si no eres consciente de que la mayoría de las personas que realizan trabajos sexuales son, además, migrantes, personas LGTBIQ+ y mujeres, no puedes hacer un abordaje correcto del trabajo sexual. Es como si se buscara una suerte de purificación de los colectivos a los que se quiere proteger, desligándolos de una parte indisoluble de su realidad.

Irene. La prostitución es un tema complejo de abordar y siempre parece estar esperándose una especie de consenso feliz que nunca llega. Por el contrario, las discusiones sobre prostitución suelen relegarse a debates constreñidos a dos posturas antagónicas, que no abren la posibilidad de aportar nada nuevo. Habitualmente estos debates se organizan, además, desde los marcos ideológicos del movimiento abolicionista: esto es, las preguntas y las cuestiones que se plantean no tienen nada que ver, en general, con los intereses de las trabajadoras del sexo, sino que, por el contrario, tienden a centrarse en cuestiones muy teóricas en torno al consentimiento, al deseo o a la voluntad de las mujeres. Y rara vez tienen que ver con problemáticas que atraviesan realmente a las trabajadoras sexuales como son las leyes de extranjería, los desahucios, la transfobia o la violencia policial.

Y después está el estigma que nos atraviesa a nosotras pero también, de alguna manera, a las personas que se pronuncian abiertamente a favor de nuestros derechos. Por ejemplo, después de su intervención en las jornadas a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales, las redes sociales se llenaron de comentarios contra Silvia Federici tachándola de putera, de proxeneta, etc.

¿Qué sigue sosteniendo ese estigma de manera tan fuerte y cómo pensáis que cabría demolerlo?

Irene. A los colectivos estigmatizados —personas con VIH, trans y LGBT en general— se nos ha dicho muchas veces que para luchar contra el estigma teníamos que ser visibles. Pero la visibilidad no deja de ser una trampa porque en un mundo donde no se te garantizan unos derechos civiles básicos ni una protección, pedirnos visibilidad es un poco como ponernos una diana en la espalda. A mi juicio lo que necesitamos son espacios para producir nuestros propios relatos y discursos y partir de nuestra propia agenda.

Y para desestigmatizar, la gente necesita conocer a una trabajadora sexual. A menudo compartimos espacios donde no se sabe que somos trabajadoras sexuales y cuando salimos del armario mucha gente se queda un poco impresionada porque el simple hecho de humanizarte les cambia su percepción inicial, que estaba llena de prejuicios.

Ningún movimiento social transformador debería buscar un mundo de víctimas

Nosotras también entendemos que la prostitución forma parte de una estructura patriarcal. El estigma puta nos atraviesa a todas y el señalamiento hacia las trabajadoras del sexo en realidad es una forma de domesticar porque señala lo que no les está permitido al resto las mujeres. Entonces, por un lado los feminismos que queremos construir no deberían estar mediados por la reputación sexual de las mujeres. Por otro lado, cuando las trabajadoras sexuales hablamos a menudo se espera que seamos las víctimas perfectas. El derecho a hablar parece depender de que encajemos en el imaginario de la prostituta fácilmente engañable e ignorante; de la puta que está sola, es migrante y ha sufrido mucha violencia sexual. Sin embargo, desde los movimientos feministas hemos reivindicado mucho que no existen víctimas perfectas, por ejemplo, en lo relativo a las violencias de género y sexuales. En mi opinión ningún movimiento social transformador debería buscar un mundo de víctimas.

No podemos pretender que el estigma se borre de un día para otro cuando aún existen leyes que nos criminalizan y señalan como sujetos peligrosos o criminales

Sánchez. Lo que sostiene el estigma es el machismo. Como dije al principio, puta no es una identidad. Pero al final a todas nos terminan llamando putas algún día: porque traemos la falda corta, porque dijimos que no, por todas las razones que ya sabemos. El estigma significa que lo peor que una puede ser es puta. Como para un hombre, todavía hoy, lo peor que puede ser es maricón. De lo contrario estas palabras no serían insultos. El estigma frena mucho y, además, opera. Porque ¿cuántas veces no ha ocurrido que a alguien con una página de OnlyFans —páginas a las que los menores no pueden acceder pues necesitan una tarjeta de crédito para ello—, esto es, una persona que ni siquiera hace servicio en directo, una profesora, una maestra o algo así, se le termina echando del trabajo? Esto significa que el hecho de que te llamen puta no solo afecta a tu humor, sino también a tus ingresos o a tu vida en sentido fuerte, como cuando por ejemplo te quitan la custodia de tus hijos.

Falcón. El estigma es algo que va de la mano de la narrativa. No podemos romper el estigma sin derribar, primero, la barrera legal. Esto nos ha pasado también al colectivo LGTBIQ+: para poder acabar con el estigma de ser gays, lesbianas, bisexuales o trans primero tuvieron que tumbar las leyes de peligrosidad social y su criminalización. Una vez derribada esa barrera, la sociedad recibe el mensaje de que ya no somos peligrosos. Una vez descriminalizados, ya podemos empezar a romper la narrativa hegemónica. Pero el cambio tiene que ir de la mano. No podemos pretender que el estigma se borre de un día para otro cuando aún existen leyes que nos criminalizan y señalan como sujetos peligrosos o criminales.

Se trata de que dejen de señalarnos. Y esta es la experiencia neozelandesa. Allí las trabajadoras sexuales refirieron que una vez dejó de haber ordenanzas municipales y leyes que criminalizaban su trabajo, la comunicación con la sociedad empezó a ser más fluida. La policía ya no las perseguía. Es entonces cuando la sociedad puede admitirte como a una igual en vez de verte como alguien a quien hay que denunciar. Obviamente el cambio en la ley va a venir de la fuerza de lo colectivo, de la fuerza de la organización.

Desde el colectivo Cantoneras hemos escrito sobre la contradicción de que la última ola de movilizaciones feministas haya generado una suerte de sentido común punitivista. Las violencias de género se han centrado en las sexuales de forma desproporcionada y la respuesta a estas ha sido un reforzamiento del sistema penal. No sé si compartís esta visión y, en tal caso, cómo pensáis que cabría superar dicha deriva.

Irene. No sé cómo podemos combatirla pero sí creo que existe una fantasía de que la justicia y el derecho penal van a ser garantes y protectores de los colectivos más vulnerabilizados por el sistema. Esto es una cosa absolutamente incomprensible en un mundo donde una de las mayores violencias que sufren las personas, especialmente las personas racializadas, es la violencia policial. De hecho España es el segundo país europeo que más denuncias tiene por racismo por parte de la policía. Esta alianza entre el derecho penal, el punitivismo y los feminismos es muy peligrosa. En este sentido, los movimientos de trabajadoras sexuales tenemos que insistir mucho, por ejemplo, en la despenalización del cliente. Porque muchas personas nos dicen esto de que apoyan a las trabajadoras sexuales pero no a los clientes, porque ellos son siempre unos violadores. Lo que nos están diciendo es, por lo tanto, que las trabajadoras sexuales estamos siendo violadas y que se ha de acabar con la prostitución para terminar con la violencia sexual. De alguna forma nos hacen responsables a las trabajadoras del sexo de la violencia sexual existente, a la vez que nos niegan unos derechos humanos básicos. La prostitución es, desde su punto de vista, la máxima expresión del patriarcado y del poder de los hombres. Finalmente todo queda como muy fuera de la realidad: se trata de ideas alejadísimas de las personas, que no tienen nada que ver con quienes somos y con lo que queremos, y que en último término acaban beneficiando a las personas más protegidas por el sistema.

 Lo que se está haciendo es perseguir y criminalizar la pobreza

Falcón. Lo que tenemos que entender es que el derecho penal es un derecho para personas con dinero. Los pobres no tenemos nada que hacer con la justicia en general. El sistema de justicia es sumamente clasista y violento con la pobreza, principalmente porque no se tienen recursos para poder enfrentar acusaciones, ni siquiera para defenderse. El punitivismo viene de una ola neoliberal a partir de la cual la resolución de conflictos o problemas que son de origen social se intentan arreglar a través del derecho penal cuando no hay ninguna prueba de que a mayor grado de intervención del derecho penal se tengan mejores resultados en el sentido de disminuir las violencias. Al contrario, lo único que se hace es promover la criminalización, la persecución y el encarcelamiento de personas que, como decía antes, son, en su inmensa mayoría, pobres. Lo que se está haciendo es perseguir y criminalizar la pobreza.

Nosotras no decimos que no tenga que haber un castigo o un reproche penal o jurídico a sucesos que son reprochables como puede ser una violación, un asesinato, un robo. Obviamente que sí. Pero no son unas penas largas en prisión las que van a evitar que estos hechos sucedan, sino una transformación social. Y los cambios sociales no se hacen a golpe de código penal, sino de reconocimiento de derechos, de mejora de las condiciones sociales, de cambios educativos. Solo a través de esos cambios podremos llegar a una verdadera transformación de la sociedad. Y si nosotras queremos hacer un cambio verdaderamente feminista, no podemos echar mano de una institución que ha sido históricamente cisheteropatriarcal y racista. Obviamente hay que buscar que esos sucesos disminuyan y que las personas dañadas estén atendidas en la medida que lo necesiten. Porque muchas veces también decimos ah, bueno, ¿que al agresor le cayeron 20 años de prisión? Queda solucionado el tema. Pero no nos estamos ocupando de cómo está la persona que ha sido víctima de ese delito y no nos estamos dando cuenta de las consecuencias colaterales que está teniendo esta normativa.

¿Y cuál debería ser para vosotras el contenido de una alianza proderechos, qué vínculos debería generar, qué agenda?

Falcón. En relación al vínculo se trata de refozar el tejido asociativo, las redes y la cooperación. Debemos entender que las luchas no las vamos a hacer solas. Los colectivos de trabajadoras sexuales no podemos alcanzar el objetivo de la despenalización y del reconocimiento de derechos si no contamos con alianzas en diferentes campos, tanto en el ámbito académico como en otros. Si defendemos unas causas colectivas, el ejercicio y el camino para llegar a ellas han de ser también colectivos. Esto es lo que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Que no seamos solo nosotras las que pongamos el cuerpo, que tengamos respaldo y apoyo desde atrás. Solas no podemos llegar a ningún lado, no tenemos la capacidad de hacerlo. El poder está ocupado por un discurso concreto, por una ideología específica que no es la que defiende los derechos del colectivo. Entonces necesitamos que esas formas de poder cambien, que las alianzas a partir de cuestiones comunes que nos afectan a todas nos permitan pensar y caminar hacia una sociedad en la que no haya fronteras, racismo, LGTBIQfobia y tantas otras vulneraciones de derechos y discriminaciones.

Sánchez. Una alianza proderechos debería ceder espacio a las trabajadoras sexuales para que nos podamos expresar. No disponemos de canales de expresión. Ahora nos parece que sí porque ya somos protagonistas y tomamos la palabra. Cuando las compañeras de Hetaira empezaron su trabajo, las trabajadoras sexuales no estaban organizadas ni politizadas. Y ellas entendieron que las trabajadoras sexuales necesitaban recursos, derechos y soluciones. Muchas de nosotras aprendimos a través de su trabajo. Pero ahora ya podemos caminar solas. El problema es que no contamos con recursos financieros porque si eres proderechos, si no te declaras totalmente prohibicionista del trabajo sexual, el Estado no te da un duro. Cuando la otra parte, la contraparte, tiene millones. Y con millones puedes comprar muchos medios, mucho espacio en prensa, mucho de todo. Entonces, ahora que estamos suficientemente politizadas, lo que esperamos de aquella compañera que está comprometida y que tenga esta posibilidad es que nos ponga bajo el mismo techo, en la misma habitación con gente que pueda, sobre todo, financiar el movimiento.

Y en términos de demandas ¿qué debería priorizar una alianza proderechos?

Sánchez. La descriminalización es el punto de partida. Podemos hablar de derechos laborales, de condiciones de trabajo, etc., pero si se sigue diciendo que nuestro trabajo no es trabajo, no podemos arrancar. Yo siempre hago el símil con las carreras de coches de Fórmula 1: tú para llegar a la Fórmula 1 lo primero que necesitas es contratar a x personas, construir un coche, disponer de un dinero, o sea, acceder a toda una serie de recursos. Entonces las trabajadoras sexuales estamos construyendo este coche de los derechos para nuestro trabajo y necesitamos financiación, alianzas, gente con conocimientos para poder poner el coche en la parrilla de salida. Luego puedes chocar, se te puede romper el coche en la primera vuelta, pero esta es la lucha: una lucha puramente laboral, la misma lucha de todas las trabajadoras del mundo.

Podemos hablar de derechos laborales, de condiciones de trabajo, etc., pero si se sigue diciendo que nuestro trabajo no es trabajo, no podemos arrancar

Falcón. Ahora estamos en el buen camino. A través de la producción de informes, de artículos, de conocimiento se trata de romper el discurso académico hegemónico que no habla de trabajo sexual como tal sino de trata, de víctimas o de infecciones de transmisión sexual. El objetivo es cambiar el marco de abordaje del trabajo sexual: hablar de reconocimiento de derechos, de empoderamiento, de agencia de las trabajadoras como sujeto activo y no pasivo de la investigación. Se trata de que nuestras voces sean tenidas en cuenta. Y de obtener también el compromiso de los medios de comunicación para que cuando se quiera hablar sobre el tema se hable con nosotras en vez de hacerlo a través de entidades o de representantes políticas. Que seamos nosotras quienes podamos contar cuál es nuestra realidad y cómo nos afectan las cosas. Y compromiso. Al final lo que pedimos también es mucho compromiso. El papel de los sindicatos es asimismo muy deficiente. No hablo de los sindicatos mayoritarios, no me refiero ni a CCOO ni a UGT, obviamente, sino a sindicatos de clase obrera, a sindicatos populares que tampoco tienen una posición cerrada y férrea en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales.

Aparte de eso, necesitamos apoyo en las movilizaciones, en la calle. Tenemos una barrera muy fuerte con el tema del estigma. Necesitamos apoyo en las movilizaciones públicas porque esa exposición, la preocupación de que puedas salir en la tele, de que te reconozcan, es un tema muy complicado para muchas y nos hace falta salir arropadas por las alianzas. Muchas compañeras, además, por más que quieran salir a manifestarse, participar en jornadas y politizarse lo tienen muy complicado por sus situaciones precarias. Al final es un círculo vicioso en el que cuanto más precarizada estás, menos puedes organizarte. Pero si no te organizas, tampoco vas a salir de la precariedad. Compartimos todas esas barreras con el resto de la clase obrera.

Irene. En el tema de las demandas, un poco lo que se viene reivindicando desde los feminismos populares en las últimas décadas: básicamente el reconocimiento del trabajo doméstico como un empleo sujeto a derechos; el abordaje de una ley de extranjería que permita a las personas migrar de forma segura. El derecho a migrar me parece una cuestión fundamental dentro de los feminismos. Y por supuesto un abordaje integral contra la pobreza y, en este sentido, la reivindicación de la renta básica universal.

También un cambio de paradigma en el ámbito de los cuidados, pensarlos desde una óptica anticapitalista hacia un objetivo de socialización de los mismos. La lucha por la tierra, por el agua y por la vida, la lucha por el medioambiente que las compañeras feministas de Latinoamérica tienen tan presente y que parece que aquí se nos olvida, aunque también estemos sufriendo sus consecuencias.

¿En qué medida pensáis que las luchas del trabajo sexual son importantes para los feminismos en general?

Sánchez. Siempre he pensado que la ampliación de los derechos de un colectivo que ha estado históricamente marginalizado, castigado y criminalizado en muchos aspectos solo puede redundar en la ampliación de los derechos de todas las demás personas.

Irene. Desde los movimientos de trabajadoras sexuales siempre estamos hablando de que el sujeto político puta tiene un potencial transformador en las relaciones sociales porque nos da la posibilidad de que el respeto no esté sujeto a una reputación sexual, a convertirnos en víctimas ejemplares o a salvaguardar nuestra vida en esto que entendemos como dignidad. Es importante salir de lógicas simplistas sobre la sexualidad humana en general. El abordaje de las violencias sexuales es importante pero no lo podemos hacer diferenciando entre formas de sexualidad aceptables e inaceptables.

La entrada Voces del trabajo sexual organizado se publicó primero en Zona de estrategia.

En la lucha contra el delito de la trata en todas sus formas y en la protección de las víctimas (adultas y menores) estamos todas de acuerdo. Pero no voy a hablar de niñas ni de trata, sino de mujeres adultas que ejercemos la prostitución. Tampoco voy a hablar de libertad en el capitalismo, donde trabajar no representa una opción, sino una obligación atada a la supervivencia. Ante todo quiero dejar claro que las mujeres, aún en contextos de pobreza, tomamos decisiones sobre nuestras estrategias de supervivencia –a veces son difíciles–, pero lo hacemos en función de nuestras necesidades materiales y las de nuestras familias. Forma parte de nuestra dignidad que ante todo se respeten nuestras decisiones, sean o no de vuestro agrado.

La prostitución es el síntoma y la consecuencia de la situación de las mujeres en el mercado laboral de un país

La prostitución es el síntoma y la consecuencia de la situación de las mujeres en el mercado laboral de un país. En España vemos cada día como las mujeres de la clase trabajadora –desde los empleos feminizados y precarizados que desempeñan– denuncian las condiciones de explotación que sufren y la falta de derechos. (Sin ir más lejos, aquí mismo, en las Cortes valencianas, las limpiadoras de vuestros despachos estuvieron cinco meses sin cobrar y tuvieron que recurrir a Cáritas para comer porque la empresa concesionaria del servicio dejó de pagarles.)

Llevo diez años ejerciendo la prostitución viendo como para las mujeres este trabajo no es la última opción, sino la alternativa a empleos hiperexplotados. Poner el foco en la demanda –en los clientes– es ocultar y desresponsabilizar las estructuras sociales que causan la pobreza y la desigualdad y que se generan apoyadas por el propio Estado y el sistema económico.

Las mujeres sin papeles, en muchos casos sin posibilidades de acceder a un contrato de trabajo, recurren a la prostitución

En España es una ficción hablar de igualdad y derechos humanos cuando la Ley de extranjería mantiene sometidas a medio millón de personas en situación administrativa irregular. El 58% son mujeres, según la Fundación Por Causa, quienes trabajan en la economía sumergida expuestas a todo tipo de abusos y explotación gracias al poder que otorga la Ley de Extranjería a delincuentes y explotadores. Las mujeres sin papeles, en muchos casos sin posibilidades de acceder a un contrato de trabajo, recurren a la prostitución: ¿seguimos responsabilizando a la demanda?

La OMS, Amnistía Internacional, ONUSIDA, OIT, Human Rights Watch, Front Line Defenders, la Alianza Global contra la Trata y La Strada Internacional son algunos de los muchos organismos internacionales de derechos humanos que desaconsejan políticas punitivistas sobre la prostitución. El 25 de setiembre del 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra mujeres y niñas publicó su posicionamiento oficial en contra de la criminalización de la prostitución y recomendando su despenalización total con el objetivo de eliminar la discriminación contra las personas que ejercen el trabajo sexual y garantizar sus derechos humanos. Recientemente, el 15 de febrero, el Alto Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa también se posicionó en la misma línea, en una publicación exhaustiva que enumeraba las consecuencias de la penalización de la prostitución (ya sea directa o indirectamente), y recomendaba hacer partícipes a las trabajadoras sexuales en la elaboración de las políticas que les atañen. Nosotras somos las directamente afectadas y deberíamos ser escuchadas.

Sancionar a los consumidores no reduce el consumo, lo único que se consigue es que las mujeres antepongan la seguridad de su cliente trasladándose a sitios apartados

En el 2017, Encarna Bodelón, al frente del Grupo de Investigación Antígona de la UAB, publicó los resultados de su estudio sobre las ordenanzas municipales y la Ley de Seguridad Ciudadana en el Estado español. Esta investigación demostró que sancionar a los consumidores no reduce el consumo, lo único que se consigue es que las mujeres antepongan la seguridad de su cliente trasladándose a sitios apartados para evitar que multen a su fuente de ingresos. Esto empodera a los clientes que, ante la desesperación económica de las mujeres, consiguen un margen mayor para regatear no solo las tarifas, sino incluso el uso del preservativo, lo que pone en riesgo a las mujeres.

Las compañeras que han tenido que sufrir estas normativas de control del espacio público se ven obligadas a aceptar a clientes que posiblemente en otra situación rechazarían. Otras muchas se ven empujadas de la calle a los locales obligadas a tener que trabajar para terceros, o de tener que aceptar sus condiciones. También detectaron numerosos casos de maltrato físico por parte de la policía y coacciones; situación que también denunciaron las prostitutas organizadas del polígono de Villaverde cuando en el 2015, apenas aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, varios agentes de la brigada once de la UCRIF cometieron abusos (persecución, insultos machistas y racistas y amenazas), algo que no es poco habitual. Además, multar a sus clientes redujo su capacidad de negociación y su seguridad, y perciben a los policías más como una amenaza que como agentes público cuya tarea debería ser el de protegerlas. Estas son las consecuencias que traerá su Ley de carreteras, ya documentadas por la universidad española que, por ideología, desoyen.

Penalizar el alquiler de espacios para la prostitución pone una barrera para que nos alquilen un espacio y nos expone a chantajes y extorsión

La tercería locativa –la penalización del alquiler de espacios donde se ejerza la prostitución– es una figura del Código Penal franquista que fue derogada en democracia en 1995. Su criminalización no hace más que comprometer todavía más nuestro derecho a la vivienda, exponiéndonos a todo tipo de abusos. Como no tenemos nómina sufrimos muchas dificultades para conseguir alquilar un espacio y, por eso, son muchas las mujeres que viven y ejercen en el mismo sitio, a menudo en los clubes que se aprovechan de nuestra falta de derechos. Medidas como las que propone la Ley de espectáculos es una barrera para que nos alquilen un espacio y nos expone a chantajes y extorsión ya que para nosotras es necesario para trabajar, y también para vivir.

Este tipo de legislación también dificulta que las trabajadoras sexuales, ante cualquier agresión, denunciemos por el temor de poner en riesgo sus espacios.

A todo esto, le tenemos que sumar la violencia que supone invalidar el consentimiento de las mujeres que ejercemos la prostitución, que según estas leyes, es irrelevante. Un gobierno que habla de igualdad y dignidad está generando jerarquías entre aquellas a las que se les reconoce la posibilidad de consentir, y a las que considera sujetos, y las Otras, a las que nos reduce a objetos que han de ser controlados.

La causa de la prostitución no es la demanda, sino de las necesidades materiales que tienen las mujeres y sus familias

No hace falta ser muy listas para saber que si una panadera abre un negocio y el Estado penaliza, persigue y sanciona a sus clientes, ella se quedará sin ingresos: sin poder pagar el alquiler, ni comer ni sostener a su familia. Esto es lo que pasa con las trabajadoras sexuales cuando todo nuestro entorno es criminalizado, así que no nos digan que el abolicionismo no es lo mismo que el prohibicionismo cuando las consecuencias son idénticas. ¿Con estas medidas van a abolir la prostitución? NO. Solo van a lograr que las mujeres se desplacen a otros espacios o territorios, no van a dejar de ejercer la prostitución, sino que lo harán en condiciones de mayor clandestinidad, expuestas a más inseguridad, abusos y explotación. Más estigmatizadas y empobrecidas, porque la causa de la prostitución no es la demanda, sino de las necesidades materiales que tienen las mujeres y sus familias.

El mundo en el que nadie pueda comprar servicios sexuales es el mundo en el que nadie necesite venderlos. Para que esto ocurra debe existir pleno empleo –en buenas condiciones– y se debe respetar el derecho a migrar. Incluso así, quizás la prostitución no desaparecería porque, aunque la necesidad económica sea la principal, existen una diversidad de motivaciones y experiencias vitales por las que las mujeres deciden ejercerla. En un Estado democrático, las leyes se tendrían que elaborar escuchando las diversas voces de las personas a las que les afectan directamente.

Una muestra más de los efectos de la criminalización del entorno de las trabajadoras del sexo es la que ha producido el artículo 11.1 de la Ley de Libertad Sexual que ha ilegalizado la publicidad que promocione la prostitución. Como resultado, han desaparecido las páginas más utilizadas por las trabajadoras y en su lugar han surgido otras fraudulentas. Las pocas que quedaron han aumentado sus tarifas, espoleadas por la ilegalidad en la que tienen que actuar. Hoy invertimos el doble y hasta el triple en publicidad, además sufrimos por parte de estas páginas todo tipo de arbitrariedades que no podemos denunciar ante ninguna institución; es decir, paradójicamente esta ley ha empoderado a los publicistas, un ejemplo de lo que causan estas leyes criminalizadoras.

La publicidad en páginas online es la principal herramienta para las mujeres que se autogestionan. Por lo tanto, la consecuencia más nefasta de esta medida es las proliferación de pisos y agencias regentadas por terceros. Al final, son los proxenetas quienes se acaban beneficiando de este tipo de medidas criminalizadoras.

Políticas abolicionistas son políticas racistas

No quiero acabar sin denunciar el componente racista que conllevan las políticas abolicionistas, que ni protegen a las víctimas de trata ni a las mujeres que ejercen la prostitución, sino que son utilizadas para reforzar el control migratorio.

En el Estado español existen actualmente siete cárceles a las que denominan CIE y un macro CIE en Algeciras que entrará en funcionamiento pronto. Se utilizan para encerrar a quinientas personas migrantes, en su mayoría, por el mero hecho de no tener papeles. En el 2020 la organización CIEs NO denunció que en el de Zapadores eran encerradas víctimas de trata junto con sus proxenetas. Más recientemente, la organización Mundo en Movimiento, en un informe sobre el CIE de Aluche, denunciaba que más de la mitad de las mujeres encerradas eran prostitutas latinoamericanas con cargas familiares, las cuales también encabezaban las listas para ser deportadas. Estas mujeres acaban encerradas en estos sitios tras las redadas que se realizan en los clubes de alterne y la persecución policial con ordenanzas en mano. Porque, aunque supuestamente “solo la demanda es sancionada”, para llegar a estos consumidores la policía a quien hipervigila, persigue y hostiga es a las mujeres y, si estas no tienen los papeles en regla, se les tramita una orden de expulsión.

La regularización extraordinaria de las personas migrantes es la reparación de una deuda colonial del Reino de España que continúa con el expolio de los territorios del Sur Global y la explotación implacable de mano de obra migrante en situación administrativa irregular en el territorio español. Nuestro movimiento no se ha dado por vencido y actualmente nuestra ILP, avalada por más de 700 mil firmas de la ciudadanía y 84 mociones de apoyo de Ayuntamientos de todo el Estado, se encuentra pendiente de aprobación. ¿Volverán a votar en contra? ¿Volverán a perder la oportunidad de ser coherentes quienes pretenden abanderar los derechos humanos? También tendrían que trabajar urgentemente para que las mujeres en el mercado laboral feminizado puedan tener sus derechos garantizados; para que dejen de vivir en chabolas en condiciones infrahumanas en los campos de Huelva; para que dejen de temer una deportación por denunciar una agresión en una comisaría.

Lo que en el papel queda muy bonito tiene consecuencias reales e inmediatas en nuestras vidas

Lo que en el papel queda muy bonito tiene consecuencias reales e inmediatas en nuestras vidas. Votar a favor de estas leyes es votar a favor de la criminalización indirecta de las mujeres que ejercen la prostitución. Es votar a favor de nuestro empobrecimiento, de nuestra inseguridad, estigmatización y deterioro de nuestras condiciones de vida. Es votar favor de la clandestinidad y en contra de nuestros derechos humanos y fundamentales.

Regularización Ya por Justicia Social

Trabajo Sexual es trabajo, pese a quien pese

La entrada Criminalizar la prostitución favorece a los explotadores se publicó primero en Zona de estrategia.

Las mujeres encerradas en el CIE de Aluche son principalmente trabajadoras sexuales

Durante décadas el poder político ha criminalizado a nuestras compañeras que captan a su clientela en la calle a través de ordenanzas municipales y de la Ley mordaza. También ha condenado a la clandestinidad a las que trabajan en clubes y casas de citas, que además tienen que soportar tratos vejatorios por parte de la policía y la brigada de extranjería que muchas veces durante las redadas, las tratan como “ganado”, según sus propios testimonios. Estos dispositivos, que supuestamente deberían proteger a las posibles víctimas, en realidad son el látigo que agita la Ley de Extranjería para el control migratorio. Una muestra de ello es el reciente informe de la Organización Mundo en Movimiento que prueba que el perfil de las mujeres encerradas en el CIE de Aluche es principalmente el de trabajadoras sexuales (la mayoría latinoamericanas y con familiares a su cargo) y también que son las primeras en la lista de deportaciones. Ahora, con la prohibición de los anuncios de prostitución, el siguiente objetivo hemos sido nosotras: las trabajadoras sexuales independientes que se autogestionan sus propios anuncios.

El mismo día que esta Ley fue publicada en el BOE, en octubre de 2022, comenzó la debacle. Cerró el portal Pasión.com, una de las webs de anuncios más económicas y utilizadas por las trabajadoras sexuales a nivel estatal. Algo tan sencillo de entender como que si los clientes no nos encuentran entonces no llaman y, si no llaman, no tenemos ingresos, por lo tanto, no comemos, pasó completamente inadvertido. Ante el adelanto de elecciones al 23 de julio de 2023, la Ley Abolicionista que el PSOE había registrado quedó en un cajón y sentimos que al fin tendríamos un tiempo de tregua. Pero de nuevo y apenas unos días después, el Ministerio de Consumo a cargo de Alberto Garzón, aún en funciones, envío advertencias de sanción a las webs con “multas que podrían superar los 100.000 euros y el cierre de los portales si estos persistían en publicitar prostitución o contenidos directamente relacionados con ella”. En consecuencia, los portales de anuncios empezaron a sufrir bloqueos y nuestros móviles quedaron de nuevo en silencio.

La prohibición repercute en la economía de las trabajadoras independientes y beneficia a los que se lucran con su trabajo

No hay que ser muy lista para comprender que la principal consecuencia de la prohibición de nuestros anuncios es la de empobrecernos hasta la desesperación económica. Estas medidas repercuten especialmente en la economía de las independientes, de aquellas que nos autogestionamos y, a su vez, beneficia a todo un sector de personas que se lucran solo si se convierten en actores necesarios para organizar nuestro trabajo. La criminalización del trabajo sexual callejero ya ha empujado a muchas compañeras que ejercían en espacios públicos a recurrir a terceros, ya sean clubes de alterne o casas de citas; algo que ha ocurrido tanto en España con la Ley mordaza como en Suecia con el modelo nórdico, donde la propia policía sueca reconoce que las casas de masaje clandestinas se han multiplicado. La medida impulsada por Consumo es un atentado contra la autonomía de las mujeres, ya que impide que podamos gestionar nuestros propios anuncios, lo que nos acaba forzando a buscar a terceros que nos procuren clientes ya sean agencias, clubes o pisos regentados. Casi veinte años de políticas abolicionistas no han hecho más que beneficiar a proxenetas y explotadores al tiempo que mantienen en plena vigencia la Ley de Extranjería y se niegan a la realizar la regularización extraordinaria de personas migrantes que el movimiento migrante ha exigido con la recogida de 700.000 firmas.

Otros a quienes se ha beneficiado con esta medida fueron los publicistas, porque quienes acabamos pagando los riesgos que ellos corren somos nosotras, las trabajadoras. Así, las tarifas para anunciarnos en las pocas webs que quedaban comenzaron a aumentar y los gastos en publicidad de muchas se han duplicado o incluso triplicado. Además, aprovechándose de la desesperación de las mujeres aparecieron páginas fraudulentas que les cobraban por anuncios que luego no publicitaban. Para sortear la Ley, las páginas se reconfiguraron exigiéndonos que nos anunciemos como “acompañantes”. La ambigüedad impide que dejemos claras nuestras condiciones en la prestación de servicios, lo que a su vez nos dificulta la filtración de clientes que no nos interesan porque a veces piden prácticas que no realizamos. En muchos casos, tampoco tenemos la libertad de que nuestros textos sean publicados tal cual nos queremos anunciar, sino que son revisados y retocados en términos que muchas veces nos despersonalizan o que no nos representan. Lo paradójico es que todas las arbitrariedades que los publicistas cometen con nosotras tendríamos que poder denunciarlas ante el Ministerio, pero nos vemos obligadas a callar para no hacer peligrar los medios en los que nos publicitamos, por lo que aunque parezca que pretenden sancionarles, en realidad la prohibición les acaba protegiendo.

Falta de apoyo y alternativas

A esta medida prohibicionista no le acompañó ninguna propuesta económica para paliar la falta de medios de subsistencia a la que nos aboca. Estamos viendo cómo los millones del plan Camino, que se solicitaron en nuestro nombre –en teoría para ayudar a las trabajadoras sexuales o a las víctimas de trata– se están utilizando para pagar a influencers que hagan campaña a favor del abolicionismo mientras faltan alternativas realistas para aquellas que quieren abandonar la prostitución. Por ejemplo, una de nosotras acudió a Médicos del Mundo en Galicia para conocer cuál es la propuesta y comprobó que consisten en derivarnos a los servicios sociales de los ayuntamientos, para intentar solicitar alguna de las rentas autonómicas disponibles, y a Cáritas, para que nos ayude con la alimentación. La organización también ofrece la compra de alimentos cada 15 días condicionados a que realices algún curso a través de la entidad; es decir, migajas de los derechos que nos corresponden y que no nos ayudan a abandonar la prostitución, pero que a estas organizaciones les permiten rellenar proyectos con nuestros datos para seguir accediendo a subvenciones.

Esta ley ha generado efectos perjudiciales en la estabilidad financiera y la seguridad de las trabajadoras sexuales

En realidad, esta medida española no es sino la traducción de otra estadounidense, la SESTA/FOSTA . Esta Ley, aprobada en 2018 durante el Gobierno de Trump, penaliza los anuncios de prostitución en la red con la excusa de “luchar contra la trata”. Un estudio del 2020 analizó sus resultados y encontró que el 72,5% de las trabajadoras sexuales habían sufrido un deterioro en sus ingresos. Esta ley ha generado efectos perjudiciales en la estabilidad financiera y la seguridad de las trabajadoras sexuales, así como ha mermado tanto el acceso a la salud, como las posibilidades de vincularse con la comunidad de pares. No hay evidencia de que haya frenado la trata de personas, sino, más bien, de que ha provocado una mayor inseguridad financiera en las poblaciones marginadas lo que a su vez, las hace más vulnerables a la explotación laboral y a la trata en la industria del sexo.

Para este artículo consultamos a Javier Pagador, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, quien afirma que“el Ministerio está actuando ilegalmente. En Derecho Penal y en Derecho sancionador administrativo (el caso que nos ocupa) para que se pueda imponer la sanción (en nuestro caso, la multa) es necesario que una norma prevea expresamente la infracción. En este caso, no existe esa norma. El artículo 47 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no la contempla. La realización de publicidad o promoción del trabajo sexual no encaja en ninguna de las infracciones que establece este artículo. Por tanto, no es posible imponer multas sobre la base de este precepto, hasta podría defenderse que el funcionario público que lo haga está dictando una resolución administrativa (sancionadora, en este caso) injusta a sabiendas y, por tanto, cometiendo un delito de prevaricación. Quiero destacar que la publicidad o promoción del trabajo sexual no puede considerarse práctica comercial desleal para los consumidores, por tanto, multar por realizar publicidad o promoción del trabajo sexual alegando las infracciones del art. 47 de la Ley de Consumidores es pura y claramente ilegal”. Esta misma opinión ha sido mantenida hace poco por Miriam Cugat Mauri, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, en un artículo publicado en la revista Almacén de Derecho.

En definitiva y presuntamente, la Administración pública estaría cometiendo un delito contra los derechos cívicos, recogido en el artículo 542 del Código Penal. Como siempre que se trata de nosotras, en realidad no persiguen conductas punibles, sino estatus y reputaciones marcadas. Por eso las mismas imágenes que usábamos en nuestros anuncios pueden alimentar galerías de arte o feeds de Instagram, pero si desnudamos las bambalinas de ese teatro social para hacer negocio de aquello que pretenden que demos “por amor” o “aprobación masculina” entonces hacen recaer una sanción sobre nosotras, porque la auténtica base legal es el estigma.

Muchas ejercemos el trabajo sexual por necesidad económica o por haber sido excluidas del sistema laboral formal

La abolición de la prostitución resultará imposible mientras exista necesidad económica.  Millones de personas en el mundo optamos por el trabajo sexual para subsistir en este sistema y es importante remarcar que muchas personas no solo ejercemos el trabajo sexual por lo principal, que es la necesidad económica, sino también por diversas razones que nos excluyen del sistema laboral formal: por tener discapacidades, enfermedades crónicas –ya que acceder a pensiones no solo es difícil, sino que muchas veces son insuficientes por el alto costo de vida–, ser migrantes sin regularización o por cuestiones de discriminación sistémica –como les sucede a las personas trans–. Esto es un problema que hace que la flexibilidad y accesibilidad que brinda el trabajo sexual sea una opción para tener ingresos económicos que nos permitan sobrevivir en un sistema capitalista que obliga a que todos tengamos que explotar nuestro cuerpo de una u otra manera.

Algo mejor sería que las trabajadoras sexuales fuésemos reconocidas en nuestros derechos laborales, sociales y humanos y que el feminismo institucional se dedicara a ayudar realmente a aquellas personas que son víctimas del delito de trata, no solo en la prostitución, sino en otros trabajos donde los números son inclusos más altos, como en la agricultura, tal como denuncian hasta el cansancio las temporeras de Huelva. Si pudiéramos acceder a un reconocimiento de derechos, podríamos contar con una herramienta que nos permitiese luchar contra la explotación laboral, mejorar nuestras condiciones laborales y de vida y combatir el estigma que nos afecta de manera grave en todos los ámbitos de nuestra vida (ya sea en relaciones personales, autoestima o discriminaciones sistemáticas que sufrimos en centros de salud, etc.). A la vez, demandamos que quienes quieran dejar la prostitución puedan encontrar otra opción laboral que les sea igual de rentable. Las trabajadoras sexuales organizadas sabemos que ambas cosas pueden y deben ir de la mano, entendiendo que existen múltiples realidades y todas deben ser tenidas en cuenta.

Las trabajadoras sexuales merecemos ser escuchadas

Creemos que una sociedad democrática debe dejar de lado sus concepciones morales particulares y escuchar la pluralidad de voces, legislando teniendo en cuenta a aquellas a quienes afectan estas leyes y conociendo las consecuencias negativas que estas tienen en nuestras vidas. Tras haber conseguido reunirnos con la actual responsable, la Secretaria General de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, esperamos que tanto ella como las responsables de Igualdad no solo nos oigan, sino que nos escuchen. Exigimos ser tenidas en cuenta, nosotras que somos quienes ponemos el cuerpo que tanto les preocupa. Las trabajadoras sexuales somos el sujeto político que se tiene que escuchar –nuestras experiencias y cómo nos afectan estas medidas–, no las entidades que viven de nuestra ausencia de derechos y que pretenden “rescatarnos” enviándonos a la clandestinidad, ni los empresarios de la industria del sexo organizados en plataformas que instrumentalizan a nuestras compañeras y se apropian de nuestros discursos para poder así continuar parasitando nuestro trabajo. Por supuesto, tampoco son el sujeto político las personas que desde las instituciones –y bajo una concepción moral disfrazada de buenas intenciones– pretenden abolir nuestro trabajo haciendo que nuestras condiciones laborales y de vida sean cada vez más precarias.

Las trabajadoras sexuales merecemos ser escuchadas.

La entrada ¿Han conseguido abolir la prostitución prohibiendo nuestros anuncios? se publicó primero en Zona de estrategia.

En este artículo vamos a comenzar revisando lo que han sido los hitos y logros fundamentales del último gran ciclo de movilizaciones a escala estatal e internacional, para después proponer algunos elementos que nos permitan profundizar en el análisis. Para este propósito, vamos a considerar también lo que pensamos son algunos de los límites de este ciclo de movilización: por un lado, la hegemonía de un feminismo de clase media en el campo feminista en disputa; por otro, la centralidad de la cuestión de la violencia —sobre todo sexual— y las consecuencias que ha acarreado en el refuerzo del populismo punitivo. Igualmente, vamos a considerar la cuestión de la autonomía de los movimientos y el proceso de institucionalización del feminismo, para terminar con algunas propuestas para la discusión colectiva.¹

Entendemos el feminismo como un campo en conflicto con distintas posiciones internas y a veces con proyectos políticos enfrentados

Queremos señalar, además, una dificultad a la que se enfrenta este tipo de perspectivas, así como la propia acción política feminista. Esta dificultad reside en cómo se define al «movimiento feminista». A veces este se emplea como si se tratase de un sujeto con agencia consciente y unívoca —«el movimiento feminista demanda, dice»—, lo que resulta a su instrumentalización, sobre todo por el ámbito de la política institucional. En este artículo entendemos el feminismo como un campo en conflicto con distintas posiciones internas y a veces con proyectos políticos enfrentados. Así, en el espacio público se negocian significados y se posicionan demandas que responden a muy distintos intereses, en la medida en que este mismo campo viene producido —discursiva y políticamente— por agentes diversos: tanto mujeres de la élite económica, como feministas de Estado; tanto asociaciones feministas de profesionales liberales, expertas en género o periodistas feministas como aquellas que militan en colectivos feministas de base —como trabajadoras sexuales, domésticas o jornaleras— o también aquellas feministas que militan en la PAH, en el antirracismo u otras luchas. La cuestión es: ¿pueden compartir agenda y objetivos todas estas mujeres con intereses de clase y espacios ideológicos tan dispares? Por eso, nos referiremos en la medida de lo posible al movimiento feminista en plural —«movilizaciones feministas», «feminismos»—, o intentamos adjetivar para definir mejor a qué tipo de feminismo nos estamos refiriendo.

2016-2020. El auge de las movilizaciones feministas

La extraordinaria irrupción feminista de estos años tuvo su inicio en Polonia y su epicentro en América Latina. A finales del 2016, el feminismo polaco se movilizó masivamente en Varsovia y otras ciudades contra los intentos del gobierno de extrema derecha de endurecer la ya muy restrictiva ley del aborto. Este fue el primer paro feminista de la década. Poco después, el asesinato de una joven en Argentina sacó a miles de personas a la calle, en la estela de las manifestaciones convocadas por Ni Una Menos (2015 y 2016) contra la violencia machista y los feminicidios. De hecho, estos dos elementos, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y la batalla contra la violencia —por la libertad sexual y el acceso al espacio público sin peligro para la integridad física de las mujeres—, son definitorios de esta nueva ola de movilización internacional. Igualmente, en estas movilizaciones se ha compartido cierto marco común de oposición a los discursos de las nuevas extremas derechas y su apoyo al orden de género tradicional.

El 8 de marzo de 2017 se convocó la primera huelga feminista global. En esta acto participaron más de treinta países, lo que a su vez tuvo réplicas importantes en los dos años siguientes. Estas movilizaciones —masivas e intergeneracionales— sacudieron sus sociedades respectivas a una escala sin precedentes. La huelga permitió, además, generar una especie de «identidad común feminista» o, si se prefiere, una capilarización de un sentido común antisexista. También fue importante para transformar elementos culturales de la relación entre los géneros, reclamar derechos aún pendientes de conquistar y reforzar la capacidad de lucha y autonomía de las mujeres atravesadas por esta marea. En conjunto, se produjo una visibilización generalizada, mediática y pública de las movilizaciones y sus demandas que se expresó en una suerte de «internacionalismo feminista».² De forma genérica y sin detenernos en las diferencias sustanciales entre países, entre otros efectos de estas movilizaciones, resulta importante mencionar: la visibilización de las mujeres feministas en todos los ámbitos de la producción cultural; la multiplicación de las expertas en género, así como de autoridades —académicas, judiciales, etc.— y de personas en posiciones de poder que se autodenominan feministas; la multiplicación de los debates feministas en medios de comunicación tradicionales y una mayor influencia de los paradigmas feministas en las luchas y prácticas de transformación social —entre los que Rojava constituye uno de los ejemplos más destacados—.

Los feminismos latinoamericanos consiguieron conectar la lucha contra las violencias machistas con el resto de las violencias estructurales e institucionales

En algunos lugares como América latina, el nuevo ciclo de movilización desbordó completamente la agenda de paridad liberal (o neoliberal) que había impulsado el feminismo mainstream a nivel internacional y que había devaluado la potencia transformadora de los feminismos tras la ola de 1960 y 1970. En este continente, las movilizaciones autónomas tuvieron un fuerte componente que procedía de los feminismos comunitarios, decoloniales y populares³ (aunque algunos de estos países, como Chile y Argentina, también se enfrentan actualmente a sus propios procesos de institucionalización). En cierta medida, estos feminismos renovados consiguieron «superar» la cuestión sexual, o al menos no quedar atrapados en el pánico moral, la victimización y la posición de demandante de protección estatal. En otras palabras, consiguieron conectar la lucha contra las violencias machistas con el resto de las violencias estructurales e institucionales (de los Estados) con las que sufren por ser pobres o estar en prisión, además de aquellas producidas por el extractivismo y la explotación neocolonial de los territorios.

En España, creemos que algunos de estos componentes también han estado presentes en los primeros años de este ciclo en las movilizaciones de base. Por ejemplo, se hizo un trabajo de visibilización de las violencias patriarcales no únicamente como las agresiones de «hombres» a «mujeres», sino como consecuencia de la relación de dominio estructural que coloca a los cuerpos feminizados⁴ en una posición de subordinación que atraviesa a toda la sociedad. Estos componentes estuvieron presentes en las huelgas feministas de 2018 y 2019, que también lograron visibilizar el impacto de la división sexual del trabajo en las condiciones materiales. En este sentido, se convocaron huelgas de cuidados —que evidenciaban la organización generizada de la reproducción social—, laborales —con el fin de señalar la feminización de la precariedad y los techos de cristal—, de consumo —como denuncia de la mercantilización de cada vez más esferas de la vida— y educativa —en defensa de la educación pública, laica y no heteronormativa—.⁵ Muchos de estos elementos traspasaron además los discursos activistas y se vieron reflejados en los medios mainstream. Por tanto, si en los primeros años de este ciclo encontramos elementos que apuntaban a un cambio en las condiciones materiales de vida de las mujeres más afectadas por el patriarcado, ¿por qué estos contenidos no se han traducido en cambios sustantivos? ¿Qué factores están limitando la potencial agencia transformadora de las movilizaciones?

Queremos matizar que las transformaciones subjetivas a las que han dado lugar las movilizaciones también han producido cambios materiales. Nos referimos principalmente a la percepción del incremento de la propia potencia y capacidad de lucha —el llamado «empoderamiento»— y al apoyo social que los feminismos proporcionan a las mujeres a la hora de enfrentar la subordinación de género en sus propias vidas; pero también a los cambios que se producen en infinidad de gestos cotidianos en un sentido feminista emancipador. Todo ello ha dado lugar a transformaciones en la performatividad de los géneros además de empujar ciertas mejoras materiales. Sin embargo, estas herramientas feministas parecen haber resultado útiles principalmente en aquellas posiciones sociales más desahogadas, es decir, menos atrapadas en la precariedad y las dependencias que esta supone. Para las mujeres sin papeles, sin estudios, sin carrera profesional, sin redes familiares o de amistad, estigmatizadas, con familiares a cargo, etc., el cambio material exige un abordaje colectivo y estructural de mucho mayor calado. El empoderamiento individual no es suficiente en situaciones de precariedad económica, falta de acceso a los bienes básicos y elevadas responsabilidades de cuidado.

***

En lo que sigue de este artículo vamos a considerar lo que consideramos son los tres principales límites para el despliegue de un feminismo transformador. El primer límite reside, en efecto, en la cuestión de la clase. Nuestra hipótesis es que el feminismo en España está construido como un campo que se presenta como interclasista, pero en el que la hegemonía está definida por los intereses y la agenda de las mujeres de clase media —al igual que sucede en otros movimientos—. Un segundo límite está en cómo la violencia sexual (y las diferentes formas de enfrentarla) se ha convertido en el principal tema en la agenda feminista, soslayando otras preocupaciones y con consecuencias tanto en la creación de un clima de pánico moral, como en la promulgación de leyes de carácter punitivista, como es la ley del solo sí es sí. Por último, vamos a considerar, en tanto tercer límite, la institucionalización del feminismo y su utilización por parte de gobiernos o representantes políticas que dicen hablar en nombre «del movimiento». Entendemos también la institucionalización como la asunción de la agenda institucional por parte de los movimientos de base, o de los horizontes legales o estatales en tanto espacios privilegiados para la acción política.

Primer límite: la hegemonía de clase media en el campo feminista

El feminismo hegemónico es hoy una ideología liberal y/o de clase media, con la capacidad de determinar la agenda sobre la base de sus propias prioridades. El interclasismo feminista opera como una herramienta de las mujeres de las clases medias y altas a la hora de instrumentalizar el feminismo al servicio de sus propios intereses. Por contra, desde un feminismo de clase, los mandatos políticos deberían provenir de las necesidades de las de abajo y de los imperativos de distribución de la riqueza y de la disolución de todo poder.

¿Las mujeres, una sola clase?

El feminismo como campo opera de manera interclasista, ocultando las diferencias de intereses entre las mujeres. Determinadas teorías feministas han descrito, en efecto, la subordinación de las mujeres como algo que afecta a todas por igual, independientemente de su pertenencia de clase —y sin tener en cuenta otras segmentaciones sociales como son la clase o la racialización / origen migratorio—. Es cierto que la construcción histórica del género ha fijado dos posiciones: la masculina y la femenina, y ha establecido una relación de poder entre ellas, si bien esta relación de subalternidad no solo afecta a las mujeres, sino muchas veces también a las personas que no conjugan con el sistema sexo-género patriarcal occidental: personas trans, disidentes de género, queer, homosexuales, etc. Una larga tradición de feminismos —anarquistas, socialistas, marxistas, negros, antimperialistas y descoloniales— ha producido desde hace siglos un legado de acción y pensamiento político,⁶ que demuestra que no se puede luchar contra las subordinaciones de género al margen de su constitución con la clase y la raza.

El feminismo cultural se basa en la concepción de la opresión femenina como originada en la cuestión sexual

De esta tradición hemos aprendido que las mujeres con mejor posición social disponen del poder de imponer sus prioridades y su agenda política. Precisamente porque no están racializadas y su posición en las relaciones de producción no resulta tan opresiva, estas mujeres identifican la subordinación de género como su principal problema. Buscan la igualdad con los hombres de su clase, dentro de su estrato social e identifican el machismo como un límite para su ascenso social, al tiempo que generalizan sus intereses como si fuesen los de todas. El resultado es la mistificación de un sujeto «mujeres» homogeneizado, no exento de esencialismo biologicista —como hemos visto en las violencias desplegadas por el feminismo transexcluyente— o cultural.⁷ El feminismo cultural se basa en la concepción de la opresión femenina en tanto originada, y a la vez expresada, en la cuestión sexual que fija una representación de los hombres como seres violentos y de las mujeres como víctimas. El sexo es así contemplado únicamente como un ámbito de subordinación. Para estos feminismos, el universalismo abstracto —«las mujeres son una misma clase porque están todas igualmente oprimidas por la violencia sexual»— acaba ocultando las diferencias sociales, raciales y de estatus entre las propias mujeres.

¿En qué se ha materializado este poder del feminismo hegemónico? Si analizamos tanto las principales medidas políticas como los contenidos que ocupan más espacio mediático y social vemos que lo que se identifica como los principales logros feministas de este ciclo se han centrado en las preocupaciones de las mujeres de clase media y alta. Cabe señalar, no obstante, a este respecto, que el feminismo no constituye una excepción, la mayoría de políticas que se aprueban están pensadas para estos sectores sociales.

Por una parte, la cuestión sexual ha centrado la mayor parte de los debates públicos y a nivel institucional se ha materializado en la conocida como ley del solo sí es sí. Una de las derivaciones de esta preocupación es la prostitución, en torno a la cual se han intentado aprobar medidas que criminalizan el trabajo sexual. De otra parte, otro de los elementos centrales de la agenda feminista ha estado en la cuestión de la representación y los techos de cristal, es decir, de todas aquellas propuestas destinadas a facilitar la igualación de las mujeres mejor posicionadas socialmente con los varones de su clase, en vez de promover una distribución de la riqueza capaz de mejorar las condiciones de vida de las mujeres más precarizadas. Cabría citar aquí, por ejemplo, la propuesta de ley de paridad del PSOE, como medida estrella dentro del paradigma de la discriminación positiva. Esta ley fija cuotas de mujeres en los consejos de administración, colegios profesionales, gobiernos y listas electorales.

Para muchas de estas mujeres, su principal problema no es el de la desigualdad que mantienen con los hombres de su clase, sino la explotación, el racismo o la precariedad

Otras medidas aprobadas, como las bajas por reglas dolorosas o la ampliación de los permisos parentales, pueden resultar interesantes y valiosas. Pero estas solo benefician a mujeres con contratos laborales estables y con garantías, así como a aquellas con relaciones sexoafectivas encuadradas en el orden familiar con reconocimiento legal.⁸ En cualquier caso, estas propuestas difícilmente pueden mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras que se encuentran en los sectores con mayores niveles de explotación, o las mujeres en situación de subempleo, las internas, las trabajadoras indocumentadas o las mujeres que crían solas. Para muchas de estas mujeres, su principal problema no es el de la desigualdad que mantienen con los hombres de su clase, sino la explotación, el racismo o la precariedad existencial. Por otra parte, en un mercado laboral crecientemente dualizado —entre trabajos relativamente seguros y con derechos y otros precarizados con contratos temporales o parciales y con más dificultades de hacer valer los derechos laborales—, cualquier medida asociada al empleo formal tendrá dificultades para extenderse a estas mujeres precarias.

Podemos decir, por tanto, que el feminismo hegemónico no representa a las mujeres más afectadas por el capitalismo patriarcal. No se preocupa por ejemplo de la ley de extranjería, que deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, falta de derechos y existencia social, expuestas tanto a la explotación como a las violencias —en los trabajos invisibilizados como la prostitución o el trabajo doméstico—. Por otra parte, ha habido algunos avances relacionados con la reproducción social, como la ampliación de los permisos parentales para los varones y la aprobación de nuevos permisos para el cuidado de menores o personas a cargo, así como algunas leves mejoras de la ley de dependencia —si bien su implementación depende en buena parte de las comunidades autónomas—. Sin embargo, la universalización y gratuidad de las escuelas infantiles —una medida que cambiaría radicalmente la vida a muchas mujeres, sobre todo a las más precarias sin red social— ha quedado olvidada, así como cuestiones como la gratuidad de los comedores escolares. Más allá del ámbito laboral, el feminismo hegemónico tampoco se ha ocupado de problemas como el acceso a la vivienda, una de las principales vías de expropiación de renta a las trabajadoras, pero también uno de los elementos que más dificultan la autonomía de las mujeres a la hora de salir de una relación donde se produce violencia de género.

Hubiese sido fundamental el reconocimiento de las numerosas enfermedades laborales propias de los sectores feminizados

Otro de los grandes olvidos de este feminismo preocupado por los techos de cristal es la mejora de las condiciones laborales de los trabajos feminizados de cuidados —cuidadoras y limpiadoras en general—, o de otros sectores como las jornaleras agrícolas —muchas de ellas trabajadoras extranjeras por contingentes— o de las obreras de la industria textil o el turismo. En este sentido, además de centrarse en las bajas por reglas dolorosas, hubiese sido fundamental el reconocimiento de las numerosas enfermedades laborales propias de estos sectores. Esta es una de las principales reivindicaciones del sindicalismo feminista que apenas consigue atención por parte del feminismo mainstream.

Respecto de las condiciones laborales del sector de cuidados, durante este ciclo de movilización tampoco se han conseguido avances radicales en la mayoría de empleos feminizados. Podemos rescatar la victoria obtenida por las trabajadoras del hogar y de cuidados en 2022, incorporada a una nueva ley que recoge importantes mejoras. Pero lo cierto, es que estas demandas no tuvieron hueco en la agenda del gobierno hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó —en febrero de 2022— que su exclusión de la prestación de desempleo es contraria a la legislación de la Unión, en sintonía con las presiones de numerosas organizaciones de trabajadoras del hogar y de los cuidados y la aparición de sus reivindicaciones en los medios —en parte gracias a las huelgas feministas—. Después de este fallo del TJUE, se reformó el estatuto de estas trabajadoras con mejoras importantes, si bien sin llegar a equipararlas al resto de trabajadores.⁹ En este ámbito trabajan además muchas mujeres sin papeles, una situación que no solo se ha naturalizado, sino que se ha convertido en una forma de regularización para muchas mujeres recién llegadas a España.

La reforma laboral terminó consolidando y legitimando las externalizaciones de servicios esenciales dentro de las empresas

Hay que señalar aquí también, que en estos años se han producido numerosos conflictos laborales en el sector de los cuidados. Es el caso de las trabajadoras de las residencias de ancianos o del Servicio de Atención a Domicilio, colectivos que en general presentan condiciones laborales deplorables y que han conseguido escasas victorias, a pesar de su relevancia social patente sobre todo durante la pandemia de Covid-19. También importantes han sido los conflictos laborales que se han producido en estos sectores, con algunas victorias como la de la limpieza en el País Vasco. De hecho, en noviembre de 2023 se convocó una huelga general feminista en esta comunidad centrada en la cuestión de los cuidados. Sin embargo, en lo que se refiere a la situación de una de las luchas más simbólicas del sindicalismo feminista de los últimos tiempos, la de las camareras de piso, la reforma laboral terminó consolidando y legitimando las externalizaciones de servicios esenciales dentro de las empresas, confirmando así una de las vías de precarización laboral femenina más importantes.

La defensa de los intereses del feminismo de clase media

Si bien la precariedad es masiva entre mujeres y disidencias sexuales, en el otro extremo, la presencia de mujeres con estudios universitarios en la mayoría de ámbitos profesionales de relevancia social ha crecido de forma ininterrumpida a lo largo de las últimas décadas. Esta presencia no se corresponde, sin embargo, con un peso similar en los lugares de poder: el famoso techo de cristal.¹⁰ De ahí que hayan tomado tanta relevancia la política de cuotas, la consideración de los «techos de cristal» o medidas puramente simbólicas Actualmente, las mujeres de clase media o alta son mayoría en muchos ámbitos, en los que sin embargo no han obtenido un poder equiparable. Esta composición social, hecha principalmente de mujeres que ven sus posibilidades de ascenso social coartadas por el machismo estructural, es una de las bases materiales que han empujado el feminismo en los últimos años en España. Sus prioridades se han colocado así en el centro de la agenda feminista.

El hecho de que haya más mujeres en los puestos más elevados no repercute en los cambios estructurales necesarios para mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres

Como era de esperar, no obstante, esta lucha por la igualdad de género en las posiciones medias y altas de las jerarquías profesionales, no modifica la vida de la mayoría de mujeres, sobre todo de aquellas que no tienen ninguna posibilidad de plantearse una carrera profesional. De una parte, estas posiciones de mando y prestigio requieren de fuertes insumos de trabajo, materiales, energía, etc., que sostienen todas las jerarquías y niveles de explotación conocidos. De forma correlativa, el hecho de que haya más mujeres en los puestos más elevados de las jerarquías gubernamentales, académicas, profesionales, militares o empresariales no repercute en los cambios estructurales necesarios para mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres de las clases populares. Tampoco incide en reducir las desigualdades generadas por la división sexual del trabajo: las mujeres profesionales salen de casa dejando a otras mujeres en su lugar. Por eso, desde la perspectiva de un feminismo de clase o de transformación, el poder necesario para cambiar las cosas no se encuentra del lado del mando —capitalista o estatal—, sino en la construcción de una capacidad propia que nos permita luchar contra la producción y reproducción de las desigualdades.

En este sentido, el feminismo hegemónico no solo instrumentaliza la representación de las movilizaciones en favor de sus propios intereses, sino que invisibiliza o incluso bloquea los conflictos protagonizados por otras mujeres. La principal consecuencia de un feminismo hegemónico de clase media disfrazado de feminismo universal es la pacificación de la capacidad subversiva de los feminismos de clase y su utilización como una herramienta de gobierno. Las luchas de las trabajadoras domésticas y de las trabajadoras sexuales son dos ejemplos que nos permiten vislumbrar el funcionamiento pacificador e integrador del feminismo hegemónico de clase media.

La pacificación de la crisis de los cuidados¹¹

La cuestión de los cuidados, es decir, la cuestión de cómo reproducimos la vida en el capitalismo actual es también una cuestión de clase / raza. Ciertamente, lo que permite que muchas mujeres tengan la posibilidad de acceder a puestos profesionales bien remunerados —que es lo que principalmente constituye la clase media— es que puedan externalizarlos a otras trabajadoras. En esto consiste la solución europea a la crisis de los cuidados: son las mujeres migrantes quienes se hacen cargo de estas tareas que, a falta de socializarse, siguen dependiendo de la división internacional del trabajo feminizado, hoy declinada en las cadenas globales de cuidados.¹² Según datos de 2019, de todas las trabajadoras del hogar de la UE, 2,5 millones son trabajadoras domésticas. El 28 % de las mismas trabajan en España, el 88% son mujeres y el 72,2 % proceden de la migración (fundamentalmente de América Latina y de Europa). En el caso del 11 % de trabajadoras internas, nueve de cada diez son extranjeras y la propia existencia de este tipo de empleos se asienta, sin duda, en el régimen de fronteras y la ley de extranjería.¹³

Se están impulsando políticas de conciliación basadas en destinar dinero público a abaratar la contratación de trabajadoras del hogar

Como hemos comentado, el conflicto de décadas sostenido por las trabajadoras domésticas ha logrado arrancar recientemente la ratificación del Convenio 189 de la OIT y el derecho al subsidio por desempleo (Real Decreto Ley 16/2022). Pero no olvidemos que junto a estas mejoras en las condiciones laborales, también se están impulsando políticas de conciliación basadas en destinar dinero público a abaratar la contratación de trabajadoras del hogar a aquellas familias que pueden permitirse este tipo de empleadas. De este modo, se han implementado una serie de bonificaciones y reducciones en las cuotas para las personas empleadoras dirigidas a compensar el aumento de las cotizaciones. Este abaratamiento del empleo del hogar sobre la base de aumentar el gasto público lleva tiempo realizándose a nivel de las comunidades autónomas; así por ejemplo la Comunidad de Madrid aprobó en el 2023 ayudas directas de hasta 4.000 euros para sufragar los costes laborales de las empleadas domésticas.¹⁴

La realidad es que muchas mujeres de clase media no pueden renunciar a la externalización del trabajo doméstico sobre otras mujeres con sueldos bajos y menos derechos laborales, si no quieren alterar sustancialmente ni sus equilibrios familiares, ni sus estándares de consumo. Como hemos visto, lo que se conoce como conciliación familiar, otra demanda clave del feminismo hegemónico, es la facilitación, vía dinero público, de la emancipación de las mujeres de clase media mediante el encierro de las mujeres de las clases populares en las tareas de reproducción. Si tenemos en cuenta, además, los mecanismos de explotación y apropiación sancionados por la ley de extranjería, lo que finalmente se promueve mediante estas políticas de conciliación es una condena de las mujeres de origen migrante, extranjeras y/o racializadas al sector laboral de los cuidados.¹⁵

Desde un feminismo de clase deberíamos preguntarnos por tanto sobre cómo luchar por la socialización de las tareas reproductivas —y su desfeminización—, al tiempo que lo hacemos contra la división sexual e internacional del trabajo. También habría que recuperar las discusiones y prácticas en torno a formas de convivencia, crianzas y atenciones a la enfermedad, diversidad funcional o vejez fuera del ámbito de las soluciones individuales dentro de la familia. Por eso, es pertinente resucitar las discusiones sobre la familia que tan ricas fueron en los feminismos liberacionistas de las décadas de 1960 y 1970.

La línea roja del trabajo sexual

Asistimos a un ataque redoblado de un feminismo abolicionista que pretende criminalizar el trabajo sexual

Dentro de los trabajos feminizados en el campo de «los cuidados», la prostitución constituye una línea roja para el feminismo hegemónico de clase media. Si la lucha de las trabajadoras domésticas o de los sectores de cuidados puede encontrar cierto apoyo en un sector pequeño del feminismo de gobierno, las trabajadoras sexuales rara vez reciben el mismo trato, aunque se encuentren igualmente atravesadas por las opresiones de clase, raza y género. En estos últimos años hemos asistido a un ataque redoblado de un feminismo abolicionista que pretende criminalizar el trabajo sexual. Este feminismo niega sistemáticamente el poder de decisión de las trabajadoras sexuales y su capacidad de agencia —no serían «prostitutas», sino «prostituidas»—, su fuerza organizativa —no serían trabajadoras en lucha, sino víctimas que necesitan ser salvadas— y la perspectiva feminista de su batalla —no serían activistas sino «asalariadas del lobby proxeneta»—. Incluso la ley del solo sí es sí, que dice colocar el «consentimiento en el centro», en un primer momento introducía dos propuestas que implicaban volver a códigos penales del pasado: perseguir lo que se conoce como proxenetismo no coactivo —recibir dinero de alguien que se prostituye de manera voluntaria— y castigar a quienes alquilan locales o pisos para ejercer la prostitución —tercería locativa—, este último caso retirado del Código Penal en 1995 por el propio PSOE. Las trabajadoras sexuales organizadas explicaron cómo este giro abolicionista de la ley iba a criminalizar y dificultar su trabajo, dando más poder a jueces y policías sobre sus vidas. Y de hecho solo su movilización ha logrado evitar una penalización que hubiera precarizado, aún más, las condiciones de vida de las mujeres en este sector. Sin embargo, no lograron impedir que la ley terminara incluyendo la prohibición de los anuncios de prostitución, una medida que pone trabas al trabajo autónomo en el sector. De hecho, las perspectivas a corto plazo para las trabajadoras sexuales no son prometedoras. En esta próxima legislatura de PSOE-Sumar, es previsible que se reanude el proyecto de ley abolicionista impulsada por los socialistas, que en la pasada legislatura no hubo tiempo de tramitar.

Se trata de acabar con la prostitución ofreciendo como alternativa trabajos mal pagados en el sector de los cuidados

En conjunto, no solo el feminismo hegemónico, sino también una parte del feminismo abanderado por el campo de las llamadas «izquierdas» —desde comunistas a socialdemócratas, pasando por algunos sectores del feminismo de base y la autonomía—, están comprometidos en una cruzada por la «salvación» de estas mujeres, en su mayor parte empobrecidas, migrantes, racializadas y trans. Este «rescate moral»¹⁶ consiste, en la práctica, en tratar de acabar con la prostitución —siempre de la mano del Estado— ofreciendo como alternativa trabajos en el sector de los cuidados —en general peor remunerados y con menos autonomía— y por los que muchas de estas trabajadoras ya han pasado y han abandonado por su baja remuneración y sus altos niveles de explotación.

Segundo límite: la centralidad de las violencias sexuales y la deriva punitivista

Indudablemente, este ciclo feminista ha obtenido parte de su impulso de la denuncia de las violencias que se ejercen sobre los cuerpos feminizados —los abusos en el ámbito del trabajo o las violencias en las familias, en el ámbito de la pareja o exparejas—, pero sobre todo aquellas de carácter sexual. Como ya hemos señalado, los debates sobre la cuestión y el cambio cultural que se ha producido al respecto es quizás el mayor logro de estas luchas. Sin embargo, su traslación legislativa, a partir de los pánicos morales y la sensación de alarma espoleados por los medios ha tenido también algunas consecuencias indeseadas. La más evidente es una deriva punitivista: en el imaginario social se ha acabado instalando que las causas penales y la cárcel pueden ser una solución para las agresiones —incluso las más leves—, que el castigo es la mejor manera de proteger a las mujeres. Así lo podemos percibir tanto en los intentos de criminalización del trabajo sexual, como en la ya citada ley del solo sí es sí.

El sistema penal, el sistema de encarcelamiento, policial y represivo ha salido reforzado bajo la bandera de la lucha contra la violencia machista

Aunque en principio la nueva norma no se anunció en un marco de endurecimiento penal —de hecho contenía medidas destinadas a la prevención, a la protección de las víctimas, ayudas económicas y laborales, servicios de asistencia especializada y otros elementos importantes como la posibilidad de recibir esta asistencia sin necesidad de denunciar—, esta contenía diversos elementos punitivistas: incluía nuevos delitos como el acoso callejero, establecía nuevas penas accesorias como las inhabilitaciones, medidas cautelares más duras y dificultaba el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado.¹⁷ Además, prohibía la mediación —a imagen de la ley de violencia de género—, reduciendo la agencia y las posibilidades de las personas agredidas, sobre la base de una imagen de estas como seres impotentes y frágiles, dificultando también los procesos de justicia restaurativa.¹⁸ De esta manera, aunque el debate sobre el consentimiento y su significado ha sido fundamental para el cambio cultural, cuando se ha llevado al terreno de la ley penal, el sistema de encarcelamiento, policial y represivo ha salido reforzado bajo la bandera de la lucha contra la violencia machista y en nombre del feminismo.

De forma definitoria, cuando estalló la polémica mediática instrumentalizada por las derechas, porque la nueva ley estaba provocando rebajas de penas e incluso excarcelaciones, el Ministerio de Igualdad no defendió públicamente que más penas no sirven para proteger a las mujeres o que, de hecho, las penas son excesivamente altas en España. Tampoco lo hicieron ni el feminismo hegemónico ni el feminismo de base. En los días de la polémica, al menos en Madrid, se llegaron a convocar concentraciones y a difundir manifiestos de apoyo desde una óptica que no se desmarcaba de los aspectos punitivos de la ley. En ese momento, a muchas les pareció que, frente a los ataques de la derecha, había que cerrar filas y defender a toda costa una ley penal. Fueron pocas las voces que hicieron notar que, desde una perspectiva antipunitiva y de justicia social, el feminismo no se puede apoyar en el sistema penal, al menos no de una manera acrítica.

El derecho penal sexual ha pasado a ser uno de los principales campos de experimentación del populismo penal

En las últimas dos décadas, el derecho penal sexual ha pasado a ser uno de los principales campos de experimentación del populismo penal. Como señalan muchos juristas, cada reforma endurece sistemáticamente las respuestas y las aproxima peligrosamente a los derechos penales excepcionales de los delitos de terrorismo. Todo ello en un país que tiene una de las poblaciones carcelarias más numerosas de Europa, mientras mantiene índices de criminalidad relativos muy bajos. De hecho, las penas por este tipo de delito ya son muy altas, mucho más que en los países de nuestro entorno. Así, por ejemplo, se puede imponer la misma pena (15 años) por un homicidio y por una violación. Pero como prueban todas las investigaciones criminológicas, más cárcel no sirve para evitar los delitos, porque su principal función es la de castigar, concretamente, castigar a los pobres.¹⁹

Respecto del feminismo de clase, parece claro que la discusión de los tecnicismos legales del sistema penal no debería ser una prioridad, al igual que tampoco tendríamos que ignorar las subidas de penas que se están produciendo en nuestro nombre. En realidad, las cárceles y las fuerzas de seguridad del Estado salen caras si se piensa en todo el dinero que se deja de invertir en derechos sociales —también para las mujeres—. Del mismo modo, deberíamos discutir si tiene sentido privilegiar la violencia sexual por encima de otras violencias, como la de ser desahuciada, o de que te quiten a tus hijos por no tener casa o con quién dejarlos cuando trabajas. O por qué se tendría que condicionar el acceso a derechos que deberían ser universales —vivienda, renta, etc.—, al hecho de ser categorizada primero como víctima.

Es más fácil que los gobiernos ofrezcan como solución una reforma penal o la tipificación de nuevos delitos a que intervengan sobre sus causas

Por tanto, y aunque el #MeeToo ha producido cambios culturales imprescindibles, también ha terminado legitimando el sistema penal y carcelario, y abonando el populismo punitivo. El punitivismo está ligado además al feminismo de clase media —a una sociedad de clases medias— por la forma compartida de entender el Estado y sus aparatos judicial, policial y penal. Una de las críticas fundamentales al sistema penal es que individualiza el comportamiento «delictivo» y actúa sobre sus efectos a posteriori —es decir, solo castiga, no previene— de manera que no afronta las razones estructurales de los «delitos». Es más fácil que los gobiernos ofrezcan como solución una reforma penal o la tipificación de nuevos delitos a que intervengan sobre las causas que están detrás de las conductas tipificadas como criminales, las cuales normalmente son inseparables de los factores económicos, políticos y sociales generadores de desigualdad.

Sabemos que la violencia sexual tiene una función de sujeción de las mujeres a los roles establecidos. En este sentido, un feminismo que pone en el centro únicamente esta cuestión —por muy importante que sea luchar contra todas sus manifestaciones— y se olvida de la desigualdad económica o del resto de violencias vinculadas a ella, jamás será un feminismo emancipador. En las revueltas de América Latina, el Estado y sus instituciones policiales y judiciales son percibidas de manera más clara como parte del problema. Por eso, deberíamos poner el foco en el hecho de que muchas mujeres —gitanas, sin papeles y migrantes sin recursos, pobres, desahuciadas, etc.— no esperan protección de las fuerzas del orden o reparación en los juzgados por las violencias patriarcales que padecen. De hecho, para muchas de ellas ese mismo Estado puede ser el principal origen de la violencia que sufren. También que, en el caso de las mujeres empobrecidas, las estrategias de acompañamiento, protección y defensa que pasan por las instituciones policiales y judiciales no siempre son las mejores o las que ellas escogerían.

Esta representación de la violencia sexual como la mayor violencia o sufrimiento que viven las mujeres —como un todo—, obviando las desigualdades económicas y de poder, tiene que ver con un feminismo hegemónico de clase media de mujeres que no están atravesadas por las dificultades vitales que impone la pobreza o muchas experiencias migratorias. También está relacionada con la extensión social de identidades homogeneizadas y polarizadas mujeres / hombres y sus correlativos papeles de víctimas / agresores, que naturaliza la construcción cultural de las posiciones de género, convirtiendo las jerarquías patriarcales en un problema de relaciones interpersonales.²⁰

En España existe un feminismo de base que, desde hace años, trabaja en una línea antipunitiva

El feminismo de clase tiene la tarea de explicar cómo el género atraviesa las violencias institucionales, las que se derivan de ser pobres o de estar en prisión, de no tener papeles o de quedarse en la calle. Un feminismo emancipador debe asumir el reto de enfrentar todas estas manifestaciones de la violencia en su declinación «de género» y también de relacionarlas con las luchas por las condiciones de vida. Este feminismo también tendría que apostar por el abolicionismo de las cárceles, teniendo en cuenta que estas encierran de forma desproporcionada a hombres racializados y pobres, y que perjudican gravemente a las mujeres de sus entornos familiares y comunitarios. De hecho, en España existe un feminismo de base que, desde hace años, trabaja en una línea antipunitiva a la que le queda todavía mucho camino para imaginar y construir otras lógicas, para lograr introducir en el debate público cuestiones como qué significa la justicia feminista —transformativa o restaurativa— y cómo evitar reforzar el sistema penal en nombre del feminismo.

El sentido emancipador contenido en las movilizaciones que se produjeron durante el juicio de la manada —libertad sexual para las mujeres— y de las movilizaciones feministas de este periodo —huelga feminista del 2018 contra los efectos de la división sexual del trabajo y sus cruces con el sistema de extranjería— quedó despotenciado en este ciclo por la sobredeterminación de un debate copado por el feminismo hegemónico y sus intereses de clase, así como por la cuestión de la violencia desde un marco punitivo. La ley de paridad —y otras lógicas similares de discriminación positiva— y la ley del sí es sí son, por eso, dos caras de una misma forma de gobierno que opera a través de la integración diferenciada —las que pueden llegar— y la exclusión selectiva —el refuerzo del sistema penal siempre va en detrimento de las de abajo—.

Para futuros desarrollos dejamos un tema que creemos central para los movimientos de base en un sentido amplio: el cuestionamiento de si también hemos asumido estas lógicas punitivas en la gestión de las violencias machistas de nuestros espacios políticos y cómo abordarlas desde otras lógicas. Un cuestionamiento que percibimos creciente y que está llevando a numerosas reflexiones por todo el territorio.

Tercer límite: una nueva oleada de institucionalización de los feminismos

Cuando hablamos de institucionalización nos referimos al proceso de incorporación de personas y demandas de los movimientos sociales a las instituciones de gobierno,²¹ así como a la instrumentalización que se hace de estos movimientos para legitimar a gobiernos, líderes o políticas de todo tipo. Igualmente, la institucionalización comprende también la asunción por parte de los movimientos o las organizaciones de base de la agenda institucional —y mediática—, y el horizonte estatal y legislativo como el espacio privilegiado al que acaban dirigiendo sus esfuerzos.

En España, después de la Transición se produjo un proceso de institucionalización de la ola feminista de los años setenta, con la incorporación de decenas de mujeres a puestos políticos e institucionales, y la creación de instituciones propias como el Instituto de la Mujer (1983) y el desarrollo de los primeros Estudios de Género en las universidades. También se produjo la «estatalización» de algunos proyectos autogestionados de los movimientos como los centros de salud reproductiva. Existe un paralelismo entre este proceso que produjo una pérdida de potencia y radicalidad del movimiento después de la Transición y lo que está sucediendo en el presente. La institucionalización a la que nos enfrentamos hoy es la del 15M, la del movimiento de las plazas, que tuvo su reflejo en las configuraciones masivas de los 8M a partir de 2018.²²

Hoy, la «crisis de régimen», que identificamos con los procesos políticos abiertos por las movilizaciones del 15M de 2011, se ha cerrado completamente. De ese magma surgieron apuestas electorales —Podemos, las confluencias y los municipalismos—, que pretendieron convertir esa contestación en poder institucional. Podemos, que se presentó como el gran partido de la protesta contra el bipartidismo, integró el primer gobierno de coalición con el PSOE (2020-2023) y gestionó el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero, una de sus principales líderes. Sin embargo, ni en el actual Podemos, ni en lo queda de la «nueva política» podemos encontrar ni rastro del impulso democratizador que salió de la impugnación quincemayista; ni en las formas —limitación de mandatos, control de salarios, reflexiones sobre la democracia interna y la participación—, ni en el proyecto —«transformar las instituciones» y «democracia real»—.

El feminismo se ha visto continuamente instrumentalizado en la configuración de las confluencias de izquierdas

Durante la pasada legislatura (2019-2023), hemos visto como el «gobierno progresista» se ha apoyado en el feminismo para legitimar sus políticas con el discurso de ser «el gobierno más feminista de la historia», poniendo el acento en la gran cantidad de mujeres ministras y en una inflación de la retórica feminista. Por otra parte, hemos asistido también a disputas partidarias entre el PSOE y Podemos por hacerse con el capital político de las movilizaciones. El episodio más evidente ha sido la disputa de la ley trans, donde las socialistas se han apoyado en el sector del feminismo transexcluyente contrario a la ley de autodeterminación de género impulsada por Podemos. Estos encendidos debates han formado parte de la guerra interna de la izquierda institucional por tratar de representar al feminismo. El feminismo se ha visto así continuamente instrumentalizado en la configuración de las confluencias de izquierdas.²³

Igualmente durante esta legislatura, al menos en Madrid, se ha producido una aparente identificación de una parte del feminismo de base con este Ministerio y sus objetivos.²⁴ Por un lado, las guerras culturales y los ataques lanzados por la extrema derecha de Vox han polarizado el espectro político, han urgido a posicionarse y han vuelto muy difícil articular un discurso propio al margen de la política institucional. El resultado ha sido el cierre del campo de la crítica al gobierno «para no dar armas al enemigo». Por otro lado, la identificación de algunos movimientos de base con muchas de las representantes de Podemos tiene también su razón de ser en el hecho de que muchos de los cargos y asesoras del Ministerio de Igualdad o del Instituto de las Mujeres han formado parte o tienen visibilidad dentro de los movimientos feministas, esto es, son «una de nosotras». La cercanía y el conocimiento directo, «a golpe de teléfono», ha podido influir en la asunción de la agenda institucional y del marco político de la producción de leyes como el espacio privilegiado para la acción feminista, dificultando así la autonomía de los movimientos de base.

La falta de capacidad para establecer agenda y crear conflictos a la altura ha terminado derivando en un repliegue a los tiempos institucionales

Los movimientos han quedado así atrapados en demandas estado-céntricas y en la producción de leyes, además de supeditados a la relación que se consiga establecer con la ministra de turno, en vez de a la capacidad de organización y de generación de conflicto que permiten conquistas gracias a la fuerza de la movilización. La consecuencia es que ha acabado por entender la ley y la producción de políticas públicas como forma primordial o casi única de transformación social y de acción posible para los movimientos. Se observa así una cierta pérdida de la capacidad de establecer una agenda propia, tal y como ocurrió en el ciclo 2018-2019 con la huelga feminista y la discusión pública abierta en relación con la cuestión de la reproducción social. La falta de capacidad para establecer agenda y crear conflictos a la altura ha terminado derivando en un repliegue a los tiempos institucionales, a los eventos calendarizados y a las disputas internas por sus contenidos (8M y 25N).

La identificación del gobierno con el feminismo y la de los movimientos con la agenda gubernamental ha permitido la recuperación de sus discursos, y con ello el vaciamiento de su potencia política. Los conceptos, como «cuidado» o «violencia machista», han perdido también sentido como instrumentos a la hora de pensar e impulsar los conflictos en marcha. Mientras que las representantes políticas dicen hablar o legislar en nombre del feminismo, retiran agencia política a los movimientos de base y les hacen perder su sentido impugnador.

Se olvida que la posición de los políticos es el resultado de las negociaciones con otros actores institucionales o grupos de poder

Por otra parte, la identificación con el gobierno, considerado aliado, lleva a no criticar las limitaciones de sus políticas. Así, debido a la confianza «delegada» —«son de las nuestras»— se considera que la acción del gobierno «es la mejor política posible» y, debido los ataques de la derecha, se considera negativo dar argumentos críticos. En ambos casos, se termina olvidando que los políticos se deben a otros intereses, que su posición es el resultado de las negociaciones con otros actores institucionales o grupos de poder, más que de su alianza con determinados sectores de movimiento.

El peligro está en que si las leyes resultantes son tibias o directamente contraproducentes, y los movimientos de base se presentan como alineados con el gobierno, esto puede provocar el alejamiento de una parte de los sectores de movimiento —que pueden dejar de ver en los feminismos una herramienta efectiva de cambio—. Además, cuando el feminismo se identifica con las posiciones de poder, especialmente en momentos de creciente desafección política, este se vuelve vulnerable frente a la reacción antifeminista, especialmente entre los más jóvenes. El alineamiento de los movimientos con los políticos progresistas —con estándares de consumo de clase alta, identificados con el poder y desconocedores de los problemas de los sectores más excluidos— implica, en definitiva, una cierta alienación respecto de los sectores más empobrecidos.

Para seguir con el debate

En este artículo hemos analizado algunos problemas que pueden explicar la relativa ausencia de efectos de la última oleada feminista en las condiciones estructurales en las que viven las mujeres. Hemos hablado del poder del feminismo hegemónico de clase media a la hora de universalizar sus demandas y de los efectos de la institucionalización en la determinación de la agenda y los horizontes de las movilizaciones feministas. Que se generalicen los intereses de las feministas de clase media como los de «todas las mujeres» limita las potencialidades políticas de un feminismo de clase o de transformación, que busque la redistribución radical de la riqueza y del poder.

La apropiación del feminismo se vuelve más difícil cuando el feminismo es capaz de construirse en términos materiales

Nuestro feminismo se propugna «de clase», o en otros términos: anticapitalista, sindicalista, feminismo de los sures o de las de abajo. Creemos que la apropiación e instrumentalización del capital político del feminismo, al modo en que hace el feminismo hegemónico de clase media, se vuelve más difícil cuando el feminismo es capaz de construirse en términos materiales. En este sentido, no queremos cuotas en los consejos de administración, sino acabar con las diferencias radicales de salario y en las condiciones de trabajos, en última instancia, abolir el trabajo asalariado y la propiedad privada. De otra parte, solo desde un «feminismo situado» y desde los conflictos concretos —en el sindicalismo social, en las luchas de vivienda, en las luchas laborales, etc.— podremos preservar nuestra autonomía como movimiento, dejar de trabajar para el feminismo hegemónico y adoptar su agenda como propia.

Por tanto, una de las grandes cuestiones a las que nos enfrentamos desde un feminismo de clase es cómo podemos construir un movimiento interclasista, una herramienta útil para la transformación que sitúe los intereses de las que están más abajo en el centro, sean pobres, putas, trans o migrantes. Esto nos lleva a interrogarnos por nuestra propia composición social, ¿cómo trabajar políticamente con las mujeres más pobres o precarias? Aunque este tipo de alianzas ya se están produciendo en algunas asambleas, donde se juntan trabajadoras domésticas organizadas o trabajadoras sexuales y otras formas de sindicalismo feminista, el feminismo sigue siendo mayoritariamente de clase media —y urbano—.

Las respuestas no son fáciles. Por un lado, desde una mirada de clase, la cuestión de reproducción social sigue siendo un lugar político central desde el que impulsar propuestas transformadoras. La pregunta sería ¿cómo romper la sororidad abstracta entre mujeres —es decir, el falso interclasismo feminista— para poner en el centro el apoyo mutuo entre las de abajo? O por lo menos ¿cómo dar lugar a alianzas políticas que consigan situar esos intereses y esa mirada de clase en la agenda política? Sin duda, compartir espacios de militancia con mujeres que tienen otras preocupaciones distintas a las mujeres de clase media puede ayudar a centrar los discursos y las propuestas políticas. Si el feminismo de transformación quiere avanzar, tiene que consolidarse en este tipo de organizaciones existentes u otras nuevas, dotarse de instituciones propias que sean capaces de lanzar y sostener conflictos, y de mantener posiciones autónomas que no asuman ni defiendan la agenda impuesta desde los medios y desde los ministerios.

La agenda y las prioridades tienen que partir desde abajo

Creemos en la necesidad de dotarnos de instituciones propias desde las que generar el poder necesario para, si creemos necesario hacer demandas al Estado, aunque sepamos que no es la única vía de transformación social ni de mejora de nuestras vidas, pueda hacerse gracias a nuestra propia fuerza y no como «concesiones» a las políticas de turno que dicen hablar en nuestro nombre y que están sujetas a equilibrios institucionales frágiles y contingentes. La agenda y las prioridades tienen que partir desde abajo. Por otra parte, para enfrentar los discursos de las extremas derechas e incluso para evaluar con exactitud a qué peligros nos enfrentamos y cómo combatirlos mejor, será necesaria también una organización autónoma capaz de lanzar acciones de protesta o desobediencia.

Porque la política no pasa solo por hacer demandas de derechos al Estado, sino que tiene que dar lugar a un mundo propio. De aquí se desprende también el reto de articular un proyecto con vocación universalista. Si no queremos estar subordinadas es porque queremos un mundo donde nadie tenga que estarlo. Desde este lugar, es posible cuestionar toda la organización social. Del mismo modo, nuestra preocupación por la situación de las mujeres no puede construirse al margen del cuestionamiento de la explotación y el sufrimiento de los hombres de clase trabajadora. Nos importa que no haya trata con fines de prostitución forzada, porque no queremos que exista ningún tipo de trabajo forzado. No creemos en la explotación reproductiva porque no queremos ningún tipo de explotación. Por tanto, ¿cómo construir a partir de la posición de subordinación de las mujeres una propuesta emancipadora asociada a un proyecto de carácter universal que también pueda hacer más fuerte nuestra lucha? Probablemente solo desde estos planteamientos podremos desmarcarnos del falso interclasismo feminista y avanzar en una agenda propia del feminismo de las de abajo que vaya más allá de las leyes de paridad y de las leyes penales, y que cortocircuite la apropiación de nuestra capacidad de enunciación política con el objetivo de gobernarnos mejor.

Otra de las dificultades a la hora de construir este feminismo de clase tiene que ver con la cuestión de la identidad. Partimos de que la identidad colectiva nos constituye y es algo imprescindible en las luchas, pero de una manera táctica y contextual, esto es, siempre que no quede esencializada y seamos capaces de pasar de la pregunta del «quiénes somos» al «quiénes podemos llegar a ser»; siempre que no se «corporativice» y nos quedemos ancladas en demandas parciales; es decir, siempre que no se convierta en una barrera a la hora de establecer frentes amplios que nos permitan generar organizaciones colectivas, espacios de apoyo mutuo y los conflictos necesarios para avanzar.

La «liberación» de algunas mujeres de clase media se hace a costa de otras que son explotadas en las tareas de reproducción social

El problema de las demandas parciales es, como hemos visto, que los intereses de una determinada capa social se identifican como «los intereses de todas», pero también que con demandas parciales solo conseguiremos mejoras parciales para ciertos grupos. Muchas veces además, estos se corresponden con políticas de integración de determinadas minorías o capas sociales y no con conquistas que puedan dar lugar a avances para quienes están más oprimidas, o incluso para una mayoría de mujeres. Tal y como hemos avanzado, la «liberación» de algunas mujeres de clase media se hace a costa de otras que son explotadas en las tareas de reproducción social.

Además, tenemos un reto enorme a la hora de imaginar líneas políticas y propuestas que se desmarquen frontalmente del clima punitivista imperante. El feminismo no debería quedar atrapado en la cuestión sexual cuando no hay una mirada de clase, centrar nuestras luchas en la cuestión de la violencia, si no forman parte de un proceso de transformación más amplio, nos enreda en debates que nos despotencian. Estas luchas pueden acabar incluso siendo instrumentalizadas para la aprobación de leyes que van en contra de nuestros objetivos. El feminismo antipunitivo pone el foco en eliminar aquello que causa violencia y busca alternativas al modelo existente, acordando y fortaleciendo otras formas de comprender y practicar la justicia. La justicia transformativa no consiste únicamente en reparar el daño que la violencia ha causado a la víctima, sino en influir sobre las condiciones (materiales y simbólicas, culturales, sociales, políticas, económicas…) que han posibilitado la violencia misma, con el fin de transformarlas. Esto implica un cuestionamiento de la cárcel y la cultura del castigo, pero también de las condiciones de vida. Un objetivo prioritario debería ser pues la mejora de la autonomía económica de las mujeres —sobre todo de las que más lo necesitan—, en tanto aquí convergen la lucha contra las violencias y contra la opresión. Ampliar esta autonomía posibilita tener más posibilidades de huir de la situación de violencia o enfrentarla con mayor capacidad, también incrementa las posibilidades de organización y de impulsar nuestras luchas contra la propia violencia del sistema. Tendríamos que apuntar así a las políticas de vivienda, de redistribución de la renta, de ampliación de la democracia e incluso de protección de los derechos civiles, como es el caso de la impugnación de la llamada ley mordaza.

Esperamos que este artículo forme parte de un camino que nos permita generar debates colectivos donde poder elaborar líneas estratégicas y organizativas de un feminismo de clase.

Esperamos que este artículo forme parte de un camino que nos permita generar debates colectivos donde poder elaborar líneas estratégicas y organizativas de un feminismo de clase. Por supuesto, sin miedo a criticar al feminismo de clase media ni a las políticas gubernamentales, porque la fuerza que hemos conseguido priorizando la unidad se ha demostrado inútil en tanto buena parte del movimiento, cooptado por arriba, prioriza hoy demandas que no son las centrales para la mayoría y que incluso se vuelven en nuestra contra esencializando imágenes victimizadoras que no ayudan a nuestra emancipación. Pongamos en el centro nuestras condiciones materiales e imaginemos luchas y estructuras colectivas que desafíen la división sexual e internacional del trabajo

1. Señalamos estos límites como tendencias generales, pero queremos destacar que este texto está escrito desde Madrid y que por tanto no puede ni pretende reflejar los diferentes procesos de institucionalización de los movimientos feministas que se puedan dar en las distintas partes del Estado, así como tampoco los procesos de resistencia a la misma por parte de los movimientos de base. ↩︎
2. Hablamos de internacionalismo feminista o de feminismos globales en la medida en que en contextos políticos muy diferentes las movilizaciones feministas han alcanzado un poder de influencia política significativo. Este poder de interpelación se tradujo, por ejemplo, en la capacidad de arrancar derechos como la legalización del aborto en Argentina en diciembre de 2020. Igualmente se convocaron manifestaciones multitudinarias contra candidaturas presidenciales de corte radicalmente reaccionario, como el movimientos #EleNão en Brasil en 2018 o las Marchas de Mujeres organizadas en diferentes países a partir de la victoria electoral de Trump en 2017. De hecho, en algunos de estos lugares como Brasil o Polonia, las movilizaciones feministas adquirieron gran transversalidad y se convirtieron en el punto más visible de oposición a los regímenes autoritarios imperantes. Estos feminismos también lucharon por avances legislativos en la libertad sexual de las mujeres y consiguieron poner el foco político y social sobre las agresiones sexuales y los feminicidios, así como reclamar el espacio público —como el #MeetToSleep en la India o el movimientos #NiUnaMenos desde 2016 en México—. Para profundizar sobre esta cuestión véase, por ejemplo, Gago, Malo de Molina y Caballero (eds.), Internacional feminista. Lucha en los territorios contra el neoliberalismo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020. ↩︎
3. Para un desarrollo de esta perspectiva véase Raquel Gutiérrez Aguilar, «Rebelión feminista, horizontes de transformación y amenazas fascistas en América Latina» en Vimeo, s./f., https://vimeo.com/366604329. Sobre la relación entre el proceso de globalización capitalista, el nuevo proceso de acumulación por desposesión y la escalada histórica de la violencia contra las mujeres, véase S. Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004 o M. Mies, Patriarcado y acumulación a escala global, Madrid, Traficantes de Sueños, 2019, p. 95. ↩︎
4. Entendemos que la posición femenina en el orden de género puede estar ocupada tanto por mujeres cis, como trans, y en ocasiones, también por determinadas expresiones de las disidencias sexuales. ↩︎
5. Véase por ejemplo el argumentario de la Comisión Feminista del 8M de Madrid. ¿Qué quiere el movimiento feminista? Reivindicaciones y razones, Madrid, Traficantes de Sueños, 2019. ↩︎
6. Entre muchas otras que podrían figurar aquí, destacamos: el manifiesto del Combahee River Collective (1982); Hazel Carby, «¡Mujeres blancas, escuchad! El feminismo negro y los límites de la hermandad femenina» en Jabardo (ed.), Feminismos negros. Una antología, Traficantes de Sueños, 2012 [1982]; bell hooks, Teoría feminista: de los márgenes al centro, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020 [1984]; Angela Davis, Mujeres, raza y clase, Madrid, Akal, 2004; Ana de Miguel y Rosalía Romero (ed.), Feminismo y socialismo. Antología Flora Tristán, Madrid, Catarata, 2022; Emma Goldman, Feminismo y anarquismo, Madrid, Enclave de Libros, 2017. ↩︎
7. Se llama feminismo cultural al resultado de la evolución del feminismo radical de las décadas de 1960 y 1970. Este feminismo dejó atrás el contenido de liberación sexual y las reivindicaciones relacionadas con la reproducción social del feminismo radical, para centrarse únicamente en la cuestión sexual como opresión, desde posicionamientos netamente conservadores. Hoy buena parte de las que se reivindican como seguidoras de las radicales han derivado en un feminismo de carácter esencialista o identitario, que les sirve para oponerse a los derechos de las personas trans o de las trabajadoras sexuales y que llega a cuestionar la revolución sexual como un logro «que solo sirve a los hombres». Para ampliar estas ideas véase por ejemplo Paloma Uría, El feminismo que no llegó al poder: Trayectoria de un feminismo crítico, Donostia, Thalasa, 2009 o R. Osborne, La construcción sexual de la realidad, Madrid, Cátedra, 2002. ↩︎
8. Respecto a las medidas gubernamentales queremos destacar algunos avances como la ley de autodeterminación de género o ley trans o la nueva Ley del Aborto que incluye mejoras en la salud sexual y reproductiva como es la reducción a los 16 años de la edad para decidir abortar. Cabría citar también la subida del Salario Mínimo Interprofesional que, aunque no podemos decir que haya sido expuesta como un avance feminista, es una medida que favorece a las mujeres de bajos salarios. ↩︎
9. Real Decreto Ley 16/2022, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. ↩︎
10. En la Administración pública española, por ejemplo, si bien existe ya una mayoría de mujeres (el 57,7 %), su número disminuye a medida que se asciende de categoría profesional. Así, mientras las mujeres ocupan de forma mayoritaria los puestos de auxiliares y personal de servicio, solo representan el 37,8% entre los altos cargos y las direcciones. Esta misma desigualdad se repite en la carrera judicial donde las mujeres ya son mayoría entre los jueces (el 54 %) pero aún son minoría en casi todos los estratos superiores: 12,34 % en el Tribunal Supremo, 34,5 % en las Audiencias Provinciales o 44,4 % en la Audiencia Nacional. La misma situación se produce en la carrera sanitaria, con un 54,2% de mujeres entre los médicos colegiados y solo un 32,7 % entre los cargos directivos en el sistema público de salud en España. La universidad no arroja resultados diferentes. Así, aunque en la actualidad la mayor parte de las alumnas son mujeres y sus resultados académicos son mejores que los de los hombres, solo un 26 % de ellas son catedráticas. Esta desigualdad de poder es mucho más acusada en el sector privado, sobre todo en los consejos de administración y en la alta dirección de empresas, donde las mujeres solo ocupan el 27,7 % de los cargos según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del 2021. ↩︎
11. Aunque utilizamos el concepto de crisis de los cuidados, tal y como se ha generalizado en la última década, entendemos que los cuidados —la reproducción social— siempre ha estado en crisis bajo el capitalismo. Este no sería, por tanto, un fenómeno nuevo que tiene como principal causa la entrada de las mujeres —de clase media— en el mercado laboral a partir de las décadas de 1960 y 1970, según la caracterización habitual. ↩︎
12. «Cuidados globalizados», en Precarias a la Deriva, A la deriva. Por los circuitos de la precariedad femenina, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004, pp. 217-248. ↩︎
13. Datos extraídos del informe «Esenciales y sin derechos. O cómo implementar el Convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar», de marzo de 2021, disponible on line. ↩︎
14. «La Comunidad de Madrid aprueba nuevas ayudas directas para contratar personas empleadas de hogar y facilitar la conciliación», Portal de la Comunidad de Madrid, 30 de mayo de 2023. ↩︎
15. Se puede aquí nombrar el trabajo de Sara Farris sobre las mujeres musulmanas. Farris ha estudiado extensamente la alianza que se produce en Europa entre neoliberales, extrema derecha y feministas de Estado (que ella denomina «feminacionalismo») en el uso de estereotipos racistas sexualizados sobre las «culturas no occidentales». El mínimo común de esta alianza reside en animar a estas mujeres racializadas, entendidas como víctimas, a abandonar sus «culturas patriarcales» y abrazar el empleo asalariado en el sector infrarremunerado de los trabajos de limpieza y cuidados. Este tipo de posiciones engancha con una larga tradición del feminismo europeo, que ha entendido el trabajo asalariado como liberador, trasponiendo esta asunción a las migrantes, al tiempo que las empuja a los trabajos mal retribuidos, que vienen precisamente a cubrir la salida de las profesionales al mercado laboral. Todo ello viene facilitado mediante políticas migratorias neoliberales de regularización e integración, así como de empleabilidad que, de facto, exigen la formación y puesta a disposición de las mujeres extranjeras en este sector. ↩︎
16. A este trabajo de reconversión se dedican las llamadas «industrias del rescate». La antropóloga Laura Agustín acuñó la expresión «industria del rescate» hace más de una década, con el fin de «resaltar el desarrollo de un sector social y económico que prolifera en proyectos no solo de carácter caritativo sino gubernamental, policial, médico, psicológico y comercial. Tiene ramas educativas y jurídicas. Algunos gobiernos tienen departamentos dedicados al problema. Provee muchos miles de empleos en todas partes del mundo y ha creado un sinfín de expertas y expertos en la materia» y, sin embargo, «ha continuado durante 200 años sin que la situación de la prostituta misma mejorara». Véase Laura M. Agustín, Sexo y marginalidad. Emigración, mercado de trabajo e industria del rescate, Madrid, Editorial Popular, 2009. ↩︎
17. La ley presentada por el Ministerio de Igualdad de la mano de Unidas Podemos unificaba los antiguos delitos de abuso —sin violencia— y agresión —con violencia o intimidación— en un solo tipo penal. Muchos juristas advirtieron de que esta unificación otorgaba más poder a los jueces a la hora de imponer penas y disponer de mayor discrecionalidad. Esto se debía a que en el mismo tipo penal entraban ahora actos muy dispares —desde tocar el culo en un bus a violar a punta de cuchillo—. En conjunto, la ley podía dar lugar a mayor arbitrariedad, de tal modo que se impusiesen penas más altas o bajas por el mismo hecho, según fuera el perpetrador. En cualquier caso, es cierto que la reforma rebajó algunas de las penas mínimas y dio lugar a algunas revisiones de condena. Estas, a su vez, fueron instrumentalizadas por la derecha y los medios de comunicación para atacar al gobierno y crear alarma social. Finalmente, la ley fue reformada a propuesta del PSOE recuperando parte de la estructura anterior, aunque con diferentes denominaciones. Las penas previstas siguen siendo tan elevadas como antes. ↩︎
18. La justicia restaurativa es una forma de resolución de conflictos basada en el diálogo, el acuerdo y la reparación del daño causado. Uno de sus métodos más conocidos es la mediación, que ofrece a víctimas y autores de los delitos un espacio de encuentro voluntario —físico o a través de mediadores profesionales— donde poder conversar. En ocasiones, esta mediación se puede utilizar por parte de la justicia ordinaria, en forma de acuerdos que pueden ser tenidos en cuenta por los jueces. También pueden darse después del proceso judicial, independientemente de que haya sentencia condenatoria o no, siempre que ambas partes estén de acuerdo en participar. ↩︎
19. Existe una extensa bibliografía sobre el sistema penal y carcelario, que va desde el libro ya clásico de Foucault, Vigilar y castigar, a todo lo producido por el movimientos abolicionista de las cárceles en Estados Unidos. Estos trabajos señalan que el objetivo del sistema penal y penitenciario no es evitar la comisión de delitos, sino (en términos muy simplificados) poner a producir a la población en los canales establecidos para ello, al tiempo que se encierra a aquellos más reacios. En estos tiempos de convivencia del Estado con los aparatos criminales, esta lectura se confirma y refuerza, tal y como han destacado algunas activistas latinoamericanas cuando se refieren al sistema penal como un artefacto de control, pero también de eliminación física de población no deseada, así como de producción de beneficios económicos mediante la externalización estatal. ↩︎
20. Una parte del feminismo crítico con el sistema penal ha incidido también en la representación que la propia ley establece sobre las mujeres que han sufrido una agresión. Estas son presentadas como víctimas, esencializadas como débiles e incapaces de proteger o negociar sus propios intereses. Como se ha señalado, la ley prohíbe los procesos de mediación a imagen de la ley integral de violencia de género del año 2004. También se obvia aquí la cuestión de clase y las consecuencias de los procesos de racialización, ya que muchas mujeres no pueden prescindir de esas negociaciones, en la misma medida en que necesitan seguir formando parte de su comunidad con el fin de protegerse del racismo o la violencia institucional y policial. Para un desarrollo de esta crítica, véase por ejemplo Laura Macaya, «El antipunitivismo es más favorable para las víctimas», ctxt.es, 27 de noviembre de 2022. ↩︎
21. Podríamos así hablar del proceso de institucionalización de la oleada feminista de las décadas de 1960 y 1970, en lo que se llamó la «Década de la Mujer de la ONU» (1976-1985). En esos años, las campañas de sensibilización y «desarrollo» de las mujeres se multiplicaron por todo el «Tercer Mundo», pagadas por diversos organismos internacionales y desplegadas por las ONG, que se multiplicaron en paralelo a la represión y crisis de la militancia de los años setenta. Este proceso de onegeización, y en particular su vertiente neocolonial y neoliberal, ha sido analizado por distintas activistas, véase por ejemplo Graciela Toro, La pobreza: un gran negocio, La Paz, Mujeres Creando, 2010 y S. Watkins, «Qué feminismos» en New Left Review, núm. 134, 2018. ↩︎
22. Frente al tópico sobre el 15M que dice que el feminismo fue rechazado frontalmente en las plazas, en realidad fue la tradición política que más presencia tuvo en aquellas movilizaciones. Las comisiones de feminismos estuvieron entre los espacios más potentes y perdurables del 15M. Estas consiguieron conectar las enseñanzas de este movimiento con la nueva revuelta. Ese sustrato permaneció y se potenció en los años posteriores —sobre todo como reacción a los intentos de reforma de la ley del aborto de Gallardón—. Este legado, sumado tanto a luchas históricas como a factores nuevos, daría lugar a la eclosión posterior del movimiento feminista. ↩︎
23. Por ejemplo, a la negativa de Sumar (el nuevo partido que quiere ser hegemónico dentro de la confluencia de los principales sectores a la izquierda del PSOE) a incluir a Irene Montero en las listas electorales para las elecciones de julio de 2023, Podemos respondió tratando de identificar a Montero con el propio movimiento feminista. El rechazo de la ministra aparecía así como un rechazo a las políticas feministas. La disputa funcionaba, una vez más, en clave de competición interna de los espacios políticos y de visibilidad entre los líderes respectivos. ↩︎
24. Así se pudo ver en la celebración del Encuentro Feminista organizado por el Ministerio de Igualdad en Madrid en febrero de 2023, que muchas vivieron como un espacio de «debate» feminista, cuando no dejaba de ser un ejercicio de autolegitimación del propio Ministerio y de la figura de la ministra, Irene Montero, de cara a la negociación de las listas en la confluencia con Sumar para las elecciones de julio del mismo año. Esta identificación se evidenció también en las concentraciones y manifiestos que fueron firmados en apoyo a la ley del solo sí es sí cuando estalló la citada polémica sobre la rebaja de penas. ↩︎

La entrada La hegemonía de la clase media en el último ciclo feminista se publicó primero en Zona de estrategia.