Las propuestas en materia de seguridad obvian las causas profundas de la delincuencia para centrarse en medidas intimidatorias que supuestamente favorecen el desistimiento: más control policial y penas más duras

A partir de los años 80 del pasado siglo, los consensos alrededor de los objetivos rehabilitadores del sistema penal empezaron a perder terreno rápidamente frente a propuestas punitivas para combatir la criminalidad. Las causas de este giro estaban íntimamente interrelacionadas. El crecimiento de las desigualdades, la extensión de la pobreza y del desempleo y el aumento de hechos delictivos relacionados con el consumo de algunas drogas, propició la pérdida de confianza en las instituciones de control y castigo por ineficaces. En paralelo, la reacción conservadora a las revoluciones de finales de la década de 1960 comportó un cambio en la percepción social de los delitos descalificando abiertamente las explicaciones estructurales y complejas de la criminalidad, tachándolas de “justificaciones sociales del crimen” e introduciendo un discurso individualista según el cual los delincuentes son seres egoístas e inmorales que actúan contra los intereses legítimos del resto de la sociedad. Siguiendo este razonamiento, los hurtos, los atracos o el tráfico de drogas ya no se verían como resultado de la marginación y la pobreza, sino como un comportamiento egoísta y racional de determinados individuos, sin mirar a su contexto. En consecuencia, las propuestas en materia de seguridad obvian las causas profundas de la delincuencia para centrarse en medidas intimidatorias que supuestamente favorecen el desistimiento: más control policial y penas más duras.

El “populismo punitivo” es el uso del derecho penal para obtener réditos electorales y, aunque nace en los Estados Unidos ligado a las transformaciones socioeconómicas de las décadas de los 70 y los 80, se extiende por los países occidentales como un elemento fundamental del catálogo neoliberal. El auge del populismo punitivo se concreta en la transformación del papel asignado socialmente a la cárcel, la magnificación de la importancia de la opinión de las víctimas y la politización y el uso electoralista de la percepción de inseguridad.

En España, la implantación del Código Penal de 1995, que venía a derogar el código franquista con casi dos décadas de retraso, introdujo algunos elementos que, de facto, extendieron la duración de las penas. Las reformas penales impulsadas por el Partido Popular en 2003 aumentaron todavía más los tiempos medios de reclusión penitenciaria y el número de conductas penadas. Estas reformas daban respuesta a un incremento de la tasa de delincuencia que había sido aprovechado por un PSOE en la oposición para atacar al gobierno atribuyéndole la ola de criminalidad “más grave de la historia de España”. Los dos principales partidos del Parlamento habían entrado de lleno en la lógica del endurecimiento de las penas para responder a las preocupaciones de la opinión pública y recabar votos. En los años posteriores, la estrategia partidista incorporó en el debate punitivista la utilización de las víctimas de casos especialmente repulsivos. Un ejemplo paradigmático de ello fue el caso de Marta del Castillo que introdujo el PP para convertir en una necesidad el endurecimiento de penas de la reforma penal de 2015.

La gestión de la escasez neoliberal requiere identificar culpables y “el inmigrante” es un culpable ideal desposeído de derechos políticos y siempre sospechoso

En los últimos años, la unión del populismo punitivo y el discurso xenófobo ha resultado de gran provecho para la extrema derecha. De hecho, su auge se apoya simultáneamente en el alarmismo securitario y la radicalización xenófoba: ofrece respuestas simples a cuestiones tan complejas como el delito mientras promete al electorado el retorno a un pasado mítico de prosperidad, paz social y sociedades culturalmente homogéneas. Si la sensación de abundancia de los 50 y los 60 facilitaba la confianza en paradigmas rehabilitadores para luchar contra el delito, la gestión de la escasez neoliberal requiere identificar culpables y “el inmigrante” es un culpable ideal desposeído de derechos políticos y siempre sospechoso de aprovecharse de ayudas sociales o de estar al acecho para obtener recursos de actividades delictivas. De ahí que se haya popularizado hablar del “problema de la inmigración”.

Pero si algo tienen en común el populismo punitivo y la radicalización xenófoba es que proponen soluciones de dudosa efectividad para los problemas que identifican. Ni el endurecimiento de los códigos penales reduce la delincuencia, ni las políticas migratorias más restrictivas reducen los flujos migratorios o el volumen de población residente en situación de irregularidad. Lo que sí consiguen es justificar el aumento de la capacidad represiva del Estado y precarizar todavía más las vidas de la población migrante.

El populismo punitivo aparca cuestiones fundamentales para la construcción de la seguridad y logra poner en duda la garantía de derechos en favor de las pulsiones vengativas y de las ansias de control

El populismo punitivo aparca cuestiones fundamentales para la construcción de la seguridad y logra poner en duda la garantía de derechos en favor de las pulsiones vengativas y de las ansias de control. La alternativa a estos discursos no es negar el derecho a que las personas se sientan seguras sino impulsar políticas que realmente generen seguridad. Los barrios más seguros son aquellos en los que la gente, venga de donde venga, se conoce, interactúa y tiene proyectos y objetivos en común. Luchar contra los desahucios y las movilidades forzosas, la precariedad, la pobreza, la falta de tiempo y el deterioro de las redes sociales y comunitarias, genera seguridades. Y también desdibuja las fronteras entre la llamada población autóctona y la migrada. O, lo que es lo mismo, entre las diferentes olas migratorias. Porque, al fin y al cabo, todas y todos venimos de algún otro lugar.

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“Todas las niñas de Murcia están en peligro de que les pase lo mismo que a la mía”, decía una de las madres de las adolescentes implicadas en la red de trata de menores en una entrevista. El mensaje, de inconfundible pánico y alerta social, se reenvió a muchos de nuestros móviles, curiosamente, dentro de grupos organizados como feministas. ¿No resulta llamativo que sean precisamente las mujeres, vinculadas, además, a movimientos feministas, las que estén hilando los mensajes siguiendo la secuencia: miedo-Estado/Aparato Judicial/Penal-cárcel? ¿No nos rechina?

El guión que el patriarcado ha escrito para nosotras sobre la violación es realmente terrorífico

Frente a estos relatos de pavor, desamparo y desvalimiento que acompañan la violencia sexual (“La hundió para toda su vida”, “Le rompieron toda su vida”, seguía la misma madre en la entrevista) se han articulado afortunadamente otras contranarrativas menos fatalistas, más empoderantes, generadoras de respuestas emocionales más allá del trauma, que nos argumentan por qué hay vida después de una violación. Quizás el mejor ejemplo sea el desarrollado en la Teoría King Kong de Virginie Despentes, donde se resignifica la experiencia de violación para desactivarla como trauma insuperable para las mujeres. Frases como: “Hablo por todas las niñas y madres de Murcia”, hacen eco de un sujeto-víctima único, inamovible, solidificado y generalizado hasta tal extremo que parece que no deja hueco a sobrevivir estas experiencias de otra manera. Generalizar es, en el mejor de los casos, poco honesto, y en el peor, peligroso. “El poder necesita consensos”, escribía Mithu M. Sanyal en su desafiante obra Violación, en la que se responden interrogantes que muchas veces, si no estamos intelectualmente alerta, feministamente alerta, caemos en el peligro de plantearlos como clichés: ideas estereotipadas que repiten un mantra que se nos enquista y no nos deja seguir hacia delante. El guión que el patriarcado ha escrito para nosotras sobre la violación es realmente terrorífico.

La infantilización de las víctimas es también algo que se repite. Las mismas lógicas que se aplicaron con “las niñas de Alcàsser” son ahora las que se hacen eco de “las niñas prostituidas de Murcia”; indudablemente hay más indefensión en la infancia, más carnaza mediática también, pero es que no eran niñas (la infancia se considera desde los 6 hasta los 12 años), eran adolescentes, menores (entre los 14 y los 17 años), eso sí, pero adolescentes. Y esto no tiene por qué restarle gravedad al asunto. La edad resulta asimismo relevante porque tampoco podemos hablar de pederastia (que se considera una relación sexual no consentida entre una persona adulta y une niñe), al igual que no podemos hablar de empresarios puteros ni de proxenetas (como les encanta decir a las abolicionistas) pues las adolescentes no eran putas. De esta última afirmación se desprende que tampoco es acertado hablar de prostitución, sino de trata de menores con fines de explotación sexual.

El feminismo putófobo saca tajada

Decía Silvia Federici en el prólogo de Microfísica: “No podemos depender de los medios para que representen nuestra lucha (…) Los medios no son espectadores pasivos”. Solo basta echar un vistazo a cómo la prensa ha abordado el caso de los empresarios violadores de Murcia para darse cuenta de que el frente abolicionista de la prostitución está sacando músculo. Este pasado viernes 25 de octubre, de hecho, la Coordinadora Feminista de València sacaba un cartel con una convocatoria frente a la Ciutat de la Justicia en el que podía leerse: “En solidaridad con las abolicionistas de Murcia”. ¿Por qué en solidaridad con las abolicionistas? ¿No deberían realizarse actos reivindicativos en la calle en solidaridad con las menores y en su apoyo?

Quisiera incidir en el uso malintencionado que se está haciendo de la palabra ‘prostitución’ en este contexto donde lo apropiado es hablar de trata de menores con fines de explotación sexual. Los medios locales de Murcia, los periódicos de La Opinión y La Verdad así como la rama local de eldiario.es, están difundiendo información hablando de ‘prostitución de menores’ en un ejercicio que considero de grave irresponsabilidad periodística. Las feministas llevamos décadas apuntando a la importancia que el lenguaje tiene para la transformación de nuestra realidad política y social. Señores y señoras periodistas, las palabras importan. (in)Fórmense antes de hacer un uso equivocado de ellas, no utilicen sus altavoces mediáticos y la posición de poder que ostentan como formadores de la opinión pública para tergiversar la realidad y estigmatizar aún más a un colectivo que ya está históricamente estigmatizado y criminalizado: el de las trabajadoras sexuales.

El movimiento abolicionista del trabajo sexual está utilizando perversamente el caso de la red de trata de menores en Murcia para manipular conceptos.

La prostitución o el trabajo sexual implica una relación consentida entre adultes y con las menores no hay consentimiento puesto que no hay horizontalidad al no ser una relación entre iguales. Con las menores no podemos hablar de prostitución porque incurrimos en una contradicción de términos. Con las menores debemos hablar de abuso, violación, extorsión y coacción. El movimiento abolicionista del trabajo sexual está utilizando perversamente el caso de la red de trata de menores en Murcia para manipular conceptos.

La cárcel es justicia patriarcal

Muchas tenemos ya desactivado que la policía sea una herramienta útil para la seguridad de las mujeres y las disidencias o para la lucha contra las violencias que sufrimos. Esta desactivación se la debemos a los procesos de politización y al activismo de calle, ya que éste la mayoría de las veces acaba enmarcado en un cordón policial. Ya tenemos hecho el análisis desde nuestros colectivos críticos y disidentes de que A mí me cuidan mis amigas, no la policía y que ésta sólo existe para proteger los intereses del gobierno (la Ley Mordaza aún vigente es buena prueba de ello) y que es una forma de ejercer discriminación y violencia institucional contra las personas más vulnerables y desprotegidas. Consecuentemente, la policía ha trabajado históricamente a favor de la represión de minorías marginales tales como las personas migrantes, con un sesgo racista y colonial bastante tocho. Sin embargo, cuando eres blanca o militas entre las filas del feminismo blanco, no es tan fácil llegar a la conclusión de que el sistema penal y el sistema carcelario forman parte de lógicas no sólo heterosexistas y patriarcales, sino también racistas y coloniales. ¿Quiénes conforman la población carcelaria?

Por si esto no está lo suficientemente claro, volvamos al caso de Murcia: ¿quiénes han entrado ya en prisión? Las mujeres acusadas de ser las que captaban adolescentes en las puertas de los institutos y discotecas, así como el hombre que hacía de chofer transportado a las menores, todas estas personas de origen latino.

Desde el Movimiento Feminista no compartimos que la solución a las violencias que soportamos pase por la entrada a ninguna cárcel

Decían desde el Movimiento Feminista de Murcia en su nota de prensa: “Desde el Movimiento Feminista no compartimos que la solución a las violencias que soportamos pase por la entrada a ninguna cárcel. Las cárceles no son parte de la solución nunca sino parte del problema. Nos declaramos antipunitivistas y exigimos como alternativa una justicia restaurativa que escuche a las víctimas y las atienda en sus necesidades para reparar el daño.” En esta misma línea, Laura Macaya, referenta del activismo antipunitivista en el estado español, en Conflicto no es lo mismo que abuso”, afirma: “para pensar otras formas de administrar justicia (…) es imprescindible pensar en procesos que involucren a la persona afectada, pero también a quien comete el daño y a la comunidad.” A este respecto, cinco de las entonces adolescentes declararon que no querían que los empresarios entraran en prisión y que ellas se daban por satisfechas si ellos admitían que estuvo mal lo que hicieron y se comprometieran a no volver a hacerlo nunca más. Sin embargo, tres de las víctimas sí expresaron que querían cárcel para los empresarios, movidas, según la magistrada Concepción Roig, por el pulso que se estaban echando en la calle los movimientos feministas pidiendo el encarcelamiento de los empresarios violadores.

Qué fracaso que, como movimiento regenerativo y pretendidamente transformador, a las personas que nos nombramos disidentes y feministas sólo se nos ocurra hablar con el sistema penal en la boca y mirar hacia las cárceles como solución a nuestras violencias. ¿No es es el mismo perro con distinto collar? ¿De qué manera entonces pensamos, construimos, existimos, somos diferentes y disidentes? ¿Qué estamos proponiendo?

Ni la cultura del castigo, ni el refuerzo vía penal, ni las lógicas carcelarias deberían estar en nuestro horizonte

Para las que militamos entre las filas del feminismo antipunitivista y anticarcelario es triste y preocupante que cada vez que sale un caso que implica violencia sexual contra las mujeres se aproveche el ruido mediático para apuntalar la idea de que las cárceles van a acabar con las violencias perpetradas contra las mujeres y otros cuerpos minorizados y/o disidentes. Ni la cultura del castigo, ni el refuerzo vía penal, ni las lógicas carcelarias (está ya más que demostrado que no existe una correlación entre el aumento del número de cárceles y la disminución del número de delitos) deberían estar en nuestro horizonte como un modelo político-social deseable con el que avanzar para transformar la sociedad.

Cualquier discurso que prometa “proteger a las víctimas” –ya sea desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del propio Estado a través de todo su aparataje judicial-penal, sus instituciones y partidos políticos– alimenta la ficción de nuestra vulnerabilidad, acentuando la victimización de las mujeres. Por otro lado, también justifica que se necesiten leyes más duras, más penas, más condenas, más años, más cárcel, más castigo para luchar contra esas violencias.

Me gusta pensar que con cada caso de violencia sexual contra las mujeres y otras disidencias tenemos la oportunidad de empezar a pensar, o mejor dicho, seguir pensando, qué tipo de marcos queremos para convivir con las violencias: si no es cárcel, si no es justicia con forma de juzgado de lo penal, con forma de barrotes, con forma de tortura, entonces, ¿qué hacemos? Con cada “Pocos años me parecen”, retrocedemos a las lógicas dictatoriales de las que creíamos haber salido, a las estructuras del castigo, del punitivismo, a las lógicas ultraconservadoras y autoritarias en la que crece, se desarrolla y nunca muere la represión contra la que tanto luchamos. Con cada “Que se pudran en la cárcel” se nos pudre a nosotras algo por dentro. Se nos pudre la posibilidad de cambiar. Y el no-cambio es, paradójicamente, nuestra cárcel. La cárcel es, desde todos los ángulos que queramos abordarla, justicia patriarcal.

¿Es muy descabellado pensar que se están instrumentalizando nuestras emociones para reforzar un sistema carcelario-penal que asegura existir para “protegernos”?

La rabia, la frustración, el enfado, el miedo, el cabreo… ¿legitimar las emociones es realmente equiparable a esgrimirlas per se como herramientas útiles para nuestro propio proyecto político-feminista? ¿Es muy descabellado pensar que se están instrumentalizando nuestras emociones para reforzar (desde los medios, desde el Estado) un sistema carcelario-penal que asegura existir para “cuidar” nuestras heridas, para “protegernos”? ¿Nos empoderamos las mujeres y otros sujetos concebidos sociopatriarcalmente como vulnerables pidiendo cárcel, cadena perpetua, castración química? ¿No estaremos delegando en papá-Estado, marido-Estado, confiando nuestra seguridad de nuevo a esas lógicas heterosexistas del Estado-que-castiga-es-el-Estado-que-nos-protege? ¿Acaso no había ya cárceles, sistema penal, leyes, tribunales y jueces cuando los empresarios violaron a las menores hace diez años? ¿Sirvió la existencia de todo ese engranaje punitivo para que se lo pensaran dos veces?

Otros modelos de justicia

En “¿Se puede terminar con la prisión?”, Paz Francés y Diana Restrepo nos invitan a hacer un recorrido crítico de nuestro sistema de justicia penal al tiempo que nos proponen alternativas. Los modelos de ofrecen la posibilidad de aproximarnos a los conflictos desde una perspectiva menos punitiva, centrándonos en las necesidades de la víctima y haciendo uso de esquemas de mediación y diálogo; la asunción de responsabilidad por parte de quien comete el delito es imprescindible para reparar el daño.

La cosa punitiva en cualquiera de sus múltiples formatos alimenta la espiral de la violencia

Este modelo de justicia incluye procesos de análisis y reflexión, así como la implicación de la comunidad. Si bien la justicia restaurativa resulta menos problemática que la justicia penal por su carácter menos punitivo, para estas autoras la propuesta más radical sería la denominada justicia consensual. Esta fija su potencial transformador en el diálogo y, como su propio nombre indica, en la construcción y consecución de consensos. Este modelo entra en confrontación directa con la cultura del castigo (tan asumida en nuestras sociedades) ya que deja de equiparar justicia con castigo en cualquiera de sus formas. Supone una renuncia a cualquier medida impositiva como son los castigos de cualquier tipo, puesto que el principio fundamental en el que se basa es que el castigo (la cosa punitiva en cualquiera de sus múltiples formatos) alimenta la espiral de la violencia, formando siempre parte del problema y no de la solución. “Las condiciones que permiten que ocurra la violencia deben ser transformadas. Las respuestas estatales y sistémicas a la violencia, incluido el sistema legal penal, no solo no logran promover la justicia individual y colectiva, sino que también toleran y perpetúan los ciclos de violencia”, afirman Francés y Restrepo.

Decía Nina Simone que para ella la libertad era no tener miedo. A ese miedo por las agresiones y las violencias a las que como sujetos configurados vulnerables estamos expuestas, yo le añadiría el miedo a reproducir las estructuras de las que se alimentan en el imaginario colectivo todas esas violencias, el miedo a ser una herramienta más del amo. Desaprender las violencias que tenemos interiorizadas y normalizadas, como es el caso de la defensa del sistema penal-penitenciario, y trabajar colectivamente en otros modelos de aplicación de justicia es nuestra tarea pendiente como movimiento social.

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La política profesional puede ser mas destructiva que el fentanilo

Las peleas internas brutales y despiadadas eran cotidianas y estaban naturalizadas en esa nueva izquierda, “una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros”, decía eufemísticamente Errejón. Cuando el poder se acumula en determinadas personas, que acaban endiosadas por la exposición mediática y las atenciones que las fama les procura –fama que garantiza el poder en estas organizaciones débiles– es difícil que no se genere despotismo, maltrato, y abusos de todo tipo. Esto ha estado muy presente en la cultura de guerra que se instituyó en Podemos cuando, en vez de optar por la democracia interna y la pluralidad, se eligió un modelo vertical que ha llevado a la centrifugación y liquidación de todo el espacio político. Estas organizaciones no tenían forma de generar contrapesos internos al poder de determinadas personas, ninguna, mucho menos de vigilar los comportamientos personales de sus miembros –si es que eso fuese deseable–. El autoritarismo se construye sobre las estructuras de dominación previas –como el sexismo– y las refuerza. Ahí donde confluye este poder personalista –con su propia érotica que hay que destruir– con las relaciones sexuales o afectivas, es fácil que se siga la propia lógica de yo primero o yo a pesar del resto, y se generen relaciones de mierda y abusos de todo tipo. La declinación de género de la falta de democracia y la autoridad sin límites es una subjetividad sexual del dominio. Así, la política profesional puede ser mas destructiva que el fentanilo; las adicciones de Errejón pueden resumirse en una: la adicción al poder –y no ha sido el único del espacio del cambio–.

Si el escenario era el de una guerra de todos contra todos con un alto grado de violencia interna –donde también participaron las mujeres por cierto–, y que dejó a mucha gente emocionalmente devastada, al gran mundo de ahí afuera no pareció importarle nunca, salvo cuando intervino la cuestión sexual. Siempre la cuestión sexual, ya sea en denuncias por explotación laboral, o en las de infiltrados policiales, a los medios –y al feminismo mainstream– parece que solo importa –o importa más– lo que toca el sexo. El resto de violencias quedan opacadas, relativizadas u olvidadas en un cajón. Aunque también hay que notar aquí, como señalan las compañeras antirracistas, una preocupación selectiva que convierte en casos hipermediáticos únicamente aquellos que afectan a determinadas mujeres blancas y de clase media. Los abusos de las temporeras del campo, en la frontera o en los Cíes o los que sufren las trabajadoras sexuales apenas ocupan algunas líneas en las crónicas de sucesos.

¿Qué hay de emancipador o transformador en el miedo?

Asistimos pues al último capítulo de la liquidación de la izquierda del PSOE y ha venido en la forma de linchamiento colectivo utilizado como herramienta para la guerra interna. Las manías personales y las batallas políticas entre partidos de todo signo han confluido con un cierto feminismo castigador para linchar a Errejón convertido en monstruo, en epítome de todo lo que está mal en el orden de género. Las dinámicas de redes han contribuido a esta espiral donde abundan los golpes en el pecho, los heroicos desmarques y las exigencias bajo pena de excomunión de la izquierda de que todo el mundo se pronuncie y en un solo sentido: el de condenar al monstruo y a su organización y que esto se haga inmediatamente ya y sin posibilidad de reflexión. Otras opiniones no son posibles, las personas que piensan diferente no se atreven a hablar, el debate o incluso la duda están cerrados por miedo a ser la/el siguiente en ser linchado. ¿Qué hay de emancipador o transformador en el miedo? Un feminismo que se presenta estos días mediante un fuego redentor, posiblemente aleje a muchos y muchas, en vez de convencerles de que nuestro proyecto trae un mundo más generoso y amable para todos. La extrema derecha se frota las manos cuando el feminismo se viste de guerra de sexos con sus “todos son violadores” porque esta es la representación que más le conviene.

A pesar el pacto forzado de silencio, existen múltiples interrogantes que han recorrido los grupos de mensajería privada o las conversaciones informales. ¿Sirven los linchamientos para mejorar la situación de las mujeres que sufren situaciones de violencia? ¿Ayuda este marco a avanzar en nuestra lucha contra estas? ¿De lo que se le acusa a Errejón hasta el momento son verdaderamente agresiones sexuales, y de qué tipo? ¿Y lo son todas o solo algunas? ¿Son punibles? ¿Qué sería hacer justicia aquí? Y sobre todo ¿qué sería hacer justicia feminista? ¿Es la denuncia anónima por redes o incluso en medios una vía adecuada? No tenemos todas las respuestas, pero lanzamos unas notas para el debate.

Las relaciones de mierda no son agresiones machistas

El último ciclo feminista quería alertar sobre la gravedad de las violencias, pero terminamos discutiendo sobre una ley –la del solo sí es sí– que supuestamente acabaría con ellas por la vía del código penal. Los debates de estos años, que podrían haber sido imprescindibles para avanzar en la comprensión y la lucha contra estas situaciones han tenido también algunos efectos contraproducentes que empezamos a comprender mejor a partir de este caso.

En la pasada legislatura se vio como una conquista que una misma palabra “agresión” condensase cualquier acto sexual sin consentimiento independientemente de su gravedad o contexto donde se produjese –desde el beso de Rubiales a una violación múltiple–. Hoy constatamos que esa indefinición contribuye a la capacidad expansiva de ese concepto. Estos días asistimos a una mezcla de posibles imputaciones de delitos, comportamientos poco éticos y opciones sexuales que se condenan moralmente, todo junto y revuelto en una narrativa acusatoria donde es muy difícil deslindar las distintas cuestiones. No, no todo es lo mismo ni exige las mismas respuestas.

Usar esos marcos de deseabilidad para establecer juicios, escudriñar vidas sexuales y comportamientos, señalar y condenar a los culpables es contraproducente

Por ejemplo, podemos reflexionar sobre cómo nos gustaría que fuesen nuestras relaciones personales libres ya de todo poder y dominio –para eso las mujeres también tendríamos que responsabilizarnos, no somos víctimas indefensas en toda relación como parece apuntarse estos días–. Pero usar esos marcos de deseabilidad para establecer juicios, escudriñar vidas sexuales y comportamientos, señalar y condenar a los culpables es contraproducente para un feminismo que parece deslizarse por el marco del autoritarismo, la moralización y el control de las costumbres como una suerte de vuelta al feminismo burgués de las prohibiciones del alcohol. Recordemos también que los más poderosos, los que tienen poder de verdad no necesitan la legitimidad de la pureza moral, a la derecha le afectan poco estas cuestiones. Este es un juego donde solo pelean las izquierdas institucionales contra sí mismas.

Desde luego, todos los comportamientos que nos parecen chungos no implican necesariamente violencia machista. Precisamente, esta, en general, está definida por relaciones que cuesta dejar, donde el agresor manipula, persigue y usa la violencia para dominarnos y controlarnos. ¿Es equiparable algo así con que dejen de escribirnos o no nos quieran ver más, con que solo quieran sexo como parece insinuarse estos días? ¿A qué no sean románticos en una relación o el sexo sea “demasiado duro”? Si todo es lo mismo, primero se banalizan violencias muy graves que están sucediendo –por ejemplo, los CIE y las PAH están llenas de mujeres que han sufrido estas violencias–, y después, perdemos el foco de cómo enfrentarnos a ellas porque todo parece ser lo mismo.

Los contornos de las agresiones se difuminan así peligrosamente. Parece que se condena el sexo ocasional o no romántico si no hay un compromiso de la otra persona que cumpla nuestras expectativas, como recuperando la vieja idea de que nuestra “flor” ha de ser recompensada con este compromiso, mientras se cuestiona el sexo no normativo. Las prácticas sexuales tienen que ser consentidas siempre pero no hay un sexo feminista, no hay uno más aceptable que otro. ¿Acaso a las mujeres no nos gusta ese tipo de sexo? ¿A ninguna? ¿Todas queremos lo mismo y vivimos la sexualidad de la misma manera? El sueño de los fundamentalistas sobre el control de las costumbres aparece aquí por un lado no previsto.

La pesadilla de estos días es que el giro reaccionario sobre la sexualidad, su resacralización, venga de la mano del feminismo

La pesadilla de estos días es que el giro reaccionario sobre la sexualidad, su resacralización, venga de la mano del feminismo. La pregunta central debería ser en todo caso por la posibilidad de negarse, si esta existe, todo lo demás: cómo folla cada quién o si se mete rayas y dónde, no debería importarnos ni debería ser un argumento usado contra nadie. El feminismo no va de moral, ni pretende remoralizar a la sociedad –o no debería–, va de aumentar la autonomía de las mujeres de empoderarnos. ¿Situarnos como víctimas en todos estos casos la aumenta o nos fragiliza más? ¿Incrementa nuestra capacidad de actuación, nuestro poder social?

Porque parece que hemos pasado de una necesaria lucha para no culpabilizar a las personas agredidas, a un momento donde aparecemos representadas como sujetos pasivos con nula capacidad de decir lo que queremos o lo que no queremos. Si a veces hay situaciones donde esto puede ser efectivamente así, desde luego no puede generalizar al papel de las mujeres en la sexualidad y en todas las relaciones descritas. Es justo contra lo que llevamos décadas luchando. Si no hay coacción física, no hay una dependencia económica o de otros tipos, o amenazas, podemos y debemos decir que no. Tenemos capacidad, o tenemos que buscarla colectivamente. Pero hemos llegado a un punto que el feminismo parece afirmar lo contrario. Solo sí es sí no implica que no podamos decir que no, o no debería.

Las jóvenes que están descubriendo la sexualidad no pueden recibir el mensaje de que un mal polvo, poco cuidadoso o insatisfactorio, o una relación de mierda es violencia

Las jóvenes que están descubriendo la sexualidad no pueden recibir el mensaje de que un mal polvo, poco cuidadoso o insatisfactorio, o una relación de mierda es violencia porque eso nos convertiría a todas en víctimas en buena parte de nuestras relaciones y en muchísimas de nuestras interacciones. ¿Eso a donde nos lleva? ¿Qué podemos hacer desde esa posición en nuestra vida cotidiana? ¿Y nosotras nunca participamos en las dinámicas tóxicas de las relaciones, nunca ejercemos nuestro poder en ellas de forma indebida?

Es imprescindible volver a reafirmar nuestro papel activo en todo momento y lugar. Tenemos que hablar más de autodefensa feminista, de fuerza y de agencia y menos de meter a las mujeres en una urna. Reafirmar nuestra capacidad de acción y nuestra responsabilidad no es culpabilizar a la víctima, es volvernos a dotar de posibilidades de actuación –generarlas de nuevo en el imaginario feminista– y mejor si estas son, además, colectivas.

El circo mediático y la política de las redes

Con el linchamiento de estos días estamos celebrando la transformación del feminismo de un movimiento colectivo en una catarsis de denuncias individuales y anónimas en redes sociales. Quizás, además de la puntilla definitiva para la nueva política, este acontecimiento marque también el declive de la potencia del movimiento feminista convertido en un proyecto de reforma moral.

¿Qué pasa con estas mujeres cuando sus casos son descuartizados por la prensa?

Sobre la anonimato hubo un cierto debate en el pasado ciclo del Me too y, por lo menos, merece una reflexión sobre sus peligros, porque si algunas mujeres lo usan para denunciar cuando no encuentran otra vía, esta se presta a todo tipo de instrumentalizaciones que pueden volverse contra nosotras. Como señala Josefina Martínez, en redes como X el algoritmo está al servicio del proyecto político de la extrema derecha que utiliza bulos y campañas falsas para atacar a sus enemigos. ¿Qué peligros estamos abonando si reafirmamos este método de denuncia y el escrache en redes sin problematizarlo? ¿Sirve esta herramienta para todo y siempre para las mujeres cuyos agresores no sean famosos? ¿Qué pasa con estas mujeres cuando sus casos son descuartizados por la prensa, en este caso, incluso la más progresista? Hace años que, en todos los manuales periodísticos sobre el tratamiento de la violencia machista, se explica que hay que huir de las descripciones escabrosas, del sensacionalismo y de la conversión de la información en espectáculo. No es, desde luego, lo que ha sucedido estos días con la exposición de cada detalle en relatos morbosos para que todos los ciudadanos se conviertan en juez de cada una de las historias y de sus ínfimos detalles. ¿Cómo va a dejar esta pornografía emocional a las mujeres que denuncian después de que pase el calentón?

Por otra parte, la denuncia individual en redes donde cada una actúa por su cuenta no puede ser una apuesta consistente para luchar contra la violencia o el sexismo y puede dar lugar a injusticias que se vuelvan contra nosotras. El circo gestual tuitero hace tiempo que se ha convertido en simulacro de una política real muerta con el ciclo, la que ha quedado tras la hecatombe de la nueva política. No es anecdótico que su puntilla la haya puesto un linchamiento en redes. Y para las que piden más denuncias penales, como la ministra de Igualdad, solo recordar que la justicia casi nunca está de nuestra parte, que no se pueden demostrar todas las violencias que sufrimos, y que muchas no encajan en la lógica de un juicio o incluso son causadas por el propio sistema policial y penal –los desahucios, la que persigue y encierra a migrantes y trabajadoras sexuales y la que condena a feministas por luchar–.

Deberíamos luchar para que las herramientas para denunciar la violencia machista sean siempre, en la medida de lo posible, colectivas

Deberíamos pelear para que las herramientas para denunciar la violencia machista sean siempre, en la medida de lo posible, colectivas. También tenemos que retomar el camino de la movilización y la organización por abajo tanto para darle un nuevo impulso a un feminismo de transformación –que debería estar apegado a la vida de las mujeres que están más abajo–, como para abrir una verdadera batalla que recupere la iniciativa política en la calle superando por fin el desierto que ha dejado el fin de ciclo, la institucionalización del 15M, del movimiento feminista y sus fracasos. Contra los hombres poderosos y sus mierdas y abusos, pero también contra todo poder que hace posibles hoy las agresiones: papeles, derechos laborales y luchas colectivas para todos y todas.

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Hay cuatro preguntas que considero claves y cuyo bosquejo de respuesta ensayo en estas líneas a modo de, como dice Donna Haraway, «seguir con el problema».

¿Cómo sostener y ampliar la radicalidad en un movimiento tan masivo?

En La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, Verónica Gago sostiene que cuando los feminismos volvieron a ocupar las calles con indignación compartida y amplísima convocatoria allá por 2016 se generó un bucle que logró trenzar masividad y radicalidad. Era 2019 cuando Gago presentó esa idea. Cinco años después, con las huellas de una pandemia y varias guerras a cuestas vale la pena volver sobre esa afirmación.

Nuestro repudio compacto y sintonizado a las violencias –a todas ellas, a las que se viven en el ámbito íntimo y familiar tanto como a aquellas que se desatan sobre los territorios para asegurar múltiples formas de despojo y saqueo– ha sido objeto de una inmensa operación política de separación y desconexión.

Las leyes contra la violencia contra las mujeres promulgadas en muchos países se han convertido en letra muerta

Las leyes contra la violencia contra las mujeres promulgadas en muchos países se han convertido en letra muerta. Es más, no se han conjugado con otras regulaciones que detengan los procesos extractivistas y de devastación en los territorios. Más bien, estos últimos se han acelerado generando todavía más violencia. Ahí están Argentina y Ecuador exhibiendo sus nuevas heridas.

Las respuestas fragmentarias y fracturadas por parte de los estados y gobiernos en sus distintos niveles a nuestras exigencias no solucionan los problemas que hemos puesto en el tapete. Más bien, se han dirigido a dificultar o romper las alianzas entre nosotras.

Una n-ésima versión del adagio del viejo ejército colonizador romano: «divide y vencerás».

Nuestras luchas contra todas las violencias no tienen como intención la instalación de alguna supuesta y falaz «protección del estado». Empujamos, más bien, hacia el trastocamiento e impugnación de las relaciones de explotación y expropiación sistemáticas que nos permita recuperar tiempo para organizarnos y sostener la vida colectiva de manera más digna. Las leyes y los reglamentos introducidos desde arriba, que tienden al punitivismo y la vigilancia, fracturan, confunden y despolitizan.

Luchar juntas en las calles para confrontar todas las violencias significa, antes que cualquier otra cosa interrumpir el orden de la dominación para abrirnos a la creación de renovadas alianzas desde experiencias vitales diversas que alimentan múltiples ensayos de construcción de espacios y procesos de acuerpamiento para sortear las más duras dificultades que se imponen cotidianamente.

Esas luchas sintonizadas y potentes amplifican las prácticas de nuestra propia libertad, la de cada una y une y la de las demás. Amplían la autonomía de nuestros cuerpos heterogéneos y diversos y de la manera en que elegimos contar nuestras historias.

Si bien hay asuntos que conviene volver derechos para consagrarlos en el estado, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, no es ahí donde yace la fuerza del movimiento feminista. En el estado, a través de los derechos ahí incorporados, conseguimos únicamente marcar mínimos límites a las peores formas de negación de nuestros cuerpos y deseos.

La radicalidad de nuestras fuerzas se sostiene en aquello que seamos capaces de construir y componer: alianzas múltiples, casas y escuelas feministas, cooperativas de muchas clases, etc. En tales habilidades creativas gestamos la fuerza común.

A lo largo de todos estos años, no cabe duda que ha sido difícil mantener la deliberación colectiva de lo que las mujeres y las disidencias necesitamos y deseamos. Queremos cambiarlo todo y darnos colectivamente formas dignas de reproducir nuestras vidas. De ahí la relevancia de seguir impulsando estos debates y de nutrir las reflexiones sobre los caminos que hemos de recorrer.

¿Cómo evitar las múltiples capturas de las que son objeto las luchas feministas?

Sabemos, por historias pasadas y experiencias de lucha muy distintas que quienes dominan, tras fisurar o romper las alianzas más radicales, ponen empeño en capturar la energía disruptiva que se desata en los períodos de luchas masivas. Las energías de lucha feministas también han sido objeto de estrategias de captura y despolitización.

Las energías de lucha feministas también han sido objeto de estrategias de captura y despolitización

La indiferencia y desatención ante exigencias una y otra vez expuestas en las calles, en los centros de trabajo, en las escuelas y en las casas, conducen al cansancio y, a veces, al desánimo. Esa sensación, que a veces se expande entre algunas, se disipa por el empuje de la irreverencia beligerante de las más jóvenes. Pese a ello, quienes dominan no dejan de sembrar confusión.

La revitalización de la llamada «agenda de la paridad de género» es un ejemplo de ello. Como si fuera suficiente sustituir cuerpos de varones por cuerpos de mujeres en moldes gubernamentales similares para que las cosas cambiaran.

Estamos en medio de un período electoral donde se confrontan dos mujeres a la presidencia de la República. Simultáneamente, se acelera la violencia en los territorios con sus secuelas de asesinatos

En México este mecanismo de confusión está funcionando a toda prisa. Estamos en medio de un período electoral donde se confrontan dos mujeres a la presidencia de la República. Simultáneamente, se acelera la violencia en los territorios con sus secuelas de asesinatos y desaparición forzada, para asegurar los extractivismos y las explotaciones de toda clase.

La ensalada de confusión está servida: mujeres gobernando y paramilitares y fuerzas armadas imponiendo leyes fácticas de obediencia.

¿Cómo continuar nutriendo las capacidades de transmisión intergeneracional de experiencias?

Mucho se ha hablado en los últimos años de la regeneración de las genealogías feministas, tan diversas como nuestros cuerpos y experiencias vitales. Buscamos formas que sean simultáneamente capaces de reconocer las novedades que las más jóvenes ponen en juego para combinarlas con las experiencia que las más maduras tienen inscritas en sus cuerpos.

Reconstruir genealogías e inscribirnos en linajes de lucha es una tarea a la que le estamos dedicando tiempo y energía.

Como propone Noel Sosa desde Uruguay, eso disipa en parte la sensación de orfandad y nos regala palabras y argumentos para nombrar lo repudiado y discutir lo pertinente.

Se ha hablado menos quizá del sentido inverso, que no es menos relevante: del inmenso empuje que el entusiasmo y los bríos de las más jóvenes imprime a las más experimentadas y quizá, un poco más desconfiadas.

Las más jóvenes hablan lo que las abuelas callaron, como decían varias consignas que se vieron en las movilizaciones recientes. Reinstalan lugares dignos para todas: al reconocerlas se dota de otros significados a los añejos esfuerzos de desobediencia e insubordinación.

La multiplicación de muy distintos empeños por apuntalar tal transmisión de experiencias y energías abre un camino a la esperanza. Brotan escuelas feministas autogestivas, encuentros, festivales, mercaditas, proyectos artísticos, espacios sociales, libros, medios de comunicación y enlaces de toda clase. Todas estas construcciones hoy se multiplican y su circulación se amplifica. Todo esto ocurre en medio de amenazas cada vez más grandes a las vidas y tiempos de muchísimas mujeres y disidencias.

Los peligros de las guerras, de las declaradas y las que se llevan a cabo de manera artera y descarada, la militarización creciente de la vida que se come porcentajes crecientes de los presupuestos públicos, todo esto ocurre cuando muchísimas mujeres han comenzado a hablar entre sí. Hemos comenzado a aprender unas de otras sobre los asuntos que más les preocupan y sobre todos los problemas que están en juego en estos tiempos de crisis superpuestas.

De ahí que la recuperación de pensamientos estratégicos, de propuestas comunes que requieren tiempo y reflexión, escucha atenta y debate sereno sea un asunto fundamental y urgente.

¿Cómo imprimir un mayor énfasis a los sentidos antibelicistas que las luchas feministas están expresando?

El repudio al genocidio que está ocurriendo en Gaza estuvo presente en cada una de las movilizaciones feministas que hemos logrado documentar este año, abriendo un destello de esperanza.

Muchísimas feministas de otras épocas han sostenido intransigentes y lúcidas posiciones antibelicistas e internacionalistas. Hoy, las luchas contra la guerra, contra su financiamiento, contra la leva, la industria armamentista y nuclear son de urgencia cotidiana. Son luchas que se conectan con el antipunitivismo, que se posicionan contra el belicismo en la ciudad, el estado, el país de cada una, y más allá de ellos.

En Gaza estamos viendo el asalto más vil contra la vida que hemos presenciado en una generación, desde los bombardeos de napalm en Vietnam, o las campañas de tierra arrasada en Guatemala. Lo que pasa en Palestina importa, y parar el genocidio en Gaza es un llamado urgente y claro. Pero también la guerra está aquí: en Haiti, en México, en Ecuador y en muchos otros lugares de nuestro continente.

El futuro feminista exige sostener y profundizar las luchas contra todas las violencias, eludiendo las trampas envenenadas de la securitización, del militarismo, de la criminalización y del punitivismo

El futuro feminista exige sostener y profundizar las luchas contra todas las violencias, eludiendo las trampas envenenadas de la securitización, del militarismo, de la criminalización y del punitivismo.

A través de la lucha en la calle y la producción colectiva de las decisiones, lograremos distinguirnos de los falsos feminismos patronales y de derecha recomponiendo un terreno donde renovar alianzas entre quienes, efectiva y cotidianamente sostenemos la vida colectiva. Así nos mantendremos vivas y activas para compartir las experiencias de luchas anteriores con las que ya han llegado a las calles para disputar lo suyo y con las que llegarán después.

Publicado originalmente en la revista mexicana Ojalá.

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En principio, cabría apuntar que las confrontaciones teóricas que se utilizan en estos debates no son tan novedosas, sino que se retrotraen a las denominadas “guerras culturales sobre el sexo”, que se produjeron en EEUU con grandísima virulencia, a partir de los años 70, y que tan bien describe Clara Serra, en su reciente ensayo “El sentido de consentir”. Así, el antecedente del debate sobre la forma adecuada de valorar el consentimiento en las relaciones sexuales se podría retrotraer al enfrentamiento entre el denominado feminismo “radical” –el primero en apuntar a la cultura ontológica de la violación, al considerar la sexualidad como un escenario de violencia intrínseca para las mujeres por parte de los hombres–, y el feminismo “prosexo”, que ataca de forma directa al esencialismo, cuestiona el binarismo de género y reflexiona sobre las múltiples formas de opresión a las que se enfrentan las mujeres. Por otro lado, emerge la reflexión sobre el sentido mismo del derecho penal y de su capacidad, tanto en este como en otros temas, para conseguir un efecto de prevención general y una transformación social o educativa que consiga reducir los delitos o proteger de forma adecuada a las víctimas.

Las perspectivas críticas de la criminología han denunciado como el neoliberalismo vino a apuntalar un sistema de populismo punitivo, donde resulta fácil castigar la pobreza

Tampoco resulta novedoso que las perspectivas críticas de la criminología, encarnadas en autores como David Garland, hayan denunciado sin fisuras como el neoliberalismo iniciado por los gobiernos de Reagan o Thatcher vino a apuntalar un sistema de populismo punitivo, donde resulta más fácil castigar la pobreza que combatir y eliminar sus causas. Aquí, las corrientes del feminismo antipunitivo, entre las que me incluyo, alertan de los serios problemas que supone recurrir al sistema penal para abordar los delitos contra la libertad sexual. En este sentido, me parecen muy adecuadas las reflexiones de autoras como Dolores Juliano, Elena Larrauri, o Laura Macaya, entre tantas otras.

Pero, partiendo de tal contexto y de la evidente complejidad de estos temas, lo cierto es que el proceso penal existe y que se configura, como un mal, pero como un mal necesario, como no podría ser de otra manera en un Estado democrático. Trataré de explicarme.

La justicia restaurativa debería ser una vía a la que pueda recurrirse para afrontar una mayor reparación de las víctimas

Por un lado, la justicia restaurativa debería ser una vía a la que pueda recurrirse para afrontar una mayor reparación de las víctimas y una evidente disminución de su sufrimiento. De entrada, afirmo sin fisuras que prohibir recurrir a la mediación en este tipo de delitos me parece un inmenso error y creo que lo explica más que acertadamente la magistrada Carme Guil. Otra cosa es que, como ciudadanía comprometida, tengamos el deber de exigir instituciones que sean capaces de minimizar el mal que supone la perpetración de un posible delito, garantizando los derechos de todas las partes implicadas.

Aquí, la utilización simbólica del derecho penal para dar respuesta a los problemas sociales es sin duda una herramienta que ha sido utilizada de forma equivocada y perversa, tanto por gobiernos de derecha como de izquierda. Ante este hecho, partiendo de que los delitos contra la libertad sexual existen y que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, cabe preguntarse sobre la forma más adecuada de abordar su tratamiento.

La respuesta no puede pasar por un incremento punitivo, que se ha revelado impotente para frenar la comisión de estos delitos

La respuesta no puede pasar ni por un incremento punitivo, que se ha revelado impotente para frenar la comisión de estos delitos, ni tampoco por dar por buenas hipótesis que no han sido comprobadas empíricamente a través de las bases de datos judiciales. Estas sería por ejemplo, las que apuntan a que la jurisdicción penal en nuestro país absolvía mayoritariamente si no existía una resistencia casi heroica de las víctimas o que estas no contaban con herramientas de protección durante el proceso – como la capacidad de declarar acompañadas, hacerlo solamente una vez en la fase de instrucción para evitar la revictimización, denegar preguntas que se refiriesen a su comportamiento y que fueran irrelevantes para la averiguación de los hechos investigados, entre otras–. Todo ello ya lo introdujo el Estatuto de la Víctima en el año 2015.

Tampoco cabe afirmar que la justicia (qué palabra tan grande, tan compleja, tan llena de matices) sea, de por sí, ejercida siempre de forma patriarcal. Cuestionar interrogatorios para llegar a tal evidencia cuando la finalización del proceso ha acabado en condenas que suponen de 15 a 31 años de prisión –me refiero a los casos tristemente conocidos como las respectivas “manadas” de Pamplona y Sabadell– me parece que manda un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Nadie niega el dolor que suponen tales interrogatorios, pero tampoco se puede cuestionar la necesidad de su ejercicio

Nadie niega el dolor que suponen tales interrogatorios, pero tampoco se puede cuestionar la necesidad de su ejercicio. La presunción de inocencia, no solo como derecho absoluto, sino como guía del procedimiento, es la herramienta que permite distinguir un derecho penal ilustrado en el que no puede caber la prueba legal tasada –donde los medios de prueba conllevan un componente de absolución o de culpabilidad previo y no existe la libre valoración–; la inversión de la carga de la prueba o la presunción de victimización –donde la víctima en su condición de tal tiene una posición de privilegio por la que el acusado debe probar su inocencia–.

En el proceso penal no se trata de creer, se trata de probar. Ello no implica descartar la existencia de prejuicios o estereotipos, pero no solo en relación con las víctimas, sino también con los presuntos agresores

La interposición de una denuncia implica corroborar su hipótesis mediante la práctica de todas las pruebas que sean necesarias para llegar, en su caso, a una condena, más allá de toda duda razonable. Y es que, más allá de cuestionar el mito de la hermandad universal entre las mujeres, como si la mera diferenciación biológica equiparara de golpe las enormes distancias entre cuerpos racializados, explotados o disidentes, en el proceso penal no se trata de creer, se trata de probar. Ello no implica descartar la existencia de prejuicios o estereotipos, pero no solo en relación con las víctimas, sino también con los presuntos agresores. Es lo que nos distingue, ni más ni menos, del Antiguo Régimen.

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