Es cierto que ni la priorización del control de las fronteras exteriores de la UE ni su externalización son nuevas. Lo que hace el PEMA es llevarlas más lejos en el sentido de una mayor securitización —tratamiento de la migración en términos de enemigo externo— y de una menor protección de las vidas de los y las migrantes. Una de las incorporaciones más preocupantes en este sentido es la creación de una suerte de limbo territorial en la frontera. De esta forma, quienes hayan llegado a territorio europeo a través de lo que la UE califica como «vías irregulares» no se considerarán en territorio europeo pese a hallarse físicamente en él –opera una ficción jurídica según la cual no se autoriza formalmente la entrada en el territorio del Estado miembro mientras dura el procedimiento fronterizo–. En este nuevo no lugar se llevará a cabo el “triaje”, esto es, la discriminación entre personas aptas y no aptas como demandantes de protección internacional.

Menos garantías, menos protección

Este nuevo «procedimiento de frontera» acelera los plazos del proceso de solicitud de asilo con la consecuencia de que reduce las garantías legales de las personas solicitantes, que pueden quedar privadas de libertad durante los siete días de duración del procedimiento, incluyendo a familias con menores y a menores no acompañados.¹ No está claro que este tiempo de detención exija una autorización judicial, ni tampoco se garantiza el derecho a asistencia letrada o humanitaria. Ni siquiera se especifica si, en caso de denegación de la solicitud, habrá posibilidad de impugnación respecto de la misma. En caso de interponerse recurso, tampoco se prevén suspensiones automáticas que impidan que una persona sea deportada antes de que se reconozca su derecho de asilo.

Aunque para la UE es una prioridad el “retorno” de las personas migrantes, es decir, su deportación, de momento solo consigue deportar a un 20% de los inmigrantes que reciben una orden de expulsión. Para acelerar y mejorar el proceso de expulsión el PEMA ha creado dos figuras: la del «país seguro de origen» y la de «tercer país seguro». La primera se concreta en un listado común de siete países etiquetados como seguros donde un país puede declararse «seguro» aunque parte de su territorio no lo sea o, de manera específica, no lo sea para alguna minoría concreta—. En esta lista, figuran países como Marruecos, Túnez, Bangladesh y Colombia, y también estados candidatos a adherirse a la UE (como Turquía). A esta lista común, cada país miembro añade su propia lista discrecional de países seguros.

Este concepto de «país seguro de origen» se utiliza para deportar a los solicitantes de asilo a los países de los que huyeron

En la práctica, este concepto de «país seguro de origen» se utiliza para deportar a los solicitantes de asilo a los países de los que huyeron, así como a Estados por los que hayan transitado, tengan o no algún tipo de vínculo con ellos (cultural, familiar, laboral, etc.) –a través de la figura complementaria de «tercer país seguro”–. Quedan así legalizadas políticas estatales de externalización de fronteras y de creación de «centros de retorno», esto es, de centros de detención que llevan tiempo siendo promovidos por diferentes gobiernos europeos como el italiano y el danés en Albania y Ruanda respectivamente.*

Criminalización de los migrantes

Así pues, el PEMA radicaliza la criminalización de la migración en tres sentidos. Primero porque las personas privadas de libertad en centros de detención en un país tercero tienen menos garantías legales que si estuvieran en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) dentro de un país de la UE. La diferencia esencial es que los CIE intracomunitarios están sujetos a un control judicial y unos estándares de derechos fundamentales homogéneos dentro del espacio UE, mientras que los centros en terceros países dependen de la voluntad y capacidad institucional del país anfitrión. En otras palabras, aunque en los centros externalizados los motivos y plazos de la detención o el trato y las condiciones materiales en las que esta se desarrolla dependen de la legislación del Estado que ordena el traslado, ¿cómo se fiscaliza esto en la práctica? Es preciso recordar aquí que ni las personas encerradas en centros de detención ni las internas en un CIE han perdido su libertad por haber perpetrado delito alguno, sino únicamente por haber cometido una infracción administrativa. Parece necesario apuntar por último que las personas encerradas en los CIE padecen una situación de privación de libertad menos garantista que las presas: porque el régimen interno de los CIE depende de un reglamento –y no de una ley orgánica–, porque estos no cuentan con la supervisión permanente de una institución específica como es el juez de vigilancia penitenciaria, porque es la policía quien custodia su seguridad. Porque, en definitiva, cuanto menos control judicial y menos garantías, más fácil resulta ejecutar las expulsiones, aunque sea a costa de los derechos de las personas.

En segundo lugar, porque las medidas punitivas se extienden también a la solidaridad: el Consejo de la UE aprobó en diciembre de 2024 —con el único voto en contra de España— un reglamento que amplía la definición del delito de apoyo a la inmigración irregular y aumenta las penas de prisión a los llamados «facilitadores». En el punto de mira de esta regulación están, evidentemente, todas las personas, colectivos u ONG que defienden la libertad de movimiento actuando de forma solidaria con vecinos y vecinas que se encuentren en situación administrativa irregular o «sin papeles».

Eurodac facilitará el perfilamiento y discriminación racial permitiendo el acceso a sus datos con fines policiales

Por último, porque las personas migrantes y demandantes de protección internacional pasan a convertirse en delincuentes potenciales engrosando la base de datos biométricos y alfanuméricos del sistema Eurodac, también afectada por el PEMA a través del reglamento 2024/1358. Eurodac incluirá los datos biométricos de menores a partir de los seis años; impedirá que personas a las que se haya denegado el asilo en un país de la UE traten de solicitarlo en otro y facilitará el perfilamiento y discriminación racial permitiendo el acceso a sus datos con fines policiales.

Nos hallamos, por tanto, en un escenario de guerra a la migración. Una migración que se construye, de entrada, como enemigo externo –aunque una parte de ella vaya a permanecer también como enemigo interno–. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para la socialdemocracia europea y para la izquierda en general la causa de «todo lo malo» podría resumirse en el avance de la extrema derecha. Es cierto que vivimos en un contexto de fuerte derechización tanto a nivel institucional como social. También es verdad que, en términos de políticas de migración y asilo, esta extensión de ideas fuertemente reaccionarias, nativistas y racistas se despliega a una escala global. Las consecuencias son conocidas: el papel del ICE, el fortalecimiento del punitivismo o pogromos en ciudades europeas. Los miedos sobre lo que pueda suceder son, por tanto, más que legítimos.

Sin embargo, ¿en qué medida cabe reducir la consolidación de la Europa fortaleza que encarna el PEMA al influjo del trumpismo o la militarización de las fronteras al marco actual de derechización global? Desde una apuesta de transformación que pretenda abrir un conflicto contra estas políticas, parece más productivo entender la radicalización del racismo como una consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por gobiernos de uno y otro signo en los estados europeos y, desde luego, en la UE como proyecto supranacional.

Mitos de la inmigración

Puede resultar más útil por tanto preguntarnos por qué una Europa envejecida con baja natalidad querría cerrar sus fronteras. Y aquí la respuesta tentativa es que las fronteras no se están cerrando, sino haciéndose cada vez más infranqueables y letales «solo» para una parte proporcionalmente muy menor de las personas que migran. Según los datos aportados por el sociólogo y geógrafo Hein de Haas en Mitos de la inmigración, «entre 1997 —año en el que se iniciaron los conteos sistemáticos— y 2020, el número anual medio de llegadas por mar registradas desde el norte de África hasta Italia, España y Malta […] fue de 64.600 llegadas anuales a esos tres países. Aunque son cifras significativas, se trata solo de aproximadamente el 3 o 3,5 % de los dos millones (de media) de migrantes no pertenecientes a la Unión Europea que entran en la UE todos los años». Para los países que integran la Unión Europea, en general, se calcula que las entradas irregulares suponen alrededor de un 5 % respecto del total de entradas desde países no miembros.

¿Qué sentido tiene el denso entramado represivo que el PEMA apuntala?

En la actualidad, los países europeos dependen fuertemente de la mano de obra extranjera, como bien ha aprendido Gran Bretaña que sigue sufriendo las consecuencias del Brexit. Las migraciones no se han detenido, que fue una de las promesas del Brexit, sino que han cambiado de origen. La gente migra por motivos laborales y en busca de buenas condiciones materiales de vida. Es preciso pelear para que estas no dependan de un empleo explotado. En cualquier caso, mientras entramos en conflicto con el capital, conviene no romantizar la migración. Es inusual que alguien decida separarse de su lugar de origen —de sus referentes culturales, de sus vínculos afectivos, de la lengua en la que piensa— para buscarse la vida en las condiciones más hostiles —no hablamos, por supuesto, de los migrantes ricos, ni de los turistas—, si no es porque estás buscando construir un futuro mejor. «La demanda laboral es el principal motor de la migración», añade de Haas, por eso esta se ajusta a los periodos de crecimiento y de recesión de las economías; por eso los países no cierran sus fronteras cuando necesitan mano de obra.

Pero entonces, si la mayoría aplastante de los inmigrantes cruza legalmente las fronteras del país de destino y los porcentajes de población extranjera solo aumentan cuando crece la demanda laboral, ¿qué sentido tiene el denso entramado represivo (Frontex, centros de internamiento, centros de deportación, externalización de las fronteras) que el PEMA apuntala? Queremos señalar aquí tres finalidades de esta pedagogía de la crueldad aplicada a la libertad de movimiento.

En primer lugar, es preciso construir alteridades más o menos monstruosas para poder justificar la dureza de las políticas de extranjería que se aplican a los «migrantes legales», esto es, al 95 % de las personas que entran en avión y con visado a los países de la UE, una vez se agoten sus permisos de turistas o estudiantiles. Para poder mantener un segmento del trabajo abaratado, esto es, para justificar que una buena parte de la población trabaje sin derechos laborales y sin acceso a bienes y servicios considerados básicos para el resto de sus vecinos, lo más sencillo es ponerlos bajo sospecha. Sospechosos, para empezar, de haber venido a aprovecharse de «lo nuestro». Por este motivo, la población extranjera o simplemente racializada siempre va a estar, por ejemplo, bajo la lupa del abuso de los servicios sociales. La desconfianza pasa a criminalización cuando, además, algunos orígenes, géneros, edades o religiones concretos se describen y definen —a través de discursos políticos y mediáticos— como amenazas directas a la integridad física de la ciudadanía legítimada o de los supuestos valores superiores de «la civilización europea». Este es el caso de los discursos y políticas islamófobas —políticas contra la radicalización, retenciones y detenciones de perfil racial—, que definen a los hombres racializados y, en especial, a «los moros» como esencialmente machistas y potenciales violadores de las mujeres blancas. También son objeto de especial vigilancia y señalamiento los hombres racializados que no son ricos, sobre todo si son jóvenes: por su visibilidad, porque usan un espacio público cada vez más privatizado, y porque sus formas —música, vestimenta, horarios— molestan a una población autóctona cada vez más atomizada, envejecida y temerosa.

Demonizar a un otro fácilmente reconocible —y aquí la construcción racial siempre ha sido esencial para el capitalismo— abre una esperanza para quienes ya sufren las peores consecuencias de la crisis, o, más en general, para quienes temen un proceso de proletarización futuro. El discurso económico de la escasez —el «no hay para todos», ni pensiones, ni comida, ni casas, ni hospitales— propaga un miedo existencial que alimenta el racismo social. Este es el caso de los pogromos que se han producido recientemente en diferentes puntos de la geografía europea: ataques a centros de menores extranjeros o de refugiados y/o destrucción de bienes, empresas, comercios, casas, coches o centros de culto de personas extranjeras o de origen extranjero, desde Belfast a Torre Pacheco.

Estas políticas persiguen acostumbrarnos a la existencia de redadas de perfilamiento racial en nuestras calles y plazas

En un contexto de crisis como en el que nos encontramos, sin una organización de los temores y rabias que esta produce, sin una gestión política de las frustraciones capaz de señalar la fuente real de los problemas, lo que se impone es una gramática de fascistización social, esto es, de creación de un enemigo interno y de naturalización de políticas de vigilancia, control y castigo contra este enemigo. Estas políticas persiguen acostumbrarnos a la existencia de redadas de perfilamiento racial en nuestras calles y plazas, a la presencia permanente de la policía en los barrios, colegios, hospitales o centros de salud de las áreas de menos renta. También pretende naturalizar una gestión securitaria de los espacios públicos, las estaciones de autobuses, los accesos al metro o los parques al tiempo que familiarizarnos con esa imagen de la policía poniéndose sus guantes negros para acercarse a cualquier grupo de adolescentes que no parezcan de Hakuna y no cuenten con la edad o los recursos suficientes para consumir en una terraza.

Lo que tiene lugar aquí es, también, un entrenamiento del poder punitivo estatal que, en el caso de España cuenta, además, con la Ley mordaza. Los nuevos poderes represivos que posibilitó se imponen hoy, sobre todo, a ciertas partes de la población, en especial, al proletariado extranjero así como a las personas organizadas que luchan contra la desigualdad social y la devastación capitalista, pero ha sido erigido para aplicarse a todas las fracciones sociales sobrantes, esto es, a los no integrados y a los no integrables.

El aire que respiramos está contaminado de derechización, de nativismo. A la vez, el suelo europeo es cada vez más la tierra que compartimos con una población que ha dejado de ser blanca gracias a quienes llegaron a reclamar lo que también es suyo. En palabras de Frantz Fanon, «Europa es literalmente la creación del Tercer Mundo. Las riquezas que la ahogan son las que han sido robadas a los pueblos subdesarrollados». Nuestro anhelo de emancipación actual podría declinarse en esta pregunta: ¿serán capaces de mestizaje los hijos de la colonización y la proletarización en proyectos y prácticas que pongan patas arriba la ecología capitalista que hoy destruye la vida?

1. Durante el procedimiento de cribado, que puede prolongarse hasta siete días, las personas deben permanecer a disposición de las autoridades en los lugares designados y no son autorizadas a entrar formalmente en el territorio del Estado miembro. En función de la legislación aplicable y del procedimiento en el que sean encuadradas, esta situación puede implicar una privación de libertad o una restricción muy intensa de la libertad de movimiento. ↩︎

La entrada Pacto Europeo de Migración y Asilo o la guerra contra los migrantes se publicó primero en Zona de estrategia.

En la primavera de 2024 el presidente nos sorprendió con una carta dirigida a la ciudadanía en la que anunciaba un retiro de cinco días para responder a la pregunta: «¿Merece la pena todo esto?». En dicha misiva Sánchez se dirigía a nosotros como un viejo amigo, hablando desde su vulnerabilidad («detrás de los políticos hay personas»), aludiendo a su esposa por su nombre de pila (Begoña, injustamente atacada para dañarlo a él), confesándonos su amor por ella pero también por su país. Begoña, España. Lo personal, lo político. En el campo de batalla, la guerra sucia de PP y VOX, capaces de pervertir el poder judicial para romper una verdad democrática incontestable: el resultado electoral de julio de 2023, la victoria del PSOE, su victoria. Al otro lado de la trinchera, en «el lado bueno de la historia» queda la nueva masculinidad de un hombre que es capaz de mostrar su fragilidad, un presidente que parece plantearse incluso renunciar al poder por amor. Y tras él, la hueste de un partido socialista con la misión histórica de defender el progresismo y la democracia frente al fascismo. Este entremés romántico terminó, para sorpresa de nadie, con la solución patriótica al dilema: el deber de defender el país y el proyecto socialista se impuso al cuento de hadas.

Sánchez se apropiaba de la denuncia del lawfare que desarrolló Podemos (el uso del poder judicial contra enemigos políticos), en términos personales, victimistas y emocionales, usando pues su sensibilidad y su vulnerabilidad como escudo ante las acusaciones de corrupción. Este uso de las emociones para generar posicionamientos, espíritu de nuestros tiempos, le ha permitido mover el foco de las prácticas corruptas de su entorno al propio poder judicial y a la oposición. Al mismo tiempo y en el mismo «lado correcto de la historia», altos cargos del partido, Santos Cerdán y Jose Luis Ábalos, llevaban tiempo siendo investigados por organización criminal, contratos amañados, comisiones y financiación ilegal del partido. Nadie en el partido se había dado cuenta de nada.

La capa violeta

Pedro Sánchez también se ha rodeado de mujeres que se autodefinen como feministas, desde Carmen Calvo a Ana Redondo —en su propio partido—, hasta Irene Montero y Yolanda Díez —en las fuerzas partidarias de coalición—. Todas ellas le han permitido ataviarse con la capa violeta del defensor de los derechos de las mujeres y del gobierno más feminista de la historia. Pero «feminista» aquí es una cuestión de número —cuántas mujeres cis tienen el cargo de ministras— y no de contenido: qué políticas se desarrollan y qué sectores de las mujeres son objeto de dichas políticas.

Las extranjeras sin derechos o las presas quedan lejos del radar del superhéroe feminista

De hecho, el «feminismo de la igualdad» de Calvo y de Redondo siempre prioriza las políticas que responden a los intereses de las mujeres de clase media. Desde la convicción de que «a mayor número de mujeres poderosas, mayor progreso» per se, han puesto en el centro el problema de los «techos de cristal» (la igualdad de las mujeres mejor situadas respecto a sus pares de clase), concretada finalmente en La ley de paridad de Ana Redondo, y no los «suelos pegajosos» (las mujeres en peor situación dedicadas a trabajos mal pagados y nada reconocidos). A pesar de algunos avances (como algunas mejoras en la regulación del trabajo de hogar y cuidados, después de años de lucha de los colectivos de base), la reforma laboral de 2022 de Yolanda Díaz no abordó, las limitación de la externalización de servicios que sigue permitiendo, a día de hoy, la explotación de las camareras de piso y de tantas otras mujeres que trabajan en los servicios más precarios. Además, Calvo en particular ha destacado por sus posiciones abolicionistas de la prostitución y transexcluyentes («La realidad es que somos hombres y mujeres«). Pero, ¿qué hay de socialista en un feminismo que no prioriza discursos y medidas destinados a enfrentar el machismo estructural, esto es, la división sexual del trabajo y sus consecuencias en las mujeres más empobrecidas?

De nuevo, por un lado tenemos el disfraz de un presidente que se erige en defensor de «las mujeres» frente a los «vientos reaccionarios», por otro, las políticas concretas de un feminismo de gobierno que ha sabido usar la legitimidad de las movilizaciones feministas en favor de las mujeres mejor situadas. Las prostitutas, las mujeres desahuciadas de sus casas, las trabajadoras de atención a domicilio, las precarizadas del proletariado de servicios, las explotadas en el campo, las extranjeras sin derechos o las presas quedan lejos del radar del superhéroe feminista.

El traje de presidente humanitario

El presidente del gobierno también ha sabido jugar sus cartas en el terreno de la migración. Sánchez sabe tan bien como la patronal que un país envejecido como el nuestro necesita mano de obra extranjera. Las leyes de extranjería excluyen al proletariado migrante de los contratos de trabajo y, por lo tanto, se ven obligados a trabajar sin derechos, para beneficio de la patronal y ahorro en protección social del Estado. Pero llega un momento en que tal nivel de explotación y exclusión no les compensa ni a uno ni a otro. Este momento ha vuelto a darse ahora, en 2026, respecto a unas 800.000 personas que viven en España de forma irregular, esto es, sin libertades ni protecciones esenciales. La mayor parte de estas personas entraron de forma legal por Barajas, con visados de trabajo, medidas de reunificación familiar, como turistas, estudiantes o con permisos de contratación en origen. Como en cualquier otro país de Europa, las entradas irregulares suponen alrededor de un 5 % respecto del total de llegadas de personas extranjeras.

Pedro Sánchez ha destacado por su habilidad política y cortado a su medida el traje del presidente humanitario

En este escenario, frente a los que compiten por criminalizar y estigmatizar a la migración, tratando de esconder bajo banderas nacionales —el consuelo de ser español, o catalán o vasco— la realidad material de crisis —vivienda, inflación, bajos salarios—, Pedro Sánchez ha destacado, una vez más, por su habilidad política y cortado a su medida el traje del presidente humanitario. «A mí, personalmente, el haber salvado la vida a 630 personas hace que piense que vale la pena dedicarse a la política», dijo Sánchez en su libro Manual de resistencia en relación con la acogida de los migrantes rescatados por el Aquarius en junio de 2018.

Tan solo unos meses más tarde, en enero de 2019, el mismo gobierno bloqueó la salida del Open Arms del puerto de Barcelona. En junio de 2022 un salto a la valla de Melilla dejó un saldo de 27 muertes reconocidas (y más de 70 personas desaparecidas): la investigación ha sido archivada y el ministro del Interior Marlaska aún no ha dimitido. Tampoco han retirado, como prometieron, las concertinas en las vallas fronterizas, ni han tocado los CIE. Estos últimos, es preciso recordar, son centros en los que se priva de libertad a personas por el simple hecho de haber cometido una falta administrativa: la de hallarse en una situación irregular en el país. Tal es el pánico a ser detenidos y deportados que se juegan el pellejo huyendo de la policía.

Tras sus discursos de defensa de los derechos humanos, las políticas migratorias del sanchismo pretenden compatibilizar la necesidad de mano de obra (contratos en origen y migración circular, regularizaciones extraordinarias, proletarización de la migración) con una militarización de las fronteras (devoluciones en caliente, militarización de la frontera, externalización de las fronteras a otros países) que es fundamentalmente contraria a la libertad de movimiento e indiferente a las muertes que esta falta de libertad genera cada año.

El disfraz de pacifista

Todo empezó con la negativa a subir el 5% de gasto militar para la OTAN, pero ha sido la bomba pacifista del No a la guerra lo que ha terminado por fagocitar a lo que quedaba de la Nueva Política en el arco parlamentario. Tras reapropiarse del lema que, en protesta por la guerra de Irak, llevó solo en Madrid a más de un millón de personas a las calles en 2003, el presidente ha noqueado a cualquier otro rival en la defensa de eso que llaman la legalidad internacional. Así pues, el «hombre vulnerable» ha sabido transformarse en el único tipo duro que a escala europea y mundial se atreve a lidiar con las amenazas de Trump y con el avance de la extrema derecha y el fascismo global. Para mostrar su liderazgo internacional, Sánchez organizó el pasado 16 de abril una cumbre progresista en Barcelona, la Global Progressive Mobilisation, que sirvió de baño de reconocimiento por parte de personalidades como Lula da Silva, Claudia Scheinbaum o Gustavo Petro.

Por debajo del disfraz de pacifista, sin embargo, incrementó el gasto en defensa un 50% el año pasado hasta superar el 2 % del PIB. También ha armado y financiado al gobierno de Zelenski por encima de cualquier apuesta por la diplomacia. Además, ha consolidado a España como décimo exportador mundial de armamento.

«PSOE-PP / La misma mierda es»

Qué lejos queda este lema coreado en las movilizaciones tras el 15M de 2011. Aquel PSOE, completamente desprestigiado entre quienes salieron a las plazas para impugnar una democracia de la representación y exigir una democracia real, ha sido sin embargo resucitado por un maestro en el arte del simulacro. Pedro Sánchez ha logrado convencer con sus disfraces a una izquierda que, a su vez, se conforma con votar del «lado correcto de las urnas». Cuando la política es identificación, comunicación y juego de espejos parece más inteligente apostar por el mejor intérprete. Más aún cuando, por debajo de máscaras y disfraces morales, más allá de las guerras culturales, este sigue respondiendo principalmente a los intereses de reproducción del capitalismo y las clases medias nativas asentadas. 

Y es precisamente esta promesa de integración económica y mantenimiento del status quo la única capaz de salvar al presidente de todas las causas judiciales por las que habrá de dar cuenta el día 24 en el Congreso. Los casos Koldo, Santos Cerdán, Plus Ultra o Leire Díez se parecen demasiado a los casos Gürtel, Bárcenas, Kitchen, Pünica o Noos: tramas de corrupción, malversación de fondos públicos, paraespionajes en las instituciones, mordidas, financiación ilegal de las estructuras partidarias y toda suerte de prácticas de nepotismo, el modus operandi de los partidos de gobierno.

Por esto, aunque el lema ya no se coree en las plazas hoy adormecidas y mercantilizadas, PP y PSOE siguen reproduciendo los mismos mecanismos de gobierno aunque Sánchez llegase al poder en 2018 abanderando la regeneración democrática. Más allá del resultado de las próximas elecciones, ¿qué revueltas y conflictos, qué nuevas composiciones de clase serán capaces de romper, algún día, con este horizonte de repetición infinita de lo que hay?

La entrada Sánchez o la política como teatro de máscaras se publicó primero en Zona de estrategia.

Este texto parte de la premisa de que el proceso de secularización que en el Estado español se aceleró hacia el final de la dictadura no se está revirtiendo en absoluto. Lo que cabe observar, sobre todo cuando se pone el foco en la juventud, es, por el contrario, que el alejamiento de las religiones se profundiza. En materia religiosa, la realidad es la pluralidad. Las inquietudes suscitadas por el supuesto fenómeno de un retorno de la trascendencia reflejan, principalmente, un miedo a «los otros» en un contexto de intensificación del rechazo a la migración. Los vacíos a los que responden las comunidades religiosas, sobre todo las evangélicas y musulmanas, son los propios de una sociedad atomizada, despolitizada y sí, también desespiritualizada.

Pluralidad religiosa y avance de la secularización

Más allá de las fantasías mediáticas, la realidad empírica es que la sociedad española se está secularizando desde hace tiempo. En relación al catolicismo —religión mayoritaria en el Reino de España—, el historiador Julio de la Cueva Merino recoge que de 1960 a 1975, esto es, aún bajo el régimen dictatorial, la sociedad española pasa de un 99 % a un 84 % de creyentes, mientras la observancia religiosa desciende un 50 %. Este proceso de desapego del catolicismo continúa durante el periodo de transición a la democracia liberal y afecta tanto a las creencias como a las prácticas religiosas. No puede desligarse de profundas transformaciones económicas —como la migración del campo a la ciudad—, socioculturales y políticas —desfeminización de la religión, impacto de las revoluciones de mayo del 68—, religiosas —Concilio Vaticano II— e institucionales, entre ellas el reconocimiento de la libertad religiosa en el artículo 16 de la Constitución de 1978. La profundidad de este divorcio respecto de la fe y del culto católicos resulta especialmente visible entre la juventud. Según el estudio de de La Cueva «en 1975 la indiferencia religiosa definía a una quinta parte de los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 20 años» y «solo un tercio declaraba practicar con cierta frecuencia frente al 83 por ciento en 1960». El siglo XXI se caracteriza por la profundización de esta tendencia. Así, según datos recientes de Funcas, «solo el 55 % de los españoles se reconoce como católico”, al tiempo que “el avance de la secularización de la sociedad es especialmente notable entre los jóvenes: en 2002, el 60 % de la población de 18 a 29 años se identificaba como católica, mientras que en 2024 solo lo hacía el 32 %”.

Lo que la transformación en el campo de lo religioso perfila un mapa de pluralismo

Lo que la transformación en el campo de lo religioso perfila un mapa de pluralismo. La libertad de culto reconocida en la Constitución del 78 abrió la puerta a una diversidad que se ha ido ampliando con el crecimiento de la población procedente de la inmigración. En 2025, entre el 54 % de las personas que —según datos del Informe BREC— se identifican con alguna religión, el 46 % lo hacen con el catolicismo y el 8 % con otras religiones. Entre esas «otras religiones» cabe destacar dos en función del número de creyentes y de templos: el islam y el evangelismo. La comunidad islámica agrupa a unos 2,4 millones de creyentes —mitad españoles, mitad extranjeros— que cuentan con alrededor de 2000 mezquitas y centros de oración.

Respecto de los creyentes evangélicos, según la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) estamos hablando de en torno a un millón y medio y 4.500 templos registrados. Hay, por lo tanto, el doble de templos evangélicos que islámicos, pero una población de creyentes bastante menor. La diferencia radica, no obstante, en el espectacular crecimiento de los primeros: el número de iglesias evangélicas se triplicó de 2004 a 2024.

Por último, para completar esta cartografía de la pluralidad religiosa, es preciso mencionar, por motivos de peso histórico aunque no cuantitativos, las aproximadamente 50.000 personas judías y más de treinta sinagogas de esta comunidad. Y, más allá de las religiones abrahámicas, el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (RER) lista en la actualidad 8.000 entidades.

Con el telón de fondo de estas dos tendencias que en el ámbito de lo religioso han marcado los últimos 50 años —por un lado, la acelerada desvinculación de la sociedad con el catolicismo, por otro, la multiplicación de los cultos y creencias—, no se puede perder de vista ese 54 % de personas que aún se identifican con alguna religión

Las comunidades religiosas como respuesta a la crisis

“La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo.”

Entre los menos afortunados, la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella

Palabra de Marx. «La religión es el significado real del mundo sin corazón», el síntoma de un mundo que hoy se ha dejado vencer por el individualismo y el narcisismo. Entre quienes disponen de las condiciones materiales para ello, esto se traduce, por ejemplo, en la búsqueda obsesiva del cuerpo sano y bello, del equilibrio mental y el entretenimiento compulsivo; un «nihilismo dulce«, como lo llama el historiador Emmanuel Rodríguez, incapaz de esconder sus renuncias: capitulación, en primer lugar, a transformar el mundo pero también a dejarse afectar por sufrimientos que no sean los vividos en carne propia o familiar. Entre los menos afortunados, sin embargo, «la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella». En la actualidad, esta miseria se traduce, en términos materiales, en una desigualdad que se agudiza. Según datos del INE de 2024, una cuarta parte de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Un informe de convergencia social de la Comisión Europea de 2023 señala además que en España el 20 % más rico de la población tiene unos ingresos 5,5 veces superiores a los del 20 % más pobre. Entre los más afectados por el empobrecimiento, el informe cita a la población gitana y a la población extranjera.

Aunque cada vez estén más quebradas, el Estado español aún se sostiene en algunas patas del estado del bienestar (salud, pensiones, seguridad social) que facilitan la reproducción social. Mantiene asimismo cierta capacidad de integración y de reproducción de las clases medias mediante, sobre todo, una fiscalidad beneficiosa para la propiedad y una buena oferta de empleo público. Pero para esa casi cuarta parte de la población agudamente pauperizada el acceso a las propiedades sociales es muchas veces o bien imposible o bien muy complicado a causa, principalmente, de la Ley de extranjería. Además, a la hora de buscar fuentes de ingresos o, simplemente, una casa donde habitar no solo pesan la falta de recursos materiales, sino también los prejuicios sociales y el racismo. De esta forma, a las gitanas y gitanos pobres no les sirve de tanto su españolidad cuando buscan empleos o vivienda, pues el estigma social los sigue tachando de ladrones y personas incivilizadas.

A las mujeres y hombres percibidos como musulmanes, la islamofobia tampoco les hace la vida más fácil. Ahora bien, tanto quienes atraviesan fronteras externas e internas repletas de concertinas, como quienes han sobrevivido en una cultura mayoritaria que los ha despreciado y esencializando durante siglos, los bárbaros, ya sean gitanos o extranjeros, han generado siempre sus propias estrategias de resistencia. ¿Cabría leer el crecimiento de las iglesias neopentecostales entre la población gitana y extranjera, sobre todo de origen latinoamericano, como una forma de supervivencia y de protesta? ¿Cabría analizar en el mismo sentido la participación de vecinas y vecinos de origen magrebí, bangladeshí, pakistaní y subsahariano en las comunidades musulmanas? Sin duda. La composición social más perjudicada tanto por las carencias materiales como por los desprecios e, incluso, las deshumanizaciones culturales, encuentran en el templo o la mezquita, de entrada, un entorno social de reconocimiento y pertenencia. En ellos se recupera la dignidad dañada, se tejen lazos de apoyo, se comparten tristezas y necesidades, alegrías y recursos. En una sociedad que se parece cada vez más a la atomizada suma de individuos y familias con la que soñaba Margaret Thatcher, disponer de espacios y tiempos en los que tramar vínculos comunitarios se convierte, para muchas personas, en una cuestión de supervivencia.

La religión no es el problema

Según datos del BREC de 2025, el 42 % de la población se declara como indiferente, agnóstica o atea en materia religiosa. Buena parte de estas personas perciben de forma positiva el avance de la secularización. Esta última representa, en especial para quienes se identifican con ideologías de izquierdas o con proyectos de emancipación social, la victoria de la razón frente al oscurantismo, el alejamiento de las supersticiones, la posibilidad de separar los poderes eclesiásticos y los estatales. Todo lo relacionado con la religión, pero también con la espiritualidad en general, se identifica con posiciones reaccionarias.

Desde una perspectiva feminista, parece especialmente difícil acercarse a una Iglesia que siempre ha estado en guerra contra las mujeres

La religión católica, mayoritaria en este país, tiene, por supuesto, una larga historia de persecución a cualquier tipo de contestación de la norma moral impuesta o de la disidencia política. El catolicismo español se ha asociado mayoritariamente a los valores más conservadores y patriarcales. Desde una perspectiva feminista, parece especialmente difícil acercarse a una Iglesia que siempre ha estado en guerra contra las mujeres, desde la Inquisición –con episodios como la caza de brujas en Zugarramurdi (siglo XVII)– a la invención del concepto de la ideología de género y la férrea defensa contemporánea de posiciones antiabortistas. Las personas que no comulgan con la heteronorma ni se adaptan a los trajes de género impuestos por el binomio hombre-mujer tampoco han corrido mejor suerte frente a la moral católica. Las demás religiones abrahámicas (evangélicas, islámicas, judías…) también cuentan con sus propias historias de imposiciones morales reaccionarias y patriarcales, de autoritarismo, violencia y represión. Todo ello no es óbice para ignorar que todas estas religiones, catolicismo incluido, han contado asimismo con corrientes, generalmente minoritarias y perseguidas por sus jerarquías, corrientes que a veces se han puesto del lado de los más machacados y que han peleado por una mayor justicia social. Por mencionar solo algunos ejemplos, cabría recordar los movimientos promovidos por la teología de la liberación católica y la pentecostal. También el papel del cristianismo y del islam en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos: así, sin estudiar el anclaje religioso de figuras como Martin Luther King o Malcolm X, se hace complicado entender la recuperación del sentimiento de dignidad colectiva, la extensión de la conciencia del racismo como sistema de opresión y la movilización y desobediencia de masas que hicieron posible organizar acciones políticas capaces de combatir la segregación y el racismo estructural en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960.

Los movimientos religiosos, las creencias y valores que promueven, no son impermeables a los contextos en los que surgen, se fortalecen y mueren. En cada ocasión toca estudiar, por lo tanto, a qué intereses sirven, a qué poblaciones se dirigen, qué tipo de estructuras crean y cómo se financian. Con la ayuda de esa lupa situada habría que discriminar las ideologías reaccionarias que se tendrían que combatir de las corrientes emancipatorias que podrían sumarse a proyectos políticos y luchas por horizontes poscapitalistas.

Del mismo modo, lo secular no puede leerse de forma automática como sinónimo de búsqueda de una mayor democratización económica y política. Así, pues, en algunos países como Francia la bandera de la laicidad está siendo enarbolada hoy para llevar a cabo políticas de claro tinte islamófobo: en materia de pretendida seguridad, las que criminalizan a los musulmanes, por el simple hecho de serlo o parecerlo, como enemigos internos; en materia de supuesta igualdad, las que imponen a las musulmanas las formas en que deben vestirse. Es cierto que las banderas religiosas nunca han sido ajenas a la extensión del capitalismo, a sus genocidios y apropiaciones coloniales. Pero en la actualidad también toca prestar atención a programas civilizatorios que en nombre de los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI+, instrumentalizan el ateísmo como arma de subalternización y explotación del proletariado migrante.

La amenaza de la nueva reacción que hoy parece haberse apoderado del mundo no se debe, en ningún caso, a la vuelta de lo religioso. En primer lugar, porque esta es empíricamente falsa, como se dijo más arriba y en segundo lugar, porque la secularización no ha demostrado traer, per se, transformaciones de tinte poscapitalista. El problema de fondo de un mundo que parece de nuevo abocado a una nueva fase de destrucción y de guerra a escala mundial es, sin duda, nuestra impotencia para hacer mella en el rumbo de las cosas, nuestra profunda despolitización.

Las comunidades políticas en la sociedad despolitizada

Con valores conservadores o progresistas, reaccionarios o emancipadores algunas religiones son capaces de responder a necesidades espirituales y materiales de la población. Un elemento clave es la invitación a salir de la soledad, a tejer comunidades. La promesa y la creación real de vínculos sociales es un antídoto esencial frente a la atomización suicida en la que la mayor parte de las personas viven.

Por esto, más que agitar los miedos de una vuelta de la religiosidad, el desafío desde posiciones comprometidas con propuestas emancipadoras sería, más bien, desvestirse de identidades ideológicas (soy ateo, soy de izquierdas, soy progresista) para politizarse. Un proceso de politización se traduce en la transición de las políticas del ser a las del hacer, en el desplazamiento de las confortables geografías de la hiperinflación comunicativa a las intemperies del afecto político. Dejarse afectar por la miseria material y subjetiva que respiramos, problematizarla y combatirla, es el paso imprescindible para una salvación en términos políticos. Salvarse de la insoportable política del simulacro y de la representación para tomar las riendas y organizarnos con los problemas que nos afectan. Las luchas que nacen de los impactos de la crisis sobre la reproducción de nuestras vidas solo pueden reapropiarse de aquello que el capital pretende arrebatarnos —vivienda, salud, libertad de movimiento, capacidad de decisión— si construyen estructuras populares, de la multiplicación de espacios y dispositivos que acojan y enreden a quienes los prejuicios —raciales, religiosos, sexistas, tránsfobos, etc.— funcionales al capitalismo pretenden separar. No disponemos de mucho tiempo, no son apuestas para mañana. Ojalá este fuera hoy el nuevo espíritu del anticapitalismo.

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¿Por qué sigue siendo el Estado, principal productor y reproductor de las estructuras de desigualdad que sustentan el capitalismo, un interlocutor privilegiado de los movimientos sociales en la última década? No es solo que las protestas se dirijan hacia uno de los principales agentes de las violencias sociales —por ejemplo, del movimiento de vivienda hacia el gobierno y el Ministerio de Vivienda— tanto para defenderse de las mismas como para exigir cambios en favor de una mayor justicia social, sino que realmente se cree que el Estado puede ser, a la vez, el problema y la solución. La hipótesis que defiende este texto es que, tras varias décadas de políticas neoliberales, la balanza entre reforma dentro del capitalismo y transformación profunda del sistema se está inclinando decididamente hacia la primera. Ciertamente, los lemas y discursos de los movimientos sociales siguen hablando de «cambiarlo todo»; pero más allá de las consignas, muchas de las prácticas reales no están apostando tanto por crear autonomía —instituciones propias capaces de garantizar la reproducción social colectiva—, como, en demasiadas ocasiones, por pedir nuevas leyes.

Esta tendencia a la demanda frente a la construcción de instituciones propias vendría además acompañada de una deriva punitiva en algunos espacios y discursos que se reclaman feministas, antirracistas o defensores del colectivo lgbti+. Cabe por tanto plantear la disyuntiva de este modo: ¿están la lucha contra el machismo y el combate contra el racismo siendo instrumentalizados por las instituciones del Estado con el fin de reforzar el sistema penal?

La segunda década del siglo xxi ha sido testigo de un proceso de extensión y naturalización de las demandas punitivas dentro de los movimientos sociales como forma de abordar las violencias generadas por la división sexual e internacional del trabajo, el heteropatriarcado, el sistema de fronteras y la devastación capitalista de la vida en general. Una parte de los espacios y voces que se autodefinen como feministas, lgtbi+ y antirracistas se ha convertido en agente activo del proceso de endurecimiento del sistema penal. Esta es la hipótesis que se pretende demostrar en este artículo, señalando, en primer lugar, algunas de las demandas legislativas que consideramos paradigmáticas en este sentido; proponiendo, después, algunos factores explicativos de esta tendencia; para finalmente plantear la necesidad de un viraje urgente y profundo desde el paradigma de la criminalización al del abolicionismo.

I. Tendencias punitivas en los movimientos sociales. Los feminismos, los antirracismos y el movimiento lgtbi+ a examen

La libertad y la autonomía no se consiguen con castigos y penalización, sino con un tipo de subjetividad que hay que desarrollar.

Tamar Pitch¹

¿Por qué decimos que desde los movimientos feminista, lgtbi+ y antirracista se está contribuyendo en muchos casos a impulsar el fortalecimiento del sistema penal —más policía, más código penal, más cárcel—? Para contestar a esta pregunta conviene analizar, por un lado, algunas leyes paradigmáticas —en concreto, la conocida como Ley del solo sí es sí y los llamados delitos de odio— y , por otro, ciertas prácticas de abordaje de las violencias y conflictos en los espacios de movimiento.

Punitivismo en las leyes demandadas desde los movimientos sociales

Respecto a las violencias sexuales ejercidas contra las mujeres es importante recordar que la Ley del solo sí es sí,² promovida desde el feminismo institucional como supuesta garantía del consentimiento en las interacciones sexuales, no fue contestada, en general, por los feminismos de base, autónomos o autoorganizados, pese a sus elementos punitivos. En Madrid, este silencio acrítico puede explicarse por las relaciones de lealtad afectiva entre activistas de algunos ámbitos feministas y representantes institucionales autoerigidas en abanderadas del feminismo progresista. De forma más general, la falta de reacciones críticas también puede entenderse desde el hartazgo generalizado respecto de las violencias sexuales y de una legitimación popular que aún opera como mandato social de silencio, esa suerte de lección interiorizada por las propias mujeres de que lo que viven como agresión no importa y de que conviene callarlo. Cabría hablar además de una percepción de impunidad, en el sentido de que los daños resultantes de las violencias sexuales no obtenían respuesta social suficiente y de que, en consecuencia, ni se iban a poner en marcha los medios necesarios para prevenirlas, ni se pensaban dirimir las responsabilidades esenciales para hacer justicia y tender a su eliminación. Sin embargo, como se explica en el artículo del colectivo feminista Cantoneras «La hegemonía de la clase media en el último ciclo feminista»,³ la respuesta legislativa en términos punitivos acarrea más problemas de los que resuelve.

Pese a la incorporación de algunos aspectos positivos (como la posibilidad de activar medidas de protección sin necesidad de denuncia previa), la Ley del solo sí es sí construye nuevos delitos como el acoso callejero, facilita medidas cautelares más duras, obstaculiza el acceso al tercer grado y prohíbe la mediación. El argumento más esgrimido en favor de esta Ley fue el de que ponía el consentimiento en el centro. Pero conviene aclarar que la libertad sexual ya estaba protegida por las leyes penales⁴ y, de cara a evitar procesos de revictimización, los cambios introducidos en el derecho penal por esta norma no pueden modificar una premisa fundamental del derecho en una democracia parlamentaria: la presunción de inocencia. Esto significa que la parte acusada (presunto culpable) es inocente mientras no se demuestre lo contrario y que la parte demandante (víctima afirmada) debe probar los hechos inculpatorios.⁵ Quizá habría que analizar buena parte del debate suscitado por la ley en los términos de la instrumentalización de una necesidad real —la de proteger a las mujeres frente a las agresiones sexuales así como la de acompañar a las presuntas víctimas en procedimientos judiciales que pueden resultar muy dolorosos—, en el sentido de usar la bandera del feminismo para ganar prestigio político pero sin resolver lo irresoluble —la presunción de inocencia de un derecho garantista—, ni acometer una apuesta feminista de mucho mayor calado —y más costosa en términos presupuestarios— contra las violencias de género: el combate de las causas estructurales del machismo.

Este tipo de legislación tiene además una sombra alargada. Al proyectarse sobre la sociedad como una ley fundamental, favorece una subjetividad colectiva que tiende a desvincular las violencias sexuales del resto de violencias. El problema de este tipo de asunciones, como nos han enseñado los feminismos negros y marxistas, es que no cabe analizar las violencias sexuales sin enmarcarlas en las condiciones materiales y simbólicas en las que operan. Para combatir buena parte de las violencias sexuales actuales, lo principal es, en efecto, luchar contra el sistema de fronteras y las condiciones de explotación y apropiación de un mercado laboral marcado por la división de género. Estas son las relaciones de poder estructurales que hacen que la violencia machista, también la sexual, sea mayor para aquellas mujeres que tratan de atravesar fronteras o intentan buscarse la vida sin papeles; para las trabajadoras domésticas internas, las peonas del campo con contratos en origen, las camareras de piso o las mujeres trans.

La Ley del solo sí es sí ha contribuido, por último, a la instauración de un sentido común castigador que da por hecho que el código penal garantiza más protección a las mujeres. Se trata de una idea peligrosamente falsa. Al poner todo el peso en las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias olvida que estas afectan de forma desproporcionada a los sectores sociales más empobrecidos. Así, entre los vigilados, juzgados y condenados, los hombres más pobres, extranjeros, musulmanes (o leídos como extranjeros o musulmanes) siempre van a estar sobrerrepresentados debido, entre otras razones, al sesgo de clase de jueces y juezas. Además, como recuerda la investigadora y activista abolicionista Gwenola Ricordeau,⁶ las mujeres de las clases populares tienen poco o nada que esperar del sistema penal, a la vez que se ven afectadas por el mismo de manera específica: en tanto victimizadas, por la falta de reparación; judicializadas, dado que las más castigadas son las mujeres empobrecidas y las trans; y en tanto allegadas y familiares de hombres presos (el 92,9 % de la población carcelaria en España son hombres),⁷ mientras soportan mayoritariamente el peso económico, afectivo y estigmatizante de la prisión.

En el campo de las violencias denunciadas desde los movimientos antirracistas y el movimiento lgtbi+, el paradigma del marco de abordaje punitivo se concreta particularmente en los delitos de odio. Los delitos de odio propiamente dichos vienen definidos en el artículo 510 del Código Penal. Además, según el artículo 22.4 del mismo Código, el odio es considerado una agravante de cualquier delito en caso de que este se haya cometido «por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta».

Desde la entrada en vigor de los delitos de odio, las asociaciones y ong dedicadas a defender los derechos de las personas extranjeras, migrantes, racializadas y/o lgtbi+ han tendido a centrar buena parte de sus discursos y acciones en el impulso de denuncias relativas a conductas racistas y homófobas. La red de activistas Poder Migrante, por ejemplo, a partir de los datos presentados por el Ministerio de Interior sobre el incremento en un 33 % de los delitos de odio en 2023 respecto del año anterior nos interpela en su web con una pregunta pertinente: «¿Qué puedes hacer tú para frenar el racismo?». Y a modo de respuesta nos propone cinco acciones para frenar estos delitos.⁸ Entre estas están «Denuncia cualquier delito de odio que presencies» y «Exige a tus representantes políticos que impulsen leyes más duras contra los delitos de odio». Partiendo de la misma preocupación por la extensión del racismo y de la xenofobia y, por lo tanto, por las agresiones, explotaciones, abusos y violencias asociados a ella, la ong sos Racismo interpela a través de la red social X⁹ a Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, exigiendo la aprobación de una ley antirracista. Esta demanda se refiere a la propuesta de Ley presentada el 15 de marzo de 2024 por el Grupo Parlamentario Mixto,¹⁰ que, más allá de su cuestionable necesidad legislativa —habiéndose aprobado en 2022 la Ley 15/2000 de 12 de julio, básicamente justificada como respuesta a la misma problemática social de desigualdad por motivos de raza y origen étnico—, incide en la tendencia a engrosar el número de conductas sancionables penalmente. Al igual que la conocida como Ley Mordaza,­¹¹ esta propuesta de ley antirracista establece una tipología de sanciones calificadas como leves, graves y muy graves, penadas con una amplia horquilla de multas económicas. En caso de aprobarse, la única medida que, a nuestro juicio, tendría cierta capacidad de cambiar materialmente las vidas de muchas personas atravesadas por el sistema de extranjería sería la «Regularización de extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021».¹² El resto de demandas caen en la constante contradicción de pedir protección a las mismas instituciones que generan buena parte de las situaciones de inseguridad. En este sentido, parece imposible terminar con las redadas policiales de perfil étnico, como proclama la propuesta legislativa, cuando la Ley de extranjería mantiene a miles de personas en situación de irregularidad administrativa. También cabe leer esta norma como un brindis al sol con el objetivo de terminar con la segregación racial en la escuela, cuando la libertad de elección de centros y las políticas lingüísticas en el ámbito educativo están dibujando una fuerte segregación del alumnado por clase social.¹³ Por último, tampoco parece factible acabar con una explotación laboral atravesada por el eje racial, cuando el sistema de extranjería, las fronteras y los contratos laborales en origen están precisamente diseñados para abaratar los costes del trabajo.

Otra llamativa contradicción en esta búsqueda de protección a través del Código Penal es que las «minorías» a las que se busca amparar mediante los delitos de odio son precisamente las que sufren con mayor dureza los hostigamientos policiales, las penas de privación de libertad y la violencia institucional en general. Pensemos en las personas migrantes pero también en aquellas que, aunque españolas, son vistas como extranjeras o construidas como racializadas por su color de piel, su etnia gitana, su origen árabe o su cultura musulmana; pensemos, asimismo, en personas precarizadas y empobrecidas como las trabajadoras sexuales y, por supuesto, en todas las insumisas al sistema sexo-género patriarcal: trans, maricas, lesbianas o disidentes de género: porque es precisamente sobre estas minorías sobre quienes se cierne de un modo más implacable el sistema de control y penal. De esta forma, cuando una ong antirracista tan relevante como sos Racismo critica en 2018¹⁴ una propuesta de la Fiscalía General del Estado de penas alternativas a la cárcel para unos tuiteros, esta acción política identifica dureza de la pena con mayor protección. Y aquí reside la contradicción, como se está tratando de demostrar, los colectivos a los que se quiere proteger son asimismo los más afectados en términos de mayor criminalización por cualquier endurecimiento del código penal.

«Denunciar es el primer paso para acabar con el odio», se lee en la web de un abogado.¹⁵ En relación con el incremento de las denuncias y de su gestión a través del sistema penal, el cgpj¹⁶ arroja los siguientes datos: «Uno de cada cinco delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021 (22 %) tuvo como objeto la orientación y la identidad sexual de las víctimas; los cometidos por su origen racial o étnico representaron el 18,8 %; la ideología, el 15,3 %; y la nacionalidad, el 10,2 %». Las penas asociadas a dichos delitos han sido, según la misma fuente, penas de cárcel en el 33,3 % de los casos. La duración media de estas condenas a prisión es de «un año, un mes y 4 días».

Los datos estadísticos suelen interpretarse como realidades en sí mismas. En este caso, cabría deducir, por ejemplo, que la homofobia genera más rechazo social que el racismo. Sería importante, sin embargo, tener en cuenta algunas premisas a la hora de contextualizar estas lecturas: en primer lugar, las condenas por un delito cualquiera son el final de una cadena de actuaciones del sistema penal precedidas por acciones policiales que se han fijado más en unas conductas que en otras; por unos juzgados que han tendido a condenar más unos comportamientos que otros. Por otro lado, la cantidad de denuncias emitidas depende igualmente de la capacidad de los colectivos concretos de articularlas, de su grado de organización, de la legitimidad social que hayan conseguido alcanzar sus demandas. Otra cuestión no baladí es la necesidad de enmarcar estas violencias en un país que se caracteriza por su baja tasa delictiva: el Estado español es uno de los países con una de las tasas de delitos más bajas de Europa (48,8), lo que equivale a decir que es una de las más bajas del mundo. Además, cuando tratamos de curar la enfermedad —relaciones de poder estructurales—, apuntando solo a su síntoma —violencias protagonizadas por individuos concretos—, las cifras de las condenas terminan blanqueando el funcionamiento real de las instituciones en su calidad de productoras y reproductoras de las injusticias socioeconómicas y culturales, las cuales pueden terminar expresándose en violencias ejercidas por determinados individuos contra sectores sociales previamente subalternizados. Por último, el alto porcentaje de penas de cárcel para las personas condenadas no nos parece realmente el mejor camino para prevenir y minimizar este tipo de agresiones.

Al igual que los principales espacios organizados en torno al antirracismo, buena parte de los colectivos en defensa de los derechos de las personas lgtbi+ (observatorios, plataformas, asociaciones) han apostado por los delitos de odio como dispositivo de protección frente a las violencias específicamente dirigidas a personas no heterosexuales o disidentes de género. El problema es real. Sigue habiendo injusticias socioeconómicas y culturales que dificultan de forma específica las vidas de quienes quedan fuera de la heteronorma y del mandato patriarcal de género. Y el objetivo es necesario: prevenir dichas injusticias, proteger a quienes las padecen, hacer responsables a quienes las llevan a cabo. De nuevo, como en el caso del racismo, si bien las buenas intenciones pueden explicar la empresa punitiva, la diferencia entre lo perseguido y las posibilidades de alcanzarlo con los mecanismos puestos en marcha no son capaces de justificarla. Por eso, las reflexiones que cabe hacer son parecidas. Así, cuando se insiste en que las denuncias que se presentan solo visibilizan una mínima parte de las violencias que ocurren, quizá habría que preguntarse las razones por las cuales las personas de la clases sociales menos favorecidas que se identifican como maricas, lesbianas o trans no terminan de acudir a una comisaría. Tampoco está de más empezar a imaginar nuevas formas de sanar a las personas queer por los daños infringidos. Probar, por ejemplo, con prácticas más centradas en acompañar sus malestares y en resolver las consecuencias de los perjuicios sufridos, y menos en la búsqueda del aislamiento en prisión de sus agresores. Si el objetivo es transformar tanto la lgtbifobia de una persona concreta como la lgtbifobia social, el desafío político no debería pasar —o no exclusivamente— por castigos penales, sino por emprender acciones políticas tendentes a socavar las relaciones de poder que siguen relegando a los márgenes a las personas insumisas a los mandatos patriarcales y, muy en especial, a las personas trans: conflictos laborales, reconocimiento de derechos laborales para las y los trabajadores sexuales, señalamientos de las violencias del sistema de salud o desobediencias ante las imposiciones de identificación sexogenéricas —desde la inscripción del sexo del recién nacido en el registro civil hasta la separación por sexos en los ámbitos educativos o deportivos—, podrían ser algunas posibilidades de actuación…

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1. Deborah Daich y Cecilia Varela (Coord.), Los feminismos ante la encrucijada del punitivismo, Buenos Aires, Biblos, 2021, p. 68. ↩︎
2. Esta es la forma en que popularmente se conoce la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. ↩︎
3. Colectivo Cantoneras, «La hegemonía de la clase media en el último ciclo feminista», en La restauración de la normalidad. Cuadernos de Estrategia, núm. 1, 12 de enero de 2024. ↩︎
4. Como se explica con mucha solvencia en el artículo de Yolanda Rueda, Amaya Olivas y vvaa, «Por un derecho penal sexual no punitivista», Diario.es, 28 de junio de 2019. ↩︎
5. Yolanda Rueda y José Manuel Ortega Lorente, «Los falsos dilemas de la ley del sólo sí es sí», disponible en internet en el blog de Salvador López Arnal. ↩︎
6. Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes. Femmes contre la prison, Chico (California), Lux Editeur, 2019 (próxima publicación en castellano en la editorial Katakrak). ↩︎
7. Datos del Consejo General del Poder Judicial (cgpj), a diciembre de 2023. ↩︎
8. Poder Migrante, «Los delitos de odio se disparan: 1.606 casos registrados en España en 2023, la mayoría por racismo y xenofobia», Poder Migrante, 5 de febrero de 2024. ↩︎
9. «Los delitos de odio siguen creciendo el 43 % del total de las denuncias son de racismo y xenofobia. Tengamos en cuenta además la infradenuncia que existe en casos de racismo. ¿Qué espera Sr. Presidente @sanchezcastejon para sacar la #LeyAntirracista?»: tuit publicado desde la cuenta de sos Racismo Madrid, en la Red social X, 4 de julio de 2024. ↩︎
10. Proposición de Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, 15 de marzo de 2024. ↩︎
11. Esta es la forma en que popularmente se conoce la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. ↩︎
12. Así se recoge en la Disposición transitoria única de la Proposición de Ley Orgánica contra el Racismo: «El gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021». ↩︎
13. Sobre los efectos de segregación de clase atravesados por el eje racial de las políticas lingüísticas, cabe leer, para el caso de los centros educativos de Navarra, el artículo de Armando Cuenca, «La educación pública navarra segrega», Hórdago, 29 de junio de 2022. ↩︎
14. «sos Racismo critica la propuesta de Fiscalía de penas alternativas a la cárcel para los tuiteros condenados por delito de odio», Nota de prensa, Federación sos Racismo, 11 de septiembre de 2018. ↩︎
15. «¿Qué es el delito de odio? ¿Qué penas conlleva?», en Antolino Advocats. ↩︎
16. «La orientación o identidad sexual de la víctima fue el motivo más frecuente de los delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021», Poder Judicial España, 13 de marzo de 2024. ↩︎

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Cada vez más alejadas de los centros de las ciudades, la realidad de las cárceles se mantiene invisibilizada. Cabría hablar de una banalización del encierro. Para tratar de salir de esta trampa queremos poner el foco, en primer lugar, en las poblaciones que hoy habitan las prisiones del estado español y en su función social, para apuntar, después, formas antipunitivas de abordar las violencias sociales.

¿A quiénes encierran las prisiones?

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a diciembre de 2023 había 56.698 reclusos en este país. ¿Y quiénes son las personas encerradas en las cárceles del Estado español? Mayoritariamente, hombres, extranjeros y pobres.

El 93 % de los reos son, efectivamente, hombres. Para entender esta desproporción de género cabe tener en cuenta, de entrada, que la asignación de las mujeres al ámbito reproductivo ha desplegado históricamente dispositivos específicos —culturales, psicológicos, religiosos, médicos…— para su control social. Además, las consecuencias del encierro no se circunscriben a quienes viven tras los barrotes. Así, entre las personas allegadas y familiares de los presos, las mujeres cargan de manera específica con el coste económico, social y afectivo de la prisión. Pero además, la socióloga Elisabet Almeda nos recuerda que España es uno de los países con más mujeres privadas de libertad de toda Europa: si la media europea se sitúa entre un 3 y un 4 % de mujeres respecto de la proporción al total de la población reclusa, la española prácticamente la dobla (el 7,1 % de presos son mujeres a diciembre de 2023).

En cualquier caso, para reflexionar sobre esta aplastante mayoría masculina habría que fijarse en la siguiente cifra: de las más de 56.000 personas encerradas en prisión a diciembre de 2023, el 16 % lo estaba por delitos relacionados con violencias sexuales. La dimensión de la cifra debería plantear un desafío a cualquier propuesta política emancipadora: el feminismo carcelario está ganando terreno y parece urgente reforzar un abolicionismo feminista que deje de asociar esta palabra prioritariamente a la guerra contra las trabajadoras sexuales para convertirse en sinónimo de lucha contra las prisiones, como sucede por ejemplo en EE.UU.

Las estadísticas de las prisiones nos indican también que el algo más del 31 % de la población reclusa en el 2023 eran personas extranjeras

Las estadísticas de las prisiones nos indican también que el algo más del 31 % de la población reclusa en el 2023 eran personas extranjeras, según el Consejo General del Poder Judicial. Su número casi triplica el porcentaje de extranjeros en relación a la población total (12,7 %, según datos del INE de 2023), aunque el tanto por ciento de nacidos fuera de España asciende al 17 %. En estos mismos datos, se recoge que 4.000 personas de etnia gitana viven encerradas en las prisiones españolas, catalanas y vascas. Sin embargo, en España, según el Informe Foessa, viven en torno a 725.000 personas gitanas. Esto es, un escaso 1,52 % de la población es de esta etnia cuando entre la población reclusa su proporción asciende al 7 %. Por último, de acuerdo a un informe del defensor del pueblo, “cuatro de cada diez mujeres en prisión son de etnia gitana”, un tanto por ciento extremadamente elevado.

Para entender esta desproporcionada presencia de extranjeros y de población gitana entre las personas encarceladas, el dato crucial es que más del 43 % de los reos lo son por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico —contra la propiedad privada— y contra la salud pública —elaboración o comercialización ilegal de drogas estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su mayor parte—. En efecto, como explica Mark Neocleous en Maderos, Chusma y orden social, la construcción del delito está estrechamente vinculada a la historia del capitalismo. Desde las «leyes terroristas» —término marxista— que entre los siglos XVI y XVIII criminalizaron toda posibilidad de sobrevivir al margen del régimen salarial, hasta la contrarrevolución neoliberal que aspiraba, en palabras de Margaret Thatcher, a «cambiar el corazón y el alma» de las personas para subordinarlos, diríamos nosotros, a la salvaguarda de la propiedad privada. Y ya en plena crisis del propio neoliberalismo, en el año 2015 en el Estado español, asistimos a una reforma penal profunda que aumentó el castigo tanto de la pobreza como de la protesta. Esta fue la reforma que introdujo la prisión permanente revisable y otorgó una autonomía insólita al poder policial —mediante la popularmente conocida como ley mordaza— o identificó como actos terroristas conductas delictivas menores o incluso lícitas —como la posesión de determinados textos o la lectura de determinadas páginas web—, lo que Günther Jakobs llamó derecho penal del enemigo.

¿De qué nos sirven las prisiones?

Si los crímenes son, como acabamos de ver, una construcción histórica ligada a las necesidades de un sistema económico concreto —el capitalismo— ¿cuál es la función social específica de las prisiones dentro de una idea de justicia esencialmente punitiva? En su obra Geografía de la abolición, Ruth Wilson Gilmore explica cómo el discurso de ley y orden de finales de la década de 1960 se conjuga y declina, a partir de 1980, en un sistema industrial carcelario. La idea básica es que frente a la crisis de beneficio capitalista, el sistema económico se habría decantado definitivamente por el capital en detrimento del trabajo. ¿Resultado? Esto es el neoliberalismo, amigos: un Estado que abandona las antiguas funciones redistributivas del pacto fordista para reorientar sus instituciones de inversión pública hacia una gestión más represiva de las rampantes poblaciones excluidas.

¿Y cómo se traduciría esto en el estado español? Salvando las distancias –según estimaciones de Gilmore, el 50 % de la mano de obra en Estados Unidos estaría hoy sujeta a algún tipo de condena penal, algo lejos del caso español–, podríamos decir que el régimen del 78 desplazó en términos policiales la centralidad del orden público —eje de las políticas represivas durante la dictadura franquista— en favor de la seguridad ciudadana. Ello a partir de la nueva ley de policía del PSOE de 1986. La transición debía recorrer el largo camino desde un régimen político que castigaba y encerraba toda postura discordante con el orden ideológico impuesto, a uno destinado a velar por la denominada “seguridad ciudadana”. Este concepto encierra, en buena medida, las profundas limitaciones que desde un punto de vista democratizador —lo que debería ser la distribución real de los recursos materiales y de la capacidad de decisión entre la población— caracterizan la transición española. ¿A qué nos referimos con “seguridad”? ¿Estamos hablando de la protección de contar con el acceso cotidiano a los bienes que hacen nuestras vidas posibles: casa, comida, salud, educación, libertad de movimiento, ingresos decentes? ¿A quiénes incluye hoy el concepto de “ciudadanía”?

El régimen del 78 llegó para seguir confrontando la inseguridad que inevitablemente generan la defensa de la propiedad privada y la economía capitalista

El régimen del 78 llegó para seguir confrontando la inseguridad que inevitablemente generan la defensa de la propiedad privada y la economía capitalista. Una economía que, frustrada por la imposible recuperación de las tasas de beneficio de su edad de oro, comenzaba a renunciar —en los países llamados centrales— a la producción de bienes, para centrarse, fundamentalmente, en la creación exclusiva de dinero. Resultado: un capitalismo financiero con cada vez menos posibilidades de distribución igualitaria y cada vez más necesidades de exclusión. ¿Y cómo administrar sociedades en las que la porción de población excedente no deja de crecer? En la provincia española, al igual que en el resto del mundo, se destinan cada vez más recursos —simbólicos y económicos— al fortalecimiento del sistema penal: más código penal, más policía y más cárceles, en vez de más democracia, poder popular y condiciones materiales y simbólicas para una reproducción social posible y democrática.

Un paradigma de justicia, más allá del castigo y más acá de la justicia social

Si la composición social de las prisiones es un reflejo tanto de la desigualdad social que resulta del sistema económico, como de tendencias punitivas que están presentes incluso en movimientos, que, en un principio, se entienden como defensores de derechos, como el propio feminismo, el camino a seguir desde posiciones políticas de emancipación social debería ser cuanto menos, su decrecimiento y, como horizonte, su desaparición.

En este sentido, en el estado español hay mucho por hacer. Es cierto que la tasa de ocupación de las prisiones españolas se sitúa entre las más bajas de Europa. No obstante, este es el único dato positivo del que puede presumir el gobierno español, pues todas las demás estadísticas dibujan un sobredimensionamiento de la respuesta carcelaria. Así, según del informe SPACE de 2023, en España hoy hay 119 presos por cada 100 mil habitantes, eso es, una cifra tres puntos superior a la media europea. Y su población reclusa pasa además más tiempo en prisión, en concreto 22,7 meses de media, frente a los 12,4 de la media europea. En los centros de la Administración General del Estado, la horquilla más frecuente de condenas es de entre cinco y diez años, sin embargo, en Europa va de los doce meses a los tres años, según datos del Ministerio de Interior. Por último, en España solo el 17 % de los internos cumple su condena en semilibertad, mientras que en muchos países europeos el régimen abierto se aplica a más de la mitad de los reclusos.

La impugnación que suele hacerse a los planteamientos antipunitivos y abolicionistas de la prisión es la de qué haríamos sin la cárcel para protegernos y curarnos de las violencias inevitablemente generadas por la vida social y las relaciones de poder que esta pone en juego. Además, tras un daño sufrido, las personas solemos necesitar reparación y las sociedades, restauración de los vínculos dañados. Por último, la ausencia de castigo se tiende a identificar con impunidad e indiferencia social frente a un agravio que, cuando es de calado —asesinato de algún allegado, por ejemplo—, acarrea consecuencias económicas, psicológicas y sociales difíciles de encarar.

Las respuestas a tales demandas no son sencillas y pasan por el desafío político, subjetivo, económico y social de transformar nuestro paradigma de justicia

Las respuestas a tales demandas no son sencillas y pasan por el desafío político, subjetivo, económico y social de transformar nuestro paradigma de justicia. Una apuesta que exige, en primer lugar, reconocer que la justicia entendida como castigo penal, no sirve en la práctica para los fines disuasorios, retributivos y rehabilitadores que justifican su existencia. Las cárceles no están habitadas por seres irreversiblemente malvados, sino en general, por personas especialmente perseguidas y convertidas en criminales reincidentes por unas leyes penales que satisfacen principalmente intereses de clase. Estas personas cargan de forma individual con un castigo inseparable de sus causas sociales.

Si la sociedad como tal no se responsabiliza de manera colectiva de lo ocurrido y convierte, de manera tramposa, los conflictos en delitos, la reincidencia siempre será la única salida. ¿Por qué una persona X roba, viola, asesina? ¿Cómo podría hacerse realmente cargo del daño infligido? ¿Qué responsabilidades habría de asumir la sociedad respecto a una violencia acontecida y por su incapacidad de haberla evitado? ¿Cómo cabría superar el par víctima/culpable –ese binomio individualizante, mistificador y, sobre todo, inútil–, en términos de sanación y prevención? ¿De verdad alguien piensa que la reparación particular y colectiva de un daño se obtiene vía venganza? ¿Es el castigo pensado como aislamiento un dispositivo útil en términos de transformación emancipadora, tanto para el reo como para la sociedad en su conjunto?

¿De verdad alguien piensa que la reparación particular y colectiva de un daño se obtiene vía venganza?

Estas no son preguntas nuevas, sino que provienen de una tradición abolicionista de las cárceles que se originó hace mucho, como la criminología crítica abolicionista de las décadas de 1960 y 1970 en el norte de Europa, y que ha bebido y sigue alimentándose copiosamente de los feminismos negros abolicionistas y de los movimientos antirracistas en Estados Unidos –desde Critical Resistance hasta Black Lives Matter–. Una tradición que ha inspirado y producido dispositivos de justicia anticarcelaria tanto a la interna de los propios sistemas judiciales estatales (experiencias de mediación, conferencias y círculos, por ejemplo), como fuera de estos marcos institucionales (experiencias de justicia comunitaria en América Latina, en centros sociales de ciudades europeas y, en general, entre poblaciones para las que el recurso a la policía y a los tribunales no es una opción). Una tradición viva que urge conocer, declinar en prácticas situadas y desarrollar allá donde los conflictos forman parte de las relaciones sociales, es decir, en todas partes, desde los rincones más íntimos de nuestras convivencias domésticas hasta las calles, los espacios educativos, los movimientos sociales y las fronteras internas de nuestros barrios y ciudades.

Las cárceles no son reformables, pero sí son sustituibles por otras formas de prevenir las violencias, de acompañarnos en los daños sufridos y de abordar los conflictos sociales e interpersonales que no nos expropien de nuestra capacidad de autogobierno de los mismos.

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¿En qué medida creéis que la última ola de movilización feminista ha servido para dar impulso a una mayor autoorganización del trabajo sexual y para que la lucha de las trabajadoras sexuales sea entendida como una lucha feminista?

Sánchez. La inclusión de las trabajadoras sexuales siempre ha sido un campo de batalla. Hay quienes nos consideran aliadas del patriarcado porque cobrando por sexo damos a los hombres un acceso que muchas les han prohibido. Pero se equivocan. Las trabajadoras sexuales somos feministas precisamente porque estamos cobrando por algo que ellos dan por hecho que todas las mujeres de una manera u otra les debemos.

Quienes formamos este gremio, también luchamos por nuestras identidades, porque muchas trabajadoras sexuales son negras, trans, etc..

Nosotras hemos ido reclamando nuestro sitio y ganando terreno en el movimiento de los feminismos. Trabajadora sexual no es una identidad, sino un curro que haces. Un curro como ser cajera del Mercadona: no vas a ser cajera del Mercadona toda la vida. Pero en este trabajo también se cruzan diferentes identidades y así es cómo se entremezcla todo. Para mí la identidad es algo que forma parte intrínseca de ti. No puedes dejar de ser de piel oscura —o solamente si eres Michael Jackson—; no puedes dejar de ser gay por más que te torturen con terapias de reconversión. Pero lo nuestro es una acción sindical o una cuestión más gremial, si lo queremos poner en términos medievales. Nosotras somos un gremio. Y quienes formamos este gremio, también luchamos por nuestras identidades, porque muchas trabajadoras sexuales son negras, trans, etc.. En este sentido, y desde el margen, estamos generando buenas alianzas que resisten al paso del tiempo.

Irene. OTRAS se funda en 2018 y le costó mucho ser incluido dentro de los movimientos feministas. De hecho, en este primer año dos organizaciones feministas denunciaron al sindicato en la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de sus estatutos y la disolución de la organización. Un artículo de sus estatutos dice que OTRAS representa a las trabajadoras sexuales independientes pero también a las que trabajan para terceros. Las organizaciones denunciantes entendían que esto último era proxenetismo. Nosotras pensamos, por el contrario, que las que trabajan para terceros son precisamente quienes más necesitan un sindicato. La demanda se elevó hasta el Tribunal Supremo, que se pronunció en 2021 diciendo que las trabajadoras del sexo tenemos derecho a sindicarnos y validó los estatutos.

Esta sentencia dio paso a un ensañamiento tanto contra trabajadoras sexuales organizadas como contra algunas compañeras feministas. que no son trabajadoras del sexo. Está habiendo una suerte de reacción de un feminismo muy fundamentalista, principalmente institucional, esencialista de género y transfóbico. Todo ello sumado al abolicionismo del trabajo sexual. Pero siempre hay márgenes donde podemos habitar, principalmente dentro de los feminismos populares, de los movimientos LGBT, en aquellos espacios menos institucionalizados. Y este es un trabajo que hemos tenido que hacer para formar parte de algunos movimientos porque el trabajo sexual ni siquiera suele ser mencionado —o muy vagamente— en los manifiestos del 8M.

Falcón. Aquí habría que señalar, en primer lugar, que no todas las corrientes feministas han salido fortalecidas de esta ola: lo que más se ha fortalecido ha sido el feminismo institucional que ha conseguido acaparar más cuotas de poder. Nosotras lo que hemos experimentado es una mayor violencia. La prostitución siempre ha sido un tema utilizado con muchos tintes populistas como arma electoral y como arma arrojadiza. Y durante estos últimos años parece haberse convertido en el tema fetiche del feminismo institucional, sobre todo por parte del PSOE. Aunque ahora incluso el Partido Popular se quiere subir al carro del «nosotras también somos feministas, pero de las que defendemos de verdad a las mujeres».

Por otro lado, el impulso de los feminismos y una mayor conciencia feminista han repercutido en la potenciación de todos los discursos. Las trabajadoras sexuales también hemos ganado visibilidad. Se han fortalecido además los vínculos con el feminismo más crítico, con el feminismo antirracista, antipunitivista y proderechos, que al final son las alianzas con las que trabajamos.

Más allá del feminismo institucional, también hay feminismos de base que se han peleado por la ley trans y contra la ley de extranjería pero siguen obstinados en no querer abordar la cuestión desde una perspectiva laboral. La prostitución está, sin embargo, completamente atravesada por la transfobia —es la única fuente de ingresos que encuentran muchas personas trans— y por supuesto por la frontera —si no dispones de papeles, ¿cuántas otras formas de buscarte la vida se te abren?—. Entonces, ¿cuál es el cortocircuito que mantiene separadas estas cuestiones?

Quien aboga por la liberación trans y, a la vez, por la abolición del trabajo sexual es que no ha conectado la línea de puntos

Sánchez. En mi opinión, estos feminismos no han conectado la línea de puntos. Las problemáticas de la comunidad trans desde luego no se han resuelto. Y si mañana abolieras el trabajo sexual pues seguiríamos puteando pero en peores condiciones, porque lo necesitamos, es un asunto económico. Ahora tenemos una ley de autodeterminación pero no es la panacea: a la gente le sigue costando un montón obtener su documentación. Y sigue habiendo transfobia. La oposición con la que la socialdemocracia ha obstaculizado el camino hacia la autodeterminación de género también ha contribuido a alimentar la transfobia en la derecha y en la extrema derecha: todos ellos han mantenido los mismos discursos. En realidad las cuestiones económicas no se han arreglado. Estamos en una crisis de sostén de la vida: no alcanza con los trabajos, no hay acceso ni a una vivienda. En la ley no se plantearon cuotas laborales para las personas trans, por ejemplo. Y aquí hay una responsabilidad social ya que, en general, no se quieren compartir espacios de trabajo formales con personas trans. Así que a falta de haber peleado por la abolición del trabajo, en estos momentos lo que nos queda es pelear por una reducción de sus daños. Porque todo trabajo causa perjuicios físicos y emocionales.

Falcón. Cuando se defienden los derechos de las personas trans es ilógico y contradictorio perseguir la criminalización de las trabajadoras sexuales. Nosotras siempre recalcamos que para el colectivo LGTBIQ+, el trabajo sexual ha sido una estrategia de supervivencia y esto es parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué pasa con los discursos que intentan desligar una cosa de la otra? La contradicción en la que entran procede, a mi juicio, de no querer asociar el colectivo LGTBIQ+ con los discursos estigmatizantes que denigran el trabajo sexual. Es un ejercicio tramposo porque la realidad de las personas LGTBIQ+ y el trabajo sexual están conectados materialmente. No es un vínculo negativo, sino una realidad. Si no eres consciente de que la mayoría de las personas que realizan trabajos sexuales son, además, migrantes, personas LGTBIQ+ y mujeres, no puedes hacer un abordaje correcto del trabajo sexual. Es como si se buscara una suerte de purificación de los colectivos a los que se quiere proteger, desligándolos de una parte indisoluble de su realidad.

Irene. La prostitución es un tema complejo de abordar y siempre parece estar esperándose una especie de consenso feliz que nunca llega. Por el contrario, las discusiones sobre prostitución suelen relegarse a debates constreñidos a dos posturas antagónicas, que no abren la posibilidad de aportar nada nuevo. Habitualmente estos debates se organizan, además, desde los marcos ideológicos del movimiento abolicionista: esto es, las preguntas y las cuestiones que se plantean no tienen nada que ver, en general, con los intereses de las trabajadoras del sexo, sino que, por el contrario, tienden a centrarse en cuestiones muy teóricas en torno al consentimiento, al deseo o a la voluntad de las mujeres. Y rara vez tienen que ver con problemáticas que atraviesan realmente a las trabajadoras sexuales como son las leyes de extranjería, los desahucios, la transfobia o la violencia policial.

Y después está el estigma que nos atraviesa a nosotras pero también, de alguna manera, a las personas que se pronuncian abiertamente a favor de nuestros derechos. Por ejemplo, después de su intervención en las jornadas a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales, las redes sociales se llenaron de comentarios contra Silvia Federici tachándola de putera, de proxeneta, etc.

¿Qué sigue sosteniendo ese estigma de manera tan fuerte y cómo pensáis que cabría demolerlo?

Irene. A los colectivos estigmatizados —personas con VIH, trans y LGBT en general— se nos ha dicho muchas veces que para luchar contra el estigma teníamos que ser visibles. Pero la visibilidad no deja de ser una trampa porque en un mundo donde no se te garantizan unos derechos civiles básicos ni una protección, pedirnos visibilidad es un poco como ponernos una diana en la espalda. A mi juicio lo que necesitamos son espacios para producir nuestros propios relatos y discursos y partir de nuestra propia agenda.

Y para desestigmatizar, la gente necesita conocer a una trabajadora sexual. A menudo compartimos espacios donde no se sabe que somos trabajadoras sexuales y cuando salimos del armario mucha gente se queda un poco impresionada porque el simple hecho de humanizarte les cambia su percepción inicial, que estaba llena de prejuicios.

Ningún movimiento social transformador debería buscar un mundo de víctimas

Nosotras también entendemos que la prostitución forma parte de una estructura patriarcal. El estigma puta nos atraviesa a todas y el señalamiento hacia las trabajadoras del sexo en realidad es una forma de domesticar porque señala lo que no les está permitido al resto las mujeres. Entonces, por un lado los feminismos que queremos construir no deberían estar mediados por la reputación sexual de las mujeres. Por otro lado, cuando las trabajadoras sexuales hablamos a menudo se espera que seamos las víctimas perfectas. El derecho a hablar parece depender de que encajemos en el imaginario de la prostituta fácilmente engañable e ignorante; de la puta que está sola, es migrante y ha sufrido mucha violencia sexual. Sin embargo, desde los movimientos feministas hemos reivindicado mucho que no existen víctimas perfectas, por ejemplo, en lo relativo a las violencias de género y sexuales. En mi opinión ningún movimiento social transformador debería buscar un mundo de víctimas.

No podemos pretender que el estigma se borre de un día para otro cuando aún existen leyes que nos criminalizan y señalan como sujetos peligrosos o criminales

Sánchez. Lo que sostiene el estigma es el machismo. Como dije al principio, puta no es una identidad. Pero al final a todas nos terminan llamando putas algún día: porque traemos la falda corta, porque dijimos que no, por todas las razones que ya sabemos. El estigma significa que lo peor que una puede ser es puta. Como para un hombre, todavía hoy, lo peor que puede ser es maricón. De lo contrario estas palabras no serían insultos. El estigma frena mucho y, además, opera. Porque ¿cuántas veces no ha ocurrido que a alguien con una página de OnlyFans —páginas a las que los menores no pueden acceder pues necesitan una tarjeta de crédito para ello—, esto es, una persona que ni siquiera hace servicio en directo, una profesora, una maestra o algo así, se le termina echando del trabajo? Esto significa que el hecho de que te llamen puta no solo afecta a tu humor, sino también a tus ingresos o a tu vida en sentido fuerte, como cuando por ejemplo te quitan la custodia de tus hijos.

Falcón. El estigma es algo que va de la mano de la narrativa. No podemos romper el estigma sin derribar, primero, la barrera legal. Esto nos ha pasado también al colectivo LGTBIQ+: para poder acabar con el estigma de ser gays, lesbianas, bisexuales o trans primero tuvieron que tumbar las leyes de peligrosidad social y su criminalización. Una vez derribada esa barrera, la sociedad recibe el mensaje de que ya no somos peligrosos. Una vez descriminalizados, ya podemos empezar a romper la narrativa hegemónica. Pero el cambio tiene que ir de la mano. No podemos pretender que el estigma se borre de un día para otro cuando aún existen leyes que nos criminalizan y señalan como sujetos peligrosos o criminales.

Se trata de que dejen de señalarnos. Y esta es la experiencia neozelandesa. Allí las trabajadoras sexuales refirieron que una vez dejó de haber ordenanzas municipales y leyes que criminalizaban su trabajo, la comunicación con la sociedad empezó a ser más fluida. La policía ya no las perseguía. Es entonces cuando la sociedad puede admitirte como a una igual en vez de verte como alguien a quien hay que denunciar. Obviamente el cambio en la ley va a venir de la fuerza de lo colectivo, de la fuerza de la organización.

Desde el colectivo Cantoneras hemos escrito sobre la contradicción de que la última ola de movilizaciones feministas haya generado una suerte de sentido común punitivista. Las violencias de género se han centrado en las sexuales de forma desproporcionada y la respuesta a estas ha sido un reforzamiento del sistema penal. No sé si compartís esta visión y, en tal caso, cómo pensáis que cabría superar dicha deriva.

Irene. No sé cómo podemos combatirla pero sí creo que existe una fantasía de que la justicia y el derecho penal van a ser garantes y protectores de los colectivos más vulnerabilizados por el sistema. Esto es una cosa absolutamente incomprensible en un mundo donde una de las mayores violencias que sufren las personas, especialmente las personas racializadas, es la violencia policial. De hecho España es el segundo país europeo que más denuncias tiene por racismo por parte de la policía. Esta alianza entre el derecho penal, el punitivismo y los feminismos es muy peligrosa. En este sentido, los movimientos de trabajadoras sexuales tenemos que insistir mucho, por ejemplo, en la despenalización del cliente. Porque muchas personas nos dicen esto de que apoyan a las trabajadoras sexuales pero no a los clientes, porque ellos son siempre unos violadores. Lo que nos están diciendo es, por lo tanto, que las trabajadoras sexuales estamos siendo violadas y que se ha de acabar con la prostitución para terminar con la violencia sexual. De alguna forma nos hacen responsables a las trabajadoras del sexo de la violencia sexual existente, a la vez que nos niegan unos derechos humanos básicos. La prostitución es, desde su punto de vista, la máxima expresión del patriarcado y del poder de los hombres. Finalmente todo queda como muy fuera de la realidad: se trata de ideas alejadísimas de las personas, que no tienen nada que ver con quienes somos y con lo que queremos, y que en último término acaban beneficiando a las personas más protegidas por el sistema.

 Lo que se está haciendo es perseguir y criminalizar la pobreza

Falcón. Lo que tenemos que entender es que el derecho penal es un derecho para personas con dinero. Los pobres no tenemos nada que hacer con la justicia en general. El sistema de justicia es sumamente clasista y violento con la pobreza, principalmente porque no se tienen recursos para poder enfrentar acusaciones, ni siquiera para defenderse. El punitivismo viene de una ola neoliberal a partir de la cual la resolución de conflictos o problemas que son de origen social se intentan arreglar a través del derecho penal cuando no hay ninguna prueba de que a mayor grado de intervención del derecho penal se tengan mejores resultados en el sentido de disminuir las violencias. Al contrario, lo único que se hace es promover la criminalización, la persecución y el encarcelamiento de personas que, como decía antes, son, en su inmensa mayoría, pobres. Lo que se está haciendo es perseguir y criminalizar la pobreza.

Nosotras no decimos que no tenga que haber un castigo o un reproche penal o jurídico a sucesos que son reprochables como puede ser una violación, un asesinato, un robo. Obviamente que sí. Pero no son unas penas largas en prisión las que van a evitar que estos hechos sucedan, sino una transformación social. Y los cambios sociales no se hacen a golpe de código penal, sino de reconocimiento de derechos, de mejora de las condiciones sociales, de cambios educativos. Solo a través de esos cambios podremos llegar a una verdadera transformación de la sociedad. Y si nosotras queremos hacer un cambio verdaderamente feminista, no podemos echar mano de una institución que ha sido históricamente cisheteropatriarcal y racista. Obviamente hay que buscar que esos sucesos disminuyan y que las personas dañadas estén atendidas en la medida que lo necesiten. Porque muchas veces también decimos ah, bueno, ¿que al agresor le cayeron 20 años de prisión? Queda solucionado el tema. Pero no nos estamos ocupando de cómo está la persona que ha sido víctima de ese delito y no nos estamos dando cuenta de las consecuencias colaterales que está teniendo esta normativa.

¿Y cuál debería ser para vosotras el contenido de una alianza proderechos, qué vínculos debería generar, qué agenda?

Falcón. En relación al vínculo se trata de refozar el tejido asociativo, las redes y la cooperación. Debemos entender que las luchas no las vamos a hacer solas. Los colectivos de trabajadoras sexuales no podemos alcanzar el objetivo de la despenalización y del reconocimiento de derechos si no contamos con alianzas en diferentes campos, tanto en el ámbito académico como en otros. Si defendemos unas causas colectivas, el ejercicio y el camino para llegar a ellas han de ser también colectivos. Esto es lo que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Que no seamos solo nosotras las que pongamos el cuerpo, que tengamos respaldo y apoyo desde atrás. Solas no podemos llegar a ningún lado, no tenemos la capacidad de hacerlo. El poder está ocupado por un discurso concreto, por una ideología específica que no es la que defiende los derechos del colectivo. Entonces necesitamos que esas formas de poder cambien, que las alianzas a partir de cuestiones comunes que nos afectan a todas nos permitan pensar y caminar hacia una sociedad en la que no haya fronteras, racismo, LGTBIQfobia y tantas otras vulneraciones de derechos y discriminaciones.

Sánchez. Una alianza proderechos debería ceder espacio a las trabajadoras sexuales para que nos podamos expresar. No disponemos de canales de expresión. Ahora nos parece que sí porque ya somos protagonistas y tomamos la palabra. Cuando las compañeras de Hetaira empezaron su trabajo, las trabajadoras sexuales no estaban organizadas ni politizadas. Y ellas entendieron que las trabajadoras sexuales necesitaban recursos, derechos y soluciones. Muchas de nosotras aprendimos a través de su trabajo. Pero ahora ya podemos caminar solas. El problema es que no contamos con recursos financieros porque si eres proderechos, si no te declaras totalmente prohibicionista del trabajo sexual, el Estado no te da un duro. Cuando la otra parte, la contraparte, tiene millones. Y con millones puedes comprar muchos medios, mucho espacio en prensa, mucho de todo. Entonces, ahora que estamos suficientemente politizadas, lo que esperamos de aquella compañera que está comprometida y que tenga esta posibilidad es que nos ponga bajo el mismo techo, en la misma habitación con gente que pueda, sobre todo, financiar el movimiento.

Y en términos de demandas ¿qué debería priorizar una alianza proderechos?

Sánchez. La descriminalización es el punto de partida. Podemos hablar de derechos laborales, de condiciones de trabajo, etc., pero si se sigue diciendo que nuestro trabajo no es trabajo, no podemos arrancar. Yo siempre hago el símil con las carreras de coches de Fórmula 1: tú para llegar a la Fórmula 1 lo primero que necesitas es contratar a x personas, construir un coche, disponer de un dinero, o sea, acceder a toda una serie de recursos. Entonces las trabajadoras sexuales estamos construyendo este coche de los derechos para nuestro trabajo y necesitamos financiación, alianzas, gente con conocimientos para poder poner el coche en la parrilla de salida. Luego puedes chocar, se te puede romper el coche en la primera vuelta, pero esta es la lucha: una lucha puramente laboral, la misma lucha de todas las trabajadoras del mundo.

Podemos hablar de derechos laborales, de condiciones de trabajo, etc., pero si se sigue diciendo que nuestro trabajo no es trabajo, no podemos arrancar

Falcón. Ahora estamos en el buen camino. A través de la producción de informes, de artículos, de conocimiento se trata de romper el discurso académico hegemónico que no habla de trabajo sexual como tal sino de trata, de víctimas o de infecciones de transmisión sexual. El objetivo es cambiar el marco de abordaje del trabajo sexual: hablar de reconocimiento de derechos, de empoderamiento, de agencia de las trabajadoras como sujeto activo y no pasivo de la investigación. Se trata de que nuestras voces sean tenidas en cuenta. Y de obtener también el compromiso de los medios de comunicación para que cuando se quiera hablar sobre el tema se hable con nosotras en vez de hacerlo a través de entidades o de representantes políticas. Que seamos nosotras quienes podamos contar cuál es nuestra realidad y cómo nos afectan las cosas. Y compromiso. Al final lo que pedimos también es mucho compromiso. El papel de los sindicatos es asimismo muy deficiente. No hablo de los sindicatos mayoritarios, no me refiero ni a CCOO ni a UGT, obviamente, sino a sindicatos de clase obrera, a sindicatos populares que tampoco tienen una posición cerrada y férrea en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales.

Aparte de eso, necesitamos apoyo en las movilizaciones, en la calle. Tenemos una barrera muy fuerte con el tema del estigma. Necesitamos apoyo en las movilizaciones públicas porque esa exposición, la preocupación de que puedas salir en la tele, de que te reconozcan, es un tema muy complicado para muchas y nos hace falta salir arropadas por las alianzas. Muchas compañeras, además, por más que quieran salir a manifestarse, participar en jornadas y politizarse lo tienen muy complicado por sus situaciones precarias. Al final es un círculo vicioso en el que cuanto más precarizada estás, menos puedes organizarte. Pero si no te organizas, tampoco vas a salir de la precariedad. Compartimos todas esas barreras con el resto de la clase obrera.

Irene. En el tema de las demandas, un poco lo que se viene reivindicando desde los feminismos populares en las últimas décadas: básicamente el reconocimiento del trabajo doméstico como un empleo sujeto a derechos; el abordaje de una ley de extranjería que permita a las personas migrar de forma segura. El derecho a migrar me parece una cuestión fundamental dentro de los feminismos. Y por supuesto un abordaje integral contra la pobreza y, en este sentido, la reivindicación de la renta básica universal.

También un cambio de paradigma en el ámbito de los cuidados, pensarlos desde una óptica anticapitalista hacia un objetivo de socialización de los mismos. La lucha por la tierra, por el agua y por la vida, la lucha por el medioambiente que las compañeras feministas de Latinoamérica tienen tan presente y que parece que aquí se nos olvida, aunque también estemos sufriendo sus consecuencias.

¿En qué medida pensáis que las luchas del trabajo sexual son importantes para los feminismos en general?

Sánchez. Siempre he pensado que la ampliación de los derechos de un colectivo que ha estado históricamente marginalizado, castigado y criminalizado en muchos aspectos solo puede redundar en la ampliación de los derechos de todas las demás personas.

Irene. Desde los movimientos de trabajadoras sexuales siempre estamos hablando de que el sujeto político puta tiene un potencial transformador en las relaciones sociales porque nos da la posibilidad de que el respeto no esté sujeto a una reputación sexual, a convertirnos en víctimas ejemplares o a salvaguardar nuestra vida en esto que entendemos como dignidad. Es importante salir de lógicas simplistas sobre la sexualidad humana en general. El abordaje de las violencias sexuales es importante pero no lo podemos hacer diferenciando entre formas de sexualidad aceptables e inaceptables.

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