Estos discursos no quedan solo en declaraciones políticas. Han ido acompañados de una andanada por parte de medios de comunicación e influencers ultras que amplifican sistemáticamente casos de agresiones cuando pueden atribuirlas a hombres racializados –más allá de que sea cierto o no–. Presentan estas violencias como fenómenos omnipresentes y crean una percepción de peligro inminente para las niñas o adolescentes. De manera que generan alarmas sociales que refuerzan la sensación de inseguridad que los ultras aprovechan para pedir más policía y más penas. En nuestros barrios y pueblos vemos cómo elementos de las extremas derechas –y gente alarmada por estos pánicos morales– empiezan a movilizarse para llevar a la calle estos marcos racistas en forma de concentraciones, manifestaciones o incluso de persecuciones y ataques contra centros de menores o contra los lugares donde viven migrantes.

La situación es sumamente preocupante, porque la escalada parece ir a más después de un verano caliente, e impone nuevos retos al feminismo. Tras años de construir con tenacidad una conciencia colectiva frente a la violencia machista, no podemos permitir que se convierta en instrumento de control migratorio ni que sirva para justificar nuevas formas de criminalización y refuerzo del nacionalismo racista.

Dar la batalla discursiva

A veces tenemos miedo de hablar abiertamente de estas cuestiones para no reforzar su narrativa. Sin embargo, no podemos esquivar el tema porque la conversación ya está instalada. Ya se habla de eso en los medios, en las redes y en los bares. Si no decimos nada, solo existen sus discursos, que además adquieren una cualidad casi fantasmática –parece que el tema incomoda al feminismo o que no tenemos nada que decir–. Este vacío les sirve en bandeja el argumento: el feminismo calla cuando los agresores no son españoles. De manera que, como ya está haciendo el antirracismo, debemos confrontar directamente estas ideas en nuestros manifiestos, pero también en charlas o formaciones y en cualquier espacio público. Así como en el interior de nuestras organizaciones, para poder reaccionar cuando suceda cerca, si no queremos acabar compartiendo las concentraciones contra la violencia machista con aquellos que portan carteles de “Remigración”. Cuanto más trabajo de barrio hagamos conectando con otros espacios organizados, cuantas más alianzas construyamos con colectivos antirracistas y vecinales, más fácil será confrontar sus ataques cuando sucedan.

Hay que confrontar la instrumentalización del feminismo contra los hombres magrebíes o musulmanes

Esto incluye repensar qué significa un enfoque antirracista en la lucha feminista. No basta con señalar la mayor victimización o desprotección de las mujeres migrantes; hay que confrontar también la instrumentalización del feminismo contra los hombres magrebíes o musulmanes. Porque cuando se les identifica con el fundamentalismo, el machismo irredento y la violencia, el reverso es afirmar una imagen de las mujeres de esos orígenes como víctimas sin posibilidad de agencia, necesitadas de “salvadores” (el debate sobre el velo va por aquí).

Defender a los migrantes es defendernos a todas

Más allá de posicionamientos éticos, hay razones estratégicas para rechazar esta instrumentalización, ya que socava las bases mismas del análisis feminista que necesitamos para encarar esta cuestión. Al desplazar las causas de la violencia machista del terreno estructural al cultural, borra las relaciones de poder, los trabajos precarios que impiden denunciar, la falta de vivienda o la pobreza que atrapa en relaciones violentas, los modelos de masculinidad o su relación con las adicciones o la salud mental.

La alternativa que ofrecen: atribuir el problema a “otras culturas” resuelve mágicamente el machismo de la “nuestra”, que formaría parte de una “civilización superior”. Se ofrecen entonces soluciones simples –expulsar al extranjero– que clausuran cualquier búsqueda de respuestas estructurales. Si aquí no hay machismo, ¿para qué necesitamos políticas de igualdad? Este es el marco de Vox.

También va contra un feminismo de transformación, porque esta criminalización generalizada justifica el refuerzo penal y el aumento del control policial sobre toda la población y sobre el espacio público. Legitima agendas de ley y orden, es decir, que se destinen más presupuestos a las fuerzas de seguridad, dinero que podría ir a servicios sociales, ayudas públicas, vivienda, atención a violencias o mejoras en las condiciones de vida en general. Todas estas son respuestas materiales que permiten a las mujeres escapar, aunque sea parcialmente, de las relaciones de dominación. Es decir, la criminalización retrae recursos de lo que serían formas mucho más efectivas de reducir la violencia social –y por tanto, la violencia machista– que cualquier solución policial.

Por último, tampoco deberíamos olvidar que esta criminalización selectiva de las poblaciones racializadas opera como mecanismo de segmentación del mercado laboral que produce categorías diferenciadas de trabajadores: con y sin derechos –o con derechos limitados– todos compitiendo bajo condiciones cada vez más degradadas. Como advierte Saïd Bouamama, “en un sistema basado en la maximización del beneficio, lo que se impone a la mano de obra inmigrante tiende a convertirse en norma para todos los trabajadores”. Esta dinámica se observa con claridad en sectores como el trabajo doméstico, los cuidados o la agricultura, donde la amenaza permanente de deportación disciplina no solo a las trabajadoras migrantes sino al conjunto de la mano de obra: si ellas pueden ser expulsadas por denunciar abusos laborales, ¿qué condiciones podrán exigir las demás?

La criminalización racista cumple también una función ideológica: evitar la conciencia de una comunidad de intereses entre trabajadores y trabajadoras de distintos orígenes, donde el género también se utiliza para reforzar esta separación y dificultar las luchas conjuntas. Por tanto, desmontar el marco racista no es solo una cuestión de justicia sino también de supervivencia colectiva. Si aceptamos la criminalización selectiva de unos, todas las trabajadoras de los sectores sometidos a mayor explotación quedarán más expuestas a la precarización generalizada, mientras las mujeres de clase media intercambian libertad por una falsa sensación de seguridad.

Respuestas feministas

Cuando los ultras organizan ataques en nuestros barrios y pueblos instrumentalizando marcos feministas, tenemos que actuar. La respuesta feminista ante la instrumentalización xenófoba de la violencia machista puede superar la falsa disyuntiva en la que la ultraderecha nos quiere atrapar: entre condenar la violencia machista o defender a las poblaciones migrantes.

Un ejemplo viene de Colonia (Alemania), donde en la nochevieja de 2015, se produjeron varias agresiones sexuales que fueron atribuidas de manera difusa a migrantes árabes o magrebíes en pleno debate migratorio. La extrema derecha aprovechó la situación para lanzar un ataque furibundo contra la política de acogida de refugiados. Un grupo de mujeres intervino en el debate lanzando el manifiesto #ausnahmslos (#SinExcusas) que firmaron más de 10.000 personas. “Contra la violencia sexual y el racismo. Siempre. En cualquier lugar”. Este adoptó una estrategia que rechazaba la vinculación al marco racista, al tiempo que se exigían recursos para las víctimas –para todas, no solo para las mujeres blancas–. Esta intervención permitió crear un espacio discursivo alternativo al de la extrema derecha.

En España podemos encontrar ejemplos de respuestas feministas que rechazan la instrumentalización racista

En España también podemos encontrar ejemplos de respuestas feministas que rechazan esta instrumentalización racista, como este manifiesto del 8M de 2019 titulado: “Este 8M las mujeres migradas denunciamos la violencia de género y la violencia racista institucional” y firmado por varios colectivos antirracistas y de mujeres. Ese mismo año, las activistas de AAMAS de Manresa –que acompañan casos de violencia machista desde una perspectiva antipunitiva– denunciaron que una violación colectiva se utilizaba para criminalizar al conjunto de jóvenes migrantes sin hogar. Después de ofrecer su apoyo y solidaridad a la víctima, señalaron en un comunicado que fue leído en la concentración de apoyo: “No permitiremos (…) que se use el feminismo, o los derechos de las mujeres para dar cobertura a discursos racistas o que estigmaticen ciertos grupos sociales que ya sufren de forma habitual, estructural y profunda todo el peso de este sistema racista. (…) No queremos que nuestra protección se utilice para generar más violencias contra otros”.

Además, criticaron el tratamiento mediático amarillista que genera una sensación de miedo e inseguridad en las mujeres y que va contra nuestra propia liberación. “Nos resistiremos a todo intento, mediático e institucional, de crear un ambiente de terror sexual que intente inocular en las mujeres, jóvenes y niñas un miedo a que nos relegue y expulse del espacio público y que a la vez justifique un endurecimiento penal y una mayor –e innecesaria– presencia policial en las calles, que, lejos de protegernos, genera toda una serie de abusos y violencias hacia nuestras vecinas y vecinos que forman parte de poblaciones vulnerabilizadas”, decían. Al tiempo que reclamaban entender las causas de la violencia como estructurales y fruto de un sistema que entremezcla desigualdades de género, económicas, y raciales y una serie de medidas políticas concretas.

El verano pasado, este marco estuvo fuertemente activo y sirvió para legitimar distintos ataques racistas en varios lugares. En Alcalá de Henares (Madrid) se produjo una agresión sexual que Vox atribuyó sin pruebas a jóvenes migrantes de un centro cercano cuyo cierre exigía. Varios grupos feministas, antirracistas y partidos se unieron para convocar una concentración contra la agresión y en defensa de los menores y en su comunicado señalaron que “quien nunca ha mostrado la más mínima preocupación por las víctimas de violencia machista no tiene ninguna legitimidad para ahora utilizar este caso con un objetivo político: sembrar una campaña de odio para criminalizar a miles de nuestros vecinos del centro de acogida”.

En otro caso significativo, ese mismo verano en Gran Canaria se convocó una concentración ultra contra un centro de acogida de inmigrantes después de que uno de ellos fuese acusado de prenderle fuego a una joven (La realidad fue que intentaba salvarla, pero tuvo que pasar dos meses en prisión preventiva hasta que la joven pudo declarar a su favor). La protesta de extrema derecha implicaba un paso más porque pretendía hacerse pasar por una convocatoria feminista. Los convocantes de la movilización xenófoba modificaron su imagen, y perfiles que habitualmente difunden contenidos antiinmigrantes adoptaron el color morado y lemas feministas. La Red Feminista de Gran Canaria denunció esta apropiación en un comunicado contrario a la convocatoria en el que se señalaba que “no se puede proteger a las mujeres fomentando el odio hacia otras personas vulnerables”.

Lo que todos estos casos evidencian es que sí es posible articular respuestas que destruyan el marco ultraderechista. En cualquier caso, y más allá de las necesarias respuestas puntuales, nuestro reto es trabajar a largo plazo desde un feminismo que solo puede ser antirracista si no quiere ser vehículo de exclusión. Porque las consecuencias políticas de la conversión de los migrantes en clases peligrosas van contra nuestra propia liberación, que solo es posible en una sociedad radicalmente igualitaria para todos y todas. Porque la violencia machista no constituye un fenómeno aislado sino una expresión más de las lógicas de dominación que organizan nuestras sociedades, y se ven reforzadas por la lógica del beneficio a toda costa y el sufrimiento social que deja allá donde se instala. Desmantelar estas estructuras exige rechazar estos relatos que ofrecen protección a determinadas mujeres –blancas, de clase media– a cambio de aceptar la exclusión de determinadas categorías de personas, mientras convierten la igualdad de género en coartada para políticas de expulsión, cierre de fronteras y explotación laboral.

Publicado originalmente en Ctxt.es.

La entrada Cómo hacemos frente al marco de los migrantes como violadores se publicó primero en Zona de estrategia.

Zona de Estrategia presenta su revista papel esta vez centrada en analizar críticamente la expansión de un nuevo sentido común punitivo, que utiliza el miedo como herramienta para la gestión de un momento político asaltado por varias crisis. Esta lógica que hace uso del populismo punitivo¹ no es neutra, sino funcional a mecanismos disciplinarios que impactan sobre todo en los sectores más explotados y precarizados de la sociedad, con especial relevancia en la gestión securitaria y la criminalizadora de las migraciones. Podéis leer más sobre esta perspectiva en la introducción.

Aunque el número va mucho más allá del feminismo, estos últimos años, en este movimiento se han sostenido intensos debates acerca de la pertinencia y las consecuencias de impulsar leyes penales en respuesta a las violencias machistas, así como sobre las constantes apelaciones al Estado como garante de nuestra «protección”. También se ha discutido —cada vez de forma más abierta, y aunque no ha sido fácil— sobre las mejores formas de enfrentar estas violencias en nuestros espacios y prácticas políticas. Creemos que hoy en los movimientos feministas de base el antipunitivismo está ganando terreno como marco filosófico y político. Todo ello, y aunque los caminos que estamos tomando no son ni fáciles ni siempre completamente claros, está promoviendo la proliferación de experiencias prácticas en la construcción de alternativas desde perspectivas transformadoras que eviten reforzar lógicas punitivas y securitarias. Ya hay espacios como AAMAS (Manresa), Genera (Barcelona), el Modulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio (Bilbao), la PAH Vallekas, o Centros Sociales como La comisión de género de La Cinètika (Barcelona), entre otras muchas experiencias, las que están escogiendo estos caminos para aproximarse a lógicas que rompen con las lógicas del castigo o que introducen visiones más comunitarias y colectivas de enfrentar las violencias. (Si eres una de estas experiencias no dudes en escribirnos info@zonaestrategia.net/)

Hoy en los movimientos feministas de base el antipunitivismo está ganando terreno como marco filosófico y político

Algunas de las cuestiones abordadas en este cuaderno incluyen preguntas como: ¿Qué función cumplen las leyes en un horizonte antipunitivista? ¿Existe el riesgo de que desde algunos feminismos se esté reforzando una visión esencialista de las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias subjetivas, sociales y políticas de esta división binaria? ¿Qué formas de acción política pueden emerger desde la posición de víctima y cuáles son sus límites para nuestra emancipación? ¿Cómo se está incorporando y practicando el antipunitivismo en nuestros espacios de militancia cotidiana?

Sobre el papel de las leyes y su eficacia para transformar la sociedad

En los debates públicos se perciben diferencias estratégicas fundamentales entre quienes consideran que las relaciones sociales sexistas pueden transformarse a través de las leyes y políticas públicas —el feminismo institucional o más cercano a la institución—, y quienes desconfían del Estado por considerar que este marco legislativo se aplica con los mismos sesgos patriarcales y de dominación que pretende combatir, reproduciendo desigualdades y generando efectos colaterales negativos. Esta segunda corriente —el feminismo autónomo— pone el énfasis en la autoorganización y movilización social, y alerta sobre los riesgos de cooptación estatal y de la despolitización de las luchas feministas. Desde esta perspectiva se apuesta por la autonomía de los movimientos y la construcción de alternativas transformadoras desde abajo, cuestionando la eficacia real del derecho penal como herramienta de cambio social.

Es cierto que el recurso al sistema penal puede ser funcional a algunas mujeres y que determinados elementos de las leyes contra la violencia de género pueden ser herramientas útiles de forma puntual, sobre todo cuando brindan recursos concretos a aquellas que necesitan salir de situaciones de violencia urgentes, más que cuando hacen hincapié en las medidas penales. (Recordamos también que por ejemplo, en el caso de las denuncias por agresión sexual, solo dos de cada diez llegan a juicio –el resto son archivadas– y solo una acaba en condena. Asumiendo que esta fuese una vía adecuada de reparación, sería entonces una realmente muy insuficiente.) Sin embargo, creemos que el ámbito penal no debería ser una prioridad de los movimientos de base, sino la generación de alternativas, el impulso de lógicas diferentes en el marco de la transformación social y no del refuerzo de lo existente.

Se trata de que las herramientas estatales que se pongan en marcha bajo el marco de la “protección de las mujeres” no acaben impulsando refuerzos penales ni cuestionen los derechos de los penados

En cualquier caso, se trata de que las herramientas estatales que se pongan en marcha bajo el marco de la “protección de las mujeres” no acaben impulsando refuerzos penales ni cuestionen los derechos de los penados. Pero sobre todo que no generan otras violencias bajo este marco. Por ejemplo cuando se instrumentaliza la violencia sexual para atacar a los migrantes, o cuando se impulsan políticas que criminalizan a las trabajadoras sexuales. Sin ir más lejos, desde hace años, las campañas contra la trata sirven como política antiimigración antes que para liberar a las mujeres de aquellos que las explotan y provocan que muchas de esas víctimas acaban encerradas en CIES o deportadas.

Demandar nuevas tipificaciones penales puede convertirse en un boomerang peligroso

Un ejemplo paradigmático de las tensiones entre la legislación punitiva impulsada por los movimientos y sus resultados paradójicos lo desarrolla Nora Rodríguez en un artículo de este Cuadernos a través de su análisis sobre la aplicación práctica de los delitos de odio. Su investigación demuestra que una legislación inicialmente concebida para proteger a grupos vulnerables está siendo instrumentalizada por actores como la policía, grupos neonazis e incluso el Estado de Israel, quienes se autodefinen como «víctimas de odio» frente a activistas, antifascistas y movimientos propalestinos. Paradójicamente, los colectivos para los cuales se diseñó originalmente la ley —migrantes, personas trans, activistas— no siempre la pueden utilizar, precisamente porque desconfían de ser escuchados y tratados justamente por las instituciones policiales y judiciales. Este análisis evidencia que demandar nuevas tipificaciones penales no solo extiende el sentido común punitivo en la sociedad, sino que puede convertirse en un boomerang peligroso que termine siendo usado en contra de nuestras propias luchas.

Sobre las representaciones esencialistas de “hombres” y “mujeres”?

«Los hombres son violadores o agresores en potencia» y «las mujeres son objeto —pasivo— de estas violencias” es algo que tratamos en un artículo anterior. Estas posiciones binarias y esencialistas que dibuja un cierto feminismo cultural nos sirven para reflexionar sobre los efectos subjetivos y sociales de nuestras luchas, ya que tienden a naturalizar y despolitizar las relaciones de poder. Muchos feminismos construyen una identidad política «mujeres» anclada como una posición de opresión fundamentalmente a partir de este eje de la violencia (otras dentro de la división sexual del trabajo): “todas somos una clase”. Sin embargo, cuando no se reconoce que esa opresión se articula de manera diferenciada según clase, raza, nacionalidad y otros ejes de dominación, se corre el riesgo de pacificar los conflictos de clase y ocultar cómo la racialización estructura la división internacional del trabajo, y por ende, la explotación. Esta mirada homogeneizadora invisibiliza que las mujeres de clase media, blancas o del Norte global no experimentan la misma vulnerabilidad que las mujeres trabajadoras, migrantes o racializadas o incluso que los hombres migrantes racializados pobres o sin papeles.

Sin embargo, desde ciertas posiciones feministas se han defendido expresiones como «todos los hombres son potenciales violadores», que, además de reafirmar esencialismos sexistas, generan lo que podríamos denominar una «alarma sexual» comparable a los pánicos sexuales analizados por Judith Walkowitz². Este «todos son», articulado junto a la denuncia de una «cultura de la violación» omnipresente y ubicua, construye un estado de alerta permanente que, si bien moviliza la rabia y la acción política —buscando que «el miedo cambie de bando”—, también construye los mimbres que dan lugar a un pánico moral.

La narrativa del peligro constante («todas las mujeres estamos en peligro permanente) no solo simplifica la complejidad de las violencias sino que tiene efectos problemáticos

Esta narrativa del peligro constante («todas las mujeres estamos en peligro permanente porque todos los hombres son violadores en potencia») no solo simplifica la complejidad de las violencias machistas, sino que tiene efectos opuestos a lo que proponen los feminismos de base. Por un lado, puede alimentar demandas punitivas que justifiquen el endurecimiento penal y el aumento de la vigilancia estatal. Por otro, invisibiliza cómo este pánico sexual afecta de manera desigual: mientras que para algunas mujeres puede traducirse en mayor protección policial, para otras —especialmente mujeres racializadas, trabajadoras sexuales o en situación migratoria irregular— puede significar mayor criminalización y vulnerabilidad frente al propio aparato punitivo que supuestamente las «protege».

De hecho, que buena parte de las narrativas feministas mainstream ponen el acento en el uso casi exclusivo del Estado como herramienta para luchar contra las violencias no es solo indicativo de falta de imaginación política, o de que una parte de ese feminismo mainstream integra de una manera u otra la estructura de ese mismo Estado. También es un claro indicio de qué segmento de clase hay detrás de las demandas de soluciones penales: aquel que tiene una experiencia del Estado como protector antes que opresor. Muchas otras, saben que la policía no está para protegerlas, sino para desahuciarlas, quitarles la custodia de sus hijas, meterlas presas o en Cies, acosarlas o multarlas.

No todos los hombres ocupan la misma posición de poder como sucede con los hombres racializados, de clase trabajadora o migrantes.

Bajo esta perspectiva no esencialista, habría que hablar también de que no todos los hombres ocupan la misma posición de poder como sucede con los hombres racializados, de clase trabajadora o migrantes. Las respuestas punitivas pueden reforzar otras formas de opresión sistémica, particularmente el racismo y el clasismo del sistema penal, que históricamente ha criminalizado de manera desproporcionada a los sectores más vulnerabilizados de la población masculina —y femenina—.

Así, nuestra compañera Nuria Alabao analiza uno de los efectos sociales de este pánico moral en torno a las agresiones sexuales en «Hombres jóvenes de piel oscura. Seguridad, femonacionalismo y refuerzo securitario«: su instrumentalización por la extrema derecha para fomentar el sentido común punitivo y atacar a musulmanes, refugiados y racializados en nombre de la defensa de mujeres y disidencias (femonacionalismo y homonacionalismo). Este fenómeno no es casual, históricamente, la protección de la «mujer blanca» ha servido para justificar violencias coloniales y racistas, desde los linchamientos en el sur de Estados Unidos hasta las actuales políticas antiinmigratorias europeas. La construcción del «otro» racializado como agresor sexual permite simultáneamente invisibilizar la violencia machista en los sectores dominantes y criminalizar a las poblaciones ya vulnerabilizadas.

Aunque la extrema derecha distorsiona cualquier discurso según sus intereses, el debate es nuestro: hasta qué punto ha calado el discurso esencializador hombres/mujeres en las propias redes activistas, hasta qué punto la idea de que «todas las mujeres» vivimos en extrema violencia hoy en España, hasta qué punto se ha tematizado la violencia sexual desarticulada de las demás violencias en nuestras militancias, y cómo combatir la racialización del sexismo con estos mimbres. Esta reflexión resulta urgente cuando observamos cómo ciertos discursos feministas, al presentar la violencia sexual como un problema fundamentalmente cultural o de «mentalidad», pueden alimentar inadvertidamente narrativas que sitúan a determinadas comunidades como intrínsecamente más peligrosas. La despolitización de la violencia machista —presentándola como problema individual o cultural más que estructural— facilita su apropiación por discursos xenófobos que prometen «soluciones» punitivas dirigidas contra los «otros».

Albert Sales también trabaja a partir de la criminalización de los migrantes desde una perspectiva más general en «¿A quién culpar? El populismo punitivo y el ‘problema de la inmigración'», aunque centrado en el desarrollo del populismo punitivo, incide en tres cuestiones que resuenan con nuestros debates: los peligros del alarmismo securitario, de las políticas de «tolerancia cero» y de la policialización de todo conflicto social.

Sobre la potencia política de la posición de víctima

Las personas que han sufrido agresiones tampoco parten del mismo lugar: algunas prefieren «supervivientes» porque «víctima» alude a alguien sin agencia necesitada de protección ajena; otras creen que «víctima» puede ser un lugar de enunciación, denuncia y potencia. Lo cierto es que el debate se ha proyectado más allá: el par violencia/víctima se ha extendido a todas las opresiones sociales y, aún más, a situaciones cotidianas en contextos de militancia y amistades. ¿Sirve este marco de “víctima o «maltratada», u homogeniza situaciones cualitativamente distintas que necesitarían acciones distintas? ¿En qué imaginario social emerge esta autoidentificación política?

Son muchas las tendencias contemporáneas que alimentan una política basada en el yo, en agravios e identidades: la hiperindividualización, la patologización de situaciones sociales, las corrientes de autoayuda, la distorsión de conceptos feministas como los cuidados —ahora autocuidados—, «lo personal es político» —ahora «lo político es lo personal»— o la excesiva atención a las emociones. Así como el concepto de violencia tiene una capacidad expansiva, parece más grave y digno de mayor atención ser víctima del sexismo que estar oprimidas por él.

Los relatos subjetivos y políticos mainstream sobre cómo sobrevivir a las agresiones sexuales tienen efectos negativos en las personas agredidas

En este debate, la aportación de Laura Macaya, «El goce de castigar. Política afectiva, víctimas funcionales y Estado moral«, habla sobre las mujeres que han sufrido o sufren violencia sexual y se pregunta por la utilidad de los marcos establecidos para atravesar esa experiencia. El carácter expansivo de la violencia a todos los campos sociales, el pánico sexual, la transformación de la experiencia de haber “sufrido una agresión» en una identidad, la de «víctima», la preeminencia dada a su palabra en denuncias y procesos… Macaya incide en que los relatos subjetivos y políticos mainstream sobre cómo sobrevivir a las agresiones sexuales tienen efectos negativos en las personas agredidas, colocándolas en una tensión difícil: enfatizar la importancia o la inevitabilidad del trauma en las agresiones sexuales va contra la recuperación de estas mujeres.

Sobre si existe un sentido común punitivo en nuestros espacios políticos

Por último, nuestra compañera Marisa Pérez Colina se pregunta si existe un sentido común punitivo en los espacios de movimiento. El debate no está en si estos colectivos son «espacios seguros”, está claro que queda mucho por hacer, sino en qué queremos hacer con los casos que sí se denuncian. Muchas veces estas mediaciones y acompañamientos se parecen demasiado al sistema punitivo en el que hemos sido socializados. También analiza cómo los movimientos han asumido estos años también lógicas punitivas como demandas de creación de nuevos delitos —de nuevo el delito de odio sería un ejemplo, pero también el acoso callejero, etc.— y rastrea sus causas en la genealogía neoliberal: cómo la política ha pasado a ser entendida como agravio.

Por último, el cuaderno cierra con una genealogía de las propuestas alternativas para enfrentar las violencias. El artículo de Sergio García explica propuestas como aquellas vinculadas a la justicia restaurativa y transformativa, con ejemplos como las rondas campesinas en Perú o la Guardia Indígena en Colombia. También se explican las lógicas alternativas de movimientos como Black Lives Matter y la campaña «Defund the Police» en EEUU, que apuesta por la necesidad de desinvertir en policía para fortalecer respuestas comunitarias basadas en la mediación, la reparación y la prevención.

Son muchos los debates que tenemos pendientes y que vamos a seguir trabajando, pero esperamos que los artículos reunidos en este Cuaderno nos permitan avanzar en la discusión y puesta en práctica del antipunitivismo en los feminismos y todas las luchas sociales. Porque como nos han enseñado los abolicionismos, para acabar con la violencia interpersonal tenemos que acabar con el mundo violento en el que se genera.

Acompáñanos el Martes 24 a las 19h en el Ateneo la Maliciosa de Madrid (Peñuelas, 12) para la presentación del número y para discutir con nosotras!

1. Este concepto que describe la tendencia de los políticos a promover políticas penales más severas y punitivas como respuesta a las demandas públicas de mayor seguridad, frecuentemente basándose en la percepción social del delito más que en evidencias sobre su efectividad. Esta dinámica se caracteriza por el uso electoral de propuestas de «mano dura» que apelan a los sentimientos de inseguridad ciudadana, y que priorizan la satisfacción de la demanda pública de castigo por encima de consideraciones técnicas o de política criminal basada en evidencia. ↩︎
2. Walkowitz, Judith R. La ciudad de las pasiones terribles: narraciones sobre el peligro sexual en el Londres victoriano. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995. ↩︎

La entrada Contra el sentido común punitivo se publicó primero en Zona de estrategia.

La instrumentalización de las luchas feministas contra las violencias por parte de los partidos para sus guerras internas está generando una fuerte distorsión de nuestras demandas. Al tiempo, reproduce lógicas punitivas que, aunque cada vez más cuestionadas por sus efectos nocivos, se encuentran bastante extendidas también en los espacios del activismo de base, igual que en la sociedad en su conjunto. Estos meses, encontramos una insistencia periodística inusitada en si se expulsó a tal o cual candidato, no solo de los espacios de decisión de los partidos, sino de la militancia o incluso de “un chat”. Es cierto que el objetivo es castigar a los que hicieron bandera de la lucha contra la violencia machista siempre que afectase a otros o que sirviese para pedir votos, pero que trataron de tapar los casos cuando les afectó directamente. Sin embargo, lo central es que en los discursos mediáticos se confunden las demandas feministas y se desvía el foco de lo importante: expulsar a las personas de los espacios reproduce la lógica del castigo, no reparara el daño causado, no transforma a las personas que agreden ni a la sociedad, no hace más fuertes a nuestras comunidades o espacios políticos, o incluso los debilita, y en realidad ni siquiera tiene por qué reducir la violencia. Se les aparta, pero los problemas estructurales que han permitido que el acoso y la agresión se produjesen continúan siendo los mismos que antes.

Las preguntas que deberíamos hacer más bien deberían ser si se pusieron los mecanismos necesarios para iniciar un proceso con ciertas garantías –también para la persona que ha ejercido la violencia– que trate de asegurar alguna reparación para la persona que la ha sufrido y, sobre todo, que evite de alguna manera que el hecho vuelva a repetirse. No en ese espacio, sino en ninguna otra parte. Hay otros elementos que deberían tenerse en cuenta, como por ejemplo lo que se ha hecho anteriormente en la prevención de las violencias; el trabajo político previo es más importante incluso que tener un protocolo adecuado. A veces se pone más peso en el diseño de un procedimiento burocrático que en la transformación efectiva de las organizaciones y de las personas que las componen. La idea es que, si hace falta aplicar los protocolos, ya haya habido debates y formación sobre la cuestión que generen una cierta cultura política afín. Y esto es especialmente importante si se quiere superar la pura lógica del castigo, inscrita firmemente en nuestra forma de encarar los conflictos. Por supuesto, sin verdadera democracia interna en las organizaciones es probable que estos protocolos sirvan para poco más que cuestiones propagandísticas –“estamos luchando contra las violencias”–, o incluso para evitar problemas reputacionales o demandas legales, como sucede por ejemplo en muchas universidades.

Cuando la cancelación o la expulsión se convierten en las únicas respuestas disponibles, aparecen problemas estructurales que evidencian que estas no solo son ineficaces para frenar la violencia, sino que además reproducen dinámicas de castigo y exclusión que no generan ninguna transformación real. Por ejemplo, la expulsión puede llevar a la cancelación de algunas personas que tienen relevancia pública, pero en el caso de personas sin esta fama simplemente pueden irse a otro lugar y repetir sus conductas. La expulsión no garantiza que la violencia cese, sino que muchas veces simplemente la desplaza.

La expulsión no garantiza que la violencia cese, sino que muchas veces simplemente la desplaza

Las propuestas del feminismo antipunitivo, de la justicia transformativa o restaurativa que se están llevando a cabo en muchos lugares del mundo, también en el Estado español, aportan importantes aprendizajes de otras lógicas que pueden tener mayor capacidad de reparar el daño, de transformar a las personas que ejercen violencia, a las comunidades o al tejido social del cual forman parte y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto para que estos hechos no se reproduzcan. Esto no quiere decir que impliquen procesos más fáciles o cómodos para las personas que ejercen violencia; puede exigirse también una elevada rendición de cuentas.

Pero tampoco somos ingenuas: evidentemente, estos procesos restaurativos no siempre pueden darse en todos los espacios, o no con garantías. Cualquier gestión que tenga que ver con la violencia tiene que enfrentarse a la lógica del silencio, del poder, de la “vergüenza” o la culpabilización de las víctimas que el feminismo ha combatido históricamente. Pero también entendemos que la propia lógica del castigo, derivada del derecho penal occidental, forma parte de esta misma estructura de desigualdad de poder contra la que luchamos y que refuerza la dominación de las mujeres. Entonces, quizás no siempre se podrán aplicar estas propuestas que exigen procesos donde la persona que ha ejercido la violencia pueda entender el daño que ha causado, trabajar en reparar de alguna manera a la persona y a la comunidad –o incluso a la institución– de la que forma parte, de manera que no se siga reproduciendo la estructura de impunidad contra la que luchamos. Además, por otra parte, no siempre habrá una comunidad a la que referirse, aunque es raro que una persona no forme parte de algún tipo de espacio social más o menos cohesionado. Hará falta, pues, pensar otras soluciones para otros contextos.

Sin embargo, es momento de dar paso a otras lógicas. Porque el antipunitivismo es eso, una lógica política; no es un dogma, ni un recetario, ni una bandera abstracta que se enarbola para sentir que estamos del lado del bien. Tampoco es algo para recriminar a la gente que decide denunciar en el sistema penal porque lo necesita. Se trata de ampliar posibilidades. Es una ética colectiva, pero también unas prácticas que se están experimentando ya en muchos lugares. Tiene esta doble dimensión: implica un rechazo a la idea de que el Estado va a proteger a las mujeres y al aumento del aparato penal y el poder policial, y también a  esas mismas lógicas de castigo que se están infiltrando en nuestros espacios.

Repensar la gestión de las violencias

Vamos a hablar aquí de espacios de base, de los movimientos sociales, porque es la experiencia más cercana que tenemos, y porque estos aprendizajes nos sirven para pensar otras comunidades, aunque evidentemente no todos tienen las mismas características ni están sujetos a las mismas dinámicas. Sin embargo, las lógicas del castigo y la expulsión están muy afianzadas e impregnan la mayoría de nuestras comunidades educativas, asociativas, de amigos, familiares, etc., porque a veces el enfado que nos producen estos hechos de violencia y la impunidad con la que se suelen resolver no nos permiten introducir otras propuestas que serían más adecuadas para frenarla y suturar las heridas que provocan.

Lo cierto es que hoy en muchísimos de estos espacios de militancia, centros sociales, colectivos políticos, etc., se está repensando la forma en la que gestionamos las violencias –sean o no de carácter sexual–. Porque por el camino, muchas de las gestiones estaban produciendo quiebres de estas comunidades políticas: organizaciones que se parten, bandos y exigencias de pertenecer a uno u a otro, comunicados y contracomunicados públicos, colectivos enfrentados entre sí, expulsiones y vetos sin límite temporal, personas que, cansadas, dejan la militancia. Es decir, estaba provocando la destrucción de los propios espacios y la interrupción de su trabajo político. Las que dicen que “ahora no toca” hablar de esto quizás no militan, o han tenido la suerte de no tener que enfrentarse a un proceso parecido en sus colectivos, porque es difícil negar esta realidad y la necesidad de repensar algunas de nuestras prácticas. Quizás el camino no es completamente claro, pero sabemos ya que hay cosas que no nos están funcionando.

El hecho de que estos procesos se multipliquen por todas partes no deja de ser una victoria

Tampoco hay que olvidar que el hecho de que estos procesos se multipliquen por todas partes no deja de ser una victoria. Porque hace años, la respuesta más probable era –sobre todo en el caso de que la persona acusada tuviese poder– el vacío o la inacción; o en ocasiones naturalizábamos lo que nos sucedía, convivíamos con la violencia, porque así era el mundo –con sus jerarquías de raza, género o clase–. Ahora se responde, sin duda un logro del feminismo y las luchas de las disidencias sexuales o antirracistas, pero muchas veces se hace mediante un marco que está dañando a nuestras comunidades y a nosotras mismas. Es necesario seguir pensando, en este ensayo y error es donde vamos a ir encontrando caminos.

Es cierto que son situaciones complejísimas, que desgastan, que exigen tiempo y compromiso, que son dolorosas. Sabemos que es difícil salir de un proceso así pensando que se ha hecho bien, casi nunca se termina con la sensación de victoria. Es una militancia dura y algo triste, que exige mucho de las personas que se están dedicando a ello. A veces, pensamos, quizás sería más fácil el atajo: expulsar a la persona que ha ejercido la violencia. A menudo parece que el castigo –y su dureza– tienen una función “expresiva”, que muestra que lo sucedido “realmente nos importa” y pensamos –erróneamente– que eso nos va a permitir detener esas violencias. Pero ese abordaje, aunque destinado a castigar a la persona que ha ejercido la violencia, produce numerosos daños asociados, dolor y sufrimiento que afectan a otras personas del entorno. El castigo tiene así esta capacidad expansiva. Si necesitamos otras lógicas más allá del castigo es porque este sigue reproduciendo el daño, e incluso sigue reproduciendo cierta violencia, en vez de interrumpirla. Militar a veces es agotador o difícil, y tenemos que poder hacerlo con algo de fuerza y alegría, debemos y podemos tratar de no hacernos daño unas a otras.

Esencializar posiciones de víctima/agresor

Una de las dificultades con las que nos encontramos a la hora de encarar estos procesos desde un punto de vista restaurativo, es decir, donde se tenga en cuenta las necesidades de reparación de la persona que ha sufrido el daño, que transforme a los que lo producen y donde la comunidad y su cohesión y funcionamiento también sean tenidos en cuenta, es el alto coste actual de reconocer que se ha ejercido violencia.

La filósofa Siobhan Guerrero Mc Manus –entre otras autoras, como Sarah Schulman o Laura Macaya– explica en su podcast cómo el campo semántico que hemos elaborado para tratar las cuestiones relacionadas con la violencia se está extendiendo a otros conflictos políticos en los espacios de militancia que empiezan a codificarse bajo estos parámetros. El campo semántico de la violencia tiene esa capacidad de expandirse de múltiples maneras; cada vez más cosas se consideran agresiones. Aquí hay un primer problema evidente y es que eso implica que se empiecen a acallar desacuerdos en las asambleas u organizaciones dado el peso que tiene cualquier persona que declare “haberse sentido violentada”, más si añade “por motivos machistas”, “racistas”, etc. En algunos espacios, la gente decide no discutir algunas posiciones, justo en un momento de amenaza a los derechos y libertades conquistadas y de agudización de la represión en el que es más importante que nunca poder debatir cuestiones estratégicas. Este marco puede impedir la discusión franca que necesitamos o descalificar opiniones porque no vienen de la persona “con la identidad correcta”, lo cual también puede acabar codificándose como “violencia”.

Por otra parte, señala Guerrero, el problema de la asunción de ese marco –que llama “hermeneútica del desencuentro”– es que se vuelve mucho más difícil responsabilizarse de las violencias ejercidas porque implica asumir que la persona quede calificada como “agresora” o “violentadora” –en mexicano según sus términos–. Y ese campo semántico de la violencia impone una posición esencializada –y eterna– que conlleva costes muy altos para las personas a las que se les adjudica. Si la posición esencializada de víctima es la de una persona siempre inocente y legítima, la del agresor o agresora es una que nunca será redimida y solo puede esperar la aniquilación total.

Y si alguien piensa que va a ser vetado o expulsado sin otra opción, es probable que asuma con más dificultad los hechos, que tienda a adoptar una postura de negación o de victimización a su vez, en lugar de reflexionar sobre su posición en el conflicto y sobre el daño causado. Es decir, para que el marco de la restauración y de la asunción de responsabilidades sea posible tenemos que dejar de construir esa posición de agresor como definitoria de una esencia casi monstruosa y empezar a pensarla como contingente: fue violento o violenta pero puede cambiar. Y abandonar penas como la expulsión o el veto, la muerte civil, lo que muchas veces implica perder todo tu entorno social y para siempre: un castigo demasiado alto. De esta manera será más fácil que nos podamos enfrentar a las violencias que ejercemos. “Confiamos en la potencialidad de cambio de las personas, y en que nadie es una víctima o un agresor a perpetuidad, y sobre todo, que no debemos contribuir a alimentar la revictimización o la demonización de las personas utilizando conceptos tan estáticos como los de víctima o agresor”, dicen las compañeras del Centro Social La Cinétika, “por eso preferimos hablar de personas que han recibido la violencia y personas que han ejercido la violencia”.

La expulsión o el veto no puede ser un automatismo para toda conducta

Para poder exigir responsabilidades adecuadas, además, sería preciso también graduar los procesos en función de lo sucedido, no todas las violencias son iguales ni causan el mismo daño. Sin embargo, la extensión de la calificación de agresor para todas por igual –algo que además debemos al último ciclo–, muchas veces sin que casi nadie del entorno sepa realmente qué ha sucedido, también impone una pena añadida y homogénea para conductas muy distintas. La expulsión o el veto no puede ser un automatismo para toda conducta. Sobre todo porque nos enfrentamos sin duda a otras complejidades derivadas de estos procesos, como por ejemplo, la necesidad de escuchar a todas las partes y acompañarlas en el proceso, como se recoge en este protocolo de la Comisión de Género de la Cinétika.

Por supuesto, hay momentos donde quizás se decida que la persona que ha ejercido la violencia no tiene que seguir en los espacios, ya sea de manera permanente porque no quiere participar de ningún proceso, ya sea de manera temporal para garantizar el bienestar de la persona que ha recibido violencia. “Es por ello que, pasado un tiempo inicial de alejamiento, o lo que comúnmente se conoce como veto –y que solo intentamos establecer cuando la situación ha sido muy grave–, solemos pactar unas medidas de distanciamiento para que la persona que ha recibido la violencia siga sin encontrarse con la otra sin que suponga una gestión extra para ella. Al mismo tiempo, permitimos que las personas que han ejercido la violencia puedan volver al espacio político, evitando así un castigo eterno y fomentando que se trabajen esas violencias en el espacio”, explica la Comisión de Género de la Cinética. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de violencias a las que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad no son de la máxima gravedad.

Justicia transformativa: hacer fuertes nuestras comunidades

Uno de los problemas más graves de la expulsión o los vetos es que a menudo individualizan el problema de la violencia, en lugar de preguntarse por las estructuras que permiten que se produzca. Apostar por la justicia transformativa significa no solo proteger a las personas que sufren violencia con una justicia que es más favorable para ellas, sino construir sociedades más seguras y justas a largo plazo. Por eso este tipo de justicia está enraizada en el sindicalismo social –centros sociales, PAH, espacios de educación popular, etc. en los que militamos–, porque estos dispositivos sostienen esas vidas surcadas por violencias donde la de género puede ser una más, pero no puede ser combatida sin atender al resto de opresiones, como explican desde el colectivo AAMAS.

Uno de esos caminos en tiempos de extremas derechas es, sin duda, reforzar las comunidades militantes o de otros tipos. La comunidad, en los procesos restaurativos, es un actor central; no únicamente un gestor de la situación, sino un espacio que se considera que también ha sufrido la violencia, o incluso la ha hecho posible. Un abordaje de estas cuestiones que se plantee desde la transformación social implica ser capaces de llevar adelante discusiones y procesos de manera que, en vez de rompernos por esas violencias –y seguir reproduciendo sus lógicas–, consigamos comunidades más fuertes y cohesionadas. No “seguras”, en el sentido de que nunca se van a enfrentar a conflictos o agresiones, sino seguras porque son capaces de encontrar mecanismos de escucha, reparación y construcción de una ética colectiva propia por fuera de las lógicas castigadoras de la modernidad capitalista.

En un mundo donde el ejercicio del poder se articula a partir de la idea de constante inseguridad desde la cual se construye la exclusión social y el racismo, tenemos la necesidad de impulsar otras lógicas políticas como la del antipunitivismo. Quizás no soluciona todo o no sirve siempre o nos equivocaremos por el camino, pero, por lo menos, tenemos que hacerla pensable, porque ningún cambio social ha sido posible sin antes haber sido imaginado. Este artículo, evidentemente, no acaba con la conversación y sin duda muchas cosas exigen más matices y reflexiones que no caben en este texto. Invitamos, por tanto, a seguir con el debate.

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La política profesional puede ser mas destructiva que el fentanilo

Las peleas internas brutales y despiadadas eran cotidianas y estaban naturalizadas en esa nueva izquierda, “una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros”, decía eufemísticamente Errejón. Cuando el poder se acumula en determinadas personas, que acaban endiosadas por la exposición mediática y las atenciones que las fama les procura –fama que garantiza el poder en estas organizaciones débiles– es difícil que no se genere despotismo, maltrato, y abusos de todo tipo. Esto ha estado muy presente en la cultura de guerra que se instituyó en Podemos cuando, en vez de optar por la democracia interna y la pluralidad, se eligió un modelo vertical que ha llevado a la centrifugación y liquidación de todo el espacio político. Estas organizaciones no tenían forma de generar contrapesos internos al poder de determinadas personas, ninguna, mucho menos de vigilar los comportamientos personales de sus miembros –si es que eso fuese deseable–. El autoritarismo se construye sobre las estructuras de dominación previas –como el sexismo– y las refuerza. Ahí donde confluye este poder personalista –con su propia érotica que hay que destruir– con las relaciones sexuales o afectivas, es fácil que se siga la propia lógica de yo primero o yo a pesar del resto, y se generen relaciones de mierda y abusos de todo tipo. La declinación de género de la falta de democracia y la autoridad sin límites es una subjetividad sexual del dominio. Así, la política profesional puede ser mas destructiva que el fentanilo; las adicciones de Errejón pueden resumirse en una: la adicción al poder –y no ha sido el único del espacio del cambio–.

Si el escenario era el de una guerra de todos contra todos con un alto grado de violencia interna –donde también participaron las mujeres por cierto–, y que dejó a mucha gente emocionalmente devastada, al gran mundo de ahí afuera no pareció importarle nunca, salvo cuando intervino la cuestión sexual. Siempre la cuestión sexual, ya sea en denuncias por explotación laboral, o en las de infiltrados policiales, a los medios –y al feminismo mainstream– parece que solo importa –o importa más– lo que toca el sexo. El resto de violencias quedan opacadas, relativizadas u olvidadas en un cajón. Aunque también hay que notar aquí, como señalan las compañeras antirracistas, una preocupación selectiva que convierte en casos hipermediáticos únicamente aquellos que afectan a determinadas mujeres blancas y de clase media. Los abusos de las temporeras del campo, en la frontera o en los Cíes o los que sufren las trabajadoras sexuales apenas ocupan algunas líneas en las crónicas de sucesos.

¿Qué hay de emancipador o transformador en el miedo?

Asistimos pues al último capítulo de la liquidación de la izquierda del PSOE y ha venido en la forma de linchamiento colectivo utilizado como herramienta para la guerra interna. Las manías personales y las batallas políticas entre partidos de todo signo han confluido con un cierto feminismo castigador para linchar a Errejón convertido en monstruo, en epítome de todo lo que está mal en el orden de género. Las dinámicas de redes han contribuido a esta espiral donde abundan los golpes en el pecho, los heroicos desmarques y las exigencias bajo pena de excomunión de la izquierda de que todo el mundo se pronuncie y en un solo sentido: el de condenar al monstruo y a su organización y que esto se haga inmediatamente ya y sin posibilidad de reflexión. Otras opiniones no son posibles, las personas que piensan diferente no se atreven a hablar, el debate o incluso la duda están cerrados por miedo a ser la/el siguiente en ser linchado. ¿Qué hay de emancipador o transformador en el miedo? Un feminismo que se presenta estos días mediante un fuego redentor, posiblemente aleje a muchos y muchas, en vez de convencerles de que nuestro proyecto trae un mundo más generoso y amable para todos. La extrema derecha se frota las manos cuando el feminismo se viste de guerra de sexos con sus “todos son violadores” porque esta es la representación que más le conviene.

A pesar el pacto forzado de silencio, existen múltiples interrogantes que han recorrido los grupos de mensajería privada o las conversaciones informales. ¿Sirven los linchamientos para mejorar la situación de las mujeres que sufren situaciones de violencia? ¿Ayuda este marco a avanzar en nuestra lucha contra estas? ¿De lo que se le acusa a Errejón hasta el momento son verdaderamente agresiones sexuales, y de qué tipo? ¿Y lo son todas o solo algunas? ¿Son punibles? ¿Qué sería hacer justicia aquí? Y sobre todo ¿qué sería hacer justicia feminista? ¿Es la denuncia anónima por redes o incluso en medios una vía adecuada? No tenemos todas las respuestas, pero lanzamos unas notas para el debate.

Las relaciones de mierda no son agresiones machistas

El último ciclo feminista quería alertar sobre la gravedad de las violencias, pero terminamos discutiendo sobre una ley –la del solo sí es sí– que supuestamente acabaría con ellas por la vía del código penal. Los debates de estos años, que podrían haber sido imprescindibles para avanzar en la comprensión y la lucha contra estas situaciones han tenido también algunos efectos contraproducentes que empezamos a comprender mejor a partir de este caso.

En la pasada legislatura se vio como una conquista que una misma palabra “agresión” condensase cualquier acto sexual sin consentimiento independientemente de su gravedad o contexto donde se produjese –desde el beso de Rubiales a una violación múltiple–. Hoy constatamos que esa indefinición contribuye a la capacidad expansiva de ese concepto. Estos días asistimos a una mezcla de posibles imputaciones de delitos, comportamientos poco éticos y opciones sexuales que se condenan moralmente, todo junto y revuelto en una narrativa acusatoria donde es muy difícil deslindar las distintas cuestiones. No, no todo es lo mismo ni exige las mismas respuestas.

Usar esos marcos de deseabilidad para establecer juicios, escudriñar vidas sexuales y comportamientos, señalar y condenar a los culpables es contraproducente

Por ejemplo, podemos reflexionar sobre cómo nos gustaría que fuesen nuestras relaciones personales libres ya de todo poder y dominio –para eso las mujeres también tendríamos que responsabilizarnos, no somos víctimas indefensas en toda relación como parece apuntarse estos días–. Pero usar esos marcos de deseabilidad para establecer juicios, escudriñar vidas sexuales y comportamientos, señalar y condenar a los culpables es contraproducente para un feminismo que parece deslizarse por el marco del autoritarismo, la moralización y el control de las costumbres como una suerte de vuelta al feminismo burgués de las prohibiciones del alcohol. Recordemos también que los más poderosos, los que tienen poder de verdad no necesitan la legitimidad de la pureza moral, a la derecha le afectan poco estas cuestiones. Este es un juego donde solo pelean las izquierdas institucionales contra sí mismas.

Desde luego, todos los comportamientos que nos parecen chungos no implican necesariamente violencia machista. Precisamente, esta, en general, está definida por relaciones que cuesta dejar, donde el agresor manipula, persigue y usa la violencia para dominarnos y controlarnos. ¿Es equiparable algo así con que dejen de escribirnos o no nos quieran ver más, con que solo quieran sexo como parece insinuarse estos días? ¿A qué no sean románticos en una relación o el sexo sea “demasiado duro”? Si todo es lo mismo, primero se banalizan violencias muy graves que están sucediendo –por ejemplo, los CIE y las PAH están llenas de mujeres que han sufrido estas violencias–, y después, perdemos el foco de cómo enfrentarnos a ellas porque todo parece ser lo mismo.

Los contornos de las agresiones se difuminan así peligrosamente. Parece que se condena el sexo ocasional o no romántico si no hay un compromiso de la otra persona que cumpla nuestras expectativas, como recuperando la vieja idea de que nuestra “flor” ha de ser recompensada con este compromiso, mientras se cuestiona el sexo no normativo. Las prácticas sexuales tienen que ser consentidas siempre pero no hay un sexo feminista, no hay uno más aceptable que otro. ¿Acaso a las mujeres no nos gusta ese tipo de sexo? ¿A ninguna? ¿Todas queremos lo mismo y vivimos la sexualidad de la misma manera? El sueño de los fundamentalistas sobre el control de las costumbres aparece aquí por un lado no previsto.

La pesadilla de estos días es que el giro reaccionario sobre la sexualidad, su resacralización, venga de la mano del feminismo

La pesadilla de estos días es que el giro reaccionario sobre la sexualidad, su resacralización, venga de la mano del feminismo. La pregunta central debería ser en todo caso por la posibilidad de negarse, si esta existe, todo lo demás: cómo folla cada quién o si se mete rayas y dónde, no debería importarnos ni debería ser un argumento usado contra nadie. El feminismo no va de moral, ni pretende remoralizar a la sociedad –o no debería–, va de aumentar la autonomía de las mujeres de empoderarnos. ¿Situarnos como víctimas en todos estos casos la aumenta o nos fragiliza más? ¿Incrementa nuestra capacidad de actuación, nuestro poder social?

Porque parece que hemos pasado de una necesaria lucha para no culpabilizar a las personas agredidas, a un momento donde aparecemos representadas como sujetos pasivos con nula capacidad de decir lo que queremos o lo que no queremos. Si a veces hay situaciones donde esto puede ser efectivamente así, desde luego no puede generalizar al papel de las mujeres en la sexualidad y en todas las relaciones descritas. Es justo contra lo que llevamos décadas luchando. Si no hay coacción física, no hay una dependencia económica o de otros tipos, o amenazas, podemos y debemos decir que no. Tenemos capacidad, o tenemos que buscarla colectivamente. Pero hemos llegado a un punto que el feminismo parece afirmar lo contrario. Solo sí es sí no implica que no podamos decir que no, o no debería.

Las jóvenes que están descubriendo la sexualidad no pueden recibir el mensaje de que un mal polvo, poco cuidadoso o insatisfactorio, o una relación de mierda es violencia

Las jóvenes que están descubriendo la sexualidad no pueden recibir el mensaje de que un mal polvo, poco cuidadoso o insatisfactorio, o una relación de mierda es violencia porque eso nos convertiría a todas en víctimas en buena parte de nuestras relaciones y en muchísimas de nuestras interacciones. ¿Eso a donde nos lleva? ¿Qué podemos hacer desde esa posición en nuestra vida cotidiana? ¿Y nosotras nunca participamos en las dinámicas tóxicas de las relaciones, nunca ejercemos nuestro poder en ellas de forma indebida?

Es imprescindible volver a reafirmar nuestro papel activo en todo momento y lugar. Tenemos que hablar más de autodefensa feminista, de fuerza y de agencia y menos de meter a las mujeres en una urna. Reafirmar nuestra capacidad de acción y nuestra responsabilidad no es culpabilizar a la víctima, es volvernos a dotar de posibilidades de actuación –generarlas de nuevo en el imaginario feminista– y mejor si estas son, además, colectivas.

El circo mediático y la política de las redes

Con el linchamiento de estos días estamos celebrando la transformación del feminismo de un movimiento colectivo en una catarsis de denuncias individuales y anónimas en redes sociales. Quizás, además de la puntilla definitiva para la nueva política, este acontecimiento marque también el declive de la potencia del movimiento feminista convertido en un proyecto de reforma moral.

¿Qué pasa con estas mujeres cuando sus casos son descuartizados por la prensa?

Sobre la anonimato hubo un cierto debate en el pasado ciclo del Me too y, por lo menos, merece una reflexión sobre sus peligros, porque si algunas mujeres lo usan para denunciar cuando no encuentran otra vía, esta se presta a todo tipo de instrumentalizaciones que pueden volverse contra nosotras. Como señala Josefina Martínez, en redes como X el algoritmo está al servicio del proyecto político de la extrema derecha que utiliza bulos y campañas falsas para atacar a sus enemigos. ¿Qué peligros estamos abonando si reafirmamos este método de denuncia y el escrache en redes sin problematizarlo? ¿Sirve esta herramienta para todo y siempre para las mujeres cuyos agresores no sean famosos? ¿Qué pasa con estas mujeres cuando sus casos son descuartizados por la prensa, en este caso, incluso la más progresista? Hace años que, en todos los manuales periodísticos sobre el tratamiento de la violencia machista, se explica que hay que huir de las descripciones escabrosas, del sensacionalismo y de la conversión de la información en espectáculo. No es, desde luego, lo que ha sucedido estos días con la exposición de cada detalle en relatos morbosos para que todos los ciudadanos se conviertan en juez de cada una de las historias y de sus ínfimos detalles. ¿Cómo va a dejar esta pornografía emocional a las mujeres que denuncian después de que pase el calentón?

Por otra parte, la denuncia individual en redes donde cada una actúa por su cuenta no puede ser una apuesta consistente para luchar contra la violencia o el sexismo y puede dar lugar a injusticias que se vuelvan contra nosotras. El circo gestual tuitero hace tiempo que se ha convertido en simulacro de una política real muerta con el ciclo, la que ha quedado tras la hecatombe de la nueva política. No es anecdótico que su puntilla la haya puesto un linchamiento en redes. Y para las que piden más denuncias penales, como la ministra de Igualdad, solo recordar que la justicia casi nunca está de nuestra parte, que no se pueden demostrar todas las violencias que sufrimos, y que muchas no encajan en la lógica de un juicio o incluso son causadas por el propio sistema policial y penal –los desahucios, la que persigue y encierra a migrantes y trabajadoras sexuales y la que condena a feministas por luchar–.

Deberíamos luchar para que las herramientas para denunciar la violencia machista sean siempre, en la medida de lo posible, colectivas

Deberíamos pelear para que las herramientas para denunciar la violencia machista sean siempre, en la medida de lo posible, colectivas. También tenemos que retomar el camino de la movilización y la organización por abajo tanto para darle un nuevo impulso a un feminismo de transformación –que debería estar apegado a la vida de las mujeres que están más abajo–, como para abrir una verdadera batalla que recupere la iniciativa política en la calle superando por fin el desierto que ha dejado el fin de ciclo, la institucionalización del 15M, del movimiento feminista y sus fracasos. Contra los hombres poderosos y sus mierdas y abusos, pero también contra todo poder que hace posibles hoy las agresiones: papeles, derechos laborales y luchas colectivas para todos y todas.

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Los feminismos han luchado toda su historia por deshacer los determinantes de sexo-género y por ello cabe reflexionar sobre el uso de identidades esencializadas como “los hombre son”, sea por cuestiones biológicas o socialización. Defendemos que “las mujeres” no son, ni siquiera de forma potencial, nada, porque eso sería asignarles una esencia transhistórica y transcultural. En los debates existentes se ha negado la asignación biologicista, de nacimiento, basada en los genitales, y se ha aludido a la socialización en sistemas patriarcales como elemento común a todos los “hombres”. Pero, aun así, “los hombres son algo en potencia” establece una identidad común basada en el hecho de “ser” –en vez de identificarse, adscribirse o estar socializados como hombres–; y en la preexistencia del sujeto sobre la acción –“los hombres violan”, en vez de “aquellos que violan son hombres”–. En línea con la idea de que son los mandatos de género y su performatividad los que dan existencia a los géneros, los hombres “se hacen” de la misma manera que las mujeres. Múltiples poderes nos enseñan que debemos ser de ciertas maneras según los dos sexos que esos mismos poderes han determinado.

Si se quiere señalar la socialización impuesta a los leídos como hombres desde su nacimiento, se puede hablar de “mandatos de masculinidad” y “masculinidades”, que además permiten identificar distintos sistemas patriarcales y no de un patriarcado transhistórico y transcultural, ya que hablamos de modelos de feminidad y no decimos “las mujeres son” (¿o es que también se afirma que “las mujeres son en potencia” algo?).

Nos parece que este caso refleja asunciones del feminismo actual y que nos llevan de vuelta a una esencialización de hombres y mujeres por la vía cultural

Nos parece que este caso refleja en buena medida asunciones que se van asentando en el feminismo actual y que nos llevan de vuelta a una esencialización de hombres y mujeres por la vía cultural. Esto sería equiparable al racismo hegemónico donde “los musulmanes son malísimos, pero no por motivos raciales, sino por su cultura”. Así, “los hombres serían agresivos y egoístas (incluso sin el “en potencia”) y, por contraste, las “mujeres”, siempre dulces, abnegadas y entregadas. Asumir las virtudes de la feminidad tradicional no parece muy liberador.

1. Los hombres y los mandatos de género

“Los hombres son en potencia” diluye también las diferencias entre los leídos y autoidentificados como hombres. ¿Todos los hombres negros son (en potencia) violadores? ¿O más bien los blancos ricos, o los blancos pobres también? ¿A qué edad se empieza a ser un violador en potencia? ¿Y los hombres trans son en potencia violadores? ¿Los refugiados? ¿Los hombres gazatíes bajo las bombas? ¿O todos los hombres-padres, hombres-abuelos y hombres-tíos? Incluso, ¿se es violador para toda la vida, una vez cometida una violación?

Si partimos de que la violación es una expresión de una relación de poder, no todos los hombres tienen el mismo poder ni entre ellos ni respecto a todas las mujeres

En el caso de que aceptásemos la premisa de la potencialidad de los hombres como agresores, habría que señalar que no todos los leídos y autoidentificados como hombres deberían considerarse igualmente potenciales violadores. Porque, si partimos de que la violación es una expresión de una relación de poder, no todos los hombres tienen el mismo poder ni entre ellos ni respecto a todas las mujeres. Y si consideramos que violación es un ejercicio de demostración de virilidad respecto al resto de hombres y de la sociedad, un acto de poder, tampoco todos los autoidentificados como hombres buscan el reconocimiento social a través de ese tipo de virilidad. Como señala la antropóloga, Rita Laura Segato, las violaciones no van de sexo y no son una cuestión interpersonal, están estrechamente ligadas con el poder y la obediencia a los mandatos sociales de género.

Los mandatos de género aprietan pero no nos determinan, y la idea de determinación, en cualquier grado, es opuesta a los objetivos feministas de liberación. Los hombres no son en potencia, sino que los sistemas patriarcales socializan en mandatos de masculinidad que se centran en la autoridad de los leídos como hombres –sobre las leídas como mujeres–, impuesta si hace falta por la violencia.

Si lo reducimos a una cuestión de sexo-género estamos simplificando peligrosamente todas las situaciones de violencia estructural

Pero en muchos contextos hay otras relaciones de poder más determinantes que las de sexo-género: las basadas en la clase, pero también en la raza, etnicidad, procedencia, diversidad funcional, salud mental… Podemos decir que en toda situación de desigualdad, el polo con poder puede hacer abuso del mismo: un empleador sobre su empleada, un policía respecto a una persona en situación irregular, un adulto en relación a un menor, un cuidador sobre la persona que atiende (y también las mujeres en esas posiciones respecto a sus empleados o empleadas, personas sin papeles, personas cuidadas…). Si lo reducimos a una cuestión de sexo-género estamos simplificando peligrosamente todas las situaciones de violencia estructural, y por lo tanto, las propuestas que podamos hacer desde este paradigma dejarán fuera muchas de estas violencias. Entonces, parece que las mujeres, para defendernos de las violaciones, tendremos que protegernos de todos los hombres, en vez de poner el foco en primer lugar en luchar por la autonomía económica y social que nos permita abolir las situaciones de violencia en las que nos encierra la pobreza y la desigualdad, el ámbito laboral y el racismo.

En segundo lugar, no todos los autoidentificados como hombres se adscriben al mandato de masculinidad dominante, entre ellos, de forma más que notoria, las disidencias sexuales. Además, señalar el peso de los mandatos sociales no puede eclipsar la agencia colectiva que tenemos para impugnarlos, de hecho tiene más valencia política decir “la mayoría de hombres no violan a pesar de los mandatos patriarcales” que esencializan y homogenizan a un grupo por el mandato al que se ve sometidos. Con esta frase, de todas las posibilidades de acción que tienen los hombres se escoge resaltar una destinada a definirlos, es decir, a encasillarlos en el imaginario como agresores.

Parece también que hablar de “sometimiento” a la masculinidad es invisibilizar los “privilegios” que se supone que tienen asociados. Pero tenemos que despatriarcalizar y descolonizar también esa idea de privilegio masculino. Ejerciendo violencia sobre otros, nos deshumanizamos, como dijo Aimé Césaire, “ni todos los bienes del mundo pueden ocultar la podredumbre de aquellos que abusan de su poder”. Por mucho dolor que infrinjan, esas posiciones no son privilegiadas ni deben ser reconocidas como tales. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de llamarlas privilegios como si tuvieran algo bueno. Vivir abusando de la posición y el poder social que se tiene, ha de ser colocado en el imaginario social como algo deleznable. Compensar una vida de mierda con poder sobre otros grupos tampoco es un privilegio, es una trampa.

Si queremos abolir el género, no tiene sentido que el feminismo no se preocupe por la mitad de la población que es leída como “hombre” desde su nacimiento. Los hombres importan mucho a las feministas y no por la violencia que puedan ejercer, sino porque les necesitamos como compañeros en la impugnación del sistema abusivo en que vivimos.

La masculinidad hegemónica también es perjudicial para los leídos o autoidentificados como hombres

La masculinidad hegemónica también es perjudicial para los leídos o autoidentificados como hombres. Entre otros efectos dañinos, en la niñez y la adolescencia se les exige cumplir con lo que se espera de los “hombres”, lo que desemboca en que asumen más situaciones de riesgo –ya sea en cuestión de consumo de drogas, conducción peligrosa o exposición a peligros–, también son asesinados y matan en mayor medida y suponen también la mayoría de encarcelados; y una parte de los que son socializados en esta masculinidad tradicional tienen vidas afectivas muy limitadas, o con ansiedad permanente por demostrar su valía / virilidad.

Porque si esencializamos y homogeneizamos a los hombres, no estamos afrontando los modelos de masculinidad, diversos que ya se están produciendo. Ya se están produciendo disidencias de la masculinidad hegemónica y las necesitamos. Ni siquiera masculinidades perfectamente antipatriarcales, como a veces parece que se exige –aunque en el caso de las mujeres al menos hayamos debatido sobre la posibilidad de ser “malas feministas”–. Necesitamos traidores al orden patriarcal de muchos tipos.

2. “Las mujeres” y las trampas de la victimización

Esencializar y homogeneizar a los hombres tiene además el efecto de esencializar y homogeneizar a las “mujeres”. Atribuimos características a un grupo a partir de un binarismo, lo que implica definir al otro por oposición. Si se afirma que “los hombres son violadores en potencia” se establece que “todas las mujeres son víctimas en potencia”.

El racismo culturalista en el que vivimos debe alertarnos sobre este tipo de afirmaciones

Aunque se base en motivos culturales, de socialización, no deja de ser menos peligrosa porque homogeniza grupos enteros, como cuando se utiliza un mecanismo parecido en el caso de los musulmanes o los gitanos en España, de los negros en EEUU y Brasil, crecidos en los guetos o favelas, o de los indígenas en Mexico o Bolivia. La pertenencia a un grupo se convierte en un absoluto del que es imposible escapar: el otro radical, inasimilable, que solo puede ser expulsado –o cuando se lleva al límite, exterminado–. El racismo culturalista en el que vivimos debe alertarnos sobre este tipo de afirmaciones.

Además, este tipo de homogenización de las mujeres aplana y obvia, a veces de manera interesada, las diferencias de clase/racialización. La violencia que sufren las mujeres de clase media y alta puede ser fundamentalmente de carácter machista, lo que hace que se ignoren otro tipo de violencias policiales, económicas o sistémicas que reciben otras mujeres que están más abajo. Si tomamos todos los tipos de violencia, en particular la económica, vemos muchas mujeres que ejercen y permiten que se ejerzan violencias sobre aquellos hombres y mujeres con los que mantienen una relación de poder o de dominio. Basta recordar la posición de muchas feministas que apoyaron la colonización o las guerras nacionalistas, pero también hoy a las que niegan hoy la libertad de movimiento a las personas que huyen de situaciones de guerra y hambre. Con respecto a los niños, señalaba también bell hooks: “Las pensadoras feministas reformistas con frecuencia retratan a las mujeres única y exclusivamente como víctimas […] El hecho de que también algunas mujeres ejerzan violencia sobre los niños y niñas no se resalta igual, ni se percibe como otra expresión de la violencia patriarcal”.

Esta identificación de las mujeres con la víctima tiene además efectos muy negativos para nuestra liberación. La posición de víctima afirma una situación de vulnerabilidad desde la que se exige protección del Estado y no puede ser el lugar desde donde construir autodefensa colectiva. La figura absoluta de “víctima” parece negar que las víctimas de una violencia pueden ejercer otras violencias en otros casos y circunstancias y crean una posición de bondad absoluta, que refuerza las atribuciones clásicas a la feminidad.

A día de hoy, hay muchas mujeres se creen más bondadosas, cuidadoras y altruistas que “los hombres” y están orgullosas de ello

Parece que muchas mujeres han aceptado de forma poco crítica esta atribución de “estar del lado del bien” que les atribuye la posición de “potencial” víctima de violencias. A día de hoy, hay muchas mujeres se creen más bondadosas, cuidadoras y altruistas que “los hombres” y están orgullosas de ello. Es una trampa bien descrita por los feminismos desde el siglo XIX ya que es la base del “ángel del hogar” que sirvió para justificar la división sexual del trabajo donde la mujer sería asociada a los cuidados –no pagados–. Esta ha sido también la base de estereotipos sobre una afectividad o sexualidad diferencial: la “superioridad moral de las mujeres” frente a las pulsiones de los “hombres”.

La socialización en los mandatos de género femeninos en torno al cuidado, en la matriz capitalista y heterosexual en la que vivimos, produce, tal y como describe Amaia Orozco una “ética reaccionaria del cuidado”: “una ética de inmolación y sacrificio que da lugar a sujetos dañados; una ética que solo se preocupa por el bienestar en los estrechos márgenes de la familia; y una ética que solo sirve para acallar el conflicto capital-vida”, como dice Amaya Orozco. No podemos aceptar acríticamente lo que se presenta como virtudes comunes que refuerzan los mandatos de género impuestos, injustos en cuanto a su distribución y efectos. Si es que se quiere poner en valor atributos tradicionalmente asignados a las mujeres que nos parecen positivos para alimentar un orden más justo, es imprescindible desesencializarlos y complejizarlos. La “mujer víctima que necesita protección”, la “buena mujer” y la “madre abnegada” son también hijas sanas del patriarcado.

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En este artículo vamos a comenzar revisando lo que han sido los hitos y logros fundamentales del último gran ciclo de movilizaciones a escala estatal e internacional, para después proponer algunos elementos que nos permitan profundizar en el análisis. Para este propósito, vamos a considerar también lo que pensamos son algunos de los límites de este ciclo de movilización: por un lado, la hegemonía de un feminismo de clase media en el campo feminista en disputa; por otro, la centralidad de la cuestión de la violencia —sobre todo sexual— y las consecuencias que ha acarreado en el refuerzo del populismo punitivo. Igualmente, vamos a considerar la cuestión de la autonomía de los movimientos y el proceso de institucionalización del feminismo, para terminar con algunas propuestas para la discusión colectiva.¹

Entendemos el feminismo como un campo en conflicto con distintas posiciones internas y a veces con proyectos políticos enfrentados

Queremos señalar, además, una dificultad a la que se enfrenta este tipo de perspectivas, así como la propia acción política feminista. Esta dificultad reside en cómo se define al «movimiento feminista». A veces este se emplea como si se tratase de un sujeto con agencia consciente y unívoca —«el movimiento feminista demanda, dice»—, lo que resulta a su instrumentalización, sobre todo por el ámbito de la política institucional. En este artículo entendemos el feminismo como un campo en conflicto con distintas posiciones internas y a veces con proyectos políticos enfrentados. Así, en el espacio público se negocian significados y se posicionan demandas que responden a muy distintos intereses, en la medida en que este mismo campo viene producido —discursiva y políticamente— por agentes diversos: tanto mujeres de la élite económica, como feministas de Estado; tanto asociaciones feministas de profesionales liberales, expertas en género o periodistas feministas como aquellas que militan en colectivos feministas de base —como trabajadoras sexuales, domésticas o jornaleras— o también aquellas feministas que militan en la PAH, en el antirracismo u otras luchas. La cuestión es: ¿pueden compartir agenda y objetivos todas estas mujeres con intereses de clase y espacios ideológicos tan dispares? Por eso, nos referiremos en la medida de lo posible al movimiento feminista en plural —«movilizaciones feministas», «feminismos»—, o intentamos adjetivar para definir mejor a qué tipo de feminismo nos estamos refiriendo.

2016-2020. El auge de las movilizaciones feministas

La extraordinaria irrupción feminista de estos años tuvo su inicio en Polonia y su epicentro en América Latina. A finales del 2016, el feminismo polaco se movilizó masivamente en Varsovia y otras ciudades contra los intentos del gobierno de extrema derecha de endurecer la ya muy restrictiva ley del aborto. Este fue el primer paro feminista de la década. Poco después, el asesinato de una joven en Argentina sacó a miles de personas a la calle, en la estela de las manifestaciones convocadas por Ni Una Menos (2015 y 2016) contra la violencia machista y los feminicidios. De hecho, estos dos elementos, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y la batalla contra la violencia —por la libertad sexual y el acceso al espacio público sin peligro para la integridad física de las mujeres—, son definitorios de esta nueva ola de movilización internacional. Igualmente, en estas movilizaciones se ha compartido cierto marco común de oposición a los discursos de las nuevas extremas derechas y su apoyo al orden de género tradicional.

El 8 de marzo de 2017 se convocó la primera huelga feminista global. En esta acto participaron más de treinta países, lo que a su vez tuvo réplicas importantes en los dos años siguientes. Estas movilizaciones —masivas e intergeneracionales— sacudieron sus sociedades respectivas a una escala sin precedentes. La huelga permitió, además, generar una especie de «identidad común feminista» o, si se prefiere, una capilarización de un sentido común antisexista. También fue importante para transformar elementos culturales de la relación entre los géneros, reclamar derechos aún pendientes de conquistar y reforzar la capacidad de lucha y autonomía de las mujeres atravesadas por esta marea. En conjunto, se produjo una visibilización generalizada, mediática y pública de las movilizaciones y sus demandas que se expresó en una suerte de «internacionalismo feminista».² De forma genérica y sin detenernos en las diferencias sustanciales entre países, entre otros efectos de estas movilizaciones, resulta importante mencionar: la visibilización de las mujeres feministas en todos los ámbitos de la producción cultural; la multiplicación de las expertas en género, así como de autoridades —académicas, judiciales, etc.— y de personas en posiciones de poder que se autodenominan feministas; la multiplicación de los debates feministas en medios de comunicación tradicionales y una mayor influencia de los paradigmas feministas en las luchas y prácticas de transformación social —entre los que Rojava constituye uno de los ejemplos más destacados—.

Los feminismos latinoamericanos consiguieron conectar la lucha contra las violencias machistas con el resto de las violencias estructurales e institucionales

En algunos lugares como América latina, el nuevo ciclo de movilización desbordó completamente la agenda de paridad liberal (o neoliberal) que había impulsado el feminismo mainstream a nivel internacional y que había devaluado la potencia transformadora de los feminismos tras la ola de 1960 y 1970. En este continente, las movilizaciones autónomas tuvieron un fuerte componente que procedía de los feminismos comunitarios, decoloniales y populares³ (aunque algunos de estos países, como Chile y Argentina, también se enfrentan actualmente a sus propios procesos de institucionalización). En cierta medida, estos feminismos renovados consiguieron «superar» la cuestión sexual, o al menos no quedar atrapados en el pánico moral, la victimización y la posición de demandante de protección estatal. En otras palabras, consiguieron conectar la lucha contra las violencias machistas con el resto de las violencias estructurales e institucionales (de los Estados) con las que sufren por ser pobres o estar en prisión, además de aquellas producidas por el extractivismo y la explotación neocolonial de los territorios.

En España, creemos que algunos de estos componentes también han estado presentes en los primeros años de este ciclo en las movilizaciones de base. Por ejemplo, se hizo un trabajo de visibilización de las violencias patriarcales no únicamente como las agresiones de «hombres» a «mujeres», sino como consecuencia de la relación de dominio estructural que coloca a los cuerpos feminizados⁴ en una posición de subordinación que atraviesa a toda la sociedad. Estos componentes estuvieron presentes en las huelgas feministas de 2018 y 2019, que también lograron visibilizar el impacto de la división sexual del trabajo en las condiciones materiales. En este sentido, se convocaron huelgas de cuidados —que evidenciaban la organización generizada de la reproducción social—, laborales —con el fin de señalar la feminización de la precariedad y los techos de cristal—, de consumo —como denuncia de la mercantilización de cada vez más esferas de la vida— y educativa —en defensa de la educación pública, laica y no heteronormativa—.⁵ Muchos de estos elementos traspasaron además los discursos activistas y se vieron reflejados en los medios mainstream. Por tanto, si en los primeros años de este ciclo encontramos elementos que apuntaban a un cambio en las condiciones materiales de vida de las mujeres más afectadas por el patriarcado, ¿por qué estos contenidos no se han traducido en cambios sustantivos? ¿Qué factores están limitando la potencial agencia transformadora de las movilizaciones?

Queremos matizar que las transformaciones subjetivas a las que han dado lugar las movilizaciones también han producido cambios materiales. Nos referimos principalmente a la percepción del incremento de la propia potencia y capacidad de lucha —el llamado «empoderamiento»— y al apoyo social que los feminismos proporcionan a las mujeres a la hora de enfrentar la subordinación de género en sus propias vidas; pero también a los cambios que se producen en infinidad de gestos cotidianos en un sentido feminista emancipador. Todo ello ha dado lugar a transformaciones en la performatividad de los géneros además de empujar ciertas mejoras materiales. Sin embargo, estas herramientas feministas parecen haber resultado útiles principalmente en aquellas posiciones sociales más desahogadas, es decir, menos atrapadas en la precariedad y las dependencias que esta supone. Para las mujeres sin papeles, sin estudios, sin carrera profesional, sin redes familiares o de amistad, estigmatizadas, con familiares a cargo, etc., el cambio material exige un abordaje colectivo y estructural de mucho mayor calado. El empoderamiento individual no es suficiente en situaciones de precariedad económica, falta de acceso a los bienes básicos y elevadas responsabilidades de cuidado.

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En lo que sigue de este artículo vamos a considerar lo que consideramos son los tres principales límites para el despliegue de un feminismo transformador. El primer límite reside, en efecto, en la cuestión de la clase. Nuestra hipótesis es que el feminismo en España está construido como un campo que se presenta como interclasista, pero en el que la hegemonía está definida por los intereses y la agenda de las mujeres de clase media —al igual que sucede en otros movimientos—. Un segundo límite está en cómo la violencia sexual (y las diferentes formas de enfrentarla) se ha convertido en el principal tema en la agenda feminista, soslayando otras preocupaciones y con consecuencias tanto en la creación de un clima de pánico moral, como en la promulgación de leyes de carácter punitivista, como es la ley del solo sí es sí. Por último, vamos a considerar, en tanto tercer límite, la institucionalización del feminismo y su utilización por parte de gobiernos o representantes políticas que dicen hablar en nombre «del movimiento». Entendemos también la institucionalización como la asunción de la agenda institucional por parte de los movimientos de base, o de los horizontes legales o estatales en tanto espacios privilegiados para la acción política.

Primer límite: la hegemonía de clase media en el campo feminista

El feminismo hegemónico es hoy una ideología liberal y/o de clase media, con la capacidad de determinar la agenda sobre la base de sus propias prioridades. El interclasismo feminista opera como una herramienta de las mujeres de las clases medias y altas a la hora de instrumentalizar el feminismo al servicio de sus propios intereses. Por contra, desde un feminismo de clase, los mandatos políticos deberían provenir de las necesidades de las de abajo y de los imperativos de distribución de la riqueza y de la disolución de todo poder.

¿Las mujeres, una sola clase?

El feminismo como campo opera de manera interclasista, ocultando las diferencias de intereses entre las mujeres. Determinadas teorías feministas han descrito, en efecto, la subordinación de las mujeres como algo que afecta a todas por igual, independientemente de su pertenencia de clase —y sin tener en cuenta otras segmentaciones sociales como son la clase o la racialización / origen migratorio—. Es cierto que la construcción histórica del género ha fijado dos posiciones: la masculina y la femenina, y ha establecido una relación de poder entre ellas, si bien esta relación de subalternidad no solo afecta a las mujeres, sino muchas veces también a las personas que no conjugan con el sistema sexo-género patriarcal occidental: personas trans, disidentes de género, queer, homosexuales, etc. Una larga tradición de feminismos —anarquistas, socialistas, marxistas, negros, antimperialistas y descoloniales— ha producido desde hace siglos un legado de acción y pensamiento político,⁶ que demuestra que no se puede luchar contra las subordinaciones de género al margen de su constitución con la clase y la raza.

El feminismo cultural se basa en la concepción de la opresión femenina como originada en la cuestión sexual

De esta tradición hemos aprendido que las mujeres con mejor posición social disponen del poder de imponer sus prioridades y su agenda política. Precisamente porque no están racializadas y su posición en las relaciones de producción no resulta tan opresiva, estas mujeres identifican la subordinación de género como su principal problema. Buscan la igualdad con los hombres de su clase, dentro de su estrato social e identifican el machismo como un límite para su ascenso social, al tiempo que generalizan sus intereses como si fuesen los de todas. El resultado es la mistificación de un sujeto «mujeres» homogeneizado, no exento de esencialismo biologicista —como hemos visto en las violencias desplegadas por el feminismo transexcluyente— o cultural.⁷ El feminismo cultural se basa en la concepción de la opresión femenina en tanto originada, y a la vez expresada, en la cuestión sexual que fija una representación de los hombres como seres violentos y de las mujeres como víctimas. El sexo es así contemplado únicamente como un ámbito de subordinación. Para estos feminismos, el universalismo abstracto —«las mujeres son una misma clase porque están todas igualmente oprimidas por la violencia sexual»— acaba ocultando las diferencias sociales, raciales y de estatus entre las propias mujeres.

¿En qué se ha materializado este poder del feminismo hegemónico? Si analizamos tanto las principales medidas políticas como los contenidos que ocupan más espacio mediático y social vemos que lo que se identifica como los principales logros feministas de este ciclo se han centrado en las preocupaciones de las mujeres de clase media y alta. Cabe señalar, no obstante, a este respecto, que el feminismo no constituye una excepción, la mayoría de políticas que se aprueban están pensadas para estos sectores sociales.

Por una parte, la cuestión sexual ha centrado la mayor parte de los debates públicos y a nivel institucional se ha materializado en la conocida como ley del solo sí es sí. Una de las derivaciones de esta preocupación es la prostitución, en torno a la cual se han intentado aprobar medidas que criminalizan el trabajo sexual. De otra parte, otro de los elementos centrales de la agenda feminista ha estado en la cuestión de la representación y los techos de cristal, es decir, de todas aquellas propuestas destinadas a facilitar la igualación de las mujeres mejor posicionadas socialmente con los varones de su clase, en vez de promover una distribución de la riqueza capaz de mejorar las condiciones de vida de las mujeres más precarizadas. Cabría citar aquí, por ejemplo, la propuesta de ley de paridad del PSOE, como medida estrella dentro del paradigma de la discriminación positiva. Esta ley fija cuotas de mujeres en los consejos de administración, colegios profesionales, gobiernos y listas electorales.

Para muchas de estas mujeres, su principal problema no es el de la desigualdad que mantienen con los hombres de su clase, sino la explotación, el racismo o la precariedad

Otras medidas aprobadas, como las bajas por reglas dolorosas o la ampliación de los permisos parentales, pueden resultar interesantes y valiosas. Pero estas solo benefician a mujeres con contratos laborales estables y con garantías, así como a aquellas con relaciones sexoafectivas encuadradas en el orden familiar con reconocimiento legal.⁸ En cualquier caso, estas propuestas difícilmente pueden mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras que se encuentran en los sectores con mayores niveles de explotación, o las mujeres en situación de subempleo, las internas, las trabajadoras indocumentadas o las mujeres que crían solas. Para muchas de estas mujeres, su principal problema no es el de la desigualdad que mantienen con los hombres de su clase, sino la explotación, el racismo o la precariedad existencial. Por otra parte, en un mercado laboral crecientemente dualizado —entre trabajos relativamente seguros y con derechos y otros precarizados con contratos temporales o parciales y con más dificultades de hacer valer los derechos laborales—, cualquier medida asociada al empleo formal tendrá dificultades para extenderse a estas mujeres precarias.

Podemos decir, por tanto, que el feminismo hegemónico no representa a las mujeres más afectadas por el capitalismo patriarcal. No se preocupa por ejemplo de la ley de extranjería, que deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, falta de derechos y existencia social, expuestas tanto a la explotación como a las violencias —en los trabajos invisibilizados como la prostitución o el trabajo doméstico—. Por otra parte, ha habido algunos avances relacionados con la reproducción social, como la ampliación de los permisos parentales para los varones y la aprobación de nuevos permisos para el cuidado de menores o personas a cargo, así como algunas leves mejoras de la ley de dependencia —si bien su implementación depende en buena parte de las comunidades autónomas—. Sin embargo, la universalización y gratuidad de las escuelas infantiles —una medida que cambiaría radicalmente la vida a muchas mujeres, sobre todo a las más precarias sin red social— ha quedado olvidada, así como cuestiones como la gratuidad de los comedores escolares. Más allá del ámbito laboral, el feminismo hegemónico tampoco se ha ocupado de problemas como el acceso a la vivienda, una de las principales vías de expropiación de renta a las trabajadoras, pero también uno de los elementos que más dificultan la autonomía de las mujeres a la hora de salir de una relación donde se produce violencia de género.

Hubiese sido fundamental el reconocimiento de las numerosas enfermedades laborales propias de los sectores feminizados

Otro de los grandes olvidos de este feminismo preocupado por los techos de cristal es la mejora de las condiciones laborales de los trabajos feminizados de cuidados —cuidadoras y limpiadoras en general—, o de otros sectores como las jornaleras agrícolas —muchas de ellas trabajadoras extranjeras por contingentes— o de las obreras de la industria textil o el turismo. En este sentido, además de centrarse en las bajas por reglas dolorosas, hubiese sido fundamental el reconocimiento de las numerosas enfermedades laborales propias de estos sectores. Esta es una de las principales reivindicaciones del sindicalismo feminista que apenas consigue atención por parte del feminismo mainstream.

Respecto de las condiciones laborales del sector de cuidados, durante este ciclo de movilización tampoco se han conseguido avances radicales en la mayoría de empleos feminizados. Podemos rescatar la victoria obtenida por las trabajadoras del hogar y de cuidados en 2022, incorporada a una nueva ley que recoge importantes mejoras. Pero lo cierto, es que estas demandas no tuvieron hueco en la agenda del gobierno hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó —en febrero de 2022— que su exclusión de la prestación de desempleo es contraria a la legislación de la Unión, en sintonía con las presiones de numerosas organizaciones de trabajadoras del hogar y de los cuidados y la aparición de sus reivindicaciones en los medios —en parte gracias a las huelgas feministas—. Después de este fallo del TJUE, se reformó el estatuto de estas trabajadoras con mejoras importantes, si bien sin llegar a equipararlas al resto de trabajadores.⁹ En este ámbito trabajan además muchas mujeres sin papeles, una situación que no solo se ha naturalizado, sino que se ha convertido en una forma de regularización para muchas mujeres recién llegadas a España.

La reforma laboral terminó consolidando y legitimando las externalizaciones de servicios esenciales dentro de las empresas

Hay que señalar aquí también, que en estos años se han producido numerosos conflictos laborales en el sector de los cuidados. Es el caso de las trabajadoras de las residencias de ancianos o del Servicio de Atención a Domicilio, colectivos que en general presentan condiciones laborales deplorables y que han conseguido escasas victorias, a pesar de su relevancia social patente sobre todo durante la pandemia de Covid-19. También importantes han sido los conflictos laborales que se han producido en estos sectores, con algunas victorias como la de la limpieza en el País Vasco. De hecho, en noviembre de 2023 se convocó una huelga general feminista en esta comunidad centrada en la cuestión de los cuidados. Sin embargo, en lo que se refiere a la situación de una de las luchas más simbólicas del sindicalismo feminista de los últimos tiempos, la de las camareras de piso, la reforma laboral terminó consolidando y legitimando las externalizaciones de servicios esenciales dentro de las empresas, confirmando así una de las vías de precarización laboral femenina más importantes.

La defensa de los intereses del feminismo de clase media

Si bien la precariedad es masiva entre mujeres y disidencias sexuales, en el otro extremo, la presencia de mujeres con estudios universitarios en la mayoría de ámbitos profesionales de relevancia social ha crecido de forma ininterrumpida a lo largo de las últimas décadas. Esta presencia no se corresponde, sin embargo, con un peso similar en los lugares de poder: el famoso techo de cristal.¹⁰ De ahí que hayan tomado tanta relevancia la política de cuotas, la consideración de los «techos de cristal» o medidas puramente simbólicas Actualmente, las mujeres de clase media o alta son mayoría en muchos ámbitos, en los que sin embargo no han obtenido un poder equiparable. Esta composición social, hecha principalmente de mujeres que ven sus posibilidades de ascenso social coartadas por el machismo estructural, es una de las bases materiales que han empujado el feminismo en los últimos años en España. Sus prioridades se han colocado así en el centro de la agenda feminista.

El hecho de que haya más mujeres en los puestos más elevados no repercute en los cambios estructurales necesarios para mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres

Como era de esperar, no obstante, esta lucha por la igualdad de género en las posiciones medias y altas de las jerarquías profesionales, no modifica la vida de la mayoría de mujeres, sobre todo de aquellas que no tienen ninguna posibilidad de plantearse una carrera profesional. De una parte, estas posiciones de mando y prestigio requieren de fuertes insumos de trabajo, materiales, energía, etc., que sostienen todas las jerarquías y niveles de explotación conocidos. De forma correlativa, el hecho de que haya más mujeres en los puestos más elevados de las jerarquías gubernamentales, académicas, profesionales, militares o empresariales no repercute en los cambios estructurales necesarios para mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres de las clases populares. Tampoco incide en reducir las desigualdades generadas por la división sexual del trabajo: las mujeres profesionales salen de casa dejando a otras mujeres en su lugar. Por eso, desde la perspectiva de un feminismo de clase o de transformación, el poder necesario para cambiar las cosas no se encuentra del lado del mando —capitalista o estatal—, sino en la construcción de una capacidad propia que nos permita luchar contra la producción y reproducción de las desigualdades.

En este sentido, el feminismo hegemónico no solo instrumentaliza la representación de las movilizaciones en favor de sus propios intereses, sino que invisibiliza o incluso bloquea los conflictos protagonizados por otras mujeres. La principal consecuencia de un feminismo hegemónico de clase media disfrazado de feminismo universal es la pacificación de la capacidad subversiva de los feminismos de clase y su utilización como una herramienta de gobierno. Las luchas de las trabajadoras domésticas y de las trabajadoras sexuales son dos ejemplos que nos permiten vislumbrar el funcionamiento pacificador e integrador del feminismo hegemónico de clase media.

La pacificación de la crisis de los cuidados¹¹

La cuestión de los cuidados, es decir, la cuestión de cómo reproducimos la vida en el capitalismo actual es también una cuestión de clase / raza. Ciertamente, lo que permite que muchas mujeres tengan la posibilidad de acceder a puestos profesionales bien remunerados —que es lo que principalmente constituye la clase media— es que puedan externalizarlos a otras trabajadoras. En esto consiste la solución europea a la crisis de los cuidados: son las mujeres migrantes quienes se hacen cargo de estas tareas que, a falta de socializarse, siguen dependiendo de la división internacional del trabajo feminizado, hoy declinada en las cadenas globales de cuidados.¹² Según datos de 2019, de todas las trabajadoras del hogar de la UE, 2,5 millones son trabajadoras domésticas. El 28 % de las mismas trabajan en España, el 88% son mujeres y el 72,2 % proceden de la migración (fundamentalmente de América Latina y de Europa). En el caso del 11 % de trabajadoras internas, nueve de cada diez son extranjeras y la propia existencia de este tipo de empleos se asienta, sin duda, en el régimen de fronteras y la ley de extranjería.¹³

Se están impulsando políticas de conciliación basadas en destinar dinero público a abaratar la contratación de trabajadoras del hogar

Como hemos comentado, el conflicto de décadas sostenido por las trabajadoras domésticas ha logrado arrancar recientemente la ratificación del Convenio 189 de la OIT y el derecho al subsidio por desempleo (Real Decreto Ley 16/2022). Pero no olvidemos que junto a estas mejoras en las condiciones laborales, también se están impulsando políticas de conciliación basadas en destinar dinero público a abaratar la contratación de trabajadoras del hogar a aquellas familias que pueden permitirse este tipo de empleadas. De este modo, se han implementado una serie de bonificaciones y reducciones en las cuotas para las personas empleadoras dirigidas a compensar el aumento de las cotizaciones. Este abaratamiento del empleo del hogar sobre la base de aumentar el gasto público lleva tiempo realizándose a nivel de las comunidades autónomas; así por ejemplo la Comunidad de Madrid aprobó en el 2023 ayudas directas de hasta 4.000 euros para sufragar los costes laborales de las empleadas domésticas.¹⁴

La realidad es que muchas mujeres de clase media no pueden renunciar a la externalización del trabajo doméstico sobre otras mujeres con sueldos bajos y menos derechos laborales, si no quieren alterar sustancialmente ni sus equilibrios familiares, ni sus estándares de consumo. Como hemos visto, lo que se conoce como conciliación familiar, otra demanda clave del feminismo hegemónico, es la facilitación, vía dinero público, de la emancipación de las mujeres de clase media mediante el encierro de las mujeres de las clases populares en las tareas de reproducción. Si tenemos en cuenta, además, los mecanismos de explotación y apropiación sancionados por la ley de extranjería, lo que finalmente se promueve mediante estas políticas de conciliación es una condena de las mujeres de origen migrante, extranjeras y/o racializadas al sector laboral de los cuidados.¹⁵

Desde un feminismo de clase deberíamos preguntarnos por tanto sobre cómo luchar por la socialización de las tareas reproductivas —y su desfeminización—, al tiempo que lo hacemos contra la división sexual e internacional del trabajo. También habría que recuperar las discusiones y prácticas en torno a formas de convivencia, crianzas y atenciones a la enfermedad, diversidad funcional o vejez fuera del ámbito de las soluciones individuales dentro de la familia. Por eso, es pertinente resucitar las discusiones sobre la familia que tan ricas fueron en los feminismos liberacionistas de las décadas de 1960 y 1970.

La línea roja del trabajo sexual

Asistimos a un ataque redoblado de un feminismo abolicionista que pretende criminalizar el trabajo sexual

Dentro de los trabajos feminizados en el campo de «los cuidados», la prostitución constituye una línea roja para el feminismo hegemónico de clase media. Si la lucha de las trabajadoras domésticas o de los sectores de cuidados puede encontrar cierto apoyo en un sector pequeño del feminismo de gobierno, las trabajadoras sexuales rara vez reciben el mismo trato, aunque se encuentren igualmente atravesadas por las opresiones de clase, raza y género. En estos últimos años hemos asistido a un ataque redoblado de un feminismo abolicionista que pretende criminalizar el trabajo sexual. Este feminismo niega sistemáticamente el poder de decisión de las trabajadoras sexuales y su capacidad de agencia —no serían «prostitutas», sino «prostituidas»—, su fuerza organizativa —no serían trabajadoras en lucha, sino víctimas que necesitan ser salvadas— y la perspectiva feminista de su batalla —no serían activistas sino «asalariadas del lobby proxeneta»—. Incluso la ley del solo sí es sí, que dice colocar el «consentimiento en el centro», en un primer momento introducía dos propuestas que implicaban volver a códigos penales del pasado: perseguir lo que se conoce como proxenetismo no coactivo —recibir dinero de alguien que se prostituye de manera voluntaria— y castigar a quienes alquilan locales o pisos para ejercer la prostitución —tercería locativa—, este último caso retirado del Código Penal en 1995 por el propio PSOE. Las trabajadoras sexuales organizadas explicaron cómo este giro abolicionista de la ley iba a criminalizar y dificultar su trabajo, dando más poder a jueces y policías sobre sus vidas. Y de hecho solo su movilización ha logrado evitar una penalización que hubiera precarizado, aún más, las condiciones de vida de las mujeres en este sector. Sin embargo, no lograron impedir que la ley terminara incluyendo la prohibición de los anuncios de prostitución, una medida que pone trabas al trabajo autónomo en el sector. De hecho, las perspectivas a corto plazo para las trabajadoras sexuales no son prometedoras. En esta próxima legislatura de PSOE-Sumar, es previsible que se reanude el proyecto de ley abolicionista impulsada por los socialistas, que en la pasada legislatura no hubo tiempo de tramitar.

Se trata de acabar con la prostitución ofreciendo como alternativa trabajos mal pagados en el sector de los cuidados

En conjunto, no solo el feminismo hegemónico, sino también una parte del feminismo abanderado por el campo de las llamadas «izquierdas» —desde comunistas a socialdemócratas, pasando por algunos sectores del feminismo de base y la autonomía—, están comprometidos en una cruzada por la «salvación» de estas mujeres, en su mayor parte empobrecidas, migrantes, racializadas y trans. Este «rescate moral»¹⁶ consiste, en la práctica, en tratar de acabar con la prostitución —siempre de la mano del Estado— ofreciendo como alternativa trabajos en el sector de los cuidados —en general peor remunerados y con menos autonomía— y por los que muchas de estas trabajadoras ya han pasado y han abandonado por su baja remuneración y sus altos niveles de explotación.

Segundo límite: la centralidad de las violencias sexuales y la deriva punitivista

Indudablemente, este ciclo feminista ha obtenido parte de su impulso de la denuncia de las violencias que se ejercen sobre los cuerpos feminizados —los abusos en el ámbito del trabajo o las violencias en las familias, en el ámbito de la pareja o exparejas—, pero sobre todo aquellas de carácter sexual. Como ya hemos señalado, los debates sobre la cuestión y el cambio cultural que se ha producido al respecto es quizás el mayor logro de estas luchas. Sin embargo, su traslación legislativa, a partir de los pánicos morales y la sensación de alarma espoleados por los medios ha tenido también algunas consecuencias indeseadas. La más evidente es una deriva punitivista: en el imaginario social se ha acabado instalando que las causas penales y la cárcel pueden ser una solución para las agresiones —incluso las más leves—, que el castigo es la mejor manera de proteger a las mujeres. Así lo podemos percibir tanto en los intentos de criminalización del trabajo sexual, como en la ya citada ley del solo sí es sí.

El sistema penal, el sistema de encarcelamiento, policial y represivo ha salido reforzado bajo la bandera de la lucha contra la violencia machista

Aunque en principio la nueva norma no se anunció en un marco de endurecimiento penal —de hecho contenía medidas destinadas a la prevención, a la protección de las víctimas, ayudas económicas y laborales, servicios de asistencia especializada y otros elementos importantes como la posibilidad de recibir esta asistencia sin necesidad de denunciar—, esta contenía diversos elementos punitivistas: incluía nuevos delitos como el acoso callejero, establecía nuevas penas accesorias como las inhabilitaciones, medidas cautelares más duras y dificultaba el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado.¹⁷ Además, prohibía la mediación —a imagen de la ley de violencia de género—, reduciendo la agencia y las posibilidades de las personas agredidas, sobre la base de una imagen de estas como seres impotentes y frágiles, dificultando también los procesos de justicia restaurativa.¹⁸ De esta manera, aunque el debate sobre el consentimiento y su significado ha sido fundamental para el cambio cultural, cuando se ha llevado al terreno de la ley penal, el sistema de encarcelamiento, policial y represivo ha salido reforzado bajo la bandera de la lucha contra la violencia machista y en nombre del feminismo.

De forma definitoria, cuando estalló la polémica mediática instrumentalizada por las derechas, porque la nueva ley estaba provocando rebajas de penas e incluso excarcelaciones, el Ministerio de Igualdad no defendió públicamente que más penas no sirven para proteger a las mujeres o que, de hecho, las penas son excesivamente altas en España. Tampoco lo hicieron ni el feminismo hegemónico ni el feminismo de base. En los días de la polémica, al menos en Madrid, se llegaron a convocar concentraciones y a difundir manifiestos de apoyo desde una óptica que no se desmarcaba de los aspectos punitivos de la ley. En ese momento, a muchas les pareció que, frente a los ataques de la derecha, había que cerrar filas y defender a toda costa una ley penal. Fueron pocas las voces que hicieron notar que, desde una perspectiva antipunitiva y de justicia social, el feminismo no se puede apoyar en el sistema penal, al menos no de una manera acrítica.

El derecho penal sexual ha pasado a ser uno de los principales campos de experimentación del populismo penal

En las últimas dos décadas, el derecho penal sexual ha pasado a ser uno de los principales campos de experimentación del populismo penal. Como señalan muchos juristas, cada reforma endurece sistemáticamente las respuestas y las aproxima peligrosamente a los derechos penales excepcionales de los delitos de terrorismo. Todo ello en un país que tiene una de las poblaciones carcelarias más numerosas de Europa, mientras mantiene índices de criminalidad relativos muy bajos. De hecho, las penas por este tipo de delito ya son muy altas, mucho más que en los países de nuestro entorno. Así, por ejemplo, se puede imponer la misma pena (15 años) por un homicidio y por una violación. Pero como prueban todas las investigaciones criminológicas, más cárcel no sirve para evitar los delitos, porque su principal función es la de castigar, concretamente, castigar a los pobres.¹⁹

Respecto del feminismo de clase, parece claro que la discusión de los tecnicismos legales del sistema penal no debería ser una prioridad, al igual que tampoco tendríamos que ignorar las subidas de penas que se están produciendo en nuestro nombre. En realidad, las cárceles y las fuerzas de seguridad del Estado salen caras si se piensa en todo el dinero que se deja de invertir en derechos sociales —también para las mujeres—. Del mismo modo, deberíamos discutir si tiene sentido privilegiar la violencia sexual por encima de otras violencias, como la de ser desahuciada, o de que te quiten a tus hijos por no tener casa o con quién dejarlos cuando trabajas. O por qué se tendría que condicionar el acceso a derechos que deberían ser universales —vivienda, renta, etc.—, al hecho de ser categorizada primero como víctima.

Es más fácil que los gobiernos ofrezcan como solución una reforma penal o la tipificación de nuevos delitos a que intervengan sobre sus causas

Por tanto, y aunque el #MeeToo ha producido cambios culturales imprescindibles, también ha terminado legitimando el sistema penal y carcelario, y abonando el populismo punitivo. El punitivismo está ligado además al feminismo de clase media —a una sociedad de clases medias— por la forma compartida de entender el Estado y sus aparatos judicial, policial y penal. Una de las críticas fundamentales al sistema penal es que individualiza el comportamiento «delictivo» y actúa sobre sus efectos a posteriori —es decir, solo castiga, no previene— de manera que no afronta las razones estructurales de los «delitos». Es más fácil que los gobiernos ofrezcan como solución una reforma penal o la tipificación de nuevos delitos a que intervengan sobre las causas que están detrás de las conductas tipificadas como criminales, las cuales normalmente son inseparables de los factores económicos, políticos y sociales generadores de desigualdad.

Sabemos que la violencia sexual tiene una función de sujeción de las mujeres a los roles establecidos. En este sentido, un feminismo que pone en el centro únicamente esta cuestión —por muy importante que sea luchar contra todas sus manifestaciones— y se olvida de la desigualdad económica o del resto de violencias vinculadas a ella, jamás será un feminismo emancipador. En las revueltas de América Latina, el Estado y sus instituciones policiales y judiciales son percibidas de manera más clara como parte del problema. Por eso, deberíamos poner el foco en el hecho de que muchas mujeres —gitanas, sin papeles y migrantes sin recursos, pobres, desahuciadas, etc.— no esperan protección de las fuerzas del orden o reparación en los juzgados por las violencias patriarcales que padecen. De hecho, para muchas de ellas ese mismo Estado puede ser el principal origen de la violencia que sufren. También que, en el caso de las mujeres empobrecidas, las estrategias de acompañamiento, protección y defensa que pasan por las instituciones policiales y judiciales no siempre son las mejores o las que ellas escogerían.

Esta representación de la violencia sexual como la mayor violencia o sufrimiento que viven las mujeres —como un todo—, obviando las desigualdades económicas y de poder, tiene que ver con un feminismo hegemónico de clase media de mujeres que no están atravesadas por las dificultades vitales que impone la pobreza o muchas experiencias migratorias. También está relacionada con la extensión social de identidades homogeneizadas y polarizadas mujeres / hombres y sus correlativos papeles de víctimas / agresores, que naturaliza la construcción cultural de las posiciones de género, convirtiendo las jerarquías patriarcales en un problema de relaciones interpersonales.²⁰

En España existe un feminismo de base que, desde hace años, trabaja en una línea antipunitiva

El feminismo de clase tiene la tarea de explicar cómo el género atraviesa las violencias institucionales, las que se derivan de ser pobres o de estar en prisión, de no tener papeles o de quedarse en la calle. Un feminismo emancipador debe asumir el reto de enfrentar todas estas manifestaciones de la violencia en su declinación «de género» y también de relacionarlas con las luchas por las condiciones de vida. Este feminismo también tendría que apostar por el abolicionismo de las cárceles, teniendo en cuenta que estas encierran de forma desproporcionada a hombres racializados y pobres, y que perjudican gravemente a las mujeres de sus entornos familiares y comunitarios. De hecho, en España existe un feminismo de base que, desde hace años, trabaja en una línea antipunitiva a la que le queda todavía mucho camino para imaginar y construir otras lógicas, para lograr introducir en el debate público cuestiones como qué significa la justicia feminista —transformativa o restaurativa— y cómo evitar reforzar el sistema penal en nombre del feminismo.

El sentido emancipador contenido en las movilizaciones que se produjeron durante el juicio de la manada —libertad sexual para las mujeres— y de las movilizaciones feministas de este periodo —huelga feminista del 2018 contra los efectos de la división sexual del trabajo y sus cruces con el sistema de extranjería— quedó despotenciado en este ciclo por la sobredeterminación de un debate copado por el feminismo hegemónico y sus intereses de clase, así como por la cuestión de la violencia desde un marco punitivo. La ley de paridad —y otras lógicas similares de discriminación positiva— y la ley del sí es sí son, por eso, dos caras de una misma forma de gobierno que opera a través de la integración diferenciada —las que pueden llegar— y la exclusión selectiva —el refuerzo del sistema penal siempre va en detrimento de las de abajo—.

Para futuros desarrollos dejamos un tema que creemos central para los movimientos de base en un sentido amplio: el cuestionamiento de si también hemos asumido estas lógicas punitivas en la gestión de las violencias machistas de nuestros espacios políticos y cómo abordarlas desde otras lógicas. Un cuestionamiento que percibimos creciente y que está llevando a numerosas reflexiones por todo el territorio.

Tercer límite: una nueva oleada de institucionalización de los feminismos

Cuando hablamos de institucionalización nos referimos al proceso de incorporación de personas y demandas de los movimientos sociales a las instituciones de gobierno,²¹ así como a la instrumentalización que se hace de estos movimientos para legitimar a gobiernos, líderes o políticas de todo tipo. Igualmente, la institucionalización comprende también la asunción por parte de los movimientos o las organizaciones de base de la agenda institucional —y mediática—, y el horizonte estatal y legislativo como el espacio privilegiado al que acaban dirigiendo sus esfuerzos.

En España, después de la Transición se produjo un proceso de institucionalización de la ola feminista de los años setenta, con la incorporación de decenas de mujeres a puestos políticos e institucionales, y la creación de instituciones propias como el Instituto de la Mujer (1983) y el desarrollo de los primeros Estudios de Género en las universidades. También se produjo la «estatalización» de algunos proyectos autogestionados de los movimientos como los centros de salud reproductiva. Existe un paralelismo entre este proceso que produjo una pérdida de potencia y radicalidad del movimiento después de la Transición y lo que está sucediendo en el presente. La institucionalización a la que nos enfrentamos hoy es la del 15M, la del movimiento de las plazas, que tuvo su reflejo en las configuraciones masivas de los 8M a partir de 2018.²²

Hoy, la «crisis de régimen», que identificamos con los procesos políticos abiertos por las movilizaciones del 15M de 2011, se ha cerrado completamente. De ese magma surgieron apuestas electorales —Podemos, las confluencias y los municipalismos—, que pretendieron convertir esa contestación en poder institucional. Podemos, que se presentó como el gran partido de la protesta contra el bipartidismo, integró el primer gobierno de coalición con el PSOE (2020-2023) y gestionó el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero, una de sus principales líderes. Sin embargo, ni en el actual Podemos, ni en lo queda de la «nueva política» podemos encontrar ni rastro del impulso democratizador que salió de la impugnación quincemayista; ni en las formas —limitación de mandatos, control de salarios, reflexiones sobre la democracia interna y la participación—, ni en el proyecto —«transformar las instituciones» y «democracia real»—.

El feminismo se ha visto continuamente instrumentalizado en la configuración de las confluencias de izquierdas

Durante la pasada legislatura (2019-2023), hemos visto como el «gobierno progresista» se ha apoyado en el feminismo para legitimar sus políticas con el discurso de ser «el gobierno más feminista de la historia», poniendo el acento en la gran cantidad de mujeres ministras y en una inflación de la retórica feminista. Por otra parte, hemos asistido también a disputas partidarias entre el PSOE y Podemos por hacerse con el capital político de las movilizaciones. El episodio más evidente ha sido la disputa de la ley trans, donde las socialistas se han apoyado en el sector del feminismo transexcluyente contrario a la ley de autodeterminación de género impulsada por Podemos. Estos encendidos debates han formado parte de la guerra interna de la izquierda institucional por tratar de representar al feminismo. El feminismo se ha visto así continuamente instrumentalizado en la configuración de las confluencias de izquierdas.²³

Igualmente durante esta legislatura, al menos en Madrid, se ha producido una aparente identificación de una parte del feminismo de base con este Ministerio y sus objetivos.²⁴ Por un lado, las guerras culturales y los ataques lanzados por la extrema derecha de Vox han polarizado el espectro político, han urgido a posicionarse y han vuelto muy difícil articular un discurso propio al margen de la política institucional. El resultado ha sido el cierre del campo de la crítica al gobierno «para no dar armas al enemigo». Por otro lado, la identificación de algunos movimientos de base con muchas de las representantes de Podemos tiene también su razón de ser en el hecho de que muchos de los cargos y asesoras del Ministerio de Igualdad o del Instituto de las Mujeres han formado parte o tienen visibilidad dentro de los movimientos feministas, esto es, son «una de nosotras». La cercanía y el conocimiento directo, «a golpe de teléfono», ha podido influir en la asunción de la agenda institucional y del marco político de la producción de leyes como el espacio privilegiado para la acción feminista, dificultando así la autonomía de los movimientos de base.

La falta de capacidad para establecer agenda y crear conflictos a la altura ha terminado derivando en un repliegue a los tiempos institucionales

Los movimientos han quedado así atrapados en demandas estado-céntricas y en la producción de leyes, además de supeditados a la relación que se consiga establecer con la ministra de turno, en vez de a la capacidad de organización y de generación de conflicto que permiten conquistas gracias a la fuerza de la movilización. La consecuencia es que ha acabado por entender la ley y la producción de políticas públicas como forma primordial o casi única de transformación social y de acción posible para los movimientos. Se observa así una cierta pérdida de la capacidad de establecer una agenda propia, tal y como ocurrió en el ciclo 2018-2019 con la huelga feminista y la discusión pública abierta en relación con la cuestión de la reproducción social. La falta de capacidad para establecer agenda y crear conflictos a la altura ha terminado derivando en un repliegue a los tiempos institucionales, a los eventos calendarizados y a las disputas internas por sus contenidos (8M y 25N).

La identificación del gobierno con el feminismo y la de los movimientos con la agenda gubernamental ha permitido la recuperación de sus discursos, y con ello el vaciamiento de su potencia política. Los conceptos, como «cuidado» o «violencia machista», han perdido también sentido como instrumentos a la hora de pensar e impulsar los conflictos en marcha. Mientras que las representantes políticas dicen hablar o legislar en nombre del feminismo, retiran agencia política a los movimientos de base y les hacen perder su sentido impugnador.

Se olvida que la posición de los políticos es el resultado de las negociaciones con otros actores institucionales o grupos de poder

Por otra parte, la identificación con el gobierno, considerado aliado, lleva a no criticar las limitaciones de sus políticas. Así, debido a la confianza «delegada» —«son de las nuestras»— se considera que la acción del gobierno «es la mejor política posible» y, debido los ataques de la derecha, se considera negativo dar argumentos críticos. En ambos casos, se termina olvidando que los políticos se deben a otros intereses, que su posición es el resultado de las negociaciones con otros actores institucionales o grupos de poder, más que de su alianza con determinados sectores de movimiento.

El peligro está en que si las leyes resultantes son tibias o directamente contraproducentes, y los movimientos de base se presentan como alineados con el gobierno, esto puede provocar el alejamiento de una parte de los sectores de movimiento —que pueden dejar de ver en los feminismos una herramienta efectiva de cambio—. Además, cuando el feminismo se identifica con las posiciones de poder, especialmente en momentos de creciente desafección política, este se vuelve vulnerable frente a la reacción antifeminista, especialmente entre los más jóvenes. El alineamiento de los movimientos con los políticos progresistas —con estándares de consumo de clase alta, identificados con el poder y desconocedores de los problemas de los sectores más excluidos— implica, en definitiva, una cierta alienación respecto de los sectores más empobrecidos.

Para seguir con el debate

En este artículo hemos analizado algunos problemas que pueden explicar la relativa ausencia de efectos de la última oleada feminista en las condiciones estructurales en las que viven las mujeres. Hemos hablado del poder del feminismo hegemónico de clase media a la hora de universalizar sus demandas y de los efectos de la institucionalización en la determinación de la agenda y los horizontes de las movilizaciones feministas. Que se generalicen los intereses de las feministas de clase media como los de «todas las mujeres» limita las potencialidades políticas de un feminismo de clase o de transformación, que busque la redistribución radical de la riqueza y del poder.

La apropiación del feminismo se vuelve más difícil cuando el feminismo es capaz de construirse en términos materiales

Nuestro feminismo se propugna «de clase», o en otros términos: anticapitalista, sindicalista, feminismo de los sures o de las de abajo. Creemos que la apropiación e instrumentalización del capital político del feminismo, al modo en que hace el feminismo hegemónico de clase media, se vuelve más difícil cuando el feminismo es capaz de construirse en términos materiales. En este sentido, no queremos cuotas en los consejos de administración, sino acabar con las diferencias radicales de salario y en las condiciones de trabajos, en última instancia, abolir el trabajo asalariado y la propiedad privada. De otra parte, solo desde un «feminismo situado» y desde los conflictos concretos —en el sindicalismo social, en las luchas de vivienda, en las luchas laborales, etc.— podremos preservar nuestra autonomía como movimiento, dejar de trabajar para el feminismo hegemónico y adoptar su agenda como propia.

Por tanto, una de las grandes cuestiones a las que nos enfrentamos desde un feminismo de clase es cómo podemos construir un movimiento interclasista, una herramienta útil para la transformación que sitúe los intereses de las que están más abajo en el centro, sean pobres, putas, trans o migrantes. Esto nos lleva a interrogarnos por nuestra propia composición social, ¿cómo trabajar políticamente con las mujeres más pobres o precarias? Aunque este tipo de alianzas ya se están produciendo en algunas asambleas, donde se juntan trabajadoras domésticas organizadas o trabajadoras sexuales y otras formas de sindicalismo feminista, el feminismo sigue siendo mayoritariamente de clase media —y urbano—.

Las respuestas no son fáciles. Por un lado, desde una mirada de clase, la cuestión de reproducción social sigue siendo un lugar político central desde el que impulsar propuestas transformadoras. La pregunta sería ¿cómo romper la sororidad abstracta entre mujeres —es decir, el falso interclasismo feminista— para poner en el centro el apoyo mutuo entre las de abajo? O por lo menos ¿cómo dar lugar a alianzas políticas que consigan situar esos intereses y esa mirada de clase en la agenda política? Sin duda, compartir espacios de militancia con mujeres que tienen otras preocupaciones distintas a las mujeres de clase media puede ayudar a centrar los discursos y las propuestas políticas. Si el feminismo de transformación quiere avanzar, tiene que consolidarse en este tipo de organizaciones existentes u otras nuevas, dotarse de instituciones propias que sean capaces de lanzar y sostener conflictos, y de mantener posiciones autónomas que no asuman ni defiendan la agenda impuesta desde los medios y desde los ministerios.

La agenda y las prioridades tienen que partir desde abajo

Creemos en la necesidad de dotarnos de instituciones propias desde las que generar el poder necesario para, si creemos necesario hacer demandas al Estado, aunque sepamos que no es la única vía de transformación social ni de mejora de nuestras vidas, pueda hacerse gracias a nuestra propia fuerza y no como «concesiones» a las políticas de turno que dicen hablar en nuestro nombre y que están sujetas a equilibrios institucionales frágiles y contingentes. La agenda y las prioridades tienen que partir desde abajo. Por otra parte, para enfrentar los discursos de las extremas derechas e incluso para evaluar con exactitud a qué peligros nos enfrentamos y cómo combatirlos mejor, será necesaria también una organización autónoma capaz de lanzar acciones de protesta o desobediencia.

Porque la política no pasa solo por hacer demandas de derechos al Estado, sino que tiene que dar lugar a un mundo propio. De aquí se desprende también el reto de articular un proyecto con vocación universalista. Si no queremos estar subordinadas es porque queremos un mundo donde nadie tenga que estarlo. Desde este lugar, es posible cuestionar toda la organización social. Del mismo modo, nuestra preocupación por la situación de las mujeres no puede construirse al margen del cuestionamiento de la explotación y el sufrimiento de los hombres de clase trabajadora. Nos importa que no haya trata con fines de prostitución forzada, porque no queremos que exista ningún tipo de trabajo forzado. No creemos en la explotación reproductiva porque no queremos ningún tipo de explotación. Por tanto, ¿cómo construir a partir de la posición de subordinación de las mujeres una propuesta emancipadora asociada a un proyecto de carácter universal que también pueda hacer más fuerte nuestra lucha? Probablemente solo desde estos planteamientos podremos desmarcarnos del falso interclasismo feminista y avanzar en una agenda propia del feminismo de las de abajo que vaya más allá de las leyes de paridad y de las leyes penales, y que cortocircuite la apropiación de nuestra capacidad de enunciación política con el objetivo de gobernarnos mejor.

Otra de las dificultades a la hora de construir este feminismo de clase tiene que ver con la cuestión de la identidad. Partimos de que la identidad colectiva nos constituye y es algo imprescindible en las luchas, pero de una manera táctica y contextual, esto es, siempre que no quede esencializada y seamos capaces de pasar de la pregunta del «quiénes somos» al «quiénes podemos llegar a ser»; siempre que no se «corporativice» y nos quedemos ancladas en demandas parciales; es decir, siempre que no se convierta en una barrera a la hora de establecer frentes amplios que nos permitan generar organizaciones colectivas, espacios de apoyo mutuo y los conflictos necesarios para avanzar.

La «liberación» de algunas mujeres de clase media se hace a costa de otras que son explotadas en las tareas de reproducción social

El problema de las demandas parciales es, como hemos visto, que los intereses de una determinada capa social se identifican como «los intereses de todas», pero también que con demandas parciales solo conseguiremos mejoras parciales para ciertos grupos. Muchas veces además, estos se corresponden con políticas de integración de determinadas minorías o capas sociales y no con conquistas que puedan dar lugar a avances para quienes están más oprimidas, o incluso para una mayoría de mujeres. Tal y como hemos avanzado, la «liberación» de algunas mujeres de clase media se hace a costa de otras que son explotadas en las tareas de reproducción social.

Además, tenemos un reto enorme a la hora de imaginar líneas políticas y propuestas que se desmarquen frontalmente del clima punitivista imperante. El feminismo no debería quedar atrapado en la cuestión sexual cuando no hay una mirada de clase, centrar nuestras luchas en la cuestión de la violencia, si no forman parte de un proceso de transformación más amplio, nos enreda en debates que nos despotencian. Estas luchas pueden acabar incluso siendo instrumentalizadas para la aprobación de leyes que van en contra de nuestros objetivos. El feminismo antipunitivo pone el foco en eliminar aquello que causa violencia y busca alternativas al modelo existente, acordando y fortaleciendo otras formas de comprender y practicar la justicia. La justicia transformativa no consiste únicamente en reparar el daño que la violencia ha causado a la víctima, sino en influir sobre las condiciones (materiales y simbólicas, culturales, sociales, políticas, económicas…) que han posibilitado la violencia misma, con el fin de transformarlas. Esto implica un cuestionamiento de la cárcel y la cultura del castigo, pero también de las condiciones de vida. Un objetivo prioritario debería ser pues la mejora de la autonomía económica de las mujeres —sobre todo de las que más lo necesitan—, en tanto aquí convergen la lucha contra las violencias y contra la opresión. Ampliar esta autonomía posibilita tener más posibilidades de huir de la situación de violencia o enfrentarla con mayor capacidad, también incrementa las posibilidades de organización y de impulsar nuestras luchas contra la propia violencia del sistema. Tendríamos que apuntar así a las políticas de vivienda, de redistribución de la renta, de ampliación de la democracia e incluso de protección de los derechos civiles, como es el caso de la impugnación de la llamada ley mordaza.

Esperamos que este artículo forme parte de un camino que nos permita generar debates colectivos donde poder elaborar líneas estratégicas y organizativas de un feminismo de clase.

Esperamos que este artículo forme parte de un camino que nos permita generar debates colectivos donde poder elaborar líneas estratégicas y organizativas de un feminismo de clase. Por supuesto, sin miedo a criticar al feminismo de clase media ni a las políticas gubernamentales, porque la fuerza que hemos conseguido priorizando la unidad se ha demostrado inútil en tanto buena parte del movimiento, cooptado por arriba, prioriza hoy demandas que no son las centrales para la mayoría y que incluso se vuelven en nuestra contra esencializando imágenes victimizadoras que no ayudan a nuestra emancipación. Pongamos en el centro nuestras condiciones materiales e imaginemos luchas y estructuras colectivas que desafíen la división sexual e internacional del trabajo

1. Señalamos estos límites como tendencias generales, pero queremos destacar que este texto está escrito desde Madrid y que por tanto no puede ni pretende reflejar los diferentes procesos de institucionalización de los movimientos feministas que se puedan dar en las distintas partes del Estado, así como tampoco los procesos de resistencia a la misma por parte de los movimientos de base. ↩︎
2. Hablamos de internacionalismo feminista o de feminismos globales en la medida en que en contextos políticos muy diferentes las movilizaciones feministas han alcanzado un poder de influencia política significativo. Este poder de interpelación se tradujo, por ejemplo, en la capacidad de arrancar derechos como la legalización del aborto en Argentina en diciembre de 2020. Igualmente se convocaron manifestaciones multitudinarias contra candidaturas presidenciales de corte radicalmente reaccionario, como el movimientos #EleNão en Brasil en 2018 o las Marchas de Mujeres organizadas en diferentes países a partir de la victoria electoral de Trump en 2017. De hecho, en algunos de estos lugares como Brasil o Polonia, las movilizaciones feministas adquirieron gran transversalidad y se convirtieron en el punto más visible de oposición a los regímenes autoritarios imperantes. Estos feminismos también lucharon por avances legislativos en la libertad sexual de las mujeres y consiguieron poner el foco político y social sobre las agresiones sexuales y los feminicidios, así como reclamar el espacio público —como el #MeetToSleep en la India o el movimientos #NiUnaMenos desde 2016 en México—. Para profundizar sobre esta cuestión véase, por ejemplo, Gago, Malo de Molina y Caballero (eds.), Internacional feminista. Lucha en los territorios contra el neoliberalismo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020. ↩︎
3. Para un desarrollo de esta perspectiva véase Raquel Gutiérrez Aguilar, «Rebelión feminista, horizontes de transformación y amenazas fascistas en América Latina» en Vimeo, s./f., https://vimeo.com/366604329. Sobre la relación entre el proceso de globalización capitalista, el nuevo proceso de acumulación por desposesión y la escalada histórica de la violencia contra las mujeres, véase S. Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004 o M. Mies, Patriarcado y acumulación a escala global, Madrid, Traficantes de Sueños, 2019, p. 95. ↩︎
4. Entendemos que la posición femenina en el orden de género puede estar ocupada tanto por mujeres cis, como trans, y en ocasiones, también por determinadas expresiones de las disidencias sexuales. ↩︎
5. Véase por ejemplo el argumentario de la Comisión Feminista del 8M de Madrid. ¿Qué quiere el movimiento feminista? Reivindicaciones y razones, Madrid, Traficantes de Sueños, 2019. ↩︎
6. Entre muchas otras que podrían figurar aquí, destacamos: el manifiesto del Combahee River Collective (1982); Hazel Carby, «¡Mujeres blancas, escuchad! El feminismo negro y los límites de la hermandad femenina» en Jabardo (ed.), Feminismos negros. Una antología, Traficantes de Sueños, 2012 [1982]; bell hooks, Teoría feminista: de los márgenes al centro, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020 [1984]; Angela Davis, Mujeres, raza y clase, Madrid, Akal, 2004; Ana de Miguel y Rosalía Romero (ed.), Feminismo y socialismo. Antología Flora Tristán, Madrid, Catarata, 2022; Emma Goldman, Feminismo y anarquismo, Madrid, Enclave de Libros, 2017. ↩︎
7. Se llama feminismo cultural al resultado de la evolución del feminismo radical de las décadas de 1960 y 1970. Este feminismo dejó atrás el contenido de liberación sexual y las reivindicaciones relacionadas con la reproducción social del feminismo radical, para centrarse únicamente en la cuestión sexual como opresión, desde posicionamientos netamente conservadores. Hoy buena parte de las que se reivindican como seguidoras de las radicales han derivado en un feminismo de carácter esencialista o identitario, que les sirve para oponerse a los derechos de las personas trans o de las trabajadoras sexuales y que llega a cuestionar la revolución sexual como un logro «que solo sirve a los hombres». Para ampliar estas ideas véase por ejemplo Paloma Uría, El feminismo que no llegó al poder: Trayectoria de un feminismo crítico, Donostia, Thalasa, 2009 o R. Osborne, La construcción sexual de la realidad, Madrid, Cátedra, 2002. ↩︎
8. Respecto a las medidas gubernamentales queremos destacar algunos avances como la ley de autodeterminación de género o ley trans o la nueva Ley del Aborto que incluye mejoras en la salud sexual y reproductiva como es la reducción a los 16 años de la edad para decidir abortar. Cabría citar también la subida del Salario Mínimo Interprofesional que, aunque no podemos decir que haya sido expuesta como un avance feminista, es una medida que favorece a las mujeres de bajos salarios. ↩︎
9. Real Decreto Ley 16/2022, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. ↩︎
10. En la Administración pública española, por ejemplo, si bien existe ya una mayoría de mujeres (el 57,7 %), su número disminuye a medida que se asciende de categoría profesional. Así, mientras las mujeres ocupan de forma mayoritaria los puestos de auxiliares y personal de servicio, solo representan el 37,8% entre los altos cargos y las direcciones. Esta misma desigualdad se repite en la carrera judicial donde las mujeres ya son mayoría entre los jueces (el 54 %) pero aún son minoría en casi todos los estratos superiores: 12,34 % en el Tribunal Supremo, 34,5 % en las Audiencias Provinciales o 44,4 % en la Audiencia Nacional. La misma situación se produce en la carrera sanitaria, con un 54,2% de mujeres entre los médicos colegiados y solo un 32,7 % entre los cargos directivos en el sistema público de salud en España. La universidad no arroja resultados diferentes. Así, aunque en la actualidad la mayor parte de las alumnas son mujeres y sus resultados académicos son mejores que los de los hombres, solo un 26 % de ellas son catedráticas. Esta desigualdad de poder es mucho más acusada en el sector privado, sobre todo en los consejos de administración y en la alta dirección de empresas, donde las mujeres solo ocupan el 27,7 % de los cargos según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del 2021. ↩︎
11. Aunque utilizamos el concepto de crisis de los cuidados, tal y como se ha generalizado en la última década, entendemos que los cuidados —la reproducción social— siempre ha estado en crisis bajo el capitalismo. Este no sería, por tanto, un fenómeno nuevo que tiene como principal causa la entrada de las mujeres —de clase media— en el mercado laboral a partir de las décadas de 1960 y 1970, según la caracterización habitual. ↩︎
12. «Cuidados globalizados», en Precarias a la Deriva, A la deriva. Por los circuitos de la precariedad femenina, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004, pp. 217-248. ↩︎
13. Datos extraídos del informe «Esenciales y sin derechos. O cómo implementar el Convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar», de marzo de 2021, disponible on line. ↩︎
14. «La Comunidad de Madrid aprueba nuevas ayudas directas para contratar personas empleadas de hogar y facilitar la conciliación», Portal de la Comunidad de Madrid, 30 de mayo de 2023. ↩︎
15. Se puede aquí nombrar el trabajo de Sara Farris sobre las mujeres musulmanas. Farris ha estudiado extensamente la alianza que se produce en Europa entre neoliberales, extrema derecha y feministas de Estado (que ella denomina «feminacionalismo») en el uso de estereotipos racistas sexualizados sobre las «culturas no occidentales». El mínimo común de esta alianza reside en animar a estas mujeres racializadas, entendidas como víctimas, a abandonar sus «culturas patriarcales» y abrazar el empleo asalariado en el sector infrarremunerado de los trabajos de limpieza y cuidados. Este tipo de posiciones engancha con una larga tradición del feminismo europeo, que ha entendido el trabajo asalariado como liberador, trasponiendo esta asunción a las migrantes, al tiempo que las empuja a los trabajos mal retribuidos, que vienen precisamente a cubrir la salida de las profesionales al mercado laboral. Todo ello viene facilitado mediante políticas migratorias neoliberales de regularización e integración, así como de empleabilidad que, de facto, exigen la formación y puesta a disposición de las mujeres extranjeras en este sector. ↩︎
16. A este trabajo de reconversión se dedican las llamadas «industrias del rescate». La antropóloga Laura Agustín acuñó la expresión «industria del rescate» hace más de una década, con el fin de «resaltar el desarrollo de un sector social y económico que prolifera en proyectos no solo de carácter caritativo sino gubernamental, policial, médico, psicológico y comercial. Tiene ramas educativas y jurídicas. Algunos gobiernos tienen departamentos dedicados al problema. Provee muchos miles de empleos en todas partes del mundo y ha creado un sinfín de expertas y expertos en la materia» y, sin embargo, «ha continuado durante 200 años sin que la situación de la prostituta misma mejorara». Véase Laura M. Agustín, Sexo y marginalidad. Emigración, mercado de trabajo e industria del rescate, Madrid, Editorial Popular, 2009. ↩︎
17. La ley presentada por el Ministerio de Igualdad de la mano de Unidas Podemos unificaba los antiguos delitos de abuso —sin violencia— y agresión —con violencia o intimidación— en un solo tipo penal. Muchos juristas advirtieron de que esta unificación otorgaba más poder a los jueces a la hora de imponer penas y disponer de mayor discrecionalidad. Esto se debía a que en el mismo tipo penal entraban ahora actos muy dispares —desde tocar el culo en un bus a violar a punta de cuchillo—. En conjunto, la ley podía dar lugar a mayor arbitrariedad, de tal modo que se impusiesen penas más altas o bajas por el mismo hecho, según fuera el perpetrador. En cualquier caso, es cierto que la reforma rebajó algunas de las penas mínimas y dio lugar a algunas revisiones de condena. Estas, a su vez, fueron instrumentalizadas por la derecha y los medios de comunicación para atacar al gobierno y crear alarma social. Finalmente, la ley fue reformada a propuesta del PSOE recuperando parte de la estructura anterior, aunque con diferentes denominaciones. Las penas previstas siguen siendo tan elevadas como antes. ↩︎
18. La justicia restaurativa es una forma de resolución de conflictos basada en el diálogo, el acuerdo y la reparación del daño causado. Uno de sus métodos más conocidos es la mediación, que ofrece a víctimas y autores de los delitos un espacio de encuentro voluntario —físico o a través de mediadores profesionales— donde poder conversar. En ocasiones, esta mediación se puede utilizar por parte de la justicia ordinaria, en forma de acuerdos que pueden ser tenidos en cuenta por los jueces. También pueden darse después del proceso judicial, independientemente de que haya sentencia condenatoria o no, siempre que ambas partes estén de acuerdo en participar. ↩︎
19. Existe una extensa bibliografía sobre el sistema penal y carcelario, que va desde el libro ya clásico de Foucault, Vigilar y castigar, a todo lo producido por el movimientos abolicionista de las cárceles en Estados Unidos. Estos trabajos señalan que el objetivo del sistema penal y penitenciario no es evitar la comisión de delitos, sino (en términos muy simplificados) poner a producir a la población en los canales establecidos para ello, al tiempo que se encierra a aquellos más reacios. En estos tiempos de convivencia del Estado con los aparatos criminales, esta lectura se confirma y refuerza, tal y como han destacado algunas activistas latinoamericanas cuando se refieren al sistema penal como un artefacto de control, pero también de eliminación física de población no deseada, así como de producción de beneficios económicos mediante la externalización estatal. ↩︎
20. Una parte del feminismo crítico con el sistema penal ha incidido también en la representación que la propia ley establece sobre las mujeres que han sufrido una agresión. Estas son presentadas como víctimas, esencializadas como débiles e incapaces de proteger o negociar sus propios intereses. Como se ha señalado, la ley prohíbe los procesos de mediación a imagen de la ley integral de violencia de género del año 2004. También se obvia aquí la cuestión de clase y las consecuencias de los procesos de racialización, ya que muchas mujeres no pueden prescindir de esas negociaciones, en la misma medida en que necesitan seguir formando parte de su comunidad con el fin de protegerse del racismo o la violencia institucional y policial. Para un desarrollo de esta crítica, véase por ejemplo Laura Macaya, «El antipunitivismo es más favorable para las víctimas», ctxt.es, 27 de noviembre de 2022. ↩︎
21. Podríamos así hablar del proceso de institucionalización de la oleada feminista de las décadas de 1960 y 1970, en lo que se llamó la «Década de la Mujer de la ONU» (1976-1985). En esos años, las campañas de sensibilización y «desarrollo» de las mujeres se multiplicaron por todo el «Tercer Mundo», pagadas por diversos organismos internacionales y desplegadas por las ONG, que se multiplicaron en paralelo a la represión y crisis de la militancia de los años setenta. Este proceso de onegeización, y en particular su vertiente neocolonial y neoliberal, ha sido analizado por distintas activistas, véase por ejemplo Graciela Toro, La pobreza: un gran negocio, La Paz, Mujeres Creando, 2010 y S. Watkins, «Qué feminismos» en New Left Review, núm. 134, 2018. ↩︎
22. Frente al tópico sobre el 15M que dice que el feminismo fue rechazado frontalmente en las plazas, en realidad fue la tradición política que más presencia tuvo en aquellas movilizaciones. Las comisiones de feminismos estuvieron entre los espacios más potentes y perdurables del 15M. Estas consiguieron conectar las enseñanzas de este movimiento con la nueva revuelta. Ese sustrato permaneció y se potenció en los años posteriores —sobre todo como reacción a los intentos de reforma de la ley del aborto de Gallardón—. Este legado, sumado tanto a luchas históricas como a factores nuevos, daría lugar a la eclosión posterior del movimiento feminista. ↩︎
23. Por ejemplo, a la negativa de Sumar (el nuevo partido que quiere ser hegemónico dentro de la confluencia de los principales sectores a la izquierda del PSOE) a incluir a Irene Montero en las listas electorales para las elecciones de julio de 2023, Podemos respondió tratando de identificar a Montero con el propio movimiento feminista. El rechazo de la ministra aparecía así como un rechazo a las políticas feministas. La disputa funcionaba, una vez más, en clave de competición interna de los espacios políticos y de visibilidad entre los líderes respectivos. ↩︎
24. Así se pudo ver en la celebración del Encuentro Feminista organizado por el Ministerio de Igualdad en Madrid en febrero de 2023, que muchas vivieron como un espacio de «debate» feminista, cuando no dejaba de ser un ejercicio de autolegitimación del propio Ministerio y de la figura de la ministra, Irene Montero, de cara a la negociación de las listas en la confluencia con Sumar para las elecciones de julio del mismo año. Esta identificación se evidenció también en las concentraciones y manifiestos que fueron firmados en apoyo a la ley del solo sí es sí cuando estalló la citada polémica sobre la rebaja de penas. ↩︎

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