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Este texto se centra en una de las figuras legales más promovidas por la izquierda: los delitos de odio. Aunque inicialmente se propusieron para proteger a colectivos vulnerables frente a agresiones racistas, xenófobas o por orientación sexual, hoy se han convertido, paradójicamente, en una herramienta usada profusamente para reprimir a activistas de izquierda, antifascistas, feministas y propalestinos. Desde su creación como agravante en 1995 hasta su consolidación como delito autónomo en 2015, la ambigüedad y la falta de precisión jurídica han facilitado su instrumentalización. Casos emblemáticos como el de Alsasua, la represión contra manifestaciones independentistas en Cataluña o la imputación a activistas por comentarios en redes sociales, reflejan cómo se han desvirtuado sus objetivos