El presente volumen se propone analizar la crisis de los movimientos sociales como principal forma de organización de la protesta de las últimas décadas. Muchos colectivos autoorganizados, de todo tipo, reclaman todavía su pertenencia a los «movimientos sociales». Pero ¿sigue siendo esta forma política una forma útil para entender y organizar el conflicto?

Desde que se les otorgara esa etiqueta desde la sociología académica a finales de los años setenta, los movimientos sociales han mutado en muchos aspectos. En aquel entonces el concepto se refería a las movilizaciones feministas, ecologistas, pacifistas, antiimperialistas, antirracistas surgidas tras el ’68. Tanto el primer artículo de este número, «El declive de los movimientos sociales», de Francisco Gaitán, como el segundo «Clase, movimiento, identidad», de Emmanuel Rodríguez, retoman la historia de los movimientos sociales con el fin de analizar estas transformaciones en paralelo a los cambios de la economía política global. Rodríguez propone una lectura en tres tiempos: las políticas de clase del keynesianismo-fordismo, los movimientos sociales del neoliberalismo y las políticas de la identidad de la crisis del neoliberalismo, analizadas también como formas de integración de la protesta según los regímenes políticos y subjetivos de cada momento. Gaitán expone las razones del declive de los movimientos a partir de la sectorización, el predominio del paradigma comunicativo, las identidades «mal entendidas» y la institucionalización, y termina preguntándose si los movimientos sociales en los que hemos crecido tienen en realidad una tradición que les permita afrontar los viejos problemas del poder, la estrategia y la organización.

La cuestión de la clase y las identidades atraviesa todas las contribuciones de este cuaderno. De hecho, el identitarismo es analizado específicamente como una de las claves de bóveda de la pérdida de potencia política de los colectivos y movimientos. En «Más woke que el wokismo», Guillermo García Torres entra de lleno, a través del término woke, a la crítica a la cosificación de identidades, que ya no se entienden como parte de los procesos históricos de dominación capitalista. Critica también el paradigma de la interseccionalidad por la compartimentación de las dominaciones que parece rechazar el origen histórico y materialista común. Todo ello dificulta composiciones novedosas, inintegrables por el capital e imprescindibles a la hora de superar el agotamiento del «movimentismo» y el discurso woke.

La crítica del enfoque interseccionalidad constituye igualmente el centro del artículo de María Fernanda Rodríguez «Clase, sexo/sexualidad y raza». En este rechaza que los llamados ejes de opresión sean procesos paralelos, y propone en cambio entender sexo, sexualidad y raza como dimensiones que vertebran históricamente el capitalismo, no como factores externos, sino como parte de su dinámica de explotación. Desde el feminismo marxista y el marxismo negro, muestra cómo la domesticación de las mujeres, la regulación de la sexualidad y la racialización colonial son procesos ligados a la acumulación de capital y cómo solo una coalición de clase que integre sexo, sexualidad y raza puede construir un bloque emancipador contra el capitalismo, superando tanto el obrerismo reduccionista como la política identitaria fragmentada.

Los cuatro últimos capítulos de este volumen analizan movimientos concretos: el quinto y el sexto, el movimiento lgtbq y el ecologista, y los dos últimos provienen de centros sociales vivos, La Casa Invisible de Málaga y La Villana de Vallekas en Madrid.

En «Tiempos de paz en la Nación Queer», Charlie Moya examina cómo la disidencia sexual y de género, con sus orígenes «monstruosos» e inasimilables, ha sido sin embargo progresivamente integrada. La llamada «Nación Queer» es ahora un espacio pacificado, centrado en la demanda de políticas de inclusión y reconocimiento que no llega a transformar las estructuras de explotación. Lo queer es aceptado siempre que provenga del sujeto homonacional, normalizado en el Mercado-Nación y la familia nuclear. Para Moya, el miedo epocal constituye precisamente lo que ha empujado a las disidencias más radicales hacia la búsqueda de protección estatal. El identitarismo ha provocado a su vez un repliegue sobre sí de estos mismos grupos. Todo ello impide poner en el centro cuestiones materiales urgentes que podrían servir para recuperar una política queer radical que conecte la sexualidad con la crítica al capital y el Estado.

Apelamos a la imaginación política y a nuevas alianzas y composiciones de nuestra clase, sexualizada y racializada, para afrontar las luchas por venir.

Por su parte, Isidro López analiza las dos corrientes principales del ecologismo actual, «El Green New Deal y la perspectiva de la gestión planetaria» y el «Decrecentismo de los estilos de vida», a partir del marco de una ecología política que nació en los años setenta y, que ha sido retomada en la última década. En «En nombre de la tierra y sus criaturas», demuestra que el capitalismo oficial es ya capitalismo verde y por lo tanto todas las reivindicaciones de una transición tecnológica en este sentido son parte del problema; igualmente, señala que no es la falta de concienciación de la población o de las élites lo que impide un cambio. Solo cuando se entiende que la lucha ecológica y la lucha de clases es la misma batalla contra un mismo poder, se puede llegar a comprender que no estamos ante un conflicto naturaleza-humanidad sino de las clases dominantes contra la Tierra y sus criaturas, al tiempo que se pueden llegar a abrir grietas en un sistema que parece decidido a morir matando.

En «Ante la crisis de los centros sociales», Kike España desgrana algunos de los límites a los que se enfrentan estos espacios autónomos de autogestión y experimentación política, al menos cuando se desatiende la producción común de deseo revolucionario y el rastreo de nuevas formas de lucha. El texto propone repensar los centros sociales como infraestructuras porosas y transversales, que articulen vecindades insurgentes y luchas cotidianas más allá del edificio ocupado. Su futuro depende de recomponerse como espacios comunes en lucha, no como refugios aislados: interfaces vivas capaces de amplificar conflictos urbanos y sostener nuevas formas de vida colectiva.

Por último, el colectivo Escuela de las Periferias de La Villana de Vallekas se detiene en los usos perversos que se están haciendo de los cuidados en los entornos activistas. La individualización y autovictimización descrita en otros capítulos aparece igualmente en «La deriva neoliberal de los cuidados», en tanto estos se plantean como exigencia al colectivo por parte de cada persona, muchas veces en forma de reproche o chantaje que busca la culpabilización y el resarcimiento; y muchas veces también en términos de un lenguaje terapéutico centrado en el yo que desactiva la potencia política del concepto. Frente a esta perversión, se propone construir estructuras de cuidados compartidas, rotativas y sostenibles que fortalezcan la vida común.

Con todos estos aportes, se pretende contribuir a una reflexión sobre el paradigma de los movimientos sociales en el que la mayoría de colectivos autoorganizados se han considerado encuadrados en las últimas décadas. La crítica a la integración en las formas de gobierno neoliberales progresistas y la crítica al identitarismo individualista agraviado pretende ser un revulsivo para repensar nuestras prácticas y construir nuevas formas de lucha. Si algo no funciona, no podemos seguir repitiendo lo mismo. Apelamos a la imaginación política y a nuevas alianzas y composiciones de nuestra clase, sexualizada y racializada, para afrontar las luchas por venir. Esperamos que estos trabajos sirvan a este objetivo.

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Las imágenes recuerdan a las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003 o al movimiento antiglobalización de finales del siglo XX y principios del XXI. Hacía mucho tiempo que no se generaba el nivel de masividad y energía contestataria que estamos viviendo. En este escenario se nos plantea la pregunta ¿cómo escalar el conflicto? ¿Cómo convertir esta fuerza social en un foco de desestabilización que fuerce transformaciones más profundas y que consiga frenar el genocidio?

Dentro de la onda larga del movimiento contra la globalización neoliberal —o antiglobalización– (1997-2003) se plantearon estas mismas cuestiones. Entonces fueron ensayadas distintas fórmulas prácticas como respuesta. Tantas, como modelos de resistencia, desobediencia y protesta se probaron para interrumpir las cumbres del G-7, del FMI o el Banco Mundial. El repertorio se podía resumir en varias expresiones que, con el paso de los años fueron tomando nombre. La del «Black bloc» era la de la confrontación directa, el cóctel molotov y el disturbio. La del «Pink Bloc» era la de la fiesta, la emparentada con el carnaval, donde las intervenciones imaginativas se combinaban con la acción directa y a menudo se terminaba bailando entre cargas y botes de humo. «Los Desobedienti» buscaban el enfrentamiento o su escenificación mediante el uso de protecciones defensivas. También podríamos nombrar la simple toma de la calle en masivas manifestaciones y bloqueos. En ellas se utilizaban estas tácticas y otras combinadas en multitud de expresiones donde los movimientos sindicales o indígenas, cristianos de base y activistas de todo pelaje compartían objetivos y terreno de lucha.

La crisis del 2008 encendió un nuevo ciclo de protestas cuya mecha pareció arder primero en Túnez a finales del 2010, propagándose por buena parte del mundo árabe. A la llamada Primavera Árabe le sucedieron movilizaciones que utilizaron la toma permanente del espacio público, las acampadas, como herramienta destacada: el 15M español inspiró la toma de Syntagma en Grecia, la de las plazas portuguesas, el Gezi Park en Estambul o el movimiento de Occupy Wall Street. Otros lugares como Chile, Brasil y Hong Kong también vivieron oleadas de protestas masivas de consecuencias sociales profundas.

Hoy, el camino tomado por las movilizaciones contra el genocidio en Palestina, además de las acciones simbólicas, también parece decantarse por el modelo de sabotaje y de desobediencia de masas. Estos días, de nuevo asistimos al desborde, con bloqueos y huelgas como la Italiana que ha paralizado medio país. Todo un repertorio de protesta que viene de lejos vuelve a emerger con fuerza y están teniendo especial relevancia en los países del Mediterráneo.

No tenemos que olvidar tampoco que, al tiempo que la flotilla buscaba abrir un corredor humanitario entre cientos de manifestaciones propalestinas en toda Europa, se están produciendo otros fuertes estallidos políticos. En un periodo relativamente breve asistimos a las protestas de la juventud marroquí y las de los estudiantes serbios —cuya protesta escaló el año pasado a todo el país—; la huelgas generales en Francia contra los recortes o la griega contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas. También podríamos nombrar las protestas peruanas o las de Nepal en rechazo a sus respectivos gobiernos, o las de Los Ángeles de este verano que se produjeron tras las redadas migratorias de la policía migratoria trumpista. Un nuevo ciclo de protestas parece alumbrarse.

Dejamos atrás así una fase de cierta anomia política y aparente impotencia, donde se sucedían diferentes catástrofes, se profundizaba la distancia entre clases o se perdían derechos laborales sin saber bien cómo responder. Hoy, gracias a esta nueva fase de activación, el margen de maniobra política parece ensancharse.

Hacemos aquí una tentativa de evaluación de las protestas de esta pasada semana realizada a partir de testimonios de compañeros de todo el territorio.

Crónica de las movilizaciones propalestinas en España

Lo que han tenido en común en todas partes es el grado de activación: parecen impulsadas por un sentimiento de rabia que «hacía tiempo que no se veía» en la toma del espacio público. Todos destacan que ha sido la mayor movilización vivida en el estado en los últimos tiempos, y el desborde desobediente, alejado de los cortejos al uso que hemos podido presenciar en la mayoría de protestas de los últimos tiempos. El precedente directo han sido las acciones directas de bloqueo de la Vuelta ciclista, que se replicaron por varias ciudades y que consiguieron su objetivo de interrumpir el acontecimiento deportivo. Tras esta victoria se preveía que el asalto a la Flotilla condujese a una nueva ronda de protestas, pero la escala ha sorprendido a todo el mundo.

Como otro rasgo que merece la pena valorar, los testimonios también destacan que estas movilizaciones están llamando a una nueva generación de jóvenes (menores de 25 años) que quizás participa en una protesta por primera vez. Por último, y de una importancia crucial: han sido movilizaciones donde han participado multitud de personas musulmanas y de origen marroquí, palestino o árabe. La composición de estas movilizaciones en momentos en los que el señalamiento a la población musulmana por parte de la derecha radical y la nueva agenda antiinmigración han conquistado la agenda pública, abre un tiempo político que apunta a la posibilidad de nuevas alianzas. También marcan el camino de lo que está por venir: la necesaria composición plural de las luchas futuras, así como la aparición de una nueva generación que las impulse. Sería deseable que en un futuro inmediato e, independientemente de las negociaciones en Palestina, se continúe profundizando en las alianzas establecidas estos días.

El mismo día de la detención de La Flotilla -entre el 1 y el 2 de octubre-, ya se había convocado de manera urgente una concentración ante el consulado israelí en Barcelona que congregó a 3.000 personas. Allí se pudo ver una mayoría de menores de 25 años movilizados, preludio de las movilizaciones estudiantiles que, en forma de huelgas, manifestaciones y cortes de carretera, se vivieron en distintos campus de todo el Estado: Sevilla, Barcelona, Bilbao, Donosti o Madrid… En esta última ciudad se cortó la autopista A6 que une Madrid y Coruña, una de las principales arterias de la capital que tiene hasta diez carriles frente al Palacio de La Moncloa. En esta ciudad no se producía algo igual con esa intensidad desde las grandes movilizaciones contra la guerra de Irak hace más de 20 años.

La lógica del movimiento el día 2 de octubre fue muy similar en casi todas las ciudades del Estado. Manifestaciones, paros y huelgas estudiantiles con cortes de carretera por la mañana y convocatorias de concentraciones como preludios de las grandes manifestaciones del 4. Todas ellas, además, compartían otro elemento, quizás un eco del 15M y de otras movilizaciones previas a la ley Mordaza: la práctica totalidad de las concentraciones no fueron comunicadas y formaron manifestaciones “ilegales”.

En Málaga fueron grupos de jóvenes de origen marroquí quienes tomaron la cabecera para desbordar la concentración habitual de la calle Alcazabilla. Los testimonios nos hablan de que lo vivido, la idea de «bloquear la ciudad», se asemejaba a lo visto en las huelgas de Francia o Italia. «Arriba, arriba, arriba todos a luchar. Por el pueblo palestino, por el pueblo palestino, bloqueamos la ciudad» se coreaba. Similar desenlace tuvo la concentración en «La Setas» de Sevilla o en otras ciudades andaluzas, allí se partió en manifestación hacia Puerta Osario con similar energía. De nuevo, una cabecera tomada y empujada con fuerza por jóvenes hispano-marroquíes y la comunidad Palestina de la ciudad.

En general los bloqueos y las manifestaciones se dirigieron a lugares neurálgicos o simbólicos. En Madrid, hacia el Congreso de los Diputados. En Barcelona se intentó bloquear el puerto desde el jueves con una acampada en la Plaza de la Carbonera que fue ganando fuerza pero que finalmente se desconvocó el domingo para volcar todos los esfuerzos en hacer posible una huelga general el 15 de octubre.

En Euskadi se produjo también la misma masividad. Quizás, la diferencia más notoria con el resto del estado es que aquí tuvieron una presencia destacado grandes bloques organizados de manera más formal como los de Palestinarekin Elkartasuna y Gernika-Palestina, dando lugar a manifestaciones menos espontáneas y menos protagonizadas por la población marroquí, pero igualmente masivas.

En todas partes, además, la rabia impulsa acción directa de carácter contundente, como han sido los ataques, pintadas y sabotajes a comercios como Carrefour, McDonald’s o Zara de las manifestaciones de los días 4 y 5.

De nuevo parece abrirse, aunque sea temporalmente, un campo de intervención y las preguntas de cómo continuar, cómo estirar el conflicto, cómo organizarse. Quedan algunas preguntas por la continuidad de esta energía política desatada. ¿Qué van a dejar a medio plazo estas movilizaciones? ¿Qué opciones abren y qué nuevas sensibilidades políticas, o memorias de herramientas de lucha ha podido arraigar en donde se han producido? A este respecto, quizás la huelga general convocada para el 15 de octubre en muchos territorios del estado español pueda darnos algunas pistas.

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El presente es un tiempo asaltado por el miedo. Pandemias, guerras en Europa, genocidios en Oriente Próximo y eventos climáticos extremos se turnan para captar nuestra atención en medios y redes. Nos situamos entre no querer saber y buscar protección, pero la protección que se nos ofrece es la del Estado y tiene rostro policial.

El contexto es de creciente securitización, resultado directo de la profundización de las contradicciones inherentes al neoliberalismo. Donde la lucha por la redistribución o la desmercantilización de lo necesario para vivir parece en punto muerto, la solución autoritaria avanza en el control de los segmentos de población difíciles de integrar, de la mano de obra que se tiene que disciplinar. La salida a estas tensiones estructurales parece canalizarse por medio de medidas punitivas y represivas, lo que se traduce en un incremento significativo del rigor penal, a la vez que se expanden los cuerpos policiales y sus funciones sociales. El margen de acción de los que protestan se ve así progresivamente reducido por las multas, las falsas acusaciones policiales y los nuevos tipos penales.

Correlativamente, en los últimos años parece que se ha instalado un nuevo sentido común punitivo que explota el miedo como una estrategia política efectiva, dirigida a facilitar la aceptación de medidas represivas y a ampliar la aceptación pasiva de los abusos institucionales. Esta política se ha infiltrado también en los movimientos de base. El nuevo sentido común punitivo está relacionado con la identificación con el Estado producida en y tras el fracaso del último ciclo político abierto en 2011. Si una parte cada vez más amplia de la acción de los movimientos se dirige a la demanda de derechos como único horizonte político posible, otra parece reclamar soluciones punitivas para problemas como el racismo, el sexismo, la homofobia o la discriminación. Ante el racismo o la homofobia se demanda así una ampliación de los delitos de odio; ante las agresiones sexuales, un código penal «mejor» que necesariamente acaba en un involuntario refuerzo penal —o en un cuestionamiento de las garantías procesales o los derechos de los penados—.

Aquí no se trata de negar los derechos alcanzados ni de dejar de pelear por algunos derechos necesarios, sino de reconocer que los derechos inscritos en el Estado son totalmente insuficientes. Por el camino no podemos olvidar también que reforzar el sistema penal impacta en la represión de nuestras propias luchas, como está sucediendo por ejemplo con los delitos de odio, al tiempo que relegamos a un segundo plano la generación de soluciones propias alejadas de la lógica del castigo.

El fortalecimiento del sistema penal tiene siempre un fuerte impacto sobre las personas más oprimidas y las posiciones más subordinadas. En este tiempo de crecimiento de las derechas radicales, las tensiones sociales están siendo canalizadas hacia la criminalización de los migrantes. Pero la focalización en las personas migrantes opera como una verdadera tecnología gubernamental destinada a gestionar los conflictos presentes y futuros mediante procesos de estigmatización y criminalización. La amenaza constante de la prisión se establece así como una herramienta efectiva de control, diseñada específicamente para disciplinar y subordinar a la fuerza laboral migrante e irregular, sometiéndola a un régimen laboral altamente precario, al tiempo que se la despoja sistemáticamente de sus derechos.

En definitiva, las figuras de protección estatal están definidas por una línea de clase y raza: aquellas que no temen a la policía son de clase media y tienen papeles. Para los demás, sugerir que la policía va a darles soluciones a la violencia que sufren es ignorar que buena parte de esa violencia es la que reciben de los propios cuerpos policiales, ya se trate de migrantes sin papeles, prostitutas, gitanos, trans pobres, personas a las que se desahucia o a quienes se castiga con la retirada de la custodia de sus hijos.

El sentido común punitivo nos ha hecho olvidar que el Estado sigue siendo una máquina de dominación y que los derechos convergen siempre con los poderes que refuerzan la estratificación social y las líneas de demarcación social, en modos que a veces amplían y otras veces atenúan esas mismas dominaciones y fronteras sociales. Como explica Wendy Brown, es preciso recordar que los derechos surgieron como un medio de protección frente a los abusos arbitrarios del soberano; pero también como un modo de asegurar y naturalizar los poderes dominantes de clase, género, etc.¹ El horizonte sigue siendo la emancipación de todo poder, no la protección estatal. La verdadera democracia se realiza en la exigencia de compartir ese poder, no en regularlo para obtener protección, recuerda de nuevo Brown.

Con el propósito de desarrollar esta crítica, en este número Nuria Alabao se centra en un aspecto de la criminalización de los migrantes: la racialización de la violencia sexual. En su intento por alertar sobre la gravedad de esta violencia y la necesidad de enfrentarla, el feminismo mainstream ha adoptado las formas del pánico moral, funcional al refuerzo penal, un marco que se adapta perfectamente al funcionamiento de unos medios siempre en busca de atención. En un escenario de auge de las extremas derechas, estos discursos son instrumentalizados para culpabilizar a los migrantes, aumentar la vigilancia en el espacio público y exigir más recursos policiales. Las acusaciones de agresión sexual —como ha sucedido históricamente en el imaginario colonial— están siendo utilizadas para someter y controlar ese específico segmento de la fuerza de trabajo. Estas construcciones también están irrumpiendo ocasionalmente en forma de disturbios racistas con ataques a albergues de migrantes o centros de menores no acompañados.

Por su parte, Albert Sales analiza a fondo un contexto político donde el populismo punitivo y la radicalización xenófoba se han convertido en elementos centrales de las estrategias electorales contemporáneas, especialmente por parte de las extremas derechas, que vinculan inmigración con delincuencia. El alarmismo securitario no responde a un aumento de la criminalidad sino que explota miedos sociales alimentados por la precarización, la desigualdad y la sensación de inseguridad. Estas políticas populistas aumentan la criminalización y la precariedad de los colectivos migrantes que se convierten en chivos expiatorios frente a los problemas estructurales.

El texto de Nora Rodríguez se centra en una de las figuras legales más promovidas por la izquierda: los delitos de odio. Aunque inicialmente se propusieron para proteger a colectivos vulnerables frente a agresiones racistas, xenófobas o por orientación sexual, hoy se han convertido, paradójicamente, en una herramienta usada profusamente para reprimir a activistas de izquierda, antifascistas, feministas y propalestinos. Desde su creación como agravante en 1995 hasta su consolidación como delito autónomo en 2015, la ambigüedad y la falta de precisión jurídica han facilitado su instrumentalización. Casos emblemáticos como el de Alsasua, la represión contra manifestaciones independentistas en Cataluña o la imputación a activistas por comentarios en redes sociales, reflejan cómo se han desvirtuado sus objetivos iniciales, llegando incluso a aplicarse para proteger a policías o grupos neonazis. Además, partidos de extrema derecha y grupos ultraconservadores aprovechan este tipo penal para victimizarse mediáticamente y judicializar protestas legítimas contra ellos.

Laura Macaya Andrés inicia su artículo señalando cómo la demanda de protección a través del sistema penal constriñe el abordaje complejo de las violencias en un marco que reafirma y reproduce el orden existente. Analiza cómo un enfoque punitivo de las violencias machistas no solo genera efectos contraproducentes para las propias víctimas, sino que además perpetúa las dinámicas de exclusión y segregación que, paradójicamente, busca combatir. También se detiene en un aspecto frecuentemente desatendido: la subjetivación que imponen los lenguajes del castigo y su impacto en las posibilidades de recuperación, agencia y politización de quienes han sufrido violencia. Por último, aborda algunas propuestas y formas de ruptura que abren paso a una política del deseo, de la potencia y de la transformación radical no subordinada a la lógica de la penalidad neoliberal.

Marisa Pérez Colina analiza una tendencia creciente en los movimientos sociales hacia el punitivismo, entendido como la demanda de más leyes, penas más duras y un fortalecimiento del sistema penal como solución a diversas formas de violencia. Aunque estas demandas puedan surgir de la legítima necesidad de proteger a grupos históricamente vulnerabilizados, paradójicamente fortalecen al Estado que perpetúa las condiciones estructurales que generan dichas violencias. Para enfocar esta cuestión utiliza la aprobación de la Ley del solo sí es sí y los delitos de odio. Además, se cuestiona la instrumentalización de la víctima y la criminalización individual como estrategias despolitizadoras que desvían la atención de soluciones colectivas y estructurales.

Por último, cerramos este número con un texto de Sergio García que propone una mirada a formas alternativas de justicia para avanzar hacia una cultura del conflicto que supere la dependencia del sistema policial. Se explica aquí cómo se está produciendo un aumento constante del poder policial, tanto físico como simbólico. Pero también se narran experiencias alternativas de gestión del conflicto basadas en la justicia restaurativa y transformativa, como las rondas campesinas en Perú o la Guardia Indígena en Colombia. Igualmente se explican las lógicas alternativas de movimientos como Black Lives Matter y la campaña «Defund the Police» en EEUU, que apuesta por la necesidad de desinvertir en policía para fortalecer respuestas comunitarias basadas en la mediación, la reparación y la prevención. Finalmente, García explica las dificultades de trasladar estas experiencias a contextos urbanos europeos como España, reconociendo tanto las potencialidades como las complejidades que implica despolicializar y construir autonomía frente al Estado y sus mecanismos represivos.

1. Wendy Brown, Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía, Madrid, Lengua de Trapo, 2019. ↩︎

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