Una de las primeras órdenes ejecutivas que adoptó el presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump tras su reelección e investidura consistió en cambiar las denominaciones federales de dos zonas geográficas. El Golfo de México fue renombrado de forma unilateral como Golfo de América, y el monte Denali, la montaña más alta de Norteamérica, situada en Alaska, volvía a recuperar el nombre oficial que tuvo entre 1917 y 2015, el del vigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, William McKinley, que gobernó entre 1897 y 1901. Mientras el primer cambio es el que más atrajo el interés de la prensa, el segundo encarna mejor el significado de la segunda presidencia de Trump, de su proyecto y sus limitaciones. La Orden Ejecutiva 14172 justificaba el reemplazo del nombre en lengua indígena atabascana, con el que la montaña fue conocida durante siglos, del siguiente modo: “[el presidente McKinley] dirigió heroicamente nuestra Nación hasta la victoria en la guerra hispano-americana. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos disfrutaron de un rápido crecimiento económico y de la prosperidad, incluyendo la expansión territorial de la Nación. El presidente McKinley impulsó aranceles para proteger a la industria estadounidense, y conducir la industrialización y el alcance global de los Estados Unidos a nuevas cimas. Fue trágicamente asesinado en un ataque contra los valores de nuestra Nación y nuestro éxito, y debería ser honrado por su firme compromiso con la grandeza americana”.

Cuando Trump repite “Make America Great Again” (MAGA) evoca precisamente esta época, que sitúa entre 1870 (tras la Guerra de Secesión), o mejor, entre 1896 (fin de la depresión mundial iniciada en 1873) y 1913 (justo antes de la Primera Guerra Mundial, año de la enmienda constitucional que permitió al Congreso adoptar un impuesto sobre la renta), cuando, según insiste, “éramos los más ricos”. Trump se representa a sí mismo como un nuevo McKinley, uno que sobrevive milagrosamente a un atentado, retoma su obra arancelaria y territorial, favorece la formación de grandes corporaciones, y termina de someter a los indígenas.

Estados Unidos configuró el mundo de posguerra prácticamente a su imagen y semejanza

Sin embargo, dicho período no se corresponde con el de la hegemonía mundial de los Estados Unidos, que sólo comienza realmente a mediados del siglo XX, cuando configuró el mundo de posguerra prácticamente a su imagen y semejanza, con la inserción parcial y tensa (Yalta, guerra fría) de la Unión Soviética. Políticamente, la Organización de Naciones Unidas, con su Carta de derechos, sus agencias intergubernamentales, y sus políticas del desarrollo, supuso una expansión global de la concepción constitucional y del New Deal de los Estados Unidos. La pata europea la constituyó una integración regional de los mercados europeos que facilitó la inversión y rentabilización del capital estadounidense. Militarmente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tuvo un marco geográfico más restringido que el de la ONU, centrado en Europa, aunque su proyección militar se expandiera después de 1991. Económicamente, implantó el sistema de Bretton Woods como un mecanismo regulador de los mercados internacionales basado en un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro. El colapso de dicho sistema en 1971, en el contexto del fracaso de la guerra de Vietnam y del incremento de la conflictividad social, dio lugar a la devaluación del dólar y a su libre flotación, y a la transformación de sus instituciones (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), abriendo paso a la era neoliberal.

La segunda administración Trump está acelerando el desmantelamiento de esta gobernanza política mundial de origen estadounidense y que ha sido financiada fundamentalmente en dólares. La disolución de la agencia de desarrollo USAID, los recortes de fondos destinados a las principales agencias de Naciones Unidas, o la creación de una “Junta de Paz” al margen del Consejo de Seguridad, constituyen golpes sin precedentes en los ochenta años de historia de la organización y un espejo de las reformas internas que Trump está llevando a cabo, guerra cultural mediante. Los comentaristas liberales hablan de “suicidio geopolítico” y lamentan la pérdida de “poder blando” (soft power) que ello conlleva para Estados Unidos, pero lo cierto es que el fin de su hegemonía, entendida como el liderazgo sistémico de un ciclo largo de acumulación de capital, viene de lejos, hasta el punto de que tanto el trumpismo como un cuarto de siglo antes el neoconservadurismo, y aún antes el propio reaganismo (época de formación del joven Trump) han sido respuestas a una situación en la que los Estados Unidos ya no podían jugar el papel que desempeñó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque la implosión de la Unión Soviética pareciera inaugurar un nuevo orden mundial americano. Si los neoconservadores, a través de George W. Bush, buscaron restaurar su efímera gloria manu militari, el estrepitoso fracaso de dicho proyecto imperialista ha llevado a Donald Trump, y por extensión al partido republicano, a levantar acta de este hecho y a renunciar a la ficción de continuidad en la que en cierto modo todavía estaban atrapados el Partido Demócrata y los republicanos tradicionales.

En MAGA ya no hay pretensión de hegemonía sistémica, de construcción de una gobernanza mundial

En MAGA ya no hay pretensión de hegemonía sistémica, de construcción de una gobernanza mundial. Menos aún de insertar a Estados Unidos en un marco imperial en el que el capital ya no esté vinculado de forma estrecha a dicho país como agencia territorial determinante (“Imperio”, Antonio Negri & Michael Hardt, 2000), una tendencia potencial en el “globalismo” de Clinton y Obama que el trumpismo ha venido a cortar de raíz. Pese a las espectaculares acciones punitivas o coercitivas que ha llevado a cabo contra Irán y Venezuela, tampoco hay intención de probar de nuevo la vía imperialista neocon, con la ocupación militar prolongada de países enteros para rehacerlos. Y es que “el mundo es un desastre”, como decía Donald Trump al poco de comenzar su primer mandato, algo que ha repetido varias veces desde entonces. Este “desastre” no viene alimentado sólo por una multiplicidad de resistencias, insurgencias y disturbios, sino por la asertividad de un número creciente de Estados, que se reafirman en sus espacios regionales e incluso se animan a forzar soluciones finales a viejos contenciosos. Los Estados Unidos de Donald Trump se unen a esta última tendencia, abusando de sus capacidades económicas y militares, mientras continúa el desplazamiento del equilibrio de poder interestatal hacia Asia.

Trump busca sacar tajada de todo ello, a nivel personal y de clase, para lo cual pretende rehacer los Estados Unidos, y sus relaciones de clase, mediante la imposición de un proyecto supremacista blanco, nativista y extractivista que puede prefigurar un nuevo tipo de fascismo, deshaciendo lo conquistado por los movimientos por los derechos civiles, por los movimientos negros, feministas, migrantes, rompiendo su intersección con las cuestiones de clase, reducida a las imágenes estereotipadas del “hombre blanco que trabaja duro” que promocionan sus afines en las redes sociales. Su nation building es ante todo interno, partiendo del control del Estado para transferir más recursos al capital. Su apuesta no es ni imperial ni completamente imperialista, es una versión depurada del Estado como crimen organizado, como describiera Charles Tilly con respecto a la formación de los estados europeos y que bien puede valer también para los Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX, el período “dorado” del surgimiento de las grandes corporaciones estadounidenses. Según Tilly el Estado se formó a partir del monopolio de la coerción y de un aparato extractivo que no duda en recurrir a la guerra en el exterior, poniendo énfasis en los mecanismos de extorsión por protección, a nivel interno pero también externo. Las diversas facciones que sostienen a Donald Trump quizás no compartan su visión en su integridad, pero sí coinciden en la necesidad de remodelar un Estado que beneficie y proteja aún más a las clases más adineradas del país, con un rentismo fácil derivado de monopolios tecnológicos y energéticos que no se vea limitado por las molestas regulaciones de la “transición verde”, garantizado por un elevado grado de represión interna. Lo cual también tiene implicaciones en su relación con el mundo.

Trump busca reforzar la dominación estadounidense tratando de aplicar un transaccionalismo político extremo

Hace casi veinte años, Giovanni Arrighi describía la situación de entonces como de “dominación sin hegemonía”, parafraseando a Ranajit Guha. Estados Unidos quería seguir siendo dominante pese a la crisis terminal de su hegemonía. En Adam Smith en Pekín (2007) explicaba cómo la administración de George W. Bush ya había tratado de “liberarse de las restricciones que la globalización imponía sobre el poder estadounidense”, especialmente en la esfera financiera, por no hablar de la militar, donde Estados Unidos nunca se sometió a la Carta de Naciones Unidas. Bush consideraba que las reglas de la gobernanza neoliberal imponían demasiadas limitaciones al poder presidencial y a la priorización de los intereses estadounidenses, pero en general continuó respetando ese marco. Donald Trump, en cambio, busca reforzar la dominación estadounidense dinamitando aquella gobernanza y tratando de aplicar un transaccionalismo político extremo, aprovechando su aún privilegiada posición de poder. En 2022, Beverly J. Silver (co-autora junto con Giovanni Arrighi de varios ensayos) y Corey R. Payne situaban a Trump I en esta tendencia de largo plazo, en la que Estados Unidos pasa de ofrecer una protección percibida como legítima a comportarse como un mero extorsionador que produce el peligro al tiempo que fija el coste de la protección. Con Trump II, la extorsión es descarnada y sistemática, con los aranceles y el ejército como instrumentos preferidos.

II

Resulta irónico que la Organización Mundial de Comercio (OMC), que fuera el blanco de los movimientos alterglobalización a principios de este siglo, por favorable a los intereses del “norte global”, y en particular de los Estados Unidos, languidezca hoy tras el fracaso de la Ronda de Doha (iniciada en 2001, nunca concluida) y la proliferación de acuerdos bilaterales de libre comercio y de protección de la inversión directa. Con esta red de acuerdos, las élites empresariales de los países más ricos pretendían obtener por la vía bilateral lo que no lograban mediante la complicada vía multilateral: un marco jurídico para el comercio de bienes y sobre todo de servicios basado en estándares occidentales y la protección de la propiedad intelectual, en manos inicialmente de los países del G7 aunque en torno a 2010 China superase a Japón y a Estados Unidos en número de solicitudes de patentes. Con todo, la normativa de base seguía siendo la de la OMC, con el principio rector de la nación más favorecida, según el cual cuando un país otorga ventajas comerciales, como aranceles reducidos o cuotas de importación preferenciales, a un miembro de la OMC, debe extender esas ventajas a todos los miembros (salvo si esas ventajas figuran en acuerdos de libre comercio o en uniones aduaneras como la de la Unión Europea). Esta idea de base de no discriminación permitía que la competición comercial no se saliera de ciertos límites. La guerra comercial iniciada con China con Trump I y sobre todo la escalada arancelaria de 2025 con Trump II terminaron por pulverizar dichos principios.

Tras un proceso caótico con amenazas agresivas, algunos faroles, y numerosas negociaciones bilaterales bajo presión, que ha dificultado conocer qué estaba en vigor de forma efectiva en qué momento, a finales de 2025 Estados Unidos aplicaba una base arancelaria del 10% a todas las importaciones de todos los países del mundo, a la que hay que sumar tipos arancelarios superiores (que oscilan entre el 15% y el 50%) para un grupo significativo de países y de sectores económicos, combinados con inevitables excepciones en función de consideraciones políticas y presiones económicas sectoriales. Si los efectos inflacionarios de los aranceles han sido menores de los esperados en 2025, en parte por la lenta y fragmentaria estabilización de los aranceles efectivos, estos podrían dejarse sentir algo más en 2026 en determinados productos. Según los economistas Gita Gopinath y Brent Neiman, a finales de septiembre de 2025, la tasa arancelaria estatutaria (anunciada) promedio ponderada era del 27,4%, mientras la tasa efectiva — la que se observa en recaudación sobre valor importado— era del 14,1% en septiembre de 2025, aunque otras fuentes hablan del 16 % a final del año. Sea como fuere, se trata de los tipos más elevados desde 1935, y aunque el Tribunal Supremo haya dictaminado que la vía adoptada para aprobar los “aranceles recíprocos” es inconstitucional, Trump no ha tardado en recurrir a otras bases legales para mantener al menos el suelo arancelario del 10%. Los países más vulnerables a la extorsión económica de Trump han sido aquellos cuyas economías son más interdependientes con la de los Estados Unidos: México, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. En este último caso, la Unión Europea, presionada por unos timoratos gobiernos europeos, ha preferido minimizar el daño, al aceptar en julio de 2025 una tarifa general del 15%, y renunciar a una respuesta comercial cuyo coste económico, político y militar (Ucrania) pocos estaban dispuestos a asumir.

Y es que los “aliados”, así denominados en la jerga atlanticista, han sido precisamente el principal objetivo de Trump, que ha encarecido el acceso de sus bienes al mercado estadounidense, como también ha encarecido el coste de la protección militar. La cumbre de la OTAN de junio de 2025 en La Haya se saldó con el compromiso de incrementar el gasto en defensa hasta un 5% del PIB en cada Estado miembro. En realidad, el gasto efectivo en defensa según la definición OTAN debería elevarse al 3,5% del PIB de aquí a 2035, mientras que el 1,5% restante puede incluir gastos de infraestructura, protección civil o investigación no necesariamente militares. Porcentajes que serán objeto de una revisión en 2029, cuando muchos esperan –quizás de forma ilusoria– que Trump deje de ocupar la presidencia. En cualquier caso, los presupuestos europeos de defensa han venido aumentando para mantener el apoyo a Ucrania y reponer los mermados stocks europeos, y ahora lo harán, entre otras cosas, para comprar armamento estadounidense, parte de la promesa a Trump al someterse al tarifazo del 15%. Este ha sido el coste a pagar para evitar el supuesto “mal mayor” de la completa desvinculación estadounidense de Europa y la consolidación de una entente ruso-estadounidense al margen de los gobiernos europeos.

El interés de Trump por los partidos nacionalistas de ultraderecha en Europa se limita a su capacidad para erosionar la integración europea

Pero el considerable incremento del coste que Estados Unidos impone a sus antiguos aliados —a excepción de Israel, con el que Estados Unidos mantiene una particular simbiosis— por el acceso a un mercado que se ha vuelto más complicado y por una mucho menor garantía de protección militar, ambos conectados por una extorsión continuada, da qué pensar sobre su sostenibilidad en el tiempo. La deliberada ambigüedad de Donald Trump con respecto a la interpretación del Tratado del Atlántico Norte, la evidente afinidad con Vladimir Putin (hasta el límite de sus intereses directos) y las reiteradas amenazas de apropiación territorial de Groenlandia, se complementan ahora con una nueva estrategia de seguridad nacional (ESN, noviembre de 2025) que deja bien clara la hostilidad trumpista contra el papel político-normativo y comercial supranacional de la Unión Europea. La ESN antepone el restablecimiento de una estabilidad estratégica con Rusia “en la masa euroasiática” y el apoyo explícito a las derechas europeas más nacionalistas y xenófobas para que produzcan un nuevo concierto europeo de naciones, enterrando el espejismo transatlántico liberal al que aún se aferran los líderes comunitarios. Este no será reemplazado por una hipotética “internacional reaccionaria”. El interés que tanto Trump como Putin tienen por los partidos nacionalistas de ultraderecha en Europa se limita a su capacidad para erosionar la integración europea.

Así pues, en apenas un año Donald Trump ha certificado el fin del orden interestatal surgido en 1945, el fin de los Estados Unidos como potencia hegemónica global y su transformación en una gran potencia algo más que regional que trata de preservar su dominio allí donde puede. “No nos podemos permitir prestar la misma atención a cada región y a cada problema en el mundo”, declara sin ambages la ESN. La prioridad es el restablecimiento de la preeminencia estadounidense en el denominado “hemisferio occidental”, que ahora se extendería hasta Groenlandia, en una especie de renovada “doctrina Monroe” (“Donroe”) que recurre a una panoplia de justificaciones, desde la vieja “guerra contra las drogas” al acceso a recursos fósiles y a minerales. El secuestro del presidente venezolano de facto Nicolás Maduro y la tutela coercitiva del gobierno de Delcy Rodríguez, son la carta de presentación de una nueva vieja política, la “diplomacia de cañoneras” del paso del siglo XIX al XX, aunque renunciando a ocupaciones militares directas como la de Haití entre 1915 y 1934. La multiplicación de ataques aéreos (en el Caribe, Somalia, Yemen, Irán, Irak, Nigeria, Siria, Venezuela) durante el primer año de la administración Trump II, es correlativa a la reticencia a sostener guerras a gran escala. La segunda guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero, más intensa que todas las operaciones anteriores, parece una excepción a la regla, un error de cálculo propiciado por la presión israelí, el mesianismo de la facción cristiana sionista que apoya a Trump, y la soberbia presidencial, que podría acabar volviéndose un atolladero si se prolonga en el tiempo.

III

¿Significa esto que el mundo se divide ahora en zonas de influencia, entre Estados Unidos, Rusia y China, como se ha venido a sugerir de forma casi caricaturesca? No exactamente, entre otras cosas porque el posicionamiento actual de estos tres países en el sistema mundo no es equivalente. En Europa, Trump y los suyos reconocen las limitaciones de Rusia (ESN: “los aliados europeos disfrutan de una ventaja significativa en poder duro frente a Rusia en prácticamente todos los indicadores, salvo en armas nucleares”) y lo que pretende es un equilibrio entre potencias gobernadas por fuerzas nacionalistas europeas, incluyendo la rusa. En Asia, Estados Unidos sólo aspira a “reequilibrar” su relación con China, limitando su capacidad competitiva y comercial. Para esta tarea, reconoce que no puede hacerlo en solitario y que necesita “aliados” cuyas economías no queden subordinadas a China. Su preocupación militar se reduce a Taiwán, pero fundamentalmente para asegurar la apertura de las rutas comerciales marítimas en el Mar de China meridional, y aquí también exige una mayor contribución en defensa a países como Corea del Sur, Japón y Australia. Esa es la visión estadounidense. Lo que suceda en la realidad es otra historia. En su propio “hemisferio”, Estados Unidos no ha podido impedir la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur tras un cuarto de siglo de negociaciones— luego bloqueado parcialmente por el Parlamento Europeo— , y pese a sus presiones no está claro que pueda cortar las relaciones del continente americano con China.

Entre Rusia y China, es China la que tiene capacidades soberanas en distintos ámbitos –industrial, financiero, militar, energético– que rivalizan ya con los de Estados Unidos. Tras décadas de fuerte crecimiento económico, China -primera economía mundial en paridad de poder adquisitivo- ha desarrollado el mayor, más complejo y denso ecosistema industrial del mundo (hasta el punto de frenar la industrialización de otras economías “emergentes”), posicionándose en el centro del comercio global de bienes (con capacidad para hacer frente a las amenazas arancelarias estadounidenses) y con una creciente capacidad de innovación tecnológica, liderando lo que se suele conocer como “capitalismo verde”. En términos financieros, China dispone de enormes reservas de divisas (3,36 billones de dólares a finales de diciembre de 2025), pero sus efectivos controles de capitales y su gobernanza financiera dificultan que el renminbi pueda jugar el papel de moneda de reserva que ha venido encarnando el dólar estadounidense. El gasto militar chino (314 mil millones de dólares en 2024, según SIPRI) ya dobla el ruso, y aunque no sea una superpotencia nuclear del mismo calibre, China es el estado cuyo arsenal nuclear ha crecido más, alcanzando 600 ojivas en 2025, más del doble que en 2019, y con el objetivo de alcanzar 1.500 ojivas en 2035, acercándose a la paridad nuclear con Estados Unidos y con Rusia. El 3 de septiembre de 2025, China organizó el mayor desfile militar de su historia, con motivo del ochenta aniversario de la capitulación japonesa, con el presidente Xi Jinping rodeado de jefes de estado de países sancionados o con relaciones problemáticas con occidente, pretendiendo simbolizar un orden mundial alternativo.

China ha iniciado una fase irreversible de declive demográfico

Pese a estas cualidades indudables, de momento China no está jugando el papel de agencia hegemónica del capitalismo global que en el pasado desempeñaron otras formaciones estatales, desde las Provincias Unidas holandesas a los Estados Unidos de América, pasando por el Imperio Británico. La ascendencia de todas ellas coincidió con importantes crecimientos de población en territorios en expansión. En cambio, a excepción quizás de Taiwán, China no busca revertir las pérdidas territoriales de los siglos XIX y XX (el este de Kazajstán, Vladivostok, Mongolia exterior). Y en esta década, China ha iniciado una fase irreversible de declive demográfico, aunque su población activa ya había comenzado a disminuir desde la década anterior. Desde 2022, China registra más muertes que nacimientos y cuenta con un saldo migratorio negativo. El crecimiento económico chino, considerablemente menor tras su draconiana gestión del shock del COVID-19 en 2020–2022, se ha basado en gran medida en una gran reserva de mano de obra rural cuya migración hacia las ciudades China ha canalizado y embridado a través de un sistema de pasaportes interno, el hukou, que ha producido una población migrante interna en situación irregular, precarizada, con acceso más complicado a los servicios de salud, educación y pensiones, pese a sucesivas reformas. Tras un impresionante proceso de urbanización, que no ha concluido, esta reserva rural se está agotando, lo cual estimula crecimientos salariales -o, desde la perspectiva capitalista, de los costes laborales- pero también una apuesta decidida por la robotización y la inteligencia artificial.

El decimoquinto Plan Quinquenal chino 2026–2030 se centra en un desarrollo “verde” “de alta calidad”, que dé prioridad a una fuerte autonomía en ciencia y tecnología y refuerce “el ciclo económico interno”, lo cual incluye el consumo, considerado ahora como una cuestión de seguridad nacional. El consumo interno, que apenas representa el 36% del PIB -muy bajo, en comparación con el 53% de la eurozona o el 68% en EEUU- no termina de arrancar. Dichos niveles de consumo hacen que el motor de la economía china lo continúe representando una inversión excesiva (45% del PIB), y son correlativos con una elevada tasa de ahorro, superior al 40%. Las familias chinas ahorran para sufragar costes que el socialismo de mercado chino no ha socializado suficientemente: educación (costosa para las familias en la educación secundaria y sobre todo superior), salud (con mucho co-pago, costes no cubiertos por el sistema público), pensiones (muy bajas). El Plan pretende “invertir en el pueblo” con el objetivo declarado de impulsar la demanda interna, pero conseguir estos efectos deseados requerirá una enorme inversión social, una reducción de la desigualdad, y grandes reformas en los citados sistemas públicos, lo que está por ver. China antepone una mejora del sistema salarial que permita un “crecimiento razonable” de los salarios y su pago en tiempo y forma, todo esto asumiendo que en el futuro haya empleos decentes suficientes para los más de doce millones de jóvenes que entran en el mercado laboral cada año, consecuencia de la expansión de la educación universitaria. Y es que muchos ahorran también para sobrellevar los recurrentes retrasos en el cobro de los salarios, un problema enquistado que constituye el principal motivo de conflicto laboral en el país.

Cabe preguntarse si en el futuro la China ascendente podrá constituirse como nueva agencia hegemónica en un capitalismo transformado, un capitalismo cognitivo y verde que emita muchos menos gases de efecto invernadero y que articule –como soñaba Arrighi– un mercado-mundo alternativo al occidental, más pacífico. Lo cierto es que aunque el uso de fuentes de energía renovable en China haya aumentado considerablemente en los últimos años, el porcentaje de consumo primario de energías fósiles sigue siendo allí muy elevado y se mantiene en torno al 80%, entre otras cosas porque la demanda de energía ha crecido igualmente. La tendencia es a la baja, pero más de la mitad de la energía que consume China proviene todavía del carbón. Puede argumentarse que la electrificación de China está en sus albores, lo que está permitiendo un abaratamiento de las tecnologías de las industrias renovables en China y a nivel mundial que a su vez está derivando en un exceso de capacidad. Pero aunque China afiance su posición dominante en estos sectores en los próximos años, debemos tener en cuenta también las limitaciones sistémicas de un capitalismo global en desaliento.

IV

Como ha subrayado Jason W. Moore, y antes que él anticipó Immanuel Wallerstein, el capitalismo ha llegado a un límite irreversible en su capacidad de extraer o producir fuerza de trabajo, energía, alimentos y materias primas, de forma barata, esto es, a un coste lo suficiente bajo para la acumulación rentable de capital. Los márgenes que quedan para los desplazamientos del capital son cada vez más reducidos. La presión financiera para abaratar los costes del trabajo asalariado y la presión política natalista para forzar a las mujeres a recluirse en un papel reproductivo son contestadas socialmente. África occidental y central es la última zona geográfica con una población joven abundante y aún en expansión, pero también está sujeta a fuertes procesos de urbanización que conllevará una transición demográfica, aunque sea más tarde. La extracción de energías fósiles cada vez requiere de procesos más costosos y el acceso a reservas naturales protegidas o hasta ahora inaccesibles, con externalidades negativas que no se quieren asumir. Las crisis inflacionarias de los precios de los alimentos son cada vez más recurrentes. Y los precios de muchas materias primas, en particular de algunos metales clave para la electrificación como el cobre, han venido creciendo en las últimas dos décadas, aunque con una gran volatilidad. Y todo ello en un planeta cuyo calentamiento se acelera, con zonas geográficas que pueden volverse improductivas o inhabitables en unas pocas décadas.

Para Donald Trump el capitalismo “de toda la vida” aún tiene margen para acumular

Con todo, para Donald Trump y algunas de las facciones que le apoyan, el capitalismo “de toda la vida” aún tiene margen para explotar, acumular y extraer rentabilidad, y proponen una vuelta de tuerca: abrir la frontera ártica aprovechando el cambio climático que niegan (Groenlandia), exprimir a los países proveedores de materias primas, devaluar el coste del trabajo inmigrante y de las poblaciones racializadas por medio de políticas abiertamente racistas. Otras facciones, las que encarnan Elon Musk y los líderes de las corporaciones tecnológicas, son más conscientes de estos límites, y oscilan entre los delirios de colonización espacial, el aceleracionismo tecnológico y el cercamiento definitivo de los comunes digitales del conocimiento, mediante el desarrollo y control de una inteligencia artificial que debería permitir una automatización y codificación creciente del trabajo humano, segmentado en tareas. En este último punto, los techno bros y el Partido Comunista Chino terminan por coincidir.

Jason W. Moore no dedica una sola línea a las energías renovables. Todo lo contrario que Xan López, quien en “El fin de la paciencia” (2025) sostiene que es técnicamente posible “una energía abundante y barata” (solar y eólica) que pueda mitigar en la medida de lo posible el calentamiento global y permitirnos seguir trabajando por un proyecto emancipatorio. Xan López no cita a Moore, pero se le opone ya que considera que “la causa de la crisis ecológica no es la lógica capitalista de manera abstracta, sino una forma histórica de la misma en la que el desarrollo nacional redistributivo se ha vuelto hegemónico”. Sin embargo, la crisis climática es una parte de una crisis ecológica más amplia, por más que hoy día la cuestión climática sea determinante. La descarbonización puede coexistir con otras formas de destrucción del biotopo. Como recuerda Emmanuel Rodríguez en “El fin de nuestro mundo”, un libro con argumentaciones y conclusiones bien distintas, el capitalismo ha articulado desde sus inicios “un régimen ecológico específico, fundado sobre una dinámica de reorganización continua de las relaciones sociales y naturales”, que, añado, ha derivado en la producción de ecosistemas degradados, con menor biodiversidad y más tóxicos. Antes de la era del carbón y del petróleo, los conquistadores europeos impactaron sociedades y ecosistemas enteros, aunque sea cierto que es el capitalismo industrial de los últimos dos siglos, junto con la “expansión del contrato social” en el siglo XX, lo que ha contribuido a un uso intensivo de combustibles fósiles. En fin, mientras Xan López confía en coaliciones sociales amplias que empujen políticas públicas de planificación que conduzcan a otro paradigma, a un nuevo orden más benigno, Emmanuel Rodríguez parte de la catástrofe, del caos, del hecho de que haga lo que se haga no se va a revertir un aumento considerable de la temperatura global, entre 1,5 y 2,5 grados por encima de la media preindustrial, cuestionando “el reformismo verde” que asume una mediación con las elites financieras y tecnológicas, y confiando en cambio en las movilizaciones difusas o “grises”– sin garantía de se produzcan en clave emancipatoria– de colectivos situados en los márgenes de la sociedad y de dichas políticas públicas.

Habrá que huir de los cantos populistas de las sirenas patrioteras

Las alternativas a los “nacionalismos del desastre” (Nacionalismo del desastre:El colapso de la civilización liberal, Richard Seymour, 2024) no tienen por qué decidirse de forma tan tajante entre ambas opciones, entre un gobierno ilustrado para la transición energética y la insurrección de los excluidos. La resistencia de Mineápolis a la persecución militarizada de migrantes por parte del ICE esboza una posible articulación entre organización social inclusiva e instituciones públicas asentadas en el territorio. Después de todo, “es en las formas de vida, que en este caso se establecen a través del eros de la acción colectiva, que se forman las pasiones” (Richard Seymour) que neutralizan el miedo. El hecho de que el neofascismo en formación radicalice elementos del régimen neoliberal en descomposición no le quita una especificidad propia ni su gravedad, como se ha puesto de manifiesto con el genocidio de Gaza y con la reacción internacional contra el mismo durante las movilizaciones de 2024 y 2025.

La situación es inédita, la tarea inmensa. No estamos ante el ocaso de cincuenta u ochenta años de historia sino de quinientos. Ni volverán “los treinta gloriosos” años, ni la América de finales del siglo XIX. Habrá que huir de los cantos populistas de las sirenas patrioteras. No es cuestión de elegir qué potencia servir. El resurgimiento de la geopolítica tras la pandemia, reflejo de un renovado protagonismo del Estado, se produjo como reacción a una década de deslegitimación y de movimientos masivos de protesta (2011–2019). Tendremos que organizarnos políticamente para producir colectivamente una comprensión compartida de lo que nos jugamos y cómo afrontarlo, en el marco de ecosistemas degradados y un clima global recalentado pero con impactos territoriales y sociales desiguales. Sin la esperanza de un mundo mejor, pero con el convencimiento de luchar por lo que es justo. Sin una formación estatal hegemónica (¿aún?) pero con una creciente competencia entre grandes y medianas potencias con cada vez menos líneas rojas. Sin las garantías del marco político y legal que durante décadas canalizó la protesta con demandas dirigidas a los poderes públicos y organismos internacionales; y frente a una intensificación de la violencia desde arriba, incluyendo nuevas formas de guerra. También habrá que mirar más hacia África y Asia, como en 2011, pues allá está la juventud que instigará las movilizaciones transnacionales del futuro. Mucho por hacer.

Publicado originalmente en el blog del autor.

La entrada Trump y un capitalismo sin salida se publicó primero en Zona de estrategia.

El mundo era en realidad varios mundos, que han venido distanciándose a pasos agigantados. Un mundo es el de los millones de personas horrorizadas que rechazan normalizar o negar el genocidio, el exterminio, el apartheid, la ocupación colonial, la tortura, como prácticas legítimas si se llevan a cabo contra poblaciones etiquetadas como indeseables y si se cuenta con la fuerza suficiente como para que no sea contestada. Desde que Israel pusiera fin al segundo alto el fuego el pasado mes de marzo e intensificara su ofensiva militar y el bloqueo sobre la Franja de Gaza, provocando una hambruna sin precedentes, las movilizaciones mundiales en favor de Palestina y contra el genocidio se multiplicaron con una audacia creciente.

La creciente presión popular llevó a que se pusiera sobre la mesa la exclusión de Israel de eventos deportivos

El mes de septiembre de 2025 presenció grandes manifestaciones en Europa occidental y en algunos países árabes, numerosas acciones pequeñas de bloqueo y boicot. La contestación produjo la disrupción de un evento deportivo como la Vuelta ciclista a España, Italia se paralizó con una huelga general, una nueva flotilla humanitaria logró reunir una cuarentena de barcos y quinientos activistas que conectaron nodos de resistencia de todo el mundo. El apoyo a Palestina permeó las protestas sociales en países como Marruecos, y el apoyo a Palestina se expandió entre los ciudadanos estadounidenses. La creciente presión popular llevó a que se pusiera sobre la mesa, por fin, la exclusión de Israel de eventos deportivos, del festival de Eurovisión, o incluso la suspensión de parte del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

Las elites veían cómo se desmoronaba la narrativa que presenta una imagen ficticia del «pueblo» como esencialmente conservador y racista

Semejante ebullición social mundial, inédita desde las protestas de 2019, y que volvía a traer el espectro de una intifada transnacional si lograba articularse con otras cuestiones (sociales, raciales, medioambientales), no podía sino inquietar a otro mundo, el de quienes, desde diferentes perspectivas, apuestan por preservar o radicalizar lo peor del sistema capitalista global. Por ejemplo, las elites políticas, mediáticas y económicas, incluyendo las que no se presentan como tales, veían cómo se desmoronaba la narrativa que presenta una imagen ficticia del “pueblo” como esencialmente conservador y racista y cuyas “demandas legítimas” siempre van en un sentido reaccionario. La realidad es, como ha quedado claro, más compleja y conflictiva. Algunos gobiernos, como el estadounidense, el británico o el alemán, han aplicado por ello una dura represión policial y académica contra todo signo de solidaridad con Palestina, incluyendo la aplicación de medidas antiterroristas. Por su parte, los gobiernos árabes -sobre todo los más proclives a hacer negocios con Israel-, el gobierno turco, pero también los gobiernos de otros países del llamado “sur global”, como Indonesia, comprueban cómo a la tradicional solidaridad popular hacia Palestina se une la indignación creciente contra su pasividad frente a las acciones militares israelíes, en Palestina y en toda la región.

Este es el contexto en el que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2025 una resolución de respaldo a la Declaración de Nueva York sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución Biestatal, en el marco de la Conferencia Internacional de Alto Nivel homónima, copresidida por Francia y Arabia Saudí. El contenido de declaración, aprobada por abrumadora mayoría de los Estados miembros de la ONU (142 votos a favor frente a 10 votos en contra, incluyendo los de Estados Unidos e Israel, y 12 abstenciones) es el resultado de un compromiso diplomático, pero fija por escrito un consenso: no cabe detener a Israel por la fuerza, ni presionar por un cambio de régimen en Israel, la única alternativa a las matanzas es el establecimiento de un Estado palestino que el Estado israelí pueda tolerar, bajo control de la Autoridad Palestina, a la que Hamás deberá entregar sus armas. Lo único que los gobiernos imploran -no imponen- a Israel es que se comprometa públicamente con la solución biestatal y que cesen las actividades de asentamiento, apropiación de tierras y anexión, incluyendo la violencia de los colonos, en los territorios ocupados. Sin embargo, la apuesta redoblada por esta vía hace caso omiso no solo al reiterado rechazo israelí a la existencia de un Estado palestino, sino a la brutal transformación que Israel está llevando a cabo sobre el terreno, y al diferente impacto del genocidio en israelíes y palestinos.

El alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, ha supuesto una reducción significativa en la intensidad y frecuencia de las matanzas pero de ningún modo su fin

El cambio más radical es, obviamente, la destrucción de la Franja de Gaza y su incipiente remodelación. Destrucción humana, con más de 68.000 muertes confirmadas directas por ataques israelíes, unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros o sin identificar, más de 170.000 heridos, muchos graves, entre 39.000 y 45.000 niños que han perdido uno o ambos padres, y cientos de miles de personas mal nutridos y con fuertes traumas psicológicos. Destrucción física y ecológica, con más del 80 % de los edificios dañados o derribados, un 86 % de las áreas de cultivo arrasadas, y 61 millones de toneladas de escombros que incluyen bombas aún sin explotar y desechos tóxicos. A los bombardeos le sucedieron los derribos de edificios por parte de militares y contratistas israelíes, el borrado de calles, carreteras y hasta de cementerios, la construcción de nuevas vías de acceso controladas por el ejército israelí. La contaminación y la insalubridad, junto con la mínima capacidad clínica y hospitalaria que queda en pie, dejan a casi dos millones de palestinos expuestos a todo tipo de enfermedades infecciosas.

El alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, ha supuesto una reducción significativa en la intensidad y frecuencia de las matanzas, pero de ningún modo su fin. El domingo 19 de octubre Israel vertía sobre la ciudad de Gaza unas 134 toneladas de bombas, como represalia por la muerte, bajo confusas circunstancias, de dos soldados israelíes. El martes 28 de octubre Israel volvía a bombardear la Franja de Gaza de forma intensiva, dejando más de un centenar de muertos en menos de 24 horas, tras la muerte de otro soldado israelí. En ambos casos, al parecer por milicianos palestinos que quedaron descolgados en la zona de control militar israelí. Mientras tanto, docenas de palestinos, entre las decenas de miles que intentaban retornar a lo que quedaba de sus antiguos hogares, han caído tiroteados por cruzar accidentalmente una “línea amarilla” que apenas está marcada por señales visibles.

Más de doscientos palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en los primeros veinte días tras la entrada en vigor del alto el fuego: una media de diez por día

En total, más de doscientos palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en los primeros veinte días tras la entrada en vigor del alto el fuego: una media de diez por día. No obstante, Israel comienza a instalar bloques de hormigón amarillo sin respetar necesariamente lo que indica el mapa que se había difundido tras el acuerdo. Dicha línea se supone que marca la primera fase de la retirada de las tropas israelíes que mantienen el control directo del 58% de la Franja de Gaza, las tierras más propicias para la reconstrucción y el cultivo (prioridad israelí). Pese a que el punto 16 del acuerdo establece que “Israel no ocupará ni anexará Gaza”, nada indica que el ejército israelí tenga la intención de efectuar nuevas retiradas, y la línea presuntamente temporal tiene los visos de convertirse en permanente. La estrecha franja en la que ahora se amontonan los desplazados palestinos incluye la zona occidental de la Ciudad de Gaza, y la zona más arenosa, contigua al mar, aunque es también la zona más atractiva para la especulación inmobiliaria a pie de playa (prioridad estadounidense).

El acuerdo de alto el fuego también ha permitido un nuevo intercambio de rehenes. Hamás ha entregado finalmente la veintena de rehenes israelíes que aún seguían vivos, y se afana por encontrar los cuerpos de los secuestrados fallecidos, muchos de ellos por los propios bombardeos israelíes. A cambio, Israel ha liberado de las prisiones unos 1.968 palestinos, de los que unos 1.700 -detenidos como “combatientes ilegales”, sin derecho a juicio, y marcados por la tortura– habrían retornado a Gaza, mientras que 154 que servían cadena perpetua por su participación en atentados han sido enviados al exilio en Egipto. Sin embargo, Israel se ha cuidado de liberar los perfiles políticos más importantes, aquellos que podrían liderar una unificación de las facciones palestinas, o posicionarse como líderes e interlocutores de un Estado palestino, como Marwan Barghouti (miembro de Fatah, preso desde 2002) o Ahmad Sa’adat (líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, preso desde 2006) pasando por el doctor Hussam Abu Safiya, detenido a finales de 2024 y convertido en símbolo de la resistencia al genocidio. Pero incluso muchos de los “liberados” han sido transferidos en realidad desde las estrechas celdas israelíes a ese campo de concentración a cielo abierto que es hoy la zona de evacuación de la Franja de Gaza, la nueva franja dentro de la Franja.

Benjamin Netanyahu se vio obligado a aceptar este plan y detener su ofensiva sobre la Ciudad de Gaza tras haber intentado asesinar a los negociadores de Hamás en Catar

Más allá de estos estos pasos importantes –reducción de los ataques israelíes, intercambio de rehenes y cadáveres, retirada militar israelí parcial– que han suscitado el entusiasmo de los gobiernos que quieren pasar página cuanto antes, lo cierto es que el resto de puntos y de pasos del “plan de paz” –promovido por la administración Trump y negociado por los promotores inmobiliarios Steve Witkoff y Jared Kushner– queda en el aire. Benjamin Netanyahu se vio obligado a aceptar este plan y detener su ofensiva sobre la Ciudad de Gaza tras haber intentado asesinar a los negociadores de Hamás en Catar, sin el visto bueno de Washington, el pasado 17 de agosto. Donald Trump se decidió a aplicar por fin algo de presión real, tras las quejas del emir de Catar Tamim bin Hamad Al Thani y tras constatar la objeción persistente tanto de Egipto como de Arabia Saudí a su propuesta de expulsión y reasentamiento de la población palestina de Gaza, pero también por motivos más narcisistas, como el deseo de recibir el premio Nobel de la Paz o lograr lo que nunca logró su predecesor Joe Biden. No sabemos si el voluble Trump mantendrá dicha presión, o si aceptará cualquier justificación que le presente Netanyahu.

De los puntos pendientes del plan, Netanyahu solo acepta el desarme total de Hamás y una gobernanza de Gaza bajo liderazgo estadounidense, una vuelta a los mandatos coloniales posteriores a la Primera Guerra Mundial, con vistas a una reconstrucción en la que las facciones ultraderechistas del gobierno israelí esperan incluir su proyecto de colonización. Pero Hamás no parece que tenga intención alguna de desarmarse, de momento solo estaría dispuesta a entregar sus armas a una entidad palestina soberana, y no está claro cómo podría desarrollarse semejante proceso, vista la voluntad israelí de continuar dominando mediante el ejercicio de la violencia extrema. Hamás está muy mermada, pero sigue viva, aunque esta vez no haya exhibido su presencia públicamente como durante la segunda tregua, un detalle acordado probablemente con los Estados Unidos.

Hamás sí está dispuesta, en cambio, a no participar en el “comité técnico, apolítico” previsto para la administración cotidiana de los servicios públicos, algo que ya había aceptado en diciembre de 2024, antes de la segunda tregua. No hay fecha fijada para la constitución de dicho comité “transitorio”, cuyo ámbito territorial es incierto, que debería estar sujeto a un “Consejo de Paz” presidido por el proisraelí Donald Trump, y que incluirá la presencia de representantes de otros Estados y hasta del ex primer ministro británico Tony Blair, coarquitecto de la desastrosa invasión de Iraq. Otro elemento importante del acuerdo, la “Fuerza Internacional de Estabilización”, que teóricamente debería desplegarse “de inmediato”, tampoco se ha constituido e Israel ya ha puesto su veto a la participación de Turquía y de Catar.

La población palestina depende por completo de una ayuda exterior que es insuficiente para evitar la malnutrición y la enfermedad

Para los palestinos de Gaza, el ingreso de ayuda humanitaria -otro punto clave del acuerdo de alto el fuego- es crucial, pero lo que Israel deja entrar en la Franja sigue siendo muy escaso, y con regulares interrupciones. Apenas 1.917 camiones pudieron entrar en Gaza y descargar su mercancía desde el inicio del alto el fuego hasta el 29 de octubre: una media de cien por día, muy inferior a los seiscientos camiones por día (que ya suponen un mínimo ante la devastación y la hambruna) inicialmente previstos. Despojada de la capacidad de poder producir e importar los alimentos y medicamentos que necesita, recluida en los terrenos más estériles, y bajo la prohibición de pescar en el mar, la población palestina depende por completo de una ayuda exterior que es insuficiente para evitar la malnutrición y la enfermedad. Dos tercios de los gazatíes cocinan quemando desperdicios y la mitad de la población consume menos del mínimo de agua más o menos potable -la que se extrae de los acuíferos está contaminada– que se necesita a diario para beber y cocinar. Dicha dependencia -agudizada por la destrucción de los túneles que comunicaban con el exterior- forma parte de la estrategia israelí de sometimiento, y busca minar la subjetividad y la capacidad de acción palestinas. El escenario al que apuntaba la segunda tregua, antes de que Israel la rompiera unilateralmente, podría verificarse ahora: una vida de miseria y una muerte agónica, fuera de los focos mediáticos.

La administración Trump, por su parte, trata de convencer a los israelíes de las bondades del plan mientras presiona a Hamás en la cuestión del desarme. Los representantes de la administración Trump que viajaron recientemente a Israel han amenazado con reconstruir solo la parte bajo ocupación militar directa de Israel y vaciada de palestinos, lo cual se asemeja más a los proyectos israelíes de colonización que a la distopía turística de la “Riviera de Gaza”. En paralelo, los representantes de las principales facciones palestinas se reunieron en El Cairo para articular sus posiciones con respecto a la aplicación de un plan que se ha pergeñado sin su participación. Entre ellas no se encuentra, lógicamente, la banda dirigida por Yasser Abu Shabab, que Israel ha promovido durante su ocupación militar y que ha estado implicada en el saqueo de los convoyes de ayuda humanitaria.

Así pues, el actual impasse no excluye ni la reanudación recurrente de las hostilidades ni la continuación del bloqueo israelí. El gobierno de Israel se arroga el derecho de “hacer cumplir el acuerdo” (sic) mientras lo viola a voluntad y rechaza detalles esenciales del mismo plan cuando comunica en hebreo ante sus ciudadanos. No parece que el genocidio haya terminado. A los 734 días que transcurrieron desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 10 de octubre de 2025 hay que seguir sumando los días que se suceden desde entonces.

El segundo frente de Cisjordania

Si Gaza ha cambiado sustancialmente con el genocidio, también lo ha hecho Cisjordania. Considerada el “segundo frente” en la guerra contra los palestinos, Cisjordania siempre fue el objetivo principal de la colonización israelí. Allí la construcción de asentamientos ilegales por parte de Israel, así como la expulsión violenta de palestinos de sus hogares avanzan imparable, haciendo caso omiso a las sonrojantes, por rutinarias e inefectivas, declaraciones de condena de la comunidad internacional. Bajo el gobierno de facto del colono de extrema derecha y actual ministro de finanzas Bezalel Smotrich, el ejército israelí multiplicó los ataques armados en lugares como Yenín, Tulkarem o Nablús, incluyendo fuego pesado, ataques aéreos y demoliciones punitivas de casas e infraestructuras (en 2025 más de 1300 estructuras han sido derribadas). En el campo de Yenín, Israel llegó a usar tanques contra las milicias palestinas y buldóceres para arrasar sus calles. Ya desde antes del 7 de octubre de 2023, los colonos israelíes habían incrementado sus ataques contra las comunidades palestinas, con apoyo o cobertura del ejército israelí y del Shin Bet, en una política concertada de linchamientos y pogromos, que ha continuado intensificándose desde entonces. Los colonos, muchos de los cuales ni nacieron en Israel ni en los asentamientos (cada medio internacional puede encontrar su cuota de binacionales para las entrevistas), derriban casas, queman coches, matan animales, expulsan familias y destruyen cultivos con total impunidad. En total, más de mil palestinos, incluyendo 213 niños, han sido asesinados en Cisjordania en estos dos últimos años, una cifra que representa el 43% de todos los palestinos asesinados en Cisjordania en las últimas dos décadas (esto es, desde el fin de la segunda intifada). Actualmente, unos 40.000 palestinos se encuentran desplazados en Cisjordania, el mayor desplazamiento forzado allí desde 1967.

Actualmente, unos 40.000 palestinos se encuentran desplazados en Cisjordania, el mayor desplazamiento forzado allí desde 1967

Los meses de septiembre y octubre, temporada de cosecha de las aceitunas, suelen ser periodos en los que los colonos israelíes se ceban con los olivares palestinos, pero en los dos últimos años, y especialmente en las últimas semanas, la violencia ha superado todos los límites. En esta temporada, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha documentado 126 ataques de colonos contra granjeros y familias palestinas en 70 aldeas y pueblos desde principios de octubre, complicando las tareas de cosecha. Más de un centenar de palestinos han resultado heridos y más de 4.000 olivos han sido vandalizados. No se trata únicamente de limpieza étnica. Como escribe Jonathan Pollack en Haaretz, “este asalto está destinado a subvertir el vínculo emocional con la tierra y dirigido hacia el borrado cultural, a la desaparición de la identidad”. En lo que hoy es reconocido como Israel, dicho borrado ha incluido la sustitución sistemática de los olivares palestinos por los pinares que ahora se incendian cada verano. La omisión la palabra “palestino” o equivalente en la mayoría de los comunicados del gobierno israelí forma parte de la misma estrategia.

Justo cuando más Estados reconocen a Palestina como Estado su embrión administrativo, la Autoridad Palestina es más débil y está más deslegitimada que nunca.

Todo ello ha supuesto el colapso en la práctica de la Autoridad Palestina. Justo cuando más Estados reconocen a Palestina como Estado, su embrión administrativo, la Autoridad Palestina es más débil y está más deslegitimada que nunca. Israel y sus colonos hoy actúan con total impunidad en las áreas que, según los acuerdos de Oslo (no reconocidos por el actual gobierno israelí), debían estar bajo la Autoridad Palestina, mientras que el norte de Cisjordania está bajo ocupación militar israelí. La Autoridad Palestina de Mahmud Abás es una cáscara vacía, sin apenas capacidad para gobernar, pagar salarios (que dependen de la financiación europea y de la autorización israelí), o proporcionar seguridad a su población (que solo percibe la represión por cuenta israelí), y que mantiene lealtades mediante la corrupción. Con una legitimidad social por los suelos en Cisjordania, y sin elecciones democráticas e inclusivas a la vista, resulta difícil que la Autoridad Palestina -aún “reformada”, como prevé el acuerdo de alto el fuego- pueda cumplir algún papel real en Gaza, más allá de poner una etiqueta que satisfaga la ficción con la que la comunidad internacional pretende disfrazar el mandato o protectorado que se está negociando entre bambalinas.

Si la ocupación se puede revertir y el apartheid se puede desmantelar, “un genocidio no se puede deshacer”

Israel rechaza incluso esta ficción, pues su objetivo es acabar definitivamente con la idea de que algún día pueda haber un Estado palestino, el que sea. Y es que la propia sociedad israelí se ha visto transformada en estos dos años de genocidio. La periodista israelí Orly Noy, miembro de la ejecutiva de la organización de derechos humanos B’Tselem, quizás sea quien mejor ha descrito cómo el genocidio ha infiltrado la fibra moral de la sociedad israelí como no lo habían hecho ni la ocupación ni el apartheid, vaciándola de las “concepciones básicas de moralidad, decencia, compasión, humanidad, esperanza y futuro”. Un vacío que es “un abismo” al que Israel tendrá que mirar algún día. Si Noy ha podido hacerlo, al coste de cortar relaciones con varios amigos y familiares cercanos, quizás se deba a su condición mizrají (judía “oriental”, en su caso nacida en Irán). Según Orly Noy, la gran mayoría de los ciudadanos israelíes “o ha participado, o apoya el genocidio, o simplemente no le importa el genocidio”, incluyendo israelíes que antes habían sido críticos con la ocupación, lo que considera aterrador. Algo que corroboran las sucesivas encuestas demoscópicas. Si la ocupación se puede revertir y el apartheid se puede desmantelar, “un genocidio no se puede deshacer”. Otros ciudadanos israelíes ya no se sienten cómodos en dicha sociedad. Aunque en 2025 Israel celebró haber superado la cifra de diez millones de habitantes (más de dos millones de los cuales son árabes), el saldo migratorio del último año es negativo: más israelíes emigraron que inmigraron. Por lo general jóvenes, seculares y situados más a la izquierda, según el Jewish People Policy Institute. En agosto, Noy depositaba su esperanza en que la comunidad internacional reconociera que el régimen que lo ha llevado a cabo “no puede seguir existiendo”.

Lo que ha sucedido es todo lo contrario. Lo que la gran mayoría de los miembros de la ONU ha declarado, y lo que el denominado Plan de Paz para Gaza pretende certificar, es que el régimen israelí se ha impuesto por la fuerza, y por tanto toda solución debe respetar sus exigencias. Ninguno de estos documentos habla de genocidio, cuya confirmación oficial por parte de la Corte Internacional de Justicia aún tardará años. Fuera de Palestina, todas las partes interesadas esperan que el paso del tiempo juegue en favor del olvido de esta ignominia, que Israel intervenga menos en su vecindario, y que florezcan los negocios. La red de complicidades es profunda, como ha destacado la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado Francesca Albanese en su último informe.

Todas las partes interesadas esperan que el paso del tiempo juegue en favor del olvido de esta ignominia

Quien puede desbaratar todos estos planes es, de nuevo, el pueblo palestino. A pesar del exterminio, de los desplazamientos, de los cercamientos, y del trauma, los palestinos han conseguido permanecer en tierras de la Franja de Gaza, de Cisjordania y Jerusalén Este, aunque éstas sean cada vez más reducidas. Pese al genocidio y la violencia de los colonos, probablemente la población palestina de los territorios ocupados continúe superando los cinco millones. Y, si nos atenemos a la última encuesta que publica el instituto palestino PCPSR, mantienen una fuerte determinación anticolonial.

En octubre de 2025, una mayoría relativa del pueblo palestino (47%) se mostraba favorable a la consecución de un Estado propio sobre la base de las fronteras de 1967. La desconfianza, el miedo o el odio hacia los israelíes lleva a que solo un 12% de los palestinos encuestados se muestre favorable a la convivencia en igualdad en un Estado único, aunque al mismo tiempo un 32% cree que la prioridad política debe ser la obtención del derecho de retorno de los refugiados a los pueblos de los que fueron expulsados en 1948, es decir, a lo que hoy es Israel. Para conseguir esos objetivos, un 40 % -que en Cisjordania sube hasta el 43 %- considera que la lucha armada es de momento el método que puede obtener algún resultado, aunque en Gaza se inclinan más por la negociación (35%). Un 65 % considera que las muestras internacionales de solidaridad, que en el caso de las multitudes árabes han impedido que cristalicen las iniciativas de deportación colectiva, contribuyen al fin de la ocupación, mientras que un 68 % (52% en Gaza) rechaza en principio la entrada de una fuerza árabe o islámica de interposición. La letra, con sangre no entra. Para terror del sionismo, una mayoría (53 %) de los palestinos considera que la ofensiva armada del 7 de octubre de 2023 estaba justificada, a pesar de toda la destrucción que trajo consigo, aunque este porcentaje se invierte en Gaza: hoy un 54% de los gazatíes considera que dicha decisión fue incorrecta (frente al 44% que la apoya). Cifras sorprendentes para quienes no viven la violencia cotidiana de la dominación colonial.

La contrapartida de este desafío es la correlativa determinación de Israel de intensificar la ocupación, la segregación y el sufrimiento, aunque el exterminio se ralentice, sin ofrecer ninguna salida política, con el fin de doblegar de una vez por todas la resistencia a su proyecto colonial y de convencer al resto del mundo de que no hay alternativa a la disyuntiva que plantea (expulsión o exterminio). Pero sí la hay, y pasa por el fin del supremacismo étnico y por un proceso de democratización que conduzca a dos estados o a un solo estado. Esto es, pasa por el reconocimiento no del Estado, sino del pueblo palestino, o de los árabes de Palestina, como sujeto político en pie de igualdad con los judíos israelíes. La cuestión es cuándo tardará la sociedad israelí o, en su defecto, las potencias que de un modo u otro sostienen su Estado, en apostar decididamente por el

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Estos días, los aficionados a las imágenes satelitales comprueban la brutal transformación que ha sufrido en un año el territorio conocido como Franja de Gaza. Visto desde la termosfera, el terreno se aparece como una sucesión de motas informes, marrones, grises y negras, donde el color verde prácticamente ha desaparecido. Según UNOSAT, en septiembre más del 66 % de los edificios habían sufrido daños como consecuencia de los bombardeos y de las demoliciones deliberadas, imposibilitando el retorno de las más de 1,9 millones de personas que han sido desplazadas de forma forzosa durante las repetidas expulsiones (“evacuaciones”) provocadas por el ejército israelí. Más del 67 % de los terrenos de cultivo han resultado dañados y han sido convertidos en un erial, lo que contribuye a agravar la hambruna junto con las restricciones en el acceso de ayuda humanitaria: solo 100 camiones con esta ayuda llegaron a entrar en la Franja de Gaza en todo el mes de octubre de 2024, debido al bloqueo económico impuesto por Israel, muy por debajo de los 500 camiones diarios que entraban antes de octubre de 2023. De noche, los satélites apenas perciben unos puntos de luz, la que producen los generadores eléctricos que aún funcionan, y las de las llamas. Este es el paisaje que Israel amenaza con reproducir en Líbano.

Abajo, el horror

A lo largo de más de un año, el ejército israelí ha cometido al menos una masacre de civiles por día, en la que ha habido decenas de muertos. Con frecuencia se supera el centenar por día. Es lo que sucedió el pasado octubre, con el ensañamiento contra el norte de Gaza, y en especial contra el campo de refugiados de Jabaliya. Allí, “todo está arrasado”, según Louise Wateridge (UNRWA) que logró acceder brevemente a la zona en octubre. Otrora, una matanza cometida en un hospital, en una escuela, en un campo de tiendas de campaña para desplazados, hubiera generado portadas en los periódicos. La matanza de palestinos hoy es rutina, luego, apenas constituye noticia ni, lo que es más grave, motivo de escándalo.

Se contabilizan ya más de 43.600 muertos confirmados, incluyendo 16.765 niños, unas 10.000 personas desaparecidas, y unos 102.000 heridos

Las cifras de muertes cometidas de forma directa por ataques israelíes que uno pueda incluir en un texto como este quedan desfasadas inmediatamente. En el momento en que escribo, se contabilizan más de 43.600 muertos confirmados, incluyendo 16.765 niños, unas 10.000 personas desaparecidas, y unos 102.000 heridos. Cuando leáis este artículo, serán muchas más. Cifras que nadie sin ganas de manipular discute ya. Por mucho que la prensa occidental, sin periodistas en el terreno, insista en hablar de las “autoridades sanitarias controladas por Hamás”, resulta que en la Franja de Gaza aún quedan algunos periodistas palestinos (aunque más de un centenar hayan sido asesinados) y un millar de trabajadores sanitarios vivos de UNRWA, además de los que trabajan para el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y para las escasas ONG que quedan, que intentan hacer lo que pueden en las instalaciones médicas que quedan en pie.

No obstante, estas cifras se quedan cortas, entre otras cosas porque no incluyen las muertes por hambruna, enfermedad, o como resultado de la agonía de los heridos (que carecen de acceso suficiente a medicamentos, anestesia), ni los datos de zonas inaccesibles como sucede con buena parte del norte de Gaza. Algunas estimaciones verosímiles apuntan a unas doscientas mil personas fallecidas, pero es muy difícil verificarlo con un sistema sanitario colapsado. Si finalmente UNRWA, lo más parecido a una administración que queda en la zona, es expulsada de los Territorios Ocupados Palestinos e Israel mantiene la prohibición de acceso de organizaciones independientes, es posible que nunca sepamos el alcance real de lo que no puede calificarse de otra manera que como un genocidio. La hambruna forzada, consecuencia de las acciones deliberadas de Israel, es una vieja práctica colonial. Asimismo, la proliferación de enfermedades infecciosas como la polio es un producto de la destrucción intencionada y casi total del sistema sanitario.

La hambruna forzada, consecuencia de las acciones deliberadas de Israel, es una vieja práctica colonial

El asedio en curso, el tercero en un año, sobre la población desnutrida del Norte de Gaza, entre trescientas y cuatrocientas mil personas que resistieron la expulsión forzada hacia el sur de la Franja, está derivando en lo que puede llegar ser un exterminio sin parangón en la historia reciente. El 10 de noviembre el editorial del diario Haaretz hablaba de “limpieza étnica a la vista de todos”. Mientras se especula sobre hasta qué punto el llamado “plan de los generales” es política oficial del gobierno, lo cierto es que el ejército israelí en la práctica está ejecutando algunos de sus lineamientos esenciales: expulsión de población que permanece al norte del “territorio Netzarim” (56 kilómetros cuadrados que Israel se ha anexionado completamente), asedio y hambruna sobre la población que insista en permanecer en la zona y que por ese motivo es considerada como objetivo militar. Dicho plan prevé el asentamiento de colonias judías como primer paso de una anexión progresiva del resto de la Franja. La población palestina de Gaza solo tiene como opciones morir o seguir desplazándose a lo largo de un territorio vallado e inhabitable, en condiciones cada vez más penosas.

Las imágenes que a diario toman los palestinos de la Franja de Gaza muestran una galería de atrocidades de todo tipo

Las imágenes que a diario toman los palestinos de la Franja de Gaza muestran una galería de atrocidades de todo tipo que recuerda lo que mostraban los sirios bombardeados por Bachar Al Asad y su aliado ruso. En ambos casos, el teléfono móvil, cuando se logra cargar la batería y conectar a internet, se convierte en la única vía de acceso al mundo, y la desesperada grabación de imágenes, un deber colectivo, una forma de registrar la evidencia que desaparece, una reivindicación de la humanidad de quienes son sistemáticamente deshumanizados. Las imágenes que los soldados israelíes toman y difunden en las redes sociales son, por el contrario, una celebración grotesca de la crueldad con los palestinos secuestrados, de la destrucción y el expolio, pero están permitiendo al menos que investigadores reúnan las piezas de un rompecabezas y establezcan responsabilidades como las del batallón de ingenieros 749 o las de la unidad secreta “Refaim” de francotiradores que ejecutan civiles a placer.

Lo que distingue a Gaza de guerras tan cruentas –y poco mediáticas– como la de Sudán es que no es propiamente una guerra, aunque los militantes de Hamás y de Yijad Islámica continúen sus incursiones contra las tropas de ocupación. Es una destrucción metódicamente organizada, en un perímetro cerrado y vallado, de todo lo que pueda sostener una formación social palestina. Otra particularidad es la intensidad de la matanza por kilómetro cuadrado, la multiplicación sin fin de las imágenes de cuerpos –con frecuencia de niños– desmembrados, aplastados por los escombros o reventados y del dolor y la mirada traumatizada de quienes sobreviven. Solo de vez en cuando, del mar de crueldad emerge una grabación tan chocante que salta de las redes sociales a la prensa. Es lo que pasó con la muerte, quemado vivo, de Sha’ban al-Dalou, un estudiante de 19 años de edad, tras el bombardeo israelí del lunes 14 de octubre sobre el Hospital Al-Aqsa, ubicado en la zona centro de Deir al-Balah, en Gaza. Muchos palestinos han muerto así, pero esta vez una cámara de móvil mostró los momentos finales de al-Dalou, ardiendo sobre una cama de hospital.

Es una destrucción metódicamente organizada, en un perímetro cerrado y vallado, de todo lo que pueda sostener una formación social palestina

El paisaje también cambia en Cisjordania y Jerusalén Este, pero allí de forma paulatina, al compás de los desahucios, las expulsiones, la construcción de nuevos asentamientos para colonos. Israel también bombardea la resistencia en campos como los de Jenín, pero en Cisjordania debe calibrar cómo asesina, al fin y al cabo, hay más de setecientos mil colonos israelíes en asentamientos ilegales dispersos entre islas de palestinos. Más de 780 palestinos, incluyendo 167 niños, han muerto en Cisjordania desde octubre de 2023, muchos directamente a manos de colonos, con total impunidad. Israel se embarca sin tapujos hacia la anexión, pero sin un genocidio abierto al estilo de Gaza, queda la cuestión de cómo gestionar los más de 3,2 millones de palestinos que viven allí de forma fragmentada. De momento, la opción del gobierno consiste en endurecer el sistema de apartheid, limitando aún más los movimientos, amparando las razias asesinas de los colonos y los ataques llevados a cabo por drones, y sistematizando la tortura en las prisiones israelíes que se han llenado de palestinos sin derecho a juicio.

El ejército israelí ha cumplido lo que el portavoz del ministro de defensa prometió el pasado 6 de enero: que “la guerra” (sic) en Gaza duraría todo el año 2024. Si las autoridades israelíes amparan la anexión de Cisjordania y rechazan que pueda establecerse un Estado palestino –y no solo en boca de los ministros extremistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, sino también desde la oposición–; nadie puede llamarse a engaño. ¿Cómo es posible que este “escándalo histórico”, en palabras del ex primer ministro francés Dominique de Villepin, continúe produciéndose a la vista de todos y no parezca tener fin?

La conjura de los mediocres

Buena parte de esta destrucción es llevada a cabo desde el aire, con cazas y misiles estadounidenses. Desde octubre de 2023, Estados Unidos ha entregado a Israel más de diez mil misiles de una tonelada cada uno, de esos que pueden derribar un edificio de diez plantas y abrir enormes cráteres en la calzada. Estados Unidos también ha entregado más aviones, armamento y municiones, por un valor total que supera los 20.000 millones de dólares. El apoyo del presidente Joe Biden no se ha limitado a estas entregas, a proteger a Israel de los cohetes que lanzan los hutíes yemeníes e Irán y a cubrirlo diplomáticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos ofrece también cooperación en inteligencia, y funcionarios estadounidenses asisten a reuniones claves del gabinete israelí.

A lo largo de estos meses ha quedado claro cómo la imagen de una administración Biden que intenta contener la ira israelí y detener las matanzas no era más que propaganda. Las fricciones ocasionales, como cuando a finales de mayo Joe Biden anunció un “alto el fuego” temporal que nunca se produjo, no invalidan esta constatación. La iniciativa es israelí, pero sobre la base de una convergencia de intereses, dentro de un orden (el estadounidense). El tándem Biden/Harris y el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu han coincidido en un objetivo: la erradicación de Hamás en Gaza y de Hezbolá en Líbano, empresa que no puede verse impedida por la inserción social y política de ambos movimientos de resistencia en el seno de sus respectivas poblaciones.

En Líbano el ejército israelí ha matado a más de 3.100 personas desde octubre de 2023

Así, en Líbano el ejército israelí ha matado a más de 3.100 personas desde octubre de 2023, de las cuales más de dos mil –incluyendo militantes de Hezbolá y civiles– desde que en septiembre intensificara los ataques por todo el territorio libanés. En este caso, la estrategia israelí, tras el espectacular descabezamiento de la cúpula de Hezbolá, consiste en atizar las tensiones sectarias del país, algo que no le ha funcionado en el pasado. Tras centrar sus bombardeos en las zonas de mayoría chií del sur y este del país, a finales de octubre Israel bombardeó ciudades del norte donde una parte de las más de 800.000 personas desplazadas han intentado buscar refugio, incrementando el coste de la solidaridad intralibanesa. Más de 440.000 personas, un 71% de las cuales son sirias y un 29% libanesas, se han visto forzadas a cruzar la frontera para buscar refugio en Siria. Según testimonios, algunos de los sirios que han retornado han sufrido detención y posiblemente tortura.

Por lo que respecta al consenso bipartito de Washington, se trata de la continuación de la “guerra contra el terrorismo” y la erosión de la posición de Irán en la región, sin que ello ponga en riesgo los intereses geoestratégicos y políticos estadounidenses. Que esto último es el límite de lo que de momento puede hacer Israel quedó puesto de manifiesto en la preparación de la “respuesta” militar israelí contra Irán el 26 de octubre: tras días de conversaciones entre Washington y Tel Aviv, Israel atacó instalaciones militares iraníes, pero no infraestructuras energéticas o portuarias, que hubieran incrementado el riesgo de una reacción iraní contra instalaciones equivalentes en la región, y la consiguiente escalada en los precios del petróleo.

El gobierno alemán considera oficialmente “antisemitas”, y por tanto ilegales, cualquier llamamiento al boicot de Israel y la denuncia del apartheid israelí

Mientras, en Europa es el establishment alemán quien lidera el apoyo a Israel, en una aplicación narcisista del Staatsräson de posguerra. El gobierno actual acentúa la línea que marcó Angela Merkel, cuando en 2008 reafirmó ante la Knesset el apoyo alemán incondicional a Israel como una “obligación nacional”. Alemania, segundo exportador de armas a Israel, ha venido incrementando sus ventas de armamento en los últimos meses, a sabiendas de su nefasto impacto en la población civil, que el gobierno de coalición justifica, de forma más cruda que su aliado estadounidense, argumentando que el hecho de que los militantes de Hamás “se escondan” tras la población civil no debería impedir “destruirlos”. Todo ello acompañado de una implacable represión interna de toda expresión de solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno alemán considera oficialmente “antisemitas”, y por tanto ilegales, cualquier llamamiento al boicot de Israel, la denuncia del apartheid israelí, y la descripción del sionismo como un colonialismo de asentamiento, aunque sea expresado por judíos progresistas o antisionistas. En breve, las organizaciones y personas críticas de Israel podrían perder la posibilidad de recibir subvenciones públicas.

Emmanuel Macron también ha hecho suya la causa israelí, apuntalada por grupos mediáticos rabiosamente sionistas que presentan las campañas contra Hamás y Hezbolá como parte de la lucha contra el “comunitarismo islamista” en Francia. Aunque el Estado francés se muestre incómodo por el impacto geopolítico de la duración de la matanza y su extensión a Líbano, contempla la reconstrucción de este último como una oportunidad. Netanyahu también ha cultivado relaciones con el presidente húngaro Víktor Orbán, y otras fuerzas europeas de ultraderecha ven con simpatía un gobierno supremacista, radicalmente antiárabe y antimusulmán. Por su parte, los gobiernos más críticos con las últimas acciones de Israel (Irlanda, España, Bélgica, Eslovenia) son minoría en la Unión Europea. Pese a sus reparos y al reconocimiento oficial del Estado de Palestina, ninguno de ellos ha roto relaciones con Israel y alguno, como España, incluso ha continuado comerciando con armamento. Parece que no es fácil cortar amarras con el único Estado realmente existente de los “dos Estados”, estrechamente asociado a la Unión Europea además desde el año 2000, en virtud de un tratado comercial. En Europa, la suerte de los palestinos en Gaza es una mera cuestión humanitaria que cabe paliar, mientras que el mantenimiento de la superioridad israelí es, en efecto, cuestión de Estado.

Ningún gobierno árabe, salvo el gobierno yemení hutí, ha tomado medida alguna contra Israel

Ningún gobierno árabe, salvo el gobierno yemení hutí (no reconocido internacionalmente), ha tomado medida alguna contra Israel, más allá de condenas y votaciones puntuales en la Asamblea General de la ONU. Aunque inquietos por el efecto que pueda tener la arrogancia asesina de Israel en sus respectivas opiniones públicas , los Estados árabes (Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos) que han firmado acuerdos de normalización con Israel no los han revisado. Arabia Saudí nunca llegó a firmar un acuerdo de normalización, como estaba previsto antes del 7 de octubre de 2023, pero podría llegar a hacerlo más adelante, dependiendo de la línea que siga la nueva administración Trump y del papel que pueda desempeñar en ella su yerno Jared Kushner, favorable a las posiciones israelíes más radicales al tiempo que dirige un fondo de inversión ligado a las potencias árabes del Golfo Pérsico. Entre bambalinas, China ha venido promoviendo la unidad entre las facciones palestinas y con sus críticas a Israel se acerca a los países árabes del Golfo, su objetivo principal en Asia Occidental (Medio Oriente para los occidentales), pero sin que ello venga acompañado de presiones contra el Estado de Israel.

Son dos potencias regionales no árabes, Turquía e Irán, las que han ido más allá de la retórica. Turquía suspendió relaciones comerciales con Israel en mayo de 2024 como respuesta al genocidio en Gaza, es el único Estado de la región –junto con Palestina– que interviene en el proceso sobre genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y ha sugerido el uso de la fuerza contra Israel en el marco de Naciones Unidas. Sin embargo, su condición de Estado miembro de la OTAN limita mucho sus opciones militares. Irán ha llevado a cabo dos ataques directos contra Israel, en abril y en octubre de 2024, pero como represalia por ataques previos israelíes contra sus aliados y contra mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Pese a los discursos propalestinos, los limitados ataques del régimen iraní buscan ante todo preservar su capacidad disuasoria –fuertemente erosionada tras las ofensivas israelíes en Gaza y Líbano, y sus opciones negociadoras con Estados Unidos– no detener el genocidio. Con todo, el progresivo acercamiento entre Irán y Arabia Saudí, antiguos enemigos, desde su restablecimiento de relaciones con mediación china en marzo de 2023, podría generar en el futuro una entente contraria a los intereses israelíes, algo que la nueva administración Trump tratará de evitar. En octubre de 2024 ambos países realizaron por primera vez maniobras militares conjuntas en el Mar de Omán, y el 10 de noviembre el jefe de estado mayor de las fuerzas armadas saudíes visitó Teherán. En breve, Irán firmará también un tratado con Rusia, que incluirá un capítulo sobre cooperación militar. En fin, Egipto, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se unieron a los BRICS en enero de 2024.

Actualmente, lo único que puede alterar este estancamiento sería el procesamiento de Benjamín Netanyahu por la Corte Penal Internacional

Sin embargo, nada de lo que lleva haciendo Israel a lo largo de más de 400 días ha afectado sustancialmente su posición en la comunidad internacional. Por más que los críticos apunten a su marginación y conversión en un Estado paria, por el momento la realidad inmediata es bien distinta. Israel ha demostrado que para salirse con la suya le basta la legitimación que le otorgan unas pocas potencias occidentales, su atractivo como proveedor de tecnología militar y de inteligencia (también a países del llamado “sur global”), y el bloqueo de suma cero que producen los cálculos, divisiones y maniobras políticas de unos líderes políticos mediocres. En esto, la supervivencia de Benjamín Netanyahu se asemeja a la de su vecino Bachar Al Assad. Y en un contexto de bloqueo del Consejo de Seguridad de la ONU por los vetos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ningún Estado parece dispuesto a pararle los pies a Israel por la vía militar. Actualmente, lo único que puede alterar este estancamiento sería el procesamiento de Benjamín Netanyahu por la Corte Penal Internacional (el otro posible encausado, Yoav Gallant, ha sido destituido recientemente como ministro de defensa) o una posible caída del gobierno. Pero el genocidio no es tarea de una sola persona.

El genocidio silencioso

Pese a la destrucción y partición minuciosa de la Franja de Gaza, y aunque el número de muertos y desaparecidos hasta el momento pueda llegar a suponer el 10–15 % de la población palestina en el territorio, aún quedarían en el mismo unos dos millones de palestinos. Ningún Estado árabe ha aceptado las propuestas de Israel de transferencia forzada de una población que considera, más que nunca, como una amenaza a su existencia como Estado etno-supremacista. Israel no reconoce un Estado palestino pero tampoco reconoce a los palestinos como grupo bajo su control y con derechos. Expulsión o muerte son las dos únicas opciones que Israel ofrece a la población palestina presente en los territorios que se va anexionando o dominando. Lo más grave es que los gobierno occidentales que anteponen “el derecho de existir” del Estado de Israel por encima de cualquier otra consideración están aceptando de facto dicha posición. El desmantelamiento de UNRWA, a la que contribuirá Donald Trump con la previsible retirada de fondos estadounidenses, supondrá una vuelta de tuerca a un genocidio que, lejos de sus estertores finales, podría estar más bien en su fase inicial.

Expulsión o muerte son las dos únicas opciones que Israel ofrece a la población palestina presente en los territorios que se va anexionando

A esta fase, que ha sido intensiva en recursos militares, le puede suceder –tras una conveniente escenificación “fin de la guerra” bendecida por Donald Trump y por sus socios árabes– otra más silenciosa, en la que la población palestina de Gaza, y también la de Cisjordania, podría quedar completamente desamparada, sometida regularmente a nuevas expulsiones y a ataques punitivos letales por parte de Israel, ante la impotencia o, mejor dicho, el consentimiento tácito de la comunidad internacional. Esto es, con una muy elevada mortalidad, que supere con creces la tasa de fertilidad que tanto preocupa a la sociedad israelí. Como teme el historiador israelí Yair Wallach (SOA, Universidad de Londres), nos dirigimos a la “eliminación política y física de los palestinos entre el río y el mar”. Tal es el proyecto de los colonos extremistas que hoy dominan las instituciones israelíes y que contemplan los próximos cuatro años de administración Trump como una oportunidad histórica que no pueden desperdiciar. Con ello tratan de conjurar la posibilidad de coexistencia democrática entre judíos y árabes palestinos en tierra palestina, en igualdad de derechos, sin supremacismo étnico.

La consagración de Israel como Víctima única llega a su paroxismo, en una inversión de roles que no llama la atención de los expertos oficiales en desinformación

Si antes del ataque del 7 de octubre de 2023 la “cuestión palestina” había quedado relegada al olvido, hoy afronta su desaparición, asumida por las fuerzas políticas dominantes en los países occidentales y singularmente en Europa. Como muestra, la reacción tras las agresiones contra aficionados de fútbol israelíes en Ámsterdam el pasado 8 de noviembre, después de que entre ellos un buen número de camorristas lanzaran cánticos racistas contra los árabes por las calles de la ciudad, agredieran a un taxista, y arrancaran una bandera palestina de un edificio. Las condenas expresadas por los gobernantes europeos, tergiversando los hechos y presentándolos como un pogromo antisemita, contrasta con sus tibias declaraciones y silencios frente a la matanza real de miles de personas en Gaza y en Líbano. La consagración de Israel como Víctima única llega así a su paroxismo, en una inversión increíble de roles que no llama la atención de los expertos oficiales en desinformación, pero sí a millones de ciudadanos árabes europeos que asisten, entre indignados y atemorizados, a su progresiva conversión en minoría acorralada, como los judíos europeos de finales del siglo XIX y principios del XX.

De este modo, Palestina va desapareciendo, consumida por el fuego, salvo que los palestinos recuperen de algún modo las fuerzas, físicas y mentales, para continuar resistiendo. Es el último genocidio colonial, el sacrificio que Israel ofrece a Occidente para salvar una hegemonía mundial que no va a recuperar. Sacrificio consumido por el fuego. En griego, ὁλόκαυστον, holókauston.

La entrada Palestina, consumida por el fuego se publicó primero en Zona de estrategia.

La movilización en Tenerife no surgió de la nada. En este siglo, protestas ecologistas contra los grandes proyectos de infraestructura con fuerte impacto ambiental se organizaron en la isla entre 2002 –año de la histórica protesta contra el planeado y luego abortado tendido eléctrico de Vilaflor– y 2009, cuando se produjo la última gran manifestación contra el Puerto de Granadilla (luego habría otras, pero no de la misma entidad). Entre ambas fechas, a mediados de la década Tenerife se había convertido en la isla más poblada de Canarias, sobrepasando a Gran Canaria. De estas movilizaciones surgiría la organización política ecosocialista Alternativa Sí Se Puede por Tenerife (2007).

La movilización ecologista en Gran Canaria tuvo previamente una fuerza particular con movimientos vecinales y organizaciones diversas

La movilización ecologista en Gran Canaria tuvo previamente una fuerza particular con los movimientos vecinales y organizaciones como los comités Salvar Veneguera (1984), que lograron después de muchos vaivenes la protección del barranco de Veneguera en 2003. En este siglo se produjeron nuevas protestas como las desarrolladas contra el Puerto de Arinaga, aunque de menor escala comparadas con las de Tenerife citadas arriba. Otras islas han vivido sucesivas movilizaciones, como en Fuerteventura contra el proyecto de vaciado escultórico-turístico de la montaña de Tindaya; en Lanzarote en defensa de la isla (2002) y contra las prospecciones petrolíferas (en 2014, replicadas en otras islas) o en El Hierro con el sostenido rechazo contra los proyectos de lanzadera y radar (por razones tanto ambientales como antimilitaristas). La movilización ha sido comparativamente menor en islas como La Palma o La Gomera, menos impactadas por grandes proyectos, aunque no sean ajenas a otras derivas inmobiliarias.

Según Brito, “la contienda ecologista en Canarias ha tenido un carácter claramente estructural” en los últimos cuarenta años

Como ha destacado José Manuel Brito en sus análisis de los movimientos sociales en Canarias, “la contienda ecologista en Canarias ha tenido un carácter claramente estructural” en los últimos cuarenta años. En primer lugar, según Brito, por el modelo de desarrollo turístico basado en “una ocupación extensiva del territorio, (…), creando una geografía al servicio del negocio turístico e inmobiliario”. En segundo lugar, por el “papel desempeñado por las distintas instituciones políticas y los gobiernos” en la promoción activa de dicho modelo, “lo que hace que los problemas ambientales sean planteados en términos de deterioro de la calidad de la democracia”, y explica por qué “en Canarias la contienda ecologista es mucho más que una mera disputa por la propiedad de un recurso”. Añado que en los últimos años muchos canarios asocian cada vez más esta dimensión ecológica a las condiciones de la reproducción social, y a la calidad de vida en general. Lo ecológico es social y político.

Lo ecológico es social y político

La intensificación de la protesta en la primera década del siglo XXI coincidió con un boom constructor al calor, por un lado, de una generosa cofinanciación europea de infraestructuras, y, por otro, del ciclo de expansión inmobiliaria impulsado por la liberalización de la regulación del suelo, el crédito con bajos tipos de interés facilitado por las políticas del Banco Central Europeo, y la corrupción política vía cajas de ahorro (la fallida operación Las Teresitas data de 2006). Una década de crecimiento que no impidió que Canarias fuera “una de las comunidades autónomas españolas con mayor grado de desigualdad en la distribución de la renta y con una tasa de pobreza relativa entre el 25% y el 30% superior a la media española”, como recuerda el economista David Padrón Marrero. Esta fase concluyó de forma abrupta, como sabemos, con la crisis financiera de 2008 y sus ramificaciones posteriores en forma de crisis de deuda soberana en la eurozona. Este proceso no fue exclusivo de Canarias, pero en Canarias los factores inherentes a su estructura productiva agravaron la crisis, llegando a una tasa de desempleo del 33 % en 2013: explotación de trabajo de baja cualificación, baja productividad y gran sensibilidad a cambios en las condiciones financieras y la coyuntura internacional.

Desde 2013, en España la recuperación económica ha pasado ante todo por los intentos de lanzar un nuevo ciclo inmobiliario, aunque esta vez con contornos diferentes a los del ciclo anterior, como el impulso del negocio del mercado residencial de alquiler ante las dificultades de acceso a la propiedad inmobiliaria por parte de cientos de miles de familias por las nuevas restricciones del mercado hipotecario. Es lo que ha analizado Pablo Carmona en “La democracia de propietarios” (2022) para el conjunto del Estado, con atención especial a los casos de Madrid y Cataluña. Por lo que respecta a Canarias, el descenso del número de hipotecas ha sido muy acusado, y las cifras de hipotecas constituidas sobre viviendas desde que se tocó fondo en 2013 están muy lejos de las que preceden la crisis financiera.

Ello no quiere decir que no haya habido adquisiciones, de vivienda nueva y usadas, con picos en 2014 para la compra de vivienda usada tras la oleada de ejecuciones hipotecarias y en 2021 tras la fase más dura de la pandemia de la COVID-19.

¿Quiénes compran?

Las estadísticas muestran que cada vez más foráneos. En 2022 un 28,6% de las transacciones inmobiliarias las llevaron a cabo nacionales de otros países (el doble de la media española), de los cuales la mitad eran alemanes, italianos y británicos, por este orden. En su mayoría se trata de segundas residencias. En 2023 un total de 388.688 de nacionales de otros países aterrizaron en Canarias para alojarse en sus propias casas, apenas un 2,7 % del total de turistas pero con un efecto no desdeñable en el mercado inmobiliario local. En 2023, casi la mitad del incremento poblacional se debe a la inmigración desde otros países, sobre todo europeos. Estos datos no incluyen los españoles peninsulares que también se han convertido en propietarios no residentes. Las datos de las mudanzas desde la península a Canarias no permiten diferenciar quiénes son peninsulares que compran o alquilan, o quiénes son canarios que retornan. Estas compras extraterritoriales acentúan los procesos de gentrificación bien estudiados en otros contextos isleños.

Por otro lado, el número de grandes tenedores de vivienda en Canarias, con un mínimo de once inmuebles, se ha duplicado (+128%) en los últimos 15 años. Muchos inversores incrementan su patrimonio comprando pisos que después alquilan, sobre todo en régimen turístico con lo que obtienen elevadas rentabilidades. Habría que investigar más para poder desagregar y verificar los porcentajes respectivos de personas jurídicas o físicas, extranjeras o nacionales, peninsulares o familias pudientes canarias. Cabe presumir que la tendencia es equivalente –aunque más intensa– a la de otras zonas de España, con la recolocación de activos inmobiliarios de la SAREB (véase por ejemplo sus operaciones en el sur de Tenerife) y un mayor protagonismo de los fondos de inversión, filiales inmobiliarias de los bancos y “servicers”. Con todo, el mayor aumento en Canarias ha sido el de los denominados “medios tenedores”, de seis a diez viviendas, con un incremento del 198 %, lo que puede apuntar a la acumulación patrimonial de una categoría diferente a la de los conocidos extranjeros: el de las familias canarias con recursos suficientes como para haber invertido en bienes inmuebles durante la crisis.

Así, el número de hogares en Canarias con vivienda en propiedad se desplomó del 72,2 % en 2007 al 60,78% en 2022, mientras que el número de hogares en régimen de alquiler pasó en el mismo período del 20 al 30 % (ISTAC). En La Palma, el cambio es de los más pronunciados: si en 2007 un 15,4 % de los hogares vivía en régimen de alquiler, en 2022 es un 36,6 %. En esa isla se añade la pérdida de población por la emigración de los más jóvenes, a otras islas o a la península. Lo cual implica dos cosas. Por un lado, una erosión de la “sociedad de propietarios” propia del proyecto neoliberal, en virtud de la cual la propiedad de activos financieros por parte de la mayoría de la población –en el caso español, fundamentalmente de activos inmobiliarios– debe apuntalar la paz social de la “clase media” y compensar la degradación salarial y de los servicios públicos. En cambio, en los últimos años asistimos a una concentración de dicha propiedad. Y, por otro, una importante transferencia de rentas desde las familias más empobrecidas a los grupos sociales con propiedades o más beneficiados por las “rebajas” durante la recesión o por herencias exentas del impuesto de sucesiones. En Canarias hacen falta investigaciones que analicen esta creciente brecha social, como las del Instituto de Investigación Urbana IDRA para el caso de Barcelona.

En el archipiélago la búsqueda de rentas por alquiler ha conducido a apuestas especulativas como el alquiler de las viviendas de uso turístico o viviendas vacacionales para turistas o para “nómadas digitales”, una forma de movilidad temporal de europeos o americanos con un mayor poder adquisitivo, vinculada al teletrabajo y promovida por las autoridades canarias. Según un informe de la Universidad de La Laguna, en diciembre de 2023 Canarias contaba ya con 195.994 plazas o camas de vivienda vacacional (un 36% de la oferta alojativa, que en Tenerife se eleva al 40% y en La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa supera el 50%), frente a 251.308 plazas hoteleras (46%); y 98.042 de apartamento tradicional (18%). Esta oferta, estimulada por las redes sociales digitales, ha producido el efecto de dispersar el turismo por territorios que se consideraban resguardados del mismo, incluyendo pequeños municipios rurales. Si para la generaciones de mayor edad, el turismo era algo que se concentraba en puntos muy concretos, mientras uno podía hacer su vida en el resto de la isla o en la propia ciudad, hoy el turismo –y los servicios que lo acompañan– son omnipresentes, también en las saturadas carreteras.

Que el 71% de los 28.560 propietarios de plazas de vivienda vacacional sean propietarios privados, personas físicas, y que la mitad de los mismos posea solo una vivienda vacacional (se supone que al margen de la vivienda habitual) nos remite al rentismo de unas disminuidas clases medias que depositan sus esperanzas de rentabilidad en esta fórmula. Cuando no aumentan simplemente los precios de los alquileres para obtener beneficios equivalentes: los alquileres en Canarias están subiendo a un ritmo del 3% mensual, siendo la comunidad autónoma donde más ha crecido el alquiler en el último año.

Los inquilinos canarios dedican de media la mitad de sus ingresos al pago del alquiler

Sin embargo, los inquilinos canarios, cuyos sueldos están entre los más bajos de España, dedican de media la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. La presión es mayor en torno a los núcleos turísticos. Así, en el sur de Tenerife los elevados alquileres pueden comerse buena parte de los salarios de quienes trabajan allí, lo que conlleva procesos de expulsión a otras zonas.

En los últimos dos años su capacidad de compra se ha visto erosionado además por una elevada inflación, mayor que en otras regiones de España, que afecta en particular al coste de los alimentos, la mayoría importados, a pesar del Régimen Específico de Abastecimiento (REA). Los anuncios triunfalistas de creación de empleo en tiempos de bonanza turística ocultan el hecho de que en Canarias lo que abundan son los trabajadores pobres, formales o “en negro”. Y por el tipo de modelo productivo, una mayor cualificación no garantiza un empleo o mejores condiciones, de ahí que muchos jóvenes con credenciales universitarias opten por emigrar o se vean estimulados a ello por su entorno familiar. En Canarias, quienes pueden permitirse enviar a sus hijos a Madrid para realizar sus estudios superiores buscan asegurar el valor de sus credenciales educativas y sus opciones de encontrar empleos cualificados en el mercado laboral peninsular.

Uno de cada tres canarios se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social

En definitiva, la desigualdad ha aumentado desde principios de siglo, y especialmente desde la crisis financiera y el impacto posterior de la pandemia de la COVID-19. Como han observado el sociólogo Saturnino Martínez García y otros autores, la composición de clase en Canarias ha evolucionado en los últimos veinte años. El descenso del proletariado tradicional (obreros cualificados y sin cualificar, trabajadores del sector primario) se ha visto acompañado del aumento del número de personas ocupadas en servicios poco cualificados y, en menor medida, el de profesiones liberales que precisan títulos universitarios. Por ingresos, han crecido los grupos de los deciles superiores e inferiores. En la horquilla de ingresos medios, los de ingresos medios bajos constituyen el grupo mayoritario, no pocos al borde del desclasamiento social. Uno de cada tres canarios se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. A pesar de que las transferencias sociales adoptadas por el anterior gobierno canario hayan mitigado algo esta tendencia, lo cierto es que el índice Gini pasó de 0,32 en 2018 a 0,33 en 2022. Una cifra que esconde relevantes diferencias territoriales. Los municipios con mayor desigualdad, los que tienen índices Gini entre 0,33 y 0,39 (Puerto de la Cruz) son los más sometidos a diversas formas de turistificación: desde los tradicionales núcleos turísticos a las zonas metropolitanas donde penetra el alquiler vacacional, pasando por las segundas residencias que compran alemanes, holandeses o belgas en La Palma.

Es en este fracturado contexto social en el que las nuevas autoridades surgidas de las elecciones del 28 de mayo de 2023 (gobierno autonómico, cabildos, ayuntamientos) decidieron, una tras otra, apretar el acelerador y reimpulsar proyectos que habían sido aparcados, suspendidos, o retrasados durante la anterior legislatura. El consenso entre las fuerzas políticas dominantes (PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular) resucitaba, a distintos niveles, poniendo de manifiesto una convergencia de intereses. Como si hubieran visto en la salida del juego representativo de partidos de izquierda más contestatarios del modelo vigente como Podemos, Sí se Puede o Drago una oportunidad para dar una nueva vuelta de tuerca a la especialización productiva en los sectores turístico e inmobiliario, en búsqueda de altas rentabilidades financieras. Solo en Tenerife, desde el verano de 2023 se sucedieron anuncios como el archivo de las órdenes de paralización del proyecto de la urbanización de lujo Cuna del Alma (sobre este proyecto escribí aquí), la construcción de prácticamente una nueva ciudad en la zona de El Mojón, junto a Los Cristianos, o la continuación de los procedimientos para implantar un extenso circuito del motor en la isla. La reactivación del turismo de cruceros, algo impensable en 2020 y que afecta a las capitales portuarias canarias, va en la misma línea. Y en Fuerteventura reflotan proyectos extractivos, esta vez sustituyendo el petróleo por las denominadas “tierras raras”.

Todo ello choca a mucha gente que durante dos años, con la pandemia, pudo constatar cómo se vive en las islas con un número substancialmente menor de turistas, con sentimientos contrastados entre el impacto económico, social y ambiental. Los 4,6 millones en 2020 y 6,7 millones en 2021 no tardaron en convertirse en 14,6 millones en 2022, 16,2 millones en 2023, lo que implica una población flotante equivalente al 16% de la población residente, y con previsiones de llegar a la abrumadora cifra de 17 millones de turistas este año, un crecimiento desmesurado apuntalado por la renta de posición del archipiélago frente al convulso vecindario europeo. No olvidemos que los debates sobre la capacidad de carga en el archipiélago que dieron lugar a la fallida moratoria turística de 2001 se plantearon con cifras de 9-10 millones de turistas anuales. Cuestiones como la explotación intensiva de recursos como el territorio o el agua, sobre todo en las zonas costeras, la contaminación del mar por medio de emisarios submarinos –de aguas residuales– sin control, los atascos en autopistas y carreteras, se han agravado. La visibilización, por medio de las redes sociales, de las conductas más irrespetuosas de los turistas con actitudes más coloniales, en tanto que poseen un sentimiento de privilegio (entitlement) y derecho al abuso, ante la pasividad de las autoridades, contribuye a alimentar la indignación popular.

Las manifestaciones marcan un antes y un después en este tipo de movilizaciones en Canarias

Estas manifestaciones marcan un antes y un después en este tipo de movilizaciones en Canarias. Son las primeras grandes protestas en y desde el archipiélago, llevadas a cabo por una diversidad de personas, que no se dirigen contra un proyecto concreto, sino contra el modelo económico vigente en su conjunto, desde una perspectiva ecosocial puesta de manifiesta en la noción del límite. Las miles de personas que protestaron el sábado mandaron parar y se reivindicaron como sujetos políticos, mostrando el archipiélago que existe al margen de las cartas postales. El consenso de mínimos entre los asistentes es una moratoria efectiva de nuevos desarrollos hoteleros, una ecotasa, la regulación de la vivienda y del mercado de alquiler. Apuntan al fin de la depredación del territorio, a una redistribución más justa del producto social, y al derecho a la isla, contestando su mercantilización.

La potencia de estas demandas ha puesto a la defensiva a los principales promotores y beneficiarios del statu quo, como la patronal hotelera Ashotel, la patronal de viviendas vacacionales, y los representantes del gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos, con mensajes que han evolucionado desde la recurrente acusación de “turismofobia” a la comprensión condescendiente u oportunista como en el caso del presidente Fernando Clavijo. La participación cínica en las manifestaciones del 20A de representantes del PSOE, cuyos alcaldes se encuentran entre los principales responsables del urbanismo desaforado y de la legislación que lo ampara, muestran el riesgo de captura política en direcciones no transformadoras. Los amagos de capitalización por parte de partidos de la izquierda canaria alternativa serán contraproducentes si pretenden dirigir dicho proceso o embarcarse en la habitual competencia estéril por presentarse como los abanderados exclusivos y excluyentes de la causa.

Organizar la protesta

Lo importante ahora, por tanto, es cómo trabajar un proceso de reflexión y articulación colectiva desde el evento “veinte de abril” que permita mantener una presión social autónoma que resista los intentos de apropiación para fines distintos o cooptación. Lo cual nos remite a la ingrata cuestión de la organización. El papel de las asociaciones ecologistas en Canarias, con sus capacidades comunicativas y de acción legal, seguirá siendo importante. La multiplicación de plataformas (“Salvar…”) centradas en la movilización activista es, como se ha visto, necesaria pero insuficiente. Junto a estas organizaciones, sería deseable que pudieran desarrollarse otras modalidades organizativas de base, al estilo de los sindicatos de inquilinos, así como una imprescindible investigación militante. Entre todas ellas pueden conformar espacios de discusión y de coordinación, o articularse en torno a algunas existentes como diversas fundaciones, lo que requiere una actitud cooperativa que permita cierta unidad de acción, que no ideológica o identitaria y federar dichos espacios isleños. Algunas líneas de reflexión pueden ser las siguientes.

Resulta imprescindible hacer política al margen de los partidos políticos, como ocurre en aquellos lugares donde los movimientos sociales son fuertes.

En primer lugar, asumamos que resulta imprescindible hacer política al margen de los partidos políticos, de la representación, como ocurre en aquellos lugares donde los movimientos sociales son fuertes. Lo cual no quiere decir contra los partidos, pues en algún momento será necesario interactuar y muchas personas suelen estar dentro y fuera de los mismos. Significa preservar espacios de autonomía o saber diferenciar los roles respectivos. Y resistir los llamamientos a la unidad orgánica, sobre todo en período preelectoral. La experiencia del ciclo político reciente (2014–2023), con una exacerbada competición cainita, por momentos patética, invita a las formaciones de la izquierda a situarse en un segundo plano, más discreto, y a revisar sus mecanismos internos.

En segundo lugar, hay que entender que el panorama social descrito más arriba nos muestra importantes divisiones sociales en el seno de la heterogénea formación social canaria, también entre islas, que no podemos ignorar u ocultar con los artificios discursivos propios de las hipótesis populistas. Sencillamente, quienes extraen rentas por disponer de uno o varios inmuebles en alquiler no tienen los mismos intereses que quienes, no disponiendo de patrimonio propio, transfieren dichas rentas, por más canarios que se sientan ambos. Quienes dirigen o trabajan en empresas vinculadas al sector de la construcción, difícilmente ven con buenos ojos cualquier propuesta de restricción o regulación de la economía del ladrillo y del cemento. El foco exclusivo en los compradores o inquilinos extranjeros puede facilitar una reafirmación identitaria, pero perdiendo de vista una realidad más compleja. Aquí se plantean dos opciones: o bien una opción consensual que busque una armonía de intereses (por ejemplo, bajo una formulación de la canariedad), propia de la vía electoral. O bien la opción de la construcción de un poder propio, que asuma objetivos e intereses diferenciados, propia de la vía social. ¿Es posible o deseable conciliar ambos?

No se trata de erradicar el turismo, pero sí de reconducirlo a cifras que contribuyan a una menor presión ecológica y social

En tercer lugar, aclaremos qué entendemos por cambio de modelo. La limitación del crecimiento turístico es el punto de partida. No se trata de erradicar el turismo, pero sí de reconducirlo a cifras que contribuyan a una menor presión ecológica y social, y de regularlo de manera que limite el poder de turoperadores, cadenas hoteleras y corporaciones financieras, aunque también está en su interés evitar la saturación. El número de visitantes anuales debería poder reducirse de manera progresiva hasta llegar a la mitad de lo que recibimos ahora, mientras con apoyos públicos se promueve el desarrollo de otros sectores, sin pretensión de sustitución. Para ello se pueden articular diversas políticas que desincentiven lo incentivado: medidas fiscales, reducción de la oferta de camas, de licencias de obra y de apertura de negocios como parques temáticos y centros comerciales, limitación de la subsidiada hiperconectividad aérea (¿es necesario que Lanzarote tenga conexión directa con un pueblo remoto de Finlandia?). Pero hay más.

Es hora de poner en práctica las lógicas de lo común que subyacen a las reivindicaciones del 20A

Si la profundización de la lógica depredadora y rentista sobre el territorio es producto de una colaboración público-privada, donde lo público garantiza el suelo, la socialización de pérdidas y el coste de la destrucción ambiental (externalidades negativas), y lo privado –extranjero y local– se apropia de los beneficios, es hora de poner en práctica las lógicas de lo común que subyacen a las reivindicaciones del 20A y a la visión que expresan de las islas. El rentismo inmobiliario urbano capta en beneficio propio las plusvalías que generan las economías externas de aglomeración y del conocimiento, y cuando se vincula al turismo, extrae rentas de bienes comunes como el clima, el medio natural, o el mar (las ecotasas solo suponen una limitada redistribución de las mismas). Falta una gestión propiamente común de los bienes comunes –y de lo público–. Cuando nuestras autoridades repiten, frente a las críticas, que al fin y al cabo el 40% del territorio de las islas lo constituyen espacios naturales protegidos, lo que vienen a decirnos es que el resto debe ser susceptible de una explotación intensiva, al mejor postor, de extracción de rentas financieras, empezando por la costa y continuando por medianías. En la cuestión de los comunes urbanos destaca la necesidad de proteger el acceso a la vivienda: implica regular precios, y en cuanto a la oferta poner en común las viviendas que se encuentras vacías por razones especulativas (como se intentará en Bruselas), el desarrollo de fórmulas como cooperativas de vecinos o la figura anglosajona de los fideicomisos de terrenos comunitarios o colectivos (community land trusts), etc.

El objetivo debería ser restringir la adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes

La reversión de los incentivos públicos al desarrollo turístico-inmobiliario en Canarias podría conseguir parcialmente lo que muchos quieren conseguir mediante una “ley de residencia”. Para empezar, el objetivo debería ser restringir la circulación de capitales antes que la de las personas, porque el problema es lo primero, no lo segundo. Concretamente, la adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes. En principio, con la legislación europea vigente esto no es posible. España no negoció excepciones con el tratado de adhesión, como sí hicieron varios Estados miembros. Pero ahora que se plantea la posibilidad de renegociar los tratados, con vistas a la posible adhesión de Ucrania a la UE, podría abrirse esta posibilidad. Habrá que presionar desde ya al gobierno autonómico y al gobierno central para que negocien en ese sentido, en alianza con otros países con problemáticas similares.

Estas son observaciones para el debate colectivo. Quienes desprecian la movilización por no venir con soluciones llave en mano prefieren eludirlo. El 20 de abril debe ser un punto de partida.

Este artículo ha sido escrito el 21 de abril y publicado originalmente en el blog del autor.

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Este 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de Naciones Unidas y que dirime disputas entre Estados, adoptó seis medidas provisionales (o cautelares) en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel como estados parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que se adoptó en 1948 como respuesta al genocidio de judíos, romaníes y otros grupos en Europa. En su decisión, leída por la jueza estadounidense Joan Donoghue, la Corte ordenó a Israel “tomar todas las medidas” posibles para “prevenir” un genocidio en Gaza, reconociendo que al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son “verosímiles” (plausible). Lo que se busca con las medidas es evitar que haya un “perjuicio irreparable”. Según el tribunal, “Israel también debe tomar medidas efectivas para impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito del artículo segundo y el artículo tercero de la Convención sobre el Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza”. “El tribunal considera además que Israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza”.

No obstante, como se apresuró a destacar la prensa occidental y para decepción de muchos palestinos, la Corte no reclamó un “alto el fuego”, es decir, el cese de las operaciones militares por parte de Israel, tal y como había solicitado Sudáfrica. Tampoco se pronuncia sobre el “derecho de defensa” que alegó Israel para justificar su intervención militar. En ambos puntos los jueces han optado por la cautela procesal: reconocen la existencia de una operación militar en cuya legalidad no entran, pues es una cuestión determinada por elementos ajenos al alcance del presente caso, en el que además no puede concurrir la parte no estatal del conflicto armado (Hamás). Pese a ello, la Corte sí “considera que Israel debe garantizar que sus militares no cometan ninguno” de los actos de genocidio que describe la Convención en los párrafos a), b), c) y d) de su artículo 2. Esto es: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Y esto es así porque los jueces consideran que es verosímil que se estén vulnerando o que puedan vulnerarse los derechos de los palestinos, que constituyen “un distintivo grupo nacional, étnico, racial o religioso, y por tanto un grupo protegido” en el sentido de la Convención. En fin, la Corte obliga a Israel a presentarle un informe en el plazo de un mes (en el caso Gambia vs Myanmar fueron cuatro) sobre el conjunto de medidas que haya adoptado para dar efecto a esta orden.

La Corte Internacional de Justicia confirma que hay indicios de que Israel puede estar cometiendo actos de genocidio

No podemos ignorar la enorme importancia política del contenido de esta decisión jurídica erga omnes (aplicable frente a toda la comunidad internacional), tanto para el pueblo palestino como para quienes se han solidarizado con su causa en todo el mundo. Afirma la competencia de la Corte a primera vista (prima facie) en el marco de la Convención contra el genocidio, lo que implica que no cabe descartar una intención genocida en la conducta de Israel y que por tanto habrá proceso judicial. Contradice elementos esenciales del argumentario israelí, comenzando por su negación de los palestinos como pueblo o grupo nacional o étnico. Y sobre todo confirma que hay indicios de que Israel pueda estar cometiendo actos de genocidio, posibilidad cuya mera evocación ha venido siendo tabú para las autoridades occidentales que apoyan al Estado de Israel, con auténticas derivas macartistas. Es decir, la Corte Internacional de Justicia elimina el excepcionalismo de Israel e ignora las acusaciones de antisemitismo que aquel Estado dirige contra todo intento de escrutinio de sus acciones. Por el contrario, reclama que Israel tome acciones para “impedir y castigar la incitación directa o pública para cometer actos de genocidio”, lo cual debería ser tomado en cuenta también por las plataformas tecnológicas que han venido amparando la difusión de retórica violenta y genocida contra los palestinos.

Asimismo, la orden pone en evidencia un respaldo occidental incondicional que, con respecto a los palestinos, ha abandonado cualquier pretensión de respeto de la legalidad internacional, de los derechos humanos más elementales, del mismo principio de igualdad entre seres humanos. Son especialmente grotescos los comunicados occidentales, en los que incluso se compara la agresión de Hamás del 7 de octubre nada menos que con el Holocausto, mientras ignoran las masacres diarias cometidas contra civiles palestinos (por no hablar del mismo régimen de apartheid). De hecho, nunca se ha usado la palabra “condena” en relación con las acciones israelíes en Gaza o Cisjordania. El doble rasero con respecto a Ucrania, donde no se dudó en denunciar el ataque a hospitales y otras infraestructuras, es flagrante, por no hablar de la rápida intervención en Yemen frente al hostigamiento huzí a los buques mercantes en el Mar Rojo. Este posicionamiento discriminatorio, que para los gobiernos occidentales se había vuelto rutinario, ha quedado expuesto de manera descarnada ante una opinión pública mundial que se ha movilizado como no lo hacía en décadas, ante la escala y la duración de las masacres de palestinos. Frente a los estándares cada vez más bajos del “orden basado en reglas”, versión desvaída del derecho internacional, la república sudafricana y las decenas de Estados que apoyan su demanda exigen una línea roja legal que hace meses que se ha sobrepasado. Lo cual muestra también el momento geopolítico en el que nos encontramos: 2024 no es 2008.

Lejos de arredrarse, algunos líderes occidentales redoblan su apoyo a Israel: horas después de la decisión de la Corte, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, Alemania, Francia, y otros tres países de la Unión Europea gobernados por o bajo influencia directa de la ultraderecha (Italia, Países Bajos, Finlandia) decidieron suspender su apoyo financiero a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), tras las acusaciones israelíes no demostradas de la implicación de una docena de trabajadores (en un personal de 13.000 personas solo en Gaza) en los ataques del 7 de octubre. El golpe es serio: solo las contribuciones de Estados Unidos y Alemania suponen el 50% de los fondos de la organización. Esta operación concertada tiene letales consecuencias, dado que UNRWA es el principal sostén vital para las más de dos millones de personas que se hacinan en áreas cada vez más estrechas de la Franja de Gaza.

Israel busca privilegiar el enfoque antiterrorista y acallar el impacto mediático de la resolución de la Corte

Que la suspensión se haya decidido el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia pronunciaba sus medidas provisionales evidencia la importancia de las mismas, así como los objetivos de los socios de Israel: volver a privilegiar el enfoque antiterrorista, acallar el impacto mediático de la resolución de la Corte, cuestionar a UNRWA como fuente de pruebas (la ONU convalida por ejemplo las cifras de muertos y heridos que proporcionan las autoridades palestinas), y de paso presionar a los palestinos con el chantaje de la asistencia humanitaria. Si los donantes buscan someter a UNRWA, antes que eliminarla, Israel lleva años queriendo desmantelarla, pues también opera en los campos de refugiados de Cisjordania y Jerusalén Este. Con la eliminación de UNRWA, creada en 1949 para asistir a los palestinos expulsados por la Nakba, Israel persigue el fin de la consideración de los territorios ocupados como tales, y el fin del estatuto de los palestinos como refugiados con derechos como el de retorno, lo que facilitaría su expulsión. Pero el castigo colectivo impuesto a UNRWA viola la orden de la Corte Internacional de Justicia de que se permita “la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente” en la Franja de Gaza. Su decisión podría, en este sentido, constituir una violación de sus obligaciones bajo la Convención de 1948 y, posiblemente, si la Corte determina posteriormente genocidio, complicidad con el genocidio (artículo 3. e).

En un mes, Israel tendrá que informar a la Corte cómo ha cumplido las medidas provisionales impuestas, y Sudáfrica tendrá la oportunidad de responder. Otros estados ahora pueden involucrarse a través de intervenciones y hay posibilidades de litigioen materia de obligaciones de prevención del genocidio por parte de terceros estados. Según cómo valore la Corte la exposición de los hechos que hagan las partes, podría exigir nuevas medidas incluyendo esta vez un alto el fuego explícito. Sin embargo, como ha señalado el catedrático emérito de derecho internacional Antonio Remiro Brotons, no va a ser fácil. Israel alegará que sus operaciones militares se han llevado a cabo evitando la comisión de actos que incurren en los tipos criminales registrados por la Convención contra el Genocidio (es decir, sin intencionalidad genocida) y en respeto al derecho internacional humanitario. Es posible que realice gestos propagandísticos en ese sentido, y que controle algo la exposición pública de sus soldados en redes como Tik Tok. En cuanto a la incitación al genocidio, Israel tratará de mostrar que la fiscalía o algún tribunal ha iniciado algún tipo de actuación al respecto (ante la CIJ responde el Estado, no los individuos). Y el estándar relativamente bajo de la verosimilitud, que basta para la adopción de medidas provisionales, no servirá para la discusión del fondo del asunto (los méritos). Sudáfrica y sus apoyos tendrán que hilar mucho más fino para desmontar lo que en papel pueda parecer como razonable.

En cualquier caso, esto es solo el principio. Hay proceso, contrariamente a lo que reclamaba Israel, y durará años. La premura de la Corte (cuya composición cambia parcialmente en febrero) irá aminorando conforme las acciones militares más vistosas vayan concluyendo, la movilización social mundial vaya remitiendo, y las reglas procesales marquen el ritmo. La cuestión es, pues, cómo mantener y articular la presión sobre Israel reconociendo los respectivos tiempos y espacios de lucha con sus características específicas y sus respectivas limitaciones, sin depositar todas las esperanzas en la misma cesta. El proceso ante la Corte Internacional de Justicia es uno de estos espacios de lucha, el que pueda iniciarse ante la Corte Penal Internacional (influenciado por el primero), otro –si el fiscal se toma el asunto en serio–. Ambos tratan de que el marco político de discusión continúe siendo el del genocidio, los crímenes contra la humanidad, y no el del “terrorismo”. En este contexto, la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, que ha estado a punto de ser criminalizada en muchos países, gana legitimidad y puede ampliarse a la demanda de ruptura de relaciones diplomáticas. Los gobiernos árabes que recientemente normalizaron relaciones con Israel y que esperan que el paso del tiempo les beneficie tendrán que hacer frente a unos pueblos árabes cuyo grado de indignación es equivalente o incluso mayor que en vísperas de 2011.

No dejemos de hablar de Gaza, no dejemos de movilizarnos por Gaza, nuestra humanidad está en juego

Los palestinos, por su parte, no pueden esperar. En quince días, entre la primera audiencia preliminar de la Corte Internacional de Justicia el 11 de enero y la adopción de medidas provisionales el 26 de enero, Israel asesinó a unos 2.500 palestinos en la Franja de Gaza. A este ritmo, cuando Israel responda en un mes, habrán muerto otros 5.000 más, sin contar con los estragos de la hambruna y la enfermedad. Como nos piden los palestinos, no dejemos de hablar de Gaza, no dejemos de movilizarnos por Gaza. Es nuestra humanidad lo que está en juego.

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Otra canción que apela a la tierra es “אין לי ארץ אחרת» (“No tengo otro país”), compuesta por el israelí Ehud Manor durante la primera guerra del Líbano y lanzada por la cantante Gali Atari en 1986. Considerada por muchos como la canción más popular en Israel, a derecha y a izquierda, resurgió con fuerza en 2023, después de que en enero comenzaran las que probablemente hayan sido las mayores protestas multitudinarias en la historia de Israel. Los manifestantes rechazaban la propuesta de reforma judicial propuesta por el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu -procesado por corrupción- y que, entre otras cosas, limitaba el control de constitucionalidad de las leyes aprobadas por el parlamento (Knesset) por parte de la Corte Suprema de Israel y da al gobierno un control efectivo en el nombramiento de los jueces. Las masivas protestas fueron presentadas como una muestra inequívoca de la unidad y vitalidad de la sociedad israelí y de su compromiso mayoritario con los valores democráticos. Había que detener una reforma que alteraba sustancialmente el equilibrio de poderes, restaurar la democracia. “No me quedaré callada porque mi país haya cambiado de cara”, cantaban los manifestantes, siguiendo la letra escrita por Manor años atrás.

El gobierno de coalición ultraderechista ha intensificado como nunca la represión contra los palestinos

Y, sin embargo, tanto en las manifestaciones israelíes como en su democracia añorada faltaban millones de personas, árabes palestinos cuya existencia, entre verjas y checkpoints, desbarata el mito reconfortante que los manifestantes habían interiorizado. Mientras los presentes, ciudadanos de pleno derecho, reclamaban su democracia, los ausentes eran tiroteados y desplazados por colonos, encerrados en prisión (más de la mitad sin condena), humillados a diario por el aparato de seguridad israelí, bombardeados de tanto en tanto, o encerrados tras una valla o un muro grande y alto. El gobierno de coalición ultraderechista formado a finales del año pasado ha intensificado como nunca la represión contra los palestinos y ha promovido sin pudor los ataques de unos colonos que, desde sus asentamientos ilegales, matan y agreden con total impunidad. En Cisjordania, solo entre enero y mediados de septiembre de 2023, 179 palestinos habían muerto a manos de colonos o soldados israelíes, una cifra que supera con creces los 151 muertos de todo el año 2022, que ya doblaba el número del año anterior. Entre las víctimas, 38 niños palestinos, todo un récord desde que empezaron a registrarse tales sucesos en Cisjordania. También hay que incluir los 29 palestinos muertos -entre brigadistas y civiles- durante las tres incursiones militares israelíes en el campo de refugiados de Jenín (Cisjordania) en enero, junio y julio de 2023.

Los palestinos también protestan, pero corren distinta suerte cuando lo hacen. Entre marzo de 2018 y abril de 2019 decenas de miles de palestinos se manifestaron frente a la valla de Gaza (la Gran Marcha del Retorno), para protestar por el bloqueo y reivindicar el derecho de retorno como refugiados que son. Las fuerzas israelíes respondieron disparando desde el otro lado de la valla, matando a 279 palestinos y dejando heridos a más de 31.000. En total, si sumamos Cisjordania y Gaza, entre 2008 y el 31 de agosto de 2023, 6.047 palestinos de los territorios ocupados murieron de forma violenta a manos de las fuerzas de seguridad israelíes, más de la mitad por los bombardeos en Gaza, frente a 308 israelíes muertos. En el mismo período, más de 150.000 palestinos recibieron heridas o afecciones por gases lacrimógenos que precisaron tratamiento médico. Según un estudio realizado en 2020, antes del gran bombardeo israelí de 2021, un 53,5% de los niños de Gaza sufrían trastorno de estrés postraumático. “No tengo otro país / Incluso si mi tierra está en llamas”. La estrofa de Manor, dirigida a los judíos israelíes, expresa otra realidad que prefieren ignorar. Los árabes de Palestina tampoco tienen otro país.

La cuestión palestina, enquistada en la rutina de la ocupación militar y de la segregación,  había quedado relegada prácticamente al olvido hasta el ataque de Hamás

La cuestión palestina, enquistada en la rutina de la ocupación militar y de la segregación, y en los pasillos de la ONU en Nueva York y Ginebra, había quedado relegada prácticamente al olvido cuando el denominado Movimiento de Resistencia Islámica, más conocido por su acrónimo árabe Hamás, lanzó un cruento ataque sin precedentes contra Israel el sábado 7 de octubre de 2023, en el aniversario de la guerra del Yom Kippur, con el nombre de Operación Inundación de Al Aqsa. Esta vez era una organización no estatal (o cuasi-estatal) palestina, apoyada en brigadas como las de Al Qassam (Hamás) o Al Quods (Yihad Islámica) la que atacaba por tierra, mar –con menor fortuna– y aire. Hamás es una organización islamista creada por la sociedad de los Hermanos Musulmanes en Palestina al inicio de la primera intifada (1987–1993), cuando abandonaron el quietismo que le reprochaba la escisión de la Yihad Islámica. Sus orígenes están vinculados a su matriz egipcia, enfrentada con el Estado egipcio. Aunque Israel -y Benjamín Netanyahu en particular- lo haya promovido por momentos para debilitar a la Autoridad Palestina y para justificar una perspectiva exclusivamente antiterrorista, lo cierto es que Israel ha asesinado a varios de sus líderes e impuso el bloqueo de Gaza como respuesta a la victoria de Hamás en las elecciones al consejo legislativo palestino en 2006.

El ataque relámpago de Hamás del 7 de octubre, planificado desde hacía meses, sorprendió a las fuerzas israelíes que controlan y vigilan la Franja de Gaza desde la “desconexión” de 2005 con la tecnología más sofisticada, en un clamoroso fallo de sus servicios de inteligencia y de su comando militar. Bajo la cobertura de miles de cohetes, entre dos mil quinientos y tres mil milicianos palestinos, muchos de ellos jóvenes que no han conocido otra cosa que el bloqueo, los bombardeos israelíes y el zumbido de sus drones, neutralizaron los sensores de la verja, con medios electrónicos y con bombas, y atravesaron varios puntos de la misma con viejos buldóceres, o la sobrevolaron con parapentes motorizados; penetraron kilómetros en las tierras de donde fueron expulsados sus abuelos. Con su incursión, las milicias palestinas asestaron el mayor golpe que se recuerda contra el ejército (305 muertos) y la policía israelíes (58 muertos) y el Shin Bet (10 muertos).

Los milicianos palestinos mataron a cientos de civiles, incluyendo niños, con una violencia brutal

Pero no se limitaron al personal en activo de las fuerzas de seguridad. Los militantes de Hamás y Yihad Islámica atacaron los pueblos y kibutz que rodean la franja, cuyas calles acondicionadas y ajardinadas contrastan con las torres en las que se amontonan los palestinos en Gaza, y con los escombros que dejaron bombardeos de años recientes. Que buena parte de la propaganda israelí no sea cierta no puede obviar hechos que sí han podido ser verificados. Los milicianos palestinos mataron a cientos de civiles, incluyendo niños, con una violencia brutal. Algunos grupos llevaron a cabo torturas con un gran ensañamiento. Hubo víctimas que fueron quemadas vivas en sus casas. Las mayores masacres se produjeron en el kibutz Be’eri (118 muertos) y en el festival Supernova, evento que tanto disonaba de la dura realidad que viven los palestinos a apenas seis kilómetros, con 260 muertos. En total, unos 1.139 israelíes murieron durante el ataque, según el último recuento oficial. Las milicias palestinas mataron a la mayoría de ellos, pero una cifra aún por determinar murió a manos de las propias fuerzas de defensa israelíes, que irrumpieron con la brutalidad con la que suelen intervenir en los campos de refugiados palestinos. De hecho, si los primeros recuentos llegaron a contabilizar casi trescientas personas más es porque entre los cuerpos calcinados habían incluido por error milicianos palestinos: más de mil habrían muerto durante el ataque. Unas doscientas cincuenta personas -incluyendo ciudadanos de una veintena de países- fueron secuestradas en esta ofensiva, con la intención de intercambiarlos por presos palestinos.

El ataque y las masacres representaron toda una sacudida para una sociedad israelí militarizada –la mayor parte de la población adulta judía debe realizar entre dos años y dos años y ocho meses de servicio militar obligatorio, y permanecer en la reserva hasta la edad de cuarenta años– tan segura de su superioridad militar y la subordinación completa de los palestinos. El gobierno ultraderechista se encontraba contra las cuerdas a nivel interno pero en política exterior estaba afianzando el statu quo gracias a los acuerdos, llamados de Abraham –con varios Estados árabes–. Ahora ha tratado de aprovechar este shock ampliando su apoyo político, llegando a incluir al opositor y ex ministro de defensa Benny Gantz en un gobierno de unidad nacional. El Estado convertirá el estupor y el dolor en más violencia, con el objetivo inmediato de restaurar su capacidad de disuasión, en Palestina y en la región, y de paso implementar una agenda extremista.

Los bombardeos se han ensañado especialmente con los hospitales gazatíes

Después de semanas de bombardeos masivos sobre el gueto más densamente poblado del mundo, cuya mediana de edad es de 20 años, el 27 de octubre las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una ofensiva terrestre y entraron en la Franja de Gaza. El objetivo oficial declarado en inglés ante la comunidad internacional es destruir Hamás y rescatar a las personas secuestradas, pero lo que se discute en hebreo es la limpieza étnica de la población palestina. Desde entonces, hemos asistido a una escalada del horror con mayúsculas. Los bombardeos han continuado incesantemente, solo interrumpidos durante una semana de tregua (entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre), para facilitar el intercambio de presos o secuestrados, según la perspectiva. Los misiles israelíes han ido derribando edificio tras edificio, casa tras casa, refugio tras refugio, de una forma al mismo tiempo calculada –mediante el uso de inteligencia artificial a partir de la información personal acumulada tras años de vigilancia– e indiscriminada, aniquilando familias enteras en cada ocasión. Más de trescientas cincuenta y nueve mil unidades residenciales, esto es, más de la mitad de las viviendas de Gaza, han sido destruidas o dañadas, por lo que al menos más de medio millón de personas no tendrán casa a la que regresar. Los bombardeos se han ensañado especialmente con los hospitales gazatíes, hasta el punto de que a principios de 2024 tan solo quedaban nueve centros hospitalarios parcialmente operativos en toda la Franja, de un total de treinta y seis, y todos ellos se encuentran en el sur, en Rafah. La incursión terrestre israelí ha venido acompañada de sucesivas órdenes “de evacuación” –primero del norte de la Franja de Gaza, luego progresivamente hacia el sur– que no son sino expulsiones forzadas de población civil que incluso llega a ser bombardeada en su desesperada huida.

El ejército israelí está llevando a cabo un auténtico genocidio, como sostuvo la república sudafricana el 11 de enero ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Cuenta para ello con el beneplácito estadounidense y europeo, que al no condenar las masacres cometidas por Israel y limitarse a reclamar que se respete el derecho internacional humanitario o que se reduzca el número de víctimas civiles, en el fondo transmiten al mundo el mensaje de que unas vidas valen más que otras. Esta es la gran diferencia con respecto a las matanzas asimétricas perpetradas por Israel en 2008-2009, 2012, 2014, o 2021. A principios de 2024, las autoridades palestinas habían confirmado la muerte de unas 23.700 personas, incluyendo más de 9.600 niños, 142 trabajadores de UNRWA (organización internacional que lleva prestando asistencia allí desde 1949, antes de la adopción de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951), y un centenar de periodistas. Si sumamos las miles de personas desaparecidas bajo los escombros, la cifra de muertos sería muy superior, más de 30.000 según la organización Euromed, en su gran mayoría civiles. Esto es, en tres meses el ejército israelí habría asesinado al 1,3 % de la población total de la Franja de Gaza.

Una de cada cuatro familias, más de medio millón de personas, enfrentan condiciones de “hambre catastrófica”

A todo ello hay que añadir más de 60.000 personas heridas (2,6 % de la población) –lo que incluye 8.600 niños– muchas de ellas con graves heridas y mutilaciones, con un sistema de salud destruido, sin apenas combustible que haga funcionar las escasas instalaciones que permanecen en pie, o anestesia que alivie el dolor de las intervenciones quirúrgicas de urgencia. Según UNICEF, más de 1.000 niños han sufrido la amputación de al menos una de sus piernas, y muchos de ellos tuvieron que ser operados sin anestesia. Los trabajadores sanitarios que permanecen en el terreno atienden a numerosos niños mutilados que han perdido a toda su familia. Los casi dos millones de personas (el 85% de la población de la Franja de Gaza) que, según UNRWA, se encuentran desplazadas, están bebiendo agua contaminada o con exceso de salinidad, debido a los cortes de suministro desde Israel y a la falta de combustible que haga funcionar las bombas de agua y las desalinizadoras. Apenas tienen acceso a alimentos, debido al bloqueo inhumano decretado por el gobierno israelí, a lo que se une la destrucción deliberada de panaderías. Una de cada cuatro familias, más de medio millón de personas, enfrentan condiciones de “hambre catastrófica” y más de 900.000 se encuentran en niveles de emergencia, según Naciones Unidas. La reducida entrada de camiones con ayuda humanitaria (100-200 por día, frente a los 500 diarios antes de la última conflagración) encuentra enormes restricciones para su adecuada distribución en el interior de la Franja. Las enfermedades infecciosas se están multiplicando, y con la creciente hambruna y la falta de abrigo, la mortalidad, especialmente la infantil, puede aumentar vertiginosamente este invierno.

La destrucción a conciencia de la Franja de Gaza incluye la demolición de toda infraestructura civil. Además de los hospitales, Israel ha bombardeado, volado o demolido docenas de edificios e instalaciones públicas, como la principal universidad, el consejo legislativo palestino, el palacio de justicia, los archivos centrales de Gaza, las bibliotecas públicas o la mayoría de los cementerios. Los miles de muertos están siendo enterrados en fosas comunes, o desperdigados bajo el asfalto de las calles. El etnocidio incluye el borrado de la memoria histórica, la producción de terra nullius que justifique la colonización. A ello hay que sumar trescientos cuarenta muertos en Cisjordania en el mismo período, entre represalias, persecución de militantes sospechosos y ataques por parte de colonos. Según la ONG israelí Yesh Din, solo entre el 7 y el 22 de octubre los colonos israelíes atacaron a palestinos en más de 100 incidentes en al menos 62 ciudades y pueblos de Cisjordania, en ocasiones acompañados de soldados. La distribución de miles de armas, incluyendo rifles automáticos, entre la población civil israelí, alimenta los abusos. La represión se extendió a los 4.000 trabajadores palestinos residentes en Gaza que se encontraban en Israel en el momento de los ataques y que fueron detenidos para ser interrogados. Durante la breve tregua, 3.200 de ellos pudieron regresar, y denunciaron torturas. Aunque durante la tregua unos 240 palestinos (107 niños) fueron liberados, en Cisjordania entre octubre y diciembre más de 4.700 palestinos fueron arrestados, en su mayoría sin relación alguna con la comisión de delitos.

La violencia masiva que despliega Israel es aquella que reafirma la misión colonial fundacional del proyecto sionista, lo cual requiere la deshumanización del colonizado

No se trata, por tanto, de cualquier tipo de violencia. Al margen del objetivo oficial -liquidar Hamás- la violencia masiva que despliega Israel es aquella que reafirma la misión colonial fundacional del proyecto sionista, lo cual requiere la deshumanización del colonizado. La operación militar y el estrechamiento del cerco de Gaza, con cortes de electricidad y agua, el bloqueo del paso de alimentos y combustible, ha venido acompañada de continuos mensajes de odio racial y de incitación al genocidio por parte de las más altas instancias. “Combatimos animales humanos, y actuamos en consecuencia” declaró el ministro de defensa israelí Yoav Gallant. “Una nación entera es responsable”, sentenció el presidente de Israel Isaac Herzog, que recuerda a la declaración de Gaza como “entidad enemiga” allá por 2007. Desde entonces, innumerables voces israelíes han reiterado propósitos similares, de manera cada vez más desinhibida, como reconoció alarmado el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Para convencer a la opinión pública internacional, el gobierno israelí equipara absurdamente el islamismo político-social de Hamás con el salafismo revolucionario del Estado Islámico, que Hamás ha sofocado hasta ahora.

La mayoría de los palestinos residentes -en la actualidad desplazados- en Gaza son refugiados o descendientes de refugiados, nietos de la Nakba –en la que 750.000 árabes fueron expulsados de forma violenta y organizada de sus tierras–. Cuando el parlamentario Ariel Kallner reclamó una segunda Nakba -en realidad, sería la tercera, después del éxodo de 1967- “que haga sombra a la Nakba de 1948” reiteraba sin complejo lo que la extrema derecha israelí lleva años propugnando. Un reciente artículo del Jerusalem Post promovió la península del Sinaí como el lugar ideal para la expulsión de la población palestina de Gaza, que se convertiría en el equivalente de Cox’s Bazar en Bangladesh, donde se hacina un millón de rohingyá expulsados por Myanmar. Sin embargo, Egipto -que controló indirectamente la franja entre 1948 y 1959, y de manera directa entre 1959 y 1967- ya ha avisado de que no está dispuesto a aceptar la expulsión de palestinos en su territorio. Los palestinos, por su parte, solo aceptan salir de Gaza para retornar a los territorios ocupados en 1948. Las intenciones de Israel son cada vez más explícitas. En diciembre un diputado del Likud confirmó ante su partido que están contactando países latinoamericanos y africanos para llevar a cabo una “migración voluntaria” (sic).

Pero más allá de sembrar destrucción, las opciones de Israel son limitadas. Si Egipto y otros países árabes no aceptan la instalación de nuevos campos de refugiados palestinos en sus territorios, como los que se pudren en Líbano o Siria, y si otros países no se avienen a aceptar un elevado número de expulsados, toda ocupación militar de la Franja implicará la administración directa de la población que permanezca en ella, algo que Israel ha tratado de evitar. De ahí que una opción consista en dividir la Franja y vaciar completamente una buena parte de la misma, mientras vuelve inhabitable el resto para presionar a la comunidad internacional con hechos consumados, lo cual no va a evitar el reinicio de futuros ciclos de violencia.

La propuesta política del sionismo reivindicaba para los judíos una vía nacionalista mediante un Estado propio, etnocrático, edificado sobre territorios ajenos

Esta tesitura concentra todas las contradicciones del Estado de Israel, derivadas del objetivo esencial del movimiento sionista: la formación de un Estado judío en Tierra Santa, que gobierne una mayoría de población judía. Las tesis sionistas surgen como consecuencia de las nefastas consecuencias que tuvo para los judíos europeos el desarrollo de los nacionalismos durante el siglo XIX y su equiparación a una constante amenaza para las minorías. Su propuesta política reivindicaba para los judíos una vía nacionalista equivalente, mediante un Estado propio, etnocrático, edificado sobre territorios ajenos, que solo podía justificarse sobre las mismas bases ideológicas modernizadoras, imperiales y racistas que en Europa conducirán a la Shoah. Theodor Herzl escribió en 1896: “Entonces, si las potencias están dispuestas a conferir al pueblo judío la soberanía de un territorio neutral, la Sociedad deliberará sobre el país que ha de ser ocupado. Dos países pueden ser tomados en cuenta: Palestina y Argentina. En ambos países se han llevado a cabo notables ensayos de colonización según el falso criterio de la infiltración paulatina de los judíos. La infiltración tiene que acabar mal, pues llega siempre el instante en que el gobierno, presionado por la población que se siente amenazada, prohíbe la inmigración de judíos. Por consiguiente, la emigración solo tiene sentido cuando se asienta sobre nuestra afianzada soberanía”. Cuando Herzl escribió este pasaje la república de Argentina hacía una década que había concluido la “campaña del desierto”, por la cual inmensas extensiones de tierras fueron arrebatadas a los indígenas pampa, ranquel, mapuche y tehuelche, mientras en Palestina se desarrollaba la primera aliyá (1881–1903), cuando judíos de la Europa oriental y de Yemen se asentaron en el mutasarrifato de Jerusalén. Aquí Herzl criticaba la forma en que la inmigración judía en Palestina se estaba produciendo entonces, dado que los judíos se integraban en la comunidad política y social preexistente, sin actuar como colonos. La propuesta sionista de construcción de un Estado de hegemonía judía en Palestina, en cambio, convertirá a sus habitantes árabes no en ciudadanos sino en algo menos que nativos.

Y es que si la “cuestión judía” remitía a la situación de las minorías en los Estados-nación europeos en formación, la “cuestión palestina” que la reemplazó remite a la construcción del “nativo” en contexto colonial. El padre ideológico de la derecha israelí, el judío nacido en Odesa (actual Ucrania) Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky, reconocía en 1923 que “las poblaciones nativas, civilizadas o incivilizadas, siempre han resistido de manera obstinada a los colonizadores, sean civilizados o salvajes. (…) Los Padres Peregrinos, los primeros pioneros reales en Norteamérica, eran gente de la mayor moralidad, que no querían hacer daño a nadie, y menos de todo a los indios pieles rojas, y pensaban honestamente que habría espacio en las praderas tanto para los rostros pálidos como para los pieles rojas. Y sin embargo la población nativa peleó con la misma ferocidad contra los buenos colonizadores como contra los malos” (…) “Lo mismo pasa con los árabes. (…) ellos saben lo que queremos, del mismo modo que nosotros sabemos lo que no quieren. Al menos sienten el mismo amor celoso e instintivo por Palestina, como los viejos aztecas sintieron por el antiguo México, y los siux por sus praderas onduladas”. “Cada población nativa del mundo resiste a los colonizadores mientras tengan la menor esperanza de deshacerse del peligro de ser colonizados”. Jabotinsky proponía un “muro de hierro” que separase el poder soberano de los nativos árabes. Este texto lo escribió después de los ataques árabes contra los -ahora ya sí- colonos judíos en Jerusalén (1920) y Jaffa (1921), respuesta violenta contra la apropiación de tierras -desahucios incluidos- por parte de instituciones cuasi-soberanas como el Fondo Nacional Judío (creado en 1901) y el Histadrut (1920), el sindicato pilar del sionismo laborista.

El sionismo, supuestamente secular, no duda en apelar a referencias bíblicas para justificar una manera particular de abordar las relaciones entre colonizador y nativo

Para el sionismo, el Estado judío requiere una población de mayoría judía, entendiendo por “judío” aquello que dicho Estado define como tal, lo cual de entrada no es evidente y ha necesitado una sucesión de leyes y sentencias judiciales, incluyendo la Ley de Retorno (1950, modificada en 1954 y 1970) que asegura cualquier judío del mundo pueda asentarse en Israel como ciudadano israelí. La limpieza étnica de 1947–48 y la ley de retorno forman parte de un necesario proceso de “judaización” de Israel, tal y como lo entienden los sionistas. El sionismo, supuestamente secular, no duda en apelar a referencias bíblicas para justificar una particular manera de abordar las relaciones entre colonizador y nativo. En 2011, Benjamín Netanyahu declaró ante el Congreso estadounidense que “en Judea y Samaria [Cisjordania] el pueblo judío no son ocupantes extranjeros. No somos los británicos en India. No somos los belgas en Congo. Esta es la tierra de nuestros ancestros”. Los judíos askenazíes europeos de las tres aliyas y quienes llegaron tras el Holocausto, así como sefarditas, mizrajíes o etíopes, serían de este modo “nativos retornados”, más indígenas que los árabes palestinos, reducidos a nativos de segunda aunque su arraigo en la tierra se remonte a siglos.

Que ante la cámara de representantes de los Estados Unidos de América Benjamín Netanyahu negase el carácter colonial de la expansión israelí en Cisjordania, comparándola con las colonizaciones europeas de la era de los imperialismos, soslaya precisamente la experiencia de la expansión de la frontera estadounidense durante el siglo XIX. Efectivamente, tanto en el caso norteamericano como en el palestino, no se trata de la extracción de recursos naturales o de trabajo forzado en beneficio de una potencia imperial lejana, sino de una continua apropiación territorial acompañada de un vaciamiento o exclusión de una población preexistente por parte de Estados soberanos. En 1937 David Ben-Gurion dejó claro que “un Estado judío solo en una parte de la tierra no es el fin, sino el principio”. Aunque miembro de Naciones Unidas y reconocido por la comunidad internacional, Israel carece de fronteras definidas en sus leyes básicas o mediante tratados con los Estados vecinos: la llamada línea verde es una línea de demarcación temporal fijada en el armisticio de 1949.

En este sentido, la principal misión militar israelí ha sido la demográfica. “Desde el principio del movimiento sionista, la esperanza de expulsar a los árabes de Palestina ha sido una constante”, recuerda el historiador israelí Tom Segev. Pero esto no ha sido posible salvo de forma parcial. Además, Israel ha ido ampliando la construcción de asentamientos de colonos judíos en Jerusalén Este y en Cisjordania (Judea y Samaria en el relato bíblico del mítico reino de Israel), hasta el punto de hacer inviable cualquier opción de Estado palestino con una soberanía equivalente. De manera que los gobernantes sionistas han desarrollado diversas técnicas legislativas y administrativas de expulsión, desposesión, represión, segregación y fragmentación de las poblaciones árabes residentes en todos los territorios controlados directa o indirectamente por Israel. Para ello Israel se apoya en una industria tecnológica puntera en vigilancia y control, cuyos productos exportan a otros países deseosos de hacer lo mismo con sus respectivas poblaciones indeseables, aunque haya quedado en entredicho con el fiasco del 7 de octubre.

Hoy cabe calificar a Israel como un régimen de apartheid sui generis

Algunas de estas técnicas se inspiran en precedentes coloniales. Los permisos que controlan la movilidad palestina en Cisjordania recuerda el sistema del pass sudafricano, que se basó en los pass indígenas aplicados antes en Estados Unidos y en Canadá. Los enclaves de “autogobierno palestino” resultantes del acuerdo de Oslo II (1995) fueron comparados con los bantustanes sudafricanos, que a su vez desarrollaron la experiencia pionera de las “reservas indias” de Estados Unidos. Las poblaciones árabes que quedaron en el interior de la línea verde -lo que hoy denominamos “árabes israelíes”- fueron sujetas a administración militar entre 1948 y 1966, en una forma sencilla y temprana de apartheid cuyo fin no dio lugar a una igualdad plena de derechos.

De hecho, hoy cabe calificar a Israel como un régimen de apartheid sui generis. Es lo describieron sendos informes publicados en 2021–2022 por las organizaciones de derechos humanos B’Tselem, Human Rights Watch, y Amnistía Internacional , confirmando lo que ya muchos asumían desde hace tiempo. Y es visto como modelo social para las fuerzas reaccionarias del mundo, desde América a India. Según la organización israelí B’Tselem, se trata de un régimen “de supremacía judía” que se extiende desde el Mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Israel concede a los palestinos un conjunto de derechos diferenciados según las distintas unidades administrativas controladas por el Estado israelí: Israel (territorio definido en 1948), Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. En todos ellos, sus derechos son inferiores a los derechos concedidos a los ciudadanos judíos. Una cuestión clave es la de la propiedad de la tierra. “En el interior de su territorio soberano, Israel ha promulgado leyes discriminatorias, la más destacada de ellas es la ley sobre la propiedad de los ausentes que autoriza a expropiar grandes extensiones de tierra de propiedad palestina, incluidos millones de dúnams en comunidades cuyos residentes fueron expulsados o huyeron en 1948 y se les impidió regresar. Israel también ha reducido considerablemente las zonas designadas para los consejos y comunidades locales palestinas, quienes tienen hoy acceso a menos del 3% de la superficie total del país. La mayor parte de los terrenos designados están ya saturados de construcciones. Como resultado, más del 90% de la tierra en el territorio soberano de Israel se encuentra actualmente bajo control del Estado. Israel ha utilizado esta tierra para construir cientos de comunidades para ciudadanos judíos, pero ni una sola para ciudadanos palestinos”. Otra forma de apropiación es mediante la demolición de casas, por carecer de los papeles adecuados, por motivos militares, o como castigo por acciones armadas.

Israel amenaza con continuar la carnicería a lo largo de 2024

Este aspecto supremacista quedó explicitado en la última ley básica (constitucional) de 2018, impulsada por las derechas israelíes, y cuyo título no deja lugar a dudas: “Israel como el Estado-nación del pueblo judío”, con “Jerusalén, completa y unida” como su capital, lo que por otra parte contraviene el derecho internacional. Atrás quedó la definición legal del Estado como judío “y democrático”, de textos legales anteriores. La referencia a la “Tierra de Israel como patria histórica del pueblo judío” es lo suficientemente ambigua como para admitir una eventual incorporación completa de Cisjordania al marco jurídico general. La necesidad de adoptar semejante ley declarativa se debe a que, en palabras de Netanyahu, “en los últimos años hubo quienes intentaron poner esto [Israel como Estado-nación judío] en duda, socavar el núcleo de nuestro ser”. Con ello respondía a las crecientes críticas del apartheid, también entre los israelíes, a unas movilizaciones palestinas cada vez más unitarias, incluyendo la minoría árabe en Israel, y a lo que los sionistas consideran como amenaza demográfica palestina.

Y es que, a pesar de todo, la población árabe crece a un ritmo más rápido que la judía, algo difícil de asumir desde el sionismo más recalcitrante o desde los grupos judíos ortodoxos que se afanan por incrementar su natalidad. Desde el año 2000, los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza han pasado de tener 3,1 millones de habitantes a 5,5 millones, de los que cinco millones son palestinos. En 23 años la asediada población de Gaza, mucho más empobrecida que la de Cisjordania, se ha multiplicado por dos –de 1,1 a 2,3 millones de personas–. En Cisjordania, aunque el número de colonos israelíes en asentamientos ilegales se haya más que doblado –pasando de 198.300 colonos en 2000 a 465.000 en 2021–, la población palestina sigue siendo mayoritaria con un 86%. Si incluimos Jerusalén Este, el número de colonos israelíes se eleva a 700.000 –frente a 512.000 en 2012–. Tomado el sistema de apartheid israelí en su conjunto, en 2022 los palestinos y árabes-israelíes residentes en Israel y los Territorios Ocupados constituían una ligera mayoría: 7,5 millones, o el 51% de la población total. Mientras, la población judía con derecho de ciudadanía plena supone el 47%. Un porcentaje inferior, pero no tanto como para hablar propiamente de minoría. Esta es una relación muy diferente a la de Sudáfrica, donde el fin del apartheid se dio con un 77% de población “negra” y un 11% de población “blanca” –si nos atenemos al Censo de 1996–, según las categorías raciales heredadas del apartheid.

He aquí el embrollo, la tragedia en la que nos encontramos, con la contribución de la comunidad internacional y sobre todo de las potencias occidentales, cuya responsabilidad (o, más bien, irresponsabilidad) es enorme. Y no es el descenso al abismo lo que va a resolverlo. Lo urgente es que haya un alto el fuego lo antes posible. Más de cien días y varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas después, Israel amenaza con continuar la carnicería a lo largo de 2024. Inicialmente, Estados Unidos pidió a Israel que retrasase su operación terrestre, porque quería terminar de desplegar dos portaaviones, dos mil marines, e instalar misiles Patriot en sus bases de Medio Oriente. Posteriormente, la administración Biden ha aprobado sucesivos envíos de armas y municiones sin necesidad de autorización del Congreso. De este modo asiste y cubre a Israel, sin que este tenga que preocuparse en exceso por Hezbolá o Irán, aunque el intercambio de fuego con el sur del Líbano sea constante. Desde el 7 de octubre, Hezbolá habría tenido un centenar de bajas como consecuencia de bombardeos israelíes. Por su parte, Israel ha movilizado nada menos que a 360.000 reservistas, una cifra a escala rusa o ucraniana, que está teniendo un impacto económico notable.

El Estado de Israel realmente existente no puede tolerar un Estado palestino que no sea subordinado y desarmado

Lo impostergable es algo diferente. Israel no puede sojuzgar indefinidamente a todo un pueblo “sin pagar un precio cruel”, en palabras del periodista israelí Gideon Levy. Al mismo tiempo, Hamás no puede emular al Frente de Liberación Nacional argelino, como asegura Jaled Meshal, ex líder de Hamás en el exilio Jaled Meshal y uno de los responsables del documento político de 2017, porque no hay metrópolis de la que zafarse. Y nada cabe esperar de la opción de los “dos Estados”, tal y como plantean tanto Al Fatah como las cancillerías que pretenden mostrarse ecuánimes, porque deja sin tocar la naturaleza esencialmente colonial y supremacista del Estado israelí. Como ha quedado demostrado, el Estado de Israel realmente existente no puede tolerar un Estado palestino que no sea subordinado y desarmado. Por su parte, los palestinos no aceptan convalidar la Nakba, la discontinuidad territorial y la discriminación. Y las potencias mundiales reunidas en el Cuarteto, y singularmente Estados Unidos, nunca presionaron seriamente en esa dirección en las últimas tres décadas. Aunque un porcentaje mayoritario de palestinos continúa aspirando a un Estado propio contiguo al israelí, como garantía de su propia existencia como pueblo, en diciembre el 65 % de los israelíes se oponía a la creación de un Estado palestino, según Gallup.

Los judíos israelíes tienen que asumir que su seguridad en su “hogar nacional” no depende de un Estado supremacista, sino de todo lo contrario

Si partimos no de la retórica y de la condena moral, sino de la realidad del apartheid y de la colonización, así como de las resistencias que inevitablemente generan, entonces el camino por recorrer es otro: el camino del desmantelamiento del apartheid, el de la democratización de la tierra que va del río Jordán al mar Mediterráneo, con libertad para todos. No el del binacionalismo estricto, o el del confesionalismo libanés, sino el de la deconstrucción de ese nacionalismo importado de Europa, asociado a una identidad étnica dominante, inaplicable en esa tierra abigarrada donde las distancias son tan cortas que solo los muros pueden generar una ilusión de homogeneidad. Un futuro Estado Israel/Palestina, no podrá ser exclusivamente judío, como tampoco podrá ser exclusivamente árabe. Las aspiraciones nacionales palestinas no tienen por qué basarse en la identificación férrea con un Estado unitario, pero esto precisa cambiar los términos de la conversación. La descolonización tampoco podrá consistir en una eventual inversión de roles, con víctimas transformadas en victimarios a la cabeza de un Estado post-sionista o postcolonial -islámico o nacionalista secular- construido sobre nuevas expulsiones y que reproduzca las peores taras de aquello que se pretende reemplazar. Judíos israelíes y árabes palestinos están obligados a convivir en la misma tierra, y ello solo será posible en una paz con algo de justicia si es bajo un mismo régimen político democrático, quizás federal.

Esta tarea política que hoy se antoja imposible es ciertamente ingente, tardará en iniciarse -si algún día lo hace- y requerirá décadas. El dolor, la rabia y el miedo, el deseo de venganza, aderezados de extremismo religioso, ciegan y cierran alternativas sensatas. Dicha tarea necesitará una movilización social israelo-palestina que anule el racismo, el antisemitismo y la islamofobia. Que trabaje, en múltiples niveles y con apoyo internacional; una transformación constituyente, que aborde la propiedad de la tierra, la justicia transicional, el desarme, las respectivas memorias, el retorno de los exiliados y la política de inmigración, el desarrollo de una cultura de paz, el diálogo interconfesional. También implica acallar las armas, abandonar el enfoque antiterrorista que despolitiza y deshumaniza, llevar a cabo negociaciones sustanciales entre diferentes facciones políticas, también político-religiosas (judías y musulmanas), con una fuerte implicación de potencias regionales con capacidad real de mediación, como Turquía o Catar, si Estados Unidos no cambia de orientación. Para que un horizonte compartido, en lugar del exterminio, pueda vislumbrarse como factible, es necesario que los judíos israelíes, cuya posición es dominante y a la vez frágil, asuman que su seguridad en su “hogar nacional” no depende de un Estado supremacista, sino de todo lo contrario, del reconocimiento mutuo con sus vecinos árabes.

“No tengo otro país / Incluso si mi tierra está en llamas” (Manor). “Había un muro grande y alto que intentó detenerme” (Guthrie). Hoy la tierra está en llamas y el odio erige el mayor muro imaginable. Esperemos que caiga, como tantos otros.

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