En la noche del 22 de septiembre de 2026, en la calle Sainz de Baranda, nadie sabía lo que pasaría semanas después. El acontecimiento Maricarmen ha desencadenado un descomunal torrente de energía que llevaba mucho tiempo contenida, privatizada e invisibilizada en el sufrimiento de millones de personas. Un terremoto político ha llenado las calles del país de acampadas y ha hecho estallar las conversaciones sobre “el problema de la vivienda”.

“En ocho días el poder popular ha conseguido más que en ocho años de gobierno progresista”, era una de las verdades más contundentes lanzadas por la organización que catalizó el acontecimiento, el Sindicato de Inquilinas (SI). Y ha sido también el SI el principal promotor de la huelga general del próximo 11 de noviembre, como vía para canalizar la fuerza del acontecimiento Maricarmen hacia conquistas concretas. Todo el mundo habla de la huelga, pero ¿sabemos qué puede conseguir hoy una huelga así? No lo sabemos; es, por tanto, una hipótesis por demostrar. ¿Qué forma podría tomar la huelga general para mover de verdad las placas tectónicas que sostienen el negocio del suelo y la vivienda?

Lucha de sentidos sobre la huelga

Ante el interrogante sobre lo que es y podría ser la huelga general, se han abierto múltiples líneas de gobierno, codificación y apropiación de sus sentidos.

Por un lado, la patronal, la derecha y sus juristas están demostrando su desconcierto ante el terremoto, con argumentos tan desubicados como que “el problema de la vivienda no es un tema laboral”, “una huelga por la vivienda es ilegal”, “se está politizando la huelga” o “el sindicato de inquilinas no es un sindicato”. El capital intenta, lógicamente, desactivar la transversalidad del problema habitacional y busca gobernar la situación encajonando la huelga en sus caducas definiciones jurídicas.

El Gobierno en funciones busca recodificar el sentido de la huelga como parte de su campaña electoral

Por otro lado, el Gobierno progresista en funciones busca recodificar el sentido de la huelga como parte de su campaña electoral, es decir, espera que la huelga adopte la forma de paros asépticos, lastrados sobre todo por las abusivas normas de servicios mínimos. Su objetivo es claro: que la movilización sea traducible a reformas digeribles, especialmente dirigidas a domesticar a los sectores juveniles y de clase media más movilizados. En paralelo, intenta por enésima vez borrar la memoria de lo que ha sido la catástrofe de las políticas de vivienda en España en los últimos ocho años.

En tercer lugar, distintos grupos, que podríamos denominar neoobreristas, están reactivando un sentido nostálgico y épico de la huelga, restringiéndola al trabajo asalariado y especialmente a “parar la producción”, como si de repente los obreros fuesen por fin a despertar del largo letargo neoliberal. El sentido de la huelga se moviliza aquí más como un “misticismo” abstracto que como una estrategia política concreta –como ha criticado Óscar Murciano, quien propone sustituir el término “huelga” por “presión”–.

Un último reduccionismo es aquel que afirma lo contrario del anterior: que la larga crisis del trabajo y del sindicalismo fordista habría dejado obsoleta cualquier potencialidad política de la huelga laboral. El declive de las huelgas frente al disturbio –que va en paralelo al declive de las luchas en la producción respecto a las de la reproducción– indicaría que la hipótesis de la huelga general está condenada de antemano al fracaso.

Huelga laboral, feminista y de vivienda

¿Por qué tendríamos que asumir que la huelga del siglo XXI debe ser una movilización enclaustrada únicamente en los centros de trabajo? Y, al contrario, ¿por qué tendríamos que renunciar a la capacidad que aún conserva la huelga laboral, tal y como demuestran múltiples experiencias recientes? ¿Por qué contraponer la huelga –en la producción– al disturbio –en la circulación o en la reproducción– y no verlos como complementarios?

Proponemos aquí que la tarea hoy no es retornar a la forma imaginada de las huelgas del siglo XX, ni tampoco desechar la huelga, sino reinventarla apoyándonos en al menos tres líneas sindicales muy vivas en nuestro presente: los importantes procesos de renovación sindical en el ámbito laboral, que llevan años desbordando al sindicalismo de concertación; las lecciones que nos ha dejado el ciclo de las huelgas feministas; y, sobre todo, los aprendizajes de los últimos quince años de sindicalismo de vivienda, que es y debe seguir siendo el catalizador del movimiento actual.

Huelga es interrumpir estratégicamente los flujos de mercancías, trabajo y capital más conectados con la vivienda

Por tanto, hoy la “huelga general” va mucho más allá de parar las empresas y de los comités de huelga de los sindicatos laborales clásicos. Huelga es interrumpir estratégicamente los flujos de mercancías, trabajo y capital más conectados con el negocio de la vivienda. Porque la lucha por la vivienda atraviesa las relaciones salariales, domésticas y urbanas: el sueldo que nos roban los caseros y los bancos, la vida doméstica dentro de las casas y el entramado rentista que estructura el espacio urbano.

Por ello, la huelga no puede reducirse a un día de épica, sino que, como nos ha enseñado la huelga feminista, es un proceso: en esta coyuntura, el proceso de “acabar con el negocio de la vivienda”, es decir, con la vivienda como mercancía. Por tanto, si desmitificamos la huelga, su éxito dependerá de que sea capaz de organizar los mecanismos de presión concreta hacia objetivos concretos: el gigantesco entramado de compraventa y alquiler de viviendas privadas, de flujos de inversión y renta, de legislaciones y discursos, de corrupción público-privada, de persecución judicial y empresas de desokupación.

Renta Básica rentista o derecho a la vivienda

¿Hasta dónde puede llegar la hipótesis de la huelga? Como siempre, dependerá de los procesos de lucha en las condiciones que nos vienen dadas. Sabemos que hay un 49% de población propietaria –y sin hipoteca–, de la que se derivan fuertes expectativas de grandes transferencias y herencias de pisos; que hay crecimiento macroeconómico y que aún existe una buena cantidad de empleos (de mierda) con los que pagar el alquiler y la hipoteca. Pero el acontecimiento es también lo que rompe los parámetros de lo probable. La razón estadística, como razón de Estado, trata de cerrar lo imprevisible que define el acontecimiento. Nuestra tarea es seguir abriendo el acontecimiento hasta que la vivienda se considere un derecho del mismo rango que el que alcanzaron la sanidad o la educación.

Nuestra tarea es seguir abriendo el acontecimiento hasta que la vivienda se considere un derecho

Nadie sabe aún lo que podría esta huelga, porque “cada huelga tiene su propio pensamiento político” y “no sabemos lo que podemos hasta que experimentamos el desplazamiento de los límites”. Nadie sabe tampoco la potencial duración del inmenso agujero negro que hay detrás de décadas de violencia inmobiliaria, desahucios e infinitas humillaciones cotidianas. Tampoco nadie puede medir la rabia acumulada de los millones de personas a quienes la mejor de las opciones que se les ofrece es un gigantesco endeudamiento para el resto de la vida. Y nadie sabe lo que puede desencadenar el desvelamiento de una incuestionable verdad: que “los caseros nos roban el sueldo”, esa Renta Básica que el Estado permite que los rentistas obtengan sin trabajar.

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En este nuevo ciclo de luchas, hemos vuelto a comprobar que habitamos una institución compleja y trufada de contradicciones. En las universidades públicas se han formado 10 de los 10 Consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM), los mismos que están liderando su actual ataque. Y en las públicas, también, se han formado millones de «hijos de obreros» —como solemos cantar en las movilizaciones—.

En este nuevo ciclo de luchas, hemos vuelto a comprobar que habitamos una institución compleja y trufada de contradicciones

Tenemos a quienes investigan el desarrollo del armamento israelí, y quienes lanzan las propias acampadas contra el genocidio; participamos en los intereses de la industria fósil y también desarrollamos la mejor ciencia climática. En nuestra institución se ejercen fuertes jerarquías de poder, y al mismo tiempo se discute horizontalmente en múltiples asambleas. Tenemos fascistas amenazándonos y también facultades que se defienden como espacios seguros; tenemos acosadores y puntos violeta; esquiroles y piquetes; sillones de cuero y techos que se caen. Al amanecer puedes ir a una práctica de laboratorio, a mediodía cortar una autovía, por la tarde atender una clase magistral, y por la noche dormir en un encierro por la Pública.

Por tanto, dentro de «la universidad pública» existen ya muchas universidades que conviven y conflictúan entre sí. Y todos esos espacios e imaginarios contradictorios de lo que es y debe ser la universidad, prefiguran ya los futuros de otras universidades posibles. Si jugamos a hacer una breve síntesis, podemos resumir en tres los modelos que están hoy en disputa.

La universidad segregadora, la universidad templo-ascensor y la universidad común

La universidad segregadora

El primer futuro es el que avanzaría con la imposición y extensión de las actuales políticas del Gobierno de la CM, que hacen de la universidad una mercancía más que se vende en el «mercado de las universidades», tanto en las opciones degradadas que queden como formalmente «públicas» como en las opciones directamente privatizadas.

En este modelo, la gestión pública es cada vez más indistinguible de la privada: las públicas se terminarán de adelgazar y elitizar en todas las áreas que no consideran «realmente necesarias», y las privadas se expandirán para lucrarse con aquellas áreas más rentables.

La autonomía universitaria se convertiría en una mera formalidad pues los objetivos de la institución son determinados en cada coyuntura según criterios de rentabilidad. Si el conocimiento, la educación o la misma institución se subordinan cada vez más a estos criterios, se degradará la naturaleza y fines del servicio público entendido como riqueza común. El poder empresarial instrumentalizará así directamente la institución mediante la llamada «formación dual» de su «capital humano» o con el desarrollo de una «innovación» condicionada por sus intereses de negocio.

La mercantilización de la universidad va intrínsecamente ligada a la extensión de viejas y nuevas formas de segregación: estudiantil, laboral o urbana, entre otras. Por ejemplo, la segregación estudiantil se profundizará, por un lado, con la mayor división entre áreas de formación de élites y áreas para formar fuerza de trabajo barata, y por otro lado, porque las matrículas universitarias solo serán accesibles para los clientes ricos o para quienes cumplan los criterios del endeudamiento a crédito —siguiendo el modelo estadounidense—.

La investigación, la docencia y la vida universitaria se devaluarán cada vez más como resultado de la permanente carrera de ratas

En el plano de la segregación laboral, tendremos a un personal cada vez más dividido entre una pequeña élite investigadora y una masa de profesorado y personal sobrecargado, precarizado y subcontratado. La investigación, la docencia, la gestión y la vida universitaria se devaluarán cada vez más como resultado de la permanente carrera de ratas impuesta por el gobierno de los rankings y la “calidad”.

Y como sistema de segregación urbana, en este futuro nos encontraríamos con una institución que participa activamente de la desigualdad creciente en Madrid, que alimenta principalmente los enclaves del eje noroeste de la Comunidad, mientras cierra posibilidades y expulsa a los sectores populares del sureste.

Por último, en la universidad segregadora escasea el asociacionismo sindical o estudiantil porque es cada vez más difícil salir de las respectivas «ruedas del hámster», y porque poner una pancarta cuesta 15.000 euros de multa. Mientras, múltiples empresas sí podrán poner sus «pancartas» con forma de publicidad, cátedras, centros adscritos o demás chiringuitos «público-privados».

La universidad templo-ascensor

El segundo futuro posible es el que derivaría de una victoria parcial sobre las actuales políticas del Gobierno de la CM, que consiguen salvar lo que queda de la universidad como «templo», y lo que queda de su función denominada de «ascensor social».

En este posible futuro, el sentido de las luchas por la Pública buscan preservar en lo posible esa suerte de oasis conquistado en las décadas más felices de nuestra historia. Un tiempo en que la universidad era un «templo» sagrado de la auténtica ciencia, la de los grandes catedráticos y el orgullo corporativo. Es el imaginario de la universidad de Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, y otros insignes sabios. Es la concepción que subyace al discurso reconstruido de Unamuno frente a las bestias fascistas en la Universidad de Salamanca: «Este es el templo de la inteligencia y yo soy su supremo sacerdote».

Esta nostalgia que a veces tenemos por los tiempos tranquilos del «templo» se actualiza y legitima con su fusión más contemporánea con el discurso meritocrático, donde nos vanagloriamos de que ya superamos los viejos residuos feudales, gracias a que muchas personas de origen humilde pudieron coger el «ascensor social» de la universidad y así colocarse al menos en la clase media, o incluso en la élite, donde realmente merecerían.

Esta universidad es la que a menudo defendemos en su función clave para la igualdad de oportunidades —más que la igualdad, a secas—. Un logro cuyo éxito principal es presentar las ilegítimas desigualdades heredadas como legítimas diferencias de mérito.

La universidad no va a tener el privilegio de ser una mera espectadora, entre otras cosas, porque nos han colocado ya en el punto de mira

Esta universidad templo y ascensor es el futuro al que, por inercia, nos proyectamos cuando nos retrotraemos a aquellos buenos tiempos en el que los profesores tenían un prestigio incuestionable, podíamos investigar sin incómodas presiones del mundo exterior, los estudiantes estudiaban para arrancar una vida de «éxitos», los departamentos tenían buen mobiliario y abundantes secretarias. Todo estaba bien ordenado, y también el orden social y sus divisiones, en las cuales la universidad no debía entrometerse porque su misión era la ciencia y no «la política»: eso que «la alumna ilustre» nos acusa ahora de hacer.

¿Es este un futuro deseable, o acaso factible? Las tendencias de la coyuntura actual desde luego no indican que a medio y largo plazo vayamos a un escenario de estabilidad, en el que podría encajar el modelo de la universidad templo-ascensor. No estamos ya ni en 1968, ni en el 2000 ni en 2012.

Lo que parece incuestionable es que no dejan de soplar vientos eléctricos que auguran ya escenarios de violentas crisis, como señalan tantos datos y el miedo-ambiente que se respira especialmente en Europa. Y la universidad no va a tener el privilegio de ser una mera espectadora, entre otras cosas, porque nos han colocado ya en el punto de mira. Una pregunta que nos debemos hacer entonces es: ¿queremos plantear nuestra propia agenda? En vez de resignarnos a estar a la defensiva, ¿cómo podríamos aprovechar las posibilidades transformadoras que se abren en toda crisis?

La universidad común

¿Es que hay un tercer futuro posible para la universidad? Si nos quitamos las gafas heredadas de la universidad templo-ascensor, y atendemos a lo que ya ocurre en la institución en algunos de sus centros y sus márgenes, veremos que otro posible futuro podría parirse pronto: es lo que podemos llamar la universidad común.

Esa universidad no es un sueño lejano, la vemos a menudo produciendo todos los días un conocimiento, una enseñanza y un trabajo útil tanto desde el punto de vista de la ciencia como desde la política. Una universidad que pueda enfrentar nuestros verdaderos retos: la brutalidad de las desigualdades globales; las crisis ecológicas, sanitarias, energéticas, económicas, y laborales; el auge del militarismo, el genocidio y las violencias que están amenazando la vida vivible en este mundo.

En esta universidad no nos conformamos con ser un mero ascensor con más o menos plazas, sino que queremos potenciar nuestro papel como instituciones de producción de verdadera igualdad: un servicio público gratuito y universal, organizado por criterios democráticos para el bienestar colectivo. Y no solo un ascensor, sino también un «descensor» del obsceno poder y la riqueza acumulados por los amos de esta ciudad, de este país y de este mundo.

En esta idea de universidad no queremos ni ser un templo sagrado ni ser sus sacerdotes. Aquí no hay genios sino potentes redes de cooperación investigando, enseñando y trabajando por y para nuestro mundo común. Donde lo único que consideramos sagrado es el efectivo derecho de todas las personas a una vida digna, que es lo que la universidad segregadora está atacando en sus mismos cimientos.

Sus títulos y sus «competencias» no valen para nada si no aportan a la construcción de un presente y un futuro vivible

Es una institución en la que la autonomía universitaria no es solo un artículo de la Constitución, sino que se construye de abajo arriba. Donde se desarrollan contribuciones transformadoras, y la investigación no confunde más su «impacto» social con su impacto para el capital académico individual; donde la docencia se revaloriza, y se forman miles de estudiantes que van a trabajar con perspectivas emancipadoras en sus respectivos campos; porque sus títulos y sus «competencias» no valen para nada si no aportan efectivamente a la construcción de un presente y un futuro vivible.

No vamos a renunciar a este futuro, porque de hecho ya lo estamos practicando en el presente. Es el futuro que estamos esbozando ya en las 10 propuestas de las Plataformas x la pública, y que sin duda queda mucho por desarrollar, enmendar, afinar, probar y sobre todo, conquistar con paciencia en el largo proceso de nuestras propias luchas. Pero lo cierto es que no tenemos otra alternativa que lucharlo.

¿Cuál de los tres modelos ya presentes en la universidad logrará desarrollarse? Si aquí apostamos ambiciosamente a largo plazo por empujar hacia lo que las plataformas hemos llamado «la universidad que nos merecemos» —o que aquí estamos llamando la universidad común—, nuestra propuesta avanzará si somos capaces de intervenir desde ya en nuestra realidad actual.

Hipótesis para la apuesta por la universidad común

Volviendo a la coyuntura más actual, no podemos predecir cuánto durará este nuevo ciclo de lucha en la universidad madrileña, ni si el ciclo se reconvertirá en otra cosa al hilo de otros conflictos que emerjan. Para avanzar hacia las posibilidades de ese horizonte, proponemos tantear algunas hipótesis —parciales, incompletas, debatibles— que nos permitan continuar en lo inmediato. Son las siguientes:

1. La lucha por la universidad pública podría resistir temporalmente la asfixia y la LESUC, pero no puede ganar sola al Ayusismo en Madrid.

Por mucha fuerza que movilicemos en el ámbito universitario, podría darse el caso de que la CM calcule sus propios riesgos políticos y electorales, y siga imponiendo sus planes incluso sacrificando sus apoyos dentro de la universidad pública. Además, en el caso de que se apruebe una ley tan compleja como la LESUC, la lucha por su forma concreta de aplicación puede alargarse durante años.

Por ello, la pregunta política y práctica que nos podemos hacer es: ¿cómo sumar fuerzas más allá de la defensa de la universidad pública? ¿Podríamos ampliar la movilización por «lo público», entendido en sentido amplio como todo aquello que apunta a derechos materiales concretos ligados con la vida digna? Así, tenemos que asentar las alianzas tanto con el derecho a la educación en general, como desarrollar nuevas alianzas por el derecho a la sanidad, el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad. Solo con bloques amplios y unidos podrá generarse un verdadero quiebre en el Gobierno de la CM, y de ese modo frenar el avance de sus políticas privatizadoras, o las de cualquier Gobierno que eventualmente les sustituya.

2. El conflicto contra la mercantilización y elitización de la educación superior debe escalar a nivel estatal.

Aunque la principal ofensiva contra la universidad pública se sitúe actualmente en Madrid, y aunque nuestra posición nos haya centrado en el gobierno madrileño, nuestros problemas no son solo madrileños.

Si Madrid se encuentra en última posición a nivel estatal en financiación pública y es la primera en privatizaciones, las universidades catalanas aparecen en la penúltima posición en casi todos los indicadores, por lo que no es descartable que en algún momento se agite también allí el avispero. Igualmente, el sistema universitario andaluz está siendo fuertemente atacado por otra ley, la LUPA, que ya ha dado lugar entre otras cosas a una huelga de 5 días en Málaga —donde a diferencia de Madrid los propios rectorados están enfrentándose al Gobierno de su comunidad autónoma—.

Estos ejemplos muestran que otra de nuestras bazas es apuntar a la extensión de la lucha a nivel estatal, lo que permitiría interpelar así a la responsabilidad directa de los Gobiernos progresistas en la tendencia larga de privatización de la educación universitaria —que la LOSU no ha frenado en absoluto— así como el papel de la muy desconocida Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria, que entre otras cosas es la base legal para el desarrollo del sistema sancionador de la LESUC, como han advertido acertadamente varias organizaciones estudiantiles.

3. La batalla en la universidad pública no va a terminar pronto

Tal y como hemos proyectado a través de los posibles futuros, una conclusión clara es que tenemos que prepararnos para el ciclo largo porque la situación no se va a estabilizar. Por ello, aunque el formato de la plataforma son el mejor espacio de coordinación transversal en una etapa coyuntural, otra pregunta que se nos abre es: ¿cómo sostener y fortalecer un tejido organizativo viable a medio y largo plazo, tanto de asociaciones estudiantiles como sindicales como desde las posiciones institucionales?

En este mismo sentido, la universidad va a ser un frente clave en la batalla contra los neofascismos. En palabras de la mano derecha de Trump, J. D. Vance, «tenemos que atacar honesta y agresivamente a las universidades, porque persiguen el engaño… los profesores son el enemigo». Es evidente que las derechas globales nos han puesto en el punto de mira como estamos comprobando en España. Por ello, la universidad va a ser sin duda uno de los campos de batalla desde los que se va a escribir el futuro que vendrá.

¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De nosotros también.

Bertolt Brecht

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De las Acampadas por Palestina a las Huelgas de 2025

Las luchas en la universidad madrileña atravesaron un paréntesis de al menos una década entre 2014 y 2024. Tras el momento álgido con las mareas verdes de 2012 y 2013, llegaron las horas bajas, sobre todo durante los años de la pandemia, en unos campus que históricamente han sido motor de iniciativas.

¿Cómo se logró quebrar la desmovilización? El punto de inflexión fue sin duda la irrupción global de las Acampadas por Palestina, que en Madrid se desarrollaron en mayo y junio de 2024. Se reabrió así un nuevo ciclo gracias sobre todo a la iniciativa de un nuevo movimiento estudiantil, que supo canalizar una nueva ola de luchas que ya se intuía latente desde 2023.

En el plano laboral, desde 2017 se había ido produciendo una lenta reposición de las miles de jubilaciones que no se habían cubierto durante los años previos. De esta manera, una nueva generación se estaba incorporando a trabajar en la institución. A pesar de la relativa renovación de las plantillas, la universidad madrileña no conseguía salir de su larga crisis. El dato más elocuente es que, en 2024, Madrid era la única de las diecisiete comunidades que no había recuperado sus niveles de inversión previos a la crisis de 2008. La política de parches ya no se pudo estirar más, y el déficit de la Complutense se hacía oficial ese mismo año, lo que derivó en una injustificable ronda de recortes presupuestarios.

En este contexto arrancaron las nuevas Plataformas por la Pública, concretamente tras la asamblea de Somosaguas del 4 de diciembre de 2024, a la que acudieron representantes de la UCM y la UAM, a quienes posteriormente se unieron la UAH, la UC3M, la UPM y la URJC. Con esta emergente coordinación, las recién nacidas plataformas decidimos unirnos al proceso de la educación pública no universitaria que llevaba ya dos años movilizándose en Menos Lectivas, con la demanda básica de revertir los ajustes derivados de la crisis de 2008.

A pesar de la relativa renovación de las plantillas, la universidad madrileña no conseguía salir de su larga crisis

Así, el 23 de febrero de 2025, doce años después de las mareas verdes, toda la educación pública madrileña nos volvíamos a manifestar conjuntamente, para exigir algo tan básico como la recuperación de las condiciones previas a la crisis. El éxito de aquella convocatoria nos indicaba que estábamos ya mordiendo el fondo del problema, y tras el 23F, apostamos por avanzar con un siguiente paso: la huelga del 28 de abril.

Justo antes del 28A, la educación pública no universitaria y el proceso de Menos Lectivas entraban en un cambio de ciclo por la firma de un Acuerdo sectorial¹ que puede leerse políticamente como la reacción por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) destinada apagar el fuego antes de que prendiera peligrosamente la movilización transversal de todos los niveles educativos. A pesar de ello, la huelga del 28A logró un gran seguimiento en el ámbito universitario, aunque quedó algo diluida porque por desgracia coincidió con el Gran Apagón que tuvo lugar el mismo día. Este cierto amargor se pudo resolver con el esfuerzo extra de la manifestación que se convocó el 22 de mayo.

Tras el verano las movilizaciones de la educación universitaria continuaron con el trabajo de extensión, que en paralelo, se entrecruzó con las luchas por Palestina. Finalmente, tras una laboriosa coordinación de las seis plataformas de las Universidades Públicas, decidimos aumentar la apuesta convocando una huelga de dos días para noviembre.

Los motivos de la movilización: la asfixia y la LESUC

¿Qué razones de fondo han motivado el levantamiento de las universidades públicas este año? Se pueden resumir en dos: la asfixia presupuestaria y la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC).

1% del PIB, 100% para las Públicas

En primer lugar, lo más injustificable de la «nueva austeridad» es que se nos está aplicando en una época de crecimiento macroeconómico y en la región más rica del país. A pesar de años de bonanza, todos los indicadores económicos de las universidades mostraban un largo proceso de «estrangulamiento» —ha sido otra de las metáforas empleadas— que no solo se puede explicar por la obvia intencionalidad política por parte de la CM.

A pesar de años de bonanza, todos los indicadores económicos de las universidades mostraban un largo proceso de «estrangulamiento»

El principal motivo para llevar a cabo un adelgazamiento programado de las seis universidades públicas madrileñas es el posibilitar un paralelo engordamiento de las universidades privadas: un total de 14 empresas que, entre otros recursos, ya han capturado a un tercio del estudiantado madrileño y a un 30% del profesorado —que se ha formado en general gracias a la inversión pública—. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido construir y expandir silenciosamente un enorme «mercado de la universidad», siguiendo el modelo del «mercado de la sanidad» o el «mercado de la vivienda».

Los dos tercios del sistema universitario que actualmente quedan bajo el paraguas público forman en estos momentos a unos 200.000 estudiantes y emplean directamente a 35.000 trabajadoras en unos 200 centros universitarios. Este sistema público se inserta en unas redes público-privadas muy amplias, que van desde todas las empresas subcontratadas a todo el tejido dependiente de las actividades de investigación, hasta todo lo relacionado con la movilidad estudiantil y académica. Para todo este volumen de actividad, se destina ahora mismo en torno al 4% del presupuesto de la CM, que supone aproximadamente un 0,4% del PIB de la región, y en cifras brutas supone un pastel de unos 1.200 millones de euros.

Los dos tercios del sistema universitario que actualmente quedan bajo el paraguas público forman en estos momentos a unos 200.000 estudiantes y emplean directamente a 35.000 trabajadoras

En este plano, el objetivo del movimiento por la Pública es que el gasto público en educación universitaria —no incluye I+D— alcance la media de la OCDE: el 1% del PIB. En Madrid, este porcentaje significaría, al menos, doblar el presupuesto actual. Podría parecer una cifra alta si nos resignamos a sobrevivir a corto plazo, pero realmente no es mucho si aspiramos a solucionar el problema de fondo: contrarrestar y reabsorber la parte de nuestro sector que ya se ha comido el capital privado. No es mucho tampoco si creemos que las funciones de producción de conocimiento y de formación de fuerza de trabajo cualificada deben ser servicios públicos. Y desde luego, sigue siendo ínfimo si lo comparamos con las demenciales propuestas de destinar el 2%, o el 5% del PIB español, a la industria militar.

Abajo la LESUC

Junto con la asfixia, hace años que se venía avisando de una nueva ley de universidades madrileña. El secretismo con el que se redactó no fue casual —y a día de hoy seguimos sin conocer en detalle a sus autores—, porque la LESUC no es una ley más. Se trata de un complejísimo proyecto de 176 páginas y 231 artículos en su último borrador. Pretende redefinir y construir una nueva arquitectura institucional en todos los ámbitos de la educación superior. Para su análisis, hemos sintetizado este proyecto en cuatro ejes: pérdida de autonomía, mercantilización, infrafinanciación y precarización.²

La nueva ley impone una mordaza universitaria con sanciones absurdas de hasta 300.000 euros, por hechos como colocar pancartas

Entre sus principales pilares y motivo de su posible inconstitucionalidad, la LESUC profundiza el control político-empresarial de la universidad pública a través de los Consejos Sociales, subordina todo a la gigantesca burocracia neoliberal de la «calidad», o impone una mordaza universitaria con sanciones absurdas de hasta 300.000 euros, por hechos tan graves como «colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización» o «la celebración de referéndums ilegales» (sic.).

En resumen, la LESUC es el gran asalto preparado del PP de Madrid a la autonomía universitaria madrileña, y su capacidad institucional para producir investigación, enseñanza y contrapesos sociales independientes del poder político y económico.

La cadena de mando y el gobierno de la universidad

Para ejecutar el proceso de estrangulamiento económico e imposición de la LESUC, se ha puesto en evidencia que el carisma de Ayuso no es suficiente en este caso. Cuando hablamos de justificar un shock institucional de tal magnitud en el corazón de un servicio público tan fundamental, no basta con soltar barrabasadas como «la universidad está colonizada por la izquierda».

Por eso, ante la falta total de participación en la LESUC y la ausencia de consensos mínimos, el Gobierno de la CM lleva mucho tiempo buscando cómo conseguir que sus órdenes se transmitan de arriba abajo con los menores obstáculos posibles, a través de esos «mandos» que son principalmente los seis rectorados. Para descomponer con más detalle los distintos eslabones de la cadena en tensión en todo este proceso, podemos ver el siguiente esquema:

Tenemos múltiples ejemplos que dan cuenta de la importancia política que tiene en esta coyuntura la correcta subordinación de los rectores: desde la esperpéntica designación de Ayuso como alumna «ilustre», a las polémicas elecciones de los rectorados en la Autónoma o la Complutense —con las Nuevas Generaciones del PP con mochilas llenas de papeletas de Joaquín Goyache—; hasta el viaje a Miami del pasado verano. Estos son solo algunos de los ejemplos más groseros.

Todo este circo público, junto con lo que haya de inconfesable en sus reuniones a puerta cerrada, muestra que la colaboración activa de los seis rectorados es una condición clave, aunque no suficiente, para poder aplicar la asfixia y aprobar la LESUC. Y el Gobierno de la CM cree que si convence, o compra, a esos seis mandos, habrán ganado la batalla.

En caso de que la LESUC entre a trámite, una acción que habría que valorar podría ser la convocatoria de un referéndum sobre la propia ley

Pero el problema para el Gobierno de la CM es que sabemos muy bien que seis representantes no pueden ir por su cuenta contra los intereses de una comunidad universitaria informada y movilizada, que podría en última instancia desobedecer, y tumbar, a sus mandos superiores. Por ejemplo, en caso de que la LESUC entre a trámite, una acción que habría que valorar podría ser la convocatoria de un referéndum sobre la propia ley, así como sobre la legitimidad de un eventual apoyo de los rectores, para evidenciar así su carácter antidemocrático.

No es nuestra intención demonizar a priori a un rector por el mero hecho de serlo, sin embargo no podemos tener confianza en quienes no se la han ganado, menos cuando ya están aplicando sin rechistar los recortes—, teniendo en cuenta además el poder del Gobierno de la CM y el del propio capital de las catorce universidades privadas, que no dejan de ofrecer jugosas puertas giratorias a exrectores y exgerentes. Este ha sido el caso de Juan Romo, exrector de la UC3M que ahora «trabaja» para el fondo de inversión de la Alfonso X el Sabio, o Rafael Puyol, exrector de la UCM que gestiona ahora la UNIR y el IE.

Composición y autonomía del movimiento

Para que el gobierno madrileño y sus rectores no nos puedan vender fácilmente, la estrategia del movimiento ha sido construir nuestra propia fuerza de manera autónoma, a través de plataformas unitarias, descentralizadas y asamblearias. Ante los múltiples grupos estudiantiles y laborales y las desigualdades generacionales, salariales o de categorías, las plataformas están siendo la mejor manera de construir una fuerza unida frente al Gobierno de la CM.

Hacia fuera tenemos que seguir defendiendo el interés de las mayorías sociales por la educación y la investigación públicas

Si bien las plataformas respetan a la pluralidad de organizaciones particulares, nuestra lucha ha escalado y escalará en la medida en que sepamos cooperar generosamente por nuestros intereses comunes. En este sentido, a la interna debemos seguir potenciando el debate honesto y el trabajo organizativo inclusivo, y hacia fuera tenemos que seguir defendiendo el interés de las mayorías sociales por la educación y la investigación públicas, por encima de posibles derivas corporativistas.

En la composición laboral del movimiento, ha habido una alianza virtuosa de los sectores sensibles al carácter de servicio público de la universidad, potenciados por una nueva generación que hemos conseguido romper con algunas inercias de pasividad política y sindical. Mucha gente no aceptamos ya el «tú dedícate a la rueda del hámster» y el «no te metas en política», un sistema de competencia individualista que ha generado grandes dosis de malestar. Frente al gobierno neoliberal y jerárquico de la universidad,³ las propuestas del movimiento están canalizando también el deseo de investigar, enseñar, trabajar y relacionarnos en lógicas democráticas y cooperativas.

Además, la fuerte entrada del capital privado en la educación pública es otro elemento clave que permite explicar el auge de nuestra movilización como clase trabajadora. Como han señalado importantes analistas, el profesorado es un actor global emergente en el auge del conflicto laboral y la huelga, dada nuestra posición estratégica en la división social del trabajo y las dificultades de la «industria» de la educación para deslocalizarse.

Respecto a la composición estudiantil del movimiento, obviamente el impulso actual no se puede entender sin la nueva hornada de estudiantes y asociaciones. Esta generación no tiene desde luego un futuro fácil, y precisamente por ello no está dispuesta a que unos privatizadores les destrocen el porvenir. En este tiempo, nuestro estudiantado está demostrando una cultura política y organizativa en muchos casos muy envidiable, si comparamos con la que mucha gente tuvimos en generaciones anteriores. Y salvo contadas excepciones, están sabiendo también desactivar las lógicas competitivas internas y contribuir generosamente al ecosistema de las plataformas.

Esta generación no tiene desde luego un futuro fácil, y precisamente por ello no está dispuesta a que unos privatizadores les destrocen el porvenir

Respecto a las grandes ausencias del movimiento por la pública, podemos resumirlas en tres subgrupos: 1) una minoría de individuos hostiles contra el movimiento por la Pública, que se creen intocables en sus respectivos nichos, y que paradójicamente están participando de su propia autodestrucción; 2) una mayoría que apoya las propuestas del movimiento pero aún no han participado activamente en él —ya sea por su precariedad, ya sea por quedar atrapados en la mencionada rueda del hámster o por una distancia relativamente acomodada—; 3) los grupos más precarios de trabajadoras, especialmente las subcontratadas —sí, en femenino, que entre otras cosas nos dan de comer y limpian nuestras aulas— que aún no hemos conseguido incluir, aunque sin duda les afecta directamente la asfixia.

Manifestación Educación, 23F. Autor: Manu del Valle.

Avances y logros del movimiento por la Pública

En 2003, fue Esperanza Aguirre quien, como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que «el mejor servicio público es el que menos gasta»; o Javier Lasquetty, que aseguró que «hay que ofrecer a las clases medias soluciones de educación y sanidad en el mercado». Seguramente podemos afirmar que la actual generación neocón y neoliberal del PP de Madrid no está confrontando tan abiertamente con lo público en lo discursivo, si bien en los hechos siguen sin duda trabajando para su progresivo desmantelamiento.

A pesar del avance de la privatización, no deja de ser curiosa la relativa timidez en su defensa, tanto en el discurso político como en muchos de los medios de la propia derecha. Que la universidad debe ser un servicio público, y no necesariamente «rentable» en términos de mercado, es claramente un sentido común más afianzado a día de hoy, lo cual es un claro avance que se debe al fuerte trabajo comunicativo del movimiento. Cuando en la misma semana de la huelga del 26 y 27 de noviembre, el Consejero de Educación, Emilio Viciana, saca el comodín de los independentistas como causa de la infrafinanciación, o recurre a los terroristas palestinos de la Facultad de Políticas, está lanzando señales de la creciente debilidad de su discurso educativo.

Así, la mayoría social entiende cada vez más claramente que el negocio de las universidades privadas no se ha extendido gracias a unos audaces emprendedores, sino al trasvase y parasitación de lo público. En este sentido, el movimiento ha contribuido a abrir el debate sobre la regulación del negocio privado en la educación, que no es tanto un problema de «calidad» —como lo planteó el gobierno progresista— como de mercantilización y desigualdad.

La mayoría entiende que el negocio de las universidades privadas no se ha extendido gracias a unos audaces emprendedores, sino al trasvase y parasitación de lo público

Respecto al plano de la asfixia económica, la movilización ha conseguido que el presupuesto para el 2026 haya quedado solamente estancado, en vez de lo que hubiera sido esperable en ausencia de movilización: una ejecución de recortes aún mayor. No podemos celebrar ninguna victoria, pero al mismo tiempo parece claro que no han podido cerrarnos aún más el grifo. La cuestión del modelo y cuantía de financiación debe seguir siendo una batalla abierta, en la cual no nos debe bastar solo con que «suban» los datos brutos del presupuesto, sino que debemos atender también al destino concreto de las partidas, sus condiciones o ejecución.

En el plano de la LESUC, otro logro parcial es que el trámite legislativo sigue retrasándose a pesar de la mayoría parlamentaria del PP, y así hemos perdido ya la cuenta de los borradores filtrados. En este sentido, todo lo que sea ganar tiempo es un logro positivo. Podemos valorar, también, que el primer punto de los 10 ataques que señalamos —el del tope del 70% de financiación pública— ha sido retirado de los últimos borradores, lo que es también un logro parcial. Y gracias a la extensión y presión del movimiento, en este momento sigue sin haber prácticamente nadie fuera del Gobierno de la CM que apoye públicamente los principales elementos de la LESUC.

Por ello, dado que el fuego de la asfixia y la LESUC no ha dejado de avivar el descontento, diversas voces están cuestionando fuertemente a su principal responsable, Emilio Viciana: un Consejero inepto, oscuro, retrógrado y a todas luces carente de carisma, pero que tiene los mandos del futuro de la educación madrileña. Frente a este personaje, podemos rememorar la historia de Lasquetty, quien dimitió tras la acción conjunta de la movilización social y el frente judicial, que consiguieron así la paralización parcial de la privatización de la sanidad en 2014. Por ello, si empujamos para que caiga Viciana, podría caer con él la propia LESUC o al menos sus elementos más sangrantes, que es sin duda la gran batalla que tenemos para 2026.

Por último, habría que hablar de la experiencia de formación política, sindical y de conflicto tanto de la actual generación de estudiantes como de trabajadoras de la universidad. 2025 ha sido un año intensísimo de asambleas, encierros, piquetes, debates, noticias, relaciones… y con nada menos que cuatro días de huelga, una magnitud que cuantitativa y cualitativamente es inédita en la historia reciente de la universidad madrileña.

«Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno», dijo Emiliano Zapata. Y «si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian», ha dicho el movimiento x la Pública. ¿Seremos capaces de cumplir nuestra consigna? Es lo que intentaremos ver en la segunda parte de este artículo.

1. Menos Lectivas sufrió la división interna por la firma unilateral de un Acuerdo con la Consejería por parte de los sindicatos de concertación. Para ver la perspectiva de CGT de estos procesos, puede verse el número 67 de Aula Libre, 67. y La Universidad como Trinchera: experiencias de Lucha desde CGT de Mariu Ruiz y Víctor Alonso. ↩︎
2. Véase nuestro Análisis del borrador de anteproyecto de la Ley de enseñanzas superiores de la CAM, de CGT-UCM, 08/04/25; o el interesante informe de la UC3M sobre su posible inconstitucionalidad. ↩︎
3. Los temas del malestar, la burocratización o el acoso laboral y sexual en la universidad son prácticamente un campo de investigación en sí mismo desde hace muchos años, por citar solo uno, véase el libro La Universidad en conflicto, de 2010. ↩︎

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Por supuesto, lo último que queremos es minusvalorar en abstracto el proyecto de RJL, una de las escasas políticas que podrían tener cierto calado y novedad, y con potenciales efectos materiales para la clase trabajadora. Por ello, es de rigor analizar tanto los elementos que puedan reconocerse como positivos, como aquellos que, por desgracia, nos llevan a afirmar que el actual horizonte de RJL es muy estrecho e insuficiente. Con este análisis, pretendemos avanzar algunas ideas para la conquista de una RJL verdaderamente ambiciosa y emancipadora.

Elementos positivos

En primer lugar, se puede destacar que, desde 1983 —cuando se establecieron las 40 horas semanales—, no se produce en España una reforma de la ley que recoge la jornada laboral máxima. Por ello, tras más de cuatro décadas de estancamiento, una medida de RJL es significativa, no tanto por su cuantía —tan tímida en este caso como las 37’5 horas—, como por el cambio de tendencia histórica que podría implicar, si entendiésemos que esto es solo un punto de partida.

En segundo lugar, podemos reconocer una cierta victoria de la sociedad organizada en general y del sindicalismo combativo en particular en que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de concertación hayan asumido en los últimos tiempos la demanda de la RJL —aunque sea en versión descafeinada—. De hecho, tras su relegación durante décadas, tanto Yolanda Díaz como sus bases sociales —CCOO y UGT— se han sumado a la RJL después de una ola que venía generándose a nivel global al menos desde la crisis de 2008, y sobre todo con la Gran Dimisión que se produjo acabado el confinamiento, y en general, con la emergente crisis global de la ética tradicional del trabajo.

En tercer lugar, aunque el Gobierno y sus sindicatos se lamenten repetidamente por la oposición de la patronal a la RJL, desde cualquier perspectiva de clase tal oposición indica sin duda algo positivo. A pesar de que la CEOE en el «diálogo social» propuso contramedidas como duplicar prácticamente el tope anual de horas extra de 80 a 150 horas, medidas regresivas de este tipo no se contemplan en el actual acuerdo —a pesar de que, por ejemplo para UGT, era un tema abierto para la negociación—.

Para que una eventual reducción de jornada se implemente efectivamente en las empresas, será clave el funcionamiento adecuado de la Inspección de Trabajo, el poder sindical y otras medidas de control del tiempo

En cuarto lugar, no podemos dejar de reconocer que una RJL aprobada directamente como reforma del Estatuto de los Trabajadores es también positivo, ya que por esa vía es esperable que se beneficien más directamente aquellos sectores con menor capacidad en la negociación colectiva: en general, los estratos menos sindicalizados, más precarizados, con peores convenios y jornadas más largas. La CEOE insiste en defender un proceso de negociación de la RJL fragmentado por sectores y territorios. Sin embargo, una RJL aprobada por ley debería contribuir a la convergencia entre los distintos segmentos de la fuerza de trabajo, algo que deberá constatarse posteriormente. De hecho, para que una eventual RJL se implemente efectivamente en las empresas, será clave el funcionamiento adecuado de la Inspección de Trabajo, el poder sindical y otras medidas de control del tiempo.

La «Ley de la Esclavitud de Hungría» extendió el margen de horas extraordinarias anuales hasta las 400

Por mencionar otro elemento, si nos pensamos en términos comparados respecto a la UE27, hemos pasado aproximadamente una década de estancamiento de la jornada laboral media en Europa —si bien con grandes diferencias entre las 31 horas de jornada media en Holanda, hasta las 41 de Grecia, y las 37 donde se encuentra España—. Por ello, abrir una tendencia de RJL generalizada supone un dato positivo, sobre todo en contraste con emergentes casos regresivos como los de Grecia —donde recientemente se ha aprobado la posibilidad de ampliar la jornada hasta las 13 horas diarias durante 6 días a la semana— o con la «Ley de la Esclavitud de Hungría» —que extendió en 2018 el margen de horas extraordinarias anuales hasta las 400—.

Elementos cuestionables

La primera trampa en la que a menudo caemos cuando evaluamos el sentido de la RJL es aplaudir cualquier tipo de mejora parcial sin contextualizarla respecto al resto de políticas económicas que la acompañan o preceden. En este sentido, podemos señalar datos que relativizan la sobredimensión de «victoria» que se subraya desde el Gobierno progresista.

Medidas como la subida del SMI no han compensado la sostenida connivencia con la brutal capacidad de captura de la riqueza social por parte de los sectores capitalistas, algo de lo que son responsables los gobiernos «progresistas»

En el plano de la distribución de la riqueza, el coste estimado de aplicar esta RJL es una verdadera nimiedad si lo comparamos con indicadores como los crecientes márgenes de beneficio empresarial, o, más en general, con la desigualdad que se mantiene: en este sentido, medidas como la subida del SMI de los últimos años, por desgracia, no han compensado ni mucho menos la sostenida connivencia con la brutal capacidad de captura de la riqueza social por parte de los sectores capitalistas, algo de lo que son directamente responsables los gobiernos «progresistas».

En el plano de la distribución del tiempo de trabajo, se nos repite que la jornada laboral no se ha tocado en España desde 1983, lo cual es falso: el aumento más flagrante sucedió en 2011, cuando el PSOE impuso unas 3.500 horas extra a nuestras vidas laborales, es decir, los dos años extra correspondientes al retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Igualmente, la dejadez sostenida del Estado en el control efectivo de las horas extra no pagadas ha permitido de facto una flexibilidad enorme del poder empresarial para lucrarse con nuestro tiempo de vida. Por tanto, es en relación con el conjunto de políticas como debemos evaluar el peso relativo de la RJL.

Respecto al horizonte de posibilidades que ha naturalizado la actual RJL a 37’5 horas, no podemos olvidar que hasta 2023 los discursos más conservadores en este ámbito hablaban de 35 horas, los más habituales de 32 o 30 horas, y los más ambiciosos de 21 horas. Asumir el estrecho horizonte de las 37’5 horas, es como si un debate sobre la Renta Básica Universal que se situara entre los 600 y los 1.000 euros, finalmente se dejara en 300. Este estrechamiento asumido en el último año constituye, sin duda, otro dato muy negativo.

Resulta también importante prevenirnos sobre las posibilidades de neutralizar la reducción de dos horas semanales, ya que, fácilmente ese trabajo podría ser reabsorbido o reorganizado a través de un proceso de intensificación, sin por ello generar ni un solo nuevo empleo, y por tanto, a costa del sobreesfuerzo laboral. Igualmente, al tratarse de una reducción tan pequeña, no podemos descartar que el empresariado de distintos sectores encuentre mecanismos para saltarse el nuevo límite —una cuestión que estará vinculada a la efectividad del registro de la jornada real, y al control de las horas extra, por ejemplo—.

Las peleas en las mesas del «diálogo social» no pueden ser consideradas conflictos sociales, por mucho que desde el Gobierno progresista se insista en ello

Otro elemento negativo del actual proceso es que la RJL pretenda aprobarse sin ningún tipo de movilización ni conflicto —las peleas en las mesas del «diálogo social» desde luego no pueden ser consideradas conflictos sociales, por mucho que desde el Gobierno progresista se insista en ello—. No se puede evocar continuamente el mito de la huelga de La Canadiense de 1919 —por cierto, la aprobación de la jornada de 8 horas no derivó tanto de esa huelga específica como de la posterior huelga general que le sucedió en Barcelona— y al mismo tiempo, no tomar mínimamente la calle en defensa de la RJL. Esta «paz social» también ha facilitado que el estrecho horizonte en el que nos encontramos sea visto por muchos como el único posible.

Para terminar, el actual Acuerdo Social respecto a la RJL podría modificarse a la baja en sus ya descafeinadas condiciones. Tal como ha señalado el laboralista Antonio Baylos, muy cercano al Ministerio, “es evidente que el proyecto de ley tendrá que ser modificado en algunos aspectos, posiblemente coincidentes con las propuestas que ya se hicieron en la mesa del diálogo social para lograr la incorporación de la CEOE”. Y además de por la patronal, podría ser obstaculizado o vetado tanto por el PSOE, como por cualquier otro grupo político en la votación parlamentaria. En las actuales condiciones tal rechazo podría tener poco coste político.

En el mejor de los escenarios a corto plazo, solo podemos aspirar a que algunos sectores laborales ganen unas dos horas semanales de tiempo de vida

En síntesis, podemos constatar que, en el mejor de los escenarios a corto plazo, solo podemos aspirar a que algunos sectores laborales ganen unas dos horas semanales de tiempo de vida. Sin dejar de reconocer los mencionados elementos positivos, esto desde luego no puede elevarse al grado de trascendencia histórica que le atribuyen los sectores del Gobierno. Por ello, tanto si se modifica el actual acuerdo como si no, hablamos de una medida absolutamente insuficiente.

Claves para la larga batalla por una RJL no reformista

Tras este somero análisis, la pregunta fundamental que nos podemos hacer es, si a partir de los debates sociales y sindicales de los últimos años, es posible que permee y se consolide un consenso amplio para lanzar un ciclo de luchas a medio y largo plazo por una RJL que realmente suponga una conquista para nuestra autonomía material y vital: una batalla por, al menos, las 32 o las 30 horas. Para tal batalla, no podemos refugiarnos simplemente en señalar las contradicciones y timidez del Gobierno y sus aliados, sino que, como organizaciones sindicales y sociales, debemos hacernos cargo de contribuir a un nuevo ciclo de luchas.

De entrada, todos los agentes críticos activos tendrían que presionar al Gobierno y a sus sindicatos para que avancen cuanto antes hacia el horizonte de las 32 horas

En el corto plazo y para 2025, el derecho de huelga y el conflicto social deberían ejercerse con toda la contundencia y masividad posible en cuanto aparezcan signos de devaluación de los mínimos elementos positivos del presente acuerdo de partida. Por ejemplo, si el Gobierno y sus sindicatos aceptaran las condiciones de la patronal, o si la RJL se rechazara en el Congreso. El conflicto social y sindical debería entonces confrontar muy directamente a aquellos partidos y sectores responsables de traspasar líneas rojas, como ocurriría si se financiara con dinero público lo que debe costearse con los crecientes márgenes del beneficio empresarial. De entrada, todos los agentes críticos activos tendrían que presionar al Gobierno y a sus sindicatos para que avancen cuanto antes hacia el horizonte de las 32 horas, al que sus estudios y declaraciones se han referido en múltiples ocasiones.

Para este proceso, un grupo de sindicalistas, economistas y sociólogos estamos desarrollando cuáles deberían ser las claves políticas básicas para una RJL que vaya en la dirección de una reforma no reformista, en los términos de André Gorz; una reforma capaz de ensanchar la perspectiva y provocar una apertura, en los términos de Kathi Weeks. Para avanzar en ello, adelantamos aquí algunas líneas de respuesta a las tres preguntas fundamentales que nos hemos planteado.

Primera pregunta: ¿Tiene futuro la RJL en las condiciones de la actual crisis capitalista? En este sentido, proponemos entender la RJL como una medida de socialización progresiva y reparto del tiempo de trabajo y la masa salarial, que debería contribuir a contrarrestar los procesos de desposesión ligados a las crisis. En ese mismo proceso, también, ser capaz de arrancar poder y riqueza a la clase capitalista.

Segunda pregunta: ¿Para qué queremos la RJL? Podemos destacar aquí cuatro motivos que nos pueden servir tanto para elaborar un discurso pedagógico como una propuesta política propia: 1) Para ganar tiempo de libertad y autonomía; 2) Para repartir el trabajo, y acabar tanto con el «exceso» de trabajo como con el desempleo; 3) Para trabajar con sentido para vivir, y para que, como sociedad, aprovechemos el trabajo/esfuerzo de todas las personas; 4) Para tener tiempo libre para organizarse y luchar.

Y tercera: ¿Qué precisiones debe contener una propuesta propia de RJL lanzada desde la perspectiva de los movimientos sociales y sindicales? Resumidamente, al menos hay ocho precisiones que podemos hacer para una propuesta de RJL coherente con el objetivo central de conquistar libertad y autonomía temporal: 1) debe hacerse efectiva, no solo decirse o escribirse; 2) debe ser una conquista colectiva, no un privilegio corporativista o individualista; 3) debe arrancar poder al capital, no pedir el consenso empresarial; 4) debe incluir el formato anual y biográfico, no solo el diario o semanal; 5) debe producirse «sin reducción del salario real, indirecto y diferido», no solo del directo y nominal; 6) no debe intensificar la carga de trabajo; 7) debe transformar la división sexual del trabajo; 8) y, por último, debe enfrentar la crisis ecosocial.

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Leopoldina Fortunati con Mariarosa Dalla Costa en una movilización de la campaña del Salario para el trabajo doméstico en los años setenta.

El arcano de la reproducción. Amas de casa, prostitutas, obreros y capital (Traficantes de Sueños, 2019) ha sido considerada una de las mejores obras para el estudio de la reproducción social. Publicado por primera vez en 1981, Leopoldina Fortunati, propuso una profunda crítica feminista a las categorías marxistas. En el centro de la discusión, se encontraba el trabajo de reproducción y cómo éste, realizado mayoritariamente por mujeres, ha sido objeto de una continuada desconsideración por parte de la propia tradición marxista. A partir de estas premisas, Fortunati explora la doble figura de la mujer como obrera del hogar y secundariamente como obrera del sexo, ambas en posición subordinada y sin embargo crucial para la reproducción presente de la fuerza de trabajo masculina y futura en el marco de la familia capitalista. La acumulación de capital se muestra así como un proceso complejo que requiere para su realización no únicamente el trabajo de la fábrica, sino también una explotación completa del trabajo femenino.

Entre el solucionismo tecnológico y la externalización del trabajo doméstico

Quería preguntarte sobre los debates respecto al ahorro de trabajo doméstico, tanto por el papel que pueda tener la tecnología en ello como por quién podría ahorrarse —o no— tareas por externalizar ese trabajo doméstico.

Pagar el trabajo doméstico no es una solución, porque la empleada de hogar no puede cuidar a su propia familia, de sus propios niños, de las personas mayores… Además, el reparto dentro de la pareja tampoco es una verdadera solución, aunque tácticamente esté bien, no puede ser un objetivo estratégico porque no podemos acortar la jornada laboral prolongando la jornada laboral de otra persona. Además, externalizar el trabajo doméstico es caro, podemos llevar nuestra ropa a la lavandería, comprar comida ya cocinada, pero eso es muy costoso con los salarios actuales.

Quizás el crecimiento de los pedidos de comida a domicilio también sea una consecuencia del movimiento feminista…

En una familia proletaria puedes encargar comida una vez a la semana como máximo, pero es algo caro. Sobre esto he investigado: si las tecnologías pueden resolver algo y ayudar a las mujeres. Los electrodomésticos pudieron reducir el tiempo del trabajo de hogar para algunas tareas, ¡pero la estructura del trabajo del hogar es tan flexible! Como no tiene un horario rígido, potencialmente se puede extender a las veinticuatro horas. Cuando tienes una criatura y tienes que levantarte cuatro veces por la noche prácticamente no tienes límites. Así que este trabajo es muy flexible, muy extensible… Por ejemplo, la lavadora pudo reducir algunas tareas, pero mientras tanto se sumaron otras: llevar a los niños a hacer deporte, a música… Como no es un trabajo estructurado y socialmente negociado, es el espacio en el que el desarrollo del capital elabora continuamente un montón de nuevas tareas. En cualquier caso, aunque fueran útiles para reducir algunas tareas sueltas, desde mi punto de vista estas tecnologías son tóxicas porque prolongan la jornada laboral.

Los smartphones, quieres decir, ¿o las tecnologías digitales?

Smartphones, ordenadores…. La robótica va en esa dirección. Por ejemplo, hemos estudiado la Roomba [aspiradora robótica], y en primer lugar, el problema no es que reduzca trabajo sino que tú tienes que trabajar para la Roomba, en el sentido de que debes preparar la habitación, no se puede chocar con cables, sillas, alfombras… El tiempo también para entenderla, estudiar cómo funciona, mantenerla…

Y luego hay Roombas más inteligentes que otras, ¿no? Que son más caras… Pero el punto es que, la lavadora, o la Roomba u otras tecnologías incluso si suponemos que podrían liberar tiempo de trabajo doméstico, ese tiempo extra a menudo no sirve para tener más tiempo libre sino para poder trabajar más en el mercado.

Por ejemplo, ahora decimos que la reducción de la tasa de natalidad es en realidad un comportamiento de rechazo del trabajo en el hogar, porque teniendo un hijo reduces el trabajo respecto a si tienes tres. Pero el tiempo que las mujeres ahorran por la reducción del número de hijos, o el dinero, no lo utilizan para ellas mismas sino que lo invierten en sus hijos, o en el hijo único que tuvieron.

¿Qué puedes decirnos sobre la institución familiar y las transformaciones en el trabajo doméstico? ¿Cómo nos seguimos imaginando las familias? En España en la actualidad solo uno de cada tres hogares se corresponde con esta forma familia fordista o nuclear —una pareja y algún/os hijo/s—, aproximadamente seis millones de hogares sobre un total de 18 millones, una cifra que además, está disminuyendo. En El Arcano de la reproducción dices que esa forma de familia es necesaria para el capital pero en realidad están aumentando mucho los hogares unipersonales o de una madre con algún hijo.

En El Arcano también dije que la familia y la fábrica morirían. En Italia sólo el 20% son familias nucleares, y el 80% son familias de otro tipo. Cuando el Instituto Nacional de Investigación organizó el censo fue una pesadilla para ellos, por las categorías… “¿En qué tipo de familia vive usted?” ¡Ahora hay 30!

Sí, aquí la categoría «otros» también está aumentando mucho.

Sí, ahora utilizan: pareja sin hijos, pareja con hijos, familia monoparental —hombres o una mujer con hijos—, solteras o personas que viven solas, y luego familias mixtas, donde incluyen una enorme cantidad de formas, dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, con padres o madres, sin padres o madres, con o sin amistades, abuelos con los niños…

Y también la fábrica murió. El número de obreros de fábrica está disminuyendo, y en realidad la fábrica se expandió a la familia porque incorporó la lógica y la organización de la fábrica. Vimos con el COVID cómo la casa se ha convertido en una verdadera fábrica: madres y padres teletrabajaban desde casa, las criaturas hacían tele-enseñanza… Fue una gran experimentación.

Crisis de reproducción, biopolítica de poblaciones y el Estado

Asistimos a un renacimiento de los discursos feministas de crítica y abolición de la familia, pero cuando ves las cifras, la principal oposición no es entre “formas comunitarias o postfamiliares de reproducción social” y la forma-familia, sino entre la forma-familia y la forma individual de vivir, porque lo que está aumentando es el hogar individual de manera hegemónica. Por ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura las viviendas son más pequeñas. ¿Solo la forma-familia es importante para el capital o el capital está construyendo formas de reproducción social mucho más individualistas?

No, no. Para el capital todo esto es un desastre porque la crisis de la reproducción es enorme. Nada funciona en la esfera de la reproducción: la natalidad no funciona, el trabajo reproductivo no funciona, la familia no funciona, las relaciones sociales no funcionan, la educación no funciona. Para el capital esto es realmente un gran problema de productividad, porque por supuesto si trabajas para un grupo de personas tu trabajo es muy productivo para el capital, pero si trabajas solo para ti es mucho menos productivo. Y también es una cuestión de control y conocimiento del comportamiento de la población.

Hablemos del Estado, porque el Estado es siempre uno de los brazos del capital para introducirse en la esfera de la reproducción. Por ejemplo, ¿es posible que en Estados Unidos no sepan cuántos habitantes hay? Saben que hay millones de inmigrantes ilegales, pero ¿cuántos? Es muy importante que un Estado lo sepa. Y esto pasa también en Europa. Italia no lo sabe muy bien, España tampoco. Porque los movimientos de población son una zona gris para el Estado. Tampoco son capaces de entender las nuevas formas de las familias porque cambian también muy rápidamente, en una u otra dirección. ¿Cómo puedes controlar el cuerpo social si no conoces estos parámetros fundamentales? Como Foucault nos enseñó, se trata del biopoder. No tienes ninguna capacidad como Estado o como capital para detener estos comportamientos. Intentan reforzar la reproducción, con el discurso de “Dios, patria y familia”, pero eso tampoco funciona. Creo que como feministas podemos “criticar a la familia” y decir lo que queremos hacer, pero antes debemos leer los comportamientos sociales, porque estos nos dicen mucho de dónde la gente y las mujeres quieren ir realmente.

Como vivir cada vez más una persona sola o no hacerlo en la forma-pareja….

Ahora está mezclado. Hay un 20% de familias nucleares, que está disminuyendo. ¿Pero por qué? Porque la relación entre hombres y mujeres no funciona. Y la primera razón por la que la gente se separa es porque el hombre no colabora, no comparte el trabajo doméstico. El reparto del trabajo doméstico es un objetivo táctico, claro, pero si no compartes, como mujer estás muerta, porque con el trabajo doméstico más el trabajo de mercado…

En España, las madres con un solo hijo son aproximadamente el 90% del total de hogares monoparentales, y tienen la vida muy difícil.

También vale la pena subrayar el coste para las mujeres con hijos que se divorcian o se separan del marido, que corren el riesgo de empobrecerse inmediatamente, de bajar al umbral de la pobreza. Pero a menudo igualmente se separan, porque está claro que la relación con los hombres es insostenible para ellas.

Los conceptos de Marx en la política feminista

En tus intervenciones hablas mucho de los conceptos de El Capital especialmente, y de la crisis del marxismo en los 90, especialmente tras la crisis financiera de 2008 parece haber un gran revival de estas teorías. A menudo se repite una crítica que dice “Marx no resolvió todos los problemas del mundo”, y por supuesto no lo hizo, pero ¿crees que es útil utilizar estos conceptos a día de hoy?

Creo que el marxismo ortodoxo realmente está en crisis, no va a ninguna parte porque el mundo ha cambiado. Creo que hay que usar a Marx como hicimos nosotras o como hizo el operaismo italiano, de una manera innovadora, usando las categorías y cambiándolas. No puedes ignorar a Marx ni a esa tradición, tiene muchos puntos valiosos. Lo que no se puede hacer es seguir replicandolo después de 200 años sin cambiar nada, y ahora una parte de la teoría de la reproducción social está volviendo a una visión ortodoxa, para mí eso es incomprensible.

Muchas feministas italianas de los años 70, como Maria Rosa Dalla Costa en Poder Femenino y subversión social, tenían la estrategia de ensanchar las categorías de lo que es lo «productivo», la «explotación» o el «valor» para incluir el trabajo históricamente feminizado. Aunque también hay otros autoras y autores hoy en día que sostienen que tiene sentido distinguir entre esferas, por ejemplo, la distinción entre explotación (de trabajo asalariado) y apropiación (de trabajo no asalariado).

No me entusiasma ni me interesa realmente este tipo de trabajo académico, porque creo que lo que hacemos intelectualmente tiene que estar siempre relacionado con la vida normal, la vida que vivimos. Debemos obtener algo provechoso de lo que iniciamos y escribimos, de lo contrario es un puro ejercicio intelectual. Es como la diferencia entre opresión y explotación: siempre es una forma de dividir a la clase. ¿Sólo los asalariados son “explotados”, los demás son “apropiados”? ¿Qué significa esto? ¿Y esta gente cómo ve a los países del sur donde el salario es una relación minoritaria? ¿No están “explotados”? Creo que deberíamos ver estos problemas siempre desde un punto de vista militante. ¿Qué quieren demostrar? ¿Para hacer qué? Tenemos que ser siempre conscientes del mundo, de las demandas, de las urgencias de la gente en todo el mundo, y de sus luchas. También, creo que la lucha de las mujeres por un Salario para el Trabajo doméstico es importante para Latinoamérica, África o Asia porque permite situarnos en la experiencia de la reproducción, porque la producción de mercancías se presenta allí de otra manera que es diferente a la que conocemos aquí.

Sí, entiendo que es un debate de conceptualización y de reconocimiento. La pregunta es qué diferencias encuentras entre estrategias teóricas que afirman, distinguen o critican las nociones de apropiación/explotación, productivo/improductivo, valor/no-valor…. y las estrategias políticas que implican.

Como ya soy mayor atravesé este tipo de debates muchas veces, y la pregunta es: ¿para hacer qué? Esto es lo que perdemos en el trabajo académico, el sentido de lo que estamos haciendo. Yo he estado enseñando en la universidad, conozco muy bien todos esos mecanismos… Aunque por supuesto criticamos la noción de valor, para mí está claro que las mujeres producimos valor. Pero aparte de esto, si considerar al trabajo doméstico como productivo o improductivo no tuviese fuertes consecuencias políticas, a mí no me interesaría en absoluto. El problema son las terribles consecuencias que todo esto tiene en el nivel político. A las mujeres no se nos consideraba un “verdadero sujeto político” y bla bla bla, no formábamos parte de la “composición de clase”, así que estábamos completamente devaluadas como potencial fuerza revolucionaria: esta era la cuestión, no las disquisiciones. Si ellos continuaban con sus elucubraciones a mí me daba igual, nosotras teníamos que trabajar a nivel teórico básicamente por sus consecuencias políticas. Así que la pregunta es ¿a dónde van todos estos análisis políticos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quieren demostrar a la luz de la acción política?

El rechazo feminista del trabajo y la demanda de dinero

Sobre estas distinciones y sus consecuencias políticas, creo que en la tradición del feminismo italiano está muy clara su relación con el rechazo y la crítica del trabajo, que es completamente opuesta con la lógica de la afirmación del honor del trabajo. Y creo que tu libro es original por no afirmar “el trabajo” en general —no utilizas el concepto antropológico de trabajo— sino que utilizas la distinción marxiana de la dualidad del trabajo —concreto y abstracto— que creo que puede abrir la posibilidad de convertir el rechazo del trabajo en un movimiento político.

Al principio del movimiento feminista italiano tomamos esa decisión, porque muchas mujeres dijeron ¡basta! a la cultura masculina, la tradición masculina, la teoría masculina, todo lo masculino… lo rechazamos. Estábamos totalmente en desacuerdo con la afirmación del trabajo, así que asumimos la tradición del rechazo del trabajo. Yo entendía por qué las mujeres llegaban a rechazar lo masculino, pero no compartía esa posición ingenua contra lo masculino. Así que tomamos todo: Marx, Tronti, el operaismo italiano, todo lo que pudiese ayudarnos a analizar nuestra situación. Por supuesto, lo utilizamos cambiándolo, innovando, dando forma a ese instrumento teórico según nuestras necesidades, porque no habríamos ido a ninguna parte desde la concepción ortodoxa, pero sí, nos incluíamos en esa tradición de rechazo del trabajo.

En esta tradición del “rechazo del trabajo” no os centrabais en la demanda de “buenos empleos” o “trabajo decente”, sino en la demanda de dinero.

Exacto. Esta sociedad está profundamente monetizada, y las mujeres no han sido monetizadas. Cuando surgieron las diferentes olas feministas, se rechazaba el pedir dinero, porque las mujeres no utilizaban el concepto de dinero, porque históricamente las mujeres nunca tocaban dinero, su dinero, utilizaban el del marido. Había dificultades para que las mujeres entendieran esta estrategia, para ellas existía el riesgo de ser capturadas por la lógica masculina. También hay que decir que para nosotras era importante la cuestión de la composición de clase. Siempre vimos a los hombres como posibles aliados en la lucha, aliados necesarios, porque las mujeres solas no van a ninguna parte, los hombres solos no van a ninguna parte. Teníamos la conciencia de que la clase es un concepto inclusivo, no exclusivo, así que la lógica de “no queremos tener nada que ver con ellos”, no.

La cuestión del reparto del trabajo del hogar con los hombres, en un momento dado parecía ser la estrategia, pero no, no lo era. Pero esto también es comprensible, como decía ayer, porque las mujeres no tenían ninguna preparación, ninguna experiencia ni formación política, y ese era el sentido de El Arcano: construir algo que pudiera ser capaz de dar un instrumento sólido para que las mujeres entendieran su situación.

¿Entonces ves más prioritaria la demanda de dinero desde el punto de vista de la independencia de las mujeres?

El hombre va al mercado de trabajo y se representa a sí mismo como trabajador libre. Vende su fuerza de trabajo y recibe dinero por el trabajo que hace. Esto implica la capacidad del hombre de tener una independencia económica personal. Por supuesto, todo depende del capital en el sistema capitalista, pero hay un margen, esta libertad del trabajador tiene esta característica: tener dinero da a las personas una capacidad o potencialidad de expresar su voluntad. “Quiero comprarme un coche, me compro un coche, quiero comprarme un televisor, pues me lo compro, quiero viajar, pues viajo». Marx habla de ello. Todo eso dentro de los límites de tu salario, por supuesto no puedes hacer cualquier cosa. Debemos ser trontianos, ver a la clase obrera como el motor del cambio social. En nuestra cultura, muchas cosas buenas aunque tienen una cara capitalista, también tienen una cara de agencia de los trabajadores. Ellos producían estos cambios sociales, pero las mujeres no podían. Así que las mujeres tienen la necesidad prioritaria de tener dinero para ejercer esta voluntad: si tu marido es violento, tienes que tener tu dinero para coger a los niños e irte lejos. Si no tienes este dinero, no puedes decidir nada sobre tu vida personal. En este sentido, éramos mucho más dependientes, no sólo del capital sino también de los hombres.

Entonces toda la lucha sobre la vivienda u otras formas de riqueza que son una forma de salario indirecto, son importantes, pero necesitamos primero el salario directo. Como mujeres tenemos que organizar una lucha muy fuerte sobre el dinero, con toda la gente que también esté en nuestra misma condición.

Una versión extendida de esta entrevista salió en la Revista Sociología del Trabajo.

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