El caso de Badalona, con la estrategia del alcalde Xavier García Albiol, ejemplifica esta deriva: el desalojo del asentamiento del antiguo instituto B9 y el cierre del único albergue municipal no buscan resolver el problema, sino capitalizarlo políticamente mediante un discurso que deshumaniza, criminaliza y moviliza el miedo como herramienta de poder. Y, desgraciadamente, así consolida a su público.

¿Invisibles o sin derechos?

Las referencias a la invisibilidad de las personas sin hogar son frecuentes en la prensa y en las campañas de las organizaciones sociales. Se parte de la premisa de que son invisibles para la sociedad, de que caminamos sin apenas mirarlas, y se denuncia la pérdida de empatía, puesto que dejar de verlas es una decisión social y una muestra de indiferencia o rechazo. Estas narrativas utilizan la invisibilidad como metáfora, la contraponen a la dignidad y suelen terminar con un llamado a no desviar la mirada y escuchar a quienes malviven en la calle. Sin embargo, ha sido precisamente la visibilidad de estas personas lo que ha motivado reacciones institucionales en forma de políticas asistenciales o de orden público. En las ciudades europeas, la gestión del vagabundeo y el control de transeúntes fueron funciones fundamentales de los cuerpos policiales modernos desde sus orígenes. En España, hasta finales del siglo XX, las administraciones locales consideraban la exclusión residencial extrema una cuestión de seguridad y convivencia, dejando la provisión de alojamiento temporal y la gestión de albergues en manos de organizaciones religiosas.

En las ciudades europeas, la gestión del vagabundeo y el control de transeúntes fueron funciones fundamentales de los cuerpos policiales modernos desde sus orígenes

A pesar de la cantidad de recursos movilizados durante los últimos 20 años para facilitar alojamiento temporal a las personas sin techo y a las familias que pierden su vivienda habitual, el número de personas en situación de calle, en asentamientos informales de chabolas y caravanas, y en otras formas de infravivienda, no ha dejado de crecer en Europa. Albergues, centros residenciales y pensiones pagadas por los servicios sociales no compensan los estragos de un mercado de vivienda que excluye cada vez a más gente, de un submercado irregular de habitaciones con precios desorbitados y de un modelo migratorio europeo que coloca a millones de personas en riesgo de exclusión o directamente en situaciones de miseria. Por más necesarias que sean, las políticas focalizadas en atender, asistir y ofrecer oportunidades a quienes sufren las peores consecuencias de estos problemas estructurales no generan rentabilidad electoral. No se visualiza el efecto de la inversión realizada, ya que más servicios no se traducen en una reducción de la exclusión ni del sinhogarismo. Los gobiernos locales que las impulsan o las sostienen difícilmente obtienen resultados en forma de estadísticas oficiales que puedan lucir en los titulares de prensa. Es lo que tiene eso de contener una hemorragia con una tirita.

La indiferencia está mutando en un renovado interés por volver a situar la miseria urbana en la agenda política y mediática

Y en este contexto, la indiferencia está mutando en un renovado interés por volver a situar la miseria urbana en la agenda política y mediática. La ineficacia de las políticas asistenciales para reducirla está siendo aprovechada para cosechar votos a golpe de situar a “los sin techo” al mismo nivel que la suciedad y la delincuencia, y de convertir la infravivienda en un peligro para los vecindarios. Las propuestas que criminalizan a quienes sufren de forma más descarnada la crisis de accesibilidad a la vivienda y el modelo racista de control migratorio son más simples que las largas explicaciones sobre las causas estructurales del desborde de los servicios sociales. La campaña global para relacionar migraciones con inseguridad y culpabilizar a los migrantes de todo problema social genera el contexto idóneo para que cultivar odio lleve a cosechar votos.

Badalona: diciembre de 2025

En Badalona, Xavier García Albiol ha adoptado una estrategia de visibilización del sinhogarismo para consolidar el apoyo de los barrios populares de su ciudad. Las políticas impulsadas por el edil popular no han sido indiferentes a la evolución del problema, sino todo lo contrario: han utilizado el crecimiento de la pobreza y el sinhogarismo sembrando el rechazo y el miedo con el objetivo de consolidar los votos de los barrios más empobrecidos.

Un amplio dispositivo policial dejó a 250 personas a la intemperie, frente a la bajada de temperaturas y la proximidad de fuertes lluvias

Tras cinco años en la oposición, García Albiol alcanzó el gobierno municipal de la tercera ciudad más poblada de Catalunya en los comicios del 23 de mayo del 2023, e inició en seguida un procedimiento judicial para desalojar las instalaciones del antiguo instituto de secundaria B9, ocupado en ese momento por unos dos centenares de personas, la mayoría de ellas migrantes procedentes de países africanos que residían en el complejo para no vivir en la calle. Un año después de su elección, también cerraba el albergue de Can Bofí Vell, un centro con 45 plazas que constituía el único equipamiento público que ofrecía alojamiento temporal a personas en situación de calle. El procedimiento para desalojar el B9 llevó a una sentencia judicial y a subsiguiente ejecución del desahucio el pasado 17 de diciembre. En el B9 habían llegado a vivir más de 400 personas, aunque muchas de ellas fueron abandonando el recinto ante la inminencia del desalojo. Finalmente, un amplio dispositivo policial dejó a 250 personas a la intemperie, frente a la bajada de temperaturas y la proximidad de fuertes lluvias.

Los asentamientos irregulares son una realidad incómoda que crece como el resto de formas de exclusión residencial

Más allá de las abultadas cifras, la situación del recinto de Badalona no es muy distinta de otras muchas vividas en ciudades de la misma Área Metropolitana de Barcelona. Los asentamientos irregulares en solares y cañadas, inmuebles industriales o equipamientos públicos abandonados son una realidad incómoda que crece como el resto de formas de exclusión residencial. En la mayoría de estos enclaves de infraviviendas encontramos a personas migrantes que prefieren agruparse y asegurarse un refugio colectivamente que sobrevivir aisladas en las calles. Aunque permanecer en ellos conlleva un nivel de exposición similar al que sufren las personas que pernoctan a la intemperie. Las motivaciones del procedimiento iniciado por el consistorio dirigido por Albiol son las mismas que se han utilizado una y otra vez para desalojar asentamientos de chabolas en Barcelona y otras ciudades: se identifican situaciones insalubres y peligrosas en el lugar que generan riesgos para sus ocupantes y para el vecindario que, formalmente, justifican la expulsión. Pero la decisión suele depender de otras variables como las quejas vecinales o el miedo al crecimiento de esto enclaves. Se desaloja sabiendo que solamente se está desplazando a la gente de un lugar a otro y con la convicción de que cuanto más consolidada esté la ocupación más difícil será disolverla.

Se desaloja sabiendo que solamente se está desplazando a la gente de un lugar a otro

La jueza que autorizó el desalojo del B9, lo condicionó a que los servicios sociales de la ciudad ofrecieran alojamiento alternativo a sus ocupantes. Lo habitual en estas circunstancias hubiera sido que el Ayuntamiento ofreciera algunas noches en una pensión a las personas desalojadas o, al menos, a una parte de ellas. Ya sea para iniciar una intervención social, para cumplir con las sentencias, o para evitar la escena de centenares de individuos (a veces familias con menores de edad) durmiendo en la acera, los municipios suelen movilizar recursos (siempre insuficientes) para facilitar habitaciones y espacios seguros y calientes durante unos pocos días.

En estas condiciones, poner a cuatrocientas personas en la calle de un día para otro sería un enorme problema comunicativo para otros gobiernos municipales. Pero en Badalona, donde el PP gobierna con una mayoría aplastante y en la que VOX no logró ni un solo edil en las elecciones de 2023, cerrar albergues y cargar contra okupas no solo no resta apoyos sino que los suma. Lejos de incomodarse por la visibilidad que la ejecución del desalojo ha dado de repente a la miseria y la exclusión residencial, Garcia Albiol ha utilizado el evento para su estrategia de comunicación política erigiéndose en el defensor de los vecindarios más empobrecidos de Badalona frente a la amenaza interior encarnada por cuatro centenares de migrantes africanos a los que ha señalado repetidamente como “gentuza” peligrosa para la convivencia y la seguridad en su ciudad. En el momento del desalojo declaró que no iba «a gastar ni un euro en dar vivienda a los okupas». Cuando algunos de los desalojados ocuparon el albergue municipal en desuso desde 2023, se dirigió a un grupo de vecinos que en plena calle llamaban a quemar el edificio. Les pidió tiempo para solucionar el problema él mismo y les recordó que todo quedaba grabado, que debían ser prudentes ante posibles consecuencias legales si esa misma noche «pasaba algo».

Desmitificar al enemigo interno

Hace unos años, estas declaraciones hubieran tenido un alto coste político incluso en boca de la derecha. Hoy, la campaña global para culpabilizar a la población migrante de los problemas causados por las desigualdades sociales y la acumulación de capital hace posible que la incitación al odio desde las instituciones públicas resulte una estrategia efectiva para captar el voto popular. Los términos en los que Albiol se refiere a los desalojados buscan anestesiar la empatía que surge de ver a centenares de personas con sus objetos personales en la calle en medio de una alerta meteorológica por frío y lluvia. Los dibuja como enemigos de la convivencia en su ciudad, delincuentes o potenciales delincuentes que ponen en riesgo la seguridad del vecindario.

El desalojo expone el conflicto, lo sitúa en medio de la calle y visibiliza las dificultades que impone no disponer de vivienda

Un dispositivo policial de 20 furgonetas y de más de 100 agentes de la Guàrdia Urbana de Badalona, de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional vigilando de cerca a dos centenares de personas racializadas, la gran mayoría hombres, ofrece imágenes que refuerzan el discurso criminalizador. La permanencia de una parte significativa de ellos en los alrededores del inmueble desalojado, con bolsas, carros y tiendas de campaña, también ha dejado estampas que contribuyen a la percepción de desorden y suciedad que alimenta el miedo y el rechazo. El desalojo expone el conflicto, lo sitúa en medio de la calle y visibiliza las dificultades que impone no disponer de vivienda. El ruido, la ocupación del espacio y los residuos, parecen dar la razón al alcalde porque, circunstancialmente, las molestias de las que se quejaba una parte del vecindario empeoran y justifican discursos todavía más beligerantes.

Ahí radica la importancia de algunas de las reacciones a la crisis del B9 en Badalona. Al otro lado de la política de crueldad desplegada por García Albiol está la capacidad organizativa de los ocupantes del instituto, su gestión de la salida, las estrategias que desarrollaron para minimizar el conflicto con los vecinos en las largas noches al raso de diciembre. También existieron las solidaridades que se pusieron en marcha para facilitar recursos materiales, alojamiento y apoyo político y legal a sus ocupantes, además de la movilización de las entidades sociales y otras administraciones.

La turba de “chusma peligrosa” a la que se pretende reducir la población migrante que ocupaba este u otros espacios abandonados no existe. En el transcurso del desalojo, las noches de lluvia vividas en la plaza cercana al inmueble y el posterior traslado de varias decenas de personas debajo del puente de la autovía C31, se han evidenciado las redes de apoyo mutuo, las solidaridades y la capacidad de organización de los desalojados. El B9 no solo proporcionaba cobijo, también era un espacio de búsqueda colectiva de estrategias para no quedar aislados y en la calle. Entre las actuaciones para encontrar un refugio alternativo destaca la brillante idea de ocupar el albergue cerrado por el propio Albiol hace dos años, aunque finalmente duró pocos días. La oposición al desalojo y las resistencias a abandonar Badalona han sido una respuesta política de una parte de ellos contra el fomento institucional del odio.

El B9 no solo proporcionaba cobijo, también era un espacio de búsqueda colectiva de estrategias para no quedar aislados y en la calle

Aunque la voz del Ayuntamiento y de los vecinos que lanzaban amenazas e insultos haya tenido un relevante impacto mediático, la solidaridad de ciudadanos del mismo municipio y del resto del Área Metropolitana ha generado nuevos vínculos entre movimientos vecinales y personas migrantes. No solamente se han facilitado recursos materiales como sacos de dormir, comida o tiendas de campaña, también se ha alojado a las personas más frágiles y a las que caían enfermas en casas particulares y se ha prestado asesoramiento jurídico y laboral, apoyándose en la labor de algunas organizaciones que ya realizaban estas actividades antes del desalojo.

¿Políticas alternativas?

Las organizaciones de acción social han dispuesto recursos propios para suplir la deliberada dejadez del Ayuntamiento, ofreciendo alternativas de alojamiento temporal y denunciando la falta de recursos dedicados a políticas sociales y de lucha contra la exclusión. Del mismo modo, la Generalitat de Catalunya también ha movilizado recursos para atender a las personas más frágiles, y también para acompañar la regularización de las personas que cumplen con los requisitos para iniciar procesos de arraigo. Pero el principal problema para contrarrestar la promoción del odio desde los cargos públicos es la falta de propuestas alternativas.

Reivindicar el derecho de quienes viven situaciones de exclusión a recibir atención social digna solo tiene sentido si se cuestiona el modelo de gestión migratoria y la mercantilización de la vivienda

Mientras la derecha saca rédito político de visibilizar la miseria urbana y cargar con descaro contra migrantes y personas sin techo, administraciones gobernadas por otros colores políticos lleva a cabo actuaciones que buscan reducir los daños en un relativo silencio. Incluso con cierta incomodidad. Y no solo es así en medio de la vorágine informativa de este macro desalojo. Las políticas sociales no dan votos porque resultan insuficientes para unos, “buenistas” para otros, e ineficaces para todos. Frente al éxito de la derecha global para descalificar, erosionar y destruir los servicios públicos, la izquierda institucional trata de defender los servicios de carácter universalista (sanidad, educación, pensiones) pero no está mostrando ninguna capacidad para defender los que ofrecen cuidados y apoyo a los sectores más empobrecidos de la población.

Garantizar techo, cuidados y derechos aquí y ahora es imprescindible para disputar el marco que convierte la pobreza en amenaza y para desmontar el relato del enemigo interno. Sin embargo, solo tendrá efectos duraderos si se acompaña de políticas que desmercanticen la vivienda, cuestionen el actual modelo migratorio y refuercen unos servicios sociales capaces de proteger sin estigmatizar. De lo contrario, la pobreza seguirá siendo el terreno fértil donde la extrema derecha siembra miedo y recoge votos, mientras la democracia se vacía de contenido social.

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Exigir penas más duras y un mayor control policial mientras se culpa a la población migrante de un aumento sin precedentes de la criminalidad se ha convertido en uno de los principales recursos electorales de la extrema derecha, al tiempo que está marcando el ritmo de la agenda política de los países occidentales.

En julio de 2024, Alberto Núñez Feijóo relacionaba explícitamente migraciones con delincuencia: «Solidaridad sí, pero seguridad también». Ante la posibilidad de que el ejecutivo español obligase a las comunidades autónomas a acoger a menores de edad en situación de desamparo, llegados a las costas canarias en cayuco, el líder del Partido Popular afirmaba que hay que ser solidarios con quien llega «porque se ha jugado la vida», pero también hay que pensar que «los españoles tienen derecho a salir a la calle con seguridad». Frente al drama de miles de personas que mueren en las aguas del Atlántico y del Mediterráneo, el líder del principal partido de la oposición vinculaba migraciones con delincuencia, normalizando nuevamente discursos que hasta hace poco solamente expresaban de forma explícita los grupos de ultraderecha.

El éxito de esta combinación entre populismo punitivo y la radicalización xenófoba no tiene relación alguna con la evolución de la criminalidad. Los argumentos son los mismos en países que han visto aumentar sensiblemente los hechos delictivos y en otros, como el Estado español, que han gozado de cierta estabilidad y de tasas de criminalidad relativamente bajas durante la última década. La preocupación por el delito y la inseguridad ha colonizado las agendas políticas y mediáticas de los países europeos, a la vez que las propuestas para defender a los votantes del crimen se han convertido en una pieza fundamental de las campañas electorales. La centralidad de la política criminal no es nueva ni atribuible al auge de la extrema derecha; tiene su origen en el giro punitivista que arranca en los años ochenta en el Reino Unido y en los Estados Unidos.

En España, el populismo punitivo se agita desde la década de 1990 pero, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos como Francia, no se vinculaba hasta hace pocos años con el miedo y el rechazo a la población inmigrante. Inspirada, sin embargo, en la estrategia exitosa de grupos ultra de otros países, la extrema derecha española ha incorporado la identificación entre delincuencia y migraciones a su discurso, así como al debate político y mediático. A continuación se presenta una breve genealogía del populismo punitivo y sus ejes discursivos en este país, se analiza la introducción de la agenda punitivista en España, al igual que la rápida y reciente construcción del vínculo entre punitivismo y radicalización xenófoba. Seguidamente se contraponen los discursos del alarmismo securitario y de la culpabilización de las personas migrantes con los datos recientes. Y, por último, se plantean algunas reflexiones y propuestas a modo de conclusión.

El populismo punitivo: miedo y control

A finales de la década de 1990, Bottoms¹ advertía del giro punitivo de los discursos políticos sobre seguridad y penalidad. Utilizaba el término populismo punitivo para nombrar el fenómeno según el cual las políticas penales se orientan al endurecimiento de las penas para responder a presiones políticas ignorando la evidencia empírica.² A principios de los años dos mil autores como David Garland³ o Loïc Wacquant⁴ describían el cambio de enfoque de las denominadas sociedades occidentales con relación al control del crimen y a la justicia penal iniciado en los años setenta. Estas transformaciones, analizadas con detalle en Estados Unidos y en Reino Unido, han tenido un impacto global, marcando la agenda de la política partidista y de las políticas públicas en contextos muy distintos.

Las causas de este giro son múltiples pero están todas íntimamente relacionadas. Por un lado, las transformaciones en la estratificación social asociadas a la globalización han supuesto un aumento de las desigualdades, la pobreza y el desempleo. Por otro, a partir de los años cincuenta se registra un cierto crecimiento de las actividades delictivas en las ciudades, lo que alimenta las críticas a las políticas penales de inspiración rehabilitadora. En el plano cultural, las reacciones conservadoras a las revoluciones de finales de los años sesenta cambiaron la percepción social del delito: se descalificaron las explicaciones estructurales y complejas de la criminalidad tachándolas de «justificaciones sociales del crimen», al tiempo que se articuló un discurso individualista, según el cual los delincuentes son seres egoístas e inmorales que actúan contra los intereses legítimos del resto de la sociedad. Los hurtos, los atracos o el tráfico de drogas ya no se consideraban así resultado de la marginación y la pobreza, sino de un comportamiento racional antisocial.⁵

En este marco, el populismo punitivo surge como una estrategia política consistente en utilizar el derecho penal para obtener réditos electorales, asumiendo la premisa de que el aumento de la severidad de los castigos implica la reducción de los delitos.⁶ En la estela de esta estrategia, los decisores políticos lanzan y aprueban propuestas de endurecimiento de las condenas para dar una respuesta inmediata y aparentemente sencilla a preocupaciones sociales como crímenes de gran repercusión mediática o el miedo por el incremento de actividades delictivas protagonizadas por multirreincidentes. La renovada fe en el sistema penal como herramienta de control social y de solución a problemas de interés público está íntimamente ligada a las transformaciones socioeconómicas del último tercio del siglo xx y se concreta en tres aspectos clave: la transformación del papel asignado socialmente a la cárcel, la magnificación de la importancia de la opinión de las víctimas y el uso electoralista del miedo y de la percepción de inseguridad.

El uso electoral del miedo y de la percepción de inseguridad

Ante el desprestigio de la política (y de los políticos), ofrecer respuestas concretas a hechos impactantes se ha convertido en una herramienta dirigida a seducir al electorado. Las respuestas a las inseguridades provocadas por el aumento de la pobreza y la precariedad son percibidas como insuficientes y la mayoría de los partidos políticos se concentran en miedos para los que ofrece una receta sencilla y fácilmente comunicable. Aparentemente, es más fácil proponer incrementos de efectivos en los cuerpos de seguridad o modificaciones normativas calificadas según la idea de la mano dura ante el delito y el incivismo, que debatir acerca de políticas sociales, laborales o de vivienda.

El discurso del populismo punitivo mezcla asesinatos, violencia sexual o terrorismo con la delincuencia del día a día y la percepción de inseguridad. La preocupación por la llamada delincuencia común no solamente se expresa en las reformas legislativas, sino que también ha comportado la adopción y la normalización de las llamadas políticas de «tolerancia cero». Este término se popularizó a partir de la publicidad internacional de la estrategia del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, entre 1995 y 2000. El foco de la política «anticriminal» de Giuliani consistía en el acoso permanente a las personas más empobrecidas visibles en los espacios públicos. Mediante la intensificación de la presencia de policía uniformada, William Bratton, el jefe del Departamento de Policía de Nueva York (nypd), se propuso luchar contra realidades tan diversas como la compra y la venta de drogas a pequeña escala, la prostitución, el sinhogarismo, los grafitis, etc., a la vez que se refería a las personas involucradas como «parásitos» sociales (squeegee pest).

En cinco años, el número de efectivos del nypd aumentó en 12.000 agentes (un 26 % del total), mientras que disminuía en 8.000 el número de trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales. El descenso de la criminalidad en la ciudad se atribuyó a la agresiva política de persecución, a la vez que think tanks, como la Heritage Foundation o el Manhattan Institute, convertían a William Bratton en una celebridad de la criminología conservadora a escala internacional. En su ofensiva publicitaria olvidaron intencionadamente que otras ciudades como Boston o San Diego experimentaron una reducción de la criminalidad similar a la de Nueva York, si bien con estrategias basadas en la mediación y sin incrementar el número de agentes uniformados que patrullaban las calles. También obviaron que el descenso de la criminalidad se inició tres años antes del nombramiento de Giuliani y del inicio de sus políticas.⁷

La expansión (y el éxito) de los discursos políticos y mediáticos de tolerancia cero ha tenido importantes consecuencias sobre la percepción social de los mecanismos de control y castigo del delito. Estos discursos parecen dar a entender que se puede combatir y reducir la delincuencia sin considerar sus causas; vinculan problemas como la suciedad, el ruido o la visibilidad de la pobreza en la calle con la delincuencia; y convierten a los cuerpos policiales en los encargados de solucionar un interminable abanico de problemas enmarcados en el difuso ámbito de la convivencia.⁸

Al vehicular las reacciones a las inseguridades y las molestias percibidas por los vecindarios a través de los cuerpos policiales, se desplaza la responsabilidad del cuidado de las relaciones sociales y comunitarias hacia una autoridad externa especializada en el control. Se establece así una lógica de queja-respuesta, a la que se piden soluciones inmediatas sin necesidad de interacción entre las partes en conflicto. Las quejas que movilizan los recursos policiales suelen focalizarse sobre los individuos que generan incomodidad y que son más visibles y están más presentes en las calles. Controlar la actividad de jóvenes, personas sin techo o grupos de personas que se reúnen en el espacio público debido a la precariedad de sus viviendas, acaba convirtiéndose en una exigencia por parte de los vecinos y vecinas hacia las administraciones públicas, personificadas en los agentes de policía.

La cárcel: eje central del punitivismo

Si en algún momento del siglo pasado había quien defendía que las sociedades humanas acabarían superando el uso de la reclusión como respuesta a la transgresión de las normas, hoy en todo el mundo vemos a la cárcel convertida en el eje de los mecanismos de control penal.⁹ La mayoría de las voces expertas atribuyen el crecimiento del número de internos penitenciarios en mayor medida a transformaciones en las políticas penales que a un aumento de la delincuencia.¹⁰ El incremento más espectacular de población reclusa se ha producido en Estados Unidos, donde esta pasó del medio millón de personas a más de dos millones entre 1980 y 2008. La inmensa actividad del sistema penitenciario norteamericano ha dado lugar a lo que la profesora Angela Davis denomina el «complejo industrial carcelario»: un entramado de intereses económicos y corporativos que se alimenta del hecho de que las cárceles se hayan convertido en una pieza fundamental de la gobernabilidad de los malestares de las sociedades posindustriales.¹¹

Pero Estados Unidos solo ilustra una tendencia común en las llamadas sociedades occidentales. La pérdida de confianza en la función rehabilitadora de las cárceles no ha llevado a cuestionar la utilidad de la reclusión; en lugar de preguntarnos si encerrar durante largos periodos de tiempo a quienes cometen delitos en enormes instalaciones en las afueras de las ciudades tiene algún efecto reeducativo, hemos asumido acríticamente que encarcelando a más gente viviremos más tranquilos. Se espera que las instituciones penitenciarias trasladen al delincuente el rechazo y el deseo de venganza de la sociedad y que mantengan controlados a los individuos peligrosos con el fin de preservar la seguridad del resto de la ciudadanía.¹²

La evidencia empírica muestra, sin embargo, que la intensidad o duración de las penas no tienen un impacto disuasorio sobre la comisión de delitos. Por lo general, el delincuente potencial no considera en el cálculo de costes y beneficios la dureza del posible castigo.¹³ De hecho, en la mayoría de las ocasiones desconoce el marco legislativo y los posibles cambios que se han ido introduciendo. Lo que sí considera son las oportunidades de violar las normas sin ser detenido y procesado; por eso la vigilancia o las políticas preventivas resultan más eficaces que las medidas punitivas.¹⁴

Para justificar la preponderancia de la función retributiva del sistema penal, los discursos del populismo punitivo convierten la relación entre las víctimas y los delincuentes en un juego de suma cero. Cualquier cuestionamiento de la utilidad de mantener en la cárcel a los causantes del dolor ajeno se considera un insulto hacia sus víctimas.¹⁵

El supuesto interés de las víctimas pasa así por encima del interés común. Se asume que todas ellas comparten un mismo deseo de venganza; la severidad del castigo se presenta como parte de su compensación y los posibles beneficios penitenciarios para los penados parecen un agravio para el conjunto de la sociedad. Se exige así más prisión y durante más tiempo, con independencia de la evidencia empírica que pone en cuestión que la duración de las condenas tenga relación alguna con las probabilidades de reincidencia. Como señala David Garland, antes de los años ochenta era impensable que personas con responsabilidades políticas en las democracias occidentales manifestaran públicamente su apoyo a la venganza institucional o al castigo expresivo del delito por parte del Estado, pero la instrumentalización del sufrimiento ha permitido normalizar la visceralidad en los debates públicos sobre crímenes y penas.¹⁶

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1. A. Bottoms, «The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing», en C. Clarkson y R. Morgan (eds.), The Politics of Sentencing Reform, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 17-49. ↩︎
2. Tomislav Kovandzic, John J. Sloan III y Lynne M. Vieraitis, «“Striking out” as crime reduction policy: the impact of “three strikes laws” on crime rates in us cities», Justice Quarterly, núm. 21(2), 2004, pp. 207-239. ↩︎
3. David Garland, The Culture of Control, Oxford, Oxford University Press, 2001. ↩︎
4. Loïc Wacquant, Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona, Gedisa, 2010. ↩︎
5. Elena Larrauri, «Populismo punitivo… y cómo resistirlo», Revista Jueces para la democracia, núm. 55, 2006, pp. 15-22. ↩︎
6. Juan Antón-Mellón, Gemma Álvarez y Pedro Rothstein, «Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas», Revista Española de Ciencia Política, núm. 43, 2017, pp. 13-36. ↩︎
7. Loïc Wacquant, op. cit. ↩︎
8. Pedro Oliver et al., «Ciudades de excepción. Burorrepresión e infrapenalidad en el estado de seguridad», en Sergio García y Débora Ávila (coords.), Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control social, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015, pp. 229-251. ↩︎
9. Ben Crewe, The prisoner society. Power, adaptation and social life in an english prison, Oxford, Oxford University Press, 2012. ↩︎
10. Loïc Wacquant, op. cit. ↩︎
11. Angela Davis y David Barsamian, The Prison Industrial Complex, Oakland, ak Press, 1999. ↩︎
12. Tapio Lappi-Seppälä, «Explaining Imprisonment in Europe», European Journal of Criminology, vol. 8(4), 2011, pp. 303-328. ↩︎
13. Marta Nelson, Samuel Feineh y Maris Mapolski, A New Paradigm for Sentencing in the United States, Nueva York,Vera Institute of Justice, 2023. ↩︎
14. Elena Larrauri, op. cit. ↩︎
15. Jose Luís Díez-Ripollés, «El Nuevo Modelo de Seguridad Ciudadana», Revista Jueces para la Democracia, núm. 49, 2004, pp. 25-42. ↩︎
16. David Garland, The Culture of Control, Oxford, Oxford University Press, 2001. ↩︎

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Las propuestas en materia de seguridad obvian las causas profundas de la delincuencia para centrarse en medidas intimidatorias que supuestamente favorecen el desistimiento: más control policial y penas más duras

A partir de los años 80 del pasado siglo, los consensos alrededor de los objetivos rehabilitadores del sistema penal empezaron a perder terreno rápidamente frente a propuestas punitivas para combatir la criminalidad. Las causas de este giro estaban íntimamente interrelacionadas. El crecimiento de las desigualdades, la extensión de la pobreza y del desempleo y el aumento de hechos delictivos relacionados con el consumo de algunas drogas, propició la pérdida de confianza en las instituciones de control y castigo por ineficaces. En paralelo, la reacción conservadora a las revoluciones de finales de la década de 1960 comportó un cambio en la percepción social de los delitos descalificando abiertamente las explicaciones estructurales y complejas de la criminalidad, tachándolas de “justificaciones sociales del crimen” e introduciendo un discurso individualista según el cual los delincuentes son seres egoístas e inmorales que actúan contra los intereses legítimos del resto de la sociedad. Siguiendo este razonamiento, los hurtos, los atracos o el tráfico de drogas ya no se verían como resultado de la marginación y la pobreza, sino como un comportamiento egoísta y racional de determinados individuos, sin mirar a su contexto. En consecuencia, las propuestas en materia de seguridad obvian las causas profundas de la delincuencia para centrarse en medidas intimidatorias que supuestamente favorecen el desistimiento: más control policial y penas más duras.

El “populismo punitivo” es el uso del derecho penal para obtener réditos electorales y, aunque nace en los Estados Unidos ligado a las transformaciones socioeconómicas de las décadas de los 70 y los 80, se extiende por los países occidentales como un elemento fundamental del catálogo neoliberal. El auge del populismo punitivo se concreta en la transformación del papel asignado socialmente a la cárcel, la magnificación de la importancia de la opinión de las víctimas y la politización y el uso electoralista de la percepción de inseguridad.

En España, la implantación del Código Penal de 1995, que venía a derogar el código franquista con casi dos décadas de retraso, introdujo algunos elementos que, de facto, extendieron la duración de las penas. Las reformas penales impulsadas por el Partido Popular en 2003 aumentaron todavía más los tiempos medios de reclusión penitenciaria y el número de conductas penadas. Estas reformas daban respuesta a un incremento de la tasa de delincuencia que había sido aprovechado por un PSOE en la oposición para atacar al gobierno atribuyéndole la ola de criminalidad “más grave de la historia de España”. Los dos principales partidos del Parlamento habían entrado de lleno en la lógica del endurecimiento de las penas para responder a las preocupaciones de la opinión pública y recabar votos. En los años posteriores, la estrategia partidista incorporó en el debate punitivista la utilización de las víctimas de casos especialmente repulsivos. Un ejemplo paradigmático de ello fue el caso de Marta del Castillo que introdujo el PP para convertir en una necesidad el endurecimiento de penas de la reforma penal de 2015.

La gestión de la escasez neoliberal requiere identificar culpables y “el inmigrante” es un culpable ideal desposeído de derechos políticos y siempre sospechoso

En los últimos años, la unión del populismo punitivo y el discurso xenófobo ha resultado de gran provecho para la extrema derecha. De hecho, su auge se apoya simultáneamente en el alarmismo securitario y la radicalización xenófoba: ofrece respuestas simples a cuestiones tan complejas como el delito mientras promete al electorado el retorno a un pasado mítico de prosperidad, paz social y sociedades culturalmente homogéneas. Si la sensación de abundancia de los 50 y los 60 facilitaba la confianza en paradigmas rehabilitadores para luchar contra el delito, la gestión de la escasez neoliberal requiere identificar culpables y “el inmigrante” es un culpable ideal desposeído de derechos políticos y siempre sospechoso de aprovecharse de ayudas sociales o de estar al acecho para obtener recursos de actividades delictivas. De ahí que se haya popularizado hablar del “problema de la inmigración”.

Pero si algo tienen en común el populismo punitivo y la radicalización xenófoba es que proponen soluciones de dudosa efectividad para los problemas que identifican. Ni el endurecimiento de los códigos penales reduce la delincuencia, ni las políticas migratorias más restrictivas reducen los flujos migratorios o el volumen de población residente en situación de irregularidad. Lo que sí consiguen es justificar el aumento de la capacidad represiva del Estado y precarizar todavía más las vidas de la población migrante.

El populismo punitivo aparca cuestiones fundamentales para la construcción de la seguridad y logra poner en duda la garantía de derechos en favor de las pulsiones vengativas y de las ansias de control

El populismo punitivo aparca cuestiones fundamentales para la construcción de la seguridad y logra poner en duda la garantía de derechos en favor de las pulsiones vengativas y de las ansias de control. La alternativa a estos discursos no es negar el derecho a que las personas se sientan seguras sino impulsar políticas que realmente generen seguridad. Los barrios más seguros son aquellos en los que la gente, venga de donde venga, se conoce, interactúa y tiene proyectos y objetivos en común. Luchar contra los desahucios y las movilidades forzosas, la precariedad, la pobreza, la falta de tiempo y el deterioro de las redes sociales y comunitarias, genera seguridades. Y también desdibuja las fronteras entre la llamada población autóctona y la migrada. O, lo que es lo mismo, entre las diferentes olas migratorias. Porque, al fin y al cabo, todas y todos venimos de algún otro lugar.

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