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Este artículo analiza una tendencia creciente en los movimientos sociales hacia el punitivismo, entendido como la demanda de más leyes, penas más duras y un fortalecimiento del sistema penal como solución a diversas formas de violencia. Aunque estas demandas puedan surgir de la legítima necesidad de proteger a grupos históricamente vulnerabilizados, paradójicamente fortalecen al Estado que perpetúa las condiciones estructurales que generan dichas violencias. Para enfocar esta cuestión utiliza la aprobación de la Ley del solo sí es sí y los delitos de odio. Además, se cuestiona la instrumentalización de la víctima y la criminalización individual como estrategias despolitizadoras que desvían la atención de soluciones colectivas y estructurales.
