No se trata de un acto aislado, sino del inicio de una creciente ofensiva social provocada por la grave crisis de vivienda asequible que afecta a España y buena parte del mundo, especialmente en el mercado de alquiler, donde predominan viviendas caras, precarias y de mala calidad. Los sindicatos de inquilinas han dejado claro que, si las instituciones no pueden o no quieren proteger el derecho a la vivienda, los inquilinos están dispuestos a tomar las riendas. Al final de la manifestación, plantearon la posibilidad de una huelga de alquileres: “no nos dejan otra alternativa,” aseveró la portavoz Carme Arcarazo.

Tras la crisis financiera de 2008, los propietarios corporativos y fondos de inversión han adquirido un papel central en la estructura de propiedad residencial española

Los lobistas del sector inmobiliario argumentan que, además de provocar un apocalipsis económico, una acción de este tipo sería injusta, ya que afectaría a pequeños propietarios que dependen de estos ingresos. Sin embargo, las dinámicas del mercado de vivienda no están dominadas por pequeños caseros. Tras la crisis financiera de 2008, los propietarios corporativos y fondos de inversión han adquirido un papel central en la estructura de propiedad residencial española. Según los datos catastrales, entre el 2008 y el 2021, el 51% de las altas de bienes inmuebles de uso residencial en España han sido de personas jurídicas. En España, solo diez propietarios suman más de 200.000 inmuebles. En ciudades como Barcelona, el 37% del parque de vivienda en alquiler pertenece a rentistas con más de diez inmuebles. Esta concentración de la propiedad ha permitido a los grandes propietarios configurar las condiciones del mercado y torcer las políticas públicas a su favor durante una década como mínimo.

Algunas experiencias previas

Cualquier debate ético o estratégico sobre una hipotética huelga de alquileres debe considerar sus posibles impactos. No se trata de una acción inédita: existen varios precedentes históricos que sirven para valorar su potencial. En Glasgow durante la Primera Guerra Mundial, un aumento brusco en la demanda de mano de obra industrial desencadenó una crisis de vivienda. Los terratenientes urbanos habían aprovechado la llegada de trabajadores para subir los alquileres, mientras los precios de los alimentos también aumentaban de forma considerable. Buena parte de las viviendas estaban en mal estado, lo que afectaba a la salud de los inquilinos, a la vez que sus condiciones económicas.

La Asociación de Mujeres por la Vivienda de Glasgow lanzó una campaña que para mayo del 1915 había sumado a la huelga a 25.000 inquilinos

Como respuesta, la Asociación de Mujeres por la Vivienda de Glasgow lanzó una campaña bien coordinada, que para mayo del 1915 había sumado a la huelga a 25.000 inquilinos. Tal fue su apoyo entre las clases populares que inspiró una ola de huelgas en las fábricas, en las que se exigieron aumentos salariales, además de mejoras en las condiciones de vivienda. Esta presión obligó el gobierno británico a congelar los alquileres a niveles de 1914.

Otro ejemplo ocurrió en Nueva York. Tras la Segunda Guerra Mundial, las políticas federales que promovían la vivienda en propiedad y la suburbanización, en un contexto marcado por la segregación racial, desataron una grave desinversión en los barrios populares de Nueva York, dejando a los inquilinos en viviendas severamente deterioradas. Los caseros más negligentes explotaron estas condiciones para extraer rentas en los barrios de Harlem, Bedford-Stuyvesant y el Lower East Side sin reinvertir en mantenimiento ni en el cuidado más básico de sus edificios.

En el invierno del 1964, las condiciones se habían vuelto intolerables, provocando una huelga de alquileres masiva. Cientos de asociaciones inquilinas retuvieron el pago del alquiler y presentaron en los tribunales pruebas contundentes, como bolsas de ratas muertas, para exigir reparaciones inmediatas. Este movimiento catalizó la aprobación, de la Ley de Huelga de Alquiler del Estado de Nueva York, hoy conocida como el Artículo 7-A. Además de formalizar el derecho a huelga en el ámbito residencial, la ley permitía a los inquilinos asumir legalmente el control de sus propiedades en edificios mal administrados para gestionarlas de forma responsable.

Así que la eficacia histórica de la huelga de alquileres como herramienta de movilización popular y democrática queda demostrada. En el ámbito legal, su carácter garantista de los derechos y libertades civiles también es patente. No obstante, conviene pensar en la proporción de caseros realmente vulnerables a la disrupción económica provocada por una hipotética huelga de alquileres.

Para estos caseros, ¿qué implicaría una huelga de alquileres en España? Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022 muestran que el 16% de los hogares españoles obtienen ingresos por propiedades en alquiler, incluyendo viviendas, locales, solares y aparcamientos. Para simplificar, nos referiremos a estos hogares como minirentistas. Imaginemos el peor escenario posible para estos pequeños propietarios: una huelga salvaje de un año, que se extendiera a toda la propiedad en alquiler, en la que no ingresaran ni un euro bruto por arrendamientos. Aunque el impacto de esta huelga sería diverso, incluso en este escenario, la mayoría de los hogares minirentistas mantendría ingresos notablemente superiores al hogar medio español. De hecho, la mitad seguiría ganando más de 42.200 euros anuales, alrededor de 10.000 euros más que el hogar medio.

Una amplísima mayoría (82%) de estos hogares minirentistas más perjudicados ya tiene pagada la vivienda en la que residen.

En cambio, alrededor de un 14% de los hogares minirentistas caería por debajo del umbral de pobreza, situación que afecta ya a cerca del 35% de los hogares inquilinos. En este sentido, nuestra hipotética huelga salvaje expondría a cerca de un 3% más de los hogares españoles al riesgo de pobreza relativa –situación en la que se encuentran más del 20% del resto de hogares (sean o no propietarios de sus viviendas)–. Eso sí, con una diferencia clave: una amplísima mayoría (82%) de estos hogares minirentistas más perjudicados ya tiene pagada la vivienda en la que residen.

Por tanto, desde una perspectiva de justicia redistributiva, una huelga de alquileres serviría para equilibrar la necesidad de una vivienda digna con las necesidades económicas de los minirentistas. En términos absolutos, la mayor parte del impacto recaería en las grandes corporaciones y multipropietarios, que controlan una proporción significativa de la oferta de vivienda, además de hogares algo más humildes pero que ganan bastante más que la media española. Así que, aunque la huelga implicaría una carga temporal para algunos pequeños propietarios, los beneficios sociales y económicos de los cambios propuestos por los sindicatos de inquilinas beneficiarían a una proporción mayor de hogares sistemática explotados por el status quo.

La sociedad de propietarios es un sistema capilar, un régimen que refuerza una cultura de la propiedad privada

No obstante, el impacto de esta huelga iría más allá de las pérdidas económicas de los rentistas. Como han destacado otros autores, la sociedad de propietarios es un sistema capilar, un régimen que refuerza una cultura de la propiedad privada, arrastrando a una clase creciente de hogares a vincular sus fortunas –su «patrimonio» ilusorio– a dinámicas de mercado volátiles. Así, los minirentistas sirven como “escudos humanos” de actores mucho más grandes. Una huelga general de alquileres haría especialmente visible esta dinámica, al visibilizar esta estrategia depredadora de los grandes propietarios.

En todo caso, la capilaridad del rentismo en España implica que los objetivos de un movimiento para desmercantilizar la vivienda no se pueden limitarse a políticas concretas como reducir los alquileres. Se trata de socavar los cimientos ideológicos que tratan la vivienda como un activo financiero en lugar de un derecho humano. Para alcanzar los objetivos que plantean los sindicatos de inquilinas, la ofensiva inquilina requiere de una estrategia dual. Por una parte, las acciones directas, como las okupaciones o las huelgas de alquiler, sirven tanto para marcar un límite como para construir coaliciones y apuntar a cambios estructurales. Mas allá de establecer controles universales sobre los alquileres y expandir los sistemas de vivienda pública o cooperativa, estos cambios deben avanzar los derechos de negociación colectiva del sindicalismo social.

Por otra, pasar al ataque significaría abordar los terrenos desiguales del mercado de la vivienda tal y como se nos presentan. Reconociendo la diversidad dentro de las filas de los propietarios, los movimientos inquilinos pueden identificar y explotar las tensiones entre pequeños propietarios y actores institucionales, debilitando así las bases ideológicas y el poder estructural de los conglomerados inmobiliarios.

Los sindicatos continuarán confrontando la creciente securitización de la vivienda, un proceso que se materializa con cada desahucio, sea visible o invisible

Al mismo tiempo, los sindicatos continuarán confrontando la creciente securitización de la vivienda, un proceso que no se limita a la proliferación de instrumentos financieros bizantinos, sino que se materializa con cada desahucio, sea visible o invisible. Esto implica resistir no solo a los «mercenarios» de las empresas de seguridad privada, sino también a las fuerzas más insidiosas de la política institucional, que normalizan esos desahucios mediante el sello del Estado.

Finalmente, la lucha por una vivienda asequible es, ante todo, una lucha contra un sistema global que convierte nuestros hogares en vehículos de extracción de riqueza. Desmantelar las normas neoliberales que rigen la propiedad privada y reemplazarlas por normas y prácticas basadas en la propiedad comunitaria es la única vía para invertir la lógica de explotación que nos domina. Solo así podremos construir un sistema que priorice la dignidad, la estabilidad y los derechos de todos los residentes, y no solo los intereses de una élite inmobiliaria que ve nuestros hogares como un campo de saqueo inagotable.

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Vivimos tiempos de incertidumbre. Una incertidumbre provocada por la intensificación de las múltiples manifestaciones de la crisis del capitalismo global así como de sus devastadoras consecuencias sociales y ecológicas. Pero, además, esta incertidumbre también la provoca la falta de alternativas para enfrentar la situación. Tras el cambio de ciclo político, que es hoy un consenso amplio, la sensación generalizada es que no tenemos muy claro hacia dónde dirigir nuestras apuestas estratégicas. Para rearmarnos ante la crisis que viene, necesitamos repensar y potenciar las herramientas con las que contamos, así como dibujar otras nuevas.

Ante el desconcierto por los legados del ciclo 15M-Podemos, que pasó de un proceso de movilización y politización brutal de la sociedad a su repliegue –mediado por la apuesta fallida del asalto institucional– podemos vislumbrar dos pulsiones que enfrentan hoy nuestros espacios. Por un lado, vemos una reacción identitaria que pretende devolver a los movimientos sociales a los márgenes de los que supuestamente nunca debían haber salido. Desde esta perspectiva, hay una necesidad de privilegiar la unidad ideológica para recomponernos y evitar que en momentos de desborde volvamos a sufrir las “desviaciones” del anterior ciclo. En la práctica, esta pulsión implica dejar de disputar las contradicciones de nuestra sociedad, dejar de hacer política a cambio de construir pureza. Pero esta no es la única opción. Por otro lado, sigue vigente una tendencia contrahegemónica que no renuncia a cambiar las bases de la sociedad mediante la construcción de un poder popular heterogéneo, diverso y, por qué no decirlo, contradictorio.

Confederar estas mismas organizaciones será el primer paso para avanzar hacia un sindicalismo integral con capacidad de recomponer la lucha de clases

En este artículo, trataré de recoger algunas de las ideas centrales de un proceso colectivo de reflexión, fundamentalmente de personas que participamos en el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Nuestras prácticas militantes en este y otros movimientos nos han llevado al desarrollo de nuevas hipótesis estratégicas para afrontar el contexto actual. Frente a la sensación de que todo lo que construíamos, con toda su potencia, era efímero y se podía esfumar en un abrir y cerrar de ojos, apostamos por la creación de sindicatos y organizaciones de base, fuertes y estables. Con el tiempo, hemos encontrado límites para escalar el conflicto en todas sus expresiones y, por ello, creemos que hemos de redoblar la apuesta. Confederar estas mismas organizaciones será el primer paso para avanzar hacia un sindicalismo integral con capacidad de recomponer la lucha de clases.

1. Hacia una nueva cultura militante: la apuesta por el sindicalismo de base

Partimos de una premisa. El objetivo hoy es la reconstrucción de una política de parte, independiente de partidos e instituciones del Estado, que tenga la capacidad de dar un volantazo al curso de la historia. Si no queremos construir castillos en el aire sino hacer la revolución posible, no hay atajos. Durante mucho tiempo, el espacio de la autonomía madrileña ha sido receloso de cualquier tipo de organización estable con recursos pero creemos que esta es la materia prima necesaria para acercarnos a ese objetivo. Por ello, necesitamos apostar por la construcción paciente y a medio plazo, necesitamos apostar por el sindicalismo.¹

Esta apuesta parte de una forma abierta, heterogénea y diversa de entender la clase como el punto de llegada de un proceso histórico que tenemos que construir, con la lucha de clases como motor de este proceso². Es decir, son determinadas experiencias las que construyen la clase y componen su imaginario de posibilidades y expectativas. Frente a otras tradiciones³, entendemos la construcción de este poder popular como un medio, porque necesitamos prepararnos colectivamente para ser capaces de garantizar la producción y la reproducción de una sociedad socialista después de la revolución⁴ pero, también, como un fin, porque no tenemos un punto de llegada preestablecido sino que prefiguramos la nueva sociedad por la que luchamos. En definitiva, seguimos defendiendo la vieja consigna que asume que “la emancipación de las trabajadoras será obra de las trabajadoras mismas”.

Relegar la cuestión de la lucha de clases y sus formas concretas a un segundo plano “táctico” nos parece un error

Cuando decimos que es el momento del sindicalismo, lo decimos confiando en que para reconstruir esa política de parte necesitamos generar un amplio abanico de luchas que confronten en todos sus frentes al capital y su reproducción. Por ello, no nos parece superfluo generar métodos de lucha efectivos y que obtengan victorias ya que estas luchas son el medio mediante el que nos vamos construyendo. Para ello, necesitamos unidad –organizativa– en la diversidad –ideológica– en un proceso que ponga en común las prácticas políticas de cada espacio organizativo. Relegar la cuestión de la lucha de clases y sus formas concretas a un segundo plano “táctico” nos parece un error; un error que históricamente ha significado el cierre por arriba de los ciclos revolucionarios, sin importar si su dirección era socialdemócrata o comunista.

El contexto actual de nuestras luchas nos anima a ser cautos pero también a ilusionarnos con este desarrollo. Frente a un retroceso generalizado en la movilización social, tanto las experiencias del feminismo sindicalista desde los sectores más precarios y feminizados como sindicatos más consolidados están viviendo un momento de crecimiento, especialmente la CGT en Catalunya, gracias a un modelo centrado en el conflicto⁵. En menor medida, la aportación de los Sindicatos de Inquilinas a la popularización del conflicto en torno a la vivienda de alquiler también creemos que es significativa aunque esté empezando su despliegue. En otras latitudes, el auge de un nuevo sindicalismo en el corazón de Estados Unidos⁶ y otros países nos anima a potenciar la dimensión internacional del conflicto.

Dicho lo cual, es importante ser sinceras y complejizar la discusión: para esta tarea no vale cualquier tipo de Sindicato. Por eso, hoy es esencial que continuemos el debate acerca del modelo sindical por el que apostamos. Jane McAlevey, una figura poco conocida en España pero que está siendo fundamental en la revitalización del movimiento sindical internacional, distingue tres modelos de organización: el de servicios, el de movilización y el de organización⁷. La diferenciación es oportuna precisamente porque apela desde un lugar al que no estamos acostumbradas en el Estado español, donde suele diferenciarse únicamente entre los dos primeros modelos⁸. A nuestro entender, este debate es crucial para cualquier organización, movimiento o sindicato cuyo objetivo sea transformar la sociedad.

Para adentrarnos en la discusión, McAlevey comienza preguntándose por las diferencias organizativas entre los movimientos que lograron grandes conquistas, refiriéndose al movimiento por los derechos civiles y al movimiento obrero, y nuestras prácticas actuales. Destacaremos cuatro conceptos fundamentales para tratar de fundamentar una propuesta que recupere la herencia del sindicalismo revolucionario: grupos de autoselección vs grupos naturales, activistas vs organizadoras, minorías vs mayorías y, en definitiva, movilizar vs organizar.

El modelo asambleario y construido por activistas que predomina en gran parte de nuestros espacios

En la actualidad, los movimientos sociales tal y como los conocemos suelen construirse sobre la base de grupos de autoselección, más o menos identitarios, donde nos reunimos entre personas que ya estamos de acuerdo en lo fundamental y pasamos la mayor parte del tiempo hablando y discutiendo entre nosotras. Este es el modelo asambleario y construido por activistas que predomina en gran parte de nuestros espacios. Frente a este, los movimientos de masas del pasado estaban organizados en torno a grupos naturales en los que se convivía con compañeras de trabajo y vecinas, donde lo normal era la heterogeneidad consustancial a lo social, el no estar de acuerdo y tener que realizar una labor paciente de persuasión entre todas. Este es un modelo de activismo al que estamos, por desgracia, muy poco acostumbradas. Es más, nosotras mismas nos hemos visto identificadas en ese activista que se pone la capa militante únicamente cuando abandona sus espacios naturales de socialización. En el trabajo, en el bloque, en el barrio, somos una más pero de camino a la asamblea nos quitamos la careta y nos transformamos en la activista que llevamos dentro. El problema es que cada vez nos hemos ido alejando más y más de la realidad, hasta convertirnos en una caricatura de nosotras mismas, sin demasiada capacidad de incidencia social. Y obviamente, con esto no estamos queriendo decir que haya que abandonar esas luchas de las que partimos, que han sido, son y serán fundamentales para el futuro, sino que debemos cambiar el chip, reubicarnos y poner nuestro enfoque feminista, decolonial y ecosocial al servicio de una estrategia sindical integral capaz de crear instituciones de poder popular en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida.

Organizarse en torno a estos grupos naturales implica, como decimos, cuestionar la centralidad de nuestro papel como activistas. Por definición, nos entendemos como una minoría que realiza (y sobre todo piensa) las tareas –a menudo campañas o acciones de concienciación–. En definitiva, nos concebimos como los sujetos del cambio frente a una sociedad mayoritariamente pasiva.⁹ En cambio, entendemos a las “organizadoras” como aquellas personas que son referentes en sus espacios naturales, debido a su influencia social y su conexión con el resto. Más que ejercer un liderazgo lo reciben, en el sentido de que el resto del grupo confía en ellas y es a través de esa confianza mutua como logran incidir pacientemente en el resto de sus compañeras para que se conviertan en sujetos activos del cambio que estamos proponiendo.

Por lo tanto, creemos que nuestro papel como militantes debe transformarse. Esto pasa no solo por comenzar a incidir en los espacios naturales que habitamos sino también por ser conscientes de que la revolución no la haremos las activistas. Una de las principales tareas para potenciar el conflicto es conseguir que estas “referentes naturales” se transformen en organizadoras capaces de dinamizar su propia lucha. Por trasladarlo a un ejemplo concreto, en el Sindicato de Inquilinas, bebiendo del sindicalismo revolucionario y rompiendo con algunas prácticas del sindicalismo social, estamos apostando por llevar el sindicato allí donde surge el conflicto (a los Bloques en Lucha) sin tratar de encasillarlo todo en nuestra asamblea, bajo nuestras normas¹⁰. De esta forma, nos vemos obligadas a potenciar la figura de las organizadoras de bloque, trasladando a su vez la vía de politización y organización principal de la asamblea general a la asamblea de bloque. Esta estrategia nos permite avanzar también en la multiplicación y diversificación de nuestros anclajes territoriales, abandonando la noción de que existe un lugar central de politización y construyendo comunidades en lucha en diversos territorios que se mantienen interconectadas entre sí a través de la adopción de estrategias comunes.

No se trata únicamente de si la gente corriente –a menudo denominada la base– participa, sino de cómo, por qué y dónde lo hace

Este enfoque tiene el objetivo de construir una nueva hegemonía y una organización replicable a gran escala, ya que “no se trata únicamente de si la gente corriente –a menudo denominada la base– participa, sino de cómo, por qué y dónde lo hace”.¹¹ La construcción de una mayoría, de un nuevo bloque social, no es un simple concepto analítico sino un objetivo específico que debe cumplirse y para ello necesitamos romper con ciertos fetiches en torno al asamblearismo. Para ello es fundamental introducir diversos grados de participación así como mecanismos de control democrático de las decisiones estratégicas. Como se puede intuir, ambos enfoques descansan en una concepción del poder diferente. Diferente porque supone la convicción de que las élites pueden ser eliminadas y no simplemente reemplazadas. La clave para superar la cultura de la representación en la que vivimos es mostrarnos el poder potencial que tenemos como actores centrales de nuestro propio proceso de liberación.

Con estos conceptos hemos intentado recoger dos modelos diferentes de organización. Por un lado, un modelo basado en la movilización, más centrado en la repercusión mediática de sus acciones que en la propia organización que genera y estructurado en torno al papel de una minoría activista. Por otro lado, un modelo que plantea avanzar hacia una nueva cultura militante que devuelva la centralidad a la construcción de organizaciones sindicales de base. Por aclararlo una vez más, cuando hablamos de sindicalismo nos referimos a esta forma de hacer y de entender la política. Contra lo que pudiera parecer, en los últimos años las experiencias más potentes de esta forma de hacer política han venido de otras luchas alejadas de lo que corrientemente entendemos por sindicalismo como, por ejemplo, las huelgas feministas internacionales del 8M o las luchas por la defensa del territorio con el ejemplo francés de los Soulèvements de la Terre.

2. Hacia un sindicalismo integral. La apuesta por la confederación

Estamos aún hoy en una fase embrionaria del desarrollo de este tipo de organizaciones. Si analizamos el contexto general, nuestra fuerza tiene potencia pero es todavía reducida. Por eso desde la militancia de muchas de estas organizaciones y sindicatos resuena cada vez con más fuerza la idea de confederarnos.

Durante este tiempo, hemos sido conscientes de las necesidades que generan las propias luchas. En muchas ocasiones sus dinámicas obligan a una especialización que aisla. Si no enfrentamos esta realidad, el resultado es normalmente la dispersión, el identitarismo, la falta de un análisis sistémico y, en definitiva, respuestas parciales que no nos permiten avanzar conjuntamente ni siquiera cuando algunas de nuestras posiciones se popularizan. Nuestra intención no es obviar los problemas con los que nos encontramos sino reconocerlos para afrontarlos. Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid llevamos un tiempo queriendo explorar otras posibilidades. Sabemos que nuestra lucha no es únicamente por liberar toda vivienda de las garras del mercado y, a su vez, que nuestros objetivos no son alcanzables en abstracto; tan solo una transformación radical de la sociedad podrá conseguirlo.

El objetivo es que, a medio-largo plazo, generemos un sujeto político autónomo, diverso y desde abajo con capacidad de intervenir en el contexto social y político

Para acercarnos a esa realidad, necesitamos construir una casa común en la que compartir ideas, estrategias y proyecto de futuro. Porque si no hacemos política, otros se encargarán de hacerla por nosotras. Por ello, la posibilidad de confederar nuestras luchas no solo nos servirá para ampliar la mirada y tener una comprensión más sistémica a nivel teórico sino, sobre todo, a nivel organizativo. En nuestro caso, por ejemplo, que cuando alguien llegue al Sindicato por un conflicto concreto de vivienda, perciba una realidad que potencie una politización que hoy en día no podemos generar solas y de manera aislada. Si bien en el corto plazo quizás solo hay que reforzar las organizaciones existentes a través del aumento de las relaciones bilaterales (dobles afiliaciones, recursos compartidos, potenciar su intervención), la idea es abonar un proceso que escale gradualmente. El objetivo es que, a medio-largo plazo, generemos un sujeto político autónomo, diverso y desde abajo con capacidad de intervenir en el contexto social y político así como de construir una nueva hegemonía, mientras se potencia un salto de escala de las alternativas existentes en forma de cooperativas de producción, consumo y vivienda. Esta cuestión será la base sobre la que construir un poder popular que no se subordine a quienes pretenden representarnos. Es la posibilidad de que la revolución mantenga su espíritu democrático y libertario.¹²

Estas reflexiones no son nuevas. Mazzeo diferencia entre dos concepciones para la articulación de las instancias de poder popular. En primer lugar, define una versión autoritaria-verticalista en la que la propia unificación viene desde fuera, donde la “organización política une lo múltiple homogeneizando los fragmentos a través de una línea”. En contraposición, defiende una concepción de base en la que el impulso articulador surge desde las propias organizaciones, donde la “vanguardia política queda subsumida en el movimiento real”, donde lo múltiple trabaja para encontrar su universalización. Por ello, desde esta perspectiva surge un rechazo a todas aquellas organizaciones políticas que se consideran, a priori, ese punto universal. “No se trata pues de encontrar la reedición de la línea correcta sino más bien de acordar por qué avenida transitamos” sin la necesidad de eliminar la autonomía de las organizaciones que la componen¹³.

Hecha esta primera diferenciación, debemos aclarar que los intentos previos de articularnos desde esta segunda concepción, al menos en Madrid, no han funcionado. Por ello creemos necesario analizar las limitaciones de las anteriores apuestas¹⁴, ligadas a la idea de coordinadoras de colectivos, para poder plantear una hipótesis que se plantee su superación.

En primer lugar, este tipo de procesos han sido normalmente pensados y ejecutados “desde arriba”. Sin la participación activa de la militancia ni de la base social de cada organización salvo en el momento de movilizarse. El proceso nacía negando sus mejores potencias. Así, en la práctica, cada reunión se convertía en una carga para cada organización más que un proceso que diera fuerza al conjunto. En segundo lugar, han sido concebidos normalmente como una reacción coordinada ante una coyuntura concreta, es decir, sin reflexiones estratégicas a medio-largo plazo, lo que imposibilitaba en sí mismo que perduraran en el tiempo. En tercer lugar, ha habido una gran dificultad para poner en común los recursos de cada organización ya que, por lo general, el modelo suele estar centrado en la movilización bajo una serie de demandas o reivindicaciones comunes. Por todo ello, creemos que este nuevo proceso que debemos impulsar, como propondremos a continuación, tiene que partir de nuevas premisas y construir un modelo que se parezca más a una confederación que a una coordinadora.

El proceso de confluencia debe darse en la práctica entre las bases de todas las organizaciones implicadas

Para empezar a pensar en cómo poner en práctica esta confederación, nos parece interesante partir de algunas premisas y herramientas concretas que pueden guiarnos. En cuanto a las premisas, en primer lugar creemos que la alianza debe darse desde abajo. Lejos de ser un cliché, con esta idea nos referimos a que no servirán declaraciones de intenciones que podamos negociar entre las “direcciones” de varias organizaciones: el proceso de confluencia debe darse en la práctica entre las bases de todas las organizaciones implicadas. En segundo lugar, la alianza, para darse desde abajo, necesariamente debe ser desde el territorio¹⁵, por lo que en cada uno de ellos asumirá una forma específica, adecuándose a las necesidades del mismo. Por último, para que pueda llegar a buen puerto, la alianza debe ser progresiva, entendiéndola como un punto de llegada y no de partida, ya que, pese a todas las cuestiones compartidas, partimos de diferentes organizaciones que no han trabajado conjuntamente hasta el momento. Es probable, entonces, que los primeros pasos no sean tan potentes como podrían ser los siguientes, pero son indispensables para que la alianza que construyamos sea duradera y estable en el tiempo, basada en un modelo organizativo que respete la diversidad ideológica pero sea capaz, a su vez, de tener una dirección común.

Como bien sabemos, el camino se hace al andar. Pero para avanzar más rápido es importante contar con herramientas que puedan hacer comenzar este camino con unas bases sólidas. De esta forma, apostamos decididamente por mancomunar nuestras fuerzas. Si bien el espacio es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en compartir, no es el único, otros podrían ser recursos económicos, formativos o bases de datos que nos sirvan para potenciar el conflicto que genera la propia intersección. Por ejemplo, se podría juntar un grupo de militantes ecologistas que sean inquilinas para abrir una nueva etapa en el conflicto de vivienda al generar bloques en lucha centrados en reivindicaciones ecosociales. O también podríamos apostar por que las inquilinas organizadas introduzcan en las negociaciones de sus convenios colectivos laborales cuestiones como la relación salario-renta de alquiler que nos empobrece. Estos primeros pasos deberían servir para ir construyendo lazos de confianza y dinámicas de trabajo conjunto entre las organizaciones para ir prefigurando los primeros rasgos de una estrategia compartida que señale el horizonte político hacia el que queremos dirigirnos.

Necesitamos generar entramados comunitarios que trasciendan los espacios naturales en los que organizamos el conflicto

De cualquier forma, el punto de partida inicial deberá ser la apertura conjunta de centros sociales anclados territorialmente. La experiencia nos ha enseñado que los centros sociales hoy, como los ateneos libertarios o las casas del pueblo de ayer, son las infraestructuras clave necesarias para politizar la vida y profundizar en muchos aspectos de nuestras luchas. Si queremos que nuestra acción política más allá de la cuestión concreta que trabajamos desde cada organización o sindicato, necesitamos generar entramados comunitarios que trasciendan los espacios naturales en los que organizamos el conflicto. Además, históricamente, la transformación “de afiliadas a militantes” se ha dado en estos espacios, que cumplían dos funciones: por un lado, construían hacia dentro el movimiento, profundizando en prácticas sociales y culturales alternativas. Por otro lado, tenían una labor difusora y de proyección hacia el resto de la sociedad, que los configuraba como un punto de entrada privilegiado a una forma alternativa de analizar y de estar en el mundo.¹⁶

Esta tarea cumple hoy una relevancia excepcional debido a que los centros sociales se han convertido en los últimos años en uno de los focos de la campaña contra la okupación de la derecha madrileña, consciente del desafío a las lógicas hegemónicas que estos espacios encarnan. Organizativamente, es muy importante que los nuevos espacios no sean entendidos como locales de las organizaciones que apostaron por abrirlos, lo que negaría toda su potencia, sino como lugares abiertos al barrio o la ciudad para fomentar una cultura alternativa.

3. El horizonte transformador pasa por el sindicalismo

En este texto hemos intentado definir en que consiste nuestra apuesta por el sindicalismo. Una apuesta que no es tan solo una respuesta al contexto sino que contiene elementos estratégicos de nuestra perspectiva política. La viabilidad de esta hipótesis –podemos reconstruir una política de parte apostando por el sindicalismo– depende intrínsecamente de las otras dos ideas lanzadas a lo largo del este artículo. Así, creemos que no habrá grandes organizaciones sindicales de base sin una confederación de las mismas y que tampoco habrá una confederación con capacidad real sin organizaciones de base.

El sindicalismo de base se tiene que extender desde los espacios naturales que habitamos cada día y en los que surgen las resistencias ante cada una de las opresiones que vivimos

En definitiva, queremos poner las bases para la construcción de un sindicalismo que ponga la vida –y no solo el trabajo o la vivienda– en el centro. Un sindicalismo de base que se tiene que extender desde los espacios naturales que habitamos cada día y en los que surgen las resistencias ante cada una de las opresiones que vivimos. Un sindicalismo integral que se enfrenta a todas las dimensiones de la crisis y que, a su vez, es capaz de dibujar una estrategia conjunta colectivamente. Un sindicalismo revolucionario que no espera a la toma del poder para prefigurar con sus luchas la vida que buscamos. En definitiva, un sindicalismo, tal y como defendía Salvador Seguí, que “empiece siendo un arma económica de defensa pero que termine siendo una agrupación política de los postulados de la libertad”.¹⁷

1. El concepto de sindicalismo que defendemos va mucho más allá del conflicto capital-trabajo para centrarse en el conflicto capital-vida. Pérez Orozco, A. (2014) Subversión feminista de la economía. Sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de Sueños ↩︎
2. Un breve pero incisivo texto para acercarse al debate sobre las diferentes nociones de clase puede ser: Thompson, E.P. (1991) Algunas observaciones sobre clase y conciencia de clase. Historia social nº10 ↩︎
3. Miguel Mazzeo diferencia entre las tradiciones que conciben el poder popular como un medio –acumular poder– para un fin –la conquista del poder y la dictadura del proletariado–, de aquellas que lo conciben como medio sin fin –aludiendo a diferentes interpretaciones autonomistas desde Negri a Holloway– o las que lo conciben como un medio y un fin a la vez, que es la que defendemos en este artículo. Se puede leer esta idea desarrollada en el capítulo 2 de Introducción al poder popular (2016) Fundación Editorial, El perro y la rana del mismo autor. ↩︎
4. Probablemente la mayor aportación teórica por parte del sindicalismo revolucionario sea la relacionada con una visión libertaria de la necesaria “fase de transición” al comunismo libertario. Pueden consultarse Cornelissen, C. (1933) Comunismo libertario y régimen de transición o una versión más ibérica en Pestaña, A. (1933) El Sindicalismo. Qué Quiere y Adonde Va. ↩︎
5. Para un repaso de estas nuevas formas de organización desde el Sindicalismo feminista puede leerse: Tabernero, J. Montero, J. y Muñoz Moreno, E. (2022) Otros mapas de conflictos sindicales: luchas feministas en los márgenes del trabajo. Viento Sur nº184 o cualquiera de los cuadernos de La Laboratoria. Para acercarse a las últimas luchas de CGT puede leerse: La lucha de las trabajadoras de Inditex (2023) La Brecha. Y para un repaso del modelo organizativo: Cara, P. (2024) La CGT del futur. Revista Catalunya ↩︎
6. Caro, J. (2023) La izquierda y el Nuevo sindicalismo en Estados Unidos. Nueva Sociedad nº307 ↩︎
7. McAlevey, J.F. (2016) No shortcuts. Organizing for power in the new gilded age. Oxford University Press. Actualmente la editorial Verso está preparando la traducción al castellano de este libro. Manu Robles-Arangiz Fundazioa, la fundación del sindicato vasco mayoritario ELA, publicó un pequeño cuaderno a través de este y otros trabajos suyos que pueden consultarse aquí. ↩︎
8. Wilhemi, G. (2023) Huelgas, mareas y plazas. Catarata. En el libro se diferencia entre un modelo de gestión y otro de participación y movilización, a su vez divididos por su carácter de clase, corporativo o amarillo. ↩︎
9. En los últimos años hemos llegado a ver la exaltación de este modelo, fundamentado por el “estudio científico” Por qué la resistencia civil funciona Stephan, M.J. y Chenoweth, E., transmitiendo la idea clave de que si somos capaces de conseguir que un 3,5% de la población se involucre en acciones de desobediencia civil no violenta lograremos transformar la sociedad.
   ↩︎
10. Los bloques en lucha son la base de los Sindicatos de Inquilinas. Se trata de bloques que pertenecen a un mismo propietario y cuyos inquilinos comienzan a luchar por unas reivindicaciones comunes frente a su casero. Inicialmente han estado muy ligados a conflictos de expulsión aunque en la actualidad ya se están expandiendo a todo tipo de conflictos por mejorar la calidad de vida. Si bien esta forma de propiedad –todo un bloque pertenece a la misma persona física o jurídica– no es mayoritaria en ninguna ciudad del Estado sí que tienen un potencial estratégico muy importante: los bloques en lucha son la punta de lanza del inquilinato. Un desarrollo de esta hipótesis se puede encontrar en Construir Sindicato. Hacia una nueva fase organizativa (2023) Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ↩︎
11. McAlevey, J.F. (2016) No shortcuts… ↩︎
12. Rodriguez, E .(2022) Ateneo, cooperativa, sindicato: un programa del siglo XIX para el siglo XXI. Contracultura ↩︎
13. Mazzeo, M. (2016) Introducción al… ↩︎
14. Al escribir estas líneas pensamos, por ejemplo, en el Plan de Choque Social impulsado desde diferentes organizaciones durante la primera fase de la pandemia del Covid-19. ↩︎
15. Desde el primer congreso de la sección española de la primera internacional se pensaron las federaciones locales (aparte de la organización en el centro de trabajo) como futuro organismo revolucionario desde el que ejercer nuestro poder. Bookchin, M. (1980) Los anarquistas españoles. Ediciones Grijalbo ↩︎
16. Navarro Navarro, J. (2016) Los ateneos libertarios en España (1931-1939) La neurosis o las barricadas Ed. ↩︎
17. Sobre Reorganización Confederal. Discurso en un mitin Sindicalista de Valencia (30-4-1922). En Artículos madrileños de Salvador Seguí. Cuadernos para el Diálogo. ↩︎

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Entre 2013 y 2022, se ejecutaron más de 84.000 desahucios en la provincia de Barcelona, la mayoría asociados al mercado del alquiler. Se trata del dato más elevado del Estado y representa un 40% de desahucios más que los producidos en toda la Comunidad de Madrid que cuenta con 2,35 millones de habitantes más que la provincia barcelonesa. Por su lado Cataluña, aunque solo supera en 900.000 habitantes a la Comunidad de Madrid, experimentó más del doble de desahucios –más de 124.000 casos–. La pregunta crucial es: ¿por qué se produce este fenómeno con tanta intensidad en Barcelona?

Para ensayar una explicación vamos a contrastar con algunas de las interpretaciones dadas en los últimos años. El primero tendría que ver con la expansión del acceso a la vivienda a partir del alquiler al conjunto de la población, como nuevo modelo de precarización con características más interclasistas. El segundo factor se centraría en la aparición de los fondos de inversión, las entidades jurídicas y los grandes propietarios como nuevos agentes de control de este mercado de alquiler, lo que demostraría un gobierno más despótico del mismo. Mientras que la tercera causa se focalizaría en el avance de los sectores no-propietarios que, de manera transversal, habrían resquebrajado la clásica división de clase en materia de vivienda. Según este último criterio ya no se cumpliría la separación entre los nacidos en el Estado español –que habrían dejado de ser propietarios de sus viviendas– y las personas nacidas en el extranjero, tampoco la separación entre gente joven –más propensos a vivir de alquiler– y de más edad que proporcionalmente dejarían paso a una nueva mayoría inquilina mucho más transversal en su origen, nacionalidad, edad e incluso clase social.

El problema es que, desde nuestro punto de vista, ninguna de estas premisas se cumplen. Por eso la pregunta central sería ¿en qué medida se ha transversalizado socialmente el mercado del alquiler?¿Qué perfiles de inquilinos y propietarios encontramos ahora mismo en Barcelona? Los datos de los que disponemos apuntan algunas cuestiones que merecen atención.

Estaríamos en desacuerdo con quienes se atreven a anunciar la muerte de facto de la tradicional sociedad de propietarios

Anticipando la conclusión de nuestro artículo, podemos decir que hay que ser cautelosos en relación a las hipótesis políticas que dan por hecho que el nuevo sujeto inquilino sería ya mayoritario y muy transversal en términos de clase, origen migratorio/raza y género. Y estaríamos en desacuerdo con quienes se atreven a anunciar la muerte de facto de la tradicional sociedad de propietarios.

Presentado en forma de titulares, nuestro argumento se sostiene sobre tres premisas fundamentales: Primero, el mercado del alquiler no supone la mayoría del mercado de la vivienda. Segundo, los propietarios particulares siguen constituyendo la vasta mayoría de los caseros en Barcelona. Y tercero y último, las personas nacidas fuera del estado español siguen siendo quienes proporcionalmente viven mayoritariamente de alquiler. Sin embargo, surge la pregunta: ¿hasta donde se puede llegar con estas afirmaciones? ¿Qué matices podrían considerarse?

Composición del parque de vivienda en Barcelona.

La distorsión a la que nos referimos surge, en parte, de confundir los análisis específicos de Barcelona como municipio con aquellos correspondientes a su demarcación provincial. Esta situación exige, de entrada, adoptar una visión de conjunto.

Según el censo de 2021, la provincia de Barcelona contaba con 2.197.827 hogares: el 68,68% vivía en régimen de propiedad, un 7,5% se encontraba bajo otras formas de tenencia (como cesiones), el 21,2% alquilaba a precios de mercado, y un 2,5% se beneficiaba de alquileres públicos. Comparando estos datos con los de 2011, podemos obtener una visión clara de los cambios ocurridos durante la crisis.

El primer dato relevante que debemos considerar es que, ya en 2011, existían 438.305 hogares viviendo de alquiler. Esto significa que, incluso antes de la crisis hipotecaria y del resurgimiento del mercado del alquiler, antes también de la llegada de los fondos de inversión, el 83,4% del mercado de alquiler estaba ya consolidado. Y de aquí se desprende una conclusión clara: aquel mercado del alquiler, copado por los propietarios particulares de nuestra vieja sociedad de propietarios, sentaría las bases sobre las que, años después, se apoyarían los fondos de inversión y otras entidades jurídicas dedicadas al alquiler. Sin la participación de estos caseros particulares, ni en aquel momento ni en la actualidad, sería factible un ciclo inmobiliario de la envergadura y transversalidad que se observa en todo el Estado, incluyendo Barcelona.

De hecho, la variación entre el censo de 2011 y el de 2021 fue la siguiente. En torno a 100.000 hogares pasaron de ser propietarios a vivir de alquiler y aumentó en 45.000 hogares, la mayoría cedidos, quienes tenían otro tipo de tenencia. La crisis de propiedad, lejos de afectar al conjunto de la población, se concentró aproximadamente en el 6,2% de la población propietaria. Y por su lado, el aumento de los hogares en alquiler supuso un incremento de 84.232 unidades, en torno al 3,8% del conjunto de los hogares.

El impacto de la crisis se concentró sobre estratos sociales de menor renta.

Estos datos evidencian que la crisis del sector inmobiliario, que se extendió desde 2008 hasta 2020, impactó de manera desigual a la sociedad. Según los últimos resultados de la Encuesta Financiera de las Familias, este impacto se concentró sobre estratos sociales muy concretos, los de menor renta.

Barcelona y su sociedad de propietarios

Al profundizar en los datos, observamos que en la provincia de Barcelona, el 78,68% de los hogares se sitúa fuera del mercado del alquiler, correspondiendo a 522.537 hogares los que efectivamente viven de alquiler a precios de mercado. Los titulares que dan por muerta la sociedad de propietarios renuncian a entender esta transformación en la justa medida que se está produciendo.

Ahora bien, también es cierto que debemos preguntarnos por quiénes son los caseros en este mercado. Si tomamos como punto de partida los datos ofrecidos por la agencia tributaria, en Barcelona encontramos 365.493 viviendas alquiladas por parte de propietarios particulares. Por otro lado, un informe preliminar sobre fraude fiscal en el sector del alquiler, presentado por GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) en 2023, estima que el fraude fiscal alcanza el 19% en este ámbito en Barcelona. Esto implica que, ajustando los números finales al fraude fiscal estimado, el total de viviendas alquiladas por particulares en la provincia asciende a aproximadamente 434.936.
De nuevo el dato es claro; del total de viviendas en alquiler, el 84% son propiedad de particulares, un 2,9% pertenece a administraciones públicas y el restante 13,1% está en manos de entidades jurídicas (empresas, fondos de inversión, SOCIMI, y sociedades limitadas).

Quedaría dilucidar en último lugar si estos propietarios son todos ellos grandes tenedores y personas ricas o si se cumplen las condiciones de la sociedad de propietarios, donde la propiedad alquilada está fundamentalmente en manos de pequeños propietarios y clases medias.

Si recurrimos a los datos proporcionados por el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, obtenemos una visión detallada del mercado. Un primer hallazgo interesante es que el 93,1% de los propietarios particulares posee menos de tres viviendas en el mercado, que representan el 73,3% de las viviendas en alquiler en manos de particulares.

A su vez, al analizar las entidades jurídicas que operan en este sector, encontramos que el 67% de ellas dispone de no más de dos viviendas en alquiler, lo que representa el 13% del total de las viviendas alquiladas por entidades jurídicas. Este dato es consistente con la información del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que indica que, de las 37.686 empresas dedicadas al alquiler en Cataluña, el 74% no tiene empleados y otro 17% tiene solo una o dos personas contratadas. En pocas palabras, pequeñas agrupaciones de socios –presumiblemente profesionales liberales, pequeños inversores y funcionarios– que uniendo sus capitales o en solitario crean empresas de gestión de viviendas en alquiler.

La gran mayoría del mercado de alquiler está en manos de las clases medias

Si consultamos los datos de la Agencia Tributaria para toda Cataluña, obtenemos una visión más completa. El 55% de los particulares que alquilan viviendas se sitúan en los tramos de rendimiento inferiores a 30.000 euros anuales. Un 31,18% se encuentra en el rango de ingresos de 30.000 a 60.000 euros anuales, y un 13,8% supera los 60.000 euros anuales. Estos datos sugieren que la gran mayoría del mercado de alquiler está en manos de las clases medias, lo que refleja cierta solidez y transversalidad en la tradicional sociedad de propietarios tras la crisis.

Autóctonos o extranjeros ¿quién alquila en Barcelona?

Si en la primera parte del artículo demostramos que la propiedad está ampliamente distribuida y que los propietarios de viviendas en alquiler son mayoritariamente particulares de clase media, ahora habría que observar en qué medida el crecimiento del mercado del alquiler ha llevado a la construcción de un nuevo sujeto inquilino. ¿Se ha logrado un equilibrio entre los inquilinos nacidos en el Estado español y aquellos nacidos en el extranjero en el mercado del alquiler? ¿Cuáles son los perfiles de los inquilinos que encontramos actualmente en Barcelona?

El censo de 2021 revela que el 82,61% de las personas nacidas en el estado español viven en una vivienda propia o cedida, cifra cercana al 86,88% de 2011. Esto es, solo el 18,39% de quienes han nacido en el Estado –incluyendo a quienes viven en viviendas públicas– residen de alquiler. Pero en comparación con quienes no han nacido en el estado el cambio es significativo: el 51% de los nacidos en países africanos, el 54,8% de los sudamericanos y el 50% de los asiáticos viven de alquiler.

Se hace muy difícil demostrar con estos datos que no existe una clara brecha de origen y racial en el mercado del alquiler. Los propietarios tienden a reflejar el perfil de las clases medias autóctonas, consolidando su posición en el lado de la propiedad, mientras que la población nacida fuera de España se caracteriza por un mayor perfil inquilino. Además, se observa una equidad en términos de género entre los españoles en cuanto al acceso a la propiedad, con un 76,4% para ambos sexos.

En este mismo periodo, la propiedad entre la población nacida en el estado español disminuyó en 365.000 personas, en parte debido al envejecimiento y las defunciones. Sin embargo, este cambio no se tradujo directamente solo en un aumento de la población inquilina, sino también en las 264.410 viviendas heredadas y en la inclusión en la sociedad de propietarios de una parte de la población nacida en el extranjero. 196.490 inmigrantes de los orígenes antes señalados vivían en viviendas de su propiedad en este marco temporal.

Así, la sociedad de propietarios solo ha retrocedido moderadamente entre la población de menor renta y se ha observado un cierto crecimiento entre los nuevos sectores sociales migrantes, quienes, a pesar de la crisis, ganan posiciones en el estrato propietario.

El dilema de la juventud inquilina

Otra de las discusiones abiertas sobre el mercado del alquiler se encuentra en la población de 19 a 34 años. Sobre esta generación y su acceso a la vivienda se repiten década tras década los mismos interrogantes. ¿Tendrán acceso a una vivienda digna?¿Cuántos podrán contar con las herencias familiares como garantía de reproducción social?

Según la encuesta anual de juventud realizada por el Ayuntamiento de Barcelona, un dato relevante es que la mayoría de jóvenes –el 62,7%– no se emancipa porque aún estudian o no lo desean por el momento. Esto significa que existe otro 37,3% de jóvenes que no puede hacerlo por razones económicas, debido a los altos precios de la vivienda y la inestabilidad laboral; algo que no debemos perder de vista.

El mercado del alquiler está particularmente orientado hacia los sectores de rentas más bajas, la población no nacida en España, y los jóvenes

Los datos sobre cómo viven los jóvenes en Barcelona son claros, el 85,1% de los y las jóvenes emancipadas de entre 20 y 34 años reside de alquiler. Esto subraya que el mercado del alquiler está particularmente orientado hacia los sectores de rentas más bajas, la población no nacida en España, y los jóvenes.

Además, en Barcelona, el 36,5% de los jóvenes entre 20 y 34 años han nacido en un país extranjero, lo que indica que la clase social, el origen y la raza se entrelazan de manera significativa en este grupo etario respecto al acceso a la vivienda. En Barcelona más del 50% de los jóvenes residentes no son originarios de ella, destacando la presencia de jóvenes inmigrantes y estudiantes internacionales como elementos clave para comprender el mercado de alquiler local.

Algunas conclusiones generales

Basándonos en estos datos, se pueden extraer al menos tres conclusiones significativas. En primer lugar, la sociedad de propietarios y, por extensión, la figura del «casero particular», continúa reproduciéndose eficazmente. De hecho, mientras que en 2011 la Agencia Tributaria registraba en Barcelona más de 250.000 declaraciones de alquiler por parte de propietarios particulares, para 2021, esa cifra se había duplicado.

La sociedad de propietarios y, por extensión, la figura del «casero particular», continúa reproduciéndose eficazmente

En segundo lugar, esta reproducción se da de manera paralela a una disminución relativa de la sociedad de propietarios entre las rentas más bajas, aunque se observa la incorporación gradual de nuevos sectores sociales migrantes, un aspecto que frecuentemente se pasa por alto.

El tercer elemento es que los mecanismos de reproducción siguen activos dentro de las clases propietarias autóctonas. Esto se evidencia en el crecimiento sostenido de los precios de la vivienda, las altas tasas de propiedad –que superan el 82% entre los autóctonos–, un alto número de viviendas heredadas, y un incremento en el número de caseros de clase media.

Bajo estas circunstancias, no parece factible articular un sujeto inquilino transversal, mayoritario e interclasista. Lo que se observa claramente es que quienes han caído de la sociedad de propietarios han sido las capas sociales autóctonas de menor renta y las nuevas generaciones migrantes que, aunque han aumentado su participación en la propiedad, siguen viviendo en altos porcentajes en régimen de alquiler.

La sociedad de propietarios autóctona sigue ocupando el centro del tablero

Debemos insistir por tanto en que la situación a la que nos enfrentamos, lejos de clarificarse, sigue siendo enormemente escurridiza. La sociedad de propietarios autóctona sigue ocupando el centro del tablero y el resto de figuras no hacen sino ubicarse en diversas posiciones difícilmente traducibles en procesos de largo recorrido. De nuevo, mientras las distintas crisis no asomen con mayor claridad –también para el ámbito de la vivienda– seguiremos describiendo a una mayoría propietaria autóctona beneficiada por el ciclo inmobiliario actual –mercado del alquiler incluido–.

Las clases medias propietarias se adaptan desde hace más de tres décadas a patrones de reproducción mínimos. Con descendencias que no superan en la actualidad los 1,13 hijos por mujer en el caso de las españolas y del 1,36 en el caso de las extranjeras, en estas cifras también se puede leer un intento claro por no diluir sus posiciones propietarias. Las más de 264.000 viviendas heredadas y las más de 434.000 viviendas alquiladas por particulares juegan un papel nuclear en este proceso de reproducción.

De hecho, estos datos nos dan una imagen muy clara de quiénes son esas clases propietarias y permiten entender también su posición política. Sin embargo, quedaría entender con mayor profundidad, estos nuevos sujetos inquilinos donde participan tanto las clases autóctonas de menor renta como amplios sectores de la población inmigrante. También resulta un desafío pensar las escalas y estratos sociales que concurren en este mercado del alquiler de Barcelona –estudiantes, migrantes, inquilinos de clase media, personas autóctonas que perdieron sus propiedades en la anterior crisis o que nunca las tuvieron–.

Sin un mapa más nítido de sus perfiles resultará difícil abordar quiénes son estos sujetos inquilinos

Sin un mapa más nítido de sus perfiles resultará difícil abordar quiénes son estos sujetos inquilinos o quiénes conforman los nuevos proletariados urbanos. Lo que sí sabemos es que los tiempos de esta crisis son mucho más lentos y confusos de lo que desearía cualquier estratega político. Pero también que ir demasiado rápido pueden llevarnos al espejismo de coaligarnos con supuestas mayorías sociales que no existen y que se antojan difíciles de componer.

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