Explicaremos brevemente qué entendemos por este tipo de justicia. Nosotrxs la definimos como un proceso comunitario en el que las diferentes partes involucradas en un conflicto se responsabilizan de este, de tal manera que se intenta, por un lado, reparar el daño causado, y por el otro, transformar las circunstancias ambientales y sistémicas que propiciaron que este conflicto se produjese para evitar que vuelva a suceder.

Aplicada a la gestión de las violencias de género, esta perspectiva pretende involucrar no solo a las personas que han recibido el daño, sino también a aquellas que han ejercido la violencia que deben responsabilizarse de la reparación junto con la propia comunidad en la que ha tenido lugar la violencia –las personas del entorno de quien la ejerció y el círculo cercano a la que la recibió–.

Cualquier persona puede ejercer violencias en algún momento y no por ello ha de ser encasillada el resto de su vida

Este enfoque parte de la idea de que el género, y las dinámicas y actitudes asociadas a este, son un constructo cultural, y, en consecuencia, el cambio y la transformación son posibles. También nace de la reflexión de que la violencia no es monopolio exclusivo de unas determinadas expresiones de género, sino que cualquier persona puede ejercer violencias en algún momento y no por ello ha de ser encasillada como violenta el resto de su vida. Huimos así de ideas esencialistas, que atribuyen a las identidades y expresiones de género comportamientos y atributos estancos, idealizando unas y demonizando otras. Por tanto, es una perspectiva que cuestiona y problematiza las respuestas punitivas a las violencias de género, ya que considera que no abordan las causas subyacentes y que dan lugar también a una serie de problemas.

Como Centro Social Okupado, la Cinètika nos entendemos como parte del transfeminismo autónomo que lucha en el territorio del estado español. Al ser un espacio con nueve años de vida, hemos llegado a este enfoque antipunitivo y transformador sobre la base de nuestra experiencia práctica. Entre las críticas que hemos leído, se cuestiona la mera existencia de experiencias prácticas sobre este tipo de abordaje, ante lo cual, no solo respondemos que nosotrxs lo estamos haciendo, sino que además, no somos lxs únicxs.

La justicia transformativa es una práctica que nace en las comunidades indígenas y los pueblos originarios de la que pueden encontrarse ejemplos, tanto en América como, en Asia y Oriente Medio. Véase las experiencias existentes en Bolivia, las comunidades zapatistas o en el Kurdistán entre otros, pero que, además lleva ya décadas poniéndose en práctica en los movimientos políticos disidentes también del norte global. Ejemplos de ello son la recientemente creada Red Antipunitivista del estado español así como numerosos colectivos como Genera y AAMAS en Cataluña o los centros sociales de La Rosa y La Villana en Madrid –solo algunas de las iniciativas existentes–. Por tanto, cuando se afirma que no hay experiencias prácticas, o bien, se debe al desconocimiento o bien se debe a una omisión intencionada. Confiando en que se deba a lo primero, os contamos un poco algunos de nuestros aprendizajes para evitar esa confusión-.

El objetivo final es que cada proceso de justicia transformativa implique un paso más en el camino de ponerle fin a las violencias de género.

En primer lugar, y basándonos en la definición de justicia transformativa, nos gustaría hacer un apunte para diferenciarla de la justicia restaurativa. Mientras que esta última se enfoca en restaurar, desde el punto de vista individual a la persona que ha recibido el daño, la transformativa va más allá, ya que además de reparar, busca transformar la realidad que hizo posible esa violencia. Esta distinción es importante, ya que es común ver cómo estos dos términos se usan muchas veces de manera indistinta. Sin embargo, la diferencia entre ambos se debe a un posicionamiento político que nosotrxs consideramos clave. El objetivo final es que cada proceso de justicia transformativa implique un paso más en el camino de ponerle fin a las violencias de género.

Dicho esto, entre algunos de los argumentos que nos gustaría debatir, está la reivindicación y la defensa que se hace desde una parte del feminismo autónomo del aparato represivo y la vía penal como herramientas para la visibilización y la lucha contra las violencias de género. Desde ese mismo campo político, a nosotrxs nos resulta contradictoria esta defensa de la judicialización de las violencias de género. Entre otros elementos, los feminismos autónomos parten de un rechazo a la injerencia estatal e institucional en nuestras luchas, a la cooptación que se hace del movimiento desde estas esferas y, en definitiva, se proponen unas prácticas feministas independientes de la actuación estatal. Por esto nos resulta sorprendente esta defensa de uno de los brazos más dañinos del estado, como es el aparato represivo y judicial.

Esta mirada obvia totalmente a colectivos y perspectivas que llevan décadas trabajando el abolicionismo del sistema carcelario o que proponen alternativas de descarcelación y despoliciación y que son una realidad en muchas latitudes. Podemos mencionar las campañas Abolish the Police o Defund the Police en Estados Unidos, así como todas las experiencias y colectivos que se inscriben allí en abolicionismo penal o los colectivos Salhaketa, A l’Aguait o Sin Poli, como iniciativas más cercanas y que recomendamos conocer.

Con esto no pretendemos cuestionar a quien denuncia, consideramos que forma parte de la legítima capacidad individual de decisión de cada persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta cómo afectan los casos de violencia de género en el entorno en el que se producen, y cómo, sin embargo, el sistema penal, reduce estos casos a un conflicto interpersonal que anula las consecuencias en el entorno y la agencia comunitaria. Por ello, como colectivo del feminismo autónomo, apostamos por otras vías que consideramos más reparadoras, comunitarias y transformadoras, y nos resulta sorprendente que desde posiciones aparentemente cercanas se apele directamente al papel punitivo del Estado. Consideramos es esencial para desarrollar la autonomía del movimiento, el poder establecer prácticas de abordaje de las violencias que vayan más allá de lo punitivo, lo represivo y lo individual y que puedan plantear desde lo comunitario alternativas a la hegemonía estatal de la justicia.

Alegar que se recurre a la justicia estatal y a su aparato represor por la supuesta inexistencia de alternativas, mientras se ignoran o descalifican estas prácticas sin conocerlas, no es honesto con el público al que se dirigen esos argumentos. Es ocultar toda una propuesta política que lleva años en funcionamiento, mientras se ofrece como única solución la respuesta punitiva del estado, que no va de la mano con la apuesta política de los feminismos autónomos.

Para defender estas propuestas punitivas desde el feminismo, otro de los argumentos que nos ha llamado la atención, es el de plantear el apoyo a leyes penales –y sus consecuencias policiales y carcelarias– como una herramienta útil a la hora de generar debate y crear “un nuevo consenso social”. Consenso se podría definir como “un acuerdo logrado por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos que implica que todos están de acuerdo con la decisión tomada”.

Nos parece aventurado asumir que en algún momento ha existido un consenso social sobre qué hacer con las violencias de género

Nos parece aventurado asumir que en algún momento ha existido un consenso social sobre qué hacer con las violencias de género. Si no existe ese consenso dentro del propio movimiento como lo demuestran estos debates, tampoco puede haberlo a nivel social. Es precisamente esta falta de acuerdo la que exige una discusión a fondo de cuáles son las mejores estrategias. Si ciertas prácticas como escraches o vetos han podido tener su efecto en determinados momentos –no solo en el feminismo sino para otros movimientos– es importante no perder de vista cuál es el objetivo final. Es necesario preguntarse qué resultado se busca con estas prácticas ahora mismo, y si están siendo efectivas para conseguirlo, o si por el camino están aumentando el círculo vicioso de la violencia, tanto para las personas implicadas como para la comunidad de la que forman parte. Es más, deberíamos plantearnos si no están generando una reacción indeseada en contra del feminismo. Para nosotrxs el objetivo es que cada vez más personas, independientemente de su identidad o expresión de género, se consideren feministas; que cada vez más gente dentro de nuestros colectivos y entornos abrace los postulados feministas desde la convicción, no desde el miedo; que se reduzca la violencia de género y que más gente pueda ser reparada en las que ha sufrido. En definitiva, queremos conseguir que se produzca un cambio sostenido a nivel social. En consecuencia, cuestionamos que algunas de estas prácticas contribuyan ahora mismo a lograr este objetivo.

Lo que han podido aportar este tipo de prácticas es que han servido para poner sobre la mesa una problemática que era ajena a una parte importante de la población en su momento. Cuando nadie prestaba atención a las violencias de género, visibilizar que estas existían era algo importante. Sin embargo, en la actualidad en la que el feminismo es lo mainstream y en la que una parte del establishment político y económico instrumentalizan el feminismo para sus propios fines, este tipo de prácticas generan más reacción que apoyo y se convierten en meros instrumentos punitivos hacia personas concretas más que en herramientas de visibilización.

En uno de los artículos contrarios al antipunitivismo se hacía la comparación con la utilización de escraches a fondos de inversión por el movimiento de la vivienda. Es evidente que hay diferencias clave entre su uso y su función política en el feminismo y en el movimiento de la vivienda. La que nos parece más evidente es la dirección, hacia dónde queremos ir con estas medidas. Desde el movimiento de vivienda no se pretende que el fondo de inversión o el propietario de turno pase a formar parte del movimiento, se busca señalar que algo está ocurriendo y ejercer presión para que cesen esas actuaciones, pero sería absurdo pretender que Blackstone o Divarian vayan a estar en algún momento en nuestro lado de la barricada.

Cuando en el feminismo se veta o escrachea a alguien debemos preguntarnos qué queremos conseguir

Sin embargo, cuando en el feminismo se veta o escrachea a alguien debemos preguntarnos qué queremos conseguir. Qué pretendemos cuando sucede en nuestros espacios cuando se acusa a personas que forman parte de nuestros colectivos, que son compañerxs y amigxs, en grupos donde además escasean militantes comprometidxs. Si defendemos que más allá de los determinantes sociales y culturales, existe voluntad de reflexión, cambio y transformación, el objetivo tiene que ser, por fuerza, diferente. Este objetivo tiene que ser reparar el daño tanto a la persona como a la comunidad, y transformar las condiciones que llevaron a este asumiendo la responsabilidad de todas las partes implicadas, pero evitando perder a gente en el camino. En la búsqueda de estos objetivos, las medidas planteadas son más una piedra contra nuestro propio tejado que una solución realista.

Otro de los aspectos que queríamos introducir es el de las diferencias de poder en las situaciones de violencia. Cuando la violencia se ejerce entre dos personas, habrá que tener en cuenta la cuestión de género, obviamente, pero desde una perspectiva interseccional consideramos que hay que tener en cuenta otros aspectos: como la clase, racialización, origen, arraigo en el entorno, etc. Esto es importante ya que se pueden dar casos en los que estemos perpetuando otras opresiones si no atendemos a todos estos condicionantes. Para ello, encontramos que las herramientas propuestas desde las críticas al antipunitivismo son muy limitadas ya que no tienen nada de esto en cuenta y al no hacerlo, perpetúan su carácter de castigo de estas prácticas más que su aspecto transformador.¹

A nivel práctico, en el abordaje de una situación de violencia entre dos personas, nuestra intención es entender, no sólo las violencias que se han dado, sino también el contexto en el que han ocurrido y las circunstancias estructurales que operan sobre las personas implicadas, con el objetivo de que las medidas que proponemos de reparación y responsabilización no perpetúen otras opresiones preexistentes, puedan generar exclusión, desarraigo o indefensión, caigan en intentar reparar un daño profundizando otros, etc.

Todo esto nos lleva a plantear unas preguntas. Si hay medidas que han perdido su capacidad de cuestionar y generar el cambio que buscamos, y se han quedado en intervenciones de castigo y retribución o que perpetúan otros daños, ¿No son acaso punitivas? ¿No deberíamos entonces plantearnos otras formas de conseguir el cambio? ¿No se están perpetuando entonces lógicas punitivas si, aún sabiendo esto, las seguimos defendiendo?

Para terminar, queremos también sacar a colación cómo muchas de estas medidas defendidas en estos artículos tienen de hecho graves consecuencias para las personas que han sufrido violencias, al tener un alto potencial retraumatizador. Y es que es sencillo ir un día a un escrache, postear una denuncia en una cuenta de Instagram, hacer una denuncia en juzgados o ir a una concentración. Sin embargo, una vez llevadas a cabo estas acciones, tienen nula vocación de reparación del daño, el acompañamiento a la persona que ha recibido la violencia puede ser escaso, y en muchos casos la persona afectada ha de hacer frente en solitario, no solo a la violencia vivida, sino a todos los efectos desencadenados por las medidas llevadas a cabo, con buena intención, para sancionar esta violencia. Desde la justicia transformativa se aboga por acompañar el proceso, asumiendo que estos serán largos y teniendo siempre en cuenta que las medidas que se tomen no supongan una escalada de la violencia y de la presión para las personas afectadas. Nos parece que esto es algo esencial a remarcar.

Desprenderse del punitivismo que ha impregnado la sociedad es un camino de largo recorrido

Desde nuestra experiencia práctica, cada día aprendemos cosas nuevas, nuevos detalles o matices a considerar y nuevos abordajes desde los que acompañar a las personas. No pretendemos ostentar ningún tipo de sabiduría magistral sobre este tema y consideramos esencial como movimiento tener la capacidad de cuestionarnos a nosotrxs mismxs, porque si no nos hacemos nuevas preguntas, nunca tendremos nuevas respuestas. La justicia transformativa es dinámica, da lugar a procesos en constante movimiento y aprendizaje. Desprenderse de la cultura del castigo que ha impregnado la sociedad y también las prácticas militantes en las últimas décadas es un camino de largo recorrido. Para que esto sea posible tiene que haber un clima donde el disenso y la discusión sean posibles, así que esperamos poder ir abriendo poco a poco este espacio, que hasta ahora no se ha dado con facilidad.

Nos parecía importante acabar señalando algo que muchas veces pasamos por alto. Es común desde los feminismos, por querer poner la atención en la importancia de atender las violencias de género, caer en la trampa de perpetuar una visión que refuerza la lógica patriarcal de las mujeres en el eterno papel de víctima. Por otro lado, esta visión sobrerrepresenta el carácter aterrador de estas violencias, lo cual nos parece poco constructivo y esperanzador. ¿Cómo podemos ayudar a reparar emocionalmente a una persona que ha sufrido una situación de violencia si, al mismo tiempo, reforzamos la idea de que, para ser una buena víctima, su vida tiene que girar en torno a esa violencia a partir de entonces?

1. Respecto a la interseccionalidad, nos gustaría hacer una aclaración sobre por qué elegimos y cómo aplicamos nosotrxs este concepto, ya que es un término que está en disputa en los últimos años y sus connotaciones pueden variar según la perspectiva desde la que se esté nombrando. Utilizamos interseccionalidad en su acepción original, es decir con el objetivo de atender a la interrelación de diferentes marcos de opresión y circunstancias contextuales que puedan estar operando, en nuestro caso, sobre las situaciones de violencia. Sin embargo, no queremos caer con esta interpretación en una dinámica cada vez más común de hacer jerarquías entre personas basadas en las distintas opresiones y privilegios, como si estos se pudiesen acumular igual que se acumulan puntos en un juego de mesa. Es decir, entendemos la intersección como un marco para comprender a fondo como confluyen y se configuran las dinámicas de dominación en una situación concreta de violencia desde el punto de vista colectivo y comunitario. Partiendo de este enfoque queremos también huir del pensamiento neoliberal y cómo ha ido impregnando algunas interpretaciones de la interseccionalidad, por ejemplo cuando se aplican estos discursos desde una perspectiva individual que la utiliza muchas veces para imponerse sobre otros en entornos que permiten la instrumentalización de luchas y opresiones igual que en otros contextos operan los privilegios. En este sentido, intentamos no compensar unas dominaciones ejerciendo otras. ↩︎

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No es cierta la «acusación» que lanzan determinados sindicatos a la actual administración penitenciaria de haber reducido la aplicación del aislamiento

El análisis de los datos disponibles sobre resoluciones de clasificación en primer grado (excluyendo los mantenimientos), desde 2009 hasta la fecha, con gobiernos de diferente signo político, muestran que su porcentaje ha aumentado. Mientras que el porcentaje más bajo se produjo en el año 2011, cuando estas resoluciones representaban un 1,2 %, el más alto se produjo en el año 2023 –un 2,1%–. En los años de gobierno del último equipo de Instituciones Penitenciarias nombrado por el PP, los porcentajes de resoluciones de clasificación en primer grado oscilaron entre el 1,5 y el 1,9%; y, en los años que lleva el actual equipo, nombrado por el PSOE en coalición, dichos porcentajes oscilan entre el 1,4 y el 2,1 %. Por tanto, dado que porcentualmente ha aumentado el número de resoluciones de clasificación en primer grado, es obvio que no es cierta la «acusación» que lanzan determinados sindicatos a la actual administración penitenciaria de haber reducido la aplicación del aislamiento.

En cuanto al supuesto aumento de agresiones al funcionariado de prisiones por parte de personas presas, el análisis de las cifras de infracciones disciplinarias muy graves de los últimos cinco años —entre las que se encontrarían estas agresiones— evidencia su descenso consecutivo en el 2023 y 2024; durante 2020, 2021 y 2022, se mantuvieron cifras similares, pero en 2023 se redujeron en un 5,2% y en 2024 en torno a un 30%. Además, resulta conveniente discriminar qué se entiende por agresiones al funcionariado en el medio penitenciario. El asesinato de la cocinera de Mas d’Enric (Tarragona) en marzo, el violento ataque sufrido por una psicóloga el pasado mes de julio en Morón de la Frontera (Sevilla) o la agresión física, hace escasas semanas, a la funcionaria de Topas (Salamanca) no son representativas del grueso de las agresiones registradas: la inmensa mayoría de ellas se producen entre la propia población reclusa. cuando se trata de personal penitenciario (un porcentaje muy reducido del total), suelen consistir en agresiones verbales. En caso de generar daños físicos, lo más habitual es que se produzcan en el ejercicio de una contención (lo que constituye un riesgo laboral), o bien, cuando el funcionario o funcionaria media en una pelea, de forma que la agresión no está dirigida al trabajador/a.

Los datos disponibles no permiten afirmar ni que se haya producido una reducción significativa del aislamiento ni que hayan aumentado las agresiones.

En definitiva, los datos disponibles no permiten afirmar ni que se haya producido una reducción significativa del aislamiento ni que hayan aumentado las agresiones. Asimismo, la relación que pretende establecerse entre la supuesta reducción del aislamiento y el también supuesto aumento de las agresiones constituye una correlación espuria. Esta quiere establece una relación causal no probada entre dos variables al no considerar un tercer factor de gran relevancia para captar la complejidad del asunto: la deriva securitaria del tratamiento penitenciario. En lugar de proponer «soluciones» simples —si no directamente contraproducentes— a problemas complejos, debería intentar atajar el problema de raíz desde la perspectiva del respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y el favorecimiento de su progresión hacia vidas en libertad.

Lejos de ser una posible solución a las problemáticas de la prisión, el aislamiento penitenciario constituye una práctica carcelaria que únicamente provoca problemas de salud física y mental a las personas que los sufren. Cuando se habla de aislamiento penitenciario, es necesario saber que este implica una reclusión social y física, con una reducida estimulación sensorial y ambiental (tanto cuantitativa como cualitativa). En esta situación, los estímulos disponibles y los contactos sociales ocasionales rara vez se eligen libremente, suelen ser monótonos y, a menudo, no son empáticos. Todo ello hace que sea psicológicamente muy difícil de aguantar, sobre todo en una sociedad como la actual, caracterizada por un exceso de estímulos. También conlleva la pérdida del control sobre todos los aspectos de la vida, con una pérdida absoluta de la autonomía personal, y el sometimiento a una vigilancia extrema.

Los daños que provoca el aislamiento penitenciario han sido ampliamente estudiados y documentados científicamente.

Los daños que provoca el aislamiento penitenciario han sido ampliamente estudiados y documentados científicamente. Estos van desde reacciones psicológicas, síntomas físicos, trastornos psiquiátricos, suicidios y autolesiones que pueden producirse cuando se experimenta esta medida, incluso por periodos cortos. Estar en aislamiento aumenta las situaciones de violencia en vez de reducirla y supone un factor que incrementa el riesgo de suicidio. Por todo ello el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) con respecto al estado español ha indicado que el período máximo de la sanción de aislamiento no dure más de 14 días. De la misma forma, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos prohíben el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado (aquel que dura más de 15 días y que suponga 22 horas diarias sin contacto humano significativo).

De igual manera, el Comité contra la Tortura en sus recomendaciones a nuestro país ha dicho que una aplicación excesiva del régimen de aislamiento constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante, e incluso la tortura en algunos casos (art. 11) e insta a prohibir de forma absoluta el régimen de aislamiento que exceda 15 días. Además, el Estado parte debería asegurar que la reclusión en régimen de aislamiento solo sea utilizada como medida de último recurso, por el periodo más breve posible, bajo estrictas condiciones de supervisión y control judicial. También los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas indican que se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción.

Ante situaciones críticas la administración penitenciaria usa también el aislamiento a través de la aplicación del art. 75, previo a la clasificación en primer grado, lo que oculta las causas y, en consecuencia, agrava la situación. A pesar de los programas pensados para tratar adicciones, psicosis y discapacidad intelectual, las personas aquejadas más gravemente por estas problemáticas no encuentran respuesta en el tratamiento penitenciario. Es más, al no conseguir cumplir los exigentes requisitos regimentales, habitualmente, acaban siendo expulsadas a entornos más hostiles; protagonizan alteraciones del orden por las que se les aplican múltiples sanciones y, con ello, son las principales candidatas al aislamiento. Si se obvia la dimensión comunitaria en los trastornos de personalidad, el personal penitenciario que custodia, acaba por sufrir las consecuencias de un abandono tratamental que, reducido a mera gestión de riesgos, no sirve para orientar ni para acompañar, y, en definitiva, solo clasifica y destina a los módulos más conflictivos y peligrosos a determinadas personas.

Proteger a la población reclusa y, con ello, también a los trabajadores y trabajadoras del ámbito penitenciario, pasa por no esperar de los técnicos pronósticos imposibles, pero sí el diseño de itinerarios de inserción y perspectiva comunitaria, sepultada en la práctica por la prevención especial y la dimensión retributiva de la pena. Esa perspectiva comunitaria debería ser la exigencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, puesto que se trata de la única medida que contribuirá a reducir los riesgos evidentes que genera una institución como la prisión, un lugar cargado de violencia.

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1. Panorama institucional

A la hora de juzgar nuestra situación como disidentes sexuales es importante afrontar nuestro papel en un contexto más amplio, y por eso abordamos la situación de coyuntural general. Entendemos que este contexto es el de una crisis del sistema capitalista, en concreto en su etapa neoliberal, que genera limitaciones y momentos de oportunidad; una crisis económica, ecológica y política.

En el contexto estatal, encontramos, como parte de esta crisis, una pérdida relativa de legitimad del sistema electoralista y de sus partidos políticos con un progresivo aumento de la desconfianza del proletariado respecto a él. El proyecto socialdemócrata, dada la reducción de los márgenes de beneficio del capital, es incapaz de establecer grandes políticas reformistas y redistributivas como lo hizo en algunas décadas del siglo XX. Además, ni siquiera hace el máximo posible dentro de las posibilidades que otorgan los rangos de beneficios actuales, por no existir una fuerza revolucionaria relevante que suponga una amenaza, ni una clase proletaria suficientemente organizada capaz de conseguir conquistas. Además, en los países de la Unión Europea no hay soberanía de los Estados, sino que muchas competencias las posee la Unión Europea. Así, el proyecto socialdemócrata se torna a menudo un proyecto directamente socioliberal o liberal. Este proyecto reproduce la la violencia de clase mediante reformas, y dirige las demandas y los intereses del proletariado dentro del marco burgués, anulando otras vías revolucionarias o políticas de ruptura, volviendo al proletariado dependiente del Estado.

El ámbito de la disidencia sexual ha cobrado relevancia en la política parlamentaria como eje diferenciador entre partidos

En este contexto, la diferencia entre partidos socialdemócratas y conservadores o democristianos no es fundamentalmente la política económica, ni si quiera la concerniente a derechos políticos, sino que frecuentemente se libra en el ámbito discursivo y cultural. Este hecho nos concierne especialmente: el ámbito de la disidencia sexual, puesto sobre la mesa por movimientos de base, ha cobrado relevancia en la política parlamentaria como eje diferenciador. La alianza con las asociaciones LGTB reformistas y el avance en derechos cívicos (como el matrimonio homosexual o la Ley Trans) para la clase media LGTB se ha convertido en un elemento importante en la forma en la que los partidos socialdemócratas y socioliberales buscan diferenciarse de las alternativas electorales derechistas y mantener cierta adhesión entre el electorado de izquierdas. Pero los avances que se están dando para las disidentes sexuales no van de la mano de políticas de ampliación de derechos políticos generales ni de una reestructuraciones socioeconómicas sustancial capaz de debilitar las bases de la opresión, sino que atienden a cuestiones específicas ligadas a la identidad “LGTB”, escindiendo estos derechos y avances del conjunto de condiciones que se necesitan para desarrollar plenamente la libertad sexual. Eso no significa que algunas medidas no puedan mejorar las vidas de les disidentes (por ejemplo, facilidades para modificar el DNI o acceder a procesos de hormonación), pero definitivamente no van a acabar con la raíz de la opresión de género y las violencias derivadas de esta, ni pueden garantizar en ningún caso unas condiciones de vida deseables y libres para las disidentes del proletariado ni para el conjunto de la población.

La liberación de género se asocia con políticas identitarias y se presenta como algo separado de una política general en favor de la clase proletaria en su conjunto

Separada de su naturaleza social y económica, la liberación de género se asocia con políticas identitarias y se presenta como algo separado de una política general en favor de la clase proletaria en su conjunto. Por otra parte, las disidentes sexuales se convierten en chivo expiatorio de la reacción. La polémica alrededor de la Ley Trans ha sido un ejemplo de cómo se emplean las cuestiones de género como moneda de cambio parlamentaria para disputar al electorado y alimentar la maquinaria partidista. Por una parte, Podemos, que después de años en un gobierno del PSOE ha incumplido todas sus promesas electorales (Reforma Laboral, Ley Mordaza, vivienda, renta básica y fiscalidad…) trataba de ganar apoyos entre algunos sectores sociales a la izquierda del PSOE declarando su representación de los derechos LGTB. Mientras tanto, el PSOE, buscaba restaurar su liderazgo como defensor de las políticas del género, apelando al clásico sujeto “mujeres”, y arremetiendo contra las personas trans en nombre de un supuesto feminismo en contra de les disidentes de género —que pretendía interpelar, sobre todo, a las mujeres de clase media y trabajadora de mediana edad—. En paralelo, la ultraderecha, dentro y fuera de la política institucional, alimentaba discursos de odio contra las personas trans y azuzaba el pánico moral ante la perversión de la infancia y la degeneración social, reivindicando un horizonte tradicionalista del género y la familia nuclear.

Así, por una parte, la ultraderecha (VOX), construye un chivo expiatorio alrededor de lo trans y lo kuir que, junto con les migrantes y personas racializadas, sirve para definir un enemigo social para la clase alta y media alta, contra el que tratan de canalizar malestares sociales de capas sociales más amplias. Por otra parte, partidos autodenominados de izquierda (como el PSOE), que cuentan con una amplia base social entre la clase proletaria, culpan a les disidentes de perjudicar a la lucha feminista y generan división en movimientos sociales que desbordan su capacidad de cooptación. Alimentan así el odio del penúltimo contra el último y dificultan la construcción de un sujeto político de clase.

2. Análisis crítico del movimiento LGTB, en relación con la izquierda radical

Es preciso detenernos también en los posicionamientos alrededor de lo kuir en el ámbito de la “izquierda radical” o revolucionaria. Algunas organizaciones pretendidamente revolucionarias culpan a les disidentes sexuales de reforzar la fragmentación de la clase, así como de alimentar el giro hacia la política cultural de la izquierda parlamentaria y distraer de las cuestiones importantes. Este discurso en ocasiones se alinea peligrosamente con las posturas reaccionarias de otros sectores sociales.

En esta coyuntura, es preciso ser capaces de criticar las limitaciones y riesgos de ciertas prácticas del movimiento LGBT y problematizar las formas de conciencia espontánea de las personas que se desvían de la heteronorma , pero también ser conscientes del marco de ofensiva contra este colectivo en el que nos movemos. Con estas formas de conciencia espontánea nos referimos a una comprensión individualista y esencialista de la identidad, a la noción de que la causa de la opresión son “las personas cishetero” o la heteronorma en abstracto, y la forma de solucionar los problemas de les disidentes, llevar a cabo campañas de visibilización, y promover reformas legales que amplíen algunos derechos sociales. En lugar de eso, nosotres defendemos una conciencia de clase más amplia capaz de entender el género y la sexualidad en su interrelación con las dinámicas capitalistas y de fragmentación social, y apuntar hacia la necesidad de la solidaridad de clase.

Las desviadas del género no solo nos organizamos en clave de disidencia sexual, sino que formamos parte de la militancia en muchas otras organizaciones y frentes

En cualquier caso, y en línea con lo anterior, es preciso aclarar que la crítica en ningún caso es a las personas transmaribibolleras como tal, sino a determinadas comprensiones o prácticas políticas asociadas con lo kuir que, por lo general, son extensibles a gran parte de los movimientos sociales y políticos. Dado el contexto en que nos encontramos, creemos importante subrayar esta diferencia. También es importante contemplar que las desviadas del género no solo nos organizamos en clave de disidencia sexual, sino que formamos parte de la militancia en muchas otras organizaciones y frentes (lucha sindical, organizaciones vecinales, etc). A veces esto se hace contribuyendo al avance político en materia de género en estos espacios, otras veces no, bien sea por elección deliberada o por tratarse de espacios desfavorables para ello.

Asimismo, creemos importante recordar que tanto las victorias como las derrotas parciales de sectores concretos del proletariado son, en realidad, compartidas por el conjunto del proletariado. Por consiguiente, un debilitamiento tanto del movimiento revolucionario en su conjunto como de las estructuras alrededor de las cuales la clase se organiza espontáneamente (sindicatos, asambleas de barrio, centros sociales, colectivos, etc.) dificulta a las disidentes el despliegue de una política revolucionaria; es decir, de una política capaz de ir más allá de los circuitos más inmediatos en los que se actúa —que son espacios muy minoritarios— que se construyen en gran medida al margen de la sociedad entendida en un sentido amplio.

La tarea es, por tanto, encontrar conjuntamente la forma de mantener nuestra autonomía política respecto a los intereses del capital

Las identidades LGBT y las demandas culturales de cierto sector del movimiento han sido tachadas de neoliberales por algunos sectores de la izquierda radical, argumentando la facilidad para ser cooptadas y asimiladas por el sistema capitalista. Si este peligro existe, también han sido cooptables y cooptadas otras fuerzas sociales como los sindicatos e, históricamente, las direcciones de múltiples partidos obreros. La tarea es, por tanto, encontrar conjuntamente la forma de mantener nuestra autonomía política respecto a los intereses del capital. Por eso consideramos que es muy importante que el debate político y la crítica entre organizaciones y colectivos se dé en una clave honesta, constructiva y superadora, y no impugnadora, poniendo a disposición de les interlocutores las herramientas para avanzar alrededor de una estrategia revolucionaria. Por otro lado, la amenaza creciente de violencia y aumento del control social que viven las personas trans y disidentes estrecha la libertad de la clase en su conjunto. Por tanto, la solidaridad no es fundamentalmente una cuestión moral sino un principio estratégico: cuando un frente de lucha avanza, las condiciones para la lucha general mejoran, y viceversa: si otros sectores retroceden, la clase retrocede en su conjunto. En definitiva, no nos aliamos esencialmente por una cuestión de empatía, sino porque nos necesitamos mutuamente, y es preciso tener esta conciencia presente. Es preciso avanzar en múltiples frentes a la vez para construir un poder de clase capaz de asumir las tareas que exige un proceso de liberación sexual profundo.

La solidaridad no es fundamentalmente una cuestión moral sino un principio estratégico: cuando un frente de lucha avanza, las condiciones para la lucha general mejoran

Otro actor relevante en el ámbito de la politización de la disidencia sexual en las últimas décadas han sido las asociaciones LGBT reformistas e interclasistas, que han dominado el discurso y la “lucha” LGTB en las últimas décadas. Estas asociaciones gozan actualmente de escasa legitimidad y referencialidad entre las personas jóvenes. Su práctica se ha basado en la subordinación a la socialdemocracia, al identitarismo/esencialismo, y a la obtención de determinados derechos cívicos como el Matrimonio Homosexual, la Ley Trans o el reconocimiento de la discriminación y los “delitos de odio” contra la población LGTB, conquistas de distinta naturaleza. Mientras algunas como la Ley Trans suponen un avance, aunque parcial, en la lucha contra la opresión de género, por la relativa libertad que otorga a las personas trans frente al aparato médico estatal, otras como el marco de los discurso de odio son contraproducentes en cuanto que profundizan en la capacidad punitiva del Estado. Si bien la Ley Trans supuso una nueva ocasión de incidencia legislativa relevante, las asociaciones no han vuelto a tener el nivel de relevancia política y social que tuvieron con carácter previo a la aprobación del matrimonio. Además, las políticas socialdemócratas ven su alcance limitado, en parte, porque las demandas LGBT no se dan mediante una correlación de fuerzas, por parte de la clase trabajadora, que le permita defenderlas de los ataques reaccionarios. Por tanto, nada garantiza su duración en el tiempo, sino que esta puede depender de periodos de crisis o giros políticos hacia la derecha (p. ej: Ayuso derogando la Ley Trans en la Comunidad de Madrid). Esta gestión puede dar pie a un descontento que desemboque en el fenómeno del heteronacionalismo, una ideología reaccionaria que surge como consecuencia de una política LGTB neoliberal.

La respuesta dada al asesinato de Samuel Luiz en 2021 contribuyó a poner de manifiesto la dificultad de las asociaciones para canalizar las preocupaciones de la gente joven

La respuesta dada al asesinato de Samuel Luiz en 2021 contribuyó a poner de manifiesto la dificultad de estas asociaciones para canalizar las preocupaciones de les disidentes sexuales, particularmente de la gente joven. El 3 de julio de 2021 Samuel Luiz es asesinado en la calle por ser maricón. El caso tuvo una amplia difusión y supuso un antes y después en la lucha de las disidentes sexuales. En muchas ciudades se organizaron movilizaciones contra el asesinato. Estas movilizaciones a menudo mostraron la debilidad de las asociaciones convocantes, reformistas e interclasistas, para articular una respuesta política, así como para representar el sentir de la disidencia sexual, especialmente juvenil. Estas protestas, en gran medida se basaron en reafirmar la situación de victimización —y debilidad—, así como se tradujeron en demandas al Estado. Tras ello, esta debilidad sin embargo, dio lugar a un aumento de la fuerza de organizaciones queer “radicales” en el Estado español que se contraponían a dicha linea política reformista. En ciudades como Madrid hubo detenciones a disidentes sexuales durante la manifestación de Samuel. En Zaragoza, tras lo que algunas consideramos como una concentración vergonzosa, reflejo de la forma de luchar de estas asociaciones, algunas nos reunimos esa misma noche, dando el primer paso para formar un colectivo queer anticapitalista que es el actual Vagas y Maleantes.

La evidencia de que la opresión de género, así como la violencia explícita hacia les disidentes sexuales continúa o incluso aumenta, aunque se obtengan nuevos derechos cívicos, pone en cuestión la efectividad de la estrategia empleada hasta ahora por dichas asociaciones, y muestra la necesidad de desarrollar herramientas efectivas de respuesta a la reacción, que no solo se tiene que dar en la política institucional, sino también a pie de calle. Además, estos avances legislativos son solo accesibles a cierta parte de les disidentes sexuales por razones tanto coyunturales como estructurales. Por ejemplo, si no tienes una situación regular, no te podrás casar, cambiar el sexo registral, ni denunciar una agresión, o al menos, no sin amenazar tu propia integridad. Si no tienes unas mínimas condiciones de seguridad tampoco podrás denunciar. Si eres una persona no binaria, quedarás fuera de la Ley Trans y un sin fin más de limitaciones, algunas contingentes a estas leyes y otras inherentes a las limitaciones de la reforma bajo el estado burgués liberal.

Las asociaciones LGBT han centrado su política en reformas basadas en los derechos cívicos, paralelas a un reforzamiento penal mediante el énfasis en los delitos de odio y el apoyo a campañas y recursos de salud sexual

Las asociaciones LGBT, en suma, han centrado su política en reformas basadas en los derechos cívicos, paralelas a un reforzamiento penal mediante el énfasis en los delitos de odio y el apoyo a campañas y recursos de salud sexual. Estas estrategias son claramente insuficientes para acabar con la opresión de sexo/género, aunque algunas puedan constituir una mejora parcial de nuestras condiciones de vida —es el caso de los derechos cívicos y la educación sexual—. Además, la entrada en los gobiernos de la extrema derecha deja impotentes los colectivos LGTB que basaban su estrategia en el lobbismo al sector progresista y en la gestión de recursos públicos del Estado. El papel de colectivos como Vagas y Maleantes se mueve en esta coyuntura. La falta de un referente claro de la lucha LGBT/kuir, especialmente para la gente joven (y particularmente en ciudades como Zaragoza, donde no existía ningún espacio de estas características) nos permite incidir en ese espacio social, impulsando una nueva estrategia política.

Algunos sectores de la población, especialmente de la llamada “clase media” y los agentes LGTB adscritos a esta clase piden “más seguridad” o “más presencia policial”

Por otra parte, aunque encontramos algunas potencialidades en este contexto, se puede apreciar que, mientras decrece la confianza en la capacidad del Estado para ofrecer reformas que solucionen los problemas cotidianos de la mayoría de la población, se refuerza un discurso securitario que aumenta la confianza en los aparatos represivos estatales. El sistema judicial o los cuerpos de seguridad del Estado, que son profundamente políticos, aunque se presentan como neutrales, mantienen o incluso refuerzan su legitimidad. Algunos sectores de la población, especialmente de la llamada “clase media” y los agentes LGTB adscritos a esta clase, piden “más seguridad” o “más presencia policial”, es decir, más Estado, un Estado que, en realidad, garantiza que estos problemas se reproduzcan.

La “liberación sexual” no es una demanda en el aire, se produce contra las estructuras del capital y del Estado

En este sentido, es especialmente significativo que haya personas y colectivos LGTB que tratan de enfrentarse a las agresiones sexistas de los últimos años mediante la extensión de las fuerza de seguridad del Estado y en particular, reprimiendo espacios de las disidentes sexuales. Esta es una contradicción, que se entiende bajo la confusión de intereses de clase propia de la clase media. La historia de las disidentes sexuales ha sido la historia de la persecución estatal que hemos sufrido: precisamente hemos padecido ese aparato represivo que ahora algunes quieren aplicar sobre las poblaciones más pobres, migrantes y racializadas. Nosotres siempre hemos sido y somos, como ellas, un chivo expiatorio de la violencia estructural. La “liberación sexual” no es una demanda en el aire, se produce contra las estructuras del capital y de un Estado que siempre ha garantizado la normalidad sexual mediante la violencia. Que las fuerzas de seguridad del Estado lleguen a nuestros espacios bajo las demandas de protección solo desarticulará esos espacios.

Esto último lo hemos vivido de primera mano con lo sucedido en el “Ambiente” de Zaragoza. En esa zona de la fiesta queer de la ciudad el 18 de diciembre de 2021 Vagas y Maleantes realizó su primer acto público en forma de bloque en la concentración en repulsa a las agresiones sexistas que se habían sufrido en la zona esas semanas. Entonces denunciábamos las demandas securitarias que las asociaciones y empresas LGTB de la zona estaban realizando pidiendo más control policial para el Ambiente. Ya en su momento nuestro manifiesto juzgaba que el aumento de la presencia policial siempre, en mayor o menor plazo, va en detrimento de la libertad sexual; y que la presencia policial iba a matar las relaciones que allí se daban. Esto fue una triste predicción. Si hasta ese momento el Ambiente se caracterizaba porque la fiesta inundaba toda la calle más allá de los bares y que juntaba (no sin conflicto) a diferentes comunidades marginadas queer y no queer, racializadas y no racializadas, tras la llegada del control policial de la zona, se acabó por expulsar a los sectores más proletarizados de la zona, primero a las personas racializadas, y después las personas que no pasábamos por el aro de pagar a los bares y que nos quedábamos en la calle sin entrar a los mismos. Hoy en día el Ambiente esta prácticamente muerto, lleno de nuevas cámaras que vigilan cada rincón de la calle, y después de expulsar a los sectores más proletarizados que eran los que dan vida a la zona, la situación ha acabado por perjudicar también a los propios propietarios. En los últimos años, hemos podido ver cierres progresivos de la práctica totalidad de los bares.

A modo de final, nos gustaría apuntar que, si bien es cierto que muchas de estas tendencias son desalentadoras, en los últimos tiempos, también asistimos a una recomposición de las fuerzas revolucionarias de la clase trabajadora (aunque estas todavía son muy minoritarias), a un momento de radicalización política y de reactivación del debate estratégico. Esta es también la tendencia que en Vagas y Maleantes nos ha llevado a debatir, formarnos y realizar nuestro documento en un intento por resolver los interrogantes a los que nos enfrentamos en este momento. Confiamos en que nuestros apuntes sean útiles mucho más allá de nuestra agrupación, tanto a otros colectivos de género como a organizaciones revolucionarias interesadas en una aproximación a la lucha contra la opresión de género que evite el seguidismo a la socialdemocracia. Estaremos encantades de escuchar vuestras dudas, aportaciones o críticas. (vagasymaleantes@sindominio.net)

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Vagas y Maleantes (VyM) somos un colectivo de Zaragoza que busca aportar a la lucha de clases desde la militancia de la disidencia sexual. Trabajamos por la conformación de un frente de género que aúne la lucha por la liberación de las mujeres con la de les disidentes sexuales; un frente que a su vez se integre en una lucha unitaria mayor: la de la abolición de la sociedad de clases por el proletariado. Nos conformamos originalmente en 2021 como respuesta a la muerte de Samuel Luiz. En estos años, entre otras muchas cosas, hemos sido les impulsores del Orgullo Crítico en Zaragoza. En este tiempo hemos apreciado la necesidad de tomarnos nuestra tarea -la abolición del género, la superación de la sociedad de clases- con seriedad, en este sentido vimos la necesidad de formarnos y de debatir para asentar unas bases ideológicas y estratégicas que nos permitiesen tener una práctica política más efectiva. Así surgió la necesidad de tener una serie de debates que el pasado año nos llevaron a redactar colectivamente este documento. ¡Transmaribibolleres, nos vemos en las calles!

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Zona de Estrategia presenta su revista papel esta vez centrada en analizar críticamente la expansión de un nuevo sentido común punitivo, que utiliza el miedo como herramienta para la gestión de un momento político asaltado por varias crisis. Esta lógica que hace uso del populismo punitivo¹ no es neutra, sino funcional a mecanismos disciplinarios que impactan sobre todo en los sectores más explotados y precarizados de la sociedad, con especial relevancia en la gestión securitaria y la criminalizadora de las migraciones. Podéis leer más sobre esta perspectiva en la introducción.

Aunque el número va mucho más allá del feminismo, estos últimos años, en este movimiento se han sostenido intensos debates acerca de la pertinencia y las consecuencias de impulsar leyes penales en respuesta a las violencias machistas, así como sobre las constantes apelaciones al Estado como garante de nuestra «protección”. También se ha discutido —cada vez de forma más abierta, y aunque no ha sido fácil— sobre las mejores formas de enfrentar estas violencias en nuestros espacios y prácticas políticas. Creemos que hoy en los movimientos feministas de base el antipunitivismo está ganando terreno como marco filosófico y político. Todo ello, y aunque los caminos que estamos tomando no son ni fáciles ni siempre completamente claros, está promoviendo la proliferación de experiencias prácticas en la construcción de alternativas desde perspectivas transformadoras que eviten reforzar lógicas punitivas y securitarias. Ya hay espacios como AAMAS (Manresa), Genera (Barcelona), el Modulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio (Bilbao), la PAH Vallekas, o Centros Sociales como La comisión de género de La Cinètika (Barcelona), entre otras muchas experiencias, las que están escogiendo estos caminos para aproximarse a lógicas que rompen con las lógicas del castigo o que introducen visiones más comunitarias y colectivas de enfrentar las violencias. (Si eres una de estas experiencias no dudes en escribirnos info@zonaestrategia.net/)

Hoy en los movimientos feministas de base el antipunitivismo está ganando terreno como marco filosófico y político

Algunas de las cuestiones abordadas en este cuaderno incluyen preguntas como: ¿Qué función cumplen las leyes en un horizonte antipunitivista? ¿Existe el riesgo de que desde algunos feminismos se esté reforzando una visión esencialista de las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias subjetivas, sociales y políticas de esta división binaria? ¿Qué formas de acción política pueden emerger desde la posición de víctima y cuáles son sus límites para nuestra emancipación? ¿Cómo se está incorporando y practicando el antipunitivismo en nuestros espacios de militancia cotidiana?

Sobre el papel de las leyes y su eficacia para transformar la sociedad

En los debates públicos se perciben diferencias estratégicas fundamentales entre quienes consideran que las relaciones sociales sexistas pueden transformarse a través de las leyes y políticas públicas —el feminismo institucional o más cercano a la institución—, y quienes desconfían del Estado por considerar que este marco legislativo se aplica con los mismos sesgos patriarcales y de dominación que pretende combatir, reproduciendo desigualdades y generando efectos colaterales negativos. Esta segunda corriente —el feminismo autónomo— pone el énfasis en la autoorganización y movilización social, y alerta sobre los riesgos de cooptación estatal y de la despolitización de las luchas feministas. Desde esta perspectiva se apuesta por la autonomía de los movimientos y la construcción de alternativas transformadoras desde abajo, cuestionando la eficacia real del derecho penal como herramienta de cambio social.

Es cierto que el recurso al sistema penal puede ser funcional a algunas mujeres y que determinados elementos de las leyes contra la violencia de género pueden ser herramientas útiles de forma puntual, sobre todo cuando brindan recursos concretos a aquellas que necesitan salir de situaciones de violencia urgentes, más que cuando hacen hincapié en las medidas penales. (Recordamos también que por ejemplo, en el caso de las denuncias por agresión sexual, solo dos de cada diez llegan a juicio –el resto son archivadas– y solo una acaba en condena. Asumiendo que esta fuese una vía adecuada de reparación, sería entonces una realmente muy insuficiente.) Sin embargo, creemos que el ámbito penal no debería ser una prioridad de los movimientos de base, sino la generación de alternativas, el impulso de lógicas diferentes en el marco de la transformación social y no del refuerzo de lo existente.

Se trata de que las herramientas estatales que se pongan en marcha bajo el marco de la “protección de las mujeres” no acaben impulsando refuerzos penales ni cuestionen los derechos de los penados

En cualquier caso, se trata de que las herramientas estatales que se pongan en marcha bajo el marco de la “protección de las mujeres” no acaben impulsando refuerzos penales ni cuestionen los derechos de los penados. Pero sobre todo que no generan otras violencias bajo este marco. Por ejemplo cuando se instrumentaliza la violencia sexual para atacar a los migrantes, o cuando se impulsan políticas que criminalizan a las trabajadoras sexuales. Sin ir más lejos, desde hace años, las campañas contra la trata sirven como política antiimigración antes que para liberar a las mujeres de aquellos que las explotan y provocan que muchas de esas víctimas acaban encerradas en CIES o deportadas.

Demandar nuevas tipificaciones penales puede convertirse en un boomerang peligroso

Un ejemplo paradigmático de las tensiones entre la legislación punitiva impulsada por los movimientos y sus resultados paradójicos lo desarrolla Nora Rodríguez en un artículo de este Cuadernos a través de su análisis sobre la aplicación práctica de los delitos de odio. Su investigación demuestra que una legislación inicialmente concebida para proteger a grupos vulnerables está siendo instrumentalizada por actores como la policía, grupos neonazis e incluso el Estado de Israel, quienes se autodefinen como «víctimas de odio» frente a activistas, antifascistas y movimientos propalestinos. Paradójicamente, los colectivos para los cuales se diseñó originalmente la ley —migrantes, personas trans, activistas— no siempre la pueden utilizar, precisamente porque desconfían de ser escuchados y tratados justamente por las instituciones policiales y judiciales. Este análisis evidencia que demandar nuevas tipificaciones penales no solo extiende el sentido común punitivo en la sociedad, sino que puede convertirse en un boomerang peligroso que termine siendo usado en contra de nuestras propias luchas.

Sobre las representaciones esencialistas de “hombres” y “mujeres”?

«Los hombres son violadores o agresores en potencia» y «las mujeres son objeto —pasivo— de estas violencias” es algo que tratamos en un artículo anterior. Estas posiciones binarias y esencialistas que dibuja un cierto feminismo cultural nos sirven para reflexionar sobre los efectos subjetivos y sociales de nuestras luchas, ya que tienden a naturalizar y despolitizar las relaciones de poder. Muchos feminismos construyen una identidad política «mujeres» anclada como una posición de opresión fundamentalmente a partir de este eje de la violencia (otras dentro de la división sexual del trabajo): “todas somos una clase”. Sin embargo, cuando no se reconoce que esa opresión se articula de manera diferenciada según clase, raza, nacionalidad y otros ejes de dominación, se corre el riesgo de pacificar los conflictos de clase y ocultar cómo la racialización estructura la división internacional del trabajo, y por ende, la explotación. Esta mirada homogeneizadora invisibiliza que las mujeres de clase media, blancas o del Norte global no experimentan la misma vulnerabilidad que las mujeres trabajadoras, migrantes o racializadas o incluso que los hombres migrantes racializados pobres o sin papeles.

Sin embargo, desde ciertas posiciones feministas se han defendido expresiones como «todos los hombres son potenciales violadores», que, además de reafirmar esencialismos sexistas, generan lo que podríamos denominar una «alarma sexual» comparable a los pánicos sexuales analizados por Judith Walkowitz². Este «todos son», articulado junto a la denuncia de una «cultura de la violación» omnipresente y ubicua, construye un estado de alerta permanente que, si bien moviliza la rabia y la acción política —buscando que «el miedo cambie de bando”—, también construye los mimbres que dan lugar a un pánico moral.

La narrativa del peligro constante («todas las mujeres estamos en peligro permanente) no solo simplifica la complejidad de las violencias sino que tiene efectos problemáticos

Esta narrativa del peligro constante («todas las mujeres estamos en peligro permanente porque todos los hombres son violadores en potencia») no solo simplifica la complejidad de las violencias machistas, sino que tiene efectos opuestos a lo que proponen los feminismos de base. Por un lado, puede alimentar demandas punitivas que justifiquen el endurecimiento penal y el aumento de la vigilancia estatal. Por otro, invisibiliza cómo este pánico sexual afecta de manera desigual: mientras que para algunas mujeres puede traducirse en mayor protección policial, para otras —especialmente mujeres racializadas, trabajadoras sexuales o en situación migratoria irregular— puede significar mayor criminalización y vulnerabilidad frente al propio aparato punitivo que supuestamente las «protege».

De hecho, que buena parte de las narrativas feministas mainstream ponen el acento en el uso casi exclusivo del Estado como herramienta para luchar contra las violencias no es solo indicativo de falta de imaginación política, o de que una parte de ese feminismo mainstream integra de una manera u otra la estructura de ese mismo Estado. También es un claro indicio de qué segmento de clase hay detrás de las demandas de soluciones penales: aquel que tiene una experiencia del Estado como protector antes que opresor. Muchas otras, saben que la policía no está para protegerlas, sino para desahuciarlas, quitarles la custodia de sus hijas, meterlas presas o en Cies, acosarlas o multarlas.

No todos los hombres ocupan la misma posición de poder como sucede con los hombres racializados, de clase trabajadora o migrantes.

Bajo esta perspectiva no esencialista, habría que hablar también de que no todos los hombres ocupan la misma posición de poder como sucede con los hombres racializados, de clase trabajadora o migrantes. Las respuestas punitivas pueden reforzar otras formas de opresión sistémica, particularmente el racismo y el clasismo del sistema penal, que históricamente ha criminalizado de manera desproporcionada a los sectores más vulnerabilizados de la población masculina —y femenina—.

Así, nuestra compañera Nuria Alabao analiza uno de los efectos sociales de este pánico moral en torno a las agresiones sexuales en «Hombres jóvenes de piel oscura. Seguridad, femonacionalismo y refuerzo securitario«: su instrumentalización por la extrema derecha para fomentar el sentido común punitivo y atacar a musulmanes, refugiados y racializados en nombre de la defensa de mujeres y disidencias (femonacionalismo y homonacionalismo). Este fenómeno no es casual, históricamente, la protección de la «mujer blanca» ha servido para justificar violencias coloniales y racistas, desde los linchamientos en el sur de Estados Unidos hasta las actuales políticas antiinmigratorias europeas. La construcción del «otro» racializado como agresor sexual permite simultáneamente invisibilizar la violencia machista en los sectores dominantes y criminalizar a las poblaciones ya vulnerabilizadas.

Aunque la extrema derecha distorsiona cualquier discurso según sus intereses, el debate es nuestro: hasta qué punto ha calado el discurso esencializador hombres/mujeres en las propias redes activistas, hasta qué punto la idea de que «todas las mujeres» vivimos en extrema violencia hoy en España, hasta qué punto se ha tematizado la violencia sexual desarticulada de las demás violencias en nuestras militancias, y cómo combatir la racialización del sexismo con estos mimbres. Esta reflexión resulta urgente cuando observamos cómo ciertos discursos feministas, al presentar la violencia sexual como un problema fundamentalmente cultural o de «mentalidad», pueden alimentar inadvertidamente narrativas que sitúan a determinadas comunidades como intrínsecamente más peligrosas. La despolitización de la violencia machista —presentándola como problema individual o cultural más que estructural— facilita su apropiación por discursos xenófobos que prometen «soluciones» punitivas dirigidas contra los «otros».

Albert Sales también trabaja a partir de la criminalización de los migrantes desde una perspectiva más general en «¿A quién culpar? El populismo punitivo y el ‘problema de la inmigración'», aunque centrado en el desarrollo del populismo punitivo, incide en tres cuestiones que resuenan con nuestros debates: los peligros del alarmismo securitario, de las políticas de «tolerancia cero» y de la policialización de todo conflicto social.

Sobre la potencia política de la posición de víctima

Las personas que han sufrido agresiones tampoco parten del mismo lugar: algunas prefieren «supervivientes» porque «víctima» alude a alguien sin agencia necesitada de protección ajena; otras creen que «víctima» puede ser un lugar de enunciación, denuncia y potencia. Lo cierto es que el debate se ha proyectado más allá: el par violencia/víctima se ha extendido a todas las opresiones sociales y, aún más, a situaciones cotidianas en contextos de militancia y amistades. ¿Sirve este marco de “víctima o «maltratada», u homogeniza situaciones cualitativamente distintas que necesitarían acciones distintas? ¿En qué imaginario social emerge esta autoidentificación política?

Son muchas las tendencias contemporáneas que alimentan una política basada en el yo, en agravios e identidades: la hiperindividualización, la patologización de situaciones sociales, las corrientes de autoayuda, la distorsión de conceptos feministas como los cuidados —ahora autocuidados—, «lo personal es político» —ahora «lo político es lo personal»— o la excesiva atención a las emociones. Así como el concepto de violencia tiene una capacidad expansiva, parece más grave y digno de mayor atención ser víctima del sexismo que estar oprimidas por él.

Los relatos subjetivos y políticos mainstream sobre cómo sobrevivir a las agresiones sexuales tienen efectos negativos en las personas agredidas

En este debate, la aportación de Laura Macaya, «El goce de castigar. Política afectiva, víctimas funcionales y Estado moral«, habla sobre las mujeres que han sufrido o sufren violencia sexual y se pregunta por la utilidad de los marcos establecidos para atravesar esa experiencia. El carácter expansivo de la violencia a todos los campos sociales, el pánico sexual, la transformación de la experiencia de haber “sufrido una agresión» en una identidad, la de «víctima», la preeminencia dada a su palabra en denuncias y procesos… Macaya incide en que los relatos subjetivos y políticos mainstream sobre cómo sobrevivir a las agresiones sexuales tienen efectos negativos en las personas agredidas, colocándolas en una tensión difícil: enfatizar la importancia o la inevitabilidad del trauma en las agresiones sexuales va contra la recuperación de estas mujeres.

Sobre si existe un sentido común punitivo en nuestros espacios políticos

Por último, nuestra compañera Marisa Pérez Colina se pregunta si existe un sentido común punitivo en los espacios de movimiento. El debate no está en si estos colectivos son «espacios seguros”, está claro que queda mucho por hacer, sino en qué queremos hacer con los casos que sí se denuncian. Muchas veces estas mediaciones y acompañamientos se parecen demasiado al sistema punitivo en el que hemos sido socializados. También analiza cómo los movimientos han asumido estos años también lógicas punitivas como demandas de creación de nuevos delitos —de nuevo el delito de odio sería un ejemplo, pero también el acoso callejero, etc.— y rastrea sus causas en la genealogía neoliberal: cómo la política ha pasado a ser entendida como agravio.

Por último, el cuaderno cierra con una genealogía de las propuestas alternativas para enfrentar las violencias. El artículo de Sergio García explica propuestas como aquellas vinculadas a la justicia restaurativa y transformativa, con ejemplos como las rondas campesinas en Perú o la Guardia Indígena en Colombia. También se explican las lógicas alternativas de movimientos como Black Lives Matter y la campaña «Defund the Police» en EEUU, que apuesta por la necesidad de desinvertir en policía para fortalecer respuestas comunitarias basadas en la mediación, la reparación y la prevención.

Son muchos los debates que tenemos pendientes y que vamos a seguir trabajando, pero esperamos que los artículos reunidos en este Cuaderno nos permitan avanzar en la discusión y puesta en práctica del antipunitivismo en los feminismos y todas las luchas sociales. Porque como nos han enseñado los abolicionismos, para acabar con la violencia interpersonal tenemos que acabar con el mundo violento en el que se genera.

Acompáñanos el Martes 24 a las 19h en el Ateneo la Maliciosa de Madrid (Peñuelas, 12) para la presentación del número y para discutir con nosotras!

1. Este concepto que describe la tendencia de los políticos a promover políticas penales más severas y punitivas como respuesta a las demandas públicas de mayor seguridad, frecuentemente basándose en la percepción social del delito más que en evidencias sobre su efectividad. Esta dinámica se caracteriza por el uso electoral de propuestas de «mano dura» que apelan a los sentimientos de inseguridad ciudadana, y que priorizan la satisfacción de la demanda pública de castigo por encima de consideraciones técnicas o de política criminal basada en evidencia. ↩︎
2. Walkowitz, Judith R. La ciudad de las pasiones terribles: narraciones sobre el peligro sexual en el Londres victoriano. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995. ↩︎

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