Durante los gobiernos de coalición se ha asumido un peculiar reparto del trabajo, donde este tipo de afirmaciones grandilocuentes le correspondían a las contrapartes del PSOE dentro del gobierno. Podemos y Sumar han estado cumpliendo con este reparto de roles, una posición relativamente útil para componer un gobierno con papeles diferenciados entre su ala más conservadora y su ala más crítica.

Todo empezó con la ley de vivienda

La primera escenificación que cumplió con estas condiciones fue la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. A pesar de ser una celebración en la que participaron todos los actores del gobierno, cada uno de los partidos de la izquierda asumió una función distinta. Se pretendía con ello aminorar las críticas de los movimientos sociales a la ley y, en cierta medida, se consiguió.

En su día, el vicepresidente Pablo Iglesias representó el rol de defensor de los pequeños caseros. La ley de vivienda aprobada por Iglesias introdujo para ellos rebajas fiscales históricas y les permitió subir los precios hasta el 10%. Mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz enmarcó la aprobación de la ley en términos de “un cambio histórico” en la protección del derecho a una vivienda digna.

La vivienda pasaba a ser un terreno de disputa dentro del propio gobierno progresista

Sin embargo, poco tiempo después la realidad dio un vuelco. La subida de precios, el aumento de los desahucios y el agravamiento del problema de la vivienda que se produjeron en los años sucesivos –2024 y 2025– generó numerosas e importantes movilizaciones de protesta. En este escenario, las alabanzas a la ley ya no cuadraban tanto, sobre todo enunciadas de forma grandilocuente, y podían empezar a restar votos. Todos los partidos parecieron detectar el cambio, lo que produjo un giro de guión. Era el momento de tratar de ponerse detrás de la pancarta y empezar a criticar a partir del discurso enunciado por los movimientos sociales. La vivienda pasaba a ser un terreno de disputa dentro del propio gobierno progresista, algo que no había sucedido durante los cinco años anteriores.

El turno del Ministerio Bonsai

Por su buena imagen pero escasa incidencia real, algunos han apodado al Ministerio de Derechos Sociales encabezado por Pablo Bustinduy como el “Ministerio Bonsai”. Sin embargo todo parece indicar que será este ministro el elegido para la difícil tarea de resucitar a la izquierda del PSOE. Una misión que, según todos los indicios, realizará alzando la bandera de la lucha por el derecho a la vivienda.

Como protagonista principal y más destacado del cambio de guión referido, Bustinduy ha sido el último en apostar a fondo por el puro marketing político a partir de una medida de menor alcance real pero con gran impacto mediático: la prórroga de alquileres. Parece que se trata de sacar provecho de políticas poco transformadoras que les permitan atacar de un modo quirúrgico al PSOE al tiempo que subordina de manera clara a los movimientos por la vivienda.

Se trata de sacar provecho de políticas poco transformadoras al tiempo que subordina de manera clara a los movimientos por la vivienda

La secuencia es como sigue: un representante del gobierno de coalición ajeno al PSOE asume una reclamación parcial de los movimientos de vivienda. Después de asumirla, se escenifica una confrontación con el socio mayoritario para que parezca una dura conquista y se pide ayuda a la sociedad civil para que se movilice en apoyo de la medida. Finalmente esta es asumida por el gobierno que, por lo tanto, tiene que negociar con Junts o con quien toque una nueva contrapartida que, en general, va en contra de los mismos sectores a los que se pretendía defender con la medida que se había propuesto en un principio. Este ha sido el caso por ejemplo del traspaso de competencias de inmigración a la derechizada clase política catalana, la avalancha de beneficios fiscales a los propietarios particulares o los traspasos de dinero público al sector inmobiliario, constructor y financiero. Estos mecanismos de compensación han conseguido decantar año tras año la balanza contra los intereses de las personas de rentas más bajas.

La vivienda necesita un candidato

Nos encontramos en medio del enésimo vacío de candidatos entre los partidos que aspiran a gobernar junto al PSOE. Con Yolanda Díaz carbonizada y la ministra de Sanidad, Mónica García, de regreso en Madrid se necesitan nuevos postulantes. Descartados por incomparecencia, la ministra Rego y el ministro Urtasun, es Bustinduy el nombre que suena con más fuerza dentro de la renovada matraca de la unidad y la ilusión.

A pesar de su aparente eterna indecisión, el ministro está en plena campaña para ganar perfil, por eso ha transformado su agenda por completo. Si la lucha contra la pobreza infantil fue el símbolo escogido para arrancar su mandato –la tasa de riesgo ha aumentado algo más de dos puntos desde 2018–, Bustinduy ha pasado ahora a ser el campeón de la prórroga de alquileres. Parece que incluso hay sectores de los movimientos sociales madrileños que ven con buenos ojos la operación. Hay quienes han llamado a que los movimientos de lucha, en concreto el de vivienda, piensen en una bonita coreografía que les anime a bailar junto al ministro. Otros están dispuestos a cooperar para que gane posiciones. Mientras, Bustinduy no duda en dejarse ver por bloques de vivienda en lucha, contrata estudios a miembros de estos mismos movimientos o incluso presenta libros sobre el problema de la vivienda acompañado de activistas. En un cambio radical de tornas, el ministro y su entorno, es decir, quienes apostaron por la política institucional desgranando todas las insuficiencias y límites de los movimientos, ahora corren a abrazarlos para recubrirse de legitimidad y de un barniz extra de radicalidad, en el que es, sin duda, uno de los principales temas de preocupación pública.

La puesta de largo del nuevo candidato está determinada por la larga sombra que proyecta Pedro Sánchez sobre el electorado de izquierdas

En última instancia, la puesta de largo del nuevo candidato está determinada por la larga sombra que proyecta Pedro Sánchez sobre el electorado de izquierdas. El líder socialista ha encandilado a estos votantes con sus posiciones sobre Palestina e Irán y esto se empieza a notar en las encuestas. Con Podemos por debajo del 4% y SUMAR luchando por no perder el 5% de intención de voto, según el CIS, parece que solo queda un recurso para no sucumbir al Sanchismo: aprovechar el tejido vivo de los movimientos y las luchas realmente existentes para el enésimo proceso de renovación de la izquierda. Quizás así puedan conjurar la psoeización de los partidos surgidos del 15M, algo así como ser hipnotizados y fagocitados por el PSOE.

La pregunta que hay que responder en esta tesitura está muy clara. En los conciertos, cuando el cantante se lanza a su público con los brazos en cruz, los espectadores tienen que decidir qué hacer. Hay quienes apostarán por sostener y pasear al ministro entre las primeras filas del público y quienes se apartarán, dejando un hueco en la platea, para que se estrelle contra el suelo, dar así por finalizado el espectáculo y que pueda empezar otro nuevo.

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Lo que no esperaban era la respuesta inmediata de las vecinas y vecinos del barrio. Desde primera hora, el rechazo a la presencia de esta empresa se dejaba sentir, llegando a las manos cuando un grupo de personas del gimnasio La Fábrika defendieron su local en el que había niños y niñas practicando deporte mientras los neonazis actuaban.

Pronto se sucedieron reuniones multitudinarias y comunicados que culminaron con la manifestación del viernes 24 de octubre. Aquí se demostró que existe un enorme consenso en Vallekas de que estas empresas son un serio aviso de algo más profundo, la crisis de vivienda que se vive en el Estado español.

Certificado el éxito de la movilización y la contundente respuesta ante los sucedido, quedaría por hacerse algunas preguntas. ¿Cómo seguir tras lo sucedido? ¿Qué papel juegan estas empresas de desokupación? ¿Cuál debe ser la respuesta ante ellas?

En los distintos comunicados que se han ido sucediendo tras estos días de tensión, las respuestas han sido de lo más variadas. Las entidades vecinales han pedido la ilegalización de este tipo de empresas y los grupos antifascistas preparan la autodefensa aunque, en términos generales, por todos lados se ha apuntado a la necesidad de garantizar una vivienda digna y de calidad. Como bien sabemos, esto tiene un punto de quimera, pues por desgracia las administraciones públicas no lo van a hacer.

Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué pasa cuando el único medio disponible para conseguir una vivienda es la okupación? Si la realidad es esta deberíamos recuperar algunos de los lemas más conocidos de los años centrales de las luchas vecinales vallekanas. Aquel de «Tenemos derecho a un piso. O nos lo dan o lo tomamos» o el más reciente proverbio popular «Antes que verme debajo de un puente, le doy una patada a una puerta».

La supervivencia de las clases trabajadoras en Vallekas no se puede entender sin la okupación

A poco que echemos la vista atrás, veremos que Vallekas y la supervivencia de las clases trabajadoras en el barrio no se pueden entender sin la okupación de terrenos o techos donde protegerse. Incluso muchos locales asociativos, vecinales y de encuentro fueron okupados o lo que siguen estando a día de hoy. Los terrenos vacíos de entonces y las casas vacías de los grandes propietarios hoy, la mayoría de bancos, son la primera expresión de la acumulación de riqueza de aquellos y la desposesión de muchas vecinas del barrio. Son el resultado de quienes no tienen otro remedio que abrirse un hueco en la ciudad y sobrevivir en ella.

Desokupas son los mediadores sociales que expulsan a la calle a familias pobres del albergue municipal de las Caracolas

Pedir la ilegalización de estas empresas no resuelve el problema. Como si la violencia inmobiliaria solo se concentrase en este punto álgido del modelo de desalojo por medios paramilitares. Desokupas son también la policía municipal y nacional cuando sacan a la fuerza a nuestras compañeras y a sus niños de las casas de Caixa, como sucedió pocos días después de los hechos que narramos. Desokupas son los mediadores sociales que expulsan a la calle a familias pobres del albergue municipal de las Caracolas, más de 30 en los últimos meses. Desokupas son los jueces y los políticos que permiten e impulsan los desahucios como mejor señal de protección de la propiedad inmobiliaria. Desokupas son las trabajadoras sociales que nos dicen «que pueden quitarnos a nuestros hijos» cuando nos van a desahuciar.

Frente a Desokupa la mejor respuesta es defender a todas esas familias honradas, valientes y peleonas que han entrado en una vivienda vacía para que sus hijos e hijas no se queden sin un techo donde vivir. Se trata de conseguir un techo cuando nadie más te lo va a dar; cuando todos los ingenieros de políticas públicas progresistas, quienes llenan papeles con sus fórmulas mágicas que arreglarán el problema de la vivienda, no hacen más que construir castillos en el aire.

Ilegalizar lo ilegal o el cretinismo parlamentario como otra de las Bellas Artes

La expresión “castillos en el aire” se ajusta también a la respuesta reflejo de parte de la izquierda parlamentaria y el progresismo social ante el problema de las empresas de matones: el meme de la “ilegalización de Desokupa”. Merece la pena detenerse en la lógica de esta propuesta, porque revela bastante sobre dinámicas políticas más amplias, y casi diríamos que transversales, desde la existencia de los gobiernos de coalición. Esto es: legislar por la vía penal para enfrentarse a conflictos sociales como el racismo, o ahora, la mercantilización de vivienda. Vamos a analizarlo con más detalle.

Es obvio que amenazar, acosar o directamente agredir son prácticas que ya están tipificadas penalmente. Una reforma del Código Penal para ilegalizar a las llamadas empresas de desokupación tendría que hilar, por tanto, más fino y crear un nuevo delito específico que, a tenor de la iniciativa parlamentaria de Podemos ya rechazada por el Congreso en febrero, estaría a medio camino entre la organización criminal y el delito de odio. El grado de retorcimiento jurídico es, por tanto, elevado: una ilegalización ex ante —preventiva—, bajo presupuestos ideológicos, de empresas cuyo objeto social declarado es mediar ante un conflicto de vivienda entre propiedad y residente, nunca la instauración del modelo escuadrista, racista y clasista que desarrollan en la práctica.

Creemos que las limitaciones prácticas y técnicas de la propuesta tienen que resultar evidentes hasta para sus propios promotores. Con esto presente pensamos que el motivo de su presentación y la insistencia en el meme deben obedecer a otras lógicas. Por ejemplo, responder a la alarma social con la impresión de que se está haciendo algo, con la esperanza de obtener el magro resultado de una votación parlamentaria perdida de antemano en la que el adversario político (en este caso, el PSOE, que se abstuvo en la votación de febrero) queda “retratado”, por usar la expresión concreta utilizada en esta particular forma de propaganda electoral.

A cambio de dos segundos en un telediario, los comunicólogos pasan por alto factores como el hecho de que el delito de odio se aplica contra organizaciones de izquierdas

A cambio de dos segundos en un telediario, los comunicólogos pasan por alto importantes factores como el hecho de que el delito de odio ha sido aplicado con más frecuencia y contundencia contra organizaciones de izquierdas y movimientos sociales que contra otros sectores sociales. La obvia inhibición o colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con este tipo de empresas, la pasividad de la Fiscalía¹ ante la montaña de pruebas que, por goteo, aparecen en la prensa son otro factor determinante. Pero también la relación de estas empresas con el tráfico de drogas², la tenencia ilegal de armas o la propia usurpación mafiosa de viviendas que ya permitirían poner fuera de juego, desde el propio Estado, a la mayoría de estas empresas y sus promotores.
Desde el propio Estado, decimos, pero en realidad contra el propio Estado.

Recapitulamos: cuerpos de seguridad, fiscalías, y las propias administraciones públicas –también las de signo progresista– se mueven entre la inhibición, el silencio incómodo y la colaboración pura y dura con las empresas de matones. Instrumentos tienen, desde la más humilde concejalía hasta los cuerpos de inspectores de trabajo y de hacienda, para como mínimo desgastar a estas empresas. Pero estas iniciativas tendrían que enfrentarse a cara de perro a la auténtica fuerza detrás de los escuadristas: una democracia que vota, piensa y actúa desde el punto de vista del propietario, entendido este como una suerte de pequeño propietario universal. Y ante eso, los memes sobre la ilegalización no dejan de ser globos sonda lanzados a media voz para ocultar una cada vez más penosa ausencia de ideas y proyecto más allá de la conquista lejana de mayorías sociales y electorales.

1. También aquí, los equilibrios institucionales a los que obliga el juego de la política representativa con ambiciones de Estado acaban imponiéndose. Si las empresas de desokupación se hubieran desarrollado bajo gobiernos del PP y no bajo los gobiernos de coalición (como así ha sido), no dejaríamos de tener en la prensa progresista los nombres, perfiles biográficos e ideológicos de las cabezas de las fiscalías y de muchos de sus subordinados. Pero la supervivencia del sanchismo obliga a no tocar la Fiscalía. Habrá que esperar a que el turnismo parlamentario, o la eventualidad de muertes violentas durante el acoso inmobiliario de los matones, marquen la hora de las llamadas al orden a la Fiscalía General del Estado. ↩︎
2. El goteo de informaciones a este respecto es constante y se acerca al de las propias informaciones sobre condenas e investigaciones contra mandos y agentes policiales por tráfico de drogas. No obstante, es ilustrativo el grado de empatía que llegan a mostrar ciertos titulares de prensa. Véase “Rafael, el dueño de tres empresas de desokupación condenado por tráfico de drogas en Toledo: ‘Soy otra persona’», El Español, 18 de octubre de 2025. ↩︎

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