El debate público de estas semanas se ha entrampado en la pregunta de si el presidente Rodrigo Paz, con apenas siete meses en el cargo, se va o se queda. La consigna tiene razones de peso para haberse instalado, pero también está alargando dramáticamente el conflicto al encerrarlo en esa disyuntiva. Lo importante de este momento, sin embargo, va más allá de esa pregunta. Lo que estas movilizaciones están haciendo es imponer un límite desde abajo a lo que el Estado boliviano puede o no puede hacer. Las seis claves que siguen intentan explicar lo que está en disputa.

1. ¿Cómo llega Bolivia a este momento?

El país atravesó entre 2006 y 2019 un ciclo progresista conducido por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. El MAS llegó al gobierno empujado por las luchas que entre 2000 y 2005 sacudieron al país —Guerra del Agua en Cochabamba, Guerra del Gas en El Alto, levantamientos campesinos e indígenas que pusieron freno a la política neoliberal de la época— y durante sus primeros años aplicó una agenda que provenía de esas movilizaciones. Este es el caso de la Asamblea Constituyente, una ley que retomaba el proceso de reforma agraria y la nacionalización parcial de hidrocarburos, entre varias otras medidas.

Desde el 2010, sin embargo, el MAS se preocupó principalmente por su permanencia en el poder y relegó a un segundo plano esa agenda. Pactó con las élites económicas que decía combatir a cambio de estabilidad política y se preocupó por dar continuidad al modelo extractivo; para ello cooptó dirigencias sociales, creó organizaciones sociales paralelas y asumió prácticas cada vez más autoritarias.

El desconocimiento del referéndum de 2016 —cuando la sociedad votó contra la reelección indefinida de Morales— marcó un quiebre político a nivel estatal. En 2019, una crisis poselectoral desencadenó la caída de Morales y dio lugar a un gobierno corrupto y violento de derecha.

En 2020, Luis Arce ganó las elecciones con un MAS que se venía descomponiendo y que prontamente se resquebrajaría entre la facción evista y arcista —en una disputa de caudillos, no de proyectos—. El gobierno de Arce llegó a 2025 sin candidato propio y con la economía en crisis profunda: inflación, escasez crónica de dólares, desabastecimiento de combustibles. Es el resultado del agotamiento del modelo primario-exportador que financió la bonanza gasífera entre 2005 y 2014 y que durante ya tres años ha conducido a un deterioro de las condiciones de vida de la población boliviana.

El agotamiento del modelo primario-exportador ha conducido al deterioro de las condiciones de vida de la población boliviana

En octubre de 2025 las elecciones generales marcaron un doble rechazo: en la primera vuelta, el electorado castigó a las distintas derivas descompuestas del MAS; en la segunda, vetó a Tuto Quiroga, candidato de una derecha más radical, vinculada a los gobiernos militares y representante de los imaginarios más racistas y clasistas del país. Rodrigo Paz, candidato advenedizo del Partido Demócrata Cristiano, se benefició inesperadamente de ese contexto y ganó con cerca del 55% de los votos con una campaña que ofrecía un “capitalismo para todos”. Lo acompañó como vicepresidente Edman Lara —expolicía, tiktoker y admirador declarado de Bukele—. Ambos asumieron el 8 de noviembre de 2025.

2. ¿Cómo se desbordó el conflicto?

El conflicto comenzó el 8 de abril, cuando una marcha indígena y campesina partió desde Pando, en la Amazonía boliviana, rumbo a La Paz —casi mil kilómetros— contra la Ley 1720, una normativa que abría la puerta a la privatización de la pequeña propiedad agraria.

El conflicto comenzó con la oposición a una normativa que abría la puerta a la privatización de la pequeña propiedad agraria.

El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó al paro general y las demandas se ampliaron al rechazo del paquete económico y a la escasez de combustibles. El 13 de mayo el gobierno cedió y derogó la 1720, pero el conflicto ya se había desbordado. Aunque los marchistas de tierras bajas se desmovilizaron, los bloqueos no se levantaron y se intensificaron. En esos días algunos sectores posicionaron la demanda de renuncia del presidente.

El 18 de mayo se suscitaron violentos enfrentamientos en La Paz y se emitieron órdenes de aprehensión contra dirigentes de las organizaciones movilizadas. El 24, un operativo con cerca de tres mil efectivos en Calamarca dejó al menos un manifestante muerto por disparo. A comienzos de junio, el conflicto continúa sin salida negociada, con bloqueos que no dan tregua; deterioro humanitario creciente; desesperación por el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en las ciudades —principalmente en La Paz—; y un gobierno que sigue amenazando con dictar un estado de excepción militarizado.

3. La indignación tiene razones concretas

Durante la campaña, Paz prometió que el ajuste afectaría lo menos posible a los sectores populares —entre otras cosas, preservando subsidios selectivos como el del transporte público—, pero hizo lo contrario. Aplicó correcciones económicas de corte neoliberal cuyo peso terminó sobre los hombros más precarizados. Pero ni siquiera así atenuó los problemas inmediatos. El caso más ilustrativo es el de los combustibles; después de duplicar el precio de la gasolina y triplicar el del diésel, las filas en los surtidores se mantuvieron, solo que ahora con gasolina de peor calidad, lo que ha dañado miles de vehículos. Es decir, Paz gobernaba más atento a los mandatos que Washington y los organismos internacionales delinearon para salir de la crisis, que a las urgencias del país que lo había votado.

Paz gobernaba más atento a los mandatos de Washington que a las urgencias del país que lo había votado

Al mismo tiempo, su gobierno avanzó con un paquete de medidas para beneficiar abiertamente a la banca, al agronegocio y a la minería privada y cooperativista. Esta orientación se mostró ya con claridad en diciembre de 2025, cuando el Decreto Supremo 5503, junto con el alza de combustibles, intentó pasar más de cien artículos que abrían la puerta a la concesión de recursos estratégicos al capital extranjero, liberalizaban exportaciones agroindustriales y otorgaban beneficios fiscales extraordinarios al gran capital. Más adelante vino la Ley 1720 —reintroducida en el Legislativo por el senador de derecha y empresario cruceño Branko Marinkovic—, que buscó convertir las pequeñas propiedades agrarias, constitucionalmente inembargables, en medianas operables como activos financieros. Esta fue la medida que detonó el ciclo actual de movilizaciones. Mientras tanto, el haber básico permanece congelado y los salarios reales siguen cayendo.

A todo esto se suma el desprecio, algo que para nada es menor en el contexto boliviano. El voto popular que llevó a Paz al gobierno —el rechazo combinado al MAS descompuesto y a la derecha más recalcitrante— exigía, mínimamente, ser escuchado. El gobierno de Paz se desentendió de cualquier mandato y empezó a gobernar abiertamente con quienes lo habían enfrentado en las urnas. Lo hizo, además, como si los sectores que lo votaron no existieran, o como si su lugar fuera obedecer y agradecer. El ninguneo sistemático a los sectores populares se suma al ajuste y lo agrava simbólicamente, porque no es lo mismo pagar un costo que pagarlo mientras te dicen que no existes.

4. Los límites que se imponen desde abajo

Lo que está en disputa en las calles no son solo las reivindicaciones sectoriales ni la renuncia del presidente. La querella más importante es por los términos en que el gobierno boliviano —el actual o el que venga— va a poder enfrentar la crisis económica, la manera en que podrá o no afectar a la sociedad boliviana con las políticas que implemente, y el lugar desde el que la sociedad organizada quiere ubicarse frente al poder en este escenario.

Es un límite con tres dimensiones simultáneas: una económica, hasta dónde se pueden transferir los costos de la crisis a los sectores populares y otra política, hasta dónde se puede gobernar para el agronegocio, el cooperativismo aurífero y la banca, pasando por encima de las organizaciones. Pero también contiene una dimensión moral —que atraviesa a las anteriores— ya que las clases populares demandan, antes que nada, respeto.

Veinte años de un progresismo que instrumentalizó y debilitó a las organizaciones sociales produjo una herencia compleja

Es importante reconocer esa capacidad de impugnación por el escenario sobre el que se despliega. En estos últimos años se ha evidenciado un tejido popular muy desgastado. Veinte años de progresismo que instrumentalizó y debilitó a las organizaciones sociales produjo una herencia compleja: dirigencias clientelizadas, agendas absorbidas por el cálculo electoral, horizontes políticos puestos por el partido en lugar de por las propias organizaciones. Las elecciones generales de 2025 y las subnacionales de marzo de 2026 dejaron claro que una buena parte de las organizaciones ha quedado atrapada en el cálculo electoral y en las posibles alianzas que puedan establecer (con izquierda y derecha), sin imponer agendas propias a la política institucional —como sí solía suceder a principio de siglo—.

Lo que esta coyuntura está demostrando, en cambio, es una capacidad de impugnación que si bien reaparece transformada —menos articulada que en otros ciclos de lucha, más reactiva que propositiva y sin agenda común todavía—, es una capacidad efectiva, que está produciendo efectos materiales y trastocando la política nacional. Este proceso es también, en parte, el de las propias organizaciones mirándose a sí mismas y recuperando fuerza propia en la medida en que el MAS, o lo que queda de él, organiza cada vez menos la política popular.

Esta coyuntura demuestra una capacidad efectiva, que está produciendo efectos materiales y trastocando la política nacional

Los límites que en estas semanas se han estado imponiendo desde abajo son varios. Por ejemplo, el gobierno derogó la Ley 1720 —aunque mantiene en agenda una nueva ley de tierras que habrá que vigilar—, y al hacerlo se ha habilitado una discusión más amplia sobre el poder agroindustrial. Los comunicados oficiales invocan la wiphala y el Estado plurinacional —dejando sobre la mesa las reivindicaciones de fondo y forma sobre la política estatal—. Y, hasta el momento en que se escriben estas líneas, el gobierno, aunque amenaza, se ha contenido de declarar estado de excepción, como ya lo habrían hecho sin reparo los gobiernos neoliberales clásicos. Paz no cruza ese umbral no porque no quiera, sino porque las calles le recuerdan que no tiene la fuerza para gobernar solo desde la represión.

Lo que estas tres señales tienen en común es que ninguna nace de la voluntad del gobierno. Las tres son concesiones forzadas. Es decir, es un gobierno de derecha que está siendo obligado a moverse en un terreno que no eligió. Los términos están siendo puestos por las calles movilizadas.

5. Los intentos de instrumentalizar la revuelta

La composición de esta revuelta —que no tiene un mando único, que es diversa y polifónica, y que proviene de una trama organizativa debilitada— obliga a no quedarse en miradas románticas, reduccionistas o polarizantes. Si algo hemos aprendido de veinte años de progresismo es que señalar debilidades y nombrar amenazas no es hacerle el juego a la derecha, sino poner atención y energía en aquellas fuerzas que queremos cuidar y potenciar.

Evo Morales y algunos sectores afines intentan capitalizar el malestar que actualmente atraviesa Bolivia

En ese sentido, no se puede negar que Evo Morales y algunos sectores afines intentan capitalizar el malestar que actualmente atraviesa Bolivia. Buena parte de las organizaciones movilizadas y de las voces críticas han enfatizado que lo que las mueve no es —ni mucho menos— un deseo de apuntalar al líder cocalero. Sin embargo, esa aclaración no anula el intento. En 2024 y 2025, Morales impulsó movilizaciones que paralizaron al país por semanas para que se lo habilitara como candidato. Aquello dejó claro que está dispuesto a llevarse el país por delante para evitar el ocaso de su figura, y que dispone de la capacidad material para intentarlo.

Su interés no radica en torno a las reivindicaciones y demandas de los sectores populares, sino en que se le abra, por las buenas o por las malas, un camino de vuelta a la silla presidencial. Además, su preocupación parece acentuarse porque cada vez es más evidente que hay un reacomodo de los procesos organizativos populares sin poner a Evo ni a lo que fue el MAS en el centro, de ahí su interés de que se convoquen a elecciones lo antes posible.

Si Morales y el cooperativismo aurífero se esfuerzan en disputar el sentido de la revuelta es porque saben que su resultado no es indiferente

Hay otra instrumentalización que no puede dejar de ser nombrada, porque viene sucediendo en nombre de lo popular, con guardatojo —casco minero— y lenguaje revolucionario: la de los cooperativistas mineros. Ese sector —una burguesía consolidada en las últimas dos décadas, vinculada a redes de capital extranjero y a operaciones depredadoras de parques naturales y territorios indígenas, y con prácticas cada vez más violentas— ha aprovechado el clima de movilización para arrancarle al gobierno concesiones impositivas: el perdón de deudas con la seguridad social –como establece el Decreto 5618– y la apertura de la posibilidad de explotar minerales en áreas protegidas.

Que estas fuerzas intenten capturar simultáneamente este momento confirma lo que está realmente en juego. Si Morales y el cooperativismo aurífero se esfuerzan en disputar el sentido de la revuelta es porque saben que su resultado no es indiferente, y que los términos del orden que se están imponiendo desde las calles abren —o cierran— condiciones para sus propias estrategias de poder.

6. La pregunta por el horizonte

Vale la pena recalcar que el logro principal de este momento son los límites que ya han sido establecidos, caiga Paz o no caiga. Si no cae, el límite condicionará todo lo que aún pueda intentar el ejecutivo; pero también es previsible que un gobierno acorralado se atrinchere todavía más, ensaye dividir a las organizaciones, busque desgastar la movilización a fuerza de tiempo y endurezca la represión donde calcule que puede hacerlo sin pagar el coste político. Si cae, el gobierno que venga tendrá que gobernar desde ese suelo, con la advertencia clara de hasta dónde puede llegar y de quiénes están dispuestos a salir a impedirlo; pero entraremos nuevamente en una espiral electoral desgastante. En ambos escenarios lo importante es lo que los sectores populares puedan sostener y construir su propia fuerza alrededor del límite que ya está sobre la mesa.

En este sentido, queda claro que desde la sociedad boliviana no se ha perdido la capacidad de veto a la política de Estado. Pero también queda clara la ausencia de agendas que encaren los problemas de fondo. La pregunta urgente, entonces, no es solo cómo enfrentar la crisis económica sin seguir beneficiando a la banca, al agronegocio y a la minería —que ya es bastante—; es cómo hacerlo poniendo en el centro el cuidado de la vida humana y no humana, que es lo que el extractivismo capitalista subordina, desdeña y destruye sistemáticamente. Esa es la pregunta que todavía no está sobre la mesa.

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Una vez más, el ritmo de la política boliviana se veía marcado por la sombra de la intervención militar, en un escenario tan confuso como angustiante, rozando lo surreal. Nos vimos atiborrados por un aluvión de noticias fragmentadas, contradictorias y desconcertantes. Este patrón ha persistido en los días subsiguientes, con la aparición cotidiana de datos aislados que buscan reforzar alguna de las narrativas en pugna, sin lograr esclarecer, para nada, la situación general.

Hoy, Bolivia se encuentra dividida y distraída por una nueva batalla narrativa. De la disputa «golpe-fraude» hemos pasado a la disyuntiva «golpe-autogolpe». Sin embargo, esta pugna por imponer un relato no solo oculta, sino que exacerba una rampante crisis económica que afecta principalmente a los sectores populares.

Para desentrañar la complejidad de estos sucesos, tenemos que ir más allá de estas narrativas y abordar el papel de las fuerzas armadas. Estas se han convertido en la piedra angular de un sistema de gobierno que opera en un escenario político profundamente descompuesto a nivel estatal, y que tiene como correlato un tejido social debilitado.

¿Qué pasó el 26 de junio?

Después del mediodía de ese 26 de junio, el general Juan José Zúñiga, conocido por su cercanía al presidente Luis Arce y recientemente destituido como comandante nacional del ejército por amenazar públicamente a Evo Morales, protagonizó el insólito episodio.

Acompañado por un grupo de oficiales leales, Zúñiga intentó aleccionar al presidente boliviano por supuestos perjuicios a la patria, exigiendo una renovación del gabinete y la liberación de presos considerados «políticos», entre ellos la expresidenta Jeanine Añez y el reaccionario cruceño Luis Fernando Camacho.

La tensión alcanzó su punto álgido cuando Zúñiga y sus hombres irrumpieron en la Plaza Murillo de La Paz, embistiendo con una tanqueta la puerta del palacio presidencial. En un momento de alto dramatismo, el presidente Arce se enfrentó al general, exigiéndole subordinación.

Ante la negativa de Zúñiga, Arce respondió nombrando un nuevo alto mando militar, confirmando la destitución de Zúñiga y también del comandante de la fuerza aérea y de la marina. En cuestión de minutos, la situación dio un vuelco: las tanquetas se replegaron mientras el presidente celebraba su victoria con un efusivo discurso.

El desenlace fue rápido, pero dejó un reguero de dudas. Zúñiga fue arrestado, pero no sin antes lanzar una acusación explosiva: alegó que Arce mismo había orquestado el incidente para mejorar su imagen pública. Esta afirmación fue rápidamente aprovechada por seguidores de Evo Morales y otros opositores, quienes no tardaron en hablar de un «autogolpe».

Sin embargo, mientras las imágenes de la tanqueta frente al palacio de gobierno se viralizaban en redes sociales y medios tradicionales, el pánico se apoderó de las calles bolivianas, principalmente en la ciudad de La Paz.

La población, más que salir a «defender la democracia», se apresuró a prepararse para un posible conflicto prolongado. Largas filas en mercados, cajeros automáticos y gasolineras fueron el reflejo de una sociedad que, evocando los eventos de 2019, se preparaba para lo peor.

La política que organiza la confusión 

Hay múltiples hipótesis sobre lo que pasó aquel día, y las narrativas están aún más enredadas por la división del Movimiento al Socialismo (MAS) entre la facción de Evo Morales y la de Luis Arce, ambas intentando postular a su candidato para las elecciones de 2025.

La versión oficial señala al General Zúñiga como el instigador de un intento de golpe, motivado por su reciente destitución. En el otro extremo, los opositores alineados con Morales acusan al presidente Luis Arce de orquestar un «autogolpe» fallido para aumentar su popularidad.

Sin embargo, devanarnos los sesos para descifrar cuál de estas versiones es la «verdadera» nos distrae y nos dificulta observar un problema más profundo y preocupante: el papel cada vez más protagónico de las fuerzas armadas en la política boliviana

Estos sucesos son similares a los que ocurrieron en 2019, durante la crisis política que se desató luego de las fallidas elecciones generales que derivaron en la renuncia de Morales, en confrontaciones civiles y en la violenta intervención de las fuerzas armadas y de la policía nacional. De la misma manera que ahora, en ese momento todo ello se nos fue presentado como un conjunto de fragmentos confusos e indescifrables.

La presentación de los hechos como piezas inconexas de un rompecabezas imposible pareciera forzarnos a tener que elegir entre relatos simplistas que favorecen a uno u otro bando. Son narrativas que buscan ensalzar y victimizar a caudillos para recuperar legitimidad y exacerbar la polarización, silenciando eficazmente las voces críticas.

Lo ocurrido el 26 de junio de 2024 fue, parafraseando a Marx, la reiteración como farsa de la tragedia de 2019. Es imperativo construir un análisis más profundo que rompa con la inercia desmovilizadora de esta dinámica política.

Llevarse al país entre las patas

Bolivia atraviesa una profunda crisis económica que se ha intensificado en los últimos meses. La escasez de divisas, las dificultades para adquirir combustibles, la precarización laboral y el aumento de precios en la canasta básica son síntomas de un problema estructural: la dependencia del país al extractivismo, que en este momento se ha visto golpeada por la caída del valor de las exportaciones de gas.

En este contexto, los eventos del 26 de junio, como lo señala la activista feminista María Galindo, fueron «un golpe a la sociedad boliviana». La breve pero impactante presencia militar en las calles desencadenó una serie de efectos económicos inmediatos adversos, exacerbando el pánico en una sociedad ya abrumada por la crisis.

La última década de política estatal boliviana se ha caracterizado por una gestión irresponsable que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar colectivo. Esto ha resultado en una erosión significativa de la institucionalidad estatal y el debilitamiento de las estructuras comunitarias que históricamente han sido capaces de contrarrestar diversas formas de violencia estatal.

Un ejemplo emblemático de esta descomposición institucional fue el desconocimiento del referéndum de 2016, que buscaba limitar la reelección indefinida. En aquel momento, el MAS desplegó una serie de maniobras para imponer una nueva candidatura de Evo Morales, socavando la credibilidad de instituciones clave como el Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral. Dando lugar, además, a la rearticulación de una derecha rancia que utilizó el discurso de “recuperar la democracia” para fortalecer su posición política.

En el presente la descomposición estatal se agrava con la autoprórroga inconstitucional de los mandatos de las altas autoridades judiciales, que han actuado en alianza con el gobierno de Arce.

Este manejo discrecional de instituciones degradadas perpetúa un escenario de tensión permanente, desinformación sistemática y uso de la violencia como mecanismo de disciplinamiento.

Descomposición política y protagonismo militar

A finales de 2022, Jorge Richter, entonces vocero presidencial de Arce, hizo una declaración reveladora sobre el papel de las fuerzas armadas en Bolivia. Afirmó que el gobierno no podía reducir el presupuesto militar porque en esta institución «reside la balanza del poder».

La aseveración de Richter expone crudamente la importancia que han adquirido las fuerzas armadas; finalmente, son los matones que permiten detentar el poder.

En los últimos años, hemos sido testigos de cómo las fuerzas armadas han asumido funciones que exceden su mandato constitucional: desde opinar sobre política hasta desplegar efectivos sin autorización e incluso solicitar renuncias presidenciales.

Tal comportamiento nos lleva a suponer que las fuerzas armadas no operan de manera autónoma, sino como parte de alianzas extraoficiales con poderosos actores políticos.

La creciente intromisión de las fuerzas armadas en la esfera civil no solo representa un riesgo por la potencial normalización de la presencia militar en la vida cotidiana de la población boliviana. Más preocupante aún es que el equilibrio de poder político en el país parece depender cada vez más del respaldo militar y de su disposición a apoyar a líderes o facciones específicas.

Esta dinámica amenaza con sobreponerse no sólo a los mecanismos de la democracia formal, sino a otras formas de construcción de poder autónomo dentro de la sociedad. En esencia, se está gestando un escenario donde la influencia militar podría eclipsar los procesos democráticos y la autonomía social, alterando profundamente la estructura política de Bolivia.

Contra las fuerzas armadas

En Bolivia las fuerzas armadas son el sector consentido de las instituciones públicas, no solo por los privilegios que tienen, como ser los únicos que se pueden jubilar con el 100% de sus sueldos, entre otros beneficios sociales extraordinarios. Entre el 2005 y el 2022, el gasto militar pasó de 164 millones de dólares a 672 millones de dólares al año y no ha dejado de ser una prioridad pese al deterioro de los indicadores económicos en los últimos siete años.

Ante este escenario, promover reformas que garanticen que las fuerzas armadas se mantengan en sus cuarteles y se reduzcan a su mínima expresión nos puede ayudar a romper la dinámica paralizante resultado de tanta confusión.

Tales reformas deberían incluir la eliminación del servicio militar obligatorio, el poner límite a los privilegios judiciales y económicos del sector militar, y la reestructuración del sistema jerárquico al interior de la institución castrense.

En 2014, se produjo un evento que desafió la estructura tradicional de las fuerzas armadas bolivianas. Suboficiales y sargentos, respaldados por los ponchos rojos —una milicia aymara que en la última década apoyó en reiteradas oportunidades al gobierno del MAS— se movilizaron exigiendo una reforma “descolonizadora” de la institución castrense.

El objetivo principal era eliminar el sistema jerárquico que divide a las fuerzas armadas en clases (suboficiales y sargentos) y oficiales. Este sistema, que prevalece en la mayoría de los ejércitos del mundo, permite sostener una élite castrense, que termina siendo la que gestiona la alianza de las fuerzas armadas con clases dominantes y élites políticas.

Los reformistas buscaban implementar un sistema igualitario de ascensos. Sin embargo, el gobierno de Morales, en una de las decisiones más conservadoras de su mandato, respondió con la amenaza de destitución de todos los suboficiales y sargentos involucrados en la protesta. Aquella reacción reveló la reticencia del gobierno a alterar el status quo militar, incluso cuando esto contradecía su retórica de transformación social.

Aunque el intento de reforma militar propuesto en 2014 no fuera ideal, evidenció que los cambios en las fuerzas armadas son tanto necesarios como viables, y pueden convertirse en sentidos de impugnación claros y efectivos.

Frenar el poder creciente de las fuerzas armadas es salir de los marcos de la política polarizante en los cuales se nos intenta colocar. Hoy representaría un renovado esfuerzo por enfrentar el alto grado de descomposición al interior del estado boliviano.

Entrada original publicada en Ójala

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