Este desconocimiento, quizás tenga que ver con haber sido una figura relativamente excéntrica dentro de los ámbitos a los que perteneció. Demasiado libertario para las corrientes más leninistas de su época, Alquati ocupó además una posición marginal dentro de la universidad donde trabajó como profesor adjunto, desde la que intentó preservar su pensamiento de la academización como buenamente pudo y siempre trató de ligarlo a la militancia y al deseo revolucionario— . Guido Bodio lo describiría como “un perro dentro de una iglesia”, una figura molesta y desconcertante para una realidad académica que nunca lo terminó de respetar.

El hecho de resultar tan fastidioso quizás hoy sea más bien una importante característica de todo pensamiento crítico y política revolucionaria. En un escenario donde el debate político y social se ha convertido en un espacio tendente a la autocomplacencia y ausente de conflicto, tenemos escasa capacidad para poner en crisis las dinámicas y los modos de hacer a los que estamos acostumbrados desde diferentes espacios militantes y de producción de pensamiento. Sin embargo, la habilidad para introducir el conflicto y plantear nuevos problemas cuando uno piensa que ya ha sido capaz de comprender la realidad que le rodea, es imprescindible, aun cuando el precio a pagar sea poner en cuestión la propia identidad y arrojarnos al campo de lo desconocido. Ejercicio incómodo, desde luego, pero siempre mejor que la condescendencia y la banalización de lo que ya conocemos y de los callejones sin salida.

Los orígenes del operaismo 

Criado en la Cremona de posguerra, en un contexto de rápida industrialización del mundo rural del norte de Italia, muy pronto Alquati se vinculó a una generación de nuevos investigadores que se encontraban alejados de las doctrinas oficiales del movimiento obrero de la época, principalmente del PCI. Se trata de los Ricercatori Scalzi, un grupo de jóvenes militantes, implicados en el estudio de la vida cotidiana de la clase trabajadora. Este grupo abordaría el estudio de unas clases populares tal y como eran, despojadas por tanto de todo halo mítico y alejadas de la centralidad fabril, a partir de procesos de investigación desde abajo, desarrollados en las verjas de las fábricas.

Conviene recordar dentro de este grupo a figuras como Danilo Montaldi, un joven que entró en contacto en París con el grupo Socialisme ou barbarie a mediados de los años cincuenta y que tradujo al italiano por primera vez The American Worker, texto que recoge la experiencia del trabajo fabril de Paul Romano en la General Motors de Detroit en 1947. The American Worker era a su vez producto de la tendencia Johnson-Forest, donde confluían militantes como C. L. R. James y Raya Dunayevskaya, figuras clave del marxismo estadounidense de posguerra. Entre otras influencias se encuentra la de Della Volpe, que aportó una recuperación de la cientificidad del marxismo -es decir, su sentido materialista fuerte, frente a las batallas por la hegemonía cultural y política elaboradas a partir de la revisión del PCI de los Escritos de la cárcel de Gramsci–. También podemos percibir la influencia de Daniel Mothé, cuyos trabajos sobre el mundo industrial serían traducidos en el Estado español por la editorial ZYX una década más tarde.

La sociología académica tendió a centrarse en la lectura de elementos estructurales

La articulación con este conjunto de influencias resulta fundamental y anticipa algunos de los elementos centrales del operaismo de la década de 1960. Sin la introducción de ese importante humus cultural no se entiende la importancia decisiva que tiene la mirada sobre los procesos de subjetivación, alejándose al mismo tiempo tanto de la sociología académica como del movimiento obrero italiano oficial de la época. La sociología académica tendió a centrarse en la lectura de elementos estructurales, mientras el movimiento obrero oficial de la Italia de posguerra se orientó hacia los cálculos políticos, en el marco de la “vía italiana al socialismo “propuesta por Palmiro Togliatti para garantizar la participación del PCI en los gobiernos. Como señala Danilo Montaldi en su Autobiografia della Leggera (1961):

«Las clases subalternas, su cultura y sus formas de vida han sido a menudo objeto de estudio por parte de la sociología contemporánea —no sólo italiana— para dar pie a un discurso de clara intención reformista y de enfoque no científico. La invención de un proletariado como clase histórica garantiza a los investigadores la posibilidad de profundizar hasta la raíz de las cuestiones tratadas».

La comprensión de la subjetividad

La centralidad de la subjetividad como elemento para la activación de las luchas será desarrollada por R. Panzieri, a partir de la relectura de los Grundrisse y El Capital de Marx, particularmente en lo que respecta a la sección IV de este último. En la lectura de Panzieri, el capital, para poder valorizarse a través de la explotación del trabajo vivo, necesita convertir a los obreros en la parte subordinada del proceso productivo.

Dicho de otro modo, la línea de producción fordista es el espacio donde el capital organiza la tecnología y los sistemas productivos como elementos de lucha política en la fábrica. Sin embargo, al hacerlo, el modo de producción capitalista construye a la clase obrera como capital variable, expulsable y prescindible, pero al tiempo susceptible de abandonar su función de reproducción del ciclo si deviene revolucionaria. Se completa así la revolución copernicana planteada por Mario Tronti, donde es la lucha de clases la que impulsa el desarrollo y la innovación capitalista y no al revés. La subjetividad obrera organizada en su “partido-instrumento” posee la capacidad para poner en jaque el sistema y obliga al capital a impulsar el desarrollo e innovación del ciclo capitalista, recomponiéndose y contraviniendo las visiones más deterministas y productivistas del marxismo basadas en el desarrollo de los medios de producción.

En la Italia de los años cincuenta y sesenta, este desplazamiento conceptual encuentra un sujeto concreto en la figura del obrero masa. Compuesto por las oleadas de migrantes rurales que llegan desde el mezzogiorno italiano al norte industrial y se hacinan en los nuevos barrios “coreanos” de Milán y Turín, esta figura de la modernización “a la europea” de Italia es capaz de encarnar el rechazo en potencia hacia la fábrica de una forma más radical que la que en ese momento expresan el movimiento obrero oficial y sus sindicatos. Paradójicamente, es la exterioridad organizativa respecto al reformismo lo que abre a este grupo al espacio del antagonismo social.

En este contexto es donde debemos situar el trabajo por el que Alquati es más conocido, a partir del proceso de investigación militante que tiene lugar en las puertas de las fábricas del triángulo industrial -principalmente en la Fiat- en publicaciones como los Quaderni Rossi (1961) primero y, más tarde, en Gatto Selvaggio y Classe Operaia (1963), recopilados en el libro Sulla Fiat e altri scritti. En estas publicaciones se desarrollaron los conceptos centrales del pensamiento operaista como composición -tanto del capital como de clase- y la posibilidad de que a través de la lucha los trabajadores puedan subvertir su posición y devenir antagonistas, dando lugar al proceso de recomposición.

Sin embargo, resulta interesante acercarnos a la forma en la que tendrían lugar los procesos de recomposición o de alteridad y ambivalencia respecto al lugar predispuesto para estos trabajadores. En el caso italiano, este proceso tendría lugar a partir de la recuperación de la encuesta obrera de Marx para La Revue Socialiste 1880, pero introduciendo numerosas innovaciones en el campo de la participación y las dicotomías tan típicas de las ciencias sociales entre investigador-investigado o sujeto-objeto.

Coinvestigación implica tanto procesos de producción de conocimiento pero también de organización y conflicto.

En este sentido, conviene recuperar finalmente el término de coinvestigación, es decir, la manera en la que se activan los procesos de cooperación que son tanto procesos de producción de “nuevos” conocimientos pero también de formación, conflictividad y organización. Así entendida, la coinvestigación es un espacio de producción epistémica y política que no puede reducirse a la idea del investigador que se acerca a un punto concreto de la producción para estar y conocer la posición de los trabajadores, como se suele hacer desde el campo de la etnografía y la recogida de datos de campo. El prefijo “co” tampoco remite a la proletarización de unas clases medias que componen la intelligentsia para ir con el pueblo -esa es otra idea, propia del populismo ruso de los primeros Narodniki-.

Esta concepción de la cooperación a través de la coinvestigación se sofisticó en los desarrollos teóricos del Alquati de los años ochenta. Y es que los procesos de transformación sobre la subjetividad que operan mediante la investigación militante no pueden comprenderse sin atender a los distintos niveles que componen estos procesos de subjetivación. Las formas en las que las personas individuales quedan determinadas por su posición social están compuestas por varios niveles que se articulan entre sí, pasando desde el actor humano (la dimensión más inmediata e individual), al agente intermedio (la mediación social que liga al sujeto a su función dentro del ciclo) para finalmente llegar a los procesos de contrasubjetividad, donde se abre un espacio no determinado por la lógica capitalista que vuelve posibles formas de sustracción a la valorización.

En cualquier caso, conviene subrayar que para Alquati el estudio de la subjetividad no remite a un campo individualizado, sino a un conjunto de formaciones colectivas —grupos, estamentos, clases y otras agregaciones sociales— que constituyen “una de las dimensiones del proceso de transformación histórica del mundo”. Estas formaciones integran un sistema “caracterizado por una historicidad y una socialidad en evolución procesual”, sobre el que es posible intervenir.

En ese movimiento emergen nuevos comportamientos, deseos, voluntades e imaginarios

Esa intervención se produce a través de la formación y la discusión colectiva, capaces de introducir pequeñas crisis en los consensos que sostienen la normalidad del mundo. En ese movimiento emergen nuevos comportamientos, deseos, voluntades, imaginarios y también nuevas creencias o representaciones, siempre que se tenga la capacidad de leer las tendencias del ciclo y de desarrollar una inteligencia colectiva capaz de anticiparse a los fenómenos antes de que se cierren o cristalicen.

Leer la tendencia y anticiparse al ciclo

En su momento fuerte la coinvestigación constituyó un instrumento de intervención en las luchas a través de las interacciones comunicativas que se producen en los círculos y entrevistas. Alessandro Pizzorno, partícipe de Quaderni Rossi, 
lo definió del siguiente modo:

“La acción organizada quiere que los problemas, los temas de la investigación, los objetos del conocer, broten de la situación organizativa misma”.

De este modo, la investigación funciona como una apuesta en movimiento, que persigue la hipótesis allí donde se detectan comportamientos de insubordinación que son capaces de golpear en “el eslabón más débil de la cadena” y cortocircuitar el ciclo de acumulación. La coinvestigación no inventa ni descubre demasiado, su campo opera allí donde se leen las condiciones en potencia para transformarse en acción colectiva. Más allá del análisis de transformaciones estructurales de gran escala —como el excepcional trabajo sobre los contenedores logísticos desarrollado por la revista Primo Maggio en el contexto de la transición posfordista—, el método de la coinvestigación se sitúa en el nivel de la tendencia: allí donde los cambios aún no han cristalizado ni se han institucionalizado plenamente en la realidad social. Como señala Gigi Roggero, la coinvestigación “siempre es tibia” y se “encuentra en la fase de ebullición”.

De este modo, no se trata de diagnosticar lo que ya es, ni de extrapolar lo que será -esa es tarea para los vendedores de crecepelo de ayer y hoy-, sino de captar y actuar en aquello que está emergiendo en el espacio entre dos momentos. Ese momento Petrogrado de la revolución en el que, parafraseando a Lenin, el ayer es demasiado pronto y el pasado mañana será demasiado tarde, pero siempre en fuga respecto al poder.

La ciencia de parte, capaz de leer y actuar sobre los procesos que se desvían de la norma -aquellos que operan en el campo de la subjetividad descrita en el apartado anterior-, producida por la coinvestigación y las herramientas que allí se elaboran es lo que permite que emerja lo que Alquati denomina como la ambivalencia. Esta posición no es otra cosa que la existencia de contradicciones específicas dentro de las relaciones capitalistas, que se sostienen sobre un equilibrio siempre precario. Volviendo al punto clásico operaista, en cada ciclo el sujeto subordinado aparece atravesado por una doble pulsión -reproducir el ciclo o romper la baraja, sustrayéndose- y es esa pulsión la que en cada coyuntura puede decantarse hacia el conflicto y la ruptura potencial. En definitiva, no se trata de superar la posición actual hacia un nuevo escenario -en la forma en la que se entienden los saltos dialécticos- sino de meter el pie antes de que se cierre la puerta, de doblar la línea recta para desviarla hacia otro lugar.

¿Qué es la coinvestigación hoy?

Sería una absoluta ingenuidad pensar que se puede volver a reproducir un proceso de coinvestigación similar al que se dio en los años setenta a las puertas de la fábrica fordista. El ciclo de acumulación sobre el que opera el capitalismo hoy es otro, y la morfología del terreno ha cambiado. Nuestra actual posición nos obliga a elaborar nuevos mapas que nos permitan guiarnos en el actual entramado, configurado grosso modo a partir de la desregulación de los mercados laborales de los años ochenta y noventa y la emergencia de las formas rentistas del capital vinculadas a la financiarización. Desde luego, la operación no podrá repetirse en una sociedad que opera a través de la deuda, donde el fin del empleo garantizado amenaza a la “insolencia obrera” con la larga cola del ejército industrial de reserva y la precarización, y donde las fronteras entre integrados y expulsados operan de otra forma.

Pese a este desplazamiento, las contraherramientas que nos han sido legadas a partir del método de la coinvestigación siguen siendo útiles. Puede haber cambiado el material sobre el que leemos las composiciones sociales, detectamos las tendencias o generamos conocimientos situados que nos permiten operar en una realidad social antes de que quede cristalizada. Sin embargo, la lectura de fondo es extrapolable a cualquier ciclo. Por eso leer Alquati hoy sigue siendo interesante, más allá de un ejercicio nostálgico de alguien que se flipa con las banderas rojas de la Mirafiori en 1973.

Las contraherramientas que nos han sido legadas a partir del método de la coinvestigación siguen siendo útiles

En este camino necesitamos recuperar el valor de la discusión política de fondo, de la investigación militante para elaborar las herramientas políticas que nos permitan rearticular y reforzar nuestra posición a favor de la ruptura. No conviene olvidar que, antes del momento por excelencia donde se introducen las ideas del “revolucionario profesional” del Lenin más recordado -ese del ¿Qué hacer?– existe otro Lenin -el de El desarrollo del capitalismo en Rusia– donde polemiza con los narodniki, donde señala que el capitalismo constituye ya una realidad que ha penetrado endógenamente en el campo ruso, destruyendo las bases de la comuna tradicional. Y esto se hace a partir de una investigación empírica donde se da cuenta de las transformaciones que, en apenas tres décadas, transformaron las bases del capitalismo agrario ruso.

Es de las bases materiales que componen nuestra realidad de donde tienen que salir nuestras posiciones políticas. Nunca al revés, contrariamente a lo que solemos encontrar hoy, donde la defensa de las posiciones del grupo con el que nos identificamos parece ir por delante del análisis. Romper con la autocomplacencia puede ser el primer paso para poder abrazar de nuevo la ruptura en nuestra praxis política.

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Los efectos de la crisis se reflejan en estados cada vez menos capaces de impulsar nuevos ciclos de crecimiento que garanticen empleo estable y servicios públicos sólidos. En 2023, el Deustobarómetro registró por primera vez una valoración negativa de Osakidetza, el sistema de salud público vasco. Las largas listas de espera, símbolo del deterioro de un modelo antes ejemplar, evidenciaban las dificultades de gestión en un contexto de recursos limitados. Conviene hacer un inciso. Buena parte de las prótesis sanitarias dependen del titanio, cuyo principal exportador es la empresa estatal rusa VSMPO-AVISMA, afectada por las sanciones europeas. La escasez global de este material, en un mercado dominado por grandes corporaciones como Johnson & Johnson, generó un sistema de subastas donde las piezas terminan en los países o regiones con mayor poder adquisitivo. Así, la gobernanza del capital impone una jerarquía territorial que amplía las desigualdades, tanto entre estados como dentro de los distintos territorios que componen los Estados-nación en un marco de retroceso del modelo de Estado de bienestar.

Y desde luego, en la gestión de las envejecidas poblaciones del centro capitalista, este tipo de eventos, vinculados a la crisis terminal del capitalismo, generan profundos malestares. Estos malestares llevan a la creación de discursos que encuentran un resorte para explicar la realidad: fabrican chivos expiatorios en torno a la figura del migrante y, en concreto, contra la población musulmana, configurada como la gran otredad bárbara.

El proletariado migrante en el milagro económico español

En el momento actual de crisis terminal del capitalismo, lo que encontramos es un caldo de cultivo ideal para el ascenso de discursos reaccionarios que abogan por un retorno a los equilibrios previos del capitalismo de posguerra, proponiendo medidas como el cierre de fronteras y la expulsión de gran cantidad de inmigrantes, quienes, según esta retórica, «ya han superado el umbral de tolerancia» que nuestro cuerpo social es capaz de soportar.¹ Este tipo de retórica, que va desde los grupos de extrema derecha que causaron graves disturbios en el Reino Unido e Irlanda en el verano de 2024, se alimenta de teorías como la del “Gran reemplazo», según la cual la población blanca está siendo desplazada por la crisis demográfica y que esta población va a ser sustituida por extranjeros.²

Lo que encontramos es un caldo de cultivo ideal para el ascenso de discursos reaccionarios que abogan por un retorno a los equilibrios previos del capitalismo de posguerra

En la misma línea, y sin pertenecer al ámbito del activismo neonazi, se sitúan las posturas impulsadas por la extrema derecha desde posiciones de gobierno –como en el caso de los ejecutivos de Viktor Orbán– basadas en una reinterpretación nativista del Estado de bienestar, con un marcado componente familiarista, pero restringido exclusivamente a la población nacional, con todo un aparato jurídico y de producción de derechos que genera una diferencia entre ciudadanías de primera y de segunda categoría.

Por otro lado, y más próximo al establishment y a las posiciones de las élites europeas de orientación democristiana, se encuentra la postura del nuevo lehendakari Imanol Pradales —no muy distinta de las que predominan en el ámbito del nacionalismo catalán—, que plantea para el País Vasco una diferenciación en el tipo de inmigración requerida, siempre definida en función de las necesidades del capital.

En cualquier caso, en una Europa con tasas de natalidad ínfimas y prácticamente sin empresas competitivas en los mercados industriales que no estén fuertemente intervenidos por el Estado –como demuestra el caso de las industrias militares, en las que se está apostando por una salida de corte keynesiano–,³ la situación es clara. Tras varias décadas de deslocalizaciones derivadas de la «solución espacial» a la crisis capitalista de los años setenta, que expandió la condición proletaria a escala global, resulta imposible pensar una alternativa económica para Europa en los sectores vinculados a servicios y trabajo de cuidados que no pase por el empleo masivo de mano de obra barata inmigrante, condición necesaria para el sostenimiento de las clases medias que marcan el ritmo de las sociedades ricas.

No obstante, sí queremos intervenir y desarrollar ecosistemas de articulación y lucha con el proletariado migrante, conviene prestar atención a las formas en las que está teniendo lugar esta realidad en nuestros territorios, sobre todo ya que posee líneas de hojaldramiento social propias y no es una realidad homogénea.

Para situarlo en la actualidad, veamos algunos datos. De acuerdo con la Seguridad Social, existen 3.070.831 trabajadores extranjeros cotizantes. Se trata de un aumento significativo producido a partir del periodo postpandémico, con la reactivación de los flujos migratorios, y supone que en la actualidad haya 1,4 millones más de trabajadores extranjeros en el territorio que en 2015, lo cual supone un incremento del 84,6%, y del 118% en el caso de personas procedentes de países no comunitarios. Este incremento ha estado facilitado por medidas como la reforma laboral de 2022 o la flexibilización de los criterios para la atracción de mano de obra con las reformas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien ha ampliado el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura dando acceso desde el año 2023 a ocupaciones vinculadas a los empleos de construcción. Estas medidas complementan las formas existentes desde la década de los 2000 en las explotaciones intensivas vinculadas a la agricultura –cuya figura legal es la contratación en origen–, donde los trabajadores son contratados en sus países de residencia para la temporada de recogida con la obligación del retorno una vez termina la labor, tal y como ocurre con las temporeras de la fresa en Huelva.⁴

En términos simples, la llegada de nueva mano de obra ha incrementado la población en edad de trabajar, un factor clave para explicar el reciente ciclo de crecimiento de la economía española. Este proceso ha impulsado el PIB real y permitido la incorporación de unos 2,2 millones de personas al empleo. Sin embargo, este crecimiento no se ha sustentado en la creación de sectores de alto valor añadido, ni en aumentos significativos de la inversión o la productividad, sino que ha seguido la dinámica de los sectores tradicionales de hostelería, comercio, transporte e inmobiliario, precisamente aquellos que concentran la mayor parte de la mano de obra migrante y las condiciones laborales más precarias. El BCE estima que para el caso de España, de los 7,5 puntos que ha crecido la economía entre 2019 y 2024, la productividad apenas ha llegado a aportar dos décimas.

La población migrante está sobrerepresentada en los empleos a tiempo parcial y peor remunerados.

Un ejemplo de ello es que la jornada laboral de la población migrante se prolonga una media de 30 minutos más que la de los nacionales, y esta población está sobrerepresentada en los empleos a tiempo parcial y peor remunerados. O que el 33% de los marroquíes afiliados a la Seguridad Social están empleados en agricultura, ganadería y pesca, uno de los sectores con peores retribuciones de la economía (1.562 euros brutos, frente a la media de 2.273).

Entre la integración parcial y el pánico securitario

En cualquier caso, esta nueva realidad, en medio de la atonía económica europea, está generando nuevas fracturas sociales, así como formas de estabilización y reformulación del pacto social neoliberal. Un ejemplo claro es el trato diferenciado hacia la población migrante: la mayoría de las personas procedentes de América Latina no necesita visado y puede acceder a la nacionalidad española tras dos años de residencia regular, mientras que para otros colectivos –como el marroquí– el proceso exige diez años de residencia antes de poder iniciar unos trámites largos y complejos.

Estos contrastes deben entenderse en el marco de los intentos por articular un campo social en torno a la hispanidad –como espacio cultural compartido–, que al mismo tiempo traza una línea de exclusión racial y cultural respecto a la población musulmana, concebida como un “otro” inasimilable por motivos que van desde las diferencias religiosas hasta prejuicios asociados a la seguridad o la convivencia. En Bilbao, aunque esto se repite en otros puntos del País Vasco, se ha documentado que a menores migrantes se les niega el acceso a programas de Formación Profesional vinculados a sectores de alto valor añadido, orientándolos en cambio hacia itinerarios educativos asociados a empleos peor remunerados.

Cada nueva ola migratoria es presentada como un cuerpo social ajeno al proyecto de la comunidad imaginada, en contraste con la ola anterior

Lo que subyace en toda esta batalla cultural en torno a la figura del «buen» y el «mal» migrante no es más que la repetición, en clave nacional, de un proceso inseparable de la migración a lo largo del desarrollo del capitalismo histórico. Cada nueva ola migratoria es presentada como un cuerpo social ajeno al proyecto de la comunidad imaginada, en contraste con la ola anterior, que pasa a ser el ejemplo de una población «bien integrada». Este mecanismo de jerarquización racial fue analizado por Noel Ignatiev en su estudio sobre la asimilación del proletariado irlandés en Estados Unidos. Ignatiev demostró que los inmigrantes irlandeses –estigmatizados durante décadas como borrachos, violentos y racialmente inferiores– lograron ser aceptados como parte de la «raza blanca» precisamente al participar en la opresión de la población negra. Su incorporación masiva a los cuerpos policiales les permitió ejercer violencia estatal contra los afroamericanos, adquiriendo así una posición de privilegio racial que les había sido negada apenas una generación antes. La blanquitud, sostiene Ignatiev, no es una categoría biológica sino política: se conquista mediante la adhesión a un proyecto de dominación racial.⁵

Desde luego, este fenómeno no resulta ajeno a nuestra realidad si tenemos en cuenta la imagen asociada a las migraciones provenientes de Europa del Este durante la primera década del siglo XXI (especialmente con la población rumana) o el pánico social generado en torno a la construcción mediática de las bandas latinas. Se trata de un recurso al que se ha vuelto una y otra vez para justificar el aumento de los presupuestos de los cuerpos policiales, como ocurrió en 2018 en Bilbao con el supuesto peligro que se atribuía a grupos de jóvenes —oscuros y pobres— de Otxarkoaga, Santutxu y Txurdinaga. Esta dinámica se ha recuperado recientemente por parte de la prensa generalista con la instrumentalización mediática de la pelea que finalizó con un fallecido en la calle Solokoetxe, suceso que desde el principio se atribuyó sin el menor cuestionamiento a una guerra territorial entre bandas juveniles.

Un ejemplo de esto pudo observarse durante la pasada Aste Nagusia de Bilbao, cuando el actual eurodiputado del partido Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, difundió ficheros policiales con actuaciones en las que se revelaban nombres y rostros de aquellos que encajan en la categoría de “sospechosos habituales” de la propaganda reaccionaria.

Las reglas son claras y delimitan el lugar que corresponde a cada quien: la lógica de la frontera

Al fin y al cabo, de las campañas mediáticas contra la okupación, los supuestos fraudes en la Renta Garantizada o la criminalización de la delincuencia, hay solo un paso hacia la creación de un espacio que legitima la violencia contra el otro. Ejemplos recientes son los ataques en Hernani este verano o el asalto a un centro de menores en Gasteiz esta misma semana. A ello se suma la creciente militarización del espacio urbano, visible en los desalojos recientes de población migrante en Martutene (Donosti) y Zorrozaurre (Bilbao) o la amenaza que pende sobre quienes pernoctan en Jaso Ikastola (Iruña), donde se esperan futuros desarrollos urbanísticos de estas respectivas ciudades. Todo ello forma parte del control rutinario del orden urbano, donde las reglas son claras y delimitan el lugar que corresponde a cada quien: la lógica de la frontera.

¿Qué significa hoy ser un traidor de raza?

El verano de 2020 marcó un momento de revuelta de masas en Estados Unidos. Lo que comenzó como una serie de disturbios en Minneapolis tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía se extendió rápidamente al conjunto del país. La insurrección, inicialmente encabezada por jóvenes negros, pronto fue apoyada y sostenida por personas de todas las razas y géneros. Durante una larga secuencia de descomposición y recomposición –de acuerdo con la inteligencia colectiva que se desarrolló en cada ciudad–, tuvieron lugar experiencias como la zona autónoma de Capitol Hill en Seattle (CHAZ) o los enfrentamientos con la policía federal en Portland. Estas luchas no surgieron en el vacío: se insertaron en un ciclo de movilizaciones que había emergido desde el inicio de la pandemia del COVID-19, incluyendo olas de huelgas salvajes en «industrias esenciales», revueltas dentro del aparato carcelario —prisiones estatales, cárceles locales y centros de detención migratoria—, y protestas en torno a la vivienda. La resistencia Anti-ICE –la agencia de migraciones estadounidense– que se desarrolló ese año no puede entenderse sin esta acumulación de experiencias combativas.

En Francia, la secuencia que abrieron los chalecos amarillos —el sector más precarizado de la clase obrera blanca francesa— fue inicialmente desestimada por los sindicalistas, que los tacharon de brutos e incluso de protofascistas. Sin embargo, la revuelta desarrolló una articulación de luchas que, de rotonda en rotonda, logró sostenerse en el tiempo. Menos de un año después, las luchas contra la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Macron produjeron una nueva ola de movilizaciones y enfrentamientos. Esta secuencia insurgente culminaría con la gran revuelta de las periferias tras el asesinato del joven Nahel, protagonizada por los hijos del neocolonialismo francés.

En Italia, la reciente huelga general en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio no puede entenderse sin el largo legado de luchas sindicales de base

En Italia, la reciente huelga general en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio no puede entenderse sin el largo legado de luchas sindicales de base que los sindicatos USB y COBAS han desplegado en centros logísticos y en la industria de la moda desde hace casi dos décadas. Del mismo modo, la densidad de acciones que han tenido lugar en ciudades como Turín –vinculadas al centro social Askatasuna– y Milán tras el asesinato del joven Remy no serían comprensibles sin el giro de ciertas corrientes de la «autonomía organizada» hacia lo que aquí hemos llamado sindicalismo social, en claro contraste con el desalojo apacible que experimentó el Leoncavallo, antaño símbolo de la composición del ámbito autónomo con el movimiento antiglobalización.

Como hemos visto, ningún periodo de estabilización y crecimiento en el Estado puede comprenderse sin atender al papel que ha desempeñado el proletariado migrante dentro de este ciclo económico relativamente exitoso. Sin embargo, el lugar que la izquierda reserva para estos Otros, salvo contadas excepciones, sigue siendo el de una población que debe ser gestionada –a través de la integración «social», acompañándolos en el laberinto administrativo– o representada mediante la integración «política», ya sea en redes de clientelismo o en la reclamación de una representación propia en los espacios donde, según esta lógica, se produce La Política con mayúsculas: el parlamento. En este aspecto, una parte de la izquierda se muestra nerviosa ante ese cuerpo extraño con el que debe lidiar y que le resulta completamente ajeno. Se debate entre formas paternalistas que apuestan por acompañar y ayudar sin cuestionar las profundas distancias sociales y simbólicas que separan a estos activistas de sus «afectados» o «casos»: distancias en la autopercepción, en la construcción del sentido de la identidad, en la experiencia material de clase.

Pero ningún gobierno parlamentario, sea cual sea su color, va a alterar el régimen de la frontera. Y ello se debe a que la frontera actúa como un dispositivo de ordenamiento de la fuerza de trabajo dentro de la economía global, un mecanismo estructural que no admite una gestión «progresista» sin cuestionar el propio sistema que la sostiene. De ahí el silencio cómplice frente a la masacre del Tarajal o las muertes en la intrafrontera europea entre Irún y Biarritz, episodios que revelan los límites del discurso humanitario y del progresismo institucional.

La lucha a favor de Palestina ha podido significar quizás el primer encuentro con la política antagonista de una generación que se ha desarrollado en las condiciones posteriores a la crisis de 2008 y al recrudecimiento de la Europa-Fortaleza. En este contexto, ¿qué papel nos toca jugar para sostener dicha articulación más allá del momento del disturbio? ¿Qué significa hoy ocupar el papel de un John Brown ⁶ moderno? ¿Cómo pueden nuestras infraestructuras políticas permanentes procesar tensiones y conflictos?

1. Bouamama, S. (2025), De las clases peligrosas al enemigo interior. Traficantes de Sueños, Madrid, pp. 126-132. ↩︎
2. Un análisis interesante de estos eventos puede encontrarse en el texto de Richard Seymour, Soñar la caída, en el que se argumenta que estos pogromos, que culminaron con la quema de hoteles destinados a refugiados durante el verano de 2024, no se resolverán con medidas de índole económica. En cambio, es necesario comprenderlos como un fenómeno vinculado a las políticas de identidad de una clase blanca que percibe su situación vital directamente relacionada con el largo proceso de declive del imperio británico y la sociedad occidental en general. Seymour, R. (2024). Soñar la caída, Diario Red, 17 de agosto de 2024. ↩︎
3. Ramiro, P. (2025) ReArm Europe, el triunfo del capitalismo militar, El Salto Diario, 9 de marzo de 2025 ↩︎
4. Filigrana, P. (2020) “Las jornaleras marroquies de la fresa”, en La internacional feminista, Traficantes de sueños, Madrid. ↩︎
5. Ignatiev, N. (1995) How the Irish became white, Routledge classics. ↩︎
6. John Brown (1800-1859) fue un abolicionista radical estadounidense no racializado. Es recordado como un pionero en la posición de los «traidores de raza», defendiendo desde su posición la necesidad de posturas abolicionistas radicales e insurrecionales en las décadas previas al estallido de la guerra civil estadounidense. ↩︎

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Noche del 23 de junio de 2025. Fiestas de San Juan en Hernani. Lo que iba a ser una festividad ancestral -un bullicioso akelarre popular en el centro de la localidad donde las hogueras marcan el inicio del verano- terminó convertido en el mayor estallido, por ahora, de violencia racista en Euskal Herria.

Existen diversos relatos sobre su comienzo. Para unos, comenzó con el intento evitar que un joven marroquí accediera al recinto festivo para sustraer un teléfono, para otros, simplemente fue una pelea entre dos jóvenes en un bar –uno nativo y otro marroquí, con dientes rotos de por medio. Pero su causa no es tan importante, lo esencial es que acabaría siendo la mecha de una deflagración mayor. Está vez, la cosa no quedó en una simple “bronca” entre borrachos, de esas que, fin de semana sí, fin de semana también, suceden habitualmente en todo txosnagune (el típico recinto festivo de Euskal Herria) durante las fiestas patronales. En esta pequeña localidad guipuzcoana situada en el hinterland donostiarra, durante el resto de la noche grupos de jóvenes nativos acabarían en una turba descontrolada que perseguirían al joven marroquí implicado en la pelea.

Acorralado y en peligro, el joven buscó refugio en el ayuntamiento, donde la policía municipal de esta localidad guipuzcoana logró protegerlo a duras penas del linchamiento por parte de una multitud enfurecida. La llegada de los beltzas (Ertzaintza), que intervinieron con pelotas de goma, porras y cargas para dispersar a la multitud en medio del ambiente festivo del txosnagune finalizó, con al menos un herido y un detenido. Sin embargo, la tensión no se disipó. Durante el resto de la noche, grupos de jóvenes autóctonos, iniciaron un simulacro de pogromo beodo y violento contra todo magrebí con el que se cruzaron. Al menos otros dos jóvenes, completamente ajenos al altercado inicial, serían agredidos. Un joven tuvo que ser ingresado en el hospital después de recibir una brutal paliza y de ser arrojado y abandonado en una zona de huertas.

Lo de Hernani, sin embargo, no ha sido un caso aislado, sino otro caso más de otros similares. Hordago, el nodo local de El Salto en Euskal Herria, lleva tiempo cubriendo sucesos parecidos: desde la criminalización de los centros de menores de Marcilla y Sopuerta, la organización de patrullas ciudadanas para perseguir a personas migrantes en Trintxerpe y Muskiz, las manifestaciones que se organizaron contra las cenas solidarias organizadas por el colectivo KAS, destinadas a migrantes —y que provocaron hasta una suspensión temporal— y contra las redes de Harrera que atienden a personas en situación de calle.

Frente a situaciones de desestabilización el Estado moderno recurre a la criminalización de segmentos específicos del cuerpo social, normalizando así la excepcionalidad

Mientras tanto, el malestar social crece. Sin embargo, todo parece apuntar en una dirección muy concreta: discursos y prácticas racistas que señalan a los cuerpos migrantes como responsables de las turbulencias -aún incipientes- derivadas de la crisis en curso. Al fin y al cabo, nos encontramos ante un clásico del capitalismo en crisis: frente a situaciones de desestabilización el Estado moderno recurre al disciplinamiento y la criminalización de segmentos específicos del cuerpo social, normalizando así la excepcionalidad. Esto ya pudimos observarlo durante la gestión de la COVID-19 -y constituye, además, un hilo continuo en las políticas antiterroristas-. De manera que se trasladando al centro de la metrópoli y sus poblaciones aquello que siempre ha regido en los territorios coloniales. El objetivo, en última instancia, es establecer un marco jurídico que permita la suspensión selectiva de garantías y derechos fundamentales -propios de los sistemas liberales y democráticos-, diferenciando entre cuerpos dignos de protección y cuerpos desechables. De esta manera, se administra la crisis y se trazan sus líneas de fractura.

Mientras el Estado gestiona el control migratorio —dibujando las fronteras de la Europa fortaleza en rutas de tránsito y generando fronteras internas que atan la ciudadanía al trabajo precario—, emergen inevitablemente explosiones de violencia. La prensa local y programas matinales de televisión pública señalan diariamente a los «causantes» del aumento de la inseguridad, creando un caldo de cultivo para legitimar la violencia contra el otro. Con noticias que repiten como mantra que «las leyes atan las manos a la policía mientras protegen a delincuentes», era cuestión de tiempo que aparecieran grupos decididos a tomarse la justicia por su mano.

Las expresiones del racismo vasco antes señaladas poseen texturas específicas que deben ser desentrañadas con la mayor precisión si queremos intervenir eficazmente

Conviene examinar con atención los elementos que emergen en la coyuntura política actual. No basta con denunciar el racismo estructural: es preciso diseccionar sus formas particulares, aquí y ahora, retomando lo que los operaístas italianos de los 70 llamaban el método de la tendencia —la capacidad para detectar las lineas de conflicto que atraviesan nuestra sociedad—. Este análisis se vuelve urgente, porque las expresiones del racismo vasco antes señaladas poseen texturas específicas que deben ser desentrañadas con la mayor precisión si queremos intervenir eficazmente sobre la forma en la que opera lo que Du Bois denominó la línea de color.

Los datos desmienten categóricamente el relato de una juventud migrante «islamizadora» lista para conquistar Europa. Frente a los discursos que se han esgrimido del asalto a la frontera de la fortaleza-Europa, lo cierto es que Euskadi continúa manteniéndose como uno de los últimos cantones más demográficamente blancos de Europa. La Comunidad Autónoma Vasca registra solo un 14 % de población migrante —frente al 19 % estatal—, cifra que palidece al compararla con ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia (todas por encima del 20%), mientras Bilbao ni siquiera alcanza el 15 %. A esto se suma que el 75 % de las llegadas recientes provienen de Latinoamérica,¹ colectivo que sostiene el sector servicios con mano de obra muy precaria, es decir, que abarata la prestación de estos servicios, subsidiando así el consumo de la población autóctona.

La población magrebí recién llegada queda atrapada en un limbo: entre la economía sumergida y el infierno de los alquileres por habitaciones

En Álava y Navarra —donde la población migrante alcanza mayor peso demográfico— se observa también una mayor presencia magrebí.² Aunque carecemos de datos oficiales concluyentes, este hecho sugiere una hipótesis crítica: serían estos colectivos quienes sostienen el sector agrícola donde se registran las condiciones de sobreexplotación laboral más extremas. En el ámbito urbano, sin embargo, la población magrebí recién llegada queda atrapada en un limbo: entre la economía sumergida -muchas veces en sectores como el de la construcción pero también en formas de autoempleo de lo más diversas- y el infierno de los alquileres por habitaciones, y con fuertes barreras administrativas como es el caso del padrón, puerta de acceso a derechos básicos de ciudadanía.

Al fin y al cabo, las formas que adopta el racismo antimusulmán en Europa, y Euskadi no constituye una excepción, contiene elementos que por un lado tienen que ver con la producción del régimen de frontera (laa producción de una mano de obra barata) y el Gobierno de la excedencia, donde la línea de color genera la oposición entre el “buen” migrante, trabajador y el “mal” migrante, sobre el que cae toda la fuerza del régimen securitario. A fin de cuentas, las formas de construcción del enemigo público en todo el entramado jurídico, comunicativo y judicial tiende a facilitar formas de exclusión y criminalización de gente que, ¡oh casualidad! son jóvenes morenos.³

Se enfrenta imaginariamente la libertad occidental con la mirada patriarcal y controladora del «moro», actualizando así viejos esquemas coloniales de superioridad moral

Conviene señalar que, al igual que en el resto de Europa -donde este fenómeno lleva décadas instalado-,⁴ la figura del joven musulmán que migra a Europa -ya sea por Lampedusa, Canarias o la ruta de los balcanes– ha sido modelada por una operación política y discursiva que lo ha convertido en extraño permanente, un sujeto anómico e inasimilable, siempre sospechoso de ocultar una motivación criminal. En muchos casos, el relato civilizatorio —que traza una línea divisoria entre «nosotros» (los europeos) y «los otros» (los bárbaros)— se construye alrededor de la supuesta protección de «nuestras mujeres», bajo el mantra del “¿y qué pasa sí tocan a nuestras hermanas o madres?”.⁵ Esta narrativa enfrenta imaginariamente la libertad occidental con la mirada patriarcal y controladora del «moro», actualizando así viejos esquemas coloniales de superioridad moral pese a que al mismo tiempo reproduce una forma de comprender la familia completamente en línea con la conformación de la estructuras de género que reproducen la forma capitalista.

Al mismo tiempo, cabe preguntarse qué impactos sociales genera en la idea de sociedad amenazada el que, en una sociedad tan envejecida como la vasca -donde el ordoliberalismo del PNV⁶ ha mantenido el estado de bienestar-, la juventud nativa se haya convertido en un grupo a preservar como si del lince ibérico se tratase.⁷ Paralelamente, la presencia migrante en estratos jóvenes -quienes sostienen la base demográfica- supera ampliamente el 14 % general, evidenciando una transformación silenciosa pero imparable de la composición social.

De ahí, como ha adelantado Bifo, que nuestras sociedades, incapaces de desarrollar un fascismo de carácter jungeriano y conquistador, hayan optado por un orden conservador con elementos octogenarios aterrorizados por los cuerpos jóvenes de los migrantes. En resumidas cuentas, el miedo a los jóvenes oscuros que viven en situación de calle se convierte en el chivo expiatorio perfecto -con el increíble peso mediático que reciben- sobre el que descargar las sensaciones de inseguridad autopercibidas para una clase media que intuye, sin atreverse a admitirlo, que Europa —y también Euskadi— ha dejado de ser el centro del mundo, sin que todavía quede claro que las formas de consumo inducido del keynesianismo militar vayan a ser capaces de relanzar un nuevo ciclo de acumulación lo suficientemente amplio como para seguir reproduciendo un tipo de políticas públicas con una vocación tan universalista como la habían tenido hasta ahora.⁸

Figuras como Otegi admiten sin rubor que necesitamos migrantes, pero para que nos sirvan el café

La reciente destrucción de cien asentamientos y el desalojo de trescientas personas sin techo en Bilbao —siendo la «alternativa» ofrecida por el Ayuntamiento simplemente la cola del Servicio Municipal de Urgencias Sociales— no son hechos aislados. Forman parte de un patrón más amplio de hipocresía institucional. Por su parte, el consistorio pamplonica, portavoz del cambio, se lava las manos advirtiendo de un “efecto llamada” mientras 200 personas siguen pernoctando en las calles de la ciudad. Para colmo, figuras como Otegi admiten sin rubor que necesitamos migrantes, pero para que nos sirvan el café -algunos de nosotros ahora ya por fin completamente vascos y curados totalmente de nuestra condición maketa, a partir de la exclusión de los migrantes extraeuropeos que se han convertido en la nueva Otredad-. De este modo se apunta a que el fenómeno racista posee líneas propias en el entramado político-institucional y que en modo alguno se trata de simples estallidos de garrulos enfervorecidos por su borrachera violenta. De ahí la campaña de la guerra al navajero -que evoca el tono sheriff del Azkuna más desacatado- del PNV en las últimas elecciones o la reciente constitución del Foro de la Seguridad. Aviso a navegantes.

Esto no tiene que ver sólo con Euskadi. Se inscribe en una tendencia más amplia que en otros lugares ya está teniendo lugar desde hace tiempo. Aquí entran las formas en la que la policía juega a permitir o imposibilitar las economías ilegales a escala micro según sus necesidades de autolegitimación y de justificación de sus presupuestos pantagruélicos que nunca tienen límite. Esta es una parte de la ecuación que tiene que ver con el control del territorio bajo formas policiales que de momento todavía permanece bastante inexplorada en las formas de gobernanza.

Además, hay que considerar que la crisis del modelo industrial —base del llamado «oasis vasco»— favorece el crecimiento del turismo. Este sector requerirá mano de obra barata para mantenerse, lo que impulsará la llegada de poblaciones migrantes para ocupar los puestos de trabajo en el proletariado de servicios.

Toca forjar alianzas y comunidades de lucha capaces de desafiar las formas actuales del capitalismo racial

Se vienen olas. En Euskadi, existe un malestar creciente ante la cada vez menor capacidad que tiene la cortina de humo desplegada para regenerar sus mismas condiciones de reproducción. Lo que queda es un terreno fértil para el surgimiento de una potencia movilizadora de extrema derecha. Lo particular es que parte de esta dinámica puede surgir del campo nacionalista vasco. Las pintadas racistas en euskera y la idea de una comunidad sin estado que debe protegerse del «asedio globalizante» apunta hacia ahí. Para la construcción del proyecto nacional, más allá de sus mitos fundadores, se delimita una comunidad con fronteras claras donde hay quienes pertenecen y quienes no.

Toca activarse y comenzar a abordar en nuestras organizaciones políticas de base, de una manera integral, las líneas de cooperación con el proletariado migrante. Solo así podrán forjarse alianzas y comunidades de lucha capaces de desafiar las formas actuales del capitalismo racial, desde una apuesta antifascista y antiracista que —sorpresa— poco tiene que ver con las moralinas progres y las formas de Gobierno que tiene la izquierda sobre el capitalismo racial.

1. Ikuspegi (2025), Población de origen extranjero en la CAE 2025, Panorámica 95, Ikuspegi. ↩︎
2. Eustat (2024), Censo de población y viviendas: estructura de población, Eustat. ↩︎
3. Nadia, A. (2019), Prólogo, Capitalismo racial, Arun Kundnani, Cambalache, Oviedo. ↩︎
4. Los primeros disturbios raciales en el Estado español a caballo entre los siglos XX y XXI pueden ubicarse en Ca n’Anglada (Terrassa) o en El Ejido (2000). Sin embargo, en contextos donde la presencia de comunidades racializadas tiene una trayectoria más larga —como en el Reino Unido—, este tipo de revueltas se remontan a los años 80, con episodios como los disturbios de Brixton en 1981.En Francia, el antirracismo político y la consolidación del Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB) surgieron entre 1988 y 1989, pero alcanzaron un punto crítico con los estallidos por violencia policial que se repiten desde al menos 1997, año del asesinato de Abdelkader Bouziane a manos de la policia. ↩︎
5. Para una mayor profundización de estos argumentos véase: Alabao, N. (2025) «Hombres jóvenes de piel oscura: seguridad, femonacionalismo y refuerzo securitario», El sentido común punitivo, Cuadernos de estrategia 3. ↩︎
6. Oliveros, P. (2025), El ocaso del modelo vasco: cuando la industria ya no es suficiente, Zona de Estrategia, 28 de Abril de 2025 ↩︎
7. Y aquí operan desde las políticas de subvención a los regímenes de alquiler de nativos hasta la aceptación institucionalizada (en una relación más o menos conflictiva, no exenta de tiranteces) de determinadas formas autogestivas como los gaztetxes en su dimensión de ocio alternativo, txosnagunes, etc. ↩︎
8. Y de hecho, el endurecimiento en los términos de acceso a las ayudas y el padrón que han marcado las recientes reformas de la Renta de Garantía de Ingresos, o las recomendaciones del EUDEL a los ayuntamientos sobre el padrón social parecen apuntar a un nuevo marco de cierre nativista. A su vez, esto ha ocurrido al mismo tiempo que se han ampliado las condiciones de acceso a las viviendas de protección oficial para los jóvenes nativos. ↩︎

La entrada ¿Quién teme al joven marroquí? Hernani y la construcción del enemigo en la Euskadi blanca se publicó primero en Zona de estrategia.

Desde hace un tiempo circula la noticia: el suelo sobre el que se asienta la industria vasca y con ello el concierto económico en el que se ha basado la relativa paz social en esta región comienzan a mostrar fisuras que a duras penas consiguen ocultar su carácter estructural. Estas grietas evidencian la dependencia de Euskadi y Navarra de las cadenas globales de valor en un momento donde Europa está mostrando un retraso tecno-económico cada vez más evidente respecto a sus competidores chinos y estadounidenses.

A finales de enero, la comarca de Aiaraldea se vio sacudida por una desagradable noticia: Guardian Glass, empresa dedicada a la fabricación de vidrio, anunciaba su cierre definitivo. La decisión respondía a la imposibilidad de encontrar un inversor dispuesto a asumir el elevado coste de reparar un fallo crítico en uno de los hornos esenciales para la producción, un problema agravado por el alto precio de la energía, como se desprende de reuniones previas entre la empresa y el Gobierno Vasco. Como consecuencia, 171 trabajadores perdieron sus empleos. Este desenlace marcaba el fin de una trayectoria plagada de incertidumbre, agravada en 2020 con la venta de su filial Glavista, dedicada también a la producción de vidrio, pero inserta en las cadenas de la industria automotriz. Con 240 empleados, la compañía fue adquirida por el fondo de inversión Partner Capital, una operación que posteriormente se vería envuelta en un escándalo judicial por la quiebra de varias empresas. El CEO del fondo suizo acabaría detenido en Francia, mientras la empresa lograba captar la mayor parte de los fondos Next Generation destinados al hub del vidrio, para financiar un proyecto de automatización con inteligencia artificial destinado a optimizar la producción de parabrisas.

La reciente caída del 4,7% en las exportaciones refleja las dificultades que enfrenta la industria vasca

Este caso no es una excepción, sino parte de una tendencia más amplia. No se trata de errores de gestión ni de circunstancias aisladas, sino de una crisis estructural que evidencia la dependencia del llamado “oasis vasco” de las cadenas de valor conectadas con el eje de Baviera, Lander germano que representa el 18,2% del PIB del país y concentra a firmas automovilística como Audi y BMW. La reciente caída del 4,7% en las exportaciones refleja las dificultades que enfrenta la industria vasca, en un contexto de inestabilidad similar al que sacude a Alemania, motor económico de la eurozona y segundo mayor destino de las exportaciones industriales vascas. El análisis del ranking de exportaciones vascas muestra que las mayores caídas corresponden a sectores clave de la industria automotriz, dominada por el gigante europeo Volkswagen, así como la estadounidense-europea Stellantis, quien absorbería las principales casas francesas e italianas, al fusionarlas con el grupo Chrysler. La exportación de “partes y accesorios de vehículos automóviles” ha registrado una caída cercana al 10%, mientras que la producción de “vehículos automóviles para el transporte de mercancías” ha retrocedido un 24,7%. Por su parte, las empresas dedicadas a la fabricación de neumáticos de caucho han sufrido una disminución del 31% en la demanda, al mismo tiempo que empresas-emblema como Bridgestone en Basauri han anunciado despidos que afectarían a un tercio de la plantilla así como la reducción de turnos completos. En su imagen de conjunto, estas caídas en la producción llegan a representar más de 620 millones de euros vinculados al sector automotriz.

Una larga historia de tradición industrial

Volviendo a Aiaraldea y más allá de su trágico desenlace, la historia de Guardian Glass resume los aspectos clave de la evolución de la industria vasca desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Si uno se remonta a los orígenes de la actual Guardian, pronto aparece un apellido de raíces belgas: Delclaux. La presencia de esta familia en el País Vasco se remonta al siglo XIX, cuando Luis Delclaux Maque llegó desde Toulouse para fundar Santa Ana de Bolueta, una empresa emblemática de la primera industrialización vasca. En menos de dos generaciones, los Delclaux se consolidaron entre los grandes capitanes de la industria, junto a familias como los Ybarra o los Smith, formando parte de la oligarquía de Neguri. Su influencia no se limitó al negocio del vidrio. Con el tiempo, extendieron su presencia a sectores clave de la política local del primer franquismo en el Ayuntamiento de Bilbao así como de la economía, con su participación en compañías como Campsa, BBVA y Altos Hornos de Bizkaia, en una ría del Nerbioi-Ibaizabal que, durante la primera mitad del siglo XX, fue una suerte de Pittsburgh a la bilbaína.¹

La empresa conservó el legado del capitalismo familiar hasta 1985, cuando fue adquirida por la compañía estadounidense Guardian, especializada en la fabricación de vidrio flotante para automóviles. La compra se produjo apenas un año después de que Guardian dejara de ser una empresa estatal para convertirse en una compañía privada en los mercados estadounidenses. Los planes de modernización y la introducción de nueva maquinaria marcaron un punto de inflexión en la empresa. Se abandonó la producción de botellas y otros productos de vidrio primarios para especializarse en el vidrio flotante para parabrisas, insertándose de lleno en las cadenas globales de la industria automotriz. Esta transición permitió a la empresa situarse en segmentos de mayor valor añadido, asegurando su competitividad en el nuevo escenario industrial. Pronto, Guardian emprendió un ambicioso proceso de expansión, con la creación de una nueva planta en Navarra. Junto con la empresa vecina Tubacex, -donde también estuvo metida la familia Delclaux- que presumía de fabricar el tubo de acero corrugado de mejor calidad de toda Europa, la pequeña comarca fronteriza entre Bizkaia y Araba podía, a principios de los años noventa, respirar con cierta tranquilidad tras una década marcada por reajustes, despidos y la destrucción de empleo derivados del proceso de privatización impulsado por la entrada del Estado español en la CEE.

A finales de los 80 y principios de los 90, muchas de estas historias se repitieron a lo largo del territorio vasco. La destrucción del tejido industrial que se llevaría por delante el sector naviero -auténtico buque insignia de la primera industrialización vasca- y la reestructuración de las empresas menos automatizadas o con mayor uso intensivo de mano de obra, había producido un “saneamiento” relativo en algunas empresas, que a partir de ese momento serían capaces de competir en mercados internacionales, al menos de escala europea. Muchas de estas industrias vascas se sumarían a la cascada de beneficios de las industrias alemanas y francesas durante la era dorada de la globalización, cumpliendo funciones auxiliares para las firmas automotrices europeas, que aprovechaban la ventaja “competitiva” de una mano de obra formada y con dominio de su oficio pero con una “carga salarial” mucho menor que sus análogos de Clermont Ferrand o la Baja Sajonia.

Al mismo tiempo que el aumento del desempleo, el alcoholismo y la heroína devastaron las estructuras sociales obreras

El tejido industrial vasco sería capaz de resistir tanto al auge del toyotismo japonés como a la fuerte respuesta obrera que emergió en la década de los 80. A pesar de que el número de plantas e industrias se redujo dramáticamente, al mismo tiempo que el aumento del desempleo, el alcoholismo y la heroína devastaron las estructuras sociales obreras, la situación en Euskadi no alcanzó la gravedad de otras zonas afectadas por la desindustrialización, como Sagunto o, más cercana geográficamente, Asturias. Gestión a la vasca mediante, el territorio vasco entraría al siglo XXI con unos de los salarios más altos de todo el estado, especialmente en lo que respectaba al salario obrero,² además de un estado de bienestar consolidado que aseguraba altas cotas de integración social.

El milagro vasco

El modelo vasco, vinculado desde los años 90 a las cadenas globales de la industria automotriz, la siderurgia auxiliar y la máquina herramienta, con empresas como Tubacex, Arcelor-Mittal o la planta de Mercedes en Vitoria ha sido frecuentemente señalado como un ejemplo virtuoso de arreglo posfordista.³ El “milagro vasco” fue posible a partir de la colaboración entre la administración, unas políticas públicas y la dirección empresarial en el País Vasco, tras toda una década de reestructuración impulsada por el PSOE con la incorporación del Estado Español a la CEE en 1986.

Lo que conocemos como gestión empresarial a la vasca no es más que la solución institucional y económica que se intentó implementar en Euskadi con el fin de reincorporar al territorio vasco en la eurorregión, tras el colapso de los acuerdos regulatorios fordistas que sustentaron el modelo de crecimiento sostenido desde la Segunda Guerra Mundial. Este colapso ocurrió de forma oficial con la crisis del petróleo de 1973, al mismo tiempo que el crecimiento global de los años 80 empezaba a mostrar sus límites para reiniciar un nuevo ciclo de crecimiento capaz de colocar todos los beneficios en nuevas inversiones productivas rentables.

La respuesta vasca a la sobreacumulación de capital no se orientó hacia la especialización financiera e inmobiliaria, como ocurrió en el resto del Estado español

En este contexto, la respuesta vasca a la sobreacumulación de capital generada durante los años 80 no se orientó hacia la especialización financiera e inmobiliaria, como ocurrió en el resto del Estado español. En lugar de ello, Euskadi adoptó un enfoque distintivo basado en una fuerte empresarialidad regional. Este modelo promovió una estrecha colaboración público-privada para posicionar a las empresas vascas dentro de lo que en los años 90 se conoció como el “giro intensivo del capital”. Esto se refiere a aquellos segmentos dentro de los procesos de la «fábrica-mundo» que capturan más valor añadido, ligados entonces a la robotización, la gestión de la información y los modelos de organización empresarial flexible, influenciados por los sistemas de gestión de las empresas automovilísticas japonesas, como Toyota.

La particular forma de ordoliberalismo «a la vasca» fue implementada por la nueva generación de dirigentes del PNV, conocidos como los jobubis.⁴ Este partido, desde la época de la Lehendakaritza de Garaikotzea, supo desempeñar un papel lo suficientemente flexible como para ser reconocido como un interlocutor válido por Madrid en la gestión del “conflicto vasco” y al mismo tiempo proyectar una imagen pragmática ante la población vasca, basada en el supuesto talante negociador “realista” esgrimido por los jeltzales. De hecho, este acuerdo territorializado permitió mantener la gobernabilidad nacional a los dos partidos del régimen del 78, con el PNV cumpliendo el papel arbitral —junto con CiU— para conformar las mayorías necesarias para gobernar, eso sí, siempre a cambio de la cesión de nuevas competencias. De hecho, el principal rasgo diferencial de Euskadi respecto a otras comunidades autónomas radica en su hacienda propia, o lo que popularmente se ha conocido como el «cupo vasco”.

Universidades como Mondragón y Deusto jugaron un papel crucial en la formación de las nuevas culturas y valores empresariales

En Euskadi se crearon centros tecnológicos público-privados y se impulsó una red de clusters industriales considerados estratégicos como el sector aeronáutico a través de HEGAN (donde se incluyen empresas como Sener, Aernnova o ITP⁵). El Gobierno Vasco promovió la inversión en I+D+i para modernizar las empresas allí donde estas no encontraban capacidad de inversión propia. Universidades como Mondragón y Deusto jugaron un papel crucial en la formación de las nuevas culturas y valores empresariales. Al mismo tiempo, las industrias vascas reforzaron su posición como empresas auxiliares exportadoras, generando una balanza de pagos siempre estable y con beneficios.

Conviene señalar que aunque la economía vasca no dependiera tan directamente del turismo como industria principal —y, por ende, de la activación de sectores auxiliares ligados a la construcción—, esto no implica que el circuito secundario del capital no haya desempeñado un papel clave en las estrategias de las élites locales para superar la crisis de rentabilidad y la fase prolongada de estancamiento del capitalismo hispano. Desde los años 90, Euskal Herria experimentó un notable crecimiento en infraestructuras, incluyendo carreteras, autopistas, ampliaciones en los puertos de Bilbao y Pasaia, así como el desarrollo de importantes zonas logísticas y de almacenamiento ubicadas en nodos estratégicos de transporte dentro del área de influencia del hinterland metropolitano vasco.⁶

Para poner algunos datos en perspectiva, desde 1985, el Puerto de Bilbao ha recibido cerca de 3.000 millones de euros en sucesivas inversiones y ampliaciones a pérdidas, con el objetivo de consolidarse como uno de los principales puertos del Estado y un nodo logístico clave en el eje atlántico europeo. Otro ejemplo es la Variante Sur Metropolitana de Bilbao, conocida popularmente como la «Supersur», una ampliación de la AP-8 del Cantábrico. Con un coste de 900 millones de euros, se ha convertido en la infraestructura pública más cara de la historia de Euskadi, solo superada por la “Y Vasca”. Este último proyecto, con la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV), busca conectar la comunidad autónoma con el resto de la red ferroviaria de alta velocidad del Estado y de Europa.

En última instancia, la reordenación del suelo y la construcción de grandes infraestructuras deben entenderse dentro de las dinámicas del giro financiero

En última instancia, la reordenación del suelo y la construcción de grandes infraestructuras deben entenderse dentro de las dinámicas del giro financiero del capital desde los años 80. Este proceso ha servido como mecanismo para resolver parcialmente la sobreacumulación de capital, impulsando nuevos ciclos de acumulación y canalizando el excedente hacia inversiones que, en muchos casos, se financian mediante créditos blandos otorgados por entidades estatales y supraestatales.

Por otro lado, resulta fundamental considerar que las nuevas formas de gestión posfordistas exigieron profundas transformaciones en la logística y el almacenamiento de mercancías. Estas adaptaciones buscaban responder a un mercado flexible y sujeto a fluctuaciones en la demanda donde tenía lugar toda una compleja red de externalizaciones, subcontrataciones y pequeñas empresas familiares o autónomos, que asumían parte del riesgo y los costos. La dispersión de la fábrica emblema a lo largo del territorio genera un ecosistema de empresas interdependientes, esenciales para la generación de valor, y distribuidas de manera descentralizada.

Este fenómeno, que condiciona los desarrollos económicos posibles en un territorio, redefiniendo sus dinámicas productivas y espaciales tuvo también un profundo impacto en la ordenación espacial de la Euskadi de la década de los 90 y principios del siglo XXI, con una apuesta clara por jugar un importante papel como nodo logístico europeo al mismo tiempo que contribuía a qué el dinero, cada vez mas dificultoso de colocar en nuevas inversiones industriales rentables, pudiese ser colocado en el siempre rentable nicho de la construcción de infraestructuras.

La gestión vasca de la crisis financiera

En suma, desde finales de los años ochenta y durante las dos primeras décadas del siglo XXI, Euskadi logró consolidarse como una economía industrial avanzada, articulada en torno a un sólido modelo exportador. Este posicionamiento permitió la configuración de un régimen fiscal propio, lo suficientemente robusto como para soportar un estado de bienestar estable. Gracias a ello, sería posible mantener políticas públicas significativas como la promoción de Viviendas de Protección Oficial —con más de 36.000 unidades construidas en Euskadi y Navarra durante la década de los noventa—, la expansión de las segundas residencias⁷ o la implantación, en 2008, del sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Todo este escenario vasco se desplegaba en un contexto en el que gran parte del Estado español había optado por un modelo económico basado en el turismo, la financiarización y la valorización del mercado inmobiliario, sin lograr articular una alternativa sólida de desarrollo industrial.⁸ Este contraste se volvió especialmente visible tras el colapso del sistema financiero en 2008, cuando la crisis estalló con intensidad en España, impactando de lleno en el sector inmobiliario y paralizando la venta de viviendas. La brusca caída en la demanda de nueva construcción desencadenó un efecto dominó: la banca, altamente expuesta por su financiación a promotoras y constructoras, se vio seriamente afectada. En un intento por contener un colapso aún mayor, las principales entidades financieras restringieron drásticamente el acceso al crédito, lo que provocó una fuerte devaluación del valor patrimonial que había sustentado una forma de “redistribución” neoliberal en forma de goteo sobre la mayoría de las economías domésticas del estado. Esta contracción, en un contexto global de recesión, no tardaría en extenderse al conjunto de la economía, provocando una grave crisis de impago de hipotecas y una ola de desahucios que se convertirían en una de las imágenes más elocuentes del impacto social de la crisis.⁹

Aunque la crisis también llegaría a Euskal Herria, lo haría más tarde y de una manera en la que los impactos fueron considerablemente menos dramáticos

Sin embargo, aunque la crisis también llegaría a Euskal Herria, lo haría más tarde y de una manera en la que los impactos y su distribución sobre la población fueron considerablemente menos dramáticos que en el resto del Estado. Por otro lado, es importante destacar que la posición económica de Euskadi, como una economía netamente exportadora permitió que durante los años más difíciles de la crisis, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) pudiera mantenerse por encima de los niveles de control del déficit público establecidos por la Troika, con una nivel de la balanza de pagos positivo. Esto facilitó que en la CAV se pudiera mantener una tasa de reposición de funcionarios más alta que la prevista por la normativa general durante la gestión de Cristobal Montoro en el Ministerio de Hacienda. Según los datos del propio Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno de Euskadi, el número de personas al servicio de la administración de la comunidad solo sufrió una reducción drástica entre 2010 y 2012, pero a partir de 2017 comenzó a mostrar una tendencia ascendente constante. Así, el número de empleados públicos pasó de 38,500 personas en 2008 a 43,000 en el período previo a la pandemia del COVID-19.

Tomando como ejemplo la crisis de la vivienda, el número de desahucios fue considerablemente inferior al del resto del Estado, especialmente en lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias. Además, muchas de estas se llevaron a cabo sobre segundas viviendas, lo que permitió que, aunque se experimentará una cierta pérdida patrimonial, muchas familias vascas pudieran mantenerse dentro de los niveles de integración social.

Estos mecanismos de estabilización -donde las instituciones vascas actuaron como amortiguadores clave- serían fundamentales para atenuar el impacto de la crisis en amplios sectores sociales.

En definitiva, durante todo el ciclo que abrió la crisis financiera del 2008 la economía vasca todavía se vio respaldada por un contexto global en el que una gran parte de sus exportaciones se dirigía a los países centrales de Europa, los cuales, a su vez, lograron destinar la producción de su industria tanto al mercado interno como a la creciente clase media en China -y en menor medida, a países como Brasil e India-. Mientras, en un clásico del nacionalismo, se solía señalar a las regiones del estado situadas al sur del Ebro por su pereza o inclinación a la siesta, en claro contraste con la ética emprendedora e innovadora propias del modelo de empresa media vasca.¹⁰

Los mecanismos de estabilización y gobierno de la crisis en Euskadi resultarían fundamentales para atenuar el impacto de la crisis en amplios sectores sociales

Sin ápice de duda, los mecanismos de estabilización y gobierno de la crisis en Euskadi -donde las instituciones actuaron como amortiguadores clave- resultarían fundamentales para atenuar el impacto de la crisis en amplios sectores sociales que ya en aquel momento comenzaron un importante proceso de proletarización o que directamente ya podían ser entendidos como población excedentaria, incapaz de volver a ser reabsorbida en el mercado de forma estable. Y pese a las líneas de fractura social que tuvieron lugar, el modelo vasco todavía fue capaz de mantener uno de los niveles de estabilización mas altos de todo el Estado Español.

La implosión vasca

Sin embargo, en los últimos años el modelo económico vasco ha ido renqueando cada vez mas. Las primeras llamadas a medidas proteccionistas —como la imposición de aranceles al acero chino por parte de la UE— ya pudieron escucharse casi una década atrás, en 2016 de la mano de Confebask y miembros del Gobierno Vasco, entre ellos la entonces consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia de semblante pétreo, digno de una Von der Leyen de Astigarraga. En aquel momento, la economía vasca aún se recuperaba de la crisis financiera cuando ArcelorMittal anunció el cierre de su planta en Zumarraga, dejando 300 empleos en la calle y un desplome del 12% en los ingresos del municipio. Ya entonces, China producía la mitad del acero mundial, y sus ventajas —costes laborales y ambientales muy inferiores— habían inundado el mercado local con precios entre un 20% y 30% más bajos que los del acero europeo.

Ya en plena etapa postpandémica, el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno Vasco -órgano que reúne a representantes sindicales y empresariales para tomar decisiones políticas- reportaba que 1.858 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) afectaban a más de 30.000 personas en todo Euskadi. La excepcionalidad con la que se gestionó la crisis sanitaria concentró la mayoría de los expedientes en sectores como la restauración, las agencias de viajes y la hostelería. No obstante, una parte considerable de los expedientes también se registraba en la industria vasca, amparándose en causas de fuerza mayor como la ruptura de las cadenas de suministro o el encarecimiento de los costes energéticos.

El proyecto europeo pierde fuelle, acelerando su declive frente a potencias como China y Estados Unidos

Desde luego, en los últimos cinco años, los acontecimientos geopolíticos y económicos han seguido una trayectoria clara: el proyecto europeo -y con ello el vasco- pierde fuelle, acelerando su declive frente a potencias como China y Estados Unidos. Esta tendencia, que se ha acelerado con las guerras comerciales que fracturaron la «Chimerica» —el eje sino-estadounidense que sustentó los «años dorados» de la globalización neoliberal, con China como la fábrica-mundo y a Estados Unidos como el gran consumidor-, ha dejado al descubierto las debilidades estructurales de Europa. Dicho de otra modo, la coyuntura de los últimos años ha cambiado tan drásticamente a nivel global que la imagen de la todopoderosa Alemania presidida por Angela Merkel capaz de imponer políticas de austeridad al sur de Europa a través de la Comisión Europa ya no refleja la realidad de la ecología del capital.

En primer lugar, esto ocurre porque se ha producido un cambio fundamental en el lugar que ocupan China y Asía en la producción mundial. Desde hace unos años, la “fábrica del mundo” ha dejado de lado su papel como productor de las manufactura con menor valor agregado, para básicamente conquistar una tras otro, todos los sistemas punteros en tecnología donde se esperan que estén algunos de los exiguos nichos de acumulación de capital de los próximos años. Del coche eléctrico, a las energías renovables, pasando por la IA, que con la entrada de DeepSeek ya supuso el desplome en bolsa de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

En su lectura de contraparte y en lo que nos respecta, esto quiere decir que los techos de gastos que se reventaron durante la pandemia con los EU Next Generation no han conseguido hacer que Europa se haya sumado a ningún sector de la alta tecnología ni del capitalismo verde, al mismo tiempo que dichas ayudas han servido para alimentar las arcas de las empresas emblematicas de cada país.¹¹ Las señales en este sentido han sido numerosas y variopintas, pero desde la quiebra de la fábrica europea de producción de baterías eléctricas Norvolth al reciente informe Draghi todo apunta en una dirección.

En definitiva, en el nuevo y convulso escenario marcado por el fin de los consejos del neoliberalismo Europa se sitúa como la gran perdedora del proceso de “decrecimiento” capitalista, donde cada vez mas, tras décadas de crisis de rentabilidad que simplemente han sido desplazadas a futuro, resulta cada vez mas difícil situar las nuevas inversiones en algún lugar donde estas generen más valor del que consumen.

Ninguna de las formas de multiplicador neokeynesiano que se han intentado poner en marcha para relanzar un nuevo ciclo de acumulación ha funcionado

De momento, ninguna de las formas de multiplicador neokeynesiano que se han intentado poner en marcha para relanzar un nuevo ciclo de acumulación sostenible en el tiempo para en el continente ha parecido funcionar. De hecho, la dependencia europea de las industrias punteras durante la era fordista-keynesiana de los Treinta Gloriosos —especialmente la aeronáutica y la automoción— hoy enfrenta con crudeza una crisis largamente gestada. Desde los años 80, con los primeros grandes procesos de desindustrialización, estos sectores no solo operan en un mercado saturado de competidores, sino que Europa ya no es líder en ninguno de ellos.

A esto se suma la falta de un respaldo financiero comparable al de Estados Unidos, donde el privilegio del dólar como moneda global le otorga una ventaja estructural. Prueba de ello son los consejos de administración de muchas empresas vascas, donde figuran actores como BlackRock —de alcance supranacional, pero arraigado en EE.UU.—, reflejando la hegemonía financiera estadounidense. A su vez, ya desde los Gobiernos de la Bidenomics, las medidas de reproducción de la economía desde el Estado, con la instauración de la Inflation Reduction Act (IRA) y la CHIPS Act han dejado las cantidades que se destinaron a la recuperación pospandémica europeas en la estacada.

La supuesta transición “verde” descarbonizada, en palabras del propio Draghi, debería verse respaldada de forma inmediata por la emisión de deudas mutualizada por la cantidad de 3.300 millones de euros por parte de los estados miembros de la eurozona, no ya para volver a ser rentable, sino para qué simplemente Europa deje de perder.

Por supuesto, quien mas se ha visto afectada por estas dinámicas ha sido la monumental industria automotriz alemana, auténtico motor económico de la Eurozona. De AUDI a Volkswagen, la mayor parte de las empresas han anunciado despidos en sus plantillas. Desde luego, la crisis industrial salpica en el resto del territorio y sectores. Michelin anunció en enero el traslado de una parte de la producción desde sus plantas en Francia a Gasteiz, donde por muy caro que sea el salario del obrero vasco -superior al de Rabat, pero aún inferior al francés- la histórica empresa todavía esperaba poder competir. Las acerías también se han visto implicadas en este movimiento en cadena, ya que un 17% de su producción es destinada a la propia automoción, ahora en reconversión forzosa. Por poner otro ejemplo, estaría Mercedes, principal empresa vasca -solo por detrás en número de empleados de Osakidetza, el sistema de salud pública de Euskadi- que ha experimentado paradas constantes en la producción debido a la baja demanda de nuevos vehículos en Alemania, a donde iban destinadas la mayoría de furgonetas que se producen en la planta de Gasteiz. Y cuando la economía del eje franco-alemán estornuda, Euskadi —como economía netamente exportadora a estos territorios— se resfría.

En el año 2024, los dos principales destinos de las exportaciones de las empresas vascas sufrieron caídas. En el caso francés estas bajaron un punto. Sin embargo, es el dato alemán es el que resulta mas impactante, con unas caídas del 13%, lo que se traducía en 668 millones de euros menos. Del mismo modo, la caída de ventas experimentada con Estados Unidos -de donde proceden muchas de las carteras de inversión presentes en empresas vascas- ha sido todavía mayor, de un 27%, afectadas por la incertidumbre económica por la guerra arancelaria desatada por la administración Trump. De hecho, la reciente entrada de unos aranceles del 20% impuestos desde la Casa Blanca en todos los productos comercializados desde la UE apunta en la dirección de una profundización de esta tendencia.

Sin embargo, al igual que en otros procesos de deslocalización y despidos ocurridos en los últimos años, las causas tras estas caídas responden a factores estructurales, como la búsqueda de menores costes energéticos. Un ejemplo claro fue el cierre de la planta de Guardian, donde los mentideros afirman que ha sido el elevado precio de la energía lo que ha conducido al cese de la producción.

Pero el problema va más allá de los bienes básicos. Los datos del Eustat revelan una transformación estructural evidente: las importaciones de productos chinos se han multiplicado por 15 en apenas dos décadas, pasando de tres millones en 2005 a 44 millones en 2024. Además, lejos de una creencia demasiado asentada en la cabeza de las personas, en ningún momento se ha tratado de baratijas o de los productos de fabricación mas intensiva. De hecho, en muchas ocasiones se trata de elementos de la gama media-alta fundamentales para la producción. Este fue el caso de Mecaner en Urduliz, perteneciente a Stellantis, cuyo cierre fue anunciado pese a la obtención de beneficios, en un intento de trasladar la producción hacía China, en un intento de abaratar costes.

Límites de las medidas contracíclicas

En cualquier caso, también se están intentando poner en marcha mecanismos de estabilización y gobierno, que, si bien no parecen estar siendo capaces de relanzar un nuevo ciclo de acumulación estable, sí están sirviendo para evitar que la situación alcance una dimensión más grave.

Las estrategias del PNV, aceleradas con la llegada de una nueva generación liderada por el lehendakari Imanol Pradales, han promovido el uso de instrumentos políticos como el Fondo Finkatuz —vinculado al Instituto Vasco de Finanzas y, por tanto, al Gobierno Vasco— para intervenir en empresas estratégicas. Mediante inyecciones millonarias —un rescate capitalista encubierto—, el fondo ha logrado entrar en los consejos de administración de estas compañías para evitar deslocalizaciones, como ya ocurriera con casos emblemáticos como Euskaltel o Gamesa. Un ejemplo claro en este sentido pudo observarse en la intervención del Gobierno Vasco en ITP Aero, especializada en motores aeronáuticos. Cuando el fondo estadounidense Bain Capital (con sede en Boston) se convirtió en su principal accionista, el Gobierno Vasco actuó para asegurar una participación pública, justificándolo como una medida de protección estratégica.

La intervención del Gobierno Vasco en empresas estratégicas ha desencadenado un efecto dominó, arrastrando a otros actores del poder local como Kutxabank

La intervención del Gobierno Vasco en empresas estratégicas ha desencadenado un efecto dominó, arrastrando a otros actores del poder local como Kutxabank o el grupo siderúrgico Sidenor hacia grandes operaciones de inversión. Un ejemplo paradigmático es la entrada en la empresa ferroviaria Talgo, donde el consorcio vasco —con respaldo institucional— se encuentra en proceso de adquirir participaciones al fondo británico Trilantic, mientras la propia Sidenor mantenía ERTE en sus plantas de Reinosa y Azkoitia.

En paralelo, asistimos a la transformación del polígono industrial Arasur en un nodo logístico global, impulsado por multinacionales como Amazon y fondos como Panattoni. Esta misma lógica se extiende al capitalismo de infraestructuras digitales, con proyectos como el Centro de Datos de Bilbao-Arasur, desarrollado por el fondo Merlin Properties bajo un modelo que privatiza beneficios tras inversiones con claros apoyos públicos.

Se trata de un claro ejemplo, de cómo la característica empresarialidad regional vasca parece dispuesta a llegar a un punto de convergencia donde fondos de inversión, instituciones y el arco de fuerzas políticas -desde Mikel Otero a Mikel Jauregi- van de la mano. Los hay quienes se muestran rápidos a poner a disposición a la industria vasca en el nuevo rearme militar, del mismo modo que el sector “pragmático” de EH Bildu se ha demostrado favorable a la instauración de los numerosos proyectos de descarbonización mediante la instalación de proyectos energéticos que afectan a amplias parcelas del territorio alavés.

Contraintuitivamente, el Estado Español, siempre dependiente al turismo y al ladrillo, está aguantando mejor los reveses, siendo una de las pocas economías europeas que crece. Por ello, en grado cada vez mayor, las élites vascas están apoyando en el turismo para tratar de sostener la situación. Como muestra, tenemos desde uno de los índices de compra de nueva vivienda mas altos del Estado; las propuestas de ampliación del aeropuerto de Bilbao o la construcción del nuevo y titánico proyecto del Guggenheim Urdaibai en medio de una reserva natural de la biosfera.

El PNV debe mirar con mas respeto la crisis del “milagro vasco” que una socialdemocratización de la Izquierda Abertzale

Sin embargo, todo ello deja en juego un agravamiento del impacto territorial y ambiental, en uno de los mayores agujeros energéticos de toda Europa, además de unas líneas de ruptura social trazadas en torno a quedar fuera o dentro del acceso a la propiedad. El PNV, tal y como se recoge en un reciente artículo desarrollado por el movimiento socialista en Navarra, debe mirar con mas respeto la crisis de las bases del “milagro vasco” que una posible socialdemocratización de la Izquierda Abertzale.

Sin embargo que todavía no nos encontremos en lo peor, depende de toda una serie de dinámicas que se están viendo beneficiadas por un contexto europeo donde han estallado el «techo de gasto». Desde los fondos europeos hasta el keynesianismo militar, todas estas estrategias logran amortiguar la peor, pero siendo capaces de cubrir únicamente a un segmento de la población “privilegiado”: la aristocracia obrera industrial y el funcionariado.

Para ejemplo de ello, el sino de los trabajadores precarios (aquellos subcontratados o eventuales a través de ETTs) de la misma industria, quienes están quedando fuera del sistema de garantías, evidenciando las grietas -todavía finas y- que está atravesando el modelo vasco. Que el motor funcione en base a la demanda artificial desde el Estado, solo acelera los procesos de financiarización y concentración, que tarde o temprano dejaran al descubierto una industria debilitada y dependiente a los cambios que el capitalismo está experimentando a nivel global.

No se puede entender la encrucijada actual sin recordar las palabras de Josu Jon Imaz, exlíder del PNV y hoy consejero delegado de Repsol. El año pasado, en un polémico artículo, defendió con fervor fósil la eliminación del impuesto extraordinario a las energéticas, argumentando que las economías turísticas —como la española— generan «poco valor añadido» en términos capitalistas, y que ningún Decreto Omnibus debería inquietar a los inversores a seguir apostando por Repsol e Iberdrola.

El mensaje iba más allá de un simple reproche al PSOE y sus socios de SUMAR: era un dog whistle —silbato para perros— dirigido a los sindicatos vascos, acusándolos de usar la huelga como herramienta «política» en lugar de productiva. Sin embargo, hoy ese discurso choca con la realidad. Los trabajadores vascos —herederos de un pacto fordista ya agotado— enfrentan un dilema: ¿cómo trasladar su capacidad organizativa a un nuevo escenario donde las luchas ya no giran en torno a la fábrica, sino a la vivienda, el territorio y la precariedad crónica?

La respuesta pasa por construir coaliciones inéditas. No basta con defender los restos del «oasis vasco» para la aristocracia obrera industrial; es necesario sumar al proletariado de servicios —migrantes, jóvenes sin futuro—, esos perdedores de tres décadas de prosperidad selectiva. Solo así podrá contestarse a un capitalismo que, como demuestra Imaz, ya ni siquiera disimula su desprecio por aquella población excedente que, en los márgenes, no para de crecer.

1. Perez, A. (2019) Las “buenas familias” de Bilbao, Silex Editorial, Vitoria-Gasteiz. ↩︎
2. Si se analiza el salario medio a lo largo del tiempo, se observa que los valores más altos se concentran en las ciudades de Madrid y Barcelona. Esto se debe a la especialización financiera de estas ciudades dentro de los circuitos globales, así como a la presencia de importantes sedes de empresas transnacionales, lo que eleva los sueldos de los ejecutivos y los altos cargos empresariales. Sin embargo, si se toma como referencia la mediana salarial, Euskadi se sitúa a la cabeza, con un dato aproximadamente 3.000 euros superior al de estas dos comunidades autónomas. ↩︎
3. Utilizamos el término posfordista para describir el modelo económico resultante de la reestructuración europea de los años 80 en Euskadi. Consideramos que resulta adecuado hablar de una realidad posfordista —pese a que el sector servicios es mayoritario— en una región donde la industria genera el 22,4% del VAB, existe un sistema de formación profesional que integra a un segmento significativo de la población en las cadenas productivas y, a pesar de la implementación de mecanismos de ajuste en el circuito secundario del capital, persisten un impacto territorial y ambiental claramente marcados por la actividad industrial en amplias zonas del territorio. ↩︎
4. El término jobubis hace referencia a la generación de militantes del PNV que comenzaron su actividad política en el partido a mediados de los años 70, bajo la orientación de Jesús Insausti, conocido como Uzturre, quien promovió la consigna de «no hay construcción nacional sin política social». Estos militantes permanecieron dentro de la estructura del partido tras la escisión de EA, comenzando a ocupar cargos clave dentro del PNV y promoviendo una ruptura con la línea representada por Arzalluz. Entre los miembros más destacados de esta generación se encuentran figuras como Koldo Mediavilla (quien ha estado en los consejos de administración de los principales medios de comunicación vascos), Aitor Esteban (político en Madrid), Jon Josu Imaz (actual consejero delegado de Repsol y firme defensor de la retirada de impuestos extraordinarios a las empresas energéticas), Iñigo Urkullu (Lehendakari entre 2012 y 2024) y Andoni Ortuzar (quien ha jugado un papel crucial en la fontanería interna del partido). ↩︎
5. Esta última famosa por sus niveles de colaboración con el genocidio cometido por Israel sobre la población palestina en la franja de Gaza y cuya actividad militar constituye casi un 40% del volumen de negocio total de la empresa ↩︎
6. Por ejemplo, varias de las zonas de almacenamiento del puerto se encuentran en la Meseta Ibérica, con parte de su infraestructura en el enclave logístico de Arasur, en Rivabellosa (Álava), y en las instalaciones del puerto seco de Pancorvo (Burgos). En 2013, Luis Iriarte estimó que el hinterland vasco abarcaba una población total de doce millones de habitantes, incluyendo, además de la propia Comunidad Autónoma Vasca, regiones como Aquitania y Midi-Pyrénées en Francia, así como Navarra, Cantabria y La Rioja en una primera corona. A este ámbito también se sumarían Aragón, Asturias y parte de Castilla y León. Para más detalles, véase Observatorio Metropolitano de Madrid (eds.) (2013). Paisajes devastados. Traficantes de Sueños, Madrid (pp. 179-231). ↩︎
7. En el País Vasco, antes del estallido de la crisis hipotecaria, las segundas residencias con fines vacacionales ya constituían una realidad asentada para una cuarta parte de la población, que disponía de viviendas destinadas a este uso. Este fenómeno estaba estrechamente relacionado con un modelo de desarrollo urbanístico que dejó una marcada huella en los paisajes urbanos de comunidades vecinas, como Cantabria, el norte de Castilla y León —especialmente en las provincias de Burgos y Palencia—, así como en La Rioja. ↩︎
8. Esto no significa que en Euskadi no haya existido un “keynesianismo de activos”. De hecho, la concentración de vivienda en propiedad en el territorio vasco es aún mayor que en el resto del Estado español, un fenómeno que se hizo especialmente evidente tras la crisis financiera de 2011. En la última década, el régimen de alquiler ha crecido, pero de forma concentrada, principalmente entre la población joven y el proletariado migrante, el cual trabaja en el sector servicios y en el ámbito del trabajo reproductivo dentro de una de las sociedades más envejecidas de Europa. ↩︎
9. Sí se quiere profundizar en aspectos de la crisis económica en España véase: Carmona, P. (2022) La democracia de propietarios, Traficantes de Sueños, Madrid.; Lopez, I. y Rodriguez, E. (2010) Fin de ciclo, Traficantes de Sueños, Madrid . ↩︎
10. En ocasiones, este argumento podía tener una cierta lectura obrerista y de izquierdas, donde la tradición de lucha y el alto nivel de huelgas y conflictos en las empresas vascas siempre vinculada al largo arraigo del MLNV en la sociedad- eran el elemento explicativo de la situación diferencial, en contraste a un cierto provincialismo y embrutecimiento cuasi congénito hacía lo español.
    ↩︎
11. Martija, G. y Fernandez, G. (2024), Unión Europea: Agenda Verde Oliva Y Digital Al Servicio De Las Empresas Transnacionales, OMAL-Manu Robles-Arangiz Fundazioa, Bilbao ↩︎

La entrada El ocaso del modelo vasco: cuando la industria ya no es suficiente se publicó primero en Zona de estrategia.

El valor político de estas manifestaciones ha sido importante en un momento donde la sucesión de desalojos ha sido una constante durante los últimos cinco años en Euskal Herria. El haber sido capaces de movilizar, sin campañas de por medio, a casi mil personas en menos de una semana, demuestra que la potencia política de los espacios autogestionados continúa vigente. Sin embargo, resulta fundamental reflexionar sobre las razones por las cuales no se han producido de forma reseñable nuevas oleadas de okupaciones , así como hace falta explorar nuevas formas de organización y arraigo sobre nuestros territorios que nos permitan superar los obstáculos a los que nos enfrentamos.

Debemos construir comunidades de lucha que, partiendo de problemáticas concretas, consigan federarse y trazar los elementos de una cultura de clase que responda a las necesidades de la sociedad vasca actual

Resulta primordial que nuestros espacios sean capaces de abrirse a nuevas alianzas y que consigan ampliar sus bases sociales. Debemos construir comunidades de lucha que, partiendo de problemáticas concretas como la vivienda, el trabajo precario, la desigualdad de género o el racismo, consigan federarse y trazar los elementos de una cultura de clase que responda a las necesidades de la sociedad vasca actual. Pero para que podamos hacer esto también necesitamos construir espacios de debate y orientación más estables y formales, donde pongamos la discusión política sobre el papel que juegan los gaztetxes en la Euskal Herria de la segunda década del siglo XXI. Y para ello debemos discutir sobre su estrategia.

¿De dónde venimos?

Jakue Pascual sitúa el origen de los gaztetxes en la ocupación de la gazteen etxea de Donosti en 1983.¹ Esta acción, surgida en un contexto de profunda transformación social y económica marcada por la desindustrialización, el desempleo juvenil y un fuerte conflicto generacional, fue una respuesta a las necesidades y aspiraciones de una generación que se encontraba en una encrucijada.

Desde las primeras okupaciones, los gaztetxes se convirtieron en un referente para la juventud vasca del momento y se fueron replicando por todo el territorio durante toda la década

Estos espacios fueron una respuesta a la crisis social y económica que atravesaba Euskal Herria en los años 80 y se convirtieron en espacios de autoorganización y resistencia donde se experimentaron nuevas formas de vida y se construyeron redes de solidaridad. Los jóvenes vascos, enfrentados a un futuro incierto, atravesado por la desindustrialización y el fin del pacto fordista, encontraron en los gaztetxes un lugar donde construir proyectos de vida alternativos a la cara oculta de la “modernización” y a los primeros pasos del autogobierno vasco. Desde las primeras okupaciones, los gaztetxes se convirtieron en un referente para la juventud vasca del momento y, de forma mimética, se fueron replicando por todo el territorio durante toda la década.

El surgimiento de los gaztetxes estuvo indisolublemente ligado al enorme peso demográfico de la juventud en ese momento histórico. Con un tercio de la población menor de 30 años, esta generación demandaba espacios propios para expresarse y organizarse. La incipiente construcción del estado de bienestar -el cual comenzó a consolidarse bajo los gobiernos del PSOE y la lehendakaritza de Garaikoetxea-, que aún no ofrecía suficientes infraestructuras culturales y sociales, agudizó esta necesidad. La ocupación de locales se convirtió así en una respuesta directa, a la par que creativa y autogestionada, destinada a llenar ese vacío.

Las importantes transformaciones que han tenido lugar en nuestro territorio deben ser atendidas si queremos que nuestras estructuras sigan teniendo capacidad de generar conflicto y tensionamiento social

La experiencia de la okupación ha perdurado hasta nuestros días, alcanzando en Euskal Herria una masividad y una capacidad para generar institucionalidad propia que tiene poco parangón en otros territorios de Europa.² Los aciertos de dicha apuesta son sin duda notables: radios libres, escenas musicales, revistas como Resiste y movimientos de desobediencia como la insumisión se conjugaron en una tupida red de espacios urbanos, generando una sociabilidad propia que fue capaz de perdurar. Sin embargo, cinco décadas mas tarde la imagen ha cambiado. Las importantes transformaciones que han tenido lugar en nuestro territorio deben ser atendidas si queremos que nuestras estructuras sigan teniendo capacidad de generar conflicto y tensionamiento social; al fin y al cabo, ser verdaderos espacios de contrapoder.

La experiencia de politización en los gaztetxes en Euskal Herria ha encontrado durante los últimos años importantes límites en su capacidad de ampliarse y mezclarse con otros sujetos en este nuevo escenario social. Las dos principales tendencias que han existido en ellos: la autónoma y aquella que se percibía como la parte vinculada a la okupación o al movimiento juvenil indistintamente dentro del “Herri mugimendua” (en el ámbito de la izquierda abertzale), enfrentan serios límites para desarrollar sus apuestas políticas en el momento actual.

La tendencia autónoma se caracterizó por su apuesta por formas de vida alternativas que desafiaban al sistema capitalista. Arraigada en parte del movimiento juvenil y en las tribus urbanas, esta tendencia desarrolló una fuerte identidad y una notable implantación social. La politización dentro de este espacio se basaba en prácticas «marginales» que rechazaban la sociedad adulta y los procesos de domesticación, inspirándose en una filosofía libertaria y punk. En lugar de buscar la hegemonía, esta tendencia se enfocaba en construir una contracultura autónoma. El espacio político autónomo pronto impulsó numerosas iniciativas destinadas a construir una contracultura propia, marcada por una fuerte impronta ácrata y orientada a profundizar la liberación social en una Euskal Herria donde el cierre de la Transición había sido, cuanto menos, parcial. La reivindicación del sabotaje en la noche de Walpurgis, el cuestionamiento de la policía autonómica vasca mediante la campaña ‘Txakurrik ez, euskaldun izan arren’ y el llamamiento al boicot de las elecciones vascas de 1983 son ejemplos de algunas de las apuestas autónomas de esa época. Sin embargo, los sucesos de la ekintza mendeku de Portugalete junto con la pugna entre la izquierda abertzale y el sector autónomo acabarían por dinamitar las bases de esta propuesta a principios de los años noventa.³

La tendencia vinculada al Herri mugimendua tras el giro estratégico de Jarrai a principios de los años 90, experimentó un crecimiento significativo, especialmente entre la juventud vasca. Este crecimiento se vio impulsado por el cambio de estrategia respecto al servicio militar obligatorio —a finales de los 80 quedó clara su oposición— y en apoyo del movimiento insumiso⁴. Entre las transformaciones que tuvieron lugar en la política juvenil abertzale durante la década de los 90, destaca la inauguración de nuevas dinámicas de participación, como los gazte topaguneak, que comenzaron a celebrarse en 1994.⁵ Estos se presentaron como espacios de encuentro anual a nivel nacional para los jóvenes de la izquierda abertzale. Estaban caracterizados por una programación que combinaba charlas, formaciones y actividades de ocio y se convirtieron en puntos de referencia en la movilización juvenil vasca.

En el contexto represivo que siguió al fracaso de las conversaciones de Argel, Jarrai, que hasta ese momento había sido la rama juvenil de KAS, se mantuvo como una de las pocas estructuras intactas dentro del movimiento abertzale. Tras su III Congreso y su IV Asamblea, Jarrai comenzó a desarrollar una política juvenil propia que, aunque seguía alineada con la línea general de la izquierda abertzale, dejó de funcionar como una simple correa de transmisión directa de las decisiones de la organización adulta. Sin embargo, la vinculación orgánica a las apuestas políticas del MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco) y su enfoque sectorial siempre limitaron su capacidad para articular un proyecto político más amplio, capaz de trascender el espacio del ocio alternativo y estrictamente juvenil.

A principios de los 2000, los centros sociales del Estado español iniciaron un debate sobre nuevas formas de organización política, buscando una mayor conexión con la realidad de los barrios y la construcción de un «tiempo propio» autónomo

A principios de los 2000, los centros sociales del Estado español iniciaron un debate sobre nuevas formas de organización política, buscando una mayor conexión con la realidad de los barrios y la construcción de un «tiempo propio» autónomo. Centros sociales como los Laboratorios o la Eskalera Karakola en el barrio de Lavapiés serían buenos ejemplos en esta línea. Muy pronto, fruto de estos fecundos debates nacieron experiencias innovadoras en el ámbito de la intervención política como las Oficinas de Derechos Sociales (ODS) y el sindicalismo social, que buscaban ampliar las luchas sociales a nuevos sectores y conectar nuevas subjetividades urbanas, en consonancia con el espíritu del movimiento zapatista. Sin embargo, en Euskal Herria, la fuerte vinculación del Herri Mugimendua al MLNV y el enfoque sectorial juvenil y de ocio de los gaztetxes dificultaron la adopción de estas nuevas propuestas. Las primeras ODS vascas, por ejemplo, estaban más conectadas con las tradiciones libertarias y post-LKI-EMK que con el mundo abertzale.⁶

Mención aparte merecía la experiencia de Kukutza III, que desde el barrio de Rekalde fue capaz de impulsar un proyecto de centro social realmente integrado en la vida del barrio sin aparecer plegado al espectro de la izquierda abertzale. De hecho, las experiencias más interesantes de lo que es el movimiento okupa en el área metropolitana de Bilbao nacieron en ese entorno, dando lugar a experiencias como la coordinadora de gaztetxes del BOM (Bilboko Okupazio Mugimendua) o la Oficina de okupación y la Konpartsa kranba, que ha perdurado hasta el día de hoy.

Con el abandono de la estrategia de construir un partido-movimiento que combinara presencia institucional y un amplio movimiento popular, la izquierda abertzale ha optado progresivamente, desde el proceso Abian, por integrarse en la gobernabilidad estatal, una dirección que se ha consolidado desde 2011. En este contexto, los centros sociales vinculados al Herri Mugimendua enfrentan hoy una encrucijada. El cambio de rumbo de quien marcaba sus pasos ha generado una falta de estrategia política flexible y una incapacidad para adaptarse a los nuevos contextos demográficos y a los cambios en la socialización de la juventud vasca. Esta situación ha puesto en entredicho las bases de esta apuesta política —que sigue dependiendo del contexto estratégico más amplio del MLNV— en muchos de los centros sociales de Euskal Herria.⁷

¿Seguimos necesitando gaztetxes?

La coyuntura vasca ha cambiado notablemente desde la crisis financiera del 2008. En este contexto, se vuelve indispensable para la política antagonista comprender cómo se está reconfigurando la estructura social con la emergencia de nuevos sujetos y la profundización de las brechas existentes en el “Oasis Vasco”.

Desde los años previos a la crisis de la COVID-19, en Euskal Herria se ha debatido sobre la idoneidad política del término gaztetxe, sus potencialidades y sus límites, especialmente por estar dirigido a una población estrictamente juvenil. En los espacios de discusión política del gaztetxe Txarraska (Basauri), este ha sido el tema central desde 2018. Este debate no solo ha resonado en Basauri, sino que también ha estado presente en otros espacios okupados de Euskal Herria.

Una parte significativa de los (pocos) nuevos espacios que han dado lugar a centros sociales en el área metropolitana de Bilbao —precisamente la ciudad que concentra los desarrollos y contradicciones capitalistas más avanzados de toda Euskal Herria— ha comenzado a adoptar otros nombres, como Auzoetxe (casa barrial) o Herrigunea (casa del pueblo), en un intento por distanciarse de la dimensión marcadamente juvenil asociada a los gaztetxes. Este debate refleja una voluntad de ampliar la base social de estos centros y de desmarcarse de una concepción juvenil y homogénea, específicamente la del sujeto vasco joven de clase media.

Las declaraciones de intenciones o los posicionamientos ideológicos no construyen la clase: la clase se forja en la experiencia compartida, la lucha y la comunidad

Sin embargo, sabemos que la política enunciativa no es garantía de nada. Un cambio de denominación, aunque exprese las mejores intenciones políticas, no implica necesariamente que el espacio esté verdaderamente anclado en la realidad comunitaria y de lucha concreta que dice representar. Las declaraciones de intenciones o los posicionamientos ideológicos no construyen la clase: la clase se forja en la experiencia compartida, la lucha y la comunidad.

Actualmente, si comparamos con los años 80, cuando los centros sociales adoptaron el nombre popular de gaztetxe en Euskal Herria, observamos que la población joven vasca (16-30 años) ha disminuido un 9%, situándose en más de 320.600 personas en 2024. Además, este grupo tampoco es homogéneo, ya que cerca del 15% de sus integrantes son población migrante.

A modo de provocación, cabría preguntarse si quienes desempeñamos un papel relevante en la organización y gestión de los centros sociales realmente “representamos a la juventud” o si, más bien, seguimos dinámicas autorreferenciales que perpetúan la reproducción de nuestra “cuadrilla”. Este es, seguramente, un debate que interpela a casi todos los que desarrollamos nuestra militancia en espacios autogestionados, pero que también pone de manifiesto un límite claro en nuestra capacidad de construir vínculos, no solo con otros tipos de sujetos, sino incluso con otras tribus urbanas.

A pesar de los logros que hemos alcanzado a lo largo de estas décadas de movimiento, hemos caído también en una serie de inercias que nos conducen hacia una “política del nosotros”. Esta, en muchos casos, al no ser capaz de expandirse ni de comunicarse fuera de su propia segmentación, termina adoptando actitudes autocomplacientes y conservadoras, reacias a experimentar nuevas posibilidades y repertorios de acción.

Un paso necesario para poder articular una propuesta interesante en nuestros centros sociales pasa por identificar cómo se configurarán los ejes de cohesión y exclusión en nuestra sociedad durante los próximos años.

Una juventud cada vez mas larga

El área metropolitana de Bilbao es uno de los territorios del Estado con una de las rentas familiares disponibles más altas (40.956 €) y una de las tasas de propiedad más extendidas: solo el 16,1% de la población vive de alquiler. Sin embargo, al analizar estos datos en profundidad, se revela una realidad más compleja.

La percepción de una “juventud prolongada”, caracterizada por la postergación de la estabilidad laboral y el acceso a la propiedad, es cada vez más común. Tradicionalmente, estos hitos marcaban el fin de la juventud; hoy, sin embargo, es frecuente encontrar personas de más de 30 años que aún no han alcanzado estos objetivos. Esta situación pone de manifiesto una desigualdad generacional en el acceso a las rentas y a la propiedad. Los datos sobre ingresos familiares muestran que las parejas de entre 35 y 44 años alcanzan un nivel de bienestar económico muy superior al de las generaciones más jóvenes. Además, esta brecha se amplía a medida que avanzamos en edad, lo que indica una concentración de la riqueza en las franjas etarias más altas.

Según la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda del Gobierno Vasco, aunque casi el 70% de los jóvenes vascos desean independizarse, la realidad económica los limita. Menos del 20% de ellos puede permitirse un alquiler superior a 600 euros al mes, lo que dificulta enormemente su acceso a la vivienda.

Desde la desindustrialización, la dificultad para acceder a ingresos suficientes se ha intensificado. El desempleo estructural, la precariedad laboral y los contratos temporales son una realidad consolidada en el mercado laboral. En Euskadi, durante 2023, el 20,1% de los contratos firmados fueron temporales. Estos empleos, concentrados en el sector servicios —el peor remunerado—, suelen ser ocupados principalmente por jóvenes y migrantes. En 2022, el salario anual más común fue de 28.857 €, pero entre quienes se encuentran en el tramo más bajo, el ingreso promedio es casi 10.000 € inferior. A esto se suma el constante aumento de los precios en el mismo período.⁸

La creciente desigualdad generacional refleja una realidad en la que la riqueza se concentra en manos de las generaciones mayores. Mientras las anteriores se beneficiaron del crecimiento económico sostenido y la revalorización de los activos inmobiliarios, los jóvenes se enfrentan un mercado laboral precario y un acceso limitado a la vivienda. La crisis de 2008 agravó esta situación, restringiendo el acceso al crédito y promoviendo el alquiler como única opción para un segmento poblacional compuesto mayoritariamente por jóvenes y migrantes.

Este conflicto también se refleja en las políticas institucionales y en la centralidad de ciertos debates públicos. Temas como la “supuesta inseguridad”, la negativa a regular el mercado del alquiler o las ventajas fiscales para quienes alquilan propiedades dominan gran parte de las discusiones en el Parlamento Vasco.

Las ayudas públicas destinadas a la juventud para el alquiler de viviendas no solo transfieren recursos a manos de los propietarios, sino que también refuerzan las estructuras familiares de clase media

El hecho de que la juventud sea un grupo demográficamente reducido, unido a los altos niveles de desafección política que expresa hacia las instituciones, ha llevado a que sea un cuerpo social muchas veces excluido de las decisiones políticas. En la práctica, esto significa que la juventud queda fuera de la política institucional. Esta creciente marginalización de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder refleja una dinámica en la que el Estado perpetúa los intereses de los grupos con acceso a la propiedad. Las ayudas públicas destinadas a la juventud para el alquiler de viviendas,⁹ por ejemplo, no solo transfieren recursos a manos de los propietarios, sino que también refuerzan las estructuras familiares de clase media.

La juventud, como grupo social con menor poder adquisitivo y mayores dificultades para acceder al mercado laboral, se convierte en una víctima privilegiada de esta dinámica. En un contexto de escaso crecimiento económico y una profunda crisis de rentabilidad, el Estado solo puede implementar políticas públicas dirigidas a segmentos concretos de la población, sin abordar las condiciones estructurales de la precariedad juvenil. Así, contribuye al mantenimiento del status quo y a la reproducción del sistema.

Esta lógica, incapaz de abordar las causas económicas profundas de la crisis de rentabilidad, se traduce en medidas paliativas —institucionales o no— que perpetúan una especie de paternalismo o “minoría de edad tutorizada” cada vez más prolongada. Ejemplos de ello abundan: desde los gaztegunes hasta las ideologías del emprendimiento o la “construcción del yo”, que oscilan entre la creación de proyectos de vida neoliberales y el objetivo de mantener a las personas ocupadas y en constante movimiento.

El trabajo de cuidados y la situación de la clase trabajadora migrante

Que la población joven sea un grupo menos numeroso que nunca tiene su claro reverso en que nunca la población vasca había estado tan envejecida como en el momento actual. En 2024, un 24% de la población vasca tenía más de 65 años, que se corresponde con aquellos nacidos con anterioridad a 1959, un momento donde la explosión demográfica del “baby boom” todavía no había tenido lugar. Según datos de Eustat, para 2036 este segmento representará el 29,3% del total.

En 2022, Eduardo Atxaga, director general de Confebask —el órgano que reúne a la patronal vasca—, advirtió sobre la fuerte dependencia de la estructura económica de Euskadi cuando se produjera “la gran jubilación” prevista en 15-20 años. El informe destacaba la necesidad de incrementar la mano de obra para mantener la competitividad en el mercado mundial. Ante la imposibilidad de revertir la tendencia al invierno demográfico europeo, Atxaga apostaba por la población migrante como solución principal.

En el mercado laboral vasco, los sectores donde predominan los trabajadores migrantes, como los centros logísticos y los cuidados, están marcados por condiciones extremadamente precarias. Las trabajadoras de cuidados, por ejemplo, enfrentan fortísimas violencias; jornadas extenuantes, situaciones de riesgo y evidente desgaste físico. Además, como se trata de sectores que se encuentran fuera de la estructura de protección sindical tradicional son más propensos a quedar expuestos a la desregularización laboral y al trabajo sin contrato. De esta manera constituyen una mano de obra más barata para aquellos que las necesitan tanto en el ámbito productivo, como en el reproductivo.

Las familias de clase media, que concentran la mayor parte de la propiedad inmobiliaria, dependen en gran medida de la externalización de los cuidados

Esta dinámica refleja una contradicción fundamental en las sociedades europeas: mientras el cuidado de las personas mayores es esencial para la reproducción familiar, este sector permanece altamente precarizado. Las familias de clase media, que concentran la mayor parte de la propiedad inmobiliaria, dependen en gran medida de la externalización de estos cuidados que son realizados principalmente por trabajadoras migrantes o mal remuneradas, lo que permite a estas familias mantener un estilo de vida basado en el doble ingreso. Sin embargo, esta externalización oculta las condiciones laborales precarias y la explotación de la fuerza de trabajo feminizada migrante.

En 2023, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bilbao (ATH-ELE) atendió a 603 trabajadoras, de las cuales el 98,51% eran mujeres. En ambos regímenes —externas e internas— las empleadas extranjeras no comunitarias son mayoría. En el régimen interno, el más sometido a explotación, el 70% eran extranjeras no comunitarias. De estas, ocho de cada diez se encontraban en situación administrativa irregular y trabajaban jornadas superiores a 60 horas semanales.

Algo similar ocurre en la hostelería y la industria turística, donde estos mecanismos de extranjería también operan —aunque en condiciones menos brutales—. Estos permiten aumentar las cotas de explotación sobre las trabajadoras que beneficia tanto a los pequeños empleadores que pagan salarios más bajos, como a los usuarios, ya que se abaratan los precios.

En cualquier caso, en un contexto global marcado por un mercado con escaso crecimiento real —y no olvidemos que estancamiento bajo el capitalismo significa crisis— asistiremos a una proliferación de “trabajos de mierda” donde será empleada la mayoría de la población, especialmente la joven y la migrante.

¿Por qué seguimos necesitando centros sociales y otras estructuras populares?

Los gaztetxes están en un punto de inflexión. Mientras se debate la necesidad de revitalizarlos, surge la pregunta sobre su capacidad para seguir siendo espacios relevantes en el cambiante escenario político vasco. Las razones citadas para señalar este desgaste son múltiples, pero pueden resumirse en el cuestionamiento de su atractivo social, su relevancia política y su papel en los procesos de creación de comunidad.

Durante los últimos años, se ha criticado con frecuencia que la lógica del “herri bat, gaztetxe bat” —un pueblo, un gaztetxe—, impulsada por el Herri mugimendua a principios del siglo XXI para fomentar la proliferación de centros sociales en Euskadi, ha tenido ciertos límites. Aunque esta estrategia fue clave para consolidar la presencia de los centros sociales, también ha restringido la posibilidad de desarrollar un proyecto político más amplio. La gestión cotidiana de los gaztetxes, centrada en su supervivencia y en la defensa del espacio, ha relegado a un segundo plano la discusión sobre objetivos estratégicos a largo plazo. Como resultado, a menudo nos encontramos reaccionando a los acontecimientos en lugar de anticiparlos y actuar sobre sus tendencias, para lo que haría falta comprender a fondo las transformaciones sociales y económicas que están ocurriendo a nuestro alrededor.

El modelo de gobernanza vasco, centrado históricamente en una alianza público-privada y en grandes proyectos de inversión, muestra signos de agotamiento

La lectura del momento resulta fundamental entonces para pensar qué papel pueden jugar los centros sociales —junto con el resto de instituciones de contrapoder con las que contamos— en el proceso de desafiar al ecosistema metropolitano vasco y a sus agentes de mando políticos y empresariales. El modelo de gobernanza vasco, centrado históricamente en una alianza público-privada y en grandes proyectos de inversión, muestra signos de agotamiento. La crisis económica global y la pandemia de COVID-19 han evidenciado las limitaciones de este enfoque, incapaz de adaptarse a los nuevos desafíos ni de garantizar un desarrollo económico sostenible y equitativo que distribuya los beneficios al conjunto de la sociedad. Los intentos de revitalizarlo mediante megaproyectos como el Guggenheim de Urdaibai o el hidrógeno verde no han conseguido revertir la tendencia al estancamiento. Además, la región se alinea cada vez más con los modelos económicos predominantes en España, marcados por una fuerte dependencia del sector inmobiliario y el turismo. Esta situación está generando una creciente polarización social y amenaza con desestabilizar el modelo social vasco.

Por el momento, los efectos de esta crisis no son completamente visibles en la vida cotidiana de la mayoría de la población, aunque ya han comenzado a acelerarse. La cuestión, por tanto, radica en cómo podemos revertir esta tendencia a través de la organización, para evitar que seamos quienes terminen pagando los platos rotos de una crisis que trasciende a Euskal Herria y que, como mínimo, tendrá repercusiones a escala europea.

Esta crisis —según apuntan diversas tendencias del escenario europeo— podría tener un desenlace de corte neoconservador, que acentúe aún más el cierre nativista ya existente. En este contexto conservador, está en juego si la población migrante que se incorpore a las sociedades europeas será reconocida como ciudadanía de pleno derecho o si, por el contrario, continuará siendo una categoría de segunda, con menos derechos, mayor indefensión legal y que tenga que ocupar los puestos de trabajo más precarios de la sociedad.

En cualquier caso, este fenómeno probablemente acentúe las desigualdades sociales y espaciales, incluso en una sociedad que, hasta ahora, sigue siendo relativamente estable y carente de conflictos significativos. Además, podría ocurrir en un contexto donde las ayudas públicas estatales se limiten a permitir que los jóvenes puedan desarrollar una vida “normalizada”, más o menos precaria a la espera de la “gran transferencia” de riqueza en formas de herencia que recibirá la generación milenial.

Sin embargo, podemos observar estos procesos y trabajar para desestabilizar las dinámicas de normalización, con el objetivo de generar un horizonte más justo para todas, donde pongamos la riqueza social al servicio del conjunto de la población. Sin duda, el futuro de nuestro espacio estará marcado por momentos clave de lucha, en los que, a través de la experiencia compartida, podamos construir comunidades fuertes. Esto está directamente relacionado con el momento sindical de nuestras estructuras.

Sin espacios estables, la posibilidad de articulación de estas luchas quedará restringida a una movilización puntual o a momentos de adhesión a tal o cual campaña

Desde luego, la experiencia de Txirbilenea junto con Emakume Migratu-Cuidadoras Sociosanitarias es un ejemplo de cómo los centros sociales pueden convertirse en espacios de encuentro y colaboración entre diferentes luchas. Sin espacios estables, la posibilidad de articulación de estas luchas quedará restringida a una movilización puntual o al momentos de adhesión a tal o cual campaña, pero sabemos de sobra que eso no nos vale. Necesitamos dotarnos de horizontes comunes, desde donde seguir construyendo espacios de contrapoder que supongan un desafío cada vez mayor a las instituciones y que sean capaces de enfrentar los retos coyunturales que vayan surgiendo y que además tengan una composición social mucho más amplia que la actual.

Pero también es crucial reflexionar sobre cómo organizamos, de manera comunista, los procesos de desistimiento colectivo. La situación más inmediata no parece indicar que el escenario más cercano vaya a ser el de un colapso social que posibilite una ruptura de tipo revolucionario, al menos no en los términos insurreccionales que caracterizaron estos procesos durante la primera mitad del siglo XX.

Pensar el desistimiento tiene que ver, más que nada, con la manera en que concebimos el éxodo de aquello que se espera de nosotros. Es, en esencia, cómo pasamos del “no tengo tiempo” o el “no quiero llenarme la cabeza de más mierda” a una forma de emancipación en la que, mediante un entramado de estructuras e instituciones propias, recuperamos nuestra vida y sus tiempos, alejándonos de la determinación capitalista y de sus marcos relacionales. Dentro de este espacio, que conforma el universo del contrapoder, se encuentran desde los grupos productivos hasta las revistas, los sindicatos de vivienda y los de trabajadores precarios. Estas iniciativas, cada vez más, nos otorgan la capacidad de desacoplarnos de la dependencia hacia el Estado y de las políticas que, con demasiada frecuencia, nos condenan a ser gestionados en lugar de autodeterminarnos.

Hoy más que nunca, necesitamos estructuras populares que nos permitan controlar y decidir sobre nuestros recursos, desmonetizando áreas de nuestras vidas y construyendo un presente en el que la vida se dispute activamente

Los centros sociales siguen siendo fundamentales en este proceso, ya que siempre enriquecen un territorio, llenando de vida edificios que, de otro modo, permanecerían vacíos. Hoy más que nunca necesitamos estructuras populares que nos permitan controlar y decidir sobre nuestros recursos, desmonetizando áreas de nuestras vidas y construyendo un presente en el que la vida se dispute activamente, en lugar de limitarse a mitigar los efectos más adversos de la crisis.

Este tipo de discusiones, de carácter estratégico y orientadas a construir un horizonte de futuro en Euskal Herria, ya han encontrado diversas expresiones dentro del incipiente sindicalismo de vivienda vasco, surgido en el contexto pandémico. Sin embargo, los gaztetxes han permanecido en gran medida al margen de muchas de estas enunciaciones y debates. No obstante, todo indica que las futuras crisis superarán ampliamente nuestra capacidad de respuesta, tal y como ya ocurre en la actualidad. Por ello, este texto busca subrayar la importancia crucial de incorporar a nuestros espacios elementos de discusión estratégica que no podemos seguir postergando. Ser espacios contraculturales implica, además, cuestionar lo hecho hasta ahora para poder caminar más lejos.

1. Paskual, J. (2015) Movimiento de Resistencia: Años 80 en Euskal Herria, Contexto, Crisis, Punk, Txalaparta, Tafalla ↩︎
2. La evolución de la significación de los gaztetxes, en su ambivalencia entre centros culturales autogestionados y activadores políticos, excede la capacidad de análisis de este texto. No obstante, existen materiales que permiten identificar elementos críticos de dicha evolución. Véase: Paskual (2015), Movimiento de resistencia; Estebaranz, J. (2011), Tropikales y radikales, Likininiano Elkartea, Bilbao. Para un enfoque más cercano a las posturas de la izquierda abertzale de la época, consúltese: O’Bien, E. (2004), Matxinada, Txalaparta, Tafalla. ↩︎
3. Sí se quiere profundizar en algunos de los debates de la época desde el movimiento autónomo véase: AA.VV. (2011) El hilo negro de los noventa. Encuentros con la Autonomía, Likiniano Elkartea Bilbao; Estebaranz (2011) Tropikales y radikales  ↩︎
4. Este cambio de rumbo incluyó una modificación importante en su postura respecto al servicio militar obligatorio y el movimiento insumiso. Mientras que, inicialmente, Jarrai había defendido una postura contraria al servicio militar obligatorio, pronto la organización juvenil abertzale adoptó los postulados de Alternatiba Kas, apoyando la creación de una “mili vasca” en Hegoalde bajo una capitanía general vasca, como paso hacia la construcción gradual del ejército del futuro Estado-nación. Sin embargo, a finales de los años 80, Jarrai cambió nuevamente su postura, alineándose con las propuestas de desobediencia civil que promovían la negativa al servicio militar español. Este giro reflejó una transformación en sus prioridades políticas y una recuperación de los enfoques autónomos y antimilitaristas dentro del movimiento juvenil más amplio, que habían logrado cierta hegemonía en las movilizaciones contra el servicio militar en Euskal Herria. ↩︎
5. Es importante recordar que el inicio de la década de los 90 fue un momento clave para la izquierda abertzale, marcado por el fracaso de las conversaciones de Argel mantenidas con el gobierno del PSOE entre enero y marzo de 1989. Este fracaso supuso un duro golpe para la estrategia de acumulación de fuerzas que buscaba condicionar el proceso político dentro de un marco pactista. En los años previos, se habían firmado los Acuerdos de Madrid sobre Terrorismo (1987) y sus homólogos vascos, el Pacto de Ajuria Enea y los Pactos de Navarra (1988). Estos acuerdos, junto con la inclusión de la Ertzaintza en la estrategia contra ETA, la consolidación del autogobierno y la colaboración con la policía francesa en la extradición de refugiados políticos vascos, podrían interpretarse como el cierre del proceso de la Transición en Euskal Herria. ↩︎
6. Véase el caso de la evolución de la Berrietxea de Barakaldo al colectivo para la denuncia de la exclusión social de Berri-otxoak o las oficinas por los derechos a las prestaciones sociales como Argilan, vinculada al sindicato ESK. ↩︎
7. Un análisis que ayuda a situar las coordenadas de lo aquí explicado, aunque no es compartido en sus conclusiones por el que aquí escribe puede encontrarse en Kimua (2023) El Movimiento Popular en Euskal Herria. Pasado, presente y futuro, 15 de enero de 2023 ↩︎
8. En un informe de 2022, elaborado por la fundación Manu Robles Arangiz, ELA estimó una pérdida de 13.968 € en los salarios reales entre los años 2008 y 2020. Véase: Manu Robles Arangiz Fundazioa (2022) “Evolución de los salarios en Hego Euskal Herria: empobrecimiento y precariedad”, Estudios-45,  Manu Robles Arangiz Fundazioa, Bilbao. ↩︎
9. En el ámbito vasco, pueden identificarse los programas Gaztelagun (para jóvenes de entre 18 y 35 años) y Emantzipa (para jóvenes de entre 25 y 30 años), que ofrecen ayudas de entre 300 € y 600 €, siempre que se cumpla una serie de condiciones. ↩︎

La entrada ¿Por qué los gaztetxes siguen siendo más necesarios que nunca? se publicó primero en Zona de estrategia.

La cuestión de la integración de la clase obrera en los aparatos del Estado siempre ha resultado un asunto espinoso dentro de la tradición revolucionaria. ¿Podrías explicar como ha condicionado las posteriores lecturas que ha hecho la “izquierda” en las democracias liberales?

El problema está contenido dentro de la propia tradición de «izquierdas», así como en la mayor parte de las corrientes marxistas. En estas no solo existe un déficit conceptual a la hora de considerar el Estado, o la verdadera magnitud histórica de la asociación Estado-capital, sino que también se produce en la práctica. Al menos desde la Segunda Internacional, no existe más política que la que se organiza en torno y alrededor del Estado. En este sentido, el leninismo y el marxismo revolucionario (salvo algunas excepciones: consejismo, operaísmo, etc.) no han ido más allá de ser la versión de izquierdas de una política de reformas, alrededor y dentro del Estado, con efectos, por otra parte, muchas veces desastrosos.

Parecería, sin embargo, que en la actualidad ya no existen las formas de conflicto marcadas por el antagonismo social del siglo XIX y principios del XX (ricos y pobres, burgueses y proletarios, propietarios y desposeídos, etc.). Pese a ello, continúan existiendo los ricos y los pobres. Tú identificas la figura de la clase media como la clave para eludir ese conflicto. ¿Cuáles serían los principales elementos que definen esta posición social?

La mayoría social se considera al margen (en «otro lugar», en el «justo medio») de las viejas polaridades que articulaban la lucha de clases

En primer lugar se trata de considerar la clase media como una categoría social que los antropólogos dirían de tipo emic. Las sociedades ricas del planeta se autodefinen, en su inmensa mayoría, como de «clase media». En el caso español entre el 70 y el 80 % de la población lleva contestando así a la pregunta, «usted ¿a qué clase social pertenece?». En términos políticos, esto quiere decir que la mayoría social se considera al margen (en «otro lugar», en el «justo medio») de las viejas polaridades que articulaban la lucha de clases. La pregunta, entonces, debiera ser ¿cómo es posible que sociedades de clases, en las que existe una clara concentración de la riqueza y del poder político efectivo, consiguen tal grado de consenso de fondo respecto de la cuestión que ha determinado la larga historia de la Modernidad? En este punto, ocupa de nuevo un lugar central, la capacidad del Estado para producir este «efecto clase media», esto es, para desactivar, corregir y neutralizar todo conflicto potencial relativo a las desigualdades reales de poder político y económico.

Quizás, uno de los elementos analíticos más interesantes de tu último libro sea el de la huida del gran quebradero de cabeza que supone para la sociología la definición de la clase media a través de distintos indicadores, tal y como hacían las distintas escuelas de pensamiento, para proponer, en su lugar, un acercamiento de tipo subjetivo. ¿Qué te ha llevado a proponer este enfoque?

En realidad no se trata de considerar una perspectiva subjetiva, sino de tomar en serio el hecho de que los procesos sociales existen en la doble dimensión de su objetivación –en instituciones sociales específicas–, y su subjetivación –en formas de identificación, acción, etc–. En realidad, bastaría aquí considerar la vieja tradición de la historia social, desde E. P. Thompson, para afirmar que las clases no existen como tal, sino que se hacen a partir de un conjunto de materiales complejos y que van más allá de las determinaciones estructurales. La experiencia, la reelaboración de viejas tradiciones, las luchas son tan o más determinantes que los elementos «estructurales» a la hora de producir estas formas de subjetivación que dan lugar a las clases.

La propiedad es, efectivamente, un elemento central en el juego financiero doméstico, en las capacidades de apalancamiento, inversión y obtención de rentas para muchos sectores sociales

En otro orden, y en relación con las lecturas marxistas más clásicas, creo que la principal aportación de mis trabajos (que muchas veces son colectivos) es doble. Por un lado, creo que aportan una nueva consideración de la financiarización de las economías domésticas, lo que podríamos llamar la centralidad «capitalismo popular», que en el caso de los países europeos (y especialmente en el caso español) cobra materialidad fundamentalmente a través de la propiedad inmobiliaria. La propiedad es, efectivamente, un elemento central en el juego financiero doméstico, en las capacidades de apalancamiento, inversión y obtención de rentas para muchos sectores sociales. Hoy la propiedad es tan importante como determinante de la condición clase, como la posición socioprofesional. De hecho, tener o no una o varias propiedades crea diferencias sociales significativas, que se manifiestan en los ingresos que estas producen (rentas, plusvalías) y que se reproducen a través de la herencia. De otra parte, nuestra segunda aportación está en reconsiderar el papel del Estado en su condición de ingeniero social, en su específica capacidad para producir estructura social y con ello identificaciones de clase; o incluso de superación de la sociedad de clases, a través de ese «efecto clase media».

Ese enfoque abierto permite construir un marco de ordenamiento no cerrado, mucho más flexible. Sin embargo, hay cinco instancias a las que otorgas una centralidad mayor en la reproducción de la clase media. La educación, el papel del Estado del bienestar, la propiedad, la familia y la figura del modernizado. De forma breve, ¿podrías resumir que papel juegan estos elementos en la generación del imaginario social de la clase media?

En efecto, se trata de incluir en el análisis más elementos de los que se suelen considerar a la hora de analizar lo que normalmente se llama estructura social. Por eso la centralidad de la propiedad, ya mencionada. También la importancia de los títulos académicos (lo que sin duda tiene una larga literatura detrás), en sociedades escolarizadas, y en las que las credenciales educativas son un elemento determinante de la posición socioprofesional. La familia también, en tanto agente primordial de la reproducción de clase y de la posición social, y que en la crisis de largo recorrido del capitalismo neoliberal, cobra incluso más relevancia a través de la inversión educativa, la herencia y la capacidad de proporcionar o no un marco de seguridad relativa. Los elementos ideológicos respectivos, basados en la confianza del individuo sobre sus capacidades de logro/cumplimiento social, etc.

La crisis capitalista global de los años 70 provoca al mismo tiempo la crisis del sistema de regulación keynesiano-fordista. A partir de este momento, los pilares de sostenimiento del welfare y del Estado como ente regulador entran en crisis con la irrupción de nuevas formas de acumulación financiera. En Fin de ciclo identificabas, junto con Isidro López, que la integración de buena parte de las unidades familiares en los procesos de financiarización constituyó uno de los puntos claves para relanzar un ciclo de acumulación por medio del endeudamiento personal y las subidas de los precios de los activos. ¿De qué manera este keynesianismo de precio de activos conformó la estructura de clases medias en la sociedad española previa a la crisis del año 2007?

De un modo fundamental, sin duda. Consideremos la historia de un país que experimenta un proceso de industrialización a trompicones con impulsos y paradas, como es la larga posguerra española que comprende casi veinte años (desde 1939 hasta 1956-1959). Un país que además presenta un patrón de concentración industrial tan desigual geográficamente como el de Italia, y por último que experimenta un rápido proceso de desindustrialización iniciado ya en la década de 1970. Sin embargo, se trata de una economía de fuerte especialización turística y de igualmente rápida terciarización, en la que el circuito territorial del capital (construcción de viviendas, infraestructuras, turismo, etc.) ha resultado central a la hora de generar dinámicas de acumulación extremadamente rentables para los agentes capitalistas locales (bancos, constructoras, promotoras).

En España, desde la década de 1970, tres de cada cuatro hogares son propietarios de al menos una vivienda

En ese mismo país, la dictadura franquista y luego la democracia apostó por el fomento de la propiedad inmobiliaria como pilar de la estabilización social y de la moralización de la clase obrera. En España, desde la década de 1970, tres de cada cuatro hogares son propietarios de al menos una vivienda, y esta cifra alcanzó en la década de los dos mil el 82 %. Si consideramos el gran ciclo de crecimiento de la economía española en democracia (entre 1997 y 2008), observamos que durante ese periodo el valor patrimonial en términos constantes en manos de las familias se multiplicó por un factor 3,5, el volumen del préstamo a las familias por un factor 10 y el incremento del consumo doméstico en un 90 %, todo ello en una economía en la que los salarios se mantuvieron prácticamente estancados. Esto es lo que permitió que durante esa década, la economía española creciera más rápido que ninguna otra de las grandes economías europeas, y que su burbuja inmobiliaria fuera seguramente más intensa que la de EEUU o Reino Unido.

Es interesante considerar que los efectos en términos de incremento patrimonial, obtención de plusvalías inmobiliarias y acceso al crédito no dejaron fuera más que a una estrecha minoría de la sociedad española, no superior al 20 % y en buena medida compuesta por los migrantes de incorporación más reciente. Durante ese periodo el consenso social respecto al modelo neoliberal de base inmobiliario-financiero fue así prácticamente absoluto.

Sin embargo, el crash del 2007 hace entrar en crisis muchos de los elementos que fundan materialmente la clase media, acelerando y agravando los procesos de hojaldramiento de este segmento en la sociedad española ¿Podrías profundizar en cómo algunos de los elementos de la crisis económica sirven a la hora de explicar las bases materiales de un movimiento como lo fue el 15M?

Lo que se desata a partir de 2008 se podría considerar como la fase B de este ciclo económico de base inmobiliario-financiera. Las familias convertidas en empresas de inversión experimentaron entonces un suerte de proceso masivo de destrucción creativa. Lo que en términos mas banales implicó rápidas caídas del precio de la vivienda, bancarrota de muchas familias (agravadas por la oleada de despidos) y desahucios. Se calcula que en una década un millón de hogares perdieron su vivienda principal.

Lo que se produce a partir del movimiento de las plazas de 2011, lo que en España llamamos movimiento 15M, es la conversión de las crisis social en crisis política. En 2011, la sociedad española se descubrió al borde del abismo, empujada por las políticas de austeridad de la Unión Europea. El desempleo escaló de 2,5 millones a más de cinco millones en 2013, la deuda pública se disparó del 40 % a cerca del 100 %, los recortes y la degradación de los servicios públicos resultaron espectaculares, incluso los funcionarios se vieron amenazados en sus condiciones de trabajo y sus garantías más elementales. Las muletas financieras que habían velado, durante dos o tres décadas, se quebraron, las nefastas contrapartidas de la aplicación de la receta neoliberal aparecieron entonces sin ambages.

En este sentido, ¿Cuáles fueron las figuras protagonistas de este movimiento? ¿Qué tendencias, que más tarde se expresaron de forma completa en el asalto a las instituciones, se anticiparon en el protagonismo político que ocuparon dentro de este movimiento colectivos como Juventud Sin Futuro?

Los sectores que protagonizaron el 15M no fueron los sectores sociales más perjudicados por la crisis

Es interesante subrayar que los componentes que protagonizaron las protestas, y que de alguna manera galvanizaron la identificación de las mayorías sociales con el 15M, no fueron los sectores sociales más perjudicados por la crisis. Fue una generación joven nacida en la década de 1980, o poco antes, la que mayoritariamente ocupó las plazas, vertebró la organización de las protestas y produjo la dinámica «tecnopolítica» que articuló el movimiento en las redes sociales. Se trataba además del segmento con mejor posición dentro de ese rango generacional: titulados universitarios, hijos de la clase media profesional, pero marginados por la crisis económica, relegados a una precariedad demasiado extendida en el tiempo y desde luego separados de las promesas de carrera y realización personal a las que parecían destinados.

Este tipo de composición social, explica igualmente el éxito de las protestas: en el chico o la chica con máster, pero «sin futuro» estaba de alguna manera contenida la representación del colapso general del país. También explica la naturaleza conservadora del movimiento, aunque también arropó la bandera de la democracia contra la «dictadura financiera», la corrupción o la casta política. Sin duda, en su masividad y en los procesos de politización que el 15M animó, había también una tendencia a la radicalización de la democracia, y hacia posibles horizontes de alianza social con los sectores sociales más golpeados, tal y como se probó en el sindicalismo de vivienda que empieza a respirar en esos años. Pero este elemento «restaurativo» y conservador no se puede despreciar, en tanto es luego el que finalmente resultó dominante.

Dentro de esta Juventud sin Futuro, frente a la clásica figura del organizador político, ha destacado la figura del experto en comunicación, que siguiendo los postulados políticos del populismo teorizados por Mouffe y Laclau, ha ocupado un rol determinante que en parte explica el triunfo de un segmento de Podemos tras Vistalegre frente a otras familias o fracciones que componían el partido político.

En varias ocasiones has señalado que esto esto se debe a que la política de izquierda es una política sin pueblo o sujeto político, reducida a cargos políticos de representación institucional y opinólogos, donde no existen formas de base que puedan establecer una suerte de dialéctica movimiento-partido. ¿Podrias profundizar en esta tesis?

El hecho de que este tipo de composición social resultara dominante en el movimiento explica también, aunque sea parcialmente, la deriva política posterior. Agotada la fase de movilización más creativa y potente entre 2011 y 2013, fueron muchas la voces dentro de los sectores activos, que empezaron a hablar en los términos de construir una alternativa electoral. Podemos fue el resultado más acabado de esta opción. No fue el único: hubo candidaturas municipales como la de Ada Colau en Barcelona y otras experiencias previas. Pero sí fue la respuesta más acabada y más perdurable.

En la cuneta se dejó toda posibilidad de ensayar un nuevo tipo de experiencia política, a medio camino entre el partido y el movimiento

La irrupción de Podemos en 2014 cambió significativamente el paisaje político español: prácticamente quebró el bipartidismo y, durante algún tiempo, pareció representar una opción política novedosa y progresista, por momentos casi rupturista. Sin embargo, Podemos representó también una vía directa de institucionalización del acontecimiento 15M. De una parte, el partido asumió rápidamente una suerte de modalidad política de tipo empresarial. Toda la capacidad de decisión quedó reducida al núcleo fundador, que además también de forma demasiado veloz, se rompió en una interminable batalla fraccional, que dura hasta hoy en día. En el camino, se «sacrificaron» varias decenas de miles de personas que se habían organizado en los llamados «círculos», las asambleas de base de Podemos. Esta enorme masa política abandonó la organización a medida que era reducida a mera comparsa de los plebiscitos de Pablo Iglesias, las campañas electorales y las luchas fraccionales de la dirección.

De otra parte, los «dirigentes» del partido justificaron desde el principio la necesidad de prescindir de una militancia amplia y plural dentro de la organización. Iglesias y Errejón adoptaron por aquel entonces la «sofisticada» teoría del populismo de Laclau y Mouffe. Convertidos en aprendices de brujo, confiaron todo a un modelo de comunicación directa con el «pueblo», que pretendían organizar desde los platós de televisión y la tertulia política, entonces convertida en producto prime time. La ingenuidad de Podemos hoy casi enternece.

En el marco de esta política convertida toda en discurso y comunicación, Podemos no tardó en ser torpedeado por las campañas agresivas de los medios, animadas por la práctica totalidad del espectro político y mediático. Abandonada así misma, la dirección de Podemos fue literalmente triturada. Apenas pasados ocho años, de los grandes protagonistas del primer Podemos no queda ninguna figura en primera línea de la política. Los líderes de Sumar (el relevo de Podemos) son figuras no nuevas, pero si secundarias en esos primeros años «heroicos». En la cuneta se dejó toda posibilidad de ensayar un nuevo tipo de experiencia política, a medio camino entre el partido y el movimiento.

El proceso de reestructuración capitalista ya mencionado logra también que el “nuevo proletariado” de servicios que el régimen de acumulación neoliberal ha generado responda a unas características particulares, que, en muchas ocasiones tienden a corresponderse con la reproducción misma de una clase media, llamémosle “pro”. ¿Qué impactos plantea a la hora de imaginar un nuevo ciclo de luchas encontrarnos con un proletariado que es en muchos términos redundante, produce poco valor o es fácilmente sustituible?

Una de las lecciones más relevantes sobre el ciclo de movilización que empujó el 15M es que seguramente la crisis social producida en 2008 no fue suficiente como para romper con el espejismo de la clase media como mayoría social, si entendemos esta como una realidad de facto o aspiracional (ideológica). Creo que el miedo a una quiebra social de mayores dimensiones fue también lo que generó la respuesta de las instancias de mando europeas, que tras el experimento de reestructuración griego decidieron levantar ligeramente el freno con las políticas de compra de deuda pública por parte del BCE y la Expansión Cuantitativa (QE). El fin de la política de austeridad amplió la capacidad de arbitrio de los gobiernos. Y en cierto modo, actuó como el cortafuegos determinante de lo que estalló en varios países en 2011.

El comunismo es el «movimiento real» que socava la sociedad presente

La contención de la crisis social disolvió a su vez las posibilidades de alianza entre las clases medias en proceso de proletarización, y los segmentos ya proletarizados y sobreexplotados. Estos segmentos, para el caso español, se pueden considerar bajo la figura de una suerte de proletariado multinacional de los servicios, que trabaja en la restauración, el turismo, la logística, el comercio, el servicio doméstico, el trabajo sexual, etc. Este proletariado es empleado, por tanto, en sectores económicos relativamente marginales: actividades de servicios personales y de mercado, por lo general con una bajísima composición orgánica de capital y bajos índices de productividad. Este proletariado de servicios está muy fragmentado laboralmente, y también en términos de su composición interna (migrantes, nacionales o no, etc.), y además dispone de muy escaso poder estructural dentro de la cadena global de la producción de valor. Es, por eso, un sector socialmente invisible, que dispone de momento de pocas capacidades de organización. En cierta forma, es el gran elefante en la habitación de la sociedad de clases medias. Esta nueva figura proletaria es el gran interrogante y la gran promesa política futura.

Por finalizar, me gustaría preguntarte por una cuestión. ¿Qué es el comunismo hoy? ¿Es posible repensar la comunidad en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, tan individualizada? ¿Con subjetividades tan atrofiadas? ¿Qué podemos rescatar del baúl de las luchas que ya han tenido lugar para pensar y articular las luchas del presente?

Creo que lo que tenemos que considerar siempre es que el comunismo no es un ­modelo de sociedad ideal, mucho menos un forma política (al modo de los Estados socialistas), es el «movimiento real» que socava la sociedad presente. Lo que tenemos que ser capaces es de descifrar esas fuerzas que operan hoy como la tendencia comunista de la sociedad futura.

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