La segunda novedad del escrutinio, además de la pérdida de la mayoría absoluta independentista, fue la representación dual de la extrema derecha en Catalunya con la entrada de dos diputados de Aliança Catalana (AC).

Recientes sondeos electorales, como el de La Vanguardia, (21/09/2025), coinciden en apuntar a un crecimiento espectacular de estas dos formaciones de extrema derecha. AC pasaría de dos a 19 diputados –mientras Junts bajaría de 35 a 21 escaños–. Además, sería primera fuerza política en las circunscripciones de Girona y Lleida. Por su parte, Vox subiría de los 11 a los 16 diputados, mientras que el PP descendería de los 15 a los 13 escaños.

Vox obtiene sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana.

Vox, liderado por Ignacio Garriga, obtiene sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, AC, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX.

Aquí debe recordarse que en Ripoll surgió la célula yihadista causante de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 que, en vísperas del referéndum del 1 de octubre, conmocionaron a la sociedad catalana. Un atentado que el movimiento independentista atribuyó a la convivencia de los servicios secretos del Estado español y que arrojó espesas sombras de duda sobre la “integración” de la segunda generación de la inmigración marroquí en Catalunya.

Mención especial merece el caso de Badalona donde Xavier García Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta en las pasadas municipales. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.

Ultranacionalismos antagónicos

Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior.

Los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado.

Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.

El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.

El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional.

Los nacionalismos necesitan de enemigos internos y externos como factores esenciales para la cohesión del movimiento.

Vox es la expresión del ultranacionalismo español en España y en Catalunya, mientras que AC lo es del ultranacionalismo catalán. El anticatalanismo resulta uno de los elementos estructurales del nacionalismo reaccionario español, al igual que el antiespañolismo lo es para el nacionalismo identitario catalán. Los nacionalismos necesitan de enemigos internos y externos como factores esenciales para la cohesión del movimiento. El anticatalanismo ejerce esa función en el españolismo y viceversa. Eso sí, con una gran diferencia: el nacionalismo español dispone de un Estado soberano -el templo de la Nación- mientras que el catalán aspira a tenerlo.

Esa dialéctica nacionalitaria impide por ahora los pactos entre PP y Junts, muy próximos en el eje ideológico derecha/izquierda como se ha comprobado en el tema de la reducción de la jornada laboral. Además, ambas formaciones se enfrentan al miedo cerval que les provoca la fuga de votos por su derecha que representan Vox y Aliança Catalana. Así, se evidenció en la reunión de Junts con los barones del PP en Murcia, escenario de los graves incidentes en Torre Pacheco, donde se difundieron sus polémicas propuestas sobre la inmigración o los argumentos xenófobos empleados por los portavoces de esta formación catalana en defensa de la transferencia de las competencias en materia migratorias pactadas con el PSOE.

Las denuncias por islamofobia se han triplicado en los últimos tres años provocando graves incidentes

En otro orden de cosas, tanto Vox como AC, difunden su mensaje incansablemente y con gran eficacia a través de las redes sociales, al tiempo que menosprecian el papel de los medios de comunicación tradicionales. Unos mensajes de odio que tienen consecuencias sociales como reveló el informe de los Mossos d’Esquadra, según el cual las denuncias por islamofobia se han triplicado en los últimos tres años (de 22 a 72) con graves incidentes como sucedieron este verano en Sabadell o con el “misterioso” incendio de la mezquita de Piera en la vigilia de su inauguración.

La consolidación de Vox y AC expresa, como en un espejo oscuro, la profunda segmentación identitaria de la sociedad catalana que no afecta únicamente a la extrema derecha. El caso de Badalona, donde concluyen ambos perfiles sociológicos, podría ser la excepción que confirma la regla. Pero esta duplicación no ha afectado solo a la extrema derecha, el procés ha acelerado la duplicación de todo el espectro político en función de la adscripción nacional: dos formaciones de derecha “tradicional” (PP y Junts), dos partidos socialdemócratas (PSC y ERC) y dos coaliciones izquierdistas (Comunes y CUP).

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Este periodo puede dividirse a su vez en dos partes. La primera corresponde a la presidencia “legitimista” de Quim Torra, número 11 de Junts por la provincia de Barcelona, que finalizó -con la pandemia de por medio- con su inhabilitación por desobediencia. La primera de un president de la Generalitat en activo, por negarse a descolgar una pancarta del balcón del Palau de la Generalitat. Torra, en su discurso de investidura, se proclamó presidente vicario de la Generalitat para administrar las migajas de la autonomía, mientras se restituía al presidente legítimo y se hacía efectivo el mandato del 1 de octubre. En ese sentido, encargó en octubre de 2018 a Lluís Llach liderar el Consell Assessor pel Debat Constituent, para elaborar la Constitución de la República Catalana disuelto en septiembre de 2019.

La segunda parte se inició tras las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 y la investidura de Pere Aragonès de ERC. Unos comicios que se celebraron aún bajo las restricciones del coronavirus y una baja participación (51,3%), 27 puntos inferiores a las anteriores autonómicas, en contraste con las grandes movilizaciones electorales que había producido el procés anteriormente. Los tres partidos independentistas revalidaron la mayoría absoluta. Por primera vez, dentro del bloque independentista, ERC —con 33 escaños (21%)— se impuso por la mínima a Junts —con 32 diputados (20%)—. La CUP recuperó posiciones pasando de cuatro a nueve escaños y continuaba siendo imprescindible para la mayoría absoluta independentista en el Parlament.

La principal novedad de estos comicios radicó en la recomposición del espacio constitucionalista. El PSC fue la primera fuerza política del país con 654 mil votos (23%), pero empatada en escaños con ERC con 603 mil votos (21,3%), pues la ley electoral favorece las circunscripciones de la Catalunya interior. Los socialistas, liderados por Salvador Illa, avalado por su gestión de la pandemia al frente del ministerio de Sanidad, pasaron de 17 a 33 diputados. Los socialistas fueron unos de los principales beneficiados del hundimiento de Cs que cayó de 36 a seis escaños; pero no los únicos, parte de esos 30 diputados perdidos por Cs fueron a la ultraderecha españolista de Vox que entró por primera vez en el Parlament con 218 mil votos y 11 diputados (7,6%). El president Aragonès encabezó un gobierno de coalición hasta el 7 de octubre de 2022, cuando Junts, tras consultar a la militancia, decidió salir del gobierno. Desde entonces, con el permiso del PSC, Esquerra gobernó en solitario hasta las elecciones adelantadas del 12 de mayo de 2024 que desembocaron en la pérdida de la mayoría absoluta independentista y la investidura de Illa.

La mesa de diálogo

La investidura de Pedro Sánchez, el 1 de junio de 2018, resultado de la primera moción de censura que prosperaba en España, abrió un nuevo ciclo político. La corrupción sistémica y la torpeza en la gestión de la crisis catalana precipitaron la caída de Mariano Rajoy. Las generales del 28 de abril del 2019 y las repetidas de noviembre del mismo año condujeron a la formación del primer gobierno de coalición estatal con Pablo Iglesias en la vicepresidencia del ejecutivo “más progresista de España desde la reinstauración de la democracia” -se dijo- que dependía del apoyo parlamentario de Esquerra.

La corrupción sistémica y la torpeza en la gestión de la crisis catalana precipitaron la caída de Mariano Rajoy

En ambos comicios generales, ERC con un millón de votos, se impuso claramente al medio millón de votos de Junts, lo cual parecía certificar el traspaso de la hegemonía en el movimiento nacionalista y avalar su estrategia pragmática. Además, la CUP, casi con un cuarto de millón de votos, entraba por primera vez en el Congreso con dos diputados. El éxito de Esquerra quedó solo ensombrecido por los magníficos resultados de la candidatura liderada por Puigdemont al Parlamento Europeo, en julio de 2019, que obtuvo un millón de votos y tres eurodiputados.

Ante el nuevo escenario político estatal, Puigdemont desde Waterloo y Torra desde Barcelona insistían en la legitimidad del 1 de octubre y en implementar el mandato de constituir la República catalana. Puigdemont había formado, en marzo de 2018, el Consell de la República, un organismo que se postulaba como el “gobierno en el exilio” y punto de reunión de todos los independentistas bajo su presidencia carismática. Un juego, secundado por Torra, al que lógicamente ERC y CUP se negaron a entrar. Las fallidas eurórdenes del juez Pablo Llarena, que condujeron a la detención de Puigdemont en Alemania el 25 de marzo y su puesta en libertad el 5 de abril de 2018, afianzaron su papel desde Waterloo como líder del movimiento independentista.

La apuesta estratégica del president Aragonès fue implementar la mesa de diálogo entre los gobiernos de coalición español (PSOE-Unidas Podemos) y catalán (ERC-Junts). Esquerra partía de la doble reivindicación de Autodeterminación y Amnistía; PSOE de la “Agenda del Reencuentro” para cauterizar las fracturas de la sociedad catalana provocadas por el procés. La negativa de los consellers de Junts a participar en la mesa de diálogo, que tacharon de “mesa de rendición”, mostraron la fragilidad del gobierno de coalición catalán. Al mismo tiempo, en Madrid, ERC se comportaba como socio de legislatura del gobierno de coalición progresista y Junts en la oposición pura y dura. Estas discrepancias estratégicas provocaron la ruptura del gobierno de coalición independentista cuando la ponencia política de Junts, con el apoyo de la ANC, aprobó la “liquidación” de la mesa de diálogo y la salida del ejecutivo autonómico.

La mesa de diálogo dio sus frutos con la concesión el 22 de junio 2021 de los indultos parciales a los nueve líderes del procés en prisión

No obstante, la mesa de diálogo dio sus frutos con la promesa del traspaso de las cercanías de Renfe, pero sobre todo, con la concesión el 22 de junio 2021 de los indultos parciales a los nueve líderes del procés en prisión que no afectó a las penas de inhabilitación. Al mismo tiempo, se anunció la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación con el objetivo de beneficiar a otros dirigentes y militantes independentistas con causas judiciales pendientes que entró en vigor en enero de 2023. Unas medidas de gracia que se enfrentaron a las feroces descalificaciones del PP y Vox que acusaron a Sánchez de vendepatrias y plegarse al chantaje de los “golpistas y separatistas” catalanes para permanecer en La Moncloa. Un aperitivo de la futura campaña contra la amnistía.

Efectos del fracaso de la vía unilateral

Las consecuencias para el movimiento nacionalista del fracaso de la Declaración Unilateral de Independencia no fueron inmediatas, más bien semejantes a una bomba de relojería con efectos retardados

Las consecuencias para el movimiento nacionalista del fracaso de la Declaración Unilateral de Independencia no fueron inmediatas, más bien semejantes a una bomba de relojería con efectos retardados. Hasta la pandemia, ANC y OC impulsaron amplias movilizaciones por la libertad de los presos políticos y exiliados con el emblema del lazo amarillo cuyos últimos coletazos se produjeron tras las duras sentencias del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, en octubre de 2019, con Tsunami Democràtic, la ocupación del aeropuerto del Prat y los disturbios en Barcelona.

El fracaso de la vía unilateral abrió un vacío estratégico y provocó la ruptura de la unidad de acción que, mal que bien, los partidos independentistas y las entidades soberanistas habían mantenido hasta el 1 de octubre. Esto se tradujo en el binomio división/desmovilización.

La derrota condujo a una profunda división entre legitimistas y pragmáticos, donde se produjo una inversión de papeles entre ERC y Junts. En los años de ascenso del procés, Esquerra había operado, con la CUP, como el vector más comprometido en llegar hasta el final, frente a los titubeos de Junts; ahora, Puigdemont se apropiaba de ese papel intransigente frente al pragmatismo de ERC.

Ni Junts, ni Esquerra han realizado un balance autocrítico del procés que, en el caso de ERC, era ineludible para sostener su práctica política

Oriol Junqueras en prisión y los dirigentes de ERC en libertad apostaban por explorar las ofertas de la izquierda española que dependían del apoyo parlamentario de ERC. Sin embargo, excepto las críticas de Joan Tardà o Gabriel Rufián al “independentismo mágico” de Junts, Esquerra no supo desmarcarse del relato épico y legitimista del 1 de octubre de Puigdemont. Tampoco llegó a plantear convincentemente que, tras el fracaso de la vía unilateral, era preciso articular una nueva estrategia que pasaba por ampliar la base social del movimiento hasta reunir las fuerzas suficientes para ensayar un segundo intento. A decir verdad, ni Junts, ni Esquerra han realizado un balance autocrítico del procés que, en el caso de ERC, era ineludible para sostener su práctica política.

Estas divergencias entre legitimistas y pragmáticos se reprodujeron en el interior de Junts, entre el sector postconvergente organizado en el PDeCat, apadrinado por Artur Mas y favorable como Esquerra al retorno al realismo político, contra los partidarios legitimistas de Puigdemont como Míriam Nogueras o Laura Borràs provenientes de las movilizaciones del procés. Las divergencias estallaron en verano de 2020 por el control de las siglas de Junts y derivaron en la ruptura del grupo parlamentario en Madrid y en la expulsión del Govern de Torra de los consellers del PDeCat. La pugna se dirimió en las urnas. Ni en las catalanas del 2021, ni en las generales del 2023, el PDeCat obtuvo representación parlamentaria, lo cual condujo a su disolución en octubre de 2023. De este modo, el sector legitimista de Puigdemont se impuso con claridad a los pragmáticos postconvergentes.

Esta profunda división estratégica se trasladó a las entidades soberanistas. Mientras la ANC se alineaba con las tesis legitimistas de Junts, Òmnium se decantaba por la vía pragmática de ERC que con los indultos había sacado a los presos de la cárcel. La pérdida de la sagrada unidad nacionalista y el espectáculo de la pugna partidista tuvieron efectos depresivos en las bases del movimiento que, además, se sintieron engañadas por declaraciones como las de la consellera Clara Ponsatí, cuando confesó que “se había jugado de farol” sin haber preparado las careadas estructuras de Estado. O por las revelaciones en el Tribunal Supremo del mayor Trapero de los Mossos d’Esquadra sobre el plan para detener al gobierno catalán por sedición o sobre las falsas promesas de reconocimiento internacional de la República catalana.

Las Diadas termómetro del estado de ánimo del independentismo mostraron el efecto desmovilizador de la fractura de la unidad y del vacío estratégico

Las Diadas termómetro del estado de ánimo del independentismo mostraron el efecto desmovilizador de la fractura de la unidad y del vacío estratégico. La Diada del 2019, la última antes de la pandemia, reunió a 600.000 personas, según la Guardia Urbana, la cifra más baja desde el inicio del procés. Las Diadas del 2020 y 2021, con concentraciones descentralizadas, estuvieron marcadas por las restricciones del coronavirus. La Diada de 2022, que reunió a 150.000 personas, escenificó la fractura del movimiento cuando la cúpula de ERC no acudió a la manifestación por el justificado temor de ser insultados y tachados botiflers. Al año siguiente, descendió a 115.000 y en la última del 2024 participaron 60.000 manifestantes, lejos del 1,8 millón del 2014.

La caída del voto a los partidos independentista se evidenció en el último ciclo electoral, en las municipales y autonómicas en las comunidades no históricas del 28 de mayo de 2023 y en las generales del 23 de julio de 2023, adelantas por Sánchez como respuesta inmediata a la pérdida de poder autonómico y municipal del PSOE a manos de los gobiernos de coalición del PP, el partido más votado del Estado, y Vox.

En ambos comicios, municipales y generales, se detectó un notable incremento de la abstención en aquellos distritos que habían votado masivamente a las opciones secesionistas. Un factor fundamental para explicar la caída del voto a las formaciones independentistas.

La batalla por Barcelona

Las vicisitudes de las luchas por la alcaldía de Barcelona merecen un tratamiento especial. Para el movimiento independentista resultaba de vital importancia conseguir el gobierno de la capital de Catalunya que, desde la reinstauración de la democracia, había estado gobernada ininterrumpidamente por el PSC en solitario o en coalición con los herederos del PSUC de ICV-EUiA. Este objetivo estratégico se logró en las municipales de mayo del 2011 con la investidura del convergente Xavier Trias, exconseller de Presidencia y hombre de la máxima confianza de Jordi Pujol. En minoría, contó con los votos de ERC y de dos ediles de la CUP, donde se impuso el eje nacional.

Sin embargo, en las municipales del 2015, Trias fue derrotado contra todo pronóstico por la coalición de formaciones a la izquierda del PSC liderada por Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con gran visibilidad mediática. La primera alcaldesa de Barcelona fue investida con los votos de PSC, ERC y CUP donde el eje social se impuso al nacional. En minoría, formó gobierno con el PSC.

Los barrios del área metropolitana votaban por una opción a la izquierda del PSC cuando las elecciones se planteaban en el eje social

El papel de Colau fue muy importante en la victoria de los Comunes en las dos elecciones generales del 2015, cuando fueron la fuerza más votada en Catalunya con 12 diputados, rozando el millón de votos y por delante de ERC, PSC y Junts. Por el contrario, en las “plebiscitarias” al Parlament de septiembre 2015, celebradas entre ambas generales, la candidatura Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), formada por ICV-EUiA y Podemos, en la que Colau no quiso participar, solo obtuvo 367 mil votos, por detrás de Junts pel Sí, Cs y PSC. Del análisis sociológico de ese voto se desprende que los barrios del área metropolitana votaban por una opción a la izquierda del PSC cuando las elecciones se planteaban en el eje social, como en las dos generales del 2015. Sin embargo, cuando se votaba en el eje nacional, parte de esos mismos electores se pasaban a Cs o PSC para manifestar su oposición a la independencia.

La alcaldesa Colau jugó un papel ambiguo en los años del procés. Nunca se declaró independentista, pero sí una firme defensora del derecho a la autodeterminación, participando en las consultas del 9-N y 1-O. También se manifestó reiteradamente en contra de la represión a los líderes independentista. Tanto es así que, en noviembre de 2017, expulsó a los socialistas del equipo de gobierno por apoyar la aplicación del 155.

En las municipales del 2019, Colau empató a diez ediles con ERC, por detrás de Ernest Maragall, hermano el alcalde olímpico y uno de los más notorios socialistas pasados a las filas del independentismo. No obstante, fue investida alcaldesa con los votos del PSC, que volvió al gobierno de coalición, y de tres de los seis concejales de Cs liderados por Manuel Valls, exprimer ministro francés de origen catalán. Algo que nunca le perdonarían los partidos independentistas.

En las últimas municipales fue desalojada de la alcaldía por la mínima diferencia de 324 votos y un concejal, a favor de su primer teniente de alcalde socialista Jaume Collboni que supusieron un duro golpe para los Comunes que perdían su principal activo institucional y electoral. Asimismo, estas municipales mostraron como Junts recuperaba la hegemonía sobre ERC. Mientras, la candidatura de Junts, liderada por Trias, fue la fuerza más votada, pasando de seis a once concejales, ERC, con Maragall, caía de los diez a los cinco ediles. La CUP no conseguía representación. Actualmente, Collboni, investido con los votos de los Comunes y PP, gobierna en solitario mientras, se dice, se cocina a fuego lento un tripartito con Esquerra y Comunes que podría servir de antesala a una fórmula semejante en el Govern de la Generalitat.

El precio de una amnistía

Estas tendencias de fondo se confirmaron en las generales de julio de 2023. ERC perdió seis de sus trece escaños y Junts ganó tres, empatando a siete diputados. Ahora, para la investidura de Sánchez, no solo eran necesarios los votos de ERC, también los de Junts.

Cuanto menor es la fuerza electoral de los partidos independentistas en Catalunya, mayor es su capacidad de influencia en la política española

Aquí radica la principal contradicción del escenario político español y catalán: cuanto menor es la fuerza electoral de los partidos independentistas en Catalunya, mayor es su capacidad de influencia en la política española, dominada por la lógica de dos bloques protagonizada por PP y Vox. Fuera del gobierno de la Generalitat y con una pérdida notable de poder municipal, los siete escaños de Junts son su principal activo político.

Desde Waterloo, Puigdemont puso un alto precio a la investidura de Sánchez. Tras las reuniones entre el número tres del PSOE, Santos Cerdán y Puigdemont en Bélgica, Junts acuñó la fórmula del “pago por adelantado”. Así, exigió y obtuvo, para sumar sus siete diputados en la elección de la presidencia y la mesa del Congreso, la reforma del reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales y el compromiso del ejecutivo español de llevar a la Unión Europea la oficialidad del catalán.

Ahora bien, la sustancia del pacto consistió en la amnistía para todos los condenados y encausados por el procés que desencadenó una durísima campaña del PP y Vox con concentraciones ante la sede del PSOE y la movilización de sectores afines de la judicatura contra la ley actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional. Un episodio más del anómalo funcionamiento de los órganos del Poder Judicial en España (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional…) a menudo bloqueados, con el mandato caducado y objeto de una enconada lucha partidista entre PP y PSOE que cuestiona tanto su independencia como la separación de poderes.

Tiempos muertos

Desde la salida de Junts del gobierno de coalición, ERC dependió de la benevolencia del PSC y Comunes para gobernar. La negativa de estos últimos a aprobar los Presupuestos de la Generalitat del 2024, por su oposición al proyecto del macrocasino Hard Rock en Tarragona, precipitó las elecciones anticipadas del 12 de mayo de 2024. La campaña se centró en dos relatos: el de Illa de pasar página del procés y el de Puigdemont, que se trasladó a la Catalunya francesa, de mantenerlo vivo frente al “sucursalismo” de Illa y las claudicaciones de ERC.

Con una baja participación, (55,3%), por primera vez desde la década del procés, las formaciones independentistas no sumaban mayoría absoluta en el Parlament. El PSC se impuso nítidamente con 882 mil votos (28%) y 42 diputados, nueve más, pero lejos de la mayoría absoluta de 68 escaños. La pugna entre Junts y Esquerra se dirimió claramente en favor de los primeros. Junts fue la segunda fuerza política del país, con 681 mil votos (21,6%) y 35 diputados, tres más. Esquerra pagó los platos rotos, con 431 mil votos (13,6%), perdiendo la friolera de 13 diputados que precipitó una grave crisis interna que quemó a Aragonès, el recambio de la vieja guardia procesista. La CUP también acusó el golpe perdiendo cinco de sus nueve diputados.

Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la entrada en el Parlament de Aliança Catalana (AC), liderada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, donde había surgido la célula islamista de los atentados de Barcelona y Cambrils. La formación de extrema derecha independentista obtuvo 119 mil votos (3,7%), un diputado por Girona y otro por Lleida, por un puñado de votos no consiguió representación por Barcelona. Vox mantuvo el tipo y repitió con su cuarto de millón de votos y once diputados, a pesar de la recomposición del PP catalán que, con 347 mil votos (11%), pasó de los tres a los 15 diputados.

Se alcanzó el acuerdo de la “financiación singular”, una variación sobre el Pacto Fiscal reclamado por Artur Mas, cuyo rechazo fue una de las espoletas del procés

Illa necesitaba el voto de los 20 diputados de Esquerra para ser investido o ir a la repetición electoral. Este era el peor de los escenarios para ERC inmersa en una grave crisis interna, pero tampoco podía dar sus votos gratis al PSC que alimentaría el argumentario de Junts. Así, se llegó al acuerdo de la “financiación singular”, una variación sobre el Pacto Fiscal reclamado por Artur Mas, cuyo rechazo fue una de las espoletas del procés, volviendo a la casilla de salida. Ahora, Sánchez se mostraba dispuesto a conceder una de las reivindicaciones históricas y más sentidas del nacionalismo catalán: unas nuevas competencias arrancadas por los partidos independentistas, pero que, de materializarse, paradójicamente habría de gestionar el PSC.

Junts elevó el listón reclamando la transferencia integral en materia de inmigración para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de los que depende la continuidad de la legislatura. También, con la insólita propuesta de la moción de confianza a Sánchez. Más allá de la gesticulación mediática, no parece razonable que Junts deje caer a Sánchez, al menos hasta que previsiblemente la mayoría progresista del Tribunal Constitucional dé luz verde a la amnistía y Puigdemont pueda volver con todos los honores a Catalunya. Así que asistimos a una suerte de tiempo muerto hasta ese momento que podría producirse este verano.

Illa podría convertirse en uno de los principales activos de la socialdemocracia española si el PSOE fuese desalojado de la Moncloa

El resultado de los recientes congresos de Junts y ERC, celebrados tras la investidura de Illa, señalan otra paradoja de la política catalana. Precisamente, cuando se abre un nuevo ciclo en la vida pública del país, como releva la vuelta de empresas y entidades financieras que marcharon en el 2017, Puigdemont y Junqueras, los máximos dirigentes y caras visibles del procés, han sido reafirmados en sus cargos. Quizás si la amnistía ya se hubiera aplicado a ambos —Junqueras indultado sigue inhabilitado— se hubiese producido una renovación en sus liderazgos para afrontar el nuevo periodo con caras nuevas.

Duplicidades y centralidades

Tras el cierre del ciclo procesista y postprocesista se ha generado una duplicación de los espacios ideológicos (derecha/izquierda) en función del eje identitario (catalanismo/españolismo) semejante al sistema de partidos en Bélgica. Así pues, existen dos extremas derechas: Vox y AC; dos derechas nacionalistas: Junts y PP; dos formaciones socialdemócratas: PSC y ERC y dos izquierdistas: CUP y Comunes. Una correlación de fuerzas dual que podría ser la característica del nuevo ciclo político.

Por el contrario, la deriva nacionalpopulista de Junts, aumentada por la competencia de AC en su flanco derecho, deja un vacío en el espacio central de la política catalana que Pujol supo liderar con gran habilidad desde el centro-derecha nacionalista. Ahora Illa trabaja infatigablemente como una hormiguita para ocupar esa centralidad desde el centro-izquierda catalanista; ambos desde el realismo político y el pragmatismo. De modo que Illa podría aposentarse en la presidencia de la Generalitat durante un periodo relativamente largo y convertirse en uno de los principales activos de la socialdemocracia española si el PSOE fuese desalojado de la Moncloa.

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Existe una cierta discusión sobre el inicio del proceso soberanista. Para algunos, arrancó con la gran manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de julio de 2010 sobre el Estatut d’Autonomia de 2006, que precipitó la caída del segundo tripartito de izquierdas —presidido por el socialista José Montilla— y la amplia victoria de Artur Mas al frente de Convergència i Unió (CiU) en noviembre de ese mismo año.

Esta sentencia abrió una profunda grieta institucional, como ha indicado Jordi Amat. Catalunya es la única comunidad autónoma cuyo estatuto no es el aprobado por el Parlament de Catalunya, cepillado por las Cortes españolas y refrendado por la ciudadanía, sino el enmendado por el Tribunal Constitucional (TC). Para amplios sectores del movimiento nacionalista, esto supuso la ruptura de los pactos de la Transición, dejando expedito el camino hacia la autodeterminación de Catalunya. Para otros, el procés empezó con la gran manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre de 2012, organizada por la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural (OC).

1. Preludio soberanista (2009-2012)

Resulta imposible analizar el procés soberanista sin tener en cuenta los efectos de la crisis financiera de 2008, que golpeó con particular virulencia

Resulta imposible analizar el procés soberanista sin tener en cuenta los efectos de la crisis financiera de 2008, que golpeó con particular virulencia una economía cimentada en la construcción. El estallido de la burbuja inmobiliaria liquidó las cajas de ahorro catalanas, que habían apostado fuerte por el ladrillo, y generó una cadena interminable de desahucios que condujeron a la constitución de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya portavoz, Ada Colau, sería la primera alcaldesa de Barcelona.

Al principio de su mandato, Artur Mas se comportó como uno de los discípulos más aventajados de Ángela Merkel y la troika comunitaria, que exigían severos recortes en el gasto público y en los servicios sociales. Sin mayoría absoluta, contó con el respaldo del PP. Mientras tanto, el agonizante presidente Zapatero aprobaba por la vía exprés, en agosto de 2011, también con el apoyo del PP, la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, que consagra el principio de “estabilidad presupuestaria” para que el pago de la deuda sea prioritario frente a cualquier gasto del Estado.

La severidad del ajuste sobre la clase trabajadora desembocó en tres huelgas generales (29S de 2010, 29M y 14N de 2012); pero, sobre todo, en la eclosión del 15M. El movimiento de los indignados acampó durante semanas en la céntrica plaça de Catalunya de Barcelona. El 27 de mayo de 2011, el conseller Felip Puig ordenó a los Mossos d’Esquadra su desalojo por la fuerza, donde fue aporreado David Fernández, futuro diputado de la formación independentista y anticapitalista Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Como respuesta, el 15 de junio los indignados rodearon el Parlament con la histriónica entrada en helicóptero del president Mas. Por su parte, el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, publicó un artículo en Nació Digital (17/6/2011), en el que manifestaba su rechazo a un movimiento que calificó de españolista:

“Tienen, como españoles, todo el derecho del mundo a indignarse. Pero si quieren hacerlo, como españoles, lo mejor es que no se equivocasen en el mapa y se manifiesten, se indignen, se meen, pinten, chillen e insulten allí donde les corresponde, en su país.”

Una toma de posición que excluía de la catalanidad a unos jóvenes nacidos y criados en Catalunya.

Años más tarde, en diciembre de 2014, el exalcalde de Figueres y conseller de la Generalitat, Santi Vila, confesó que el 15M disparó todas las alarmas. Era preciso construir un “proyecto mínimamente ilusionante” para frenar a una ciudadanía harta de recortes que acabaría echándolos a la calle.

Las semillas del pujolismo

Durante las presidencias de Jordi Pujol (1980-2003), al frente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se crearon las condiciones culturales, sociales y políticas —la lluvia fina— sin las cuales resulta incomprensible el éxito del nuevo independentismo de masas. El president Pujol, tras la larga dictadura que persiguió la lengua y la cultura catalanas, lideró desde el centroderecha nacionalista un programa de (re)construcción nacional sobre dos ejes. Por un lado, levantar las instituciones de autogobierno con la constante demanda de nuevas competencias al Estado, pero sin salirse del marco autonómico. Por otro, la promoción de la lengua catalana como lengua propia del país. Los decretos de inmersión (1992), que eliminaron el castellano —idioma de la mitad del alumnado— como lengua vehicular de la enseñanza obligatoria, marcan el punto de inflexión de una interminable guerra lingüístico-cultural.

El independentismo, parafraseando a Lenin, es la fase superior del pujolismo

Acaso no sea exagerado afirmar que el independentismo, parafraseando a Lenin, es la fase superior del pujolismo. En cualquier caso, el ascenso del independentismo estuvo precedido por la renovación generacional anunciada en el X Congreso de CDC (1996), cuando accedieron a la dirección del partido los jóvenes dirigentes soberanistas que pilotarían el procés. Años antes, en el Congreso de Lleida (1989), ERC modificó sus viejos estatutos republicano-federales y se reconvirtió en un partido independentista. Una operación liderada por Àngel Colom que fue premiada electoralmente. En las catalanas de 1992, con el lema Cap a la Independència, ERC se convirtió en la tercera fuerza política del país con 210.000 votos, 11 diputados y en el polo de reagrupamiento de las dispersas y fragmentadas fuerzas del independentismo catalán.

Por otro lado, la crisis industrial de finales de los 70, como ha estudiado el historiador británico Sebastian Balfour, quebró la espina dorsal del combativo movimiento obrero del Área Metropolitana de Barcelona, que provenía de la gran oleada migratoria de los 60 desde los pueblos del sur de España a las fábricas de Catalunya. El informe de James Petras, sociólogo y colaborador de Noam Chomsky, publicado por la revista Ajoblanco en 1995, mostró los devastadores efectos en la Gran Barcelona del final del modelo fordista de acumulación capitalista, con sus grandes fábricas y densos barrios obreros, así como las consecuencias de las políticas neoliberales, con unas de las tasas de paro juvenil y precariedad laboral más elevadas de Europa.

A diferencia de sus padres, había desaparecido el trabajo estable en la fábrica como medio de vida y escuela de lucha sindical y política. Paralelamente, los miles de funcionarios de la administración autonómica proporcionaron empleo a los cuadros técnicos y profesionales que la crisis industrial habría dejado en el paro. Aquí radica, según el historiador Josep Maria Fradera, una de las claves del éxito del pujolismo.

Los miles de funcionarios de la administración autonómica proporcionaron empleo a los cuadros técnicos y profesionales que la crisis industrial habría dejado en el paro: una de las claves del éxito del pujolismo

Durante los 23 años del pujolismo, se asistió a un doble y simultáneo movimiento de recomposición cultural e ideológica de las clases medias catalanohablantes en torno a la lengua catalana y la ideología nacionalista, al tiempo que se produjo la desestructuración y aculturación de la clase trabajadora de lengua castellana. Entre los sectores más radicales del independentismo se va abriendo paso la tesis según la cual en Catalunya existen, por un lado, los catalanes étnicos o asimilados, cuyo referente nacional es Catalunya, y los españoles que viven en Catalunya como podrían residir en cualquier otra parte del Estado.

Nuevo independentismo de masas

El giro independentista de Convergència se concretó en la reclamación al gobierno del PP de un Pacto Fiscal o concierto económico para Catalunya —ahora rescatado por ERC—. Este fue rechazado por Mariano Rajoy el 20 de septiembre de 2012, desoyendo los consejos de Enric Millo, delegado del gobierno en Catalunya y exdirigente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), socio minoritario de la coalición Convergència i Unió (CiU), para crear una comisión de estudio sobre el tema. A su vuelta a Barcelona, Mas fue recibido como un héroe de la patria, lejos de las imágenes del helicóptero.

La propuesta del Pacto Fiscal se difundió cuando la consigna del Espanya ens roba, acuñada por el letrado Alfons López Tena, tenía una enorme popularidad. Si no existiese un expolio fiscal y un drenaje de recursos hacia Madrid, el gobierno catalán no se habría visto obligado a realizar esos brutales recortes y Catalunya sería la “Suiza del Mediterráneo”, se decía. El rechazo de Rajoy al Pacto Fiscal dejaba abierto el camino a la transición nacional y el ejercicio del derecho a decidir, eufemismo de la autodeterminación.
Sería un grave error atribuir el ascenso del procés únicamente a una hábil maniobra de los estrategas convergentes.

En 2009, antes de la sentencia del TC sobre el Estatut, se produjo una movilización social con las consultas sobre la independencia iniciadas en Arenys de Munt en septiembre de 2009, que se prolongó durante un año y medio en diversas oleadas culminando en Barcelona en abril de 2011. Estas consultas informales sentaron el marco para la constitución de la Assemblea Nacional de Catalunya en marzo de 2012, donde confluyeron las diversas plataformas independentistas que proliferaron durante esos años.

Por otro lado, Òmnium Cultural, la histórica entidad fundada en 1961 para promocionar la lengua y la cultura catalanas, se reconvertía al independentismo, bajo la presidencia de Muriel Casals, exmilitante del PSUC. Además, en diciembre de 2011, se constituía la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que agrupaba a 787 municipios, y estaba presidida por Carles Puigdemont, alcalde de Girona, antes de ser llamado a la presidencia de la Generalitat para sustituir a Artur Mas.

La Diada de 2012 fue una auténtica demostración de fuerza de la ANC, entonces liderada por Carme Forcadell, exconcejala de ERC en Sabadell. Esta manifestación reunió a 1,5 millones de personas, según la Guardia Urbana. Esta coreográfica capacidad de convocatoria se revalidó en la Diada de 2013 con la Vía Catalana, que organizó una cadena humana de 400 km desde Le Perthus a Vinaroz. En 2014, en el centro de Barcelona, se formó una gigantesca V de victoria que reunió a 1,8 millones de personas.

Un análisis sociológico del movimiento, elaborado sobre la base de datos oficiales y públicos, que muestra un país dividido en dos mitades, donde la lengua materna, el nivel de renta y los estudios marcan la cesura

La ANC fue la expresión organizativa del nuevo independentismo de masas. Debemos a Adolf Tobeña un análisis sociológico del movimiento, elaborado sobre la base de datos oficiales y públicos, que muestra un país dividido en dos mitades, donde la lengua materna, el nivel de renta y los estudios marcan la cesura.

Para simplificarlo hasta la caricatura, el retrato robot del militante independentista corresponde a una persona de lengua materna catalana, clase media y estudios secundarios o superiores. Solo un 13% de los encuestados cuya lengua materna es el castellano apoyaba la secesión, el denominado efecto Gabriel Rufián, líder de la plataforma Súmate. También se apreciaba un matiz generacional que tiene su correlato político. Los votantes de Junts suelen ser mayoritarios entre los mayores de 50 años, los de ERC entre los 30 y 50, y los de la CUP se encuentran por debajo de los 30.

En estos años de ascenso del procés, emergió un independentismo de aluvión que unificó ideológicamente a las clases medias catalanohablantes, anteriormente atomizadas y despolitizadas, en torno a la reivindicación de la independencia como “utopía disponible”, por utilizar la expresión de Marina Subirats. Otros autores, como Steven Forti, lo han caracterizado como una variedad de los nacional-populismos que triunfan en Occidente.

Una de las claves de su éxito radicó en una tríada virtuosa.

1. Los partidos independentistas trabajaban en el frente institucional para preparar el camino hacia la independencia mediante una serie de reformas legislativas (“de la ley a la ley”) que permitieran una transición pacífica y el reconocimiento internacional de la República catalana.
2. Las entidades soberanistas movilizaban a las bases sociales en la calle y ejercían presión sobre los partidos.
3. Los medios de comunicación, especialmente los públicos de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, difundían las consignas y convocaban a las movilizaciones.
   También, en este periodo, se produjo la eclosión de los medios digitales indepes, generosamente subvencionados, y del uso masivo de las redes sociales.

Implosión del sistema de partidos

Uno de los efectos del procés fue la implosión del sistema de partidos catalán, que había estado caracterizado por dos grandes fuerzas centrales, CiU y PSC, que se repartían el poder autonómico y municipal. ERC e ICV operaban como formaciones minoritarias y correctoras por la izquierda de convergentes y socialistas en los ejes nacional y social, respectivamente. Todas ellas se reivindicaban del catalanismo, excepto el PP.

Este sistema funcionaba mediante el fenómeno de la abstención dual y selectiva.

– En los distritos de las clases medias catalanohablantes, de mayoría nacionalista, la participación en las generales y autonómicas era muy semejante.

– En los barrios del Área Metropolitana, de clase trabajadora mayoritariamente castellanohablante, se daba un diferencial entre la participación en las generales —donde se imponían los socialistas— y las catalanas, donde una parte importante de ese electorado se abstenía, facilitando mayorías convergentes.

El procés rompió con este comportamiento dual, con elevados porcentajes de participación en los barrios contrarios a la secesión, lo que favoreció a Ciudadanos (Cs).

La confesión de Jordi Pujol en verano de 2014 y la acumulación de casos de corrupción (Palau de la Música, ITV, tres por ciento…) condujeron a la disolución de Convergència y a su fallida reconversión en el PDeCAT en julio de 2016, liderado por Artur Mas. Su socio, UDC, el histórico partido democristiano fundado en 1931, se escindió en dos facciones: una independentista, integrada en Junts, y otra autonomista, Units per Avançar, que se sumó a las listas del PSC.

El debate sobre el “derecho a decidir” también abrió profundas grietas en los sindicatos y partidos de la izquierda parlamentaria.

• Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), la formación ecosocialista heredera del PSUC, fundada en 1987, se había incorporado a las confluencias con Podemos y Barcelona en Comú de Ada Colau. Las contradicciones entre federalistas e independentistas en la coalición condujeron a una indefinición sobre la cuestión de la independencia —el monotema de la política catalana—, que finalmente provocó el estallido de la coalición y la extinción del partido en 2019.
• El PSC sufrió una profunda crisis interna. Gran parte de los dirigentes catalanistas que habían liderado los gobiernos del tripartito se pasaron al independentismo, la mayoría a ERC. Ejemplos de ello fueron Ernest (Tete) Maragall, Marina Geli, Antoni Castells, Joaquim Nadal, Montserrat Tura y Joan Ignasi Elena. Los socialistas cayeron de los 50 diputados de Pasqual Maragall en 1999 a los 14 escaños de Miquel Iceta en 2015. Una caída que parecía avalar la apuesta de ERC de sustituir al PSC como la izquierda nacional en la futura República catalana.
  El desplome del PSC se correspondió con el ascenso de Ciudadanos (Cs), que entró en el Parlament por primera vez con tres diputados en 2006 para oponerse a la política lingüística de la Generalitat. Su crecimiento fue vertiginoso en los años del procés. Así, fue la segunda fuerza política en las plebiscitarias del 2015 con 25 diputados y la primera con 36 en las autonómicas de 2017, convocadas por Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Cs fue la expresión política del voto útil contrario a la secesión. Su desaparición resulta una prueba adicional del fin del procés.

2.Ascenso del movimiento independentista (2012-2017)

El rechazo al Pacto Fiscal y la masiva Diada de 2012 condujeron a Artur Mas a adelantar las elecciones al 25 de noviembre, donde reclamó una amplia mayoría para, como Moisés, conducir al país a la tierra prometida de la independencia. Por el contrario, recibió un severo correctivo al perder 12 escaños, que casi se correspondían a los 11 ganados por ERC. Además, la CUP entraba por primera vez en el Parlament con tres diputados liderados por David Fernández. Estos resultados indicaban el giro a la izquierda del movimiento independentista. Oriol Junqueras, líder de ERC, desempeñó en esta breve legislatura el doble papel de líder de la oposición y socio parlamentario de CiU.

El 8 de abril de 2014, el Congreso de los Diputados rechazó la delegación de las competencias exclusivas del Estado, solicitada por el Parlament, para celebrar el referéndum de autodeterminación. Mas anunció ese mismo día que esta negativa no impediría la consulta a la ciudadanía.

El referéndum sobre la independencia de Escocia, pactado entre el gobierno conservador británico de David Cameron y Alex Salmond del Scottish National Party (SNP), estuvo muy presente en el debate político. Mas, respaldado por el movimiento nacionalista, pedía a Rajoy las mismas condiciones que un Estado que entonces aún pertenecía a la Unión Europea (UE). La derrota de los independentistas escoceses el 18 de septiembre de 2014 supuso un revés para los nacionalistas catalanes en la medida que hubiera abierto una vía en la UE para el reconocimiento de nuevos Estados. No obstante, persistió esa comparación entre un Estado realmente democrático como Gran Bretaña o Canadá y otro pseudemocrático como el Reino de España que impedía el ejercicio del “derecho a decidir”.

2.344.828 catalanes acudieron a las urnas, el 80,9% a favor de la independencia

A pesar de la suspensión del TC, a instancias del gobierno del PP, las votaciones se celebraron el 9 de noviembre de 2014 para responder a la doble pregunta: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado?” y “¿En caso afirmativo quiere que este Estado sea independiente?”. La jornada fue un gran éxito político, sellado por el abrazo entre Mas y Fernández, que superó las expectativas de los organizadores cuando 2.344.828 catalanes acudieron a las urnas, el 80,9% a favor de la independencia. Unas cifras semejantes a los votos de los tres partidos independentistas y a las de participación en las Diadas, pero con una elevada abstención concentrada en los distritos del Área Metropolitana de Barcelona.

Doce días después, el fiscal superior de Catalunya presentaba una querella contra Mas y las conselleres Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia, prevaricación y malversación, por los que fueron condenados a penas de inhabilitación el 13 de marzo de 2017.

El president Mas convocó elecciones adelantadas, que calificó de plebiscitarias, el 27 de septiembre de 2015, tras alcanzar un acuerdo con las organizaciones independentistas y ERC cuyo objetivo era convertirlas en el referéndum de autodeterminación prohibido por el Estado español. El movimiento independentista echó toda la carne en el asador en la candidatura unitaria de Junts pel Sí, que en Barcelona estuvo encabezada por Raül Romeva, ex eurodiputado de ICV, Carme Forcadell (ANC) y Muriel Casals (OC). Artur Mas y Oriol Junqueras, los verdaderos candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Generalitat, iban en cuarta y quinta posición. El famoso cantautor Lluís Llach fue el cabeza de lista por Girona.

LA lista unitaria que no ocultaba la descarnada pugna entre postconvergentes y Esquerra por la hegemonía del movimiento, sin la cual resulta incomprensible entender la lógica del procés

Aquí se ha de señalar la pulsión hacia la unidad del movimiento nacionalista -más allá de las diferencias ideológicas- frente al Estado opresor: de la Solidaritat Catalana a la Assemblea de Catalunya, pasando por la Crida hasta la Solidaritat. Esta pulsión tuvo su expresión política en esta lista unitaria que no ocultaba la descarnada pugna entre postconvergentes y Esquerra por la hegemonía del movimiento, sin la cual resulta incomprensible entender la lógica del procés. La CUP rechazó la invitación a integrarse en la lista unitaria y presentó candidatura propia, pero reconoció el carácter plebiscitario de los comicios; es decir, si había una mayoría de votos a favor de la independencia, esta habría de hacerse efectiva inmediatamente. Los partidos constitucionalistas le negaron ese carácter y las consideraron unas elecciones autonómicas más.

El veredicto de las urnas estuvo por debajo de las expectativas de los independentistas. Con una elevada participación (77,7%) —diez puntos superior a las anteriores catalanas— no se superó la barrera del 50% de los votos. Junts pel Sí y la CUP, rozaron los dos millones de votos (1,9) y el 47,8% de los sufragios. Tampoco, con 62 diputados, la lista unitaria alcanzaba la mayoría absoluta de 68 diputados, que solo podía lograr con los 10 escaños de la CUP, que triplicó su representación parlamentaria. Como afirmó en la noche electoral Antonio Baños, cabeza de la lista de la CUP, se habían ganado las elecciones, pero perdido el plebiscito. No obstante, los dirigentes de Junts pel Sí presentaron estos resultados como una gran victoria. El 47,8% de los votos de Junts pel Sí más la CUP superaban el 39,1% de los partidos constitucionalistas (PSC, Cs y PP). Un cálculo que excluía al 8,9% de los Comunes. No superar el 50% de los votos impedía proclamar la independencia —se argumentaba—, pero permitía iniciar el proceso hacia ella creando las estructuras de Estado. El proceso finalizaría con un referéndum vinculante donde la ciudadanía ratificaría si quería que Catalunya fuese un Estado independiente. Al fin y al cabo, por primera vez había una mayoría absoluta independentista en el Parlament de Catalunya.

En el bando constitucionalista, Cs fue el gran beneficiado de la extrema polarización en el eje nacional. Con 736.363 votos, pasó de 9 a 25 diputados y se aupó como segunda fuerza política del país. Mientras tanto, el PSC, sumido en una grave crisis interna, con medio millón de votos, caía de los 20 a los 14 diputados.

La legislatura empezó con la declaración del pleno del Parlament, el 9 de noviembre de 2015, que proclamaba el inicio del proceso para la creación del Estado catalán independiente en forma de república y la apertura del proceso constituyente, “ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo”. Una declaración recurrida y anulada por el TC.

No podía ser que Mas, delfín de Pujol, representante de la burguesía catalana y salpicado por los escándalos de corrupción, pilotara el pasaje de la autonomía a la independencia

La CUP, en medio de una gran división interna entre la facción más nacionalista (Poble Lliure) y la más anticapitalista (Endavant), exigió y obtuvo la cabeza de Artur Mas.No podía ser que Mas, delfín de Pujol, representante de la burguesía catalana y salpicado por los escándalos de corrupción, pilotara el pasaje de la autonomía a la independencia. Especialmente cuando el movimiento viraba hacia la izquierda. El mismo día que expiraba el plazo para la convocatoria automática de repetición electoral, Mas designó a Carles Puigdemont, alcalde de Girona y presidente de la AMI que, a diferencia de Mas, siempre había militado en el sector independentista de Convergència. Así, la CUP se postulaba como la garante de que el procés iba a llegar hasta el fin, impidiendo las tentaciones de los convergentes de pactar con Madrid en el último momento.

Máquinas nacionalistarias

El deseo de unidad nacionalista —fer pinya— fue alimentado por la estrategia del PP, encarnación de ese Estado español centralista, opresor y anticatalán. Con mayoría absoluta, Mariano Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del Opus Dei y del núcleo duro del PP catalán, diseñaron una estrategia de combate contra el independentismo sobre dos ejes: la acción punitiva de la justicia y los cuerpos policiales, junto a la guerra sucia a cargo de la policía patriótica y los medios de comunicación afines al PP.

Aquí debemos esbozar el funcionamiento de las máquinas nacionalistarias que necesitan de un enemigo exterior y otro interior para asegurar su cohesión interna y retroalimentarse. En el nacionalcatolicismo franquista, la Unión Soviética cumplió bien que mal esa función de enemigo exterior, mientras que demócratas, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes y vascos (la antiEspaña) cumplían la función de enemigos interiores. El nacionalismo de derechas español, contaminado por el franquismo, emprendió con José María Aznar a través de la FAES, una operación de renovación y rearme ideológico que buscaba pasar página del franquismo, aunque sin acabar de romper con el cordón umbilical. Un “patriotismo constitucional” que mantenía la hostilidad a los nacionalismos vasco, catalán y gallego como una amenaza latente a la unidad nacional y al orden constitucional. Justamente, el procés independentista materializaba todas esas amenazas latentes. La torpeza política del PP en la gestión de la crisis catalana fue uno de los factores —no el único— que favorecieron extraordinariamente el crecimiento de Vox.

Para el nacionalismo catalán, el Estado centralista español, y en menor medida francés, eran los enemigos exteriores que oprimían a la nación catalana. Los catalanes, botiflers, que colaboran con ese enemigo exterior asumen el rol de enemigos internos. Ahora bien, existe una diferencia sustancial: mientras el nacionalismo español es un nacionalismo de Estado, en cierto modo satisfecho; el catalán es un nacionalismo sin Estado, pero que aspira a tenerlo en la medida que el Estado soberano es el templo de la Nación.

Choque de trenes

En su discurso de investidura, Puigdemont se comprometió a liderar una legislatura constituyente de 18 meses de duración que prepararía las estructuras de Estado, sortearía los obstáculos para celebrar el referéndum e impulsaría la acción exterior para el reconocimiento internacional de la República catalana. El voto negativo de la CUP a los Presupuestos de la Generalitat, en junio de 2016, le condujo a someterse a una moción de confianza (28 y 29 de septiembre de 2016). A cambio del compromiso de convocar un referéndum vinculante en un año, la CUP votó los Presupuestos sin los cuales sería imposible celebrar la consulta.

Los atentados islamistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que no estaban en el guion, no provocaron un movimiento a la unidad cívica, como sucedió en Francia con Charlie Hebdo, sino que mostraron la profunda polarización de la sociedad catalana. Esto se evidenció en la gran tensión experimentada en la manifestación de condena donde Felipe VI y Mariano Rajoy no fueron bien recibidos. Desde los medios independentistas se acusó a los servicios secretos españoles de connivencia con la célula yihadista de Ripoll —donde, posteriormente, surgiría la formación de extrema derecha independentista Aliança Catalana.

Uno de los rasgos de los años de ascenso del procés fue que las grandes decisiones se tomaron al calor de la Diada. Así, en un clima de máxima crispación y entre las protestas airadas de la oposición, el 6 y 7 de septiembre se aprobaron las dos leyes de desconexión (Referéndum y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República) en lectura única. Estas fueron diseñadas por Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del TC y director del Consell Assessor per a la Transició Nacional, creado por la Generalitat en febrero de 2014 para construir las estructuras de Estado y conducir el pasaje a la independencia. De un plumazo y por mayoría simple se derogaba la Constitución española y el Estatut d’Autonomia, cuando —argumentan los partidos constitucionalistas— para modificar el Estatut se precisa una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara.

En estas tormentosas y maratonianas sesiones, transmitidas por TV3, se asistió en directo al estallido del grupo de los Comunes. Ambas leyes fueron suspendidas por el alto tribunal. Con estos precedentes, el 11 de septiembre de 2017, La Diada del Sí, fue un gran éxito. Reunió un millón de personas, según la Guardia Urbana. Si todo iba bien —se decía— sería la última bajo soberanía española. En realidad, sirvió para preparar la campaña del referéndum iniciada el 15 de septiembre.

Las cosas adquirieron un feo cariz desde el 20 de septiembre con la macrooperación de la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum

Las cosas adquirieron un feo cariz desde el 20 de septiembre con la macrooperación de la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum. A primera hora de la mañana, los agentes entraron en cuatro conselleries de la Generalitat y se practicaron catorce detenciones de altos cargos y funcionarios. También se registraron diversas empresas privadas. A media mañana, una gran multitud se congregó frente a la céntrica sede de la Conselleria d’Economia en Barcelona, cortando el tráfico e impidiendo la salida de la comitiva judicial y de los guardias civiles, que hubieron de ser protegidos por un cordón de los Mossos d’Esquadra.

Las protestas se extendieron a las principales ciudades del país. A las 21 h, Rajoy compareció para advertir que habría peores consecuencias si la Generalitat no desconvocaba el referéndum. Los más de seis mil agentes de los antidisturbios anclados en el puerto de Barcelona —los piolines, por el dibujo que decoraba el crucero— daban fe de ello. Finalmente, a medianoche, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y OC, subidos en un todoterreno vandalizado de la Benemérita, desconvocaron la concentración. Por estos hechos, ambos ingresaron en prisión provisional el 16 de octubre de 2017 y fueron condenados a 9 años de prisión e inhabilitación por el delito de sedición por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019.

Hasta el 1 de octubre de 2017 se asistió a un juego del gato y el ratón entre la judicatura y los cuerpos policiales contra los organizadores de la consulta para requisar las papeletas y las urnas, de donde surgirían los Comités en Defensa del Referéndum (CDR). La pugna se saldó con la victoria de estos últimos: el 1 de octubre hubo urnas y papeletas.

La torpe respuesta represiva dio a los independentistas las imágenes que buscaban y justificó el éxito de la huelga general del 3 de octubre

Desde las 10 de la mañana, las televisiones emitían en directo las imágenes que dieron la vuelta al mundo de las brutales entradas y desproporcionadas cargas de la Guardia Civil y Policía Nacional fuera y dentro de los colegios electorales. La jornada fue una gran victoria política del movimiento independentista. No solo porque había conseguido organizar el referéndum contra el aparato del Estado, sino porque, según los datos del gobierno catalán, participaron 2,2 millones de personas (43% del censo electoral), 770.000 de las cuales no pudieron hacerlo por la acción policial. El sí a la independencia se impuso con un aplastante 90,1% de los votos.

Esta torpe respuesta represiva dio a los independentistas las imágenes que buscaban y justificó el éxito de la huelga general del 3 de octubre. Esa misma noche, Felipe VI compareció ante las cámaras para reafirmar su compromiso con la unidad nacional y la estrategia represiva de Rajoy. La abdicación de su padre, Juan Carlos I, el 18 de junio de 2014, asediado por los escándalos de corrupción, había dejado muy malparada la imagen de la monarquía.

Paralelamente, la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana, como la ANC pero al revés, organizó las masivas manifestaciones contra la secesión del 8 y 29 de octubre de 2017 con parlamentos de Mario Vargas Llosa, Josep Borrell y Paco Frutos que mostraron la extrema polarización de la sociedad catalana y que buscaban desmentir el mantra de que solo la derecha y la extrema derecha se oponían a la secesión. En esos días, las principales empresas y entidades financieras, ante la alarmante fuga de depósitos, cambiaron su sede fiscal.

El 27 de octubre de 2017 fue la jornada decisiva del procés. Con pocas horas de diferencia, el Parlament declaraba la independencia y el Senado aplicaba por primera vez el artículo 155 de la Constitución, que disolvía el legislativo y el ejecutivo autónomo y convocaba elecciones el 21 de diciembre en el mínimo plazo legal.

La reacción del Gobierno y las elecciones del 21-D

Ese día finalizó el proceso independentista propiamente dicho. Según el testimonio de Santi Vila, el lehendakari Íñigo Urkullu hizo de mediador entre los gobiernos español y catalán en estos términos: si Puigdemont no proclamaba la independencia y convocaba elecciones, Rajoy no aplicaría el 155. La presión de los consellers de ERC, que amenazaron con abandonar el gobierno, y de las bases del movimiento impidieron evitar el choque de trenes. La multitud congregada en la plaça Sant Jaume, frente al Govern de la Generalitat, esperó en vano que se arriara la bandera española y que Puigdemont, como hiciera Macià desde ese mismo balcón en 1931, proclamase la República Catalana. Las noticias sobre la aplicación del 155 vaciaron la plaza. Tampoco se produjo ningún reconocimiento internacional a la Declaración Unilateral de Independencia. A pesar de los esfuerzos del Consell de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat), creado por la Generalitat en noviembre de 2012.

Dos días después, el fiscal general del Estado anunciaba la presentación de una querella en la Audiencia Nacional contra Puigdemont, el ejecutivo catalán y la mesa del Parlament por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El 31 de octubre, Puigdemont comparecía en Bruselas en una multitudinaria rueda de prensa, flanqueado por los consellers de ERC Toni Comín, Meritxell Serret y de Junts, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que habían elegido el camino del exilio. Por el contrario, la presidenta del Parlament, Forcadell, el vicepresidente Junqueras y ocho consellers de la Generalitat comparecían ante el juez, que decretó prisión incondicional sin fianza a todos ellos, excepto a Santi Vila quien, horas antes de la declaración de independencia, había presentado la dimisión del Govern, después de pagar una fianza de 50.000 euros.

Las duras sentencias del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, en octubre de 2019, provocaron las últimas grandes movilizaciones del movimiento independentista, con la ocupación del Aeropuerto del Prat a cargo de Tsunami Democràtic, impulsado desde Waterloo, y las noches de disturbios en el centro de Barcelona.

Se inició entonces un período postprocesista de lento reflujo electoral y desmovilización del movimiento nacionalista, con la pandemia de por medio

En las autonómicas del 21 de diciembre de 2017, convocadas por Rajoy, los tres partidos independentistas revalidaron la mayoría absoluta. Se inició entonces un período postprocesista de lento reflujo electoral y desmovilización del movimiento nacionalista, con la pandemia de por medio. Si en los años de ascenso del procés, el símbolo fue la estelada —la bandera independentista— que sustituía a la senyera autonomista, el lazo amarillo sería el emblema de la resistencia frente a la represión del Estado.

Un periodo de seis años (2018-2024) bajo las presidencias de Quim Torra (Junts), inhabilitado por desobediencia en septiembre de 2020, y Pere Aragonès (ERC), que fue clausurado con la investidura de Salvador Illa en agosto de 2024 y que analizaremos en una segunda parte de este análisis.

Lecciones del procés

Hay que señalar que la serie histórica de las encuestas del CEO revela un incremento sostenido del apoyo a la secesión desde 2012, que llegó a su máximo en el barómetro de 2017, cuando un 48,6% de los encuestados se mostró partidario de la independencia, frente a un 46,1% en contra. La tendencia se revirtió desde 2019 y ha ido cayendo sostenidamente. En el barómetro de julio de 2024, un 39% es partidario de la independencia, frente a un 53% en contra. De los dos millones de votos de las tres formaciones independentistas en las autonómicas de 2015 y 2017, a los 1,2 millones de las catalanas de 2024.

La principal lección de los años de ascenso del procés radica en que nos proporciona una compleja radiografía de la sociedad catalana, de sus segmentaciones y contradicciones.

Desde el punto de vista sociológico, muestra la polarización en torno a dos vectores: la clase social (cuantificable por la renta, el nivel de estudios o la zona de residencia) y la identidad nacional, que, a grandes rasgos, se corresponde con el uso de la lengua catalana.

Desde una perspectiva política, los partidos en Catalunya se alinean en torno a dos ejes: social (derecha/izquierda) y nacional (catalanismo/españolismo). En los tripartitos de izquierda (PSC, ICV y ERC), el eje social predominaba. Sin embargo, el desarrollo del procés mostró cómo en torno al eje nacional se configuraban dos bloques antagónicos: independentistas (Junts, ERC y CUP) frente a constitucionalistas (PP, Cs y PSC), con los Comunes en tierra de nadie.

El comportamiento de la CUP y las contradicciones de la izquierda federalista (PSC) y confederalista (Podemos) revelan que el eje nacional se impuso rotundamente al social.
Como se pregunta Josep Maria Antentas, ¿hasta qué punto el 15M y el movimiento independentista se neutralizaron mutuamente? En cualquier caso, la estrategia de la derecha nacionalista parece dar cumplimiento al teorema de Eric Hoffer, especialista en movimientos de masas:

“El problema de un movimiento de masas es a menudo una cuestión de sustituir un movimiento por otro. Se puede desactivar una protesta social promoviendo un movimiento religioso o nacionalista.”

Aquí convendría caracterizar correctamente a Junts, donde conviven el gen convergente, por usar la expresión de Enric Juliana, y los representantes de diversas procedencias del nuevo independentismo de masas, cohesionado por el liderazgo carismático de Puigdemont.

Las contradicciones y la falta de alternativas claras por parte de la izquierda favorecieron que el rechazo a la secesión fuese capitalizado desde la derecha por Ciudadanos, que conseguía sus mejores resultados en los distritos de la alta burguesía barcelonesa y en los barrios de la periferia

Desde el punto de vista teórico, el procés abrió un debate en la izquierda catalana sobre el carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado español y el derecho a la autodeterminación de las naciones, que excede el marco de este análisis y que merece un tratamiento pormenorizado. Solo hay que indicar que las contradicciones y la falta de alternativas claras por parte de la izquierda favorecieron que el rechazo a la secesión fuese capitalizado desde la derecha por Ciudadanos, que conseguía sus mejores resultados en los distritos de la alta burguesía barcelonesa y en los barrios de la periferia.

Finalmente, hemos de apuntar, siguiendo las tesis de Miroslav Hroch, especialista en movimientos nacionalistas occidentales y estudioso de su composición social, a las causas del fracaso del procés.
El movimiento nacionalista contó con un amplísimo apoyo entre las clases medias catalanohablantes del Área Metropolitana y en los municipios de la Catalunya interior, pero no lo tuvo entre la alta burguesía, con numerosos intereses económicos en España, ni entre la clase trabajadora castellanohablante. En estas condiciones, resultaba muy difícil conseguir la amplia mayoría social suficiente tanto para tener el control efectivo del territorio, como para lograr el reconocimiento internacional de un Estado independiente.

Bibliografía

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ANTENTAS, Josep Maria. Espectros de octubre (per)turbaciones y paradojas del independentismo catalán. Ed. Sylone, Barcelona, 2018.

BALFOUR, Sebastian. La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el Área Metropolitana de Barcelona (1936-1988). Ed. Alfons el Magnàmim, València, 1994.

FRADERA, Josep Maria. La tradició a la intempèrie, dentro de La rectificació. Reflexions sobre la Catalunya del demà. Ed. Destino, Barcelona, 2006.

HROCH, Miroslav. La naturalesa de la nació. Ed. Afers, Universitat de València, 2001.

HOFFER, Eric. El verdadero creyente. Sobre el fanatismo y los movimientos sociales. Ed. Tecnos, Madrid, 2009.

PETRAS, James. Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles. Ajoblanco, Barcelona, 1995.

SANTAMARIA, Antonio. Convergència Democràtica de Catalunya. De los orígenes al giro soberanista. Ed. Akal, Madrid, Madrid, 2014.

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